La dosis soportable de bochorno

Desconozco si todos tenemos un límite de bochorno (ajeno) que somos capaces de soportar, pero no me extrañaría. Algunos lo tienen muy bajo y saltan a la mínima, y otros somos más tolerantes, tratamos de entender las cosas y, antes de reaccionar de manera furibunda, cuestionamos las mismas o intentamos aportar algo positivo, aunque solo sea reducir la crispación en tu entorno. Pero cuando nuestros límites se superan, cuando el vaso se ha desbordado, se nos escapa toda la mala leche por la boca. Y es lo que me pasa con este gobierno desde antes de que se culminara su vergonzosa formación. Sé que habrá quien no le guste el adjetivo, pero la entrega de favores a cambio de un puñado de votos fue vergonzosa, una compra reconocida por el propio presidente.

En la última semana hemos podido presenciar lo siguiente:

  • Se avanza en la idea de los “verificadores” de los pactos de gobierno con Junts en Ginebra. ¿De verdad se van a hacer estas reuniones con la banda del fugado en un país considerado neutral, como si de un conflicto bélico se tratara? ¿Con una estelada a un lado de la mesa, la bandera de España en otro, y un mediador internacional? ¡Que ha sido una p… compra de votos, nada más! ¿Qué pintan unos verificadores internacionales como si de la guerrilla colombiana se tratara?
  • Las declaraciones del nuevo ministro de Transporte, Óscar Puente, en las que comparaba la amnistía con “dejar embarazada a tu novia y casarte antes o después con ella”. ¿Pero, pero… de verdad va a haber alguien que nos haga ver a Ábalos como un tío con clase? Este fin de semana ha seguido con sus chorradas al hablar del transporte de pasajeros como un movimiento feminista que debe regirse por no sé qué patrones. La verdad es que no se le entiende un carajo lo que quiere decir, promete tardes de «gloria».
  • Hemos visto al presidente de gobierno recién investido, Pedro Sánchez, darse un baño de multitudes mientras proclamaba ufano que “la amnistía hará de España un país más unido que nunca”. No hay más que verlo. Bien sabe él, igual que sus ministros, que nada más lejos de la realidad, que ni siquiera la busca. En su discurso de investidura se jactó de crear un muro de separación de «la derecha reaccionaria», ¿qué unidad puede ser esa en la que se aparta al que piensa diferente con un muro? Y sabe que no habla de una minoría, sino de la mitad de la población. Qué pena, se pasaron varios años defendiendo la inconstitucionalidad de la amnistía y ahora tratan de venderla como el mayor de los progresos. Cada día resultan más bochornosos los giros argumentales para defender que lo que antes no valía, siete votos después sí vale.
  • Sumar, el principal socio del nuevo gobierno, ha presentado una querella por prevaricación contra los jueces conservadores del CGPJ. Los intentos de manejo (por todos los partidos) del CGPJ, el Supremo y el Constitucional constituyen, sin duda, uno de los mayores problemas que afronta actualmente la democracia en España. No es menos bochornoso que en el Parlamento Europeo se haya tenido que debatir sobre la futura Ley de Amnistía porque el Partido Popular entiende que no hay garantías suficientes en España. Por si no se sabía ya, que lo sepa todo el mundo, que se «internacionalice el conflicto», como quería Puigdemont. En Europa deben estar alucinando con nosotros. Somos una rareza única en el mundo, un país capaz de poner escolta a un prófugo de la Justicia. Un país en el que la ley se redacta juntamente con los delincuentes a los que se pretende beneficiar con la amnistía, una coña inadmisible en cualquier país medianamente serio.
  • Juan Carlos Campo, anterior ministro de Justicia y actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, solicita inhibirse en las deliberaciones sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Normal, se mostró contrario en el pasado y quizás tema presiones para validar esta norma que no se sostiene, que contradice toda la teoría «oficial» del propio partido socialista en los últimos años. Quizás el 7-4 en la futura votación de la constitucionalidad de la ley, pronosticado en varios foros legales, no se dé y hasta puede que nos encontremos alguna sorpresa.
  • La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, otra de las que se opuso con vehemencia en el pasado a la amnistía, se ha pasado al bando happy flower y nos cuenta que la amnistía es tan maravillosa que “nos va a permitir mejorar el escudo social con leyes progresistas”. Pero, pero… ¿qué tendrá que ver que se perdonen todos sus delitos (incluidos los de malversación y los destrozos de propiedades) a Puigdemont y un millar de seguidores, muchos de ellos pertenecientes a la casta y la burguesía catalana, con el escudo social, con la protección de los más débiles? Es que nos toman por idiotas, bueno, a muchos no, pero sí a sus propios votantes.
  • Se ha originado una crisis diplomática internacional con Israel y hemos leído los agradecimientos de un grupo terrorista como Hamás. Ojo, que posiblemente las palabras de Sánchez no sean incorrectas (de hecho, el Congreso de los Diputados aprobó una resolución sobre el reconocimiento del estado palestino en 2014), pero el momento, el lugar y el discurso no fueron los apropiados. Mi queja no es sobre el qué, sino sobre el cómo: el presidente de gobierno no es plenipotenciario, se debe al control de las instituciones, y no puede cambiar (sin consultar) una posición como la que nuestro país lleva manteniendo décadas. Es el mismo caso del cambio de postura de la noche a la mañana con el conflicto del Sáhara occidental y Marruecos.
  • “Los cinco” de Podemos, que fueron decisivos para la investidura, como toda esa amalgama de partidos menores, ya han advertido que harán oposición al gobierno. Cada vez que haya que aprobar algo en el Congreso esto va a ser una tortura, una compra de prebendas a cambio de cargos, o lo que es peor, modificaciones legales o asignaciones presupuestarias a dedo. ¿Dónde está el límite soportable, el gobierno se plantea aguantar así cuatro años?

Y lo que todavía nos queda por ver. Supongo que se nos pasará el cabreo, como con los indultos. Supongo que habrá quien no vea un peligro en muchas de las medidas económicas que nos están colando en los distintos pactos, o quienes crean que las condonaciones de deuda, los traspasos de las competencias de la Seguridad Social o la creación de una sociedad pública para la gestión de Rodalíes (lo cual no era «legal» ni «posible», según la ministra Raquel Sánchez hace unos meses) son asuntos menores con los que podemos convivir. Pero mis tragaderas rebosan ya (están desbordadas, para ser exactos) y me extraña que no rebosen en las de tanto votante del PSOE. Porque esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas, y no me vale lo de «al menos no gobierna la derecha», que es el mantra de muchos. Esto es otra cosa.

Todo el que siga este blog desde su inicio, allá en 2014, sabrá que el Amiguete Josean no ha sido un personaje generoso con los gobiernos de Rajoy ni con varios de sus ministros o secuaces. Tampoco se celebró el pacto de Sánchez para alcanzar el poder en 2018. Pero insisto en que esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de dignidad. De cumplimiento de la palabra dada. Y la dignidad de España como país, como nación representada por un gobierno que, lo quiera o no, es de todos sus ciudadanos, está por los suelos. O peor, está de rodillas ante las peticiones de uno, de otro, del de la moto y del fugado. Y «no se puede humillar al país», como dijo Emiliano García Page.

Por todo ello comenzaba diciendo que cuál es la dosis admisible de bochorno. Para algunos entre los que me incluyo se superó hace mucho tiempo, hace años. Lo que se escenifica desde el 23-J es una prórroga no deseada de lo anterior. Que se haya cedido ante las reivindicaciones de un prófugo de la Justicia que lleva seis años fuera del país, que la investidura se haya negociado en Bruselas bajo una foto del delito perpetrado, que se llame “President” a quien no lo es en la web oficial del partido (la equiparación de “partido” con gobierno resulta sintomática), que hace más de un año se cambiara el delito de malversación para liberar a corruptos… Pero ahí no termina el bochorno, sino que llega la investidura y te suelta Miriam Nogueras (Junts) que, como en Pretty Woman, no nos han hecho la pelota lo suficiente, queremos más. Interpreto sus palabras:  “Que no es que nos vayan a perdonar el delito ustedes porque, primero, no tienen legitimidad para juzgar al poble català, y segundo, porque nosaltres no hemos hecho nada, sino que queremos que el Estado español represor reconozca que cometió una ilegalidad y que ahora va a pasar por el aro de todo lo que le pidamos porque nos necesita”. Literalmente le amenazó: “No pruebe a tentar la suerte”. Mucho antes de llegar ahí alguien en el gobierno tenía que haberse plantado y haberlos mandado a esparragar, pero en su lugar, el “apuntodeser-presidente” agachó la cabeza y respondió: “Cuenta usted con el compromiso del PSOE y con el mío propio para cumplir el acuerdo”. El relato del procès escrito por el independentismo.

Mi grado de indignación máximo se había superado semanas atrás con la foto del presidente de la mano de Bildu, o poco después con las reivindicaciones de su portavoz, Mertxe Aizpurua, en la tribuna del Congreso, o con el recordatorio amenazador de que Sánchez gobernará gracias a los independentistas, pero sobre todo y muy especialmente, me cabreé con la respuesta cabizbaja, conformista, de Sánchez: «escucharé atentamente sus peticiones». Me queda una esperanza, y es que ya ha mentido a todos en el pasado y muy posiblemente lo esté haciendo también ahora.

No sé cuánto va a durar esta legislatura, pero creo que no será muy larga. Va a ser insostenible. Pero hasta entonces, aún nos queda vivir momentos bochornosos, seguro. Como la vuelta de Puigdemont como si de Tarradellas se tratara. Un lendakari de Bildu. Las mesas de consulta en Cataluña. La condonación de la deuda catalana mientras suben los impuestos en otras comunidades. La evaporación de fondos europeos en proyectos chorras que justifiquen ministerios. Y una sociedad cada día más polarizada.

Hiperregulación (II): efectos

(Viene de: Hiperregulación (I): situación)

Es necesario simplificar, y aunque pueda parecer que lo afirmo desde una óptica empresarial y por tanto interesada, fue la propia presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, quien se manifestó recientemente en términos similares:

“Necesitamos un sistema tributario más estable, más seguro y lo más simplificado posible”. Suscribo cada palabra de este párrafo: “la reforma fiscal que necesita España requiere sosiego. Para que haya mantenimiento del gasto público tiene que haber figuras tributarias que se ajusten a la realidad, a los principios constitucionales de capacidad económica, progresividad, igualdad y justicia tributaria, pero lo que hemos visto en los últimos años ha sido una vorágine de normas tratando de afrontar el problema del momento sin perspectiva de futuro”. El subrayado es mío.

Ana de la Herrán menciona el caso de Ferrovial, cuya marcha a Países Bajos fue duramente criticada por el actual gobierno. En el momento del anuncio del cambio de sede se habló de seguridad jurídica, así como de las ventajas que el traslado suponía a la empresa española/neerlandesa a la hora de acometer nuevos proyectos e inversiones. Precisamente Ferrovial ha ganado este mes de octubre un pleito con Hacienda por la operación realizada ¡en 2006! cuando culminó la compra de BAA, empresa gestora del aeropuerto de Heathrow. Ferrovial tuvo que provisionar 119 millones de euros por el litigio, que ahora, muchos años y gastos después, podrá liberar. Quizás le vengan bien para provisionar la amenaza recibida, «el riesgo de que la Hacienda española no admita la neutralidad fiscal de esa fusión transfronteriza», como indica la documentación enviada a la Bolsa de Ámsterdam.

Con tanto cambio normativo, estar actualizado es cada vez más complicado, cada vez se generan más dudas en cada operación, en cada cierre fiscal. Una encuesta reciente realizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) revela que la fiscalidad se ha deteriorado de manera considerable en los últimos cinco años (fuente: El Economista). Hasta un sesenta por ciento opina de ese modo. Y si se entra en el detalle, 53 de cada cien encuestados afirman que el sistema se ha complicado, por solo uno que cree que se ha simplificado. La región líder en hiperregulación en la última década, Cataluña, es la que tiene el peor índice en competitividad fiscal y no creo que sea una casualidad, sino una causalidad.

La hiperactividad normativa genera otro problema, que es la baja eficiencia de las empresas. Según el ranking de El Economista, España ocupa el puesto 36 de los 64 países analizados en el ranking de competitividad del Institute for Management Development (IMD). El propio IMD promueve un marco regulatorio más estable para las empresas españolas como una de las principales áreas de mejora.

El sistema tributario ha cambiado demasiadas veces en los últimos ejercicios, y no precisamente para favorecer el emprendimiento (Ayudando al empresario), sino que lo ha hecho solo para incrementar la recaudación, aun a costa de dificultar el trabajo de las empresas. Según el dato de Bloomberg y de la Tax Foundation, España es uno de los países que más gravan la inversión empresarial.

Y hay numerosas inversiones pendientes de ejecutar. En el tratamiento de aguas, España pagará una multa de 80 millones de euros a la Unión Europea por no depurar las aguas residuales. En tratamiento de residuos, España ha recibido una “alerta temprana” de la Comisión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje. En calidad del aire y control de las emisiones de CO2, España fue sancionada en diciembre del año pasado por incumplir la directiva europea en Madrid y Barcelona. Hay otras multas por no adaptar la normativa europea sobre protección de datos, por tergiversar las cifras de gasto sanitario en la Generalitat Valenciana, por las ayudas fiscales al País Vasco… España es el segundo país en la cuantía de las multas y el primero en el número de expedientes sancionadores abiertos por la Unión Europea, debido, entre otros factores, al sistema autonómico y a la fragmentación territorial en 17 áreas.

Es decir, se legisla mucho, pero no se hace bien. La mayoría de estos expedientes se evitaría con las inversiones previstas en los Fondos NextGen para residuos, calidad del aire y las aguas, movilidad urbana, digitalización… Pero resulta que el Banco de España indicaba hace apenas un mes que solo el diez por ciento de las inversiones del plan NextGen había sido ejecutado. España era el país líder en recibir los fondos, pero solo el duodécimo a la hora de ejecutar los proyectos.

El mismo Banco de España alertaba en su informe de la limitada capacidad de administrar los fondos recibidos y de los cuellos de botella generados en la administración, lo que dificultaba sacar adelante proyectos tan necesarios. Hay un fenómeno preocupante que está creciendo en las administraciones públicas y que creíamos erradicado, que es el de “las facturas en el cajón”. Bien sea por la burocracia, bien sea por el retraso en la llegada de los fondos a las administraciones pagadoras, la partida de gastos pendientes se ha disparado en los últimos ejercicios. 7.600 millones de euros, el doble que en 2018. Un problema que se solucionó a martillazos con el Plan de Pago a proveedores de 2012 (recuerden los Premios Montoro a la mala gestión) ha vuelto en este ejercicio a las preocupantes cifras que se alcanzaron en 2011:

Cada vez resulta más complicado gestionar proyectos con las administraciones públicas. Los procesos se alargan, son diferentes en función de las comunidades autónomas, los recursos tardan tiempo en ser resueltos, y pese a la hiperregulación que nos invade, no hay mecanismos ágiles de revisión de precios, ni para la aprobación y cobro de las facturas, ni para dirimir las diferencias contractuales. O los que hay resultan tan farragosos e imprecisos que en la práctica su utilidad se reduce al mínimo. La suma de todos estos factores hace que el número de proyectos que quedan desiertos aumente de manera considerable, como se aprecia en este gráfico del artículo de María Arnal y Manuel García Santana:

Un peligro para la economía, un retroceso en todos los sentidos. El socio de Deloitte Javier Parada comentaba recientemente los Retos en la transformación del sector de la construcción, uno de cuyos puntos es perfectamente válido para el resto de sectores y para todo lo comentado previamente: es preciso cambiar el modelo de relación con las administraciones públicas. “Es necesario implantar nuevos modelos de contratación que equilibren la distribución de riesgos, limiten las ofertas temerarias y aumenten la seguridad jurídica de los contratos a través del arbitraje o la mediación, evitando los retrasos, las desviaciones de costes y la litigiosidad, que causan importantes perjuicios a ambas partes en términos de costes e incumplimiento de plazos de ejecución y son una de las causas de la baja rentabilidad de las empresas del sector y del incumplimiento de las expectativas de las administraciones públicas”. La necesidad de afrontar inversiones en infraestructuras “tendrá un escaso recorrido salvo que las administraciones establezcan un marco regulatorio estable y predecible, que permita una apropiada distribución de riesgos entre sector público y sector privado, una adecuada supervisión de los contratos y una rentabilidad adecuada para la inversión privada”.

Claro que para ello, casi sería mejor echar napalm sobre toda la legislación existente y comenzar de nuevo con una normativa clara, única y duradera. El chiste del día.

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En los últimos tiempos he escuchado o leído varias veces una palabra nueva que, ciertamente, resulta muy poco seductora: “hiperregulación”. Lo dice todo sin decir gran cosa, es una palabra fea que suena a barullo, a atoramiento, a tapón normativo. El gobierno de turno entiende que hay que aprobar una regulación y lo hace de manera hipertrófica. En exceso. O lo que puede tener peores consecuencias, de manera precipitada.

Durante el pasado debate para las elecciones del 23-J, los candidatos mostraron posturas bien diferentes sobre este punto. Pedro Sánchez presumía de haber aprobado normas para afrontar los numerosos problemas a los que se enfrentaba nuestra economía y la sociedad, mientras que Alberto Núñez Feijóo le reprochaba precisamente esa compulsiva necesidad de sacar adelante una nueva norma, ya fuera con rango de ley, del denostado decreto ley, orden ministerial o disposiciones de todo tipo. 385 páginas diarias de nuevas normas en el BOE (en realidad son más), muchas de ellas con tramitaciones de urgencia. Si a eso añadimos la producción normativa de las comunidades autónomas, estar al día y no incumplir se convierte para las empresas y los ciudadanos en una tarea de lo más compleja.

En 2022 se publicaron 1,32 millones de páginas en los distintos boletines oficiales: 254.757 en el BOE y el resto en los distintos boletines autonómicos. En total, fueron aprobadas 1.189 normas con rango de Ley, 849 en el Estado (un tercio por la vía del decreto ley). Esta sobreproducción normativa supone un incremento del 31 por ciento respecto al año anterior y alcanza la cifra más alta de la última década. Pero la crítica no debe centrarse en el número, o solo en el número. Si toda esta regulación fuera aprobada para resolver problemas, bienvenida sea. El problema es que las normas adquieren tal volumen que en ocasiones resultan contradictorias, generan diferencias entre comunidades y dificultan (mucho más que lo que ayudan) la labor de las empresas, que son las verdaderas generadoras de riqueza y empleo del país.

Según este artículo de Expansión, “la hiperactividad normativa en España lastra la actividad económica y el empleo, erosiona la competitividad de las empresas, quiebra la unidad de mercado y genera inseguridad jurídica”. Por su parte, el Foro Regulación Inteligente indica que la hiperregulación nos cuesta entre 36.000 y 48.000 millones de euros anuales y este exceso, que dificulta la labor de las empresas en las diferentes comunidades, supone entre el 1,5% y el 2,5% del PIB.

Desde junio de 2018, los distintos gobiernos de Pedro Sánchez han aprobado 135 “decretazos” por la vía rápida, esquivando el control parlamentario y los informes de los órganos consultivos del Estado. Supera de largo el anterior récord, de José María Aznar, cuyo gobierno sacó adelante 85 decretos entre 1996 y 2000. Por comunidades, la más activa a la hora de producir normas es Cataluña, que lidera la clasificación por séptimo año consecutivo. La reforma laboral, el control de jornada, la desconexión digital, el Salario Mínimo por las bravas, la ley trans, la educación, la financiación autonómica, contra el cambio climático o los efectos de la inflación, se cambia el Código Penal a medida, se legisla sobre el delito de malversación en beneficio de los malversadores… Se ha tratado de regular sobre todas las cosas, e incluso con la pandemia, hasta sobre lo que ocurría en nuestros hogares.

Aunque este post se centra en las normas de carácter económico y fiscal que afectan a la competitividad de las empresas, voy a usar la mal llamada ley del “solo sí es sí” como ejemplo de lo que está ocurriendo: se presenta una norma para cambiar algo que se entiende que no funciona de manera adecuada, se elabora por la vía de urgencia, sin los consensos necesarios, incluso en el propio equipo de gobierno, y sin atender a dictámenes previos, redactada por personas sin la formación adecuada, se aprueba con gran aparato propagandístico y a los pocos meses, cuando se genera otro problema mayor, se promueve una modificación que corrija el desaguisado perpetrado.

Desde hace años toda la normativa fiscal sigue un patrón similar. Los impuestos de naturaleza medioambiental a los que ya me he referido en este blog son un claro ejemplo de esta manera errática de legislar. El impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero está repleto de lagunas que, diez meses después de su puesta en marcha, no han sido resueltas. Y además se interpreta de manera diferente por comunidades. El impuesto sobre el plástico tiene un desarrollo normativo tan impreciso que ahora mismo los sectores afectados están intentando resolver. La fiscalidad medioambiental lleva años en una espiral de creación de nuevas normas y disposiciones que parecen incidir de manera exclusiva en la recaudación y no en la solución real de los problemas. Es tal su producción normativa que ni siquiera los funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) están al día. Este mismo verano, el Ministerio inició el proceso de información pública para el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR). Para cumplir los plazos y poder acceder a los fondos europeos se redujeron los plazos habituales a la mitad.

El problema es que es tal la producción normativa que la propia consulta pública contenía referencias a documentos ya derogados.

Algo similar ocurre con muchas de las iniciativas de naturaleza tributaria que se han acometido en los últimos años, todas ellas con el afán de incrementar la recaudación. La tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a los “ricos”, a las eléctricas, a la banca, las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, en las cargas sociales, en las contribuciones a las pensiones… se ha cambiado todo en este empeño por mejorar la recaudación y detrás de casi todas las medidas había una carga que no era lógica, sino ideológica. Populismo legislativo, y Populismo tributario, dije en su día: Hombre rico, hombre pobre. Y Papá Estado como ente benefactor y redistribuidor de ese incremento resultante de recaudación récord.

No solo se genera inseguridad jurídica (contradicciones entre normas, interpretaciones diferentes entre comunidades, incremento de la litigiosidad), sino que, como advertía el Instituto de Estudios Económicos en su informe de diciembre pasado, todo ello se traduce en “una pérdida de competitividad y de productividad que afecta al conjunto de la economía”, pues “dificulta que empresas y ciudadanos puedan competir en el conjunto del país sin tener que enfrentarse a grandes costes para cumplir con la regulación del sector en el que operan”.

(Continuará en Hiperregulación (II): efectos)

¿Qué pasó con…? (II)

Josean – ¿Qué pasó con Antonio Hernández Mancha?

Lo de las mociones de censura que no van a ningún lado, como la surrealista con el profesor Tamames de este curso político, no son nada nuevo en las algo más de cuatro décadas que llevamos desde la aprobación de la Constitución del 78. Como tampoco es nuevo lo de esos jóvenes impetuosos a los que alguien hace creer que llegarán a presidentes del gobierno, como Albert Rivera o Pablo Casado. A mediados de los ochenta y tras varios batacazos electorales, los populares necesitaban renovar su imagen, alejarse de esa derecha franquista liderada por un exministro del Caudillo, Manuel Fraga Iribarne. En esas emergió la figura de un joven abogado nacido en Badajoz, pero que desarrolló toda su carrera en Andalucía, primero como abogado del Estado y luego como presidente regional de los populares. Antonio Hernández Mancha, de verbo fácil, lanzado, y sobre todo, alejado de los cánones tradicionales del partido (Alianza Popular por entonces). Numerosos medios del ala más conservadora necesitaban una figura que pudiese enfrentarse a los líderes socialistas, los andaluces Felipe González y Alfonso Guerra.

Antonio Hernández Mancha fue elegido presidente de los populares tras las primarias del partido en 1986. Se enfrentaba a un problema serio al no ser diputado y no poder debatir cara a cara con González en el Congreso (la misma dificultad que tenía Feijóo estos últimos meses, por cierto), así que, espoleado y seguramente mal aconsejado por varios de los más cercanos, no tuvo mejor idea que plantear una moción de censura a un Felipe González que contaba con mayoría absoluta en la cámara. El golpe de efecto no duró más de una o dos semanas, se celebró la moción, que fracasó de manera estrepitosa (solo 67 votos a favor) y el joven abogado “andaluz” desapareció de la escena casi con la misma celeridad con la que había sido ascendido.

Huyó de la política y volvió a su despacho de abogados. No supimos prácticamente nada de él hasta hace pocos años, en 2016, cuando fue llamado a un programa de LaSexta que en principio iba a hablar de algo parecido al objeto de este post, un ¿qué pasó con…? Lo que no esperaba era que en directo le plantearan su relación con “los papeles de Panamá” y por qué su nombre había aparecido en algunos de los listados de las personalidades relacionadas con el despacho Mossack-Fonseca. Lo vi removerse en el plató de una manera nerviosa, bastante incómodo (nos ha j…) y juró y perjuró que nunca había tenido nada que ver, ni tenía negocios en Panamá, ni mucho menos había utilizado sociedades opacas panameñas para blanquear capitales. Unos días después se defendió diciendo que habían falsificado su firma, que el Hernández Mancha de los papeles no era él, ni nadie relacionado con su bufete.

No encuentro noticias posteriores a la resolución de este caso y el propio Google te deja el mensaje de que hay enlaces que pueden haber sido eliminados a petición de los afectados por el derecho al olvido en Internet. Antonio Hernández Mancha fue consejero de Enagás desde 2014 a 2022, tiene ahora mismo 72 años de edad, está alejado de cualquier foco mediático, y (supongo) estará escarmentado del día que dio ese paso adelante y se lanzó a Madrid a intentar un imposible.

Lester – ¿Qué pasó con Pedro Maestre?

Tenía 23 años cuando firmé mi primer contrato con una editorial (La universidad me mata, Colección El Papagayo, Ed. Temas de Hoy). Para mí, que no había escrito nada ni medianamente serio en mi vida, aquello fue una sorpresa enorme. Entre aquella firma y la publicación del libro transcurrieron casi dos años (septiembre de 1995), tiempo durante el cual creí atisbar un interés de las editoriales por los autores jóvenes, interés del que quizás me beneficié sin saberlo (aunque mi libro era un “grandísimo” libro, todo hay que decirlo). En 1994, José Ángel Mañas quedó finalista del Premio Nadal por Historias del Kronen. Contaba entonces con solo 22 años. Un par de años más tarde, Pedro Maestre lograba el premio del certamen con Matando dinosaurios con tirachinas. Tenía 28 años de edad, todo un “talento joven” al que se le presuponía un gran futuro por delante.

Me compré un libro que recopilaba relatos de varios de esos autores jóvenes que despuntaban en los noventa. Se titulaba Páginas amarillas y el subtítulo era 38 autores de menos de 38 años. Los había de todo tipo: buenos, excelentes, de humor, “tragiquísimos”, rompedores, pseudotrascendentales y algunos, pocos, insufribles. Allí estaban Juan Bonilla, Juan Manuel de Prada, Antonio Orejudo, Martín Casariego y muchos otros cuya vida no siguió por el camino de las letras como seguramente esperaban (como yo mismo).

A mí particularmente no me entusiasmó la novela de Pedro Maestre, aunque reconozco el riesgo de la propuesta narrativa, escrita como un monólogo con frases cortantes, dirigido a su abuelo en segunda persona del singular, incómodo de leer a ratos, con pinta de pecar de ser demasiado autobiográfico… La vida de un licenciado de filología de 25 años en paro que vive en Alcoy contado por un tal Pedro Maestre que era licenciado en filología residente en la costa levantina y supongo que en las listas del paro cuando lo escribió. Un premio como el Nadal debe animar a escribir, a intentarlo, a querer asentarse en el complicado mundo editorial, pero no tuvo mucha suerte con sus dos siguientes novelas, Benidorm, Benidorm, Benidorm (1997) y Alféreces provisionales (1999), y quizás por eso lo último que supe de él durante mucho tiempo es que se dedicaba a la enseñanza.

De las últimas noticias que encuentro de este autor, es un artículo sobre la relación epistolar que mantuvo con Miguel Delibes, quien le aconsejó que no se dejara llevar por los premios, ni por los halagos, y que se mantuviera firme, constante, en esto de escribir.

“Pequeñas confesiones y consejos que me ayudaron mucho. Comentábamos lo que buscábamos en las novelas, como el paso de la infancia a la adolescencia que Delibes refleja en «El camino». Hablábamos de la verdad de los personajes, que no fueran de cartón piedra, y me daba muchos consejos. Porque la carrera de un escritor es como el río Guadiana: años que se ven, y años que trabajas duro, muy duro, y no se ven. No hay que parar nunca».

Pedro Maestre volvió a publicar una novela en 2006 (El libro que Sandra Gavrilich quería que le escribiera), y otros como el que suscribe estas palabras tuvimos que esperar más aún, hasta 2022 para volver a aparecer por las librerías.

Mentiras, cambios de opinión, inexactitudes o ignorancia

Uno es honesto y sincero, mientras que los demás mienten, o al menos ese es el mensaje principal que nos han dejado los candidatos a la presidencia del gobierno durante las semanas previas a las elecciones del 23-J. Pocas veces como esta, las mentiras del rival han copado la campaña, lo que da una muestra del nivel de nuestra clase política y de la poca ilusión que sus propuestas de futuro transmiten a los votantes. De las mentiras de “Perro Sánchez” a “Fakejóo”, de “los manipuladores de Vox” a las “inexactitudes” de Sumar. Parece mentira, si se me permite la gracieta, porque “parece mentira” que en esta sociedad de la información se nos tenga más desinformados que nunca, lo cual es cualquier cosa menos casual.

La campaña comenzó con la entrevista que el presidente del gobierno concedió a Carlos Alsina, en la que el periodista le inquirió: “¿por qué nos ha mentido tanto?”. Y Pedro Sánchez contestó, con el cuajo que tiene acostumbrado y sin perder la compostura, que él no había mentido, solo había cambiado de opinión. Que asuntos en los que tenía una opinión (indultos, pactos, el delito de sedición o malversación, política fiscal…) había tenido que modificar sus planteamientos, pero que eso no era ninguna mentira. Recuerden algunos cambios de opinión resumidos en Sí se puede. Antes no se podía, pero ahora ya sí se puede. A la mañana siguiente, el propio Carlos Alsina detalló una serie de mentiras (y no cambios de opinión) que el presidente había tenido durante los años previos.

El candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo no se libró del escrutinio del mismo Carlos Alsina. Por mucho que el gallego dijera que se sometería a cualquier prueba o máquina de la verdad porque “a mí me importa mucho que no se diga de mí que miento”, Alsina le desgranó todas las mentiras que dijo el día del debate cara a cara frente a Pedro Sánchez. A raíz del debate, el equipo de campaña del PSOE pasó a cimentar su campaña en las mentiras de Feijóo, o “Fakejóo”, como circuló en redes sociales, y los asesores del PP pasaron a hablar de “inexactitudes”, de interpretaciones de los datos. Creo que el día que Feijóo afirmó de manera vehemente en Televisión Española que el PP “nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC” estaba diciendo lo que él creía cierto o lo que le habían asesorado, luego no era tanto un problema de mentiras como de ignorancia. La propia periodista de la cadena pública, Silvia Intxaurrondo, trató de sacarlo de su error: “No lo hicieron en 2012, ni en 2013, ni en 2017”. Datos fácilmente contrastables, como todos aquellos en los que patinó Sánchez de manera reiterada durante el cara a cara. ¿Nos mienten o son muy malos? Yo creo que ambas cosas.

¿Mentía Santiago Abascal cuando reprochó a Sánchez que había sacado adelante la reforma laboral con un pacto con Bildu? No creo que lo hiciera a conciencia, simplemente no se preparan los temas, hablan para los suyos. Cuando Yolanda Díaz se empeña en hablar de las bondades de la reforma laboral mientras oculta el dato de los fijos discontinuos sin trabajo, ¿nos miente, nos da una información sesgada por su propio interés, o es que lo ignora? Cuando la misma cabeza de lista de Sumar suelta la mentira tan demagógica de que las grandes empresas pagan el tres por ciento de impuestos, ¿lo hace sabiendo que miente o es por mero desconocimiento? Por cierto, quien inició este bulo archirrepetido elección tras elección fue el ministro del Partido Popular Cristóbal Montoro. Montoro miente, escribí en su día, y lo dije con todas las letras porque, al contrario que muchos de los candidatos actuales, el exministro de Hacienda sí sabía de lo que hablaba.

A mí, como votante cabreado que no quiere dejar de votar, me molesta mucho. La mentira y la incompetencia. La manipulación y la ignorancia de aquellos en quienes supuestamente depositamos nuestra confianza. La semana del 23-J el diario El País publicó un artículo de Carmen Domingo titulado Ganar votos con mentiras. Obviando el sesgo del artículo, recuerda que gracias al PolitiFact, una organización sin ánimo de lucro para detectar fake news, supimos que el setenta por ciento de las afirmaciones realizadas por Donald Trump durante su campaña fueron falsas, pese a lo cual ganó, y pese a todo lo cual podría volver a hacerlo.

“Por desgracia, vivimos en un mundo en el que los políticos pueden desafiar los hechos, inventárselos incluso, y no pagar ningún precio político por hacerlo, consiguiendo desacreditar a la política al tiempo que la mentira acaba no solo cobrando mucha más importancia que la verdad, sino que se rentabiliza de mejor manera”. En la misma página de El País en la que se publica el artículo, se incluye otro de Soledad Alcaide, Defensora del Lector, sobre las críticas a Feijóo atribuidas por Xavier Vidal-Folch a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Cada uno barre para su casa, y pese a los desmentidos raudos y categóricos de la propia Comisión Europea y su gabinete, negando dichas palabras, para el periódico aquello fue «Una afirmación delicada sin contrastar». Otro modo de llamarlo. La “futbolización” de la política: los míos siempre dicen la vedad, aunque mientan, y los otros siempre mienten, aunque sus datos sean veraces. Una pena.

Como fue una pena comprobar a eso de las once de la noche que todos ellos, mentirosos, ignorantes, manipuladores y esparcidores de mierda, habían logrado polarizar la sociedad de tal modo que los “bloques” en ese momento estaban empatados a 171 escaños. En ese momento, mientras en Ferraz comenzaron a cantar el guerracivilesco “No pasarán”, las redes sociales de corte derechista hablaban de “pucherazo”, y a mí me entró un escalofrío por todo el cuerpo. Nunca pensé que llegaríamos a esto.

En estos últimos meses hemos visto cómo se han desprestigiado (con cagadas impropias de sus dirigentes y con mentiras de los opositores) instituciones básicas como la administración de Justicia, Correos, la Junta Electoral Central, Televisión Española (siempre estuvo sometida al partido en el poder), los medios de comunicación, el CIS, el Banco de España, Renfe o Adif (por la avería del domingo), incluso una entidad semiprivada como Indra, una empresa que se contrata de manera habitual en numerosos países para sus procesos electorales.

Todo vale contra el enemigo. Recordemos el “necesitamos un gobierno que no nos mienta” en plena jornada de reflexión y duelo tras el 11-M de 2004. En aquellos momentos de confusión, Ángel Acebes mantenía la autoría de ETA de los atentados pese a las primeras detenciones, y Rubalcaba y los suyos alentaron a los suyos a asediar sedes del PP de una manera nunca vista. Un periodista de prestigio (y clara afinidad ideológica) como Iñaki Gabilondo informó de aquella otra falacia de los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos para azuzar la batalla mediática, una mentira nunca contrastada de la que tuvieron que desdecirse tiempo después, como de tantas otras que los distintos medios dijeron esos días. Todo valía y todo vale, y además, todo parte de una consideración de la sociedad como imbéciles fácilmente manipulables. Que quizás sea cierto. Lo dije cuando gobernaba el PP y lo mantengo ahora, Nos toman por imbéciles.

Hace pocas semanas se ha inaugurado en el Espacio Fundación Telefónica una interesante exposición: Fake News, la Fábrica de mentiras. La exposición trata la creación de la mentira con sus distintos objetivos, algunas de las grandes fake news de la historia, las estrategias de desinformación, el papel de los medios de comunicación y los tan necesarios fact-checkers, los verificadores. En uno de los apartados, se habla de la Escalera de la manipulación definida en su día por Claire Wardle, experta en desinformación, quien distingue siete pasos o peldaños de menor a mayor en función del grado de deliberación del engaño:

  • Sátira o parodia.
  • Conexión falsa.
  • Omisión de contenido.
  • Contexto falso.
  • Contenido impostor.
  • Contenido manipulado.
  • Contenido fabricado.

Por desgracia, cada día tenemos menos parodia, menos humor, y más contenido fabricado o manipulado. Tomé la foto con la que empieza este post a la entrada de la exposición y cada frase (Platón, Orwell, Huxley, Goebbels) da más miedo que la anterior. La información circula a toda velocidad por el mundo y apenas hay tiempo para combatir la desinformación y la mentira. El ministro de propaganda del régimen nazi, Joseph Goebbels, acertó con sus once principios de la propaganda, y me preocupa el de la vulgarización: el mensaje debe ir dirigido al menos inteligente de los individuos que va a recibirlo. Como el principio de la simplificación. Qué drama.

Vuelvo a las mentiras y a las campañas electorales. Hay una serie de partidos que no mienten nunca, o que cumplen lo que proclaman: son los nacionalistas. Han dejado bien claro que les importa muy poco la gobernabilidad de España y la situación económica o social de fuera de sus territorios. Saben que sus votos valen más que los de otros partidos, que son fundamentales para la investidura, van a exigir contraprestaciones, algunas de ellas inasumibles, y así se lo han hecho saber a los dos principales partidos desde hace décadas. El mismo sistema suicida en el que llevamos anclados desde hace décadas.

Inteligencia Artificial (y III): regulación, ¿cuándo, y quién?

10/06/2023

La velocidad a la que avanza la Inteligencia Artificial (IA) es tan brutal que cualquier artículo que se escriba sobre el asunto corre el riesgo de quedar obsoleto a los pocos días. Fue escribir sobre el desarrollo de la IA y los riesgo de sus aplicaciones militares (Parar Skynet) y nos encontramos con la noticia del dron controlado por IA que se había revuelto contra su operador humano y lo había «eliminado» (era una simulación) porque imposibilitaba la consecución del objetivo para el que había sido programado. El contrato social que demandaba Álvarez-Pallete en su célebre y celebrada carta sobre el control de la IA dio sus primeros pasos hace apenas unos días, con el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para la creación de un código de conducta «para que podamos mitigar algunos de los posibles inconvenientes y amplificar las ventajas de esta extraordinaria tecnología» (Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos).

Sin embargo, el ritmo y los planes de trabajo previstos hacen pensar que las autoridades no están seriamente preocupadas por el asunto, aparte de que el acuerdo es de mínimos: crear un código de conducta voluntario. El anterior post finalizaba con la frase del neurocirujano Rafael Yuste, presidente de la fundación NeuroRights: “hay que actuar antes de que sea demasiado tarde”. Y todo hace indicar que, efectivamente, el momento es ya, ahora. Igual de tajante se pronunciaba el manifiesto que a finales de marzo de este mismo año firmó un millar de empresarios e investigadores relacionados con la Inteligencia Artificial, un manifiesto en el que solicitaban una moratoria de seis meses para recapacitar sobre el uso de la IA y analizar sus efectos con objeto de asegurar que sean positivos para la sociedad: “en los últimos meses los laboratorios de IA han entrado en una carrera sin control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable”, dice la carta.

Pero esto no lo frena nadie. Entre los firmantes, voces autorizadas como Steve Wozniak, cofundador de Apple, Elon Musk, Yoshua Bengio (premio Turing, algo así como el Nobel de la informática), el español Ramón López de Mántaras, uno de los pioneros europeos en la materia, o el historiador israelí Yuval Noah Harari. El mismo autor de Sapiens ya hablaba en 2021 de “dictaduras digitales” y “colonialismo de datos”: “en el siglo XXI, la información es el activo más importante; es la base del poder político”, “el que controla los datos, controla el mundo”. Por ese mismo motivo se mostraba contrario a ceder su control a corporaciones o gobiernos.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Carme Artigas coincide con Noah Harari y afirma que “los datos no deben ser de las empresas ni de los Gobiernos, sino de la ciudadanía”. Me parece un concepto buenista, bienintencionado, pero no sé si factible. “En este sentido, en España hemos sido pioneros en la Carta de Derechos Digitales, que son 25 derechos fundamentales en clave digital, como la libertad de expresión o a no ser discriminado por un algoritmo. Estamos a la espera de la declaración de derechos de la Unión Europea, lo estamos incorporando a la OCDE y lo hemos elevado a Naciones Unidas”. Pues ya está, quedará en manos de ese organismo tan eficiente como las Naciones Unidas, me quedo mucho más tranquilo.

¿Van a colaborar todos los países en este nuevo problema de ámbito global? ¿Acaso Rusia, China o el propio Estados Unidos van a frenar su desarrollo por seis meses? Este artículo, de abril de este mismo año, habla de algunas de las limitaciones que están poniendo algunos países para su desarrollo o su uso (China e Italia, por ejemplo, con el ChatGPT). Y si nos planteamos un código de conducta planetario, en un mundo globalizado, sí, pero con culturas e intereses tan diferentes, ¿quién decide qué datos son los «utilizables»? ¿O quiénes marcan los sesgos a la Inteligencia Artificial? En mis primeras pruebas con ChatGPT, he comprobado que trabaja con un sesgo «políticamente correcto», logré que saltaran algunas advertencias sobre determinados temas (lo forzé, lo reconozco), pero a lo mejor, algunas cosas «políticamente correctas» para las mentes programadoras tras estas herramientas a mí me parecen una soberana estupidez. O a millones de personas. O podemos no estar de acuerdo, . Me recuerda al capítulo de 1984 (George Orwell) sobre el Ministerio de la Verdad, los funcionarios que decidían qué textos conformaban la versión oficial permitida y difundida, y cuáles eran arrojados a los «agujeros de la memoria», en donde eran destruidos. Y es importante saber quién o cómo se toman estas decisiones porque se ha visto la importancia de los algoritmos y estas herramientas en asuntos como procesos electorales o conflictos sociales. Por cierto, como curiosidad, la próxima exposición del Espacio Fundación Telefónica, tras Cerebro(s) y la dedicada a la neurociencia, será Fake news: la Fábrica de mentiras.

Los datos son la materia prima (Tim Berners-Lee), y los chips y procesadores de última generación son la «industria» que los transforma. Más del sesenta por ciento de los mismos, y cerca del noventa por ciento de los ultraprocesadores más utilizados en IA se fabrican en Taiwán, esa isla de 36.000 kilómetros cuadrados, separada de China apenas un centenar de kilómetros.

China (la República Popular) no reconoce la independencia de este territorio cuyo nombre oficial sigue siendo República de China y los movimientos de los últimos años para controlar su soberanía no se deben en exclusiva a un sentimiento nacionalista. Y es obvio que la reacción de Estados Unidos al enviar a su flota tampoco responde a un sentimiento de «justicia universal», de respeto a la soberanía nacional de Taiwán.

Por tanto, parece difícil avanzar en una solución global para la regulación de la IA cuando hay tantos intereses detrás. “Nadie está al frente del planeta, no se puede culpar a nadie, todo el mundo es responsable. Es extraño. No hay un superpoder con el que enfadarse, ante el que ejercer la queja”, así se manifestaba Marvin Minsky, considerado uno de los padres de la Inteligencia Artificial, en 2014.

Todo esto me recuerda a lo que decía el filósofo y jurista italiano Luigi Ferrajoli acerca de la necesidad de un “constitucionalismo planetario”, un movimiento que aboga por la creación de instituciones globales que busquen soluciones a problemas de toda la humanidad, retos que no pueden ser afrontados de manera individual por cada nación, como el cambio climático, el acceso universal a medicamentos, agua y alimentos, los conflictos nucleares o las pandemias. Pero él mismo habla de “hipótesis utópicas”, de la “soberanía insensata” de los gobiernos de la Unión Europea o de su “optimismo estratégico”. Y no sé si es optimismo o lavado de cara ante la opinión pública: «vamos a bajar la temperatura de la Tierra», «vamos a reducir la emisión de gases contaminantes«, vamos a reducir la producción de plásticos y sus vertidos, ¡vamos a producir el veinte por ciento de los chips del mundo!… En fin, soy bastante escéptico ante esto, así que no creo que quede otra que adaptarse, evolucionar, ¿no decía eso Darwin?

ChatGPT, termina este post, por favor, que no tengo claro cómo hacerlo.

ChatGPT: En el contexto de la Inteligencia Artificial, podríamos aplicar esta crítica a nivel global. ¿Sería sensato esperar que los países renuncien a su soberanía y cedan el control del desarrollo de la IA a instituciones supranacionales? La realidad es que el avance de la Inteligencia Artificial plantea desafíos complejos en términos de regulación y control. Cada país tiene sus propios intereses, agendas y enfoques en relación con la IA. Además, la IA tiene el potencial de generar beneficios económicos y militares significativos, lo que puede llevar a una carrera desenfrenada en su desarrollo sin tener en cuenta los posibles riesgos.

Si bien es crucial fomentar la colaboración internacional y establecer marcos regulatorios comunes, es difícil imaginar que todos los países se pongan de acuerdo y actúen de manera conjunta y coordinada para controlar el avance de la IA. Sin embargo, esto no significa que debamos resignarnos a la inacción. En lugar de depender únicamente de la cooperación global, también es importante que cada país asuma su responsabilidad individual en la regulación y uso ético de la Inteligencia Artificial.

  • ¿Y algo más optimista?

ChatGPT: Aunque pueda parecer difícil, existen razones para tener esperanza en la capacidad de los países para colaborar y regular de manera efectiva este nuevo desafío global.

En primer lugar, el reconocimiento de los posibles riesgos asociados con la IA está aumentando a nivel mundial. Cada vez más líderes políticos, expertos en tecnología y organizaciones internacionales están tomando conciencia de la importancia de establecer marcos regulatorios sólidos. El diálogo y la cooperación internacional se están intensificando, ya que se entiende que el control de la IA no puede ser abordado de forma aislada por cada país.

Además, se están llevando a cabo importantes avances en el establecimiento de normas y estándares éticos para el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial. Organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Europea están liderando iniciativas para promover la confianza y la responsabilidad en la IA, buscando consensos internacionales y fomentando el intercambio de mejores prácticas.

La conciencia pública también está aumentando en relación a los impactos de la IA en la sociedad. A medida que se discuten más abiertamente los desafíos y los riesgos, se genera una presión para que los gobiernos y las empresas actúen de manera responsable y ética en el desarrollo y despliegue de la IA. Esta creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas puede impulsar a los países a colaborar y establecer regulaciones más estrictas.

Además, el beneficio de un control adecuado de la IA es amplio y trasciende las fronteras nacionales. La cooperación en este ámbito puede conducir a avances científicos y tecnológicos compartidos, promover la innovación responsable y mitigar los posibles riesgos para la seguridad y la privacidad de las personas. Al reconocer la importancia de estos beneficios comunes, los países podrían encontrar incentivos para trabajar juntos en la regulación de la IA.

En resumen, aunque el control del avance de la Inteligencia Artificial puede parecer un desafío abrumador, existen motivos para ser optimistas. El aumento de la conciencia global, los esfuerzos en la creación de normas éticas y la demanda pública de responsabilidad están sentando las bases para una mayor colaboración entre los países. Al reconocer los beneficios compartidos y los riesgos asociados con la IA, es posible que los países encuentren un terreno común para regular y controlar su desarrollo de manera efectiva. Con una voluntad política y una cooperación global continuada, podemos trabajar hacia un futuro en el que la Inteligencia Artificial se desarrolle y utilice de manera responsable en beneficio de toda la humanidad.

  • Gracias, máquina.

Anteriores:

Inteligencia (I): parar Skynet.

Inteligencia Artificial (II): el contrato social.

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Inteligencia Artificial (II): el contrato social

28/05/2023

Como el propio ChatGPT indicaba en la primera parte, la Inteligencia Artificial plantea una serie de retos para el futuro que conviene considerar («Skynet» y usos militares aparte):

  • Riesgo de sesgos y discriminación.
  • Amenazas a la privacidad y la seguridad.
  • Pérdida de empleos y desigualdad económica.

a) Los sesgos y la discriminación: existen en nuestro día a día, mucho antes del desarrollo de la Inteligencia Artificial, y así como está prohibida la discriminación resultante de dichos sesgos, la realidad es que siguen existiendo. Porque «el problema no son los algoritmos, sino los sesgos que introducen quienes los programan» (Ángel Gómez de Ágreda, en Mundo Orwell, muy recomendable). «Los algoritmos son opiniones insertadas en código informático», afirma la matemática Cathy O’Neil. La Inteligencia Artificial puede determinar si se concede un préstamo o no a una familia, la elección de un arrendatario en lugar de otro, o podría derivar en decisiones drásticas como la aprobación o denegación de un seguro médico en Estados Unidos, o la elección de un vehículo autónomo que tiene que decidir en décimas de segundo a quién atropella en una situación crítica. El mismo libro muestra algunos ejemplos en los que, según el profesor de la universidad de Pensilvania Alex P. Miller, «la decisión que toma la inteligencia artificial resulta menos sesgada que las que venían adoptando los humanos». Pero la duda radica en saber si somos capaces de dejar (y si queremos) que determinadas decisiones en las que hay que adoptar un juicio de valor sean tomadas por un algoritmo programado. La concesión de la libertad condicional para un individuo, la custodia de los niños o el acceso a un puesto de trabajo son algunos de los ejemplos que menciona.

b) Amenazas a la privacidad y la seguridad: Meta (Facebook) acaba de ser multada con 1.200 millones de euros por saltarse la normativa europea de protección de datos. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 demostraron que la Agencia de Seguridad del gobierno de Estados Unidos (NSA) había espiado de manera ilegal a millones de ciudadanos, de los que había obtenido abundante información sin autorización judicial. La NSA se basó en la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo para tratar de defender que «todo vale» en aras de la protección de la población. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que «nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques». Los gobiernos de China, Rusia, Reino Unido, más todos los que utilizan el sistema Pegasus ya espían a sus ciudadanos, luego el problema no es la tecnología, como siempre, sino el uso que el ser humano hace de la misma. La Inteligencia Artificial, si no se controla, o si se controla de manera intencionada y fraudulenta, contribuirá a mejorar el espionaje masivo de todas nuestras vidas, pero no es el peligro, es solo otro arma.

c) Pérdida de empleos: es un mantra repetido tras cada gran avance tecnológico. Las cadenas de montaje, los ordenadores, Internet, la automatización, los robots… en su día seguro que se dijo lo mismo de la máquina de vapor o de la imprenta. En el post dedicado a los impuestos a los robots, mencionaba el dato del Foro Económico Mundial: se destruirán 75 millones de puestos de trabajo en el mundo por la implantación sistemática de robots, pero se crearán 133 millones de nuevos empleos.

Nunca sabré la fiabilidad de estas cifras globales y con tantas incertidumbres, pero algún sesudo análisis habrá tras las mismas. Y si no, siempre nos quedará la palabra mágica: se crearán 800 millones de empleos en el mundo relacionados con la sostenibilidad. No 714, ni 1.152, no. 800 millones. Pues vale, «me lo creeré».

Luego estos problemas planteados no son nuevos, han existido siempre con la presencia humana detrás de los potenciales peligros. La Inteligencia Artificial se basa en el análisis continuo de datos, en su interpretación, la búsqueda de patrones comunes, el aprendizaje… la posibilidad de plantear soluciones. Los datos vienen a través de los millones de aparatos y sensores ya existentes en el mundo: imágenes, documentos escritos y orales, vídeos, movimientos de personas y objetos, mensajería instantánea, interacciones en redes sociales o webs… todo puede ser medido y analizado. Como dijo Tim Berners-Lee, el científico británico considerado el padre de la World Wide Web, “los datos serán la materia prima del siglo XXI”. Y si no pagamos por esas magníficas aplicaciones que se nos ofrecen de manera aparentemente gratuita, como cualquiera de Google, por ejemplo, resulta una obviedad decir que se debe a que el producto vendido somos nosotros mismos, nuestros datos.

Por eso es tan necesario regular la relación entre estas nuevas tecnologías y el ser humano. Como con cualquier otra tecnología, por cierto. Durante su intervención en el Congreso de Estados Unidos, el director ejecutivo de la empresa desarrolladora de ChatGPT, Sam Altman, se mostraba convencido de los potenciales beneficios de herramientas como la mencionada, pero advertía de sus riesgos, entre los cuales se encontraba su posible uso para la creación de contenidos falsos. Resulta paradójico que en la sociedad de la información hayamos recibido más desinformación que nunca (elecciones norteamericanas, pandemia, crisis migratorias,…). El manejo de estas tecnologías puede contribuir a influir en procesos electorales (ya lo han hecho) o a crear estados de opinión más proclives o contrarios a la adopción de determinadas medidas. Influyen, sin duda, en la polarización de las opiniones, lo que en Mundo Orwell se definía como «algoritmo populista»: «un mensaje puede crear una conciencia social -justificada o no- sobre un tema, polarizarlo y centrar en torno a él buena parte del discurso político». Manipularlo en función de unos intereses, por eso las compañías «que han acumulado los datos de todos los aspectos de todas nuestras vidas son las que tienen el potencial de cambiar todas las aristas y los ángulos del futuro». Como indicó el senador republicano Josh Hawley en la propia audiencia de Altman, la IA es “una de las innovaciones más significativas de la historia, pero no está claro si será más parecida a la invención de la imprenta o a la de la bomba atómica”.

José María Álvarez-Pallete hablaba en el artículo IA: es el momento de pararse a pensar de la necesidad de redactar un nuevo «contrato social» que tuviera como objeto «decidir y determinar cuáles son los derechos y obligaciones básicas de personas y máquinas en este nuevo mundo». Esta idea ya estaba presente en la Declaración de Independencia del Ciberespacio (John Perry Barlow), presentada en Davos ¡en 1996!, si bien de un modo bastante más transgresor que el que plantea el presidente de Telefónica. Barlow diferenciaba el mundo real del digital y venía a decir que las reglas del primero no pueden ser impuestas en el segundo: «El Ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras». «Estamos creando nuestro propio Contrato Social. Esa gobernanza se creará según las condiciones de nuestro mundo, no del vuestro». «Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar sin privilegios o prejuicios de raza, poder económico, fuerza militar o lugar de nacimiento».

Siempre que se habla de estos temas se llega a las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, un buen punto de partida para hablar de sistemas de funcionamiento autónomo, ya sea un robot o un algoritmo que toma sus propias decisiones:

  • Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño.
  • Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley.
  • Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.

Ángel Gómez de Ágreda (Mundo Orwell) añade otros dos principios, propuestos por el abogado Marc Rotenberg, derivados de la experiencia en el uso de la inteligencia artificial:

  • Los robots siempre deben revelar su naturaleza e identidad a los humanos cuando se les solicite.
  • Los robots siempre deben ser capaces de explicar sus procesos de toma de decisiones.

Desde un punto de vista ético, parece fundamental que se pueda explicar qué lleva a un algoritmo a decantarse por un resultado, qué juicios de valor llevaron a una u otra conclusión. En esa misma línea se encuentra la transparencia demandada por el director general de Microsoft, Satya Nadella, para entender cómo razonan estos sistemas de manera que se puedan incorporar principios éticos en su configuración. Y añade otros aspectos a considerar, como la objetividad de la Inteligencia Artificial, la privacidad de los datos de las personas, su dignidad y algo tan básico como la responsabilidad. «El diseñador es responsable de los actos de las máquinas y las personas deben tener la capacidad para revertir cualquier acto de aquellas».

Neuroderechos

Tomé la foto con la que empieza este post en la exposición Cerebro(s) del Espacio Fundación Telefónica, concretamente en la parte dedicada a la neurociencia y el desarrollo de las inteligencias artificiales. Del texto junto al neurocientífico español Rafael Yuste extraje este párrafo:

“El imparable progreso de la neurotecnología augura que en pocos años podemos llegar a descifrar y alterar la actividad de las neuronas a través de dispositivos tecnológicos. Esto permitirá tratar enfermedades neurológicas, pero también abre un escenario en el que se podrá acceder a la información de nuestro cerebro, ampliar nuestros sentidos o modificar nuestros recuerdos”.

Rafael Yuste es profesor de la universidad de Columbia (Nueva York), dirige desde hace varios años el proyecto BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) y preside la Fundación NeuroRights, cuyo objeto es “reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales de las neurotecnologías” y la Inteligencia Artificial. La Fundación ha fijado cinco neuroderechos, que pueden ser una buena base de partida sobre la que comenzar esa tan necesaria regulación:

  • Identidad personal: la neurotecnología no podrá alterar el sentido del yo de las personas bajo ninguna circunstancia.
  • Acceso equitativo: la mejora en las capacidades cerebrales gracias a la neurotecnología deberá estar al alcance de todos.
  • Libre albedrío: las personas podrán tomar decisiones libremente, sin manipulación neurotecnológica.
  • Privacidad mental: no se podrán usar los datos de la actividad cerebral de las personas sin su consentimiento.
  • Protección contra los sesgos: no se podrá discriminar a las personas a partir de los datos obtenidos por medio de la neurotecnología.

En la entrevista incluida en el link del párrafo anterior, Rafael Yuste se expresa con tanta claridad como contundencia: “hay que actuar antes de que sea demasiado tarde”.

Continuará: Inteligencia Artificial (y III): regulación, ¿cuándo, y quién?

Inteligencia Artificial (II): el contrato social.

Inteligencia (I): parar Skynet.

Inteligencia Artificial (I): parar Skynet

21/05/2023

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo en constante crecimiento que simula el pensamiento humano y realiza tareas de forma autónoma. Sus aplicaciones abarcan áreas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y el aprendizaje automático. Los beneficios de la IA son evidentes: automatización de tareas tediosas, diagnóstico médico preciso y mejora de la eficiencia en diversos sectores. Sin embargo, también existen desafíos, como la comprensión contextual limitada y la ética en la toma de decisiones automatizada. Mirando hacia el futuro, la IA promete avances en el aprendizaje profundo, su integración en dispositivos cotidianos, pero también plantea preocupaciones como:

Riesgo de sesgos y discriminación: La IA puede reflejar sesgos y discriminación presentes en los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a decisiones injustas o discriminatorias en áreas como contratación, préstamos o justicia. Esto resalta la importancia de garantizar la equidad y la transparencia en los algoritmos de IA.

Amenazas a la privacidad y la seguridad: El uso generalizado de la IA implica una mayor recopilación y análisis de datos personales. Si no se implementan medidas adecuadas de seguridad y privacidad, existe el riesgo de exposición de información sensible, ataques cibernéticos y manipulación de datos para fines maliciosos.

Pérdida de empleos y desigualdad económica: A medida que la IA automatiza tareas y procesos, existe la preocupación de que esto resulte en la pérdida de empleos en ciertas industrias. Esto podría agravar la desigualdad económica si no se abordan adecuadamente los efectos de la automatización en la fuerza laboral y se implementan políticas de reentrenamiento y reconversión profesional.

Estos primeros párrafos, escritos en letra azul, han sido realizados directamente por ChatGPT, el modelo de lenguaje creado por OpenAI, basado en el uso de la Inteligencia Artificial y en el aprendizaje continuado (machine learning) que se ha hecho tan popular en los últimos tiempos. Esta mejora del sistema se logra a base de interactuar con millones de usuarios, de analizar textos y conversaciones, aprende de sus errores y, lo que puede ser más delicado, se le pueden añadir sesgos, opiniones, hacerlo tendencioso. El estilo literario es correcto desde el punto de vista gramatical, pero algo plano y desde luego no funciona como fuente de información fiable, por mucho que ofrezca datos precisos de cualquier materia. Para este texto solo le pedí que me escribiera cien palabras sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial y otras cien con los tres principales peligros que tenía esta herramienta. Si alguno quiere saber de qué es capaz esta herramienta si se le añaden datos para que GPT «opine» o cree metáforas, puede leer el artículo que publiqué esta misma semana en La Galerna (El Madrid tendrá que derrotar también a ChatGPT). Como me dijeron algunos lectores, es hilarante, sorprendente, pero también, me quedo con este adjetivo: «perturbador».

Las imágenes con las que arranca este post también han sido creadas por otra aplicación, DreamStudio, una herramienta de diseño para la realización de fotomontajes de gran realismo, imágenes que crea de la nada a partir de unas sencillas instrucciones. En mi caso, le pedí a la aplicación que me creara la imagen de un tipo de más de cincuenta años enfrente de un ordenador al que la cabeza se le va transformando en cifras, letras o nuevas imágenes. Bueno, yo tenía otra idea en mente (y además, tengo más de 50 palos y no me veo con el aspecto que me ofrece la fucking machine), pero veo que ofrece varias posibilidades, estilos (cómic, origami, anime, modelos de 3D, arte digital…) y luego puedes crear variaciones sobre las mismas.

ChatGPT, DreamStudio, Midjourney, Google Bard, Playground AI,… cada semana surgen nuevas aplicaciones y cada día, cada hora, mejoran los resultados de estas tecnologías. La potencia tradicional de los ordenadores para analizar y procesar información ha ido más allá y ahora se trata de que «piensen», que razonen por sí mismos. No es un tema nuevo en absoluto, llevamos décadas escuchando hablar del mismo, pero se ha multiplicado de modo exponencial los últimos cinco años y seguirá incrementando su importancia en los próximos, pues se calcula que hay unos 30.000 millones de aparatos conectados en el mundo, transmitiendo datos todos los días.

Hace más de un cuarto de siglo, en 1997, Deep Blue consiguió derrotar al campeón del mundo de ajedrez Garri Kasparov en un duelo muy mediático tras el cual, el ajedrecista de Bakú afirmó que su rival había tenido ayuda humana externa, porque le parecía imposible que hubiera sido capaz de llegar a determinados razonamientos. Le costó convencerse, pero al final entendió que un sistema capaz de analizar millones de movimientos por segundo podía tomar sus propias decisiones, incluso aunque algunas de ellas llevaran un componente de engaño, de trucos, que fue como Kasparov venció a Deep Blue en su primer enfrentamiento un año antes. Como dijeron algunos artículos, «la inteligencia artificial pone en duda la supremacía del hombre».

La Inteligencia Artificial ha encontrado tradicionalmente en los juegos un campo de desarrollo y enorme mejora. El juego de estrategia Go, de más de 2500 años de antigüedad, con millones de variaciones más que el ajedrez, fue utilizado por Google para desarrollar herramientas basadas en la IA (AlphaGo). En 2016 realizó ese sorpasso al ser humano y derrotó al campeón del mundo, el surcoreano Lee Sedol, en una serie de partidas televisadas. Hay un movimiento famoso, el número 37, que algunos denominaron «la mano de Dios» por esa especia de intervención divina que dejó completamente descolocado al campeón del mundo y a los asistentes al evento. La máquina estaba «creando» ventajas, razonando mucho más allá de lo humanamente entendible.

Lee Sedol estuvo tres años tratando de buscar nuevas estrategias para derrotar a la máquina, hasta que finalmente se convenció de que no podría hacerlo y se retiró, igual que Kasparov. Una vez que las máquinas aprenden y procesan las millones de posibilidades, mejoran con cada partida, con cada movimiento. Un caso sorprendente que me hace pensar que esto va «más allá» de lo comprensible fue el de Libratus y el póker. Libratus es un algoritmo de Inteligencia Artificial que logró derrotar en 2017 a cuatro de los mejores jugadores del mundo de póker tras tres semanas de manos jugadas. En el póker, al contrario que con el Go o el ajedrez, cada jugador desconoce las cartas de sus rivales y las bazas con las que cuenta, y además está el factor «faroles», jugar al engaño, a lanzar un anzuelo que una inteligencia artificial podría tratar de pescar con sus cálculos. Pues ni por esas. En lugar de utilizar redes neuronales para la toma de decisiones, como en otras máquinas, sus creadores explicaron que enseñaron a jugar a la máquina e hicieron que analizara millones de partidas de humanos, hasta que fue capaz de predecir incluso el comportamiento de los jugadores cuando se lanzaban un farol. En lugar de machine learning, hablaban de reinforcement learning. Como decía uno de sus creadores, Tuomas Sandaholm: “La mayor habilidad de la IA para hacer un razonamiento estratégico con información imperfecta ha superado a la de los mejores humanos”.

Es indudable que todas estas tecnologías traerán innumerables avances para la ciencia, la medicina y para prácticamente todos los campos (también el arte), pero también es indudable que vendrán acompañadas de nuevos problemas. Y no solo aquellos que el texto inicial de ChatGPT detectaba: sesgos y discriminación, pérdida de privacidad y seguridad, y pérdida de puestos de empleo. Libratus fue vendido al gobierno norteamericano para su uso en estrategia militar, y como dijo Elon Musk al hablar de una posible tercera guerra mundial: «puede que no la inicien los líderes nacionales, sino una de las inteligencias artificiales, si deciden que un ataque preventivo es el camino más probable a la victoria», (El futuro ya está aquí).

Todo esto nos retrotrae a algunos de los clásicos de Hollywood que ya en su día nos hablaron de sistemas informáticos que tomaban sus propias decisiones para ganar una guerra. Por supuesto, Juegos de guerra (1983) de John Badham. Y cómo no, la saga Terminator, que situaba en agosto de 1997 la fecha en que Skynet, la Inteligencia Artificial de uso militar, tomaba conciencia de su propia existencia y se rebelaba contra el creador que podía frenarla.

El creador de Open AI, empresa creadora de ChatGPT, Sam Altman, ha acudido esta semana al Congreso de Estados Unidos para pedir que se regule y controle la Inteligencia Artificial por sus posibles usos descontrolados y efectos inesperados. La carta del presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, IA: es el momento de pararse a pensar, va en la misma línea y se ha hecho viral por incidir en las enormes ventajas de esta tecnología, pero también en los enormes riesgos de una AGI (Inteligencia Artificial Generativa) descontrolada: «Es el momento sobre todo de las Ciencias Sociales. La tecnología ya está aquí pero no debemos dejarla sola. Es el momento de la sociología, la filosofía, la antropología, el derecho… De decidir cómo queremos que esto pase y sea bueno para todos, y no solo para unos pocos».

Continuará: Inteligencia Artificial (II): el contrato social.

Inteligencia Artificial (III): regulación, ¿cuándo, y quién?

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El futuro ya está aquí

Veinte años de Matrix

Profesor Tamames

LESTER, 27/02/2023

«Que el ritmo no pare», como dice la publicidad junto a la foto del incombustible profesor. Quién nos iba a decir a aquel grupo de estudiantes de Estructura Económica de la Autónoma de Madrid a principios de los noventa que nuestro ya entonces veterano profesor Ramón Tamames sería noticia de portada tres décadas después. Lo veo en los medios o en los telediarios como cabeza visible de la moción de censura presentada por los de Santiago Abascal y pienso para mis adentros, como tanta gente, “Ramón, profesor, quién le ha visto y quién le ve”.

Con el paso de los años tengo que reconocer que tuve suerte, que tuvimos mucha suerte con los profesores que nos tocaron en aquellos años en la universidad pública (1988-93, en mi caso), aunque cuando tienes veinte años tu preocupación se reparte entre si los árbitros de Tenerife estaban comprados o si algún día tendríamos secuela de Star Wars. Por mucho que estuviéramos matriculados allí, la economía no estaba en nuestras conversaciones en el césped de la universidad.

Tamames nos dio clase en tercero de su especialidad de siempre, Estructura Económica. En el último año, en quinto, en aquellos años en los que la carrera era de cinco años, tuvimos a Emilio Ontiveros, fallecido hace unos meses, una cara mediática bien visible en esto de la economía, y una voz habitual en los medios del grupo Prisa, tanto escritos como hablados. También tuvimos a José Manuel Revuelta, director de Cinco Días y años después presidente de Navantia. Mis compañeros de Empresariales tuvieron a Cristóbal Montoro antes de ser el ministro Montoro que ha protagonizado un par de post a lo largo de la historia de este blog (Premios Montoro a la mala gestión y Montoro miente).

Don Ramón Tamames era y es un economista con un bagaje cultural indiscutible, con un conocimiento apabullante de numerosas materias. Con muchos tiros metafóricos pegados en el pasado, muchas batallas a sus espaldas y un inconformismo fuera de toda duda, como acredita su detención en 1956 en la primera huelga de estudiantes durante el franquismo, su paso por el Partido Comunista, la Federación Progresista, su trabajo en la fundación de Izquierda Unida, el paso por el Centro Democrático y Social de Suárez, y su sorprendente fichaje por Vox para una moción sin recorrido.

Sus clases no tenían un guion previo, o quizás su virtud era que no parecían tenerlo, pero el caso es que enganchaba un tema y comenzaba a disertar una hora entera sobre el asunto en cuestión, yéndose a otras historias, ligándolo a asuntos diversos de toda índole, comparando con situaciones previas o soluciones dadas en otros países… Recuerdo que la pizarra acababa las clases repleta de siglas, o de letras que no eran siglas, sino abreviaturas en la cabeza del profesor. PDM podían ser los “Pactos de la Moncloa”, CM era un “Consejo de Ministros” y a veces los alumnos nos preguntábamos qué quería decir eso de “CDP”. ¿Era el Carbon Disclosure Project? ¿O era un Comité de Profesionales, o solo “una Casa de Putas”, como me respondió mi amigo Carlos?

En algunas de sus clases dejaba caer sus participaciones en algunos de los hechos históricos recientes de nuestro país, o cómo algunos políticos de postín habían demandado su asesoramiento para la configuración de esta nación en los años de la transición. Como ya salí del anonimato hace unos meses, no me importa decir que Ramón Tamames y Emilio Ontiveros aparecen en el libro sobre la universidad que publiqué en Temas de Hoy en 1995, en la colección de narrativa de humor El Papagayo.

Pero para hablar hoy de la aparición de Tamames en mi libro, tengo que hablar primero de Emilio Ontiveros. En aquellos años de gobierno socialista, él era el economista que aparecía en numerosos medios afines, el mismo del que nunca olvidaremos aquella clase en que nos dijo categóricamente: “tras las dos primeras devaluaciones de la peseta (del 5% y el 6%) y los ajustes realizados por el gobierno, no hay ninguna razón para una nueva devaluación de la moneda”. No había internet y nuestras clases eran por las tardes, pero nunca olvidaré que fue llegar a casa y ver en el telediario que la peseta se devaluaba un ocho por ciento. ¡Un ocho por ciento adicional! Desde entonces, marcarse un Ontiveros era para nuestro grupo de amigos de la universidad hacer una predicción económica errónea. Y «jugar a Tamames» es una broma exclusiva de nuestro reducido grupo de guasap. Ojo, que Don Emilio era brillante explicando el pasado y las causas de lo que sucedía en el día a día, pero pocas veces vimos que acertara en los pronósticos. Este es el perfil resumido que dibujé de Ontiveros en 1993:

Míster “Pez Gordo”

El “pez gordo” es ese sujeto de reconocido prestigio en su campo que da clases en la universidad como cuarta ocupación profesional y que tiene la vanidad como principal característica. Trabaja en un despacho propio, escribe artículos en algún periódico o revista especializada, es catedrático, participa en debates o programas de radio y alguna vez de televisión (no en La batalla de las estrellas) y está enamorado de su figura. (…)

Alaba sus propios trabajos, sus intervenciones en radio y televisión, sus artículos (de obligada lectura) y, por supuesto, su libro es el mejor y es también el que se sigue para la asignatura. Es el prototipo de profesor al que la tarima le viene enana y necesitaría más altura para separarse de la chusma de sus alumnos, a quienes en su mayoría desprecia.

Su dedo es el más temido a la hora de las preguntas, porque, sea cual sea la respuesta, intentará ridiculizar al alumno. (…) ¿Intentan vengarse de alguna tortura psicológica sufrida en su más tierna infancia? (…) Por supuesto, este “pez gordo” no hace revisiones de examen. Faltaría más, deberíamos estar contentos de que se digne a darnos clase. Además, su opinión va a misa y no tiene por qué aguantar estupideces de sus alumnos”.

En la vida de los que estudiamos con Don Emilio hay un antes y un después de sus clases. Antes de ellas, en los periódicos solo leíamos los deportes, la programación de cine y el humor gráfico. Después de un añito con él, nos tocó interesarnos sobre economía y política. Y lo logró. Hay una frase suya que nunca olvidaré sobre los economistas que aparecían en los medios: “En este país nadie escribe bien. Bueno, yo sí”.

Guardo un mejor recuerdo de Don Ramón Tamames, quien ya parecía octogenario en los noventa, y de él escribí lo siguiente (no olvidemos que tenía menor peso en los medios):

Míster “Pececito Gordo”

Así llamado por tratarse también de un profesor de cierto prestigio, colaborador habitual de prensa y televisión, pero a quien se concede menos importancia que al sujeto anterior. Esto es algo que difícilmente soporta y su reacción consiste en dar un relieve desmesurado a todos sus actos mediante la táctica de restarles trascendencia, de mal disimular modestia, de decir las cosas como sin querer. Sus frases favoritas son:

  • “Perdonad el retraso, Vengo ahora mismo del puente aéreo Barcelona-Madrid”. (Sin duda, habrá forzado ese retraso para poder contarlo).
  • “Como decía ayer en Antena 3…”.
  • “Mañana no habrá clase porque tengo que dar una conferencia sobre…”. (Descuida, sabiendo que no hay clase no interesan los motivos).

De vez en cuando, como revancha ante el “pez gordo” por restarle protagonismo, lanzará tímidos ataques subliminales contra el mismo con expresiones del tipo:

  • “No puedo estar muy de acuerdo con la opinión de “pez gordo” sobre…”.
  • “Me cuesta creer que así se pueda frenar la inflación, porque…”.
  • “Que me perdone mi querido colega, pero no puedo darle la razón respecto a…”.

La falsedad con la que pronuncia “mi querido colega” solo puede equipararse a las recreaciones de un asesinato en un reality show.

M. “Pececito gordo” se enorgullece de que su libro vaya por la vigesimosegunda edición, aunque quizás debería tener en cuenta que lleva veinticinco años utilizándolo como libro de texto.

La editorial Temas de Hoy encargó al ilustrador Luis Miguel Pérez González que acompañara mis textos con una serie de dibujos y el diseño de la portada, y aunque nunca lo conocí en persona, me pareció un crack. Un fuera de serie que captó la esencia de cachondeo que había en el libro. Con Don Ramón Tamames lo clavó:

Estaré pendiente de la moción de censura, o mejor dicho, del discurso de Tamames en el que nos hablará de los problemas de la nación, de la deriva de este país, de la ruptura de la HDPC por la RN y SD, de la TIU con Bildu, o de los intentos de DNE. Con el profesor siempre se aprende.

Para curiosos:

HDPC: Histórica Declaración del Partido Comunista.

RN y SD: Reconciliación Nacional y Solución Democrática.

TIU: Traición de Izquierda Unida.

DNE: Destrucción de la nación española.

Ah, y por suerte, mi libro está descatalogado: no soportaría los controles de censura actuales.

«Sportswashing» by Arabia Saudí

JOSEAN, 21/01/2023

El sportswashing es el término inglés utilizado para denominar la práctica de aquellos países o regímenes dictatoriales que utilizan el deporte para lavar su imagen (whitewashing). Con unos años de retraso sobre los cataríes, Arabia Saudí se ha lanzado a tumba abierta (u opaca, en el caso de los trabajadores fallecidos en régimen de semiesclavitud) a mejorar su imagen internacional con la organización de grandes eventos deportivos.

La firma con los organizadores del Dakar por diez años (15 millones de euros anuales), la celebración de un Gran Premio de Fórmula-1 en Jeddah durante los próximos diez (se habla de un monto global de 650 millones), el circuito de golf con premios multimillonarios para atraer a los mejores profesionales, la celebración de veladas de boxeo con varios de los mejores púgiles del mundo y bolsas estratosféricas, la compra del Newcastle, las Supercopas de España e Italia y como colofón, el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nasr por un salario anual de 200 millones de euros, todo forma parte de la promoción del país y su Saudi Vision 2030. Una agenda de eventos y promoción internacional que pretende atraer el turismo al país y de paso, mejorar su imagen en el exterior. El objetivo final es la organización de un Mundial (han presentado la candidatura de 2030 junto con Egipto y Grecia) o unos Juegos Olímpicos en 2036.

Utilizar el deporte para vender la imagen de tu país es algo tan antiguo como el propio deporte como fenómeno de masas. Los dirigentes deportivos nunca se han llevado mal con dictadores o jefes de estado de todo tipo y moral, y si nos remontamos en el tiempo, llegamos al menos hasta Hitler y los Juegos de Berlín en 1936 como escaparate internacional para la difusión de la idea de la raza aria como superior. Pero realmente me pregunto siempre: un estado totalitario, o una dictadura en los índices más bajos en materia de derechos humanos, ¿de verdad consigue lavar su imagen al atraer a los mejores deportistas del mundo?

Acabamos de tener la prueba más reciente con el mundial de la infamia y la vergüenza en Catar. Por mucho empeño que pusiera el presidente de la FIFA Gianni Infantino en elogiar los avances del país, millones de espectadores han podido saber qué dicen las leyes acerca del papel de la mujer, el colectivo gay, los derechos de los trabajadores inmigrantes o las libertades más fundamentales como la de expresión, de prensa o de asociación. Lejos de blanquear la dictadura catarí, el que ha querido conocer la realidad del país ha podido hacerlo de numerosas maneras, con reportajes durísimos, documentales estremecedores o leyendo el Informe de Amnistía Internacional al que aquí nos referimos durante el propio mundial del que nos negamos a hablar.

Arabia Saudí pretende abrirse al mundo y mostrar sus maravillas naturales (que no dudo de que las tendrá) del mismo modo que se abrió a recibir turistas hace apenas tres años, pero a lo que sus dirigentes parecen reacios es modificar sus políticas en materia de derechos humanos. A mí, y supongo que debería ocurrir con toda persona de bien, el hecho de que Cristiano Ronaldo vaya a jugar allí los próximos dos años, o que ahora vayan los «deseados» Messi, Modric, Sergio Ramos o Di María, no me va a cambiar la opinión sobre el país. Dejo estos ejemplos extraídos de la página de Amnistía Internacional:

  • Se calcula que han muerto unas 233.000 personas en la guerra de Yemen, en la que Arabia Saudí encabeza una de las coaliciones internacionales en conflicto. la UEFA y la FIFA expulsaron a Rusia de inmediato de todas las competiciones internacionales tras la invasión de Ucrania, pero Arabia Saudí lleva años participando con regularidad en cualquier torneo, mundial incluido.
  • No hay libertad de expresión y se siguen dando casos como la condena a Shalma al-Shebab a 34 años de cárcel por tuitear a favor de los derechos de las mujeres en el país. Sus blanqueadores occidentales dicen que se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años. Claro, ahora ya pueden conducir, algo insólito vedado hasta hace un lustro, «gran avance». Pero sigue rigiendo el derecho de tutela del varón (padre o marido) sobre la mujer, y se alcanza la locura más desesperante con el hecho de que una mujer que sufre violencia de género necesita el consentimiento de su marido para poder solicitar acogida en un centro.
  • En 2022 se ejecutó a 128 personas, pese a que los dirigentes habían prometido derogar la pena de muerte para determinados delitos de opinión o narcotráfico. Los juicios siguen sin contar con todas las garantías necesarias para los acusados.
  • Arabia Saudí no ha firmado el tratado internacional contra la tortura y la sigue practicando contra los presos. El defensor de los derechos LGTBI Mohamed al-Bokari fue condenado a recibir 500 latigazos acusado de violar la moral pública.
  • Figura en el país 127 de un total de 142 en materia de igualdad de género.
  • Los trabajadores inmigrantes siguen sometidos al régimen de la kafala (igual que en Catar), lo que los convierte en mano de obra barata, sin apenas derechos. Pasan a ser «propiedad» de sus empleadores que los obligan a trabajar en condiciones precarias. Da igual el calor que haga.
  • No hay libertad de prensa, ni de asociación, por lo que no hay oposición a los dirigentes, ni mediática, ni política. En la actualidad hay al menos 26 periodistas detenidos por ser críticos con el régimen. Según Reporteros Sin Fronteras, Arabia Saudí ocupa el puesto 166 sobre un total de 180 en libertad de prensa.

El nuevo dueño del Newcastle no es otro que el príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman, el mismo que ordenó el envío de agentes a Estambul para detener al periodista Jamal Khashoggi, que fue torturado durante horas, asesinado y su cuerpo descuartizado y sacado del país en valijas diplomáticas. Cuando el Newcastle fue vendido al fondo soberano saudí en 2021, hubo una concentración de aficionados del club inglés en la sede del club. Pensé que estaban protestando el hecho de caer bajo las garras de la satrapía saudí, y sin embargo, estaban de celebración: habían sido adquiridos por una fortuna diez veces mayor que la del fondo de Abu Dábi que compró el Manchester City.

¿Se puede hacer algo para frenar el empuje de los países del golfo en Europa? Seguro que sí, al menos en el deporte, aunque poderoso caballero es don dinero, y dudo mucho que algo vaya a cambiar. Durante los setenta y los ochenta, cualquier deportista profesional que participara en un evento deportivo en Sudáfrica era vetado y sancionado para cualquier competición internacional. Las sanciones a Sudáfrica por su política de apartheid podrían muy bien replicarse para aislar «deportivamente» a Catar o Arabia. Pero no se hará, sino todo lo contrario, irá cada vez a más.

En la rueda de prensa previa al mundial de Catar, Gianni Infantino dijo que en Europa o en occidente éramos unos hipócritas con un largo historial de abusos a nuestras espaldas. Y puede que fuera lo único en lo que estuve de acuerdo con él, aunque fuera por motivos bien distintos a su intento de blanqueamiento de los cataríes.

Claro que es hipócrita acusar al país de violaciones de derechos humanos, pero luego abrirse de nalgas ante ellos para conseguir el contrato del AVE a La Meca, o el pastizal de la Supercopa de España (lamentable que se haya privado de este espectáculo a los aficionados de los clubes españoles), o los contratos de los astilleros de Navantia para la venta de buques de guerra. Los países que más armas venden a Arabia Saudí son, por este orden: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España. Y renunciar a estos fondos es renunciar a muchos puestos de trabajo. Recomiendo el programa Salvados de Jordi Évole y su conversación con el alcalde de Cádiz, el popular Kichi, sobre este asunto en particular (enlace). Las cancillerías occidentales lavan su conciencia obligando a firmar un acuerdo con los compradores de armas para que estas no se utilicen en revueltas civiles internas o contra la población de un país enemigo con el que se está en guerra. Pero una vez vendidas las armas… el silencio, la falta de control sobre su uso.

Y claro que Europa es hipócrita, como lo fue en su día con Gaddafi, con Teodoro Obiang, con Pinochet, con el general Noriega o con cualquier otro líder de un país con reservas naturales o infraestructuras estratégicas básicas. La frase de Franklin Delano Roosevelt sobre el dictador Somoza define a la perfección la política mundial: «es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».

A mí no dejan de sorprenderme las genuflexiones de los líderes occidentales cada vez que viene un jeque con sus cargamentos de petrodólares y los contratos bajo el brazo. Yo, que ya estaba casi convencido de ser un potencial violador y un maltratador por el mero hecho de haber nacido hombre, o que era racista por ser blanco, homófobo por ser hetero y no comulgar con alguno de los postulados del colectivo LGTBI, tránsfobo por criticar aspectos de la ley trans, o que tenía que pedir perdón por ser español y hace cuatrocientos años nuestros ancestros cruzaron el charco para llevar su civilización, ya lo tengo claro: tendría que declararme saudí, aunque eso sea imposible. Así podría ser bien recibido en todas partes pese a no respetar ninguno de los derechos básicos de la mayor parte de la ciudadanía, y no se me tildaría de nada porque estaría en mi cultura y habría que respetarla.

En fin, una pena. Arabia Saudí ha desembarcado en la Premier League con la compra del Newcastle. y se habla de que incluso podría comprar el Liverpool o el Manchester United. La normativa de la UEFA lo impide, pero ya buscarán una triquiñuela legal para que se lo permitan, como que cada club pertenezca a un fondo saudí diferente. Menuda es la UEFA para el cumplimiento de la legalidad.

El fondo catarí QSI, propietario del Paris Saint Germain, está negociando la entrada en la Premier y la compra de un club inglés. Según parece, entraría en la puja por el Liverpool. 16 de los 20 clubes de la Premier están en manos extranjeras: fondos americanos (Arsenal, Chelsea, Manchester United, Leeds, Crystal Palace), de Abu Dábi (Manchester City), Irán (Nottingham Forest) o Arabia Saudí (Newcastle ¿y…?). La Superliga promovida por el Real Madrid, el Barça o la Juventus no será el problema de las ligas nacionales en los próximos años. El problema va a ser la Premier, que se lo está llevando todo del resto de ligas pagando unas cifras estratosféricos con fondos provenientes en muchos casos de dictaduras, y la UEFA va a ser cómplice de todo este proceso. Sobre este asunto va el último vídeo grabado en el canal de Kollins: