Hoy se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución en referéndum por una amplia mayoría de los ciudadanos que acudieron a votar. Por diversas razones de todo tipo, y cada uno tendrá las suyas, parece cuestionada como pocas veces lo ha estado en las cuatro décadas anteriores. En buena parte, esa crítica viene de personas que ni siquiera habían nacido cuando se redactó o aprobó, o que parecen desconocer cómo se gestó, en una época tremendamente difícil cuando apenas hacía tres años del fallecimiento de Franco.

Ese momento me pilló con apenas ocho años de edad, y no soy ningún experto en la materia, si bien creo que hemos vivido cuarenta años de innegable crecimiento y modernización del país, lo cual no quita para que haya que plantearse reformar lo que haya que reformar, o modificar todo aquello que haya quedado obsoleto o anticuado.

Hoy, cuando todo está a un clic de distancia, voy a hacer todo lo contrario: acudir a la vieja prensa de papel, a ese recopilatorio de portadas del diario El País del que ya he hablado en alguna otra ocasión (Conde, Pujol, Rato, Otegui y Beatrix Kiddo), para publicar las portadas relacionadas con este asunto que más me ha interesado leer un día como hoy.

Finalmente esa abstención fue del 33 por ciento, promovida por partidos como el PNV o ERC. Como estos días se leen muchas chorradas, como que fue una constitución promovida por la extrema derecha, o como ha dicho hoy mismo Alberto Garzón, sin “consideración al movimiento obrero, al PCE y a la lucha antifranquista”, hay que recordar el amplio consenso generado, con el 88,5 por ciento de los votos ciudadanos a favor, y con el refrendo en el Congreso y el Senado de 551 de los 598 representantes de los grupos. La posición de los partidos políticos y distintos grupos fue a favor en el caso de PSOE, UCD, Alianza Popular, y, ¡Alberto!, Partido Comunista de España, UGT y Comisiones Obreras. Hicieron campaña por el NO a esta Constitución: los batasunos, ERC (se abstuvieron en el Congreso y votaron en contra en el referéndum) y, ¡Alberto, escucha, pisha!, la extrema derecha de Falange Española de las JONS y Fuerza Nueva.

Ese amplio consenso se generó desde mucho tiempo antes. Era una necesidad imperiosa, salir de todo aquello que pudiera representar la dictadura franquista e iniciar una nueva etapa.

El 17 de marzo de 1978 finalizaron los trabajos de la ponencia constitucional. Los llamados “padres de la Constitución” reunían un poco de todo ese maremágnum que era la política en esos años de la transición, desde ministros franquistas como Fraga a representantes del PCE (Jordi Solé Tura) o el PSOE (Gregorio Peces-Barba), pasando por la Minoría Catalana (CDC, UDC, ERC) representada por Miquel Roca y la UCD (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca).

El papel de la Corona

Me resulta difícil justificar una monarquía hoy en día, en pleno siglo XXI, mantener unos privilegios desde la cuna y heredados por vía directa de la unión del espermatozoide y el óvulo, y no por méritos o elección de los ciudadanos, pero estoy tan harto de nuestra clase política que ahora mismo me atrevo a manifestar que me molesta menos la Corona que la república que algunos anhelan.

Cito textualmente de El País, 23 de julio de 1977:

Con la frase La democracia ha comenzado, el Jefe del Estado reafirmó su intención de tránsito de una Monarquía impuesta por un régimen dictatorial a una Monarquía constitucional y democrática.

La izquierda recelaba del papel del Rey que en su discurso destacaba “la función integradora de la Corona y su poder arbitral, que cobran un especial relieve en sus relaciones con las Cortes”. El talante negociador y dialogante de Adolfo Suárez fue fundamental para el desbloqueo de la situación:

No fueron meses fáciles. A medida que paso portadas veo un gran número de asesinatos de la banda terrorista ETA y de los GRAPO, también activos por aquella época. El Ejército y la Iglesia católica también recelaban de la redacción de la nueva Constitución.

Las autonomías

Para que el proyecto saliera adelante con esa amplia mayoría que la situación demandaba, había que buscar un encaje con el que se pudieran sentir cómodos los que nunca están cómodos, pues de la eterna queja hacen virtud: los nacionalismos. Primero se restablecieron las instituciones catalanas, septiembre de 1977:

Y a continuación, Suárez en persona inició el proceso de negociación del Estatuto vasco de autonomía, culminado en julio de 1979:

Evidentemente, los verdaderos antisistema de siempre, los batasunos en sus distintas formas, aquellos que según Pablo Iglesias mejor entendieron que no era posible conseguir lo que uno quiere dentro de este marco constitucional (¡!), no aceptaron el Estatuto, ni se presentaron a la formación de ese primer Parlamento vasco (1 de abril de 1980), aunque bien que cobraron los honorarios que el Estado español represor les deparaba.

Calificaron al órgano legislativo vasco de “institución de la reforma” marcado por “las limitaciones y encorsetamientos emanados de la reaccionaria Constitución española”, que no era capaz de dar solución a las “reivindicaciones mínimas democráticas del País Vasco”. Mejor el democrático tiro en la nuca o el coche bomba reivindicativo.

Por si estos ataques terroristas de una banda de ultraizquierda no fueran suficientes, los grupos de extrema derecha también hicieron de las suyas esos años. El ataque al despacho de los abogados laboralistas de Atocha, donde la actual alcaldesa de Madrid Manuel Carmena salvó su vida, el asesinato de Yolanda González o los nostálgicos del antiguo Régimen en la Guardia Civil y el Ejército, con la frustrada Operación Galaxia:

Y por supuesto, el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981:

En aquellos días, los ciudadanos dieron una vez más un ejemplo de superación, una voluntad de mirar hacia adelante y cambiar este país. Yo creo que la mayoría ni sabía lo que había votado con la Constitución, pero para ellos representaba una puerta hacia el futuro y cerrar la del pasado. ¿Que había que mejorar cosas? Por supuesto, no debió de ser nada fácil, con la crisis económica brutal, la extorsión etarra, la devaluación de la moneda o la corrupción, sin pertenecer aún a la Unión Europea (o Comunidad Económica Europea por entonces), pero se logró:

No soy nada optimista ante la situación actual, no veo eso que se llama “sentido de Estado” en la mayoría de los líderes actuales de los partidos. La mayoría de ellos ni había nacido en 1978, y a algunos les da pie a decir que no tienen por qué seguir esa Constitución que califican de “franquista”, con un par.

Cualquier posibilidad de consenso necesario para cualquier objetivo parece imposible, porque hoy parece vetado coincidir con el rival, acordar una posición común. Se busca dividir, confrontar, trazar de nuevo una raya que nos separe en bandos. Lo último ha sido ver manifestaciones y quema de contenedores para protestar por unos resultados electorales. No sé qué será lo siguiente. ¿La crisis de los 40?

Recientemente vivimos el enrevesado (y surrealista) desenlace de la sentencia sobre el AJD, el “pasito pá’lante, pasito pá’trás” del Supremo, pero aun quedaba recorrido al sainete. “La banca siempre gana”, nos contaron, “los bancos son malos”, era el contexto creado. Tranquilos, no pasa nada. El señor presidente de gobierno, con su S de Sánchez o de Superman en el pecho, nos prometía que lo solucionaría: en menos de 48 se redactó y publicó un decreto ley para que los consumidores no tengan que pagar este impuesto “nunca más”. Y que lo paguen los malvados señores de la banca, le faltó decir.

Creo que todos tenemos claro que quien gana a la hora de recaudar un impuesto es la administración, ya sea central, autonómica o local, y que las empresas privadas (y los bancos lo son) establecen el precio de sus productos en función del estudio de costes que realizan. Pero hoy no quería hablar de eso, sino de la rapidez en aprobar un nuevo decreto ley a pesar de los criterios y advertencias de la carrera judicial en contra de ese sistema. De rondón han colado una modificación importante, y es que el pago de este impuesto no será deducible para el banco que lo soporte, con lo cual el coste del mismo va a ser superior para el ciudadano si, como es de esperar, el banco lo repercute al cliente. Trato de explicarlo en el cuadro adjunto con datos aproximados:

Así que si el banco, como es previsible, repercute al cliente el impuesto en los costes de formalización de la hipoteca, el ciudadano pagará más y las administraciones públicas recaudarán un importe superior. El banco no va a perder, de eso estoy seguro.

Vuelvo a recordar una vez más el texto del abogado del Estado Jesús López-Medel, titulado Lamento por la seguridad jurídica, en el que evidenciaba la peligrosa “tendencia de los últimos años de introducir reformas normativas a toda costa”. El texto es de febrero de 2013 y me importa poco el signo político del partido en el poder (el PP entonces). Lo que contaba resulta preocupante: “Ello tiene su origen no solo en una peligrosa tendencia a considerar que el poder mayoritario tiene legitimación a hacer lo que quiera y en la forma que desee sino también en otros factores”.

¿Que surge un problema? Que nadie se preocupe, que aquí viene nuestro presidente de gobierno en modo salvador a solucionarlo. “Todo se decide con premura, con escaso tiempo para reposar ideas, sin escuchar a sectores afectados, cuando no se legisla de modo epiléptico por algún hecho social que es noticia en los medios de comunicación”. Parece un chiste, pero esas críticas en foros o redes sociales, esas condenas “tuiteras”, al final están provocando el ruido mediático necesario para que nuestra clase política plantee reformas que requerirían mucha más reflexión (Leer sentencias en los tiempos del tuit). “Lo importante para ellos, los dirigentes, es que la sociedad vea que el poder político reacciona con prontitud, haciendo ver que con un cambio normativo se va a arreglar el asunto o no se va a repetir”.

Populismo legislativo, demagogia normativa. Y creo que ningún partido está libre de caer en este error. Hace un par de días, el 20 de noviembre, tras el cachondeo del apaño de nombramiento y filtración del presidente del Consejo General del Poder Judicial, unido al “guasap” de Cosidó y la renuncia de Marchena, el Partido Popular presentó una enmienda sobre la marcha para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo bien, todo de acuerdo,… si no fuera porque copió literalmente la Ley de 1980, incluyendo anacronismos como las referencias a Audiencias Territoriales y Jueces de Distrito. No son mis nulos conocimientos legales los que me han llevado a saberlo, sino las palabras del abogado Tsevan Rabtan, habitual colaborador de El Mundo, el cual definió perfectamente la cagada: “sacan proyectos de la chistera en horas para ganar la discusión en Tuiter”.

¿Qué es el populismo? ¿Y tú me lo preguntas? Populismo eres tú, y yo, y todos. Populismo es que nos den lo que queremos escuchar, que no necesariamente es lo que conviene a los intereses generales. Ayer mismo escuché en la radio a un diputado hablar de “populismo tributario” a raíz de lo ocurrido con el AJD. Se me ocurrió entonces buscar el término con el que titulo este artículo y me apareció “populismo judicial”, que complementa lo que trato de explicar. Es un paso más. Hace algo más de dos años se desarrolló una jornada en la Fundación FIDE en la que se habló de “sentencias que, con dudoso fundamento en las Leyes, parecen responder a la presión de la opinión pública y a un deseo de proteger a los ciudadanos que va más allá de la “tutela judicial efectiva” que garantiza el artículo 24 de la Constitución”.

El populismo ha llegado para quedarse, se ha instalado en nuestro sofá y se está fumando un puro, con las consecuencias que indica el artículo: debilitamiento del principio de legalidad y jerarquía normativa, y merma de la seguridad jurídica (hace tiempo que saltó por los aires).

Esta misma semana el proyecto para establecer un impuesto a la banca presentado por Unidos Podemos ha sido rechazado en el Congreso. Se puede acceder fácilmente al texto (enlace) y llama la atención que su Exposición de motivos parece un discurso del partido repleto de lugares comunes sobre lo malvado de la banca y el atraco a los ciudadanos. Ojo, que el que haya leído anteriormente este blog sabrá que aquí no hemos sido muy amigos de algunas de las prácticas de los últimos años, pero para este partido la solución consiste en incrementar el tipo del impuesto de sociedades a “las entidades de crédito” en 10 puntos porcentuales para los próximos cuatro años. Hayan o no participado en el rescate bancario, e independientemente de los fondos públicos recibidos y enterrados, que es a lo que se refiere la Exposición de motivos.

Ayer mismo pudimos leer una nueva noticia sobre los fondos que el Banco de España da por perdidos tras el rescate bancario. Indignante, estoy de acuerdo, una vergüenza. De acuerdo con la propuesta de Unidos Podemos, pongamos entonces un impuesto a los que hicieron bien las cosas (o menos mal) y que sean ellos los que paguen los errores de los gestores de estas entidades:

Hay que tener cuidado con el modo de legislar y con la forma de hacer las cosas, porque podemos cargarnos la competitividad de nuestro sector bancario. Ese mismo populismo es el que nos ha traído también la horrible moda del lenguaje supuestamente inclusivo y así nos encontramos con que el borrador de acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado, pactado por Unidos Podemos con el partido de gobierno, el PSOE, despliega su insoportable “las y los”, “los y las”, para que no haya un orden predefinido y muchas más chorradas de estilo similares, como la “fiscalidad de género”, sea lo que sea eso, que ni el propio borrador es capaz de definir:

Gracias a estas modas, ahora en cada norma nos encontramos con párrafos sobre la perspectiva de género en algo que aparentemente no se ve afectado. En la Memoria que acompaña al impuesto sobre las transacciones financieras, se puede leer lo siguiente:

Vale, o sea que el impuesto afecta por igual a hombres y a mujeres, no vaya a ser que los hombres especulen más en Bolsa que las mujeres y haya que aplicar un coeficiente multiplicador o reductor. Por cierto, ya están tardando algunos en decir que la frase “los dos colectivos de hombres y mujeres” excluye a esas personas que no se sienten identificadas con ninguna de las categorías comúnmente consideradas, queer o como se diga ahora. Y a ver quién se atreve a contradecir lo “populistamente” correcto.

Puede parecer una chorrada, pero el año pasado el ayuntamiento de Madrid contrató un estudio de impacto de género de las obras de soterramiento de la M-30. Costó 52.000 euros y me prometí a mí mismo buscarlo y dedicarle un post entero, porque recuerdo a una concejala explicando que la mayoría de conductores son hombres y de ahí surgía la necesidad del estudio. De verdad que no puedo más, me estoy haciendo mayor y soy un carca machista retrógrado.

Ah, y supongo que franquista. El populismo está ganando la batalla. Por supuesto que creo que los restos de Franco tenían que haber salido hace tiempo del Valle de los Caídos, pero estoy totalmente en contra de cómo se está llevando a cabo el proceso. De nuevo a través de un decreto ley no consensuado ni pactado entre los principales partidos, con el único objeto de dividir, de trazar una raya, de revolver las tripas del ciudadano. Alguien dijo recientemente que hay dos tipos de nostálgicos de Franco: los franquistas y los antifranquistas.

PP y PSOE han sido capaces de ponerse de acuerdo en los nombramientos de los miembros del CGPJ, o para copar las principales instituciones de este país, o junto con Ciudadanos para tumbar el proyecto de Podemos sobre el impuesto a la banca. Mayor consenso aún ha conseguido el polémico proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿de verdad que era tan urgente este decreto ley, de verdad que en estas cuatro décadas no ha habido un momento para llegar a un amplio acuerdo sobre la exhumación de Franco y el destino final de sus restos?