Reducir, reusar, reciclar… residuos, ¿recursos?

JOSEAN, 28/11/2021

La semana que hoy termina ha sido la European Week for Waste Reduction, la Semana Europea por o para la Reducción de los Residuos, una semana en la que, al igual que en la reciente Cumbre de Glasgow (aquí definida como Día de la Marmota), se ha hablado mucho de «lo que hay que hacer» y se ha insistido en que «hay que actuar pronto», pero por desgracia con resultados poco concluyentes. Por supuesto que se logran avances, pero con una lentitud en muchos casos exasperante, con incumplimientos continuos de las metas marcadas. Cambiar un modelo productivo que lleva funcionando décadas no es una tarea sencilla y la innovación para buscar alternativas suele ser una apuesta arriesgada y de coste elevado en el corto plazo, pero no tengo ninguna duda de que solo la investigación y los avances tecnológicos, unido a la sensibilización ciudadana, permitirán que todas esas palabras que suenan tan bien como «economía circular», «infraestructuras verdes» o «modelo sostenible» sean reales y no simples quimeras.

Hemos pasado de las tres «erres» tradicionales (reducir, reutilizar y reciclar) a las cinco (añadiendo reparar y recuperar) e incluso a algo más ambicioso, puesto que vamos ya por las siete «erres» del proceso: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Repensar el modelo. Pero si este proceso se convierte en una especie de Scattergories con la R, a mí se me ocurre que dentro de la economía circular no cabe otra alternativa que considerar al Residuo como un Recurso más que incorporar a la cadena productiva.

El Consejo de Ministros aprobó en mayo de este año el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, una ley necesaria que se une a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la Estrategia Española de Economía Circular (España 2030) y a las directivas de la Unión Europea que conforman el Paquete de Economía Circular. El proyecto de Ley de Residuos:

  • Introduce restricciones a los plásticos de un solo uso y propugna su eliminación.
  • Plantea objetivos de reducción de residuos en varias fases. La reducción de envases en origen, en la distribución y en la propia venta al público de productos resulta fundamental en el proceso.
  • Prohíbe la destrucción de excedentes de productos no perecederos (textil, juguetes, aparatos eléctricos).
  • Trata de combatir el despilfarro de alimentos.
  • Obliga a ayuntamientos y entidades locales a implementar nuevas medidas de separación de residuos en origen y su tratamiento previo al depósito en vertederos.
  • Y un aspecto posiblemente clave: se crea un nuevo impuesto a la incineración y eliminación de residuos en vertederos.

La nueva Ley de Residuos sustituirá a la anterior, de 2011, en la que se fijaba una serie de objetivos de cumplimiento para 2020 en materia de reciclaje y depósito de residuos en vertedero (acordes con las directivas europeas) que no se han cumplido. El objetivo del 50% de reutilización y reciclado en 2020 quedó lejos de alcanzarse y, según los últimos datos que he podido encontrar en la web del propio Ministerio para la Transición Ecológica (datos de 2018), apenas el 35% de los residuos fueron reutilizados o reciclados:

Este mal dato provocó que dieciséis organizaciones ecologistas presentaran una denuncia ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa europea en materia de residuos. Para que los menos habituados se hagan una idea de las cifras manejadas (y hablo solo de residuos municipales), cada ciudadano produce una media aproximada de 1,3 kilos de residuos diarios, unos 500 kilos anuales. Según la citada Memoria del Ministerio, en España se generaron 22,3 millones de toneladas de residuos. De basura. Si miramos el cuadro, comprobamos que más de la mitad acabaron enterradas en un vertedero. Las instalaciones autorizadas para el tratamiento de los residuos son las siguientes (pág. 9 de la Memoria):

No es una sensación, sino una certeza: hay pocas instalaciones adecuadas para el tratamiento de los residuos. Y numerosos vertederos con una capacidad ¿para…? ¿Hasta cuándo? ¿Es sostenible este modelo por tiempo indefinido? Según el Miteco, «en estos vertederos se depositaron otros residuos, entre ellos residuos industriales no peligrosos y lodos de depuradora. En gran parte de estos vertederos existen sistemas de captación del biogás producido, siendo aprovechado en la mayoría de ellos para producir energía eléctrica». Esa es otra, «gran parte», «la mayoría»… vuelvo a la consideración del residuo como un recurso infrautilizado. La detección reciente de la mayor emisión de metano de Europa junto al vertedero de Valdemingómez por parte de la ESA (Agencia Espacial Europea) nos ha permitido saber que el metano expulsado a la atmósfera podría generar energía suficiente para abastecer las necesidades de 350.000 hogares.

El objeto de este post no es hablar del metano, el segundo de los gases que más contribuye al calentamiento global tras el dióxido de carbono (recordad El mercado de humos), pero sí quería aprovechar el dato para destacar que cuando se habla del metano el debate se suele centrar en la ganadería, pero muy poco en la fermentación de la materia orgánica en vertederos. La reciente cumbre de Glasgow planteó la reducción de sus emisiones en un 30% para 2030 respecto a los niveles actuales. Pero las cifras que se van a invertir son (again!) ridículas:

300 millones de dólares entre 103 países, hagan cuentas.

Volviendo al asunto de los residuos y su reciclado, los nuevos objetivos marcados por Europa (abril de 2018) son aún más ambiciosos que en la década precedente:

  • Para 2025, los Estados miembros deben reciclar un 70 % de los metales ferrosos y residuos de vidrio, un 65 % de los envases, un 75 % del papel y el cartón, un 50 % de los residuos plásticos y de aluminio y un 25 % de la madera.
  • Para 2030, un 80% del papel y el cartón, un 70 % de los envases, un 80 % de los metales ferrosos, un 75 % del vidrio, un 60 % del aluminio, un 55 % del plástico y un 30 % de la madera.
  • Las metas fijadas para los residuos municipales suponen que su reciclado debe ser de al menos un 55 % en 2025, un 60 % en 2030 y un 65 % en 2035. También propone reducir el desperdicio de alimentos en un 50 % para 2050 y que solo un 10 % de los residuos municipales terminen en vertederos en 2035.

Me quedo con este último dato. Si se pretende que apenas un diez por ciento de los residuos acaben en vertederos, o que el reciclado alcance las cotas fijadas por la Unión Europea, no queda otra que realizar inversiones serias y potentes en la materia. El sector de tratamiento de residuos calculó las inversiones necesarias en 10.000 millones de euros, incluyendo en esa cifra no solo la construcción y mejora de las plantas de tratamiento, sino también la implantación de la movilidad eléctrica en la flota de vehículos municipales de limpieza viaria y recogida de residuos (unos 20.000 vehículos).

Apenas se ha invertido en plantas de tratamiento de residuos en España en la última década debido a la situación de buena parte de las administraciones públicas, y la ocasión que brindaban los Fondos Next Generation para modernizar las instalaciones era única. El sector proponía la mejora de la recogida selectiva, incorporando otros residuos como los aceites de cocina o el textil, y la investigación en nuevas tecnologías de valorización de residuos para obtener más y mejores materias primas secundarias a partir de los residuos, pero la sensación que queda es de ocasión perdida. Según Mariano Sancho, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano, de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, apenas 3.782 millones se destinarán a la Estrategia de Economía Circular, de la que además no se ha especificado las partidas destinadas a valorización de residuos, mejoras de infraestructuras de reciclaje o electrificación de las flotas de servicios urbanos. Como aspecto positivo al menos, cabe destacar que se trata de una partida muy superior a los 400 millones de euros asignados en los Presupuestos Generales del Estado para la materia, una cantidad irrisoria cuando se habla continuamente de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Siguen pasando los meses, se avanza muy lentamente y apenas hay noticias del destino de los fondos. El tiempo apremia si se pretende alcanzar los objetivos intermedios, los de 2025. Las inversiones en plantas de residuos manejan plazos amplios de proyecto, licitación, recursos, ejecución y puesta en funcionamiento, y 2030 está a la vuelta de la esquina. Se presentaron 1.300 proyectos de fomento de la economía circular al Miteco, luego la excusa no puede ser que no exista una idea clara de qué hacer con los fondos. La colaboración público-privada será fundamental para revertir el proceso actual. Hay cientos de ideas interesantes para robotizar las plantas e incrementar su eficiencia, para aumentar los usos del subproducto generado y reducir el residuo que se lleva al vertedero, para recoger el aceite usado, primar el retorno de envases o sustituir el plástico o el papel. Muchas de ellas provienen de pequeños empresarios con grandes ideas y mucho entusiasmo. En algunos de los sectores más contaminantes, como el textil, aparecen empresas como Ecoalf o Sepiia, que producen a partir de material reciclado. Pero todo esto no es posible sin el apoyo de los consumidores y sin medidas adicionales que se tienen que tomar desde el propio gobierno. Una de estas prendas no puede competir en precio (ni lo pretende) con una camiseta traída de China, Bangladesh o Vietnam, luego quizás haya que completar las medidas con el establecimiento de aranceles verdes, un impuesto en frontera para evitar la competencia no sé si desleal de productos producidos en países con menores exigencias en materia de sostenibilidad o derechos de los trabajadores.

No es una buena época para incrementar los impuestos y aquí se habla de dos: el de eliminación de residuos en vertedero y el «arancel verde». Pero está claro que mientras sea más barato llevar los residuos a un vertedero que gestionarlos, o producir de cualquier manera que hacerlo de manera sostenible, seguiremos en una situación similar.

El Día de la Marmota del cambio climático

JOSEAN, 16/11/2021

En la prórroga y con una reducción de objetivos provocada por las presiones de algunos países, la Cumbre de Glasgow sobre el cambio climático ha cerrado con un acuerdo que, en palabras del propio presidente de la COP26, Alok Sharma, resulta «imperfecto». Entre los principales puntos de la declaración destacan:

  1. Los países se comprometen a poner en marcha “todos los esfuerzos necesarios” para que la temperatura del planeta no se incremente por encima de los 1,5 grados y que de ese modo se puedan evitar “los impactos más catastróficos del cambio climático”.
  2. Reducción de emisiones: los países se comprometen a limitar sus emisiones y a implementar las medidas necesarias para el control de las mismas mediante la presentación de planes que se revisarán periódicamente.
  3. Financiación del fondo: los países desarrollados «deben» contribuir al mecanismo de financiación de 100.000 millones de dólares anuales para la mitigación y adaptación de sus sistemas de los países en desarrollo.
  4. Objetivo a largo plazo: los firmantes se comprometen a alcanzar el objetivo de emisiones cero «tan pronto como sea posible», poniendo los mecanismos necesarios para reducir las emisiones y compensar las mismas con la adopción de otra serie de medidas.
  5. El cumplimiento del acuerdo dependerá de los propios países firmantes, de su transparencia (y casi buena fe, añadiría) y no se establece un régimen fiscalizador, ni sancionador del mismo.

Los dirigentes de los países firmantes se han felicitado por el acuerdo alcanzado, mientras que los grupos ecologistas critican su falta de ambición y la poca concreción de las propuestas. El caso es que estos días leía sobre los avances de la cumbre de Glasgow y me sonaba todo muy conocido, tanto, que he hecho trampas: estos cinco puntos que acabo de escribir, así como las reacciones tras la declaración conjunta, no corresponden al acuerdo alcanzado ayer, sino a los compromisos firmados en el Acuerdo de París en 2015. ¡La mayoría son calcados! Y para que vean que no exagero, dejo aquí un resumen de la declaración firmada este fin de semana:

  1. Los países deberán revisar sus compromisos climáticos con objeto de reducir las emisiones un 45% en 2030 respecto a las existentes 2010, con el objetivo de que la temperatura del planeta no se incremente más allá de 1,5 grados.
  2. Los países reconocen la necesidad de destinar recursos financieros, tecnológicos y de capacitación para adaptarse a las exigencias del cambio climático y presentarán sus planes en la COP27, para que toda la información esté disponible en 2023.
  3. Financiación del fondo: los países firmantes reconocen la urgencia de dotar dicho fondo para facilitar la adaptación de los países en desarrollo, para lo cual los países desarrollados deberán duplicar sus aportaciones en 2025 respecto a las realizadas en 2019.
  4. Objetivo a largo plazo: los firmantes se comprometen a alcanzar las emisiones cero de CO2 en el año 2050, y una reducción significativa de otros gases de efecto invernadero. Los países firmantes se comprometen a presentar sus planes para 2030, así como las estrategias para 2050, que serán objeto de revisión y seguimiento anuales.
  5. Transparencia: se finalizaron (¡por fin!) las reglas del Acuerdo de París, los mecanismos de cooperación, el marco de transparencia y la unificación de los plazos y esquemas de los compromisos de todos los firmantes. Era una demanda del sector privado desde 2015, pues se consideraba básico para generar confianza y credibilidad en el sistema.

Los firmantes se felicitaron por el acuerdo alcanzado: “Creo firmemente que el texto refleja un equilibrio de los intereses de todas las partes y nos permite actuar con la urgencia que es esencial para nuestra supervivencia”, dijo Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de los negociadores europeos. Por el contrario, las ONG lamentan su poca ambición y la vaguedad de sus propuestas. «Las buenas palabras no nos salvarán de la crisis climática», ha dicho Tatiana Nuño, Responsable de Cambio Climático de Greenpeace España, «necesitamos acción, medidas urgentes para transformar rápido los sectores responsables del cambio climático y abandonar los combustibles fósiles». Para Amigos de la Tierra, el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados se aleja y condena «aún más» a los países del sur.

Con pequeñas variaciones, este breve resumen es calcado al del Acuerdo de París. ¡Seis años después! ¿Entonces? ¿Le damos la razón a Greta y su “bla, bla, bla”? La eliminación de los combustibles fósiles y de las subvenciones a los mismos por parte de algunos países fue modificada en la declaración final (el borrador anunciado el miércoles era mucho más drástico) y quedó finalmente en un compromiso de reducción paulatina. Los medios señalaron a la India, Sudáfrica y China como los principales impulsores de esa reducción del objetivo, pero algo tendrían que ver también los lobbys de los combustibles fósiles acreditados en la Cumbre de Glasgow. Hasta 503, según The Global Witness, más que cualquier otra delegación o país asistente. Un peso muy superior al de los ocho países que están sufriendo en mayor medida los impactos del cambio climático, según la misma organización: Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, Mozambique, Bahamas, Bangladesh y Pakistán.

Pero no todo es negativo, o así debemos creerlo, y la declaración conjunta y por sorpresa de que los dos países más contaminantes del planeta, China y Estados Unidos, se comprometían a cooperar en asuntos climáticos durante la próxima década parece a priori una buena noticia. Está por ver en qué queda esa cooperación, pero de momento ambos gobiernos pretenden avanzar en materia de descarbonización, transición hacia una energía limpia y el control de las emisiones de metano.

Tras los primeros esbozos del Acuerdo de París sobre la creación de un mercado global de derechos de emisión de CO2, con todas sus imperfecciones (recordad El mercado de humos), parece que tras la Cumbre de Glasgow se avanzará en un sistema de medición, control y posterior compensación bastante más fiable que el actual. Soy bastante escéptico al respecto. Durante la propia cumbre supimos de un informe del The Washington Post en el que concluía que la mayoría de países falseaban los datos sobre sus emisiones contaminantes. Unos países no actualizan sus datos, otros omiten los gases fluorados artificiales (aire acondicionado, por ejemplo) o los productores de petróleo evitaban incluir las emisiones de metano en sus informes. The Washington Post calcula que el error de cálculo en las emisiones oscila entre los 8.500 millones y los 13.000 millones de toneladas anuales, es decir, un error una omisión de entre el 16 y el 23% de los gases emitidos a la atmósfera. Y si el error se da en las mediciones de lo emitido, no tengo la más mínima duda de que también lo hará en las aplicaciones de medidas de compensación (en la propia web del Ministerio).

Al final creo que los avances escasos en estos asuntos hacen que incluso los que no somos negacionistas dudemos de todo lo que se nos cuenta. Muy bien, el lenguaje es más agresivo, hemos pasado del calentamiento global al cambio climático, a la emergencia climática, al no retorno del planeta, a la «massive destruction» de esa niña aupada a los altares por los medios, han pasado seis años de París, ¿y ahora qué? Más de lo mismo. Pues no sería para tanto, dirán algunos. ¿Dónde quedó el agujero de la capa de ozono que iba a condenar irremisiblemente al planeta? Pues en 2019 alcanzó su mínimo histórico, y si bien ha incrementado su tamaño en los últimos dos años, parece que habrá desaparecido por completo para 2060 ó 2080. Lo que puede dar argumentos a un negacionista es precisamente una prueba palpable de todo lo contrario, de que con medidas acertadas y consensuadas se puede revertir un proceso tan peligroso como nos contaban que era este. Y nuestro desconocimiento es parte del problema, hasta el punto de que ya nos fiamos de todo lo que nos cuentan con la misma confianza ciega que los habitantes de Pensilvania acerca de la longitud de la sombra de la marmota para predecir el final del invierno.

Hay mucho trabajo por hacer en este Día de la Marmota del cambio climático, otra cosa bien distinta es que la clase política, tan pendiente del corto plazo, afronte compromisos para varias generaciones. Qué bien nos lo ha explicado (una vez más) El Mundo Today:

Protocolo de desco(jo)nexión digital

JOSEAN, 05/09/2021

BORRADOR XVII DE LA EMPRESA VIORSA (Vigilancia Orwelliana, S.A.)

PREÁMBULO. Con objeto de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y para cumplir con lo indicado en la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su artículo 88, la Dirección de la empresa, de manera consensuada con el Comité de Empresa, ha preparado este protocolo de actuación cuyo objetivo es respetar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital fuera del horario laboral y de manera especial, en fines de semana, festivos y vacaciones.

Se recuerda a todos los empleados lo indicado por dicho artículo 88:

Con la relectura del borrador XVII, el Director General de la compañía (D.G.) volvió a hacer la broma de «habría que pedir a los empleados públicos la conexión digital completa en horario de trabajo, así que imagínate lo que les preocupa esta Ley», a lo cual respondió el representante de los trabajadores (R.T.) con su habitual: «el día que te quites todos los prejuicios de la cabeza, serás mejor jefe».

D.G.: No nos hemos puesto de acuerdo en las horas anuales, en la elección consensuada de las vacaciones de acuerdo con lo que necesita la compañía, en los festivos disponibles o en la subida salarial, en el trabajo presencial o el teletrabajo, lo cual es lógico porque con vuestros planteamientos habríamos quebrado hace años, y ahora nos hacen cumplir una Ley tan imprecisa que dice que se atenderá «a lo acordado». Pues vale, vamos a intentarlo.

R.T.: Podríamos verlo desde otro punto de vista: como empresa habéis incumplido la normativa de registro de la jornada laboral, no pagáis las horas extraordinarias, forzáis a que el empleado se coja la mayor parte de las vacaciones cuando a la Dirección os viene bien, exprimís a los jóvenes con condiciones leoninas, no cubrís los gastos de los empleados durante el teletrabajo, etc. Me parece lógico que seáis incapaces de firmar un protocolo para respetar al trabajador cuando está en su casa o de vacaciones. Pero nos conocemos de hace muchos años, así que, como bien dices, vamos a intentarlo.

D.G.: «Fatiga informática», os inventáis unas chorradas. Resulta que el empleado sale del trabajo, se monta en el Metro, el autobús o el tren para volver a casa y se pone a ver sus redes sociales o a guasapear en el móvil, no quita sus ojos de la pantallita ni un segundo. Llega a casa y sigue enganchado a la tecnología, más cuanto más joven, incluso después de cenar y antes de acostarse, y si le llamas o le escribes porque hay que contestar un mail urgente, te dice que tiene «fatiga informática», vengaaaa, no me jodas, no me parece muy coherente.

R.T.: El trabajador tiene derecho a desconectarse, y la empresa debería organizarse para atender todos esos problemas que puedan surgir fuera de la jornada de trabajo habitual, y si para eso hay que contratar más gente, debería hacerlo.

D.G.: Ya, pero es que te recuerdo que tenemos filiales y delegaciones por todo el mundo y hay una cosa que se llama husos horarios. Pero incluso en España el horario de nuestras tiendas se prolonga hasta las diez de la noche, y desde que los empleados salen de la oficina, antes de las seis, hasta el cierre, ocurren decenas de cosas para las que a veces hace falta dar soporte.

R.T.: Estableced un sistema de turnos, organizad el trabajo de otra manera, pero no pretendáis tener soporte catorce horas diarias con las mismas personas.

Art. 1: Trabajadores afectados. La normativa aplica a todos los empleados de la empresa, si bien se reconoce el derecho a la desconexión digital como un derecho y no como una obligación, es decir, todos aquellos empleados que realicen comunicaciones fuera de su jornada laboral podrán hacerlo libremente. Igualmente, los destinatarios internos de dichas comunicaciones podrán atenderlas durante su jornada laboral, no estando obligados a responderlas fuera de dicha jornada (extraído del Convenio colectivo de Decathlon, art. 53).

R.T.: Sabes que no me gusta mucho esta parte, porque al final, los tocapelotas que mandáis correos hasta las nueve de la noche vais a seguir haciéndolo, y os vais a mosquear si el empleado no os contesta a un guasap o una llamada de teléfono fuera del horario.

D.G.: El trabajador está en su derecho de no contestar hasta el día siguiente.

R.T.: Y vosotros tenéis la obligación de no tomar represalias.

D.G.: Está claro, represalias no, pero también tenemos la potestad de promocionar a aquellos que muestren más implicación con la compañía y sus objetivos, ¿no?

Art. 2: Para los efectos indicados en este Protocolo, se tendrán en cuenta todos aquellos dispositivos o herramientas de la empresa puestos a disposición del trabajador que pudieran extender su jornada laboral más allá del horario establecido, como pueden ser teléfonos móviles, ordenadores portátiles, aplicaciones, correos electrónicos o cualquier otra forma de mensajería, y por supuesto, respetar los teléfonos personales y correos electrónicos propios de los empleados, que no deberían usarse para el envío de llamadas o mensajes de carácter profesional.

D.G.: Siempre me ha llamado la atención lo «exquisitos» que nos ponemos con el uso del teléfono o el ordenador fuera de la empresa, y qué flexibles o laxos somos, o pretendéis que seamos, con el uso de los mismos para fines personales dentro del propio horario laboral.

R.T.: A ver, el que no haya hecho una gestión personal alguna vez durante su jornada laboral, que tire la primera piedra. Todos hemos tenido que dedicar alguna vez quince minutos para una gestión en el banco, o con el colegio de los niños.

D.G.: Sí, si solo fueran quince minutos y de manera excepcional, o si a ese empleado no se le cayera el boli a la hora en punto cuando toda la oficina ha escuchado sus conversaciones interminables con su madre o con el responsable de estudios de su hijo.

R.T.: Yo creo que a todos nos gustaría que los horarios de los colegios, el banco o el ayuntamiento fueran compatibles con la jornada laboral, pero por desgracia son coincidentes y no queda otro remedio que hacer esas gestiones en mitad de la jornada.

D.G.: Si está claro y lo entiendo, solo hablo de lo dignos que se ponen algunos porque un día les llamas a las siete de la tarde y se les olvida la de veces que hacemos la vista gorda durante la jornada. Y no digamos si se nos ocurriera mirar su correo electrónico de empresa dentro del horario laboral de la empresa, es decir, mientras cobra de la propia empresa y no precisamente por hacer gestiones personales o atender sus redes sociales.

R.T.: ¡Pero es que ese es un derecho fundamental del trabajador, regulado en el artículo 87 de la Ley! ¡No podéis espiar el correo electrónico de los trabajadores!

D.G.: Me conozco muy bien lo que dice la Ley, solo quiero hacerte ver el nulo interés que tenéis por el uso que también se hace de los medios de la empresa por el trabajador, dentro y fuera de la jornada laboral. El empleado que se lleva el portátil a casa o que tiene teléfono de empresa, lo va a utilizar antes o después, en mayor o menor medida. Igual que el coche de empresa, que muchos se lo llevan de vacaciones y nunca os he visto preocupados por regular su uso en los convenios.

R.T.: Las labores de control sobre el empleado las tenéis definidas en el Estatuto de los Trabajadores, no sé si también me quieres discutir esto:

D.G.: No, y sabes que se respeta, pero me parece que siempre os olvidáis del artículo anterior, que tiene la clave, sobre todo en dos palabras: «buena fe». De ambas partes.

Art. 3: Con el fin de garantizar el derecho a la desconexión y en un plazo no superior a tres meses, la Empresa se encargará de elaborar lo siguiente:

  • Una Guía de políticas de actuación que regule de manera concreta sobre el uso de las herramientas digitales: qué se puede hacer por parte del empleado, qué no está permitido hacer por el mando directo, medidas de desconexión (estudiar los efectos de cortar las comunicaciones de los servidores de correo electrónico, mensajes automáticos redireccionados…) y efectos de los incumplimientos.
  • El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales elaborará un Informe sobre el estrés causado por la conectividad permanente y los efectos sobre la salud del empleado.
  • Encuesta de evaluación entre los empleados: de carácter anónimo, con objeto de identificar las malas prácticas y para incidir de manera especial en aquellos empleados que se salten de manera continuada las normas mínimas de desconexión.
  • Se estudiará habilitar un Canal de denuncia anónimo, dependiente del Dpto. de Compliance, para que el empleado que se sienta forzado a estar permanentemente conectado pueda denunciar dichas conductas.

R.T.: Nada de lo que estamos hablando sirve si no se concretan medidas, así que este borrador no es más que un paso previo de la Guía, que será la clave, y se nos ocurren muchas maneras de implantarlo. Por ejemplo, Volkswagen implantó en Alemania ya en 2011 un sistema que desconectaba los servidores de comunicación de los teléfonos móviles profesionales entre las 18.15 y las 7 de la mañana del día siguiente. Mercedes habilita la opción del Mail on Holiday, que redirecciona automáticamente los emails enviados a trabajadores que están de vacaciones y los hace llegar a otros compañeros del departamento.

D.G.: Insisto en lo que te decía antes: no podemos desconectar por las bravas y a todo el mundo porque puede haber un problema con la fábrica de Vietnam, o con la filial de Argentina, ¡o incluso con el almacén de Fuenlabrada a las once de la noche! No se puede ser tan drástico porque si hay un fuego que apagar, tenemos que estar disponibles.

R.T.: El problema es cuando todos los días hay fuegos que apagar. ¿Podemos alcanzar un consenso, y vuelvo a Decathlon, de manera parecida a lo que han pactado en su convenio colectivo?

D.G.: Pues claro que podemos llegar a un acuerdo en ese punto, si todo esto consiste en aplicar el sentido común. Lo que ocurre es que a veces intentamos legislar por encima de nuestras posibilidades y de manera similar para todos los empleados. Y ciertamente no es lo mismo. De igual manera que no se puede exigir lo mismo a un currito que cobra 20.000 euros anuales, o a un blue collar, que al director de una filial en la otra punta del mundo. Al primero no se le va a llamar nunca salvo que ocurra un Chernobyl, pero al segundo habrá que llamarle más veces de las que vosotros creéis necesarias porque, como bien dice ese artículo, puede haber un potencial perjuicio hacia el negocio. Y porque además, qué coño, lo lleva en el salario.

R.T.: Ahí es donde nos toca exigir ciertos límites, porque en ocasiones parece que hay un Chernobyl diario.

D.G.: De todos modos, no deja de llamarme la atención algunas de las cosas que proponéis como el informe de riesgos laborales por la conectividad permanente, la fatiga informática y todas esas cosas, ¿sabemos distinguir cuándo el problema de esa fatiga lo ha causado el trabajo y cuándo lo ha hecho el propio ocio del empleado que se queda viendo series hasta las dos de la mañana o leyendo las redes sociales en el móvil hasta las mil?

R.T.: Pero ese es su tiempo libre y puede hacer con él lo que quiera, el empleado necesita evadirse del estrés del trabajo y leer o ver aquello que le gusta.

D.G.: Ya, me refiero a los que se quejan de que están perdiendo vista, o que si tienen las cervicales destrozadas, o que se les duermen los brazos. Aquí se cumplen todas las medidas ergonómicas, de luz y temperatura, y tendemos a culpar al trabajo y no tanto a nuestros propios hábitos fuera del trabajo.

R.T.: Sobre eso no podemos regular nada, pero creo que la Encuesta podría ayudar a identificar determinadas malas prácticas en las que se caen aquí, en el centro de trabajo. Sigamos, por favor.

Art. 4: Se promoverán acciones de formación y sensibilización de carácter obligatorio para todos los empleados, así como cursos especialmente dirigidos para directivos, con objeto de implementar una serie de prácticas habituales como evitar el envío de correos y llamadas fuera del horario laboral, con la excepción de aquellos de carácter informativo y que no supongan una orden o mandato de acción inmediata. Se insistirá en que, aunque se pueden mandar correos, el empleado no tiene obligación de contestarlos.

Art. 5: Con objeto de hacer efectivo el derecho a la desconexión digital y laboral en los términos del presente Acuerdo, la Empresa garantizará que el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores no será motivo de sanciones, ni influirá de manera negativa en las valoraciones anuales que del empleado realice su mando superior, ni afectará en modo alguno a las posibilidades de promoción dentro de la Empresa.

R.T.: Tengo muy claro que en este último punto podemos escribir lo que queramos que vosotros vais a seguir promocionando a quien se pliegue en mayor medida a vuestras exigencias.

D.G.: Se llama implicación, y las empresas estamos muy tocadas como para permitir que esto quede como un solar cada vez que suena la sirena, como en Los Picapiedra, ¿te acuerdas?

R.T.: Sí, me acuerdo muy bien, pero aquello estaba ambientado en la Prehistoria, que es donde os quedasteis alguno.

D.G.: Ni mucho menos, amigo, estamos en el futuro. Y en este futuro inmediato, mientras hablamos de apagar todos los sistemas a las cinco de la tarde, o de hacer auditorías retributivas con perspectiva de género, o de conseguir un sello de sostenibilidad para algo que nunca lo ha sido, hay un grupo de empresas chinas contando las horas para quedarse con nuestro negocio.

Siete años en «Cuatro amiguetes y unas jarras»

15/08/2021

Hoy se cumplen siete años del inicio de este proyecto (más bien realidad) que estaba destinado a tener apenas un año de vida. «Buenos días a todos los que estáis ahí, al otro lado». Aquellas fueron las primeras palabras el 15 de agosto de 2014 en la Declaración de intenciones de este blog, unas palabras dirigidas a no se sabe muy bien quiénes, a esos lectores anónimos que se han ido sumando a este blog de manera paulatina, por el boca a boca, o el boca a oreja, mejor dicho, porque algún día un post les llamó la atención en Linkedin, Facebook, Twitter, o les llegó por Whatsapp, o porque alguno de los «BeBés» (Brasas Blogueros) le insistió con que «tienes que leer esto» o «esto otro ya lo explicaba yo en un post».

La idea inicial era probar doce meses, ver qué salía de aquello y esperar la aceptación de los lectores, pero lo cierto es que la recepción fue muy positiva, tanto que acabamos de completar los siete años de existencia. Durante ese tiempo han salido de la «batidora» de ideas 492 posts, más otro centenar en otros medios (fundamentalmente La Galerna), dos libros publicados con objetivos de crowdfunding para los proyectos solidarios de Lester en Bolivia y Ecuador, diversas colaboraciones con varios amigos que han querido aportar puntos de vista diferentes sobre algunos temas, entre cuatro y cinco mil lecturas mensuales (dejando aparte las de otros medios), más de mil comentarios (siguen pareciendo pocos, animaos más, dad un poco de cera), algunas «monetizaciones» que han ido a ONGs conocidas… pero por encima de cualquier otra consideración, estos siete años han traído dos cosas más: una enorme satisfacción para los cuatro amiguetes y (esperamos) diversión o buena información para los lectores. Y desde luego como aprendizaje es único. Uno relee algunos de los primeros posts y aprecia una evolución clara. Quizás se pierde algo de frescura al no soltar lo primero que viene a la mente, pero se gana en precisión. Del mismo modo que en el uso del lenguaje.

Para hacer caso a algunos amigos que pedían que la web tuviera un índice en el que buscar textos antiguos, está ya disponible en Índice, a la izquierda de la pantalla de entrada. Todos los artículos ordenados por tema y autor/amiguete. También existe la opción del buscador a la derecha de la pantalla, por palabras, «Martin Scorsese», «relato Escocia» o «teatro culé». Funciona, lo digo por ese amigo que me dice siempre que busca algo concreto de hace tres o cuatro años y no es capaz de encontrarlo.

Siete años ya, pero esto no termina aquí, queda mucho sobre lo que escribir, varios proyectos por concluir y mucho aprendizaje a las espaldas. Dentro de la labor de divulgación (y entretenimiento) de este blog, planteamos un pequeño ejercicio resumen de lo expuesto: que cada Amiguete deje aquí una recomendación ajena, otra propia, de un texto al que le tenga especial cariño y por la razón que sea haya tenido pocas lecturas, y un proyecto que se pueda contar.

TRAVIS

Recomendación: sobre todo dos poscast, La Órbita de Endor y Todopoderosos. El primero es pura información, extensa, exhaustiva, hasta límites increíbles (podcast de seis horas a veces), análisis de una película o un autor desde todos los puntos de vista. El segundo, Todopoderosos, dura «solo» dos horas y aporta buen humor a la vez que información. En cuanto a otros blogs, me quedo con los análisis de Cinemelodic.

Una recomendación propia: me curré bastante La película de las pelis del desván, mezclando personajes de varias películas, dando rienda suelta al guionista que llevo dentro y no llegué ni a treinta lectores. ¿Tan friki era?

Un objetivo: tanto Barney de manera recurrente como Lester y Josean han realizado sus publicaciones en otros medios, pero sé que la mía está por llegar, y espero que sea pronto. En un medio de tirada importante, en eso estoy, no voy a adelantar nada.

LESTER

Recomendación: el podcast de La Cultureta, de Onda Cero. Habrá quien pueda pensar que en ocasiones pueden resultar pedantes o con esa soberbia cultureta que se estila en este país, pero a mí me gusta escucharlo incluso cuando soy un completo ignorante en los temas que plantean: determinados autores, etapas históricas o músicos. Cuando sé algo del tema… entonces lo disfruto aún más. En cuanto a webs, sigo Zenda Libros menos de lo que me gustaría, pero a veces encuentro artículos en los que evadirme un buen rato.

Una recomendación propia: Los muertos salen a hombros, creo que Jardiel Poncela definió a la perfección una de nuestras principales características, no sé si como pueblo, nación o como condición humana.

Un objetivo: los proyectos no se cuentan hasta que están acabados, por superstición, por evitar preguntas insistentes o porque sí o porque no, pero solo puedo anticipar que por supuesto que hay un nuevo libro entre manos.

BARNEY

Recomendación: evidentemente, no hay mejor web, ni mejor escrita («Madridismo y sintaxis» es su máxima), para hablar de fútbol y baloncesto que La Galerna, donde me han acogido desde hace ya tres años. En el mundo de los podcast, el trabajo de Richard Dees en El Radio destripando las malas artes de la prensa es impagable.

Una recomendación propia: los post con más lectores son siempre los de fútbol, y me atrevo a decir que aquellos que atacan al Barça más que los que alaban al Real Madrid, pero uno es amante del atletismo y de casi todo el deporte en general, y escribió con especial cariño un recuerdo nostálgico imposible (porque no lo viví) de los Juegos de México de 1968.

Un objetivo: nada me gustaría más que escribir el libro definitivo sobre el caso Soule y los manejos de Ángel Villar al frente de la Federación de Fútbol, pero me temo que esa investigación no se va a hacer nunca. Van pasando los años y el escándalo se va tapando, hasta que llegue un día en el que se le dé carpetazo y no veamos un Moggigate como el que se vivió en Italia. Así que mientras llega esa oportunidad, quizás entre en el mundo del podcast, que ya en su día hubo un planteamiento de unos «colegas».

JOSEAN

Recomendación: mi amigo El Economista Salvaje dejó de publicar su blog, y para mía fue una pena, puesto que me sirvió para conocer algunos temas que nunca me habían interesado. También ha sido una pena el reciente fallecimiento de José María Gay de Liébana, que publicaba artículos muy interesantes y plenos de sentido común en El Economista. En Linkedin, el Newsletter semanal de Javier Esteban Beyond the Hype aporta información útil y de calidad.

Una recomendación propia: hay dos post con mucho curro detrás que fueron los dedicados a la ausencia de seguridad jurídica, de plena actualidad con todos los cambios regulatorios del sector eléctrico.

Un proyecto: sobrevivir, que la vida no me da para más. Sobrevivir a todo el estrés, a todos los cambios legislativos, contables, fiscales, informáticos… aguantar hasta la jubilación, aunque cada día nos la pongan más lejos. ¿Acaso hay algo más importante?

Lo dicho, seguimos con el blog. De momento, de momento… de momento, otro año más al menos. Lo mismo que decimos cada año.

Y ya sabes, si quieres colaborar con una buena causa, aquí dejamos un enlace de una ONG de la que hemos hablado mucho y bien en este blog: Ayuda en Acción/colabora

Tokio 2020 (I): la libertad de expresión

Nos lanzamos a la piscina con esta maravillosa y espectacular foto (desconozco su autor, pero un 10 para él) y vamos a publicar cuatro artículos sobre los Juegos, con cuatro puntos de vista muy diferentes, uno por amiguete.

JOSEAN, 03/08/2021

El Comité Olímpico Internacional flexibilizó la norma 50.2 pocas semanas antes del inicio de los Juegos de Tokio para tratar de contentar a los demandantes de mayor libertad de expresión para los deportistas durante los Juegos. La norma 50.2 es una variación de la 50, que pretende preservar la neutralidad de los Juegos y evitar cualquier tipo de propaganda política, religiosa o racial. La variación consiste en que el COI permitirá las declaraciones de cualquier tipo de los deportistas en ruedas de prensa, en las zonas mixtas o en sus redes sociales (¡faltaría más!), animando a que además se hagan con respeto a otras culturas o formas de pensamiento, pero mantendrá la prohibición en los podios, durante las competiciones y en las ceremonias previas y posteriores al evento deportivo.

Una de las organizaciones que se ha mostrado más crítica con el COI ha sido EU Athletes, que representa a unos 25.000 atletas de 17 países, cuya secretaria general, Paulina Tomczyk, afirmó que la prohibición de manifestar públicamente las opiniones “no es compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, como el derecho a la libertad de expresión. Aunque la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede ser sometido a ciertas condiciones o restricciones, una organización deportiva no tiene competencia en esta materia». Según dijo a Ctxt: «Invocar la cuestión de la neutralidad del deporte no es correcto. Los derechos humanos, la igualdad y la tolerancia no son asuntos políticos. EU Athletes cree que las organizaciones deportivas tienen que comprometerse realmente con los derechos humanos, y no solo cuando es conveniente o para mejorar su imagen».

Me parece complicado marcar la raya, la línea que separe lo que debe y lo que no debe hacerse. En este blog, el Amiguete Barney se pronunció abiertamente en su día en contra de politizar el deporte y habló de los peligros de usar las banderas en los estadios para promover los odios nacionalistas. El problema de lo que algunos llaman «libertad de expresión» es que se corre el riesgo de caer en promover «alguna libertad de expresión», la mía, cuando esa libertad consiste precisamente en permitir, fomentar y habilitar que se expresen las opiniones que son contrarias a la mía. El deporte podría caer en una deriva poco sana, o en discusiones ideológicas y no deportivas. Algo tan simple como el brazalete de capitán del portero de la selección alemana durante la pasada Eurocopa con los colores arco iris ya fue objeto de debate, un debate que zanjó la UEFA prohibiendo su exhibición o los mismos colores en el estadio de Múnich. No sé, me pareció excesivo, pero, ¿dónde se marca el límite? Me genera muchas dudas, tantas como el hecho de que organizaciones tan corruptas como la UEFA o el COI se erijan en garantes de la pureza del deporte.

La misma UEFA sancionó a Hungría porque en uno de los partidos de la Euro celebrado en Budapest se pudo leer una pancarta en contra del adoctrinamiento LGTBI, no en contra del colectivo LGTBI. El controvertido presidente húngaro, Viktor Orbán, explicó sus razones, con las que se puede o no estar de acuerdo, pero que son bajo las que se ampara para ejercer lo que considera «su» libertad de expresión:

  • Que fue elegido democráticamente por una mayoría de húngaros para hacer exactamente lo que pretende hacer.
  • Que no está en contra del movimiento LGTBI, al que dice haber ayudado o protegido más que durante los años de dictadura prosoviética, sino en contra del adoctrinamiento en espacios públicos y en especial, en colegios, de acuerdo con lo que indica el propio artículo 14 de la Constitución Europea:

El límite de la libertad de expresión es difuso, y la propia web de Amnistía Internacional dice lo siguiente sobre las restricciones:

Por ejemplo, ¿querríamos que los deportistas cubanos y chinos, grandes deportistas por otro lado, hagan apología de sus respectivos sistemas políticos? ¿Que los deportistas de algún país musulmán de los más intolerantes se manifestara en contra del deporte femenino o de las vestimentas occidentales? ¿Que algún medallista catalán proindepe exhibiera una estelada o que se bajara del podio al ver la bandera española? Entiendo que no, y si bajamos al barro de la competición, ¿se tolerará a una atleta que opine que determinadas deportistas trans no son mujeres, como ha ocurrido con Laurel Hubbard? ¿O que se dude sobre la condición femenina de alguna otra, como en su día Semenya o ahora Mboma?

Por suerte los deportistas suelen estar muy por encima de la altura de los dirigentes del deporte. Siempre. Como es un tema escabroso en el que me cuesta opinar sobre el límite, mejor voy a dejarlo en manos de uno de los tíos más sensatos que he visto nunca en el mundo del deporte: Pau Gasol. En una carta publicada en la red profesional LinkedIn ha escrito lo siguiente:

“El COI quiere que los atletas tengan voz, ya que conoce bien la gran influencia social que pueden alcanzar, así como la responsabilidad que tienen hacia sus seguidores. Pero les pide que no utilicen los momentos estrechamente ligados a la competición para fines extradeportivos. Les ruega, además, que si realizan alguna manifestación en los espacios y momentos permitidos, estas sean consistentes con los principios del olimpismo: que no atenten contra la dignidad de personas, países u organizaciones, que no interfieran contra la preparación de otros atletas, etc. La discriminación, la hostilidad y la violencia están, como es lógico, prohibidas en los Juegos, así como cualquier actuación que ponga en riesgo la reputación de otros o el orden público”.

Es decir, la libertad de expresión de los deportistas figura claramente indicada en la Declaración de derechos y responsabilidades de los atletas, y como tal debe respetarse. Pero los deportistas tienen que aprovechar su estatus social o su responsabilidad como ídolos de masas para promover determinadas causas (en eso Pau es un verdadero crack), y a la vez ser capaces de dejar los terrenos deportivos para lo estrictamente deportivo. Y me parece bien. Lo que ocurre es que el postureo vende mucho más que la implicación sincera del deportista. Las labores de la Fundación de los hermanos Gasol ocupan muy poco espacio en los medios, o la propuesta que hizo Juan Mata en la Premier League para que los jugadores donaran solo el uno por ciento de sus salarios. Un mísero 1% para ellos, un fortunón para causas sociales. No fueron muchos los que siguieron su proyecto Common Goal, quizás porque “no vende” en los medios como los lacitos, los brazaletes o los gestos que son más de marketing que otra cosa.

Como desapercibida pasó la actitud de Anna Muzychuk, campeona del mundo de ajedrez, que se negó a participar en el Mundial de Arabia Saudí porque estaba obligada a cubrirse completamente y a ir acompañada por un hombre en cualquier salida que hiciera del hotel.

Ya ha habido los primeros conflictos relacionados con algunos gestos de los atletas, como la X que formó la lanzadora Raven Saunders en el podio al recibir la medalla de plata. Según parece, es una muestra de apoyo a todos los colectivos oprimidos del planeta y se dice que podría costarle la medalla.

No lo harán, seguro. Puede que lo siguiente sea que otro atleta repita el gesto, y después otro, y otro, y que en poco tiempo se exija a todos los atletas que lo hagan, como ha ocurrido con el postureo de arrodillarse ante el racismo. Un gesto espontáneo que nació en una comisaría de (creo) Miami y que se convirtió luego en muestra obligatoria de sumisión al Black Lives Matters (“o te arrodillas, o te apalizo”). Un gesto que se politizó y extendió de tal manera que las selecciones de Inglaterra e Italia lo llevaron a cabo en la previa de la final de la Euro 2020. Pura fachada. Los ingleses, uno de los pueblos más racistas sobre la faz de la Tierra, como se vio al acabar el partido con los comentarios vertidos sobre los tres jugadores que fallaron los penaltis, casualmente los tres de raza negra.

O con la velocista bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya, que cometió el delito de opinar y criticar a la Federación de su país y ahora corre el peligro de sufrir las represalias del régimen de Lukashenko, otro que utiliza la “libertad de expresión” a su manera: los deportistas bielorrusos no ganan más medallas, al contrario que los africanos, “porque no pasan hambre. ¿Pero por qué los resultados son tan diferentes? Porque saben: si ganan en las Olimpiadas, en un Mundial, significa que tendrán todo. Si no ganan, tendrán que deambular por ahí y buscarse su pan». La falsedad del COI al hablar de respeto y abandonar a su suerte a Tsimanouskaya indica que solo les preocupan las formas, lo que escapa a su control, no el fondo, ni la integridad de los atletas.

Dejemos estos asuntos al margen del deporte, no intenten politizar a los deportistas, aunque sé que es mucho pedir. Juan Carlos Monedero ya lo ha hecho esta misma semana tras la medalla de la saltadora Ana Peleteiro en triple salto:

A lo mejor el racista es el que destaca el color de piel en un país en el que Joan Lino, Niurka Montalvo o Chicho Sibilio (¡¡¡allá en 1984, Sr. Monedero!!!) han sido medallistas olímpicos en el pasado sin que nadie intentara crear confrontación o sacar réditos políticos de sus éxitos.

Como anécdota divertida, dejo lo que el presidente del Comité Organizador de los Juegos de Tokio, Yoshiro Mori, dijo acerca de que las mujeres hablan mucho en las reuniones y que había que restringir su tiempo. ¿Acaso no dijo algo que algunos estudios han demostrado como cierto? Me refiero a la primera frase, no a la validez de su propuesta. Pues para él no hubo libertad de expresión y fue obligado a dimitir en febrero. Por si alguien albergaba dudas, su puesto fue cubierto por una mujer, Seiko Hashimoto.

Lo que no sabemos es si las reuniones del Comité Organizador de los Juegos son ahora más largas, si se me perdona la broma. Todo sea en aras del respeto a la libertad de expresión.

Siguientes capítulos:

Tokio 2020 (II): la película de Simone Biles, by Travis.

Tokio 2020 (III): el maratón olímpico, by Lester.

Tokio 2020 (IV): el resumen de los Juegos, by Barney.

La subida del SMI

JOSEAN, 12/06/2021

No ha terminado la reciente polémica sobre los efectos del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el crecimiento o destrucción de empleo y ya estamos inmersos en el debate sobre el aumento para el ejercicio 2021. En el propio gobierno hay dos tendencias contrapuestas: la defendida por Nadia Calviño a principios de este año, cuando propuso congelar el SMI, y la de Yolanda Díaz, apoyada en el comité de expertos del Ministerio de Trabajo, que plantea un incremento en tres años, con una subida más leve en 2021 y un aumento importante en 2022 y 2023. Ambas posturas coinciden en mantener la prudencia ante la evolución que pueda tener el año en curso, y lo fían todo a la mejora de la economía en los posteriores.

Las cifras de recuperación de empleo comienzan a mejorar, en mayo hubo un descenso del paro de 129.378 personas y un incremento de más de 200.000 cotizantes a la Seguridad Social, sin duda datos esperanzadores impulsados por la recuperación de la actividad en sectores tan importantes como la hostelería y la construcción. Sin embargo, conviene ser prudentes puesto que la recuperación aún no se ha consolidado y hay datos preocupantes como que más de medio millón de empleados continúa en situación de ERTE, concretamente 542.142.

El Banco de España publicó un Informe a principios de junio en el que valoraba los impactos del incremento del SMI aprobado en 2019 sobre la creación de empleo en ese año en el que se aprobó una subida sin precedentes hasta los 900 euros (un aumento del 22,3 por ciento). En las conclusiones del Informe, con muchas reservas por parte de los propios autores del mismo, se concluye que hubo un «menor crecimiento del empleo en los colectivos con menores salarios». Ese menor crecimiento, o esa pérdida de empleos, ha sido cuantificada según diversos medios entre los 94.200 (eldiario.es) y los 180.000 empleos (eleconomista.es).

El Informe del Banco de España reconoce las dificultades para evaluar el impacto que la subida del SMI tuvo sobre el empleo, puesto que hay diferentes metodologías de cálculo, algunas bien diferentes o contradictorias, y no resulta sencillo calcular el efecto que el incremento de los salarios más bajos tuvo sobre el consumo o la actividad económica general. Es decir, el «retorno» de ese importe extra que reciben los beneficiados por la subida sobre el consumo, y cómo ese incremento de consumo se traduce en mayores ingresos (y quizás, más empleos) para las empresas. Así, mientras que «la evidencia muestra de forma robusta que un incremento del SMI supone un aumento del coste laboral para los empleadores» (totalmente lógico, la carga del incremento recae sobre el empresario), «sin embargo, la evidencia acerca del efecto sobre el empleo tiende a ser mixta y diferentes estudios (…) muestran una dispersión grande (…) con elasticidades del empleo estimadas positivas, nulas y negativas». Luego el Informe puede valer para una cosa o para la contraria dependiendo de la metodología que se emplee y no resulta tan concluyente como algunos artículos han indicado.

Lo que parece fuera de toda duda es que es el empresario quien asume el coste de dicha subida del 22 por ciento y a él corresponderá trasladarlo en precio a sus clientes, recortar sus márgenes o directamente no contratar trabajadores. O despedirlos al no poder asumir la subida. La cuerda se tensa siempre hacia uno de los dos lados, pero está claro que había que hacer algo en el país europeo en el que más crece la desigualdad salarial. De la subida se han beneficiado principalmente los jóvenes, cuya contratación tiene un alto componente de precariedad y eventualidad:

El problema que ocurre con la subida del SMI en España tiene mucho que ver con la estructura empresarial. Las empresas grandes o de cierto tamaño pudieron asumir en su mayor parte estas subidas ya que el porcentaje de sus trabajadores sujetos al SMI no es elevado o relevante como para tener un impacto significativo en sus cuentas. Sin embargo, el 95 por ciento de nuestras empresas tiene menos de diez trabajadores, y este tipo de empresas son las que han soportado el grueso del incremento del SMI. Según el informe del Banco de España:

Y el drama es que esas pymes, o micropymes, como las denominan algunos, pequeños comercios, productores agrícolas o establecimientos de hostelería, van tan apuradas en sus márgenes que no tienen la capacidad suficiente para generar los recursos que les permitan absorber el 22,3 por ciento de incremento, o el incremento previsto para ejercicios futuros, en los que se prevé que el SMI alcance el sesenta por ciento del salario medio, en línea con lo propuesto por la Unión Europea. No es un panorama sencillo de resolver y estoy convencido de que lo que han hecho numerosas empresas ha sido rebajar el número de horas oficiales y pagar en B las trabajadas y no cotizadas para cumplir con la subida. En cierto modo se puede deducir del Informe en varias de sus páginas (pág. 32), cuando se dice que «tras una subida de SMI, algunos puestos de trabajo pueden haber permanecido activos, pero con una reducción en las horas trabajadas, por ejemplo, mediante el paso de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial». «La empresa ha podido decidir mantener el puesto de trabajo, pero solo en las horas más productivas o reduciendo horarios de apertura, por ejemplo». O pagando 30 horas oficiales y 10 en negro. «El resultado en estos casos sería una caída en las horas trabajadas, y no en el empleo». No puede demostrarse, pero se entiende que en buena parte es lo que ha ocurrido. En la página 17 se indica que «si se analizan los indicadores de empleo en términos de horas trabajadas», así como tras la subida del SMI en 2017 hubo un incremento de las horas trabajadas de «un 4,1 % a finales de 2018», en esta ocasión, tras la subida de 2019 se produjeron «desaceleraciones superiores a las observadas en la actividad económica». Y no parece que sea resultado de una mejora de la productividad.

Veremos en qué queda finalmente el asunto. «No confundamos la ideología con la ciencia y con lo que debemos de hacer», ha dicho la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para defender su postura frente a la congelación propuesta por la ministra de Economía, Nadia Calviño. Precisamente creo que es un tema lo suficientemente importante como para analizar los números y no dejarse llevar por esa ideología que cree que el empresario puede aguantarlo todo porque está hinchándose a ganar pasta a base de explotar a los trabajadores, porque lo cierto es que el pequeño empresario está en el límite. Claro que conviene mejorar las rentas más bajas y mejorar su poder adquisitivo, pero primero habrá que analizar si esta subida por decreto contribuye a disminuir el paro entre los más jóvenes, el más alto de Europa con mucha diferencia, o tiene los efectos contrarios, como puede desprenderse del informe del Banco de España.

Nadia Calviño acaba de apuntarse un tanto a su favor con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Unión Europea, ratificado tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen. De dicho plan nos han contado reiteradas veces dónde se piensan gastar los fondos recibidos, que será «resiliente, justo, inclusivo y sostenible», pero se habla menos de las reformas exigidas: en las pensiones, en el sistema tributario y en la legislación laboral, no precisamente en el sentido que le gustaría a la ministra de Trabajo.

Pedro Sánchez parece apoyar las tesis de Calviño, como dijo esta misma semana durante la rueda de prensa posterior al visto bueno al Plan de Recuperación: «Ahora mismo lo relevante es la creación de empleo y la consolidación del crecimiento económico». De ese modo daba por válidas las conclusiones de la ministra Calviño, así como el informe del Banco de España en el sentido de contraponer subida del SMI con creación de empleo.

A su lado (o enfrente) cuenta con una ministra de Trabajo que tratará de convencerle de lo contrario, respaldada por una sólida formación que incluye tres másteres: en Recursos Humanos, en Relaciones Laborales y en Urbanismo. Ah, no, disculpen, que eso era hasta el jueves, parece que se ha descubierto que no tenía tales estudios y ayer mismo desaparecieron de la web oficial del Palacio de La Moncloa (vía Carles Enric):

Aquí un enlace a la noticia. Yo ya no me extraño de nada.

Relacionados:

La grieta salarial

Ya va siendo hora de subir el sueldo a estos chicos

Miedo y rechazo

JOSEAN, 08/05/2021

El jefe de gabinete y consejero áulico de Pedro Sánchez, Iván Redondo, participó en 2018 en unas jornadas organizadas por el PSOE bajo el título Elecciones y emociones. En una famosa intervención, que estos días se ha rescatado en varios medios, afirmaba que «…de las tres principales emociones que tenemos, con las que además se puede jugar en campaña electoral, la primera sería el miedo, la segunda sería el rechazo, y la tercera, la esperanza, la ilusión». Los que conocen bien a este consultor lo definen como un tipo hábil, calculador, buen estratega, un gran negociador al que se señala como el principal artífice del éxito de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al poder en mayo de 2018.

Todo lo que se ha movido en el PSOE en los últimos tiempos, no tanto en el partido como en las alianzas del equipo de gobierno, lleva su firma, su huella como negociador capaz de aunar voluntades tan diferentes como las de Unidas Podemos y el PNV, Bildu, Esquerra o el PDeCat, Nueva Canaria, o cuando los ha necesitado, Ciudadanos. Pero con las elecciones a la Comunidad de Madrid el PSOE se ha estrellado de manera estrepitosa. Ni uno solo de sus cálculos, ni una sola de sus estrategias ha sido acertada. Han jugado tanto con el miedo y el rechazo, que no han sido capaces de llegar a la tercera de las emociones que el mismo Redondo decía que jugaban un papel tan destacado.

Desde el mismo instante en que se convocaron las elecciones, todos los partidos han «jugado» (por utilizar las palabras de Iván Redondo) con el miedo: el miedo a la ultraderecha, el miedo al trío de Colón, o por el otro lado, el miedo al socialcomunismo que con tan poco acierto ha gestionado la pandemia. Ha sido la campaña más desagradable que recuerdo desde que tengo posibilidades de ir a votar. En cada intervención de Pablo Iglesias, en cada una de sus frases, aparecían las palabras ultraderecha y fascismo, al principio asociadas solo a Vox, pero a continuación relacionándolas con el Partido Popular y con su candidata Isabel Díaz Ayuso. Lo ocurrido en Vallecas, alentado por el que era hasta hace nada vicepresidente de gobierno, fue lamentable. Como el episodio de la Cadena Ser o las cartas con amenazas, todo ha sido vomitivo durante la campaña.

Y a toda acción sucede una reacción, así que Santiago Abascal y Rocío Monasterio plantearon su batalla en términos de «frenemos al frente popular». Joder con el lenguaje guerracivilista, joder con la puta manía de clasificarnos a todos en rojos y fachas. Todo lo que se movía por un centro moderado ha sido arrasado, primero UPyD y luego Ciudadanos, que se ha pegado el tiro en la sien con las mociones de censura o con la gestión de Ignacio Aguado en Madrid.

El caso es que a los madrileños nos han puesto en la tesitura de tener que elegir entre esos dos bloques que los mismos partidos han creado de manera intencionada, y al agitar nuestros miedos ha ocurrido que, más que elegir votar a favor de uno, se ha votado mayoritariamente en contra del otro, del que más rechazo producía. Y ese rechazo no lo causaba Ángel Gabilondo, sino el tándem PSOE-Podemos, o mejor dicho, cualquier posibilidad de gobierno en el que pudiera entrar Pablo Iglesias. A mediados de marzo del año pasado, según empezó la expansión de la pandemia y cuando los fallecidos apenas superaban los dos centenares, escribí que «todo vale en la guerra contra el rival político, incluso las desgracias, o sobre todo las desgracias. Todo vale para atacar, criticar, crispar y sacar tajada de una situación, por dramática que esta pueda ser». Y lo que ha ocurrido con Madrid es digno de estudio.

No voy a defender la gestión de la pandemia que hizo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, porque la primera ola fue dramática y se llevó por delante a casi 18.000 personas, pero es que prácticamente ningún gobierno del mundo se enfrentó de manera adecuada a una situación como esta. Pero sí reconozco que se hizo mucho por mejorar y controlar las siguientes oleadas. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, es médico de profesión, luego estoy seguro de que sabe algo más de esto que todos nosotros y que los tertulianos opinadores de todo y conocedores de casi nada. O que un ministro de Sanidad filósofo. La Comunidad de Madrid propuso una serie de medidas que fueron muy criticadas por el gobierno central por venir de quien venía, con descalificaciones, para ver cómo meses después se implementaban. Estos quince meses de ataques han sido vergonzosos. Los test de antígenos, las PCR en los aeropuertos (pedidos en junio, aprobados en noviembre), bajar el IVA de las mascarillas, que nos dijeron que «no se podía, pero ahora ya sí se puede», los cierres perimetrales, las mascarillas FFP2, tachadas de «insolidarias y egoístas» por Fernando Simón,… Que si los franceses venían a Madrid a emborracharse, aunque aparecieran estadísticas que demostraban que habían entrado más franceses en Cataluña que en la capital, que si Madrid falseaba las estadísticas, aunque luego lo desmintiera el propio Fernando Simón. La última polémica llegó con la petición de la vacuna rusa Sputnik, medida ampliamente criticada por «desleal» e «irresponsable», hasta que se supo que el gobierno alemán estudiaba también su compra. La campaña de ataques a los hospitales de Ifema y el Isabel Zendal darían para un estudio sociológico sobre el rechazo.

Madrid molestaba y molesta. Todos los líderes del PSOE y de Unidas Podemos se turnaban para atacar cualquier medida que se aprobara en la Comunidad de Madrid, aunque no fuera la única región en tomarla. Se daba la bienvenida a ingleses y alemanes y se insultaba a los madrileños. Emiliano García Page se permitió hablar de «la bomba radiactiva vírica» que les llegó de Madrid, sin contar que miles de sus ciudadanos trabajan en esta provincia que acoge a todo el mundo sin distinciones. Yo, como buen madrileño no nacido en Madrid que soy, me he sentido atacado numerosas veces en el último año por insolidario, fiestero, egoísta, irresponsable y «tabernario». El presidente de un organismo público como el CIS, José Félix Tezanos, tomaba partido por quienes le habían designado para el puesto. Pero de todas las cosas surrealistas que hemos vivido en este último año, ninguna me ha llamado tanto la atención como la petición de Gabriel Rufián de que nos subieran los impuestos a los madrileños… y ver solo dos días después a la ministra de Hacienda María Jesús Montero defendiendo dicha medida. Seguramente será culpa de Madrid que Cataluña tenga un déficit siete veces superior al de Madrid, o que la deuda generada por la Generalitat sea 2,3 veces superior.

Como decía la semana pasada, el problema no está en los ingresos, sino en el descontrol de los gastos. Y yo como madrileño, me fío bastante más de Javier Fernández Lasquetty (aunque pueda no coincidir en lo ideológico con él), consejero de Hacienda de Madrid, que de Gabriel Rufián. Así que nos tocaba votar el 4 de mayo y se había generado tanto miedo y rechazo que ni siquiera valorábamos la tercera emoción mencionada por Redondo, la esperanza. Esperanza… Aguirre. El PP de Isabel Díaz Ayuso es el de esa Esperanza y a mí no me genera ninguna ilusión. Ni siquiera ha tenido que hacer campaña, o vender un proyecto, le bastaba con defenderse de los ataques. La carta que nos llegó a casa solo contenía una palabra: Libertad. La simplificación del mensaje llevada a su mínima expresión: libertad o comunismo, fascismo o Venezuela, izquierda o derecha, rojos o fachas. El enorme demérito de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es haber logrado que cientos de miles de madrileños hayan olvidado que el Partido Popular de Madrid era hace nada el partido de Ignacio González o Francisco Granados, el partido y la región en donde comenzó la Gürtel con el Albondiguilla en Boadilla y con Jesús Sepúlveda en Majadahonda. Ojalá no volvamos a esos tiempos, y creo sinceramente que no lo haremos.

No había que ser un lince para saber que Isabel Díaz Ayuso iba a arrasar en las elecciones, como así ha ocurrido. Incluso dirigentes socialistas de toda la vida como Joaquín Leguina o Nicolás Redondo Terreros, o el filósofo Fernando Savater en El País, apoyaron la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular ha ganado en 4.194 de las 4.416 secciones censales. En todos los distritos de la capital, en 177 de los 179 municipios de la comunidad, y también en esos barrios como Vallecas, que Pablo Iglesias se atribuyó como «nuestro».

Es para que Iván Redondo, si tan buen estratega y analista es, se lo mire. Esas alianzas que procuran beneficios puntuales en el corto plazo son letales en el medio y el largo plazo. Pasan factura, igual que las campañas desproporcionadas de ataques e insultos.

Un millón seiscientas veinte mil personas se han «radicalizado», tócate los… Si la respuesta de la izquierda es la vuelta a la guerra civil de Carmen Calvo o los insultos de Juan Carlos Monedero, será cuestión de tiempo que la derecha arrase a nivel nacional.

Como todos los lectores asiduos de este blog sabéis, si queréis colaborar por una buena causa a través de una ONG contrastada, es posible hacerlo mediante microdonaciones en este enlace: Ayuda en Acción/colabora

El gran despilfarro

JOSEAN, 01/05/2021

A mediados de los ochenta, el actor y humorista estadounidense Richard Pryor protagonizó una comedia con el mismo título de este post (Brewster’s millions en el original), cuyo argumento, en principio de lo más simple, terminaba convirtiéndose en algo estresante cercano a la pesadilla: para cobrar una herencia millonaria, el personaje tenía que gastar 30 millones de dólares en un mes, pero sin comprar nada, solo contratando proyectos o servicios inútiles que no le dieran ningún rédito pasado ese plazo. Para ello abre una oficina a la que empiezan a llegar pirados ofreciéndole proyectos inverosímiles como poner un motor a un iceberg y traerlo de no-sé-dónde o inicia una campaña electoral invirtiendo un pastón en carteles y merchandising, pero con eslóganes que incitan al voto por cualquier otro rival.

Estas semanas me he acordado tristemente del argumento de esta película y ha sido viendo las explicaciones del gobierno con la preparación (y las múltiples presentaciones) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde que la Unión Europea aprobó dicho plan de recuperación (en mayo del año pasado, no olvidemos que ha transcurrido casi un año) hemos oído hablar de muchos proyectos sobre los que se ha concretado poco, salvo que debían llevar las palabras sostenible, inclusivo y digital. La idea de que va a caer un maná del cielo de Bruselas se ha difundido por los dos partidos de gobierno, especialmente por parte del socio del PSOE, Unidas Podemos. Todavía no había llegado un euro y ya estaban hablando de la no devolución de los mismos o discutiendo su condicionalidad a la necesidad de hacer reformas. Estoy seguro de que su celebración de la supresión temporal del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria heló la sangre a muchos en Europa.

El caso es que la llegada de esos fondos europeos resulta más necesaria que nunca y constituye una oportunidad de oro para reformar antiguas estructuras de nuestro país que han quedado obsoletas: económicas, industriales, administraciones públicas, en materia de medio ambiente… La duda radica en saber si los actuales dirigentes (y no hablo solo del gobierno central, sino también de las comunidades autónomas) cuentan con la capacidad suficiente para hacerlo, y sospecho que esa misma duda la comparten numerosos dirigentes europeos.

Los Presupuestos Generales del Estado se diseñaron contando con 26.634 millones de euros de adelanto de los fondos europeos y pese a que los mismos no van a llegar hasta 2022, se presupuestó un incremento de gasto en todas las partidas y para todos los ministerios. La falta de rigor en el control de los fondos públicos, unido a las demandas de todos los socios del gobierno en la aprobación de los presupuestos, va a suponer un incremento del déficit público hasta niveles nunca vistos en nuestro país, y eso que partimos del más alto de toda Europa. Y el déficit sostenido se transforma en deuda pública, y esa deuda en un lastre para el futuro. La «next generation» se va a cagar en todos los que intervinieron en la gestión de los fondos Next Generation, no tengo ninguna duda.

Ni siquiera cabe el consuelo de pensar que de los 140.000 millones que teóricamente deben llegar a España en los próximos ejercicios, 72.700 son ayudas directas y 67.300 corresponden a préstamos que, de momento, no se van a solicitar. Si algo han demostrado los políticos de nuestro país es que una vez que crean un cargo público, sea comisión, secretaría, grupo de expertos, consejo o empresa, no desaparece. Los seres vivos públicos nacen, crecen, no desarrollan nada, procrean y nunca mueren. Y no me refiero a médicos, profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios de carrera, trabajadores sociales, etc., no. Me refiero al ingente e infinito crecimiento de afines a los partidos que se crean para vivir de lo público.

El actual Consejo de Ministros (¡y Ministras!) consta de 23 miembros (¡y miemb…!, no, eso no), incluyendo al presidente y las cuatro vicepresidencias creadas. Son seis ministerios más que en el primer gobierno de Pedro Sánchez, en 2018. En ese primer gobierno había 25 secretarías de Estado, que tres años después ascienden a 30. Evidentemente, las razones que motivaron dichos incrementos no fueron de eficiencia o mejora de gestión de lo público, sino para hacer hueco al nuevo socio de gobierno. Para los que nos escandalizamos con este despelote, resulta recomendable este gráfico de la evolución del número de vicepresidencias y ministerios en las últimas cuatro décadas: hemos vuelto a los niveles de mayo de 1980.

Luego está la cifra de asesores que pueden contratar en esos ministerios, nombramientos de libre designación, normalmente de fuera de la administración pública, que son designados a dedo sin tener que justificar un mínimo currículum o preparación. Este artículo de Voz Pópuli hablaba de 1.212 asesores con un coste anual de 65,4 millones de euros, un fuerte incremento en comparación con las cifras (también estratosféricas) de 860 asesores y 44,8 millones de euros anuales del último gobierno de Mariano Rajoy. No he podido validar el origen de estas cifras que me parecerían escandalosas si fueran ciertas, pero me resultan igualmente escandalosas las determinadas por la web Newtral.es, elaboradas tras realizar solicitudes de información a los diferentes ministerios a través del Portal de Transparencia. Este análisis concluye que el gobierno de coalición tuvo en nómina al menos a 224 asesores, y dice «al menos» porque el ministerio de Interior (Grande Marlaska) y el gabinete de Presidencia no contestaron a los requerimientos. 224 asesores de libre designación de los que no podemos saber el salario ni la trayectoria profesional porque así se decidió en la propia Ley de Transparencia, a la que ya le dediqué su correspondiente crítica por cagadas como esta (Ni transparencia, ni buen gobierno).

El sueldo base de un asesor ascendía a 51.945 euros en 2020 y el de un consejero técnico de información, de 45.638 euros, a los que hay que sumar los complementos específicos de 28.320 euros por «asesorar» en una vicepresidencia y de 21.299 euros si es en un ministerio. Y no acaba ahí la cosa, sino que además tienen unos complementos de productividad que son variables: «varían» en función de lo que al que les ha colocado le parezca bien. Todo ello me parece un despelote infinito, como puede comprobar cualquiera con sus propios ojos echando un vistazo al Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Dejo solo un artículo para el que quiera hacer sumas:

Del análisis de Newtral llaman la atención muchas cosas, como el hecho de que el ministerio que designó a mayor número de asesores durante el primer año de gobierno fue el de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ¡con 18! asesores afines designados a dedo por Pablo Iglesias. Prácticamente el triple que Sanidad, Trabajo o Educación, para que se entienda bien cuáles son las prioridades de ese ex vicepresidente que solo hablaba de la importancia de la sanidad, el trabajo y la educación.

España tiene muchos problemas, pero el de la ineficiencia de las costosísimas administraciones públicas es uno de los más gordos y de más difícil resolución, puesto que quienes tendrían que resolverlo son los que lo han originado. Pero no termina en el gobierno central, ni mucho menos. Este martes 4 de mayo tenemos elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid y uno ve con asombro que el número de diputados autonómicos sube de 132 a 136. ¿136 diputados en la Asamblea de Madrid? ¿Para qué? La Generalitat de Cataluña tiene otros 135 diputados en el Parlament y todavía no han sido capaces de formar gobierno después de más de dos meses. En la Asamblea de Murcia, donde se originaron estos últimos movimientos de silla por controlar el poder, hay 45 diputados y en Andalucía, otros 109. Suma y sigue, y si todo ello redundara en beneficio del ciudadano, no lo discutiríamos, el problema estalla cuando vemos la torpeza de casi todos ellos para gestionar una crisis como la generada por la pandemia o para crear estabilidad económica o desarrollo para sus respectivas regiones.

(En el interior te hablan de la preocupación por el medio ambiente. Ya…)

Siempre que leo estas cifras me acuerdo de la teoría de las élites extractivas que los norteamericanos Daron Acemoglu y James Robinson desarrollaron en su libro ¿Por qué fracasan los países?: las élites extractivas “tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto”. Es una aberración que desde el año 2000 hayan crecido las transferencias de competencias a las comunidades autónomas y que hayan aumentado paralelamente los cargos autonómicos y los asesores de los gobiernos centrales. Esta misma semana escuché en la radio un dato escalofriante: desde marzo de 2020 se ha creado un puesto público por cada cuatro empleos que se han destruido en el sector privado. Si los datos son ciertos, el sector público ha aumentado en 149.400 asalariados en los últimos doce meses, mientras que las empresas han destruido 605.400 empleos. Es insostenible.

El economista y profesor de la universidad de Barcelona José María Gay de Liébana publicó esta semana un artículo que leí con interés, pese a que su título cabreaba por la mera posibilidad de que nos lo planteáramos en serio: ¿Y si nos intervinieran? El profesor elabora unos cálculos de la deuda pública española, añadiendo al 120% oficial ya conocido el montante global de pasivos en circulación de todas las administraciones y la deuda de las empresas públicas, y sitúa la cifra en la acongojante cantidad de «2.028.737 millones, el 180,8% del PIB«. Concluye el profesor diciendo que «durante estos años recientes se ha demostrado la manifiesta incapacidad de nuestros gobernantes y la clase política para sacar adelante a España. Quizás es la hora en que necesitamos que vengan desde fuera y nos pongan firmes para así poder desarrollar todo nuestro potencial económico«. Yo no puedo estar de acuerdo con la intervención externa, pero sí con el control exhaustivo de todas nuestras finanzas, justo lo contrario de lo que están demandando Sánchez, Iglesias y Montero desde que llegaron al gobierno. Y más control ahora que van a llegar millones desde Europa y se ha fomentado un cambio legislativo para relajar dichas medidas de control.

La Unión Europea lleva años reclamando tres reformas fundamentales a nuestros gobiernos: laboral, fiscal y del sistema de pensiones. La del sistema de pensiones no se ha comenzado porque crea unos conflictos que ningún gobierno quiere afrontar. Las modificaciones en la legislación laboral van en línea contraria a lo demandado por Europa, y la fiscal se ha centrado única y exclusivamente en incrementar la carga fiscal a las empresas y a lo que llaman «las grandes fortunas», que en la mayoría de las medidas son «las medias fortunas», la clase media. Cuando uno no es capaz de controlar su gasto público, ¿qué es lo que hace?: plantear que hay que subir los impuestos. La recaudación fiscal cubría hasta hace dos años el 93 por ciento del gasto público. Ahora apenas alcanza el 75 por ciento, y este es un dato más que preocupante.

Concluyo donde comencé, con la oficina de Richard Pryor recibiendo proyectos y unas costosas campañas electorales. Espero que no se cuelen proyectos para amigos como el del machismo de la M-30. ¿Cómo se va a articular el dineral proveniente de Europa? Pues a través de lo que el Real Decreto recoge como seis pilares, cuatro ejes y diez políticas palanca:

Y si concretamos un poco más, estas políticas se desarrollarán a través de treinta líneas de acción (algo inconcretas, por cierto):

Si esto fuera el Un, Dos, Tres, al llegar al número 6 ya habrían saltado las Tacañonas para decir que habían repetido una respuesta.

El punto 29 es la mejora de la eficacia del gasto público, que espero que no consista en crear un nuevo comité de asesores y subdirectores para decir cómo hay que ahorrar. Y por cierto, todo muy resiliente, digital e inclusivo. Esperemos que la inclusividad no consista en pagar a «especialistas» o «especiedelistos» para hacer contribuciones como esta:

Poco nos pasa.

Memoria (II): el olvido

LESTER, 05/04/2021

De acuerdo con todos los expertos a los que me referí en la primera parte, los recuerdos se construyen en la memoria a partir de una alteración de la realidad (quizás sea mejor decir «adaptación») por parte de nuestro cerebro, influido por los sentimientos y la carga emotiva. La memoria selecciona la parte que más interesa al individuo, o que más llama su atención, y desdeña los malos recuerdos o la negatividad asociada al hecho recordado. El pasado se dulcifica la mayoría de las veces, se tiende a caer en la nostalgia, en la pena por la pérdida de un tiempo que creemos que fue feliz y quizás no lo fue tanto. El verso de Jorge Manrique concluía diciendo aquello de «cualquier tiempo pasado fue mejor«, que no tiene por qué ser cierto, y de hecho muchas veces no lo fue, pero sí la percepción que queda.

No tengo claro que una memoria exacta, capaz de recordar hasta el más mínimo detalle de lo que ocurrió, sea lo deseable. Ni siquiera tengo claro que sea negativo poseer una memoria escasa, o más bien, una memoria selectiva que se quede solo con lo positivo y elimine todo aquello que afecte a la persona o le hiciera algún tipo de daño. Al menos como individuo, esa memoria selectiva le permitirá mirar hacia delante, dejar atrás el pasado, no anclarse y revivir una situación desfavorable. La memoria implacable, eficaz, puede perpetuar el rencor, mientras que esa otra memoria falible o maleable, «adaptada», puede llevar con mayor facilidad al perdón o la reconciliación. El olvido, por tanto, puede tener sus ventajas ocasionales, pero como todo en la vida, en su justa medida, puesto que el olvido excesivo tampoco resulta conveniente: sin recuerdos ni memoria, se condena a la persona a perder su esencia, lo que es. Su personalidad, las experiencias que lo formaron, sus capacidades racionales, su buen o mal humor. En definitiva, la persona que era deja de serlo, como por desgracia vemos en los enfermos de Alzheimer. En El río de la conciencia, de Oliver Sacks, hay un capítulo dedicado a los estudios de Freud como neurólogo, y para él, «nada era tan importante para la formación de la identidad como el poder de la memoria; nada garantizaba más nuestra continuidad como individuos. Pero los recuerdos cambian, y nadie era más sensible que Freud al potencial reconstructivo de la memoria, al hecho de que los recuerdos se reelaboran y revisan continuamente». Para Sacks, «no existe una manera fácil de distinguir un recuerdo o una inspiración auténticos, sentidos como tales, de los que se toman prestados o se sugieren, entre lo que Donald Spence denomina la verdad histórica y la verdad narrativa».

Todo lo dicho para el individuo tiene un tratamiento muy diferente cuando se trata de crear una memoria colectiva. En cuanto alguien menciona la posibilidad de dejar atrás el pasado para evolucionar como sociedad, surge otro que de manera inmediata recuerda la famosa frase del filósofo George Santayana:

«Aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo».

Esta frase, inscrita en uno de los barracones de Auschwitz, se ha utilizado de manera incorrecta en múltiples ocasiones, y se ha tergiversado en parte su interpretación, porque desde luego lo que no dijo nunca fue que «los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla», como he escuchado tantas veces. Santayana hablaba desde una perspectiva antropológica de basar el progreso en la experiencia, en lo que llamaba la «retentividad»: «…y cuando la experiencia no se retiene, como entre los salvajes, la infancia es perpetua. Los que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo«. No habla de una memoria colectiva, ni de los pueblos o su historia, porque posiblemente no exista una memoria colectiva, o una memoria del pueblo como tal, salvo la que se crea y se transmite por sus dirigentes, con todos los peligros que ello conlleva, porque otra frase muy conocida nos advierte que «la historia la escriben los vencedores», con todo lo que tiene ello de subjetivo.

En cualquier caso, esta frase entra en conflicto con lo escrito por Lewis Hyde acerca de la necesidad de dejar atrás el pasado para poder avanzar como sociedad (Breviario del olvido. Apuntes para dejar atrás el pasado). Para los interesados en el tema, les recomiendo un programa que escuché recientemente sobre el asunto en La Cultureta, de Onda Cero (dejo aquí el enlace). En el mismo, hablaron de las leyes del olvido promulgadas en la antigua Grecia para avanzar como sociedad sin necesidad de recordar continuamente el pasado de unos y otros. También salió el nombre de David Rieff, el hijo de Susan Sontag, cuyo libro Contra la memoria es toda una declaración de intenciones en contra de la memoria histórica. En el libro (que no he leído, pero ya he apuntado en la lista de «pendientes»), David Rieff habla de la creación de la memoria colectiva por parte de los nacionalismos de todo tipo, y de cómo la memoria de horrores pasados enciende profundos odios étnicos, violencia y guerras. Se centra en lo que vio con sus propios ojos de corresponsal de guerra en la antigua Yugoslavia, en Ruanda o en Sierra Leona, en cómo los distintos pueblos, etnias o nacionalidades se reprochaban continuamente lo sucedido en el pasado. «En las colinas de Bosnia aprendí a odiar, pero, sobre todo, a temer la memoria histórica colectiva». Su siguiente libro también lleva un título clarificador: Elogio del olvido. En una entrevista para la promoción de su nuevo libro, en 2017, pronunció afirmaciones tan contundentes (y controvertidas) como que «el recuerdo puede servir como arma de guerra y el olvido puede ayudar a construir la paz«.

Llegado a este punto, reconozco que siempre que se habla de memoria histórica en España tengo mil dudas. Los que nacimos en los últimos años de la dictadura, los que fuimos adolescentes en los ochenta, no teníamos un problema, o no creíamos tener un problema sin resolver con la guerra civil española. Había pasado medio siglo, creo que todos teníamos familiares que habían estado en ambos bandos y sin necesidad de hablarlo éramos conscientes de que en una guerra se cometen todo tipo de tropelías por parte de todos, de unos y de otros, o de «hunos» y de «hotros», como diría Miguel de Unamuno. Los padres de los que somos de mi generación nacieron en la posguerra o eran muy críos en los últimos años de la guerra y todos ellos miraron hacia delante creyendo que no convenía remover ese pasado incómodo. Poco después de la muerte de Franco se promulgaron diversas medidas de indulto y el Real Decreto 10/1976 habló directamente de amnistía. La palabra «amnistía» viene del griego «mnéme», memoria, y significa precisamente su negación, «olvido, perdón». El texto del real decreto era claro en sus intenciones:

«La Corona simboliza la voluntad de vivir juntos todos los pueblos e individuos que integran la indisoluble comunidad nacional española. Por ello, es una de sus principales misiones promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación, culminando así las diversas medidas legislativas…

«Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles. Tal es el objeto de la amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de intencionalidad política o de opinión ocurridos hasta el presente…»

Pero todo este «olvido» volvió a la actualidad muchos años con la llamada Ley de Memoria Histórica, Ley 52/2007, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura», promulgada durante el gobierno de Zapatero, con el siguiente objeto:

Sin embargo, pese a indicar que la Ley trata de «fomentar la cohesión», se habla cada día más de la necesidad de la memoria histórica, pero no con la idea de resarcir a determinadas víctimas o de ayudarles a encontrar los restos de sus familiares, sino con ánimo revanchista, en muchos casos, con intención de reescribir la historia. Hoy se habla más que nunca de «¡Franco, Franco!», ¡joder, un dictador muerto hace 45 años!, y sobre todo de lo que algunos llaman «sus herederos», avivando un odio que no existía y creando de nuevo dos Españas cada día más distanciadas. Y me preocupa especialmente por cómo se ha parido y gestionado todo este proceso, por esa manera de diferenciar la «verdad histórica» de la «verdad narrativa», por las personas que han dirigido el proceso y sobre todo por las intenciones con las que algunos lo hacen. Nunca se me olvidará aquel desliz de Zapatero a Iñaki Gabilondo en el que dijo que «nos conviene que haya tensión«.

Habrá quien me diga que, si tan a favor del perdón o el olvido estoy, por qué me resisto a hacer lo mismo con gente como Arnaldo Otegi o los tipejos de Bildu, y creo que la respuesta es evidente. Lo primero es que no estoy a favor del olvido, sino del conocimiento. Lo segundo, nuestros padres hicieron un trabajo cojonudo para que nos uniéramos y miráramos hacia delante, fuéramos de derechas o de izquierdas, más progres o más conservadores, lo pasado, pasado está, había que unirse como nación, modernizarse, entrar en Europa, etc. Los que en su día daban respaldo político a ETA se dedican ahora a homenajear a los asesinos cuando salen de las cárceles y vuelven a sus pueblos. No hay arrepentimiento alguno, no hay empatía alguna hacia los familiares de las víctimas, mientras que sí la ha habido siempre en España para enterrar nuestro pasado «guerracivilesco».

Quizás la solución pase por hacer algo como lo que hizo Italia durante el gobierno de Matteo Renzi con la apertura del museo del Fascismo en Predappio, a quinientos metros de la casa en la que nació Benito Mussolini. Entendieron que había llegado la hora de romper con un tabú de setenta años y que la mejor manera no era ocultar u olvidar el pasado, sino precisamente mostrarlo, explicarlo. Como dijo el presidente de su partido, Matteo Orfini: «Somos un país antifascista, lo que está reconocido en la Constitución. No tenemos necesidad de cancelar nuestra memoria. Borrarla es un elemento de debilidad, no de fuerza por parte de quien la practica«.

Estos días estoy leyendo la recopilación de artículos de Francisco Tomás y Valiente A orillas del Estado, y precisamente una figura como la suya, magistrado del Tribunal Constitucional propuesto por el PSOE en 1991, abogaba por una solución como la que comento sobre Italia:

«Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de venganza. Así había que hacerla y no hay que arrepentirse de ello. Bien hecha estuvo. Pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos, y sería pernicioso que muchos los dieran».

«Quienes no vivieron el franquismo, o solo conocieron su etapa final, deben estudiarlo para no repetirlo. Deber nuestro es transmitirles, sin rencores ni ánimos de venganza, sino con distanciamiento metódico y sin más pasión que la de sembrar lucidez y tolerancia para el presente y el futuro, lo que aquel régimen, hoy tan lejano como peligrosamente desconocido, fue».

Y más adelante, en A vueltas con la transición, se lamenta de cómo algunos están avivando los enfrentamientos:

«La hicimos entre todos, y ahora parece que nos preocupa tanto saber quiénes fueron sus protagonistas, que las peleas que entonces no hubo corremos el riesgo de (¡por fin!) entablarlas en este otoño por tantos conceptos caliente».

«Mi segunda observación consiste en recordar algo que quienes vivimos aquello rememoramos con orgullo y sin arrepentimiento: la viva solidaridad de todos los españoles demócratas».

Los artículos son de 1993 y de 1995, ni más ni menos. Claro que habla con conocimiento y madurez, le preocupa la ignorancia y para que todo esto llegue a nuestro país deberíamos tener una clase política culta, formada, que dejara en manos de los expertos lo que pertenece al ámbito de la historia y no del «relato». Y sobre todo, una clase política generosa que no se pase el día contando los réditos electorales que van a obtener por reavivar el odio o incendiarios proclamando que «hay que acabar con el Régimen del 78».

Desigualdades

JOSEAN, 14/03/2021

Hace apenas una semana se presentaban las cifras de empleo de febrero y con ellas, la evolución de los últimos doce meses. El pre-Covid y el «on-Covid», sin que veamos todavía el post-Covid que estamos deseando comenzar de una vez. Desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia y se decretó el estado de alarma, la situación económica es dramática, tanto para empresas como para autónomos y familias. El paro supera de nuevo los cuatro millones, cifra que no se superaba desde abril de 2016. A esa cifra habría que añadir las 900.000 personas que se encuentran actualmente en ERTEs y los 510.000 autónomos que permanecen en situación de cese de actividad.

El panorama es desolador, y con el aumento del paro lógicamente crece la desigualdad. Según un reciente informe de Oxfam, la tasa de pobreza severa en España (considerando como tales a aquellas personas que viven con menos de 16 euros al día) ha aumentado del 9,2% de la población al 10,86%, lo que supone añadir 790.000 personas a ese triste grupo de gente que malvive por debajo del nivel de subsistencia. Casi 800.000 nuevos pobres.

Los datos del paro se pueden analizar desde diversos puntos de vista. Llama la atención el sexo de los parados, puesto que 2.304.779 mujeres están en situación de desempleo, mientras que los hombres se quedan en una cifra lejana: 1.704.010, «apenas» el 42,5%. Estos datos sitúan la tasa de desempleo femenino en el 19,3%, mientras que la masculina está en el 14,1% (Datos del Informe de la Fundación Adecco). Desigualdades de todo tipo, por sexo, por comunidades y por edad.

Se incide mucho en la tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años, cercana al 50%, un dato cuatro veces por encima del existente en países como México o Corea del Sur. Según los datos del último INE, de los cuatro millones de parados, 366.403 tienen menos de 25 años. En muchos casos se trata de jóvenes recién salidos de la formación profesional o de la universidad, con idiomas o másteres diversos, que no encuentran su hueco en el mercado. Buena parte de ellos emigrará, otros cuantos opositarán, y muchos caerán en el desánimo. No es consuelo, pero muchos de ellos seguirán viviendo de (y con) sus padres más tiempo del que les gustaría, a la espera de que lleguen tiempos mejores.

Hay otro grupo de edad al que se presta menos atención, que es el de los mayores de 50 años. Hablamos de 936.200 personas, es decir, cerca de la cuarta parte de los parados actuales. En su caso la situación se agrava puesto que la mayoría tiene cargas familiares y un horizonte incierto por delante, con la jubilación aún lejos de su alcance. Y desde luego las posibilidades de lograr un contrato disminuyen enormemente tras pasar la barrera psicológica de los cincuenta. La Organización Mundial de la Salud identifica la discriminación por razón de edad al mismo nivel que la discriminación por sexo o raza, y en el caso de la edad el problema aumenta a medida que pasa el tiempo o cuanto mayor sea la edad. Más del 70 por ciento de los parados mayores de 55 años son desempleados de larga duración, es decir, llevan más de un año sin encontrar trabajo. Surgen así nuevas desigualdades, que se acrecientan si añadimos el factor sexo a los datos. Según el mencionado Informe de Adecco, el 57 por ciento de los desempleados de larga duración son mujeres y en el tramo superior a los 55 años suponen casi dos tercios del total:

En este blog ya dediqué una entrada a la brecha salarial y otra a esa enorme diferencia (que además se ha incrementado) entre directivos y empleados, una auténtica grieta salarial creciente relacionada con el momento en que cada generación se incorporó al mercado de trabajo y comenzó a ocupar los puestos de responsabilidad. En el mencionado tramo de edad por encima de los 50 años van a convivir los trabajadores con el sueldo normalmente más alto de las compañías y los desempleados de larga duración cuya pensión se va a reducir de manera considerable.

No voy a extenderme más en estos asuntos porque lo que me interesaba era resaltar algunas diferencias que se están produciendo y aumentando en el sistema. La propia Covid-19 se ha cebado de modo distinto entre hombres y mujeres. Según el Informe del INE, el número de hombres fallecidos por Covid-19 es superior en todos los tramos de edad por debajo de los 85 años, y solo es superado por encima de esta barrera, fundamentalmente porque hay el triple de mujeres que de hombres en esos rangos de edad.

Buceando en los datos del INE se pueden encontrar esas estadísticas que aparecen de manera excepcional en las noticias, como son las cifras (escalofriantes por otro lado) de suicidios en España. En una consulta rápida obtengo los siguientes resultados:

El suicidio es la primera causa externa de muerte en España, por encima de los accidentes de tráfico. No podemos entrar a averiguar las causas que motivaron estas tragedias, pero llama la atención que se repita la proporción de uno a tres entre mujeres y hombres a lo largo de toda la serie temporal. Las cifras son terribles, suponen más de diez suicidios diarios, motivo por el que numerosas voces llevan años reclamando un Plan Nacional para la prevención del suicidio, considerado por la Organización Mundial de la Salud como un grave problema de salud pública.

Sigo la evolución de esa estadística desde hace tiempo y siempre me ha sorprendido la «estabilidad» de las cifras, la anomalía que suponen en un país en el que (creo) se vive tan bien. Como también me asusta la estadística de los accidentes laborales, otra lacra que, pese a haberse reducido en los últimos años, sigue en unas cifras escalofriantes. En 2020, y pese al parón de actividad, fallecieron 708 trabajadores, 595 de ellos en accidentes durante la jornada de trabajo y 113 durante los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo, los llamados «in itínere».

Entrando en el detalle de esas cifras se advierte una diferencia importante por el sexo de los fallecidos, 565 de los cuales eran hombres y 30 mujeres. Quizás se deba al peso mayoritario de los hombres en sectores como la construcción, la industria o el transporte, donde apenas hay presencia de mujeres, pero no deja de resultar llamativo. Los partidos en el poder presentaron una norma seguramente inconstitucional para promover la presencia de mujeres en las llamadas carreras STEM (ciencias, tecnológicas, ingeniería y matemáticas), pero evidentemente no les interesó forzar un cambio de paradigma en estas otras profesiones en las que las mujeres están infrarrepresentadas.

Finalmente retiraron la propuesta e hicieron bien, porque vistas las explicaciones que daban algunas sobre esta medida, caían en actitudes machistas que teníamos ya olvidadas. Los porcentajes tan desiguales en la estadística de los accidentes laborales son similares, pero a la inversa, a los porcentajes de los fallecimientos (llamémoslos asesinatos) por violencia de género o violencia doméstica. Una auténtica lacra que por desgracia no reduce sus cifras año tras año.

Todas las estadísticas nos llevan a conclusiones evidentes: aumentan las desigualdades de todo tipo. Entre ricos y pobres, entre contratos fijos e indefinidos, salariales, generacionales, por razón de sexo,… La pandemia lo ha agravado todo y solucionarlo requiere de políticas activas de diversos ministerios: Empleo, Hacienda, Economía, Sanidad, Inclusión, Seguridad Social,… En España estamos tan convencidos de corregir las desigualdades que hasta tenemos un Ministerio para luchar contra todas ellas desde «una perspectiva de género». Los resultados saltan a la vista:

Evidentemente, la evolución de estos datos económicos no depende del Ministerio de Igualdad, cuya agenda ha estado marcada por otros asuntos, como los intentos de aprobación de la Ley de Libertad Sexual y el Proyecto de Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las personas Trans. ¿Entonces, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación no ha sido parida en ese Ministerio? Pues tampoco, puesto que fue aprobada en el Consejo de Ministros a iniciativa del PSOE y con la abstención de Podemos, pese a contar con toda una ministra de Igualdad de dicho partido en el gobierno. Las diferencias entre los dos partidos de gobierno son evidentes en numerosos asuntos de esta índole, pero quizás la titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, ha estado del lado de las asociaciones feministas y todo se debe a una persecución constante de su actividad por parte del «heteropatriarcado» más rancio y caduco. Lo cual me cuadra mal con el hecho de que un centenar de asociaciones y colectivos feministas hayan reprobado su primer año de gestión por considerar que está cayendo en una «deriva antifeminista». O a mi modo de ver, en una pelea absurda entre mujeres y hombres.

El presupuesto del Ministerio de Igualdad o «igual da» se ha incrementado hasta los 451 millones de euros para 2021. Suponemos que la ministra en cuestión es una persona preparada para gestionar estos fondos, más los que tienen que llegar de Europa, porque pensar que ha llegado al puesto por sus relaciones personales sería de un machismo insoportable. Sería algo parecido a lo que se dijo de Ana Botella, que pese a ser licenciada en Derecho, haber obtenido la oposición al Cuerpo de Técnicos de la Administración Civil del Estado y tener amplia experiencia en diversas Administraciones Públicas, se le acusó de llegar al cargo por ser «la mujer de» o «elegida a dedo por», lo cual, visto cómo se cuecen las cosas en política, puede tener mucho de cierto. A mí personalmente, Ana Botella nunca me gustó y me incomodaba su modo de explicarse, pero el machista insoportable que pronunció aquellas palabras fue Pablo Iglesias.

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