JOSEAN, 18/05/2022

(Viene de: Inflación (I): deflación, estanflación, reduflación y otros conceptos)

Greenflation o inflación verde

La primera vez que leí este término fue en un artículo sobre las palabras de Isabel Schnabel, Responsable de Operaciones de Mercado del Banco Central Europeo. La greenflation o inflación verde como concepto me parece atinado, expresa el incremento de precios al que tendremos que acostumbrarnos para cumplir los compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio climático, en pos de la transición energética, o en materia de residuos, economía circular y biodiversidad.

La inflación en España se situó en 2021 en el 6,1 por ciento, mientras que en la eurozona alcanzó una media del 5 por ciento, y en Estados Unidos, un 7,5. Unas cifras no vistas en décadas. En España al menos, el incremento de la inflación se debió en un 25 por ciento al incremento del precio de los hidrocarburos y en un 46 al de los precios de la electricidad. De este brutal incremento de precios de la energía eléctrica, al menos la cuarta parte se debió al «mercado de humos» de los derechos de emisión de CO2, es decir, al componente especulativo y de conveniencia creado para cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Es tan claro que la propia Unión Europea está desarrollando alternativas para «flexibilizar» la rigidez de este sistema, aun cuando ello suponga incrementar la capacidad de emitir gases contaminantes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en abril una medida que permitirá el uso de gasolinas más contaminantes para frenar la inflación. Se trata de una gasolina con menor poder energético, más contaminante, pero más barata, y el título del comunicado del presidente no dejaba margen a la interpretación: Biocombustible de producción nacional para combatir la subida del precio de la gasolina causada por Putin y bajar los costes de vida a las familias estadounidenses. Lo cachondo del asunto es que una medida similar había sido propuesta por Donald Trump tres años antes (sin la mención a Putin), lo cual causó una gran oposición en las filas demócratas, que ahora, a la hora de elegir entre la economía y «lo verde» se sitúan en el lado de la primera.

Hay cosas que cuesta entender como ciudadano. Por ejemplo, que nuestro compromiso por la sostenibilidad (a través de la Ley de Cambio Climático) prohíba el uso en España de la tecnología del fracking, perfecto, nada que objetar. No soy técnico, pero si atendemos a lo que dice la mayor parte de los expertos consultados (muchos otros opinan en otro sentido), los daños medioambientales de esta técnica de extracción de gas desaconsejan su uso, pese a que podría servir para abastecer a España durante las próximas cuatro décadas (Fuente: ABC).

Lo que no parece de recibo es que optemos por descartar esta fuente de energía, pero no nos cause un conflicto «moral-sostenible» importar el gas de Estados Unidos… extraído con la misma técnica del fracking. De este contrasentido ya advertía recientemente el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Y no le falta razón. Si la Unión Europea abogaba recientemente por el seguimiento de los compromisos contra el cambio climático y en favor del cumplimiento de derechos humanos y laborales a lo largo de toda la cadena de valor (no vale eso de «ser sostenible aquí, pero importar de donde no lo es»), este es un caso claro de incumplimiento. O de cumplimiento de cara a la galería con impacto directo en las cuentas públicas.

Creo sinceramente que el compromiso por la sostenibilidad es claro en la sociedad, en las empresas y en la mayor parte de los ciudadanos, pero cuando se pone el bolsillo en la balanza, algunas convicciones se resquebrajan. Sin entrar en cuestiones políticas o de oposición a la Agenda 2030 (que la hay, y puede que creciente), ¿cuál es el coste que tendremos que soportar o que estamos dispuestos a asumir para cumplir los compromisos asumidos por las principales economías occidentales? ¿Se trata de compromisos que solo podrán adquirir los países más ricos, mientras que los países en vías de desarrollo tendrán que mantener el uso de energías más contaminantes? Que ya es una exigencia de varios países africanos y asiáticos, por cierto, que se cuestionan por qué tienen que invertir en renovables cuando occidente se ha beneficiado para su progreso del uso de tecnologías «sucias».

Resulta complicado cuantificar el impacto de dicha transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, y en especial, el coste que va a tener durante los años en los que se pasa de un modelo a otro. La consultora McKinsey calcula en 3,1 billones de euros anuales hasta 2030 el coste hacia la transición energética. Otro informe sobre Transición Energética y Financiación, realizado por el Club de la Energía, cifra en 6,2 trillones de dólares americanos (5,2 billones de euros) el coste anual hasta 2030 para adaptar los sistemas de producción de energía, distribución y transporte a los nuevos parámetros. Se habla de una cifra cercana al ocho por ciento del PIB mundial. Como eso nos pilla «muy lejos», o son cifras macro que nos cuesta asimilar, el cálculo realizado por Enel Foundation y The European House-Ambrosetti nos ayuda a ponernos en situación: unos 8.000 euros por ciudadano europeo. Esa es la cifra resultante de dividir el déficit de inversiones de la Unión Europea para cumplir con los objetivos de descarbonización antes de 2030 (3,6 billones de euros) entre los 446 millones de ciudadanos europeos. No es una cifra anual, sino por el período completo, pero estamos hablando de un importe cercano a los 1.000 euros por habitante y año.

Y todo lo anterior solo para lo referido a la descarbonización del modelo energético, la reducción de emisiones y los compromisos contra el cambio climático. Que luego habrá que añadir el coste de los nuevos impuestos relacionados con los residuos: sobre el plástico, sobre los envases, el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la Responsabilidad Ampliada del Productor, que traslada al fabricante el coste de gestión de los residuos y una larga batería de medidas de carácter tributario que inciden en la recaudación, y no en la realización de las inversiones necesarias para gestionar de manera adecuada los residuos. Todas estas medidas se trasladarán al precio de los productos, lo que generará otro efecto inflacionario, o «greenflacionario».

Por si alguien tiene dudas sobre este bloguero, estoy dispuesto a asumir el coste necesario y solo pido que se haga cuanto antes y de manera efectiva. No lo estoy tanto para asumir chorradas u organismos que no aportan nada en esta o en otras materias. Y a buen entendedor…

«Ukrainflation» o la inflación generada por la invasión de Ucrania

Con todo el gazpacho mencionado en el anterior post y en este (compromisos medioambientales, crisis de suministros y materias primas, tensiones geopolíticas, incremento del consumo mundial tras la pandemia), no entiendo que el gobierno se centre en culpar de la inflación en exclusiva a lo que el Consejo de Ministros denomina al unísono «la guerra de Putin».

No es necesario. Son tantos los factores y ajenos al gobierno, es tan fácil la comparación con el resto de la eurozona, que me parece poco inteligente escurrir el bulto tratando de decir que todo es culpa de la invasión de Ucrania por el ejército de Rusia. Parece de Primero de Estrategia de manipulación mediática: simplificar el mensaje y aludir a la temporalidad de los efectos, mencionar el problema y hablar de la solución (quitar a Putin), como si todo se fuera a solucionar en un chasqueo de dedos.

La invasión de Ucrania ha agrandado el problemón que se venía arrastrando desde meses atrás y el gobierno se ha movido bien en algunos ámbitos para tratar de afrontar el problema, como con la llamada excepción ibérica aprobada para limitar el precio del gas en España y Portugal, o con algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 6/2022 aprobado en marzo pasado.

El real decreto tiene un preámbulo de 42 páginas, una abundancia de explicaciones para incidir en el impacto de la guerra de Ucrania sobre los precios, cuando (creo) que lo que queremos los ciudadanos son medidas y no tanto insistir en si la culpa es de esto o de aquello. Y cuando algo necesita «sobreexplicaciones» corre el riesgo de caer en contradicciones o de pervertir el mensaje. El objetivo de las medidas (pág. 10) es «…limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, atajar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad». Vuelve a insistir en la naturaleza temporal y en la distorsión geopolítica cuando ya hemos visto que los problemas son mucho más extensos, vienen de lejos y persistirán cuando acabe la guerra en Ucrania (ojalá sea pronto).

Precisamente porque las presiones inflacionistas venían de muy atrás, el mismo gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto-ley el 14 de septiembre de 2021 para combatir la escalada de precios del gas y la electricidad. Y otro posteriormente en octubre.

El resto del preámbulo se centra en el impacto en los precios de los cereales, debido al peso de Ucrania en el mercado europeo, en los efectos sobre los sectores ganadero, agrícola y pesquero (incremento del precio de los fertilizantes, incremento de los costes eléctricos…), en las ayudas a una parte del sector del transporte, así como en otra serie de medidas de muy largo recorrido, como son casi todas las referidas a la energía: «Estas medidas deberán abordarse, una vez más, desde una visión omnicomprensiva, que combine medidas de naturaleza coyuntural para frenar la escalada de precios, entre las que se destacan las medidas de ámbito fiscal, con medidas de marcado carácter estructural, fomentando el autoconsumo y promoviendo la integración de nuevas tecnologías renovables que…». «El capítulo III recoge medidas para la agilización de los proyectos de energías renovables con la finalidad de acelerar la descarbonización y reducir la dependencia energética».

Esas «medidas de ámbito fiscal» como la rebaja de veinte céntimos en el precio de la gasolina y el diésel han sido las más directas para el bolsillo del ciudadano y ya han tenido un impacto en el IPC de abril, pero los precios siguen subiendo. Y la fiscalidad de los carburantes no se ha tocado. Por otro lado, se incide en la necesidad de actuar sobre los windfall profits o beneficios caídos del cielo, un aspecto que, como tantos otros mencionados en el decreto, no tienen que ver con la invasión de Ucrania, sino con el modo de configurar el precio de la energía.

En cualquier caso, los impactos de la guerra sobre la inflación son difíciles de acotar y dependerán en buena parte de la duración de la misma. El Banco de España presentó en la misma fecha del real decreto un Informe en el que realizaba sus valoraciones sobre el impacto posible de la guerra en la economía de España y de la eurozona:

La guerra no ha hecho sino empeorar lo que ya mostraba una clara tendencia inflacionista:

Tras un repaso al posible impacto por sectores, el Banco de España concluye con las previsiones del BCE sobre el impacto de la guerra en Ucrania sobre el PIB y el IPC: entre el 1,9% y el 3,9%, lo cual dependerá de la duración y de las medidas que se adopten para combatir sus efectos.

Ojalá acabe pronto la guerra. Y no solo por la inflación o los efectos sobre el PIB.

La Comisión Europea acaba de rebajar (de nuevo) las previsiones de crecimiento para España al 4 por ciento (rebaja de 1,4 puntos) y sitúa la inflación para 2022 en el 6,3 por ciento. Casi nada.

Parafraseando a Bette Davis en Eva al desnudo: «abróchense los cinturones, va a ser un año muy movido».