¿Impuestos a los robots?

JOSEAN, 11/07/2021

En los últimos tiempos se viene produciendo un interesante debate acerca de la necesidad de crear un impuesto a los robots, un debate que surge de dos tendencias que pueden resultar contrapuestas en sus consecuencias: por un lado, la creciente robotización y automatización de los procesos de producción, y por otro, la pérdida de empleos en las economías más desarrolladas. Las modernas técnicas de producción, la mejora en los procesos ganaderos y agrícolas o la mayor rapidez en la distribución de bienes permiten incrementar los productos disponibles para los ciudadanos, pero por el lado opuesto, el incremento de la pobreza de estos (más paro, menores salarios, reducción de pensiones) puede acabar impidiendo el acceso a dicha producción.

En el Foro de Davos de 2017 se presentaron unas proyecciones que indicaban que cerca del cincuenta por ciento de los trabajos sería desarrollado por robots en 2025, lo que redundaría en mayor destrucción de empleo y un enorme incremento de déficit público en las economías desarrolladas. Menos ingresos públicos para pagar, entre otras cosas, las pensiones. Algunas voces como Bill Gates, Elon Musk o el Nobel de Economía Robert Schiller propusieron crear un impuesto a los robots con argumentos como el del dueño de Microsoft: “si una persona hace un trabajo valorado en 50.000 dólares en una fábrica, ese importe es sometido a impuestos sobre la renta, impuestos de la seguridad social y todas esas cosas. Si un robot viene para hacer el mismo trabajo, pensarías que habría que ponerle un impuesto del mismo nivel. Los argumentos de los defensores del impuesto son los mismos que en 2016 utilizó el secretario general de UGT, José María Álvarez, quien pedía “que los robots paguen a la Seguridad Social por los trabajadores que no están en las empresas”.

Según el Jobs Report de 2018 (fuente: EADA), una serie de empleos están condenados a desaparecer por el desarrollo de la robotización y la automatización, unidas a la Inteligencia Artificial, pero por el contrario se generarán otros nuevos que llevarán a que los trabajadores tengan que readaptarse y formarse en puestos que ahora apenas existen o están dando sus primeros pasos:

Así que tocará hacer eso otro que también está muy de moda: reinventarse, convertirse en un tipo de profesional diferente (si tal cosa es posible) y trabajar en valores y capacidades muy diferentes a las que hasta ahora primaban y se valoraban en las empresas en los procesos de selección. Me cuesta creer que escribir, leer, la escucha activa o las matemáticas pierdan su sitio frente a otras habilidades que para su desarrollo requieren de las mismas, pero eso es lo que dice el mismo Jobs Report:

En este tipo de debates a veces un tanto catastrofistas se habla mucho de la destrucción de puestos de trabajo y mucho menos de la posible creación de otros. Según el propio Foro Económico Mundial (y de verdad que nunca he entendido de dónde salen estas cifras), la sustitución de personas por robots para tareas básicas suprimirá 75 millones de empleos, pero en su lugar se crearán 133 millones, lo que supone una creación neta de empleo de 58 millones.

El Índice de Automatización mide el reparto del trabajo en función del número de horas empleadas, y como decía al inicio del post, se espera que en 2025 este índice supere el 50 por ciento, pero cuando se hicieron estos cálculos en 2018 no se partía de cero, sino del 29 por ciento:

En cualquier caso, se habla muy en serio de la creación de un impuesto a los robots o de cotizaciones a la Seguridad Social para paliar los efectos de la eliminación de empleos. En realidad el concepto va mucho más allá de los robots, a los que imaginamos con aspecto humano por el cine o los androides de protocolo que vemos en ocasiones en ferias y exposiciones, pero “la máquina que roba puestos de trabajo a los hombres” es tan antigua como la primera Revolución Industrial. Y se dice que estamos ya en la cuarta. El propio Bill Gates indicó que se hablaba mucho de los impuestos a los robots, cuando debería referirse a la automatización de procesos, a todo aquello que las máquinas realizan de una manera más rápida, eficiente y segura que las personas. Para mí, realmente el debate debería girar en torno a la propia innovación: ¿se deben gravar los avances tecnológicos?

La primera Revolución Industrial, de 1760 a 1830 aproximadamente, supuso el paso de la producción manual a la mecanizada, y ya se suprimieron puestos de trabajo humanos. La segunda Revolución Industrial, con la incorporación de la electricidad a los procesos productivos hacia la segunda mitad del siglo XIX, permitió el incremento de producción en las industrias. Y supuso otra eliminación de puestos de trabajo. La tercera Revolución Industrial, hacia mediados del siglo XX, incorporó la electrónica, la mejora de las comunicaciones y las tecnologías de la información, y eliminaron miles de puestos de trabajo. Prácticamente cualquier avance tecnológico que se nos ocurra, la máquina de vapor, la cosechadora y el tractor, la cadena de montaje robotizada de la automoción, sobre todo los ordenadores y cualquier avance de los que han hecho millonario a Bill Gates, ha acabado sustituyendo personas en los puestos de trabajo por máquinas. Y sin embargo no existía este debate tan de moda.

La automatización no solo supone una mejora de la productividad y un incremento de la producción, sino que además reduce algo tan importante como la siniestralidad. La tecnología es clave para mejorar la seguridad en el trabajo, ya sea en la construcción, en la minería, en explotaciones petrolíferas, o aplicando tecnología predictiva para tareas de mantenimiento y reducción de los siniestros. Yo creo que a todos nos fastidia que nos atienda una máquina en una gasolinera, una cabina de peaje, un parking o un chatbox de reclamaciones, pero al final no tocará otra que adaptarse y emplear esos recursos humanos en trabajos más productivos, motivadores y con menores índices de penosidad.

Ángel Gómez de Ágreda, autor de Mundo Orwell (Editorial Ariel, 2019), un libro muy recomendable, analiza este asunto desde varios puntos de vista, como las diferencias de desarrollo entre países en función de su grado de automatización, la creación de una legislación específica o una Carta Magna que regule “la convivencia entre humanos y máquinas”, el desarrollo de algoritmos respetuosos con la dignidad humana (lo que vendría a ser como una actualización de las leyes de la robótica de Isaac Asimov), el proyecto Robolaw del Parlamento Europeo para definir un estatus de “personas electrónicas” con sus derechos y deberes, los impuestos a los robots y lo más interesante para mí:

“La unión de la inteligencia de los robots y las personas generará grandes ventajas. Sin embargo, para que se traduzca en un incremento de la producción, será necesario que este trabajo sea aditivo y no se produzca en entornos separados”.

“Un mundo en el que las tareas productivas no constituyan una preocupación y, por tanto, podamos dedicar más tiempo a construir relaciones personales”.

“Los nuevos trabajos de los humanos deberán estar centrados en aquellas áreas que requieren una mayor capacidad de empatía y relación personal”. “Tiempo para vivir”.

Ojalá. Lo veo un tanto utópico con mi visión de hoy, pero si las necesidades básicas serán cubiertas gracias al incremento de la capacidad productiva, ¿podremos dedicarnos a otras cosas? ¿De qué o cómo viviremos?

“La liberación de la labor productiva debería dar lugar, en algún momento de la evolución del proceso, a un sistema de renta básica personal universal que asegure la supervivencia del individuo”.

De todo esto ya habló Tomás Moro en su obra Utopía ¡en 1516! Continúa Mundo Orwell:

“La llegada de los robots y la automatización de una parte importante de la producción puede, por fin, permitir implantar este modelo y acabar definitivamente con la pobreza extrema. Eso sí, este sistema tampoco reduce necesariamente las desigualdades socioeconómicas, sino que, tal vez, incluso las exacerbe creando una casta de conformistas y otra de personas más ambiciosas“.

Mientras llega ese futuro, sinceramente creo que en este debate no podemos ir contra el progreso y no veo razonable la creación del impuesto a los robots por diversas razones:

  • Los robots no pagarán nunca los impuestos, del mismo modo que no se benefician de una pensión, ni de unos servicios públicos.
  • Los impuestos serán pagados por las empresas, que a su vez los repercutirán a los ciudadanos que utilicen los productos diseñados por robots o por ordenadores, exactamente igual que hoy en día. Es un impuesto a la producción, o más concretamente, a la mejora de un proceso de producción.
  • Los países con tasas más altas de automatización de sus procesos, como Japón, Alemania o Corea del Sur, con tasas cercanas a 300 robots por cada 10.000 trabajadores, mantienen sus cifras de desempleo entre las más bajas del mundo, luego la asociación robots-destrucción de empleo no se sostiene con las cifras en la mano.

En resumidas cuentas, el impuesto a los robots o a la automatización sería en realidad un impuesto a la innovación y un más que posible freno a la iniciativa particular o empresarial.

Como todos los lectores asiduos de este blog sabéis, si queréis colaborar por una buena causa a través de una ONG contrastada, es posible hacerlo mediante microdonaciones en este enlace: Ayuda en Acción/colabora

La subida del SMI

JOSEAN, 12/06/2021

No ha terminado la reciente polémica sobre los efectos del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el crecimiento o destrucción de empleo y ya estamos inmersos en el debate sobre el aumento para el ejercicio 2021. En el propio gobierno hay dos tendencias contrapuestas: la defendida por Nadia Calviño a principios de este año, cuando propuso congelar el SMI, y la de Yolanda Díaz, apoyada en el comité de expertos del Ministerio de Trabajo, que plantea un incremento en tres años, con una subida más leve en 2021 y un aumento importante en 2022 y 2023. Ambas posturas coinciden en mantener la prudencia ante la evolución que pueda tener el año en curso, y lo fían todo a la mejora de la economía en los posteriores.

Las cifras de recuperación de empleo comienzan a mejorar, en mayo hubo un descenso del paro de 129.378 personas y un incremento de más de 200.000 cotizantes a la Seguridad Social, sin duda datos esperanzadores impulsados por la recuperación de la actividad en sectores tan importantes como la hostelería y la construcción. Sin embargo, conviene ser prudentes puesto que la recuperación aún no se ha consolidado y hay datos preocupantes como que más de medio millón de empleados continúa en situación de ERTE, concretamente 542.142.

El Banco de España publicó un Informe a principios de junio en el que valoraba los impactos del incremento del SMI aprobado en 2019 sobre la creación de empleo en ese año en el que se aprobó una subida sin precedentes hasta los 900 euros (un aumento del 22,3 por ciento). En las conclusiones del Informe, con muchas reservas por parte de los propios autores del mismo, se concluye que hubo un “menor crecimiento del empleo en los colectivos con menores salarios”. Ese menor crecimiento, o esa pérdida de empleos, ha sido cuantificada según diversos medios entre los 94.200 (eldiario.es) y los 180.000 empleos (eleconomista.es).

El Informe del Banco de España reconoce las dificultades para evaluar el impacto que la subida del SMI tuvo sobre el empleo, puesto que hay diferentes metodologías de cálculo, algunas bien diferentes o contradictorias, y no resulta sencillo calcular el efecto que el incremento de los salarios más bajos tuvo sobre el consumo o la actividad económica general. Es decir, el “retorno” de ese importe extra que reciben los beneficiados por la subida sobre el consumo, y cómo ese incremento de consumo se traduce en mayores ingresos (y quizás, más empleos) para las empresas. Así, mientras que “la evidencia muestra de forma robusta que un incremento del SMI supone un aumento del coste laboral para los empleadores” (totalmente lógico, la carga del incremento recae sobre el empresario), “sin embargo, la evidencia acerca del efecto sobre el empleo tiende a ser mixta y diferentes estudios (…) muestran una dispersión grande (…) con elasticidades del empleo estimadas positivas, nulas y negativas”. Luego el Informe puede valer para una cosa o para la contraria dependiendo de la metodología que se emplee y no resulta tan concluyente como algunos artículos han indicado.

Lo que parece fuera de toda duda es que es el empresario quien asume el coste de dicha subida del 22 por ciento y a él corresponderá trasladarlo en precio a sus clientes, recortar sus márgenes o directamente no contratar trabajadores. O despedirlos al no poder asumir la subida. La cuerda se tensa siempre hacia uno de los dos lados, pero está claro que había que hacer algo en el país europeo en el que más crece la desigualdad salarial. De la subida se han beneficiado principalmente los jóvenes, cuya contratación tiene un alto componente de precariedad y eventualidad:

El problema que ocurre con la subida del SMI en España tiene mucho que ver con la estructura empresarial. Las empresas grandes o de cierto tamaño pudieron asumir en su mayor parte estas subidas ya que el porcentaje de sus trabajadores sujetos al SMI no es elevado o relevante como para tener un impacto significativo en sus cuentas. Sin embargo, el 95 por ciento de nuestras empresas tiene menos de diez trabajadores, y este tipo de empresas son las que han soportado el grueso del incremento del SMI. Según el informe del Banco de España:

Y el drama es que esas pymes, o micropymes, como las denominan algunos, pequeños comercios, productores agrícolas o establecimientos de hostelería, van tan apuradas en sus márgenes que no tienen la capacidad suficiente para generar los recursos que les permitan absorber el 22,3 por ciento de incremento, o el incremento previsto para ejercicios futuros, en los que se prevé que el SMI alcance el sesenta por ciento del salario medio, en línea con lo propuesto por la Unión Europea. No es un panorama sencillo de resolver y estoy convencido de que lo que han hecho numerosas empresas ha sido rebajar el número de horas oficiales y pagar en B las trabajadas y no cotizadas para cumplir con la subida. En cierto modo se puede deducir del Informe en varias de sus páginas (pág. 32), cuando se dice que “tras una subida de SMI, algunos puestos de trabajo pueden haber permanecido activos, pero con una reducción en las horas trabajadas, por ejemplo, mediante el paso de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial”. “La empresa ha podido decidir mantener el puesto de trabajo, pero solo en las horas más productivas o reduciendo horarios de apertura, por ejemplo”. O pagando 30 horas oficiales y 10 en negro. “El resultado en estos casos sería una caída en las horas trabajadas, y no en el empleo”. No puede demostrarse, pero se entiende que en buena parte es lo que ha ocurrido. En la página 17 se indica que “si se analizan los indicadores de empleo en términos de horas trabajadas”, así como tras la subida del SMI en 2017 hubo un incremento de las horas trabajadas de “un 4,1 % a finales de 2018”, en esta ocasión, tras la subida de 2019 se produjeron “desaceleraciones superiores a las observadas en la actividad económica”. Y no parece que sea resultado de una mejora de la productividad.

Veremos en qué queda finalmente el asunto. “No confundamos la ideología con la ciencia y con lo que debemos de hacer”, ha dicho la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para defender su postura frente a la congelación propuesta por la ministra de Economía, Nadia Calviño. Precisamente creo que es un tema lo suficientemente importante como para analizar los números y no dejarse llevar por esa ideología que cree que el empresario puede aguantarlo todo porque está hinchándose a ganar pasta a base de explotar a los trabajadores, porque lo cierto es que el pequeño empresario está en el límite. Claro que conviene mejorar las rentas más bajas y mejorar su poder adquisitivo, pero primero habrá que analizar si esta subida por decreto contribuye a disminuir el paro entre los más jóvenes, el más alto de Europa con mucha diferencia, o tiene los efectos contrarios, como puede desprenderse del informe del Banco de España.

Nadia Calviño acaba de apuntarse un tanto a su favor con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Unión Europea, ratificado tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen. De dicho plan nos han contado reiteradas veces dónde se piensan gastar los fondos recibidos, que será “resiliente, justo, inclusivo y sostenible”, pero se habla menos de las reformas exigidas: en las pensiones, en el sistema tributario y en la legislación laboral, no precisamente en el sentido que le gustaría a la ministra de Trabajo.

Pedro Sánchez parece apoyar las tesis de Calviño, como dijo esta misma semana durante la rueda de prensa posterior al visto bueno al Plan de Recuperación: “Ahora mismo lo relevante es la creación de empleo y la consolidación del crecimiento económico”. De ese modo daba por válidas las conclusiones de la ministra Calviño, así como el informe del Banco de España en el sentido de contraponer subida del SMI con creación de empleo.

A su lado (o enfrente) cuenta con una ministra de Trabajo que tratará de convencerle de lo contrario, respaldada por una sólida formación que incluye tres másteres: en Recursos Humanos, en Relaciones Laborales y en Urbanismo. Ah, no, disculpen, que eso era hasta el jueves, parece que se ha descubierto que no tenía tales estudios y ayer mismo desaparecieron de la web oficial del Palacio de La Moncloa (vía Carles Enric):

Aquí un enlace a la noticia. Yo ya no me extraño de nada.

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La grieta salarial

Ya va siendo hora de subir el sueldo a estos chicos

El gran despilfarro

JOSEAN, 01/05/2021

A mediados de los ochenta, el actor y humorista estadounidense Richard Pryor protagonizó una comedia con el mismo título de este post (Brewster’s millions en el original), cuyo argumento, en principio de lo más simple, terminaba convirtiéndose en algo estresante cercano a la pesadilla: para cobrar una herencia millonaria, el personaje tenía que gastar 30 millones de dólares en un mes, pero sin comprar nada, solo contratando proyectos o servicios inútiles que no le dieran ningún rédito pasado ese plazo. Para ello abre una oficina a la que empiezan a llegar pirados ofreciéndole proyectos inverosímiles como poner un motor a un iceberg y traerlo de no-sé-dónde o inicia una campaña electoral invirtiendo un pastón en carteles y merchandising, pero con eslóganes que incitan al voto por cualquier otro rival.

Estas semanas me he acordado tristemente del argumento de esta película y ha sido viendo las explicaciones del gobierno con la preparación (y las múltiples presentaciones) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde que la Unión Europea aprobó dicho plan de recuperación (en mayo del año pasado, no olvidemos que ha transcurrido casi un año) hemos oído hablar de muchos proyectos sobre los que se ha concretado poco, salvo que debían llevar las palabras sostenible, inclusivo y digital. La idea de que va a caer un maná del cielo de Bruselas se ha difundido por los dos partidos de gobierno, especialmente por parte del socio del PSOE, Unidas Podemos. Todavía no había llegado un euro y ya estaban hablando de la no devolución de los mismos o discutiendo su condicionalidad a la necesidad de hacer reformas. Estoy seguro de que su celebración de la supresión temporal del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria heló la sangre a muchos en Europa.

El caso es que la llegada de esos fondos europeos resulta más necesaria que nunca y constituye una oportunidad de oro para reformar antiguas estructuras de nuestro país que han quedado obsoletas: económicas, industriales, administraciones públicas, en materia de medio ambiente… La duda radica en saber si los actuales dirigentes (y no hablo solo del gobierno central, sino también de las comunidades autónomas) cuentan con la capacidad suficiente para hacerlo, y sospecho que esa misma duda la comparten numerosos dirigentes europeos.

Los Presupuestos Generales del Estado se diseñaron contando con 26.634 millones de euros de adelanto de los fondos europeos y pese a que los mismos no van a llegar hasta 2022, se presupuestó un incremento de gasto en todas las partidas y para todos los ministerios. La falta de rigor en el control de los fondos públicos, unido a las demandas de todos los socios del gobierno en la aprobación de los presupuestos, va a suponer un incremento del déficit público hasta niveles nunca vistos en nuestro país, y eso que partimos del más alto de toda Europa. Y el déficit sostenido se transforma en deuda pública, y esa deuda en un lastre para el futuro. La “next generation” se va a cagar en todos los que intervinieron en la gestión de los fondos Next Generation, no tengo ninguna duda.

Ni siquiera cabe el consuelo de pensar que de los 140.000 millones que teóricamente deben llegar a España en los próximos ejercicios, 72.700 son ayudas directas y 67.300 corresponden a préstamos que, de momento, no se van a solicitar. Si algo han demostrado los políticos de nuestro país es que una vez que crean un cargo público, sea comisión, secretaría, grupo de expertos, consejo o empresa, no desaparece. Los seres vivos públicos nacen, crecen, no desarrollan nada, procrean y nunca mueren. Y no me refiero a médicos, profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios de carrera, trabajadores sociales, etc., no. Me refiero al ingente e infinito crecimiento de afines a los partidos que se crean para vivir de lo público.

El actual Consejo de Ministros (¡y Ministras!) consta de 23 miembros (¡y miemb…!, no, eso no), incluyendo al presidente y las cuatro vicepresidencias creadas. Son seis ministerios más que en el primer gobierno de Pedro Sánchez, en 2018. En ese primer gobierno había 25 secretarías de Estado, que tres años después ascienden a 30. Evidentemente, las razones que motivaron dichos incrementos no fueron de eficiencia o mejora de gestión de lo público, sino para hacer hueco al nuevo socio de gobierno. Para los que nos escandalizamos con este despelote, resulta recomendable este gráfico de la evolución del número de vicepresidencias y ministerios en las últimas cuatro décadas: hemos vuelto a los niveles de mayo de 1980.

Luego está la cifra de asesores que pueden contratar en esos ministerios, nombramientos de libre designación, normalmente de fuera de la administración pública, que son designados a dedo sin tener que justificar un mínimo currículum o preparación. Este artículo de Voz Pópuli hablaba de 1.212 asesores con un coste anual de 65,4 millones de euros, un fuerte incremento en comparación con las cifras (también estratosféricas) de 860 asesores y 44,8 millones de euros anuales del último gobierno de Mariano Rajoy. No he podido validar el origen de estas cifras que me parecerían escandalosas si fueran ciertas, pero me resultan igualmente escandalosas las determinadas por la web Newtral.es, elaboradas tras realizar solicitudes de información a los diferentes ministerios a través del Portal de Transparencia. Este análisis concluye que el gobierno de coalición tuvo en nómina al menos a 224 asesores, y dice “al menos” porque el ministerio de Interior (Grande Marlaska) y el gabinete de Presidencia no contestaron a los requerimientos. 224 asesores de libre designación de los que no podemos saber el salario ni la trayectoria profesional porque así se decidió en la propia Ley de Transparencia, a la que ya le dediqué su correspondiente crítica por cagadas como esta (Ni transparencia, ni buen gobierno).

El sueldo base de un asesor ascendía a 51.945 euros en 2020 y el de un consejero técnico de información, de 45.638 euros, a los que hay que sumar los complementos específicos de 28.320 euros por “asesorar” en una vicepresidencia y de 21.299 euros si es en un ministerio. Y no acaba ahí la cosa, sino que además tienen unos complementos de productividad que son variables: “varían” en función de lo que al que les ha colocado le parezca bien. Todo ello me parece un despelote infinito, como puede comprobar cualquiera con sus propios ojos echando un vistazo al Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Dejo solo un artículo para el que quiera hacer sumas:

Del análisis de Newtral llaman la atención muchas cosas, como el hecho de que el ministerio que designó a mayor número de asesores durante el primer año de gobierno fue el de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ¡con 18! asesores afines designados a dedo por Pablo Iglesias. Prácticamente el triple que Sanidad, Trabajo o Educación, para que se entienda bien cuáles son las prioridades de ese ex vicepresidente que solo hablaba de la importancia de la sanidad, el trabajo y la educación.

España tiene muchos problemas, pero el de la ineficiencia de las costosísimas administraciones públicas es uno de los más gordos y de más difícil resolución, puesto que quienes tendrían que resolverlo son los que lo han originado. Pero no termina en el gobierno central, ni mucho menos. Este martes 4 de mayo tenemos elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid y uno ve con asombro que el número de diputados autonómicos sube de 132 a 136. ¿136 diputados en la Asamblea de Madrid? ¿Para qué? La Generalitat de Cataluña tiene otros 135 diputados en el Parlament y todavía no han sido capaces de formar gobierno después de más de dos meses. En la Asamblea de Murcia, donde se originaron estos últimos movimientos de silla por controlar el poder, hay 45 diputados y en Andalucía, otros 109. Suma y sigue, y si todo ello redundara en beneficio del ciudadano, no lo discutiríamos, el problema estalla cuando vemos la torpeza de casi todos ellos para gestionar una crisis como la generada por la pandemia o para crear estabilidad económica o desarrollo para sus respectivas regiones.

(En el interior te hablan de la preocupación por el medio ambiente. Ya…)

Siempre que leo estas cifras me acuerdo de la teoría de las élites extractivas que los norteamericanos Daron Acemoglu y James Robinson desarrollaron en su libro ¿Por qué fracasan los países?: las élites extractivas “tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto”. Es una aberración que desde el año 2000 hayan crecido las transferencias de competencias a las comunidades autónomas y que hayan aumentado paralelamente los cargos autonómicos y los asesores de los gobiernos centrales. Esta misma semana escuché en la radio un dato escalofriante: desde marzo de 2020 se ha creado un puesto público por cada cuatro empleos que se han destruido en el sector privado. Si los datos son ciertos, el sector público ha aumentado en 149.400 asalariados en los últimos doce meses, mientras que las empresas han destruido 605.400 empleos. Es insostenible.

El economista y profesor de la universidad de Barcelona José María Gay de Liébana publicó esta semana un artículo que leí con interés, pese a que su título cabreaba por la mera posibilidad de que nos lo planteáramos en serio: ¿Y si nos intervinieran? El profesor elabora unos cálculos de la deuda pública española, añadiendo al 120% oficial ya conocido el montante global de pasivos en circulación de todas las administraciones y la deuda de las empresas públicas, y sitúa la cifra en la acongojante cantidad de “2.028.737 millones, el 180,8% del PIB“. Concluye el profesor diciendo que “durante estos años recientes se ha demostrado la manifiesta incapacidad de nuestros gobernantes y la clase política para sacar adelante a España. Quizás es la hora en que necesitamos que vengan desde fuera y nos pongan firmes para así poder desarrollar todo nuestro potencial económico“. Yo no puedo estar de acuerdo con la intervención externa, pero sí con el control exhaustivo de todas nuestras finanzas, justo lo contrario de lo que están demandando Sánchez, Iglesias y Montero desde que llegaron al gobierno. Y más control ahora que van a llegar millones desde Europa y se ha fomentado un cambio legislativo para relajar dichas medidas de control.

La Unión Europea lleva años reclamando tres reformas fundamentales a nuestros gobiernos: laboral, fiscal y del sistema de pensiones. La del sistema de pensiones no se ha comenzado porque crea unos conflictos que ningún gobierno quiere afrontar. Las modificaciones en la legislación laboral van en línea contraria a lo demandado por Europa, y la fiscal se ha centrado única y exclusivamente en incrementar la carga fiscal a las empresas y a lo que llaman “las grandes fortunas”, que en la mayoría de las medidas son “las medias fortunas”, la clase media. Cuando uno no es capaz de controlar su gasto público, ¿qué es lo que hace?: plantear que hay que subir los impuestos. La recaudación fiscal cubría hasta hace dos años el 93 por ciento del gasto público. Ahora apenas alcanza el 75 por ciento, y este es un dato más que preocupante.

Concluyo donde comencé, con la oficina de Richard Pryor recibiendo proyectos y unas costosas campañas electorales. Espero que no se cuelen proyectos para amigos como el del machismo de la M-30. ¿Cómo se va a articular el dineral proveniente de Europa? Pues a través de lo que el Real Decreto recoge como seis pilares, cuatro ejes y diez políticas palanca:

Y si concretamos un poco más, estas políticas se desarrollarán a través de treinta líneas de acción (algo inconcretas, por cierto):

Si esto fuera el Un, Dos, Tres, al llegar al número 6 ya habrían saltado las Tacañonas para decir que habían repetido una respuesta.

El punto 29 es la mejora de la eficacia del gasto público, que espero que no consista en crear un nuevo comité de asesores y subdirectores para decir cómo hay que ahorrar. Y por cierto, todo muy resiliente, digital e inclusivo. Esperemos que la inclusividad no consista en pagar a “especialistas” o “especiedelistos” para hacer contribuciones como esta:

Poco nos pasa.

La regulación entra en casa

JOSEAN, 11/04/2021

El año 2020, con el confinamiento repentino y la adaptación acelerada de los sistemas y tareas productivas, supuso un avance de no menos de una década en la implantación del trabajo a distancia. No hubo transición, se hizo de la noche a la mañana, y tanto empresas (las que pudieron) como trabajadores (aquellos que podían ejercer su trabajo desde su domicilio particular) demostraron su madurez para responder al desafío que el virus nos planteaba.

Unos meses después entró en vigor la regulación aprobada por el gobierno mediante la vía (de nuevo) del real decreto, concretamente el Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que distingue en sus primeros artículos entre:

Es evidente que el confinamiento supuso múltiples problemas para numerosos trabajadores y empresas (ERTEs, imposibilidad de realizar el trabajo, reducción de actividad y, por tanto, de ingresos para el empresario), pero también en otros muchos casos trajo múltiples ventajas. La Exposición de motivos del real decreto identifica las siguientes:

  • Mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos.
  • Consecuencias positivas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Mi aplauso y reconocimiento para aquellos que eran capaces de compatibilizar sus labores como currito con las de profesores, cocineros, entertainers y proveedores logísticos.
  • Reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos.
  • Productividad y racionalización de horarios. Yo creo que hemos trabajado más que nunca en nuestras vidas, de manera irracional incluso, así que eso de “racionalización” me suena un poco optimista.
  • Fijación de población en el territorio.
  • Atracción y retención de talento (¿?).
  • Reducción del absentismo. Me parece que el año pasado fue imposible medir el absentismo de los trabajadores, puesto que no había medios para hacerlo. Si el cálculo se ha hecho en función de las horas perdidas por bajas médicas o laborales, es evidente que sí, pero es una falsa medición del absentismo.
  • Estimula cambios organizativos en las empresas y fortalece la formación y empleabilidad de las personas trabajadoras.
  • Disminuye la contaminación al reducirse el número de desplazamientos. Este hecho sí es relevante y a considerar para el futuro, sobre todo si se analizan los enormes problemas de atascos que se producen en las principales ciudades en las horas punta: estrés, pérdida de horas necesarias para una conciliación efectiva, riesgo de accidentes in itinere y contaminación.

Pero no todo son ventajas, como se vio en el “ensayo forzado” del año pasado, y el real decreto indica como inconvenientes generados:

  • Protección de datos.
  • Brechas de seguridad. Se produjo un notable incremento de los ataques informáticos, porque el Mal nunca descansa (HDP).
  • Tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente. El Día de la Marmota.
  • Mayor aislamiento laboral con la consiguiente pérdida de la identidad corporativa.
  • Deficiencias en el intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia. Tras la experiencia, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que en España es infinitamente más efectiva la comunicación en persona, cara a cara, que por Teams, Zoom o Google Meet. O que un café aclara los malentendidos de un email escrito con los pies.
  • Dificultades asociadas a la falta de servicios básicos en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la conciliación laboral y familiar.
  • Traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna. Este último punto es uno de los más controvertidos del real decreto, o al menos uno de los que tiene más aspectos por concretar.

Ha cambiado el mercado de trabajo por completo y era necesario regularlo, puesto que está claro que no se trata de un hecho temporal, sino que el teletrabajo ha venido para quedarse. La dificultad consiste precisamente en introducir la regulación en el ámbito doméstico, que es donde se va a desarrollar la actividad, y la norma va a tener que adaptarse a otras regulaciones existentes con las que podría entrar en conflicto:

  • Estatuto de los trabajadores, en lo relativo a la flexibilidad del teletrabajo (voluntariedad, temporal o permanente), igualdad retributiva, formación facilitada a los empleados, garantizar los descansos mínimos,…
  • Normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Igual que al llegar a un nuevo puesto de trabajo el trabajador debe ser informado de los riesgos inherentes al mismo, incluido el puesto de oficina, al teletrabajar tuvimos que realizar una autoevaluación de nuestros puestos de trabajo caseros. Y si somos sinceros, creo que un porcentaje bajísimo teníamos esas condiciones requeridas: mesas de despacho con la altura adecuada para los equipos, sillones ergonómicos, condiciones adecuadas de iluminación directa e indirecta, etc. La mayoría recibimos fotos de amigos y compañeros con aquello de “mi nueva oficina” instalada en una cocina, comedor o dormitorio. Las cervicales y los túneles carpianos a prueba, ¡el síndrome del ratón!, que parece un título de telefilme de sábado tarde.
  • El derecho a la intimidad, la protección de datos de carácter personal y el derecho a la desconexión digital de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
  • El registro de la jornada de trabajo. A este asunto ya le dediqué dos artículos completos, y ya entonces, en 2019, se valoraba lo complicado, por no decir imposible, que iba a resultar controlar esa jornada de trabajo sin métodos para “fichar” y sin separación de la vida laboral y familiar.
  • Supongo que se acabó con la prohibición de fumar en el puesto de trabajo cuando este está en tu propia casa, pero todo es posible cuando el afán regulador es infinito.

Y además de todo lo expuesto, algunos de los planteamientos del real decreto generan dudas en cuanto al tratamiento fiscal, concretamente los artículos 11 y 12, que estipulan los derechos del trabajador a la dotación de medios para el desempeño de su trabajo y la compensación de los gastos que se generen:

El primer problema es que el real decreto no establece cuáles son esos medios necesarios para el desarrollo de la actividad, porque un ordenador es evidente, pero si nos ponemos como en el Un, Dos, Tres a decir “por veinticinco pesetas, qué medios, equipos y herramientas son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad” seguro que se nos ocurrirían muchos más: un teléfono, una impresora, una segunda pantalla, una tercera y una cuarta para brókers, material de oficina, un sillón ergonómico, una mesa adaptada, una conexión de banda ancha, un antivirus potente, actualizaciones continuas de sistemas,… Podemos ir más allá si añadimos la normativa que controla las temperaturas y la luz en el puesto de trabajo, y añadir aparatos de aire acondicionado y calefacción, unas persianas,…

Y el segundo problema surgió cuando Hacienda decidió que todos esos medios necesarios para realizar el trabajo a distancia podían ser considerados retribución en especie. Aunque en algunos medios se indicó que la Dirección General de Tributos se pronunciaría al respecto, a día de hoy sigue sin aclararse la postura, lo que puede generar múltiples inspecciones y litigios de naturaleza fiscal en un futuro próximo. Si una empresa cede a sus empleados los medios indicados en el párrafo anterior, o les abona los mismos, y el trabajador tuviera que tributar por ellos, iría en perjuicio del propio ingreso del trabajador al gravar unos medios exentos en la actualidad, puesto que se supone que se utilizan de manera exclusiva en el centro de trabajo. Existe la opción, similar en cuanto al tratamiento fiscal como retribución en especie, de que la empresa abone una cantidad al trabajador para que este adquiera los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo, más una cantidad mensual por gastos. En ese caso las empresas estarían perdiendo el IVA generado en la compra del trabajador, y este seguiría tributando por los ingresos percibidos.

Uno de los criterios de Hacienda más temidos por los expertos en materia fiscal es la consideración del uso privado de los medios puestos a disposición por la empresa. Es decir, si el currante, al acabar su jornada usa el ordenador para ver pelis, hacer Zoom con la familia y amigos, o el teléfono para llamadas personales, está haciendo un uso privado de un elemento de trabajo y le toca apoquinar por ello. En el caso de los coches de empresa, la Agencia Tributaria mantenía el criterio del porcentaje de disponibilidad del coche para usos personales del trabajador, es decir, si la jornada anual es de unas 1.720 horas y el año tiene 8.760 horas, el coche está a disposición del trabajador aproximadamente el ochenta por ciento del tiempo, y por tanto debe tributar como retribución en especie. Esto es una aberración que llevada al asunto de los medios para el teletrabajo supondría tener que abonar casi íntegramente por una herramienta necesaria de trabajo. Con ese criterio, tocaría pagar incluso por las horas de sueño o comidas.

Sinceramente, solo entiendo que se cree este problema por el afán recaudatorio de la Agencia Tributaria, puesto que la redacción del Reglamento del IRPF en su artículo 22 indicaba claramente que:

Tengo la sensación de que se va a generar un problema donde no debería de haberlo, pero no será la última vez que Hacienda choque frontalmente con la nueva economía o el futuro del trabajo. ¿El vestuario o los EPIs suministrados por una empresa están en discusión? Creo que no, son necesarios, aunque luego el trabajador se lleve la mascarilla a casa y la siga usando, así que son ganas de complicarlo todo. Por cuestionar, Hacienda cuestiona incluso el vale de comida cuando el trabajador esté en la modalidad de trabajo a distancia. ¿Acaso no puede el currante salir de casa al restaurante más cercano y comer empleando un vale de comida? Me parece que se puede acabar perdiendo el norte.

Alguno recordará aquel post dedicado a los céntimos de las transacciones ejecutadas vía app y telefonía móvil, y la respuesta de la inspección de Hacienda reconociendo su incapacidad. En julio entrará en vigor la adaptación de la Ley del IVA al comercio electrónico, con la que las distintas autoridades tributarias de los países tratarán de controlar (y recaudar) el IVA generado en las cada vez más numerosas operaciones realizadas virtualmente, sin tiendas físicas. La regulación va a entrar en nuestros domicilios, si no lo ha hecho ya:

  • Wallapop, Vinted y demás plataformas de venta entre particulares. ¿Alguno recuerda cuando el ministro Montoro sugirió que las operaciones realizadas en Wallapop y plataformas similares debían tributar? ¡Claro, Don Cristóbal, es una transmisión patrimonial clara y tributable! Mi hija vende sus antiguos patines por veinte euros, y yo voy a rellenar el modelo 600 (creo que es ese) para ingresar el correspondiente cuatro por ciento.
  • El registro horario. Que trabajemos desde casa no nos exime de registrar nuestra jornada de trabajo, por si la inspección laboral trata de controlar las horas reales de trabajo. Con el control de pausas para el baño, cafés y descansos estipulados en el convenio respectivo.
  • Los regalos de Reyes, o de bodas y comuniones, son donaciones, y como tales, tienen que tributar. ¿Qué pasa, que no presentáis vuestra declaración el 7 de enero todos los años, defraudadores???

Decía un colega que, como esto siga así, hiperregulando sobre cualquier aspecto de la vida, nos van a prohibir hasta echar un quiqui. ¡Pero es que ya lo propusieron en el Reino Unido!

Apéndice final: post escrito con un ordenador del trabajo en mi tiempo libre y con la wifi de casa. ¿Cómo tributo por ello, señora Montero?

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Desigualdades

JOSEAN, 14/03/2021

Hace apenas una semana se presentaban las cifras de empleo de febrero y con ellas, la evolución de los últimos doce meses. El pre-Covid y el “on-Covid”, sin que veamos todavía el post-Covid que estamos deseando comenzar de una vez. Desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia y se decretó el estado de alarma, la situación económica es dramática, tanto para empresas como para autónomos y familias. El paro supera de nuevo los cuatro millones, cifra que no se superaba desde abril de 2016. A esa cifra habría que añadir las 900.000 personas que se encuentran actualmente en ERTEs y los 510.000 autónomos que permanecen en situación de cese de actividad.

El panorama es desolador, y con el aumento del paro lógicamente crece la desigualdad. Según un reciente informe de Oxfam, la tasa de pobreza severa en España (considerando como tales a aquellas personas que viven con menos de 16 euros al día) ha aumentado del 9,2% de la población al 10,86%, lo que supone añadir 790.000 personas a ese triste grupo de gente que malvive por debajo del nivel de subsistencia. Casi 800.000 nuevos pobres.

Los datos del paro se pueden analizar desde diversos puntos de vista. Llama la atención el sexo de los parados, puesto que 2.304.779 mujeres están en situación de desempleo, mientras que los hombres se quedan en una cifra lejana: 1.704.010, “apenas” el 42,5%. Estos datos sitúan la tasa de desempleo femenino en el 19,3%, mientras que la masculina está en el 14,1% (Datos del Informe de la Fundación Adecco). Desigualdades de todo tipo, por sexo, por comunidades y por edad.

Se incide mucho en la tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años, cercana al 50%, un dato cuatro veces por encima del existente en países como México o Corea del Sur. Según los datos del último INE, de los cuatro millones de parados, 366.403 tienen menos de 25 años. En muchos casos se trata de jóvenes recién salidos de la formación profesional o de la universidad, con idiomas o másteres diversos, que no encuentran su hueco en el mercado. Buena parte de ellos emigrará, otros cuantos opositarán, y muchos caerán en el desánimo. No es consuelo, pero muchos de ellos seguirán viviendo de (y con) sus padres más tiempo del que les gustaría, a la espera de que lleguen tiempos mejores.

Hay otro grupo de edad al que se presta menos atención, que es el de los mayores de 50 años. Hablamos de 936.200 personas, es decir, cerca de la cuarta parte de los parados actuales. En su caso la situación se agrava puesto que la mayoría tiene cargas familiares y un horizonte incierto por delante, con la jubilación aún lejos de su alcance. Y desde luego las posibilidades de lograr un contrato disminuyen enormemente tras pasar la barrera psicológica de los cincuenta. La Organización Mundial de la Salud identifica la discriminación por razón de edad al mismo nivel que la discriminación por sexo o raza, y en el caso de la edad el problema aumenta a medida que pasa el tiempo o cuanto mayor sea la edad. Más del 70 por ciento de los parados mayores de 55 años son desempleados de larga duración, es decir, llevan más de un año sin encontrar trabajo. Surgen así nuevas desigualdades, que se acrecientan si añadimos el factor sexo a los datos. Según el mencionado Informe de Adecco, el 57 por ciento de los desempleados de larga duración son mujeres y en el tramo superior a los 55 años suponen casi dos tercios del total:

En este blog ya dediqué una entrada a la brecha salarial y otra a esa enorme diferencia (que además se ha incrementado) entre directivos y empleados, una auténtica grieta salarial creciente relacionada con el momento en que cada generación se incorporó al mercado de trabajo y comenzó a ocupar los puestos de responsabilidad. En el mencionado tramo de edad por encima de los 50 años van a convivir los trabajadores con el sueldo normalmente más alto de las compañías y los desempleados de larga duración cuya pensión se va a reducir de manera considerable.

No voy a extenderme más en estos asuntos porque lo que me interesaba era resaltar algunas diferencias que se están produciendo y aumentando en el sistema. La propia Covid-19 se ha cebado de modo distinto entre hombres y mujeres. Según el Informe del INE, el número de hombres fallecidos por Covid-19 es superior en todos los tramos de edad por debajo de los 85 años, y solo es superado por encima de esta barrera, fundamentalmente porque hay el triple de mujeres que de hombres en esos rangos de edad.

Buceando en los datos del INE se pueden encontrar esas estadísticas que aparecen de manera excepcional en las noticias, como son las cifras (escalofriantes por otro lado) de suicidios en España. En una consulta rápida obtengo los siguientes resultados:

El suicidio es la primera causa externa de muerte en España, por encima de los accidentes de tráfico. No podemos entrar a averiguar las causas que motivaron estas tragedias, pero llama la atención que se repita la proporción de uno a tres entre mujeres y hombres a lo largo de toda la serie temporal. Las cifras son terribles, suponen más de diez suicidios diarios, motivo por el que numerosas voces llevan años reclamando un Plan Nacional para la prevención del suicidio, considerado por la Organización Mundial de la Salud como un grave problema de salud pública.

Sigo la evolución de esa estadística desde hace tiempo y siempre me ha sorprendido la “estabilidad” de las cifras, la anomalía que suponen en un país en el que (creo) se vive tan bien. Como también me asusta la estadística de los accidentes laborales, otra lacra que, pese a haberse reducido en los últimos años, sigue en unas cifras escalofriantes. En 2020, y pese al parón de actividad, fallecieron 708 trabajadores, 595 de ellos en accidentes durante la jornada de trabajo y 113 durante los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo, los llamados “in itínere”.

Entrando en el detalle de esas cifras se advierte una diferencia importante por el sexo de los fallecidos, 565 de los cuales eran hombres y 30 mujeres. Quizás se deba al peso mayoritario de los hombres en sectores como la construcción, la industria o el transporte, donde apenas hay presencia de mujeres, pero no deja de resultar llamativo. Los partidos en el poder presentaron una norma seguramente inconstitucional para promover la presencia de mujeres en las llamadas carreras STEM (ciencias, tecnológicas, ingeniería y matemáticas), pero evidentemente no les interesó forzar un cambio de paradigma en estas otras profesiones en las que las mujeres están infrarrepresentadas.

Finalmente retiraron la propuesta e hicieron bien, porque vistas las explicaciones que daban algunas sobre esta medida, caían en actitudes machistas que teníamos ya olvidadas. Los porcentajes tan desiguales en la estadística de los accidentes laborales son similares, pero a la inversa, a los porcentajes de los fallecimientos (llamémoslos asesinatos) por violencia de género o violencia doméstica. Una auténtica lacra que por desgracia no reduce sus cifras año tras año.

Todas las estadísticas nos llevan a conclusiones evidentes: aumentan las desigualdades de todo tipo. Entre ricos y pobres, entre contratos fijos e indefinidos, salariales, generacionales, por razón de sexo,… La pandemia lo ha agravado todo y solucionarlo requiere de políticas activas de diversos ministerios: Empleo, Hacienda, Economía, Sanidad, Inclusión, Seguridad Social,… En España estamos tan convencidos de corregir las desigualdades que hasta tenemos un Ministerio para luchar contra todas ellas desde “una perspectiva de género”. Los resultados saltan a la vista:

Evidentemente, la evolución de estos datos económicos no depende del Ministerio de Igualdad, cuya agenda ha estado marcada por otros asuntos, como los intentos de aprobación de la Ley de Libertad Sexual y el Proyecto de Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las personas Trans. ¿Entonces, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación no ha sido parida en ese Ministerio? Pues tampoco, puesto que fue aprobada en el Consejo de Ministros a iniciativa del PSOE y con la abstención de Podemos, pese a contar con toda una ministra de Igualdad de dicho partido en el gobierno. Las diferencias entre los dos partidos de gobierno son evidentes en numerosos asuntos de esta índole, pero quizás la titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, ha estado del lado de las asociaciones feministas y todo se debe a una persecución constante de su actividad por parte del “heteropatriarcado” más rancio y caduco. Lo cual me cuadra mal con el hecho de que un centenar de asociaciones y colectivos feministas hayan reprobado su primer año de gestión por considerar que está cayendo en una “deriva antifeminista”. O a mi modo de ver, en una pelea absurda entre mujeres y hombres.

El presupuesto del Ministerio de Igualdad o “igual da” se ha incrementado hasta los 451 millones de euros para 2021. Suponemos que la ministra en cuestión es una persona preparada para gestionar estos fondos, más los que tienen que llegar de Europa, porque pensar que ha llegado al puesto por sus relaciones personales sería de un machismo insoportable. Sería algo parecido a lo que se dijo de Ana Botella, que pese a ser licenciada en Derecho, haber obtenido la oposición al Cuerpo de Técnicos de la Administración Civil del Estado y tener amplia experiencia en diversas Administraciones Públicas, se le acusó de llegar al cargo por ser “la mujer de” o “elegida a dedo por”, lo cual, visto cómo se cuecen las cosas en política, puede tener mucho de cierto. A mí personalmente, Ana Botella nunca me gustó y me incomodaba su modo de explicarse, pero el machista insoportable que pronunció aquellas palabras fue Pablo Iglesias.

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Gacelas, zombis, buitres y otras metáforas sobre la empresa

JOSEAN, 15/02/2021

Para el que no esté familiarizado con el término, se llama empresas gacela a aquellas empresas de crecimiento rápido, constante y muy por encima de la media. Según la OCDE, son empresas que logran crecimientos superiores al 20 por ciento durante tres años consecutivos. Suelen tener una plantilla reducida, buenas cifras de crecimiento en facturación y empleo, y una rentabilidad por encima del 15 por ciento. Según la web 123emprende, en España había unas 30.000 empresas gacela a principios de este año, localizadas fundamentalmente en Madrid y Cataluña. El sector de mayor crecimiento de este tipo de empresas en Europa es el de las tecnologías de la información, según el ranking Europe’s 500 seguido del inmobiliario y la construcción. Los sectores en España son, según el estudio de Iberinform, Crédito y Caución, los siguientes:

Son empresas que representan al pequeño emprendedor que arriesga y tiene éxito en su empeño, fundamentales en un país en el que más del 99 por ciento de las empresas son PYMEs. Resulta dramático leer que España ha perdido el 54 por ciento de sus empresas gacela durante este 2020 que ha sido tan trágico para todos.

En otra parte del tejido empresarial están las llamadas empresas zombis, aquellas cuyos ingresos no dan ni para cubrir sus gastos financieros. No solo no están en condiciones de devolver sus deudas, sino que a duras penas logran cubrir sus gastos. Caminan como los zombis de The Walking Dead, sin un sentido claro, despacio, arrasando todo lo sano que encuentran a su paso. Unas 220.000 empresas pueden estar en esta situación, el 6,2 por ciento según el INE, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea.

Muchas de ellas siguen cotizando en Bolsa, como Pescanova, Adolfo Domínguez, varias aerolíneas, constructoras como OHL,… Se benefician del crédito barato y casi ilimitado, de los estímulos públicos y de las preferencias de los bancos por refinanciar una y otra vez sus créditos en lugar de exigirlos y darlos por fallidos, lo que empeoraría también la situación del sector financiero. Con la paralización de la actividad motivada por el estado de alarma, el confinamiento y los cierres parciales de determinadas actividades que han sucedido durante los meses posteriores a marzo de 2020 (y llevamos casi un año), era lógico que numerosas empresas se vieran abocadas al cierre. Los estímulos públicos en forma de ERTEs y sus sucesivas prórrogas, las refinanciaciones de deuda con los avales del ICO y la moratoria concursal hasta el 14 de marzo llevan de modo inexorable a una “zombificación” de numerosas empresas.

Los estímulos fiscales directos nos sitúan a la cola de Europa en cuanto al impacto presupuestario que suponen, según un informe reciente del Banco Central Europeo:

Lo cual no es muy esperanzador si tenemos en cuenta que también nos situamos a la cola en el triste ránking de evolución del PIB:

La economía española es altamente dependiente del turismo y la hostelería, sectores en los que por desgracia no se prevé una recuperación en el corto y medio plazo. El turismo se ahoga en sus deudas, como decía ayer este titular de El País.

Nulas ayudas directas, al contrario que otros países, en un sector que representaba el 12,4% del PIB. No existe un plan concreto, no se aprecia un horizonte claro mientras las principales compañías ponen sus activos inmobiliarios y hoteles a la venta.

Los estímulos para las empresas hasta la fecha se han centrado únicamente en la “patada a seguir”: prorrogar los ERTEs, posponer vencimientos de deudas, ampliar créditos con aval del ICO o retrasar las solicitudes de concurso. No voy a criticar tales medidas, ni mucho menos, pero es obvio que no se pueden mantener indefinidamente. Puede que el error esté en creer que la situación crítica de estas empresas se debía a un problema de liquidez y no de insolvencia, como si al retrasar los problemas estos fueran a desaparecer con el reinicio de las actividades, y ya estamos viendo que no es así. El problema de muchas de estas empresas es que no van a ser solventes ni rentables y están abocadas a la quiebra.

En diciembre de 2020 se destruyeron 3.003 empresas, a una media de 97 al día, un 10,4 por ciento más que en 2019. Unas 68.000 empresas en todo el año, de las cuales el 99,7 por ciento contaba con menos de 50 trabajadores. Y esto no ha hecho más que empezar, las cifras no reflejan la realidad de la situación. En la actualidad existen 740.000 trabajadores en situación de ERTE, ahora mismo prorrogados hasta el 31 de mayo, ¿qué va a ocurrir a partir de esa fecha? ¿O del 14 de marzo? Lo que parece claro es que la economía de un país no puede sostenerse a base de subsidios o moratorias a empresas que antes o después van a ser declaradas insolventes. De hecho, puede terminar perjudicando al propio sistema y dificultando la supervivencia de aquellas que sí son viables o cuyo problema es de liquidez temporal, no de falta de actividad.

Hoy precisamente, 15 de febrero, los ministros de Economía del Eurogrupo se reunían para debatir sobre los riesgos de las insolvencias empresariales. En Bruselas preocupa el elevado endeudamiento de las empresas y el retraso en la reactivación de la economía, lo que puede acabar con una oleada de quiebras una vez que desaparezcan los estímulos, la “respiración asistida” de las empresas. La Comisión Europea recomienda que dicha retirada sea paulatina y que los países aceleren en el arranque de los proyectos incluidos en los Fondos de Recuperación y el Plan Next Generation.

Otra fecha importante a tener en consideración es la del 17 de junio, día en el que expira el plazo para la transposición de la directiva europea sobre reestructuración e insolvencia. El Registro de Economistas Forenses (Refor) propone la creación de un sistema de alertas tempranas ante posibles riesgos de insolvencia y la profesionalización del sistema de refinanciación. En España los procesos de concurso empresarial concluyen con la liquidación de las compañías en un 90 por ciento de los casos, una ratio que en Europa se sitúa entre el 65 y el 70 por ciento. Según el Refor, muchas de las refinanciaciones en casos de indicios de insolvencia se podrían salvar con una gestión profesionalizada y proponen incluir en la norma la figura de un mecanismo llamado Pre-pack, consistente en el asesoramiento de un profesional para que la compañía pueda enajenar todos los activos de interés antes de llegar a la situación de concurso, cuando ya casi todo se liquida a precio de saldo. Ya que estamos con los símiles, se corre el riesgo de la proliferación de los fondos buitre o los buitres a secas, que se hacen con activos interesantes a precios inferiores al valor teórico de mercado.

En un país en el que empiezan a desaparecer las gacelas y proliferan los zombis y buitres, la situación pinta mal. Muy mal. La metáfora que más me gusta para hablar del funcionamiento de una empresa o de la economía de un país es la del tren de mercancías. El tren necesita una distancia muy larga para frenarse, cerca de un kilómetro si circula a 100 kilómetros por hora. Igual que las empresas, que muchas veces avanzan por inercia, frenando con lentitud hasta que se detienen por completo. Ponerlas en marcha de nuevo, al igual que un tren de mercancías, requieren una cantidad enorme de energía. Creo que el tren no se ha detenido todavía y que va a requerir toneladas de carbón, más madera, que diría Groucho, para ponerlo de nuevo en marcha.

O también puede ocurrir que las gacelas, los zombis e incluso los buitres sean devorados por el dragón chino, que avanza implacable por todas partes imponiendo su modo de hacer las cosas. Sanciones del Banco Mundial por prácticas fraudulentas y colusorias en Congo, Zambia, Paquistán o Filipinas, denuncias por incumplimiento de la normativa laboral en varios países de Latinoamérica, casos de corrupción en Ecuador, Malasia o Guinea Ecuatorial, daños medioambientales en Sri Lanka, Montenegro o Ecuador, espionaje industrial en Estados Unidos, etc. Ya se vio su papel activo en la crisis de Grecia a la hora de quedarse con los mejores activos del país, así que todo pinta “fenomenal”.

Una empresa española de toda la vida, Urbaser, vendida por Florentino Pérez y el grupo ACS a un fondo de inversión chino hace tres años, acaba de sufrir el robo de información de contratos públicos en pleno proceso de venta. Los hackers solicitan una contraprestación para no hacer pública la información “secuestrada”. En una empresa de 35.000 trabajadores. Muy “divertido” todo, sí, señor.

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Nuestro Nobel de Economía

LESTER, 30/01/2021

Tras el post del amiguete Josean sobre las Finanzas Sostenibles y la responsabilidad social la semana pasada, me he acordado de algunos estudios y artículos que leí en su momento sobre la influencia o la interacción entre la economía y algunos de los grandes problemas del mundo, como el cambio climático o la desigualdad. Algunos muy ambiciosos, como el Green New Deal Global del economista y sociólogo Jeremy Rifkin, que habla de una economía totalmente descarbonizada, apoyada en energías renovables y unas infraestructuras verdes, y con un nivel de digitalización global que llevará a importantes cambios en la sociedad. “Ambicioso” porque, aunque se están dando muchos pasos, parece que no se ha avanzado mucho desde que publicó La Tercera Revolución Industrial (The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World) allá por 2011, hace ya diez años.

El premio Nobel de Economía en 2018 fue a parar a los estadounidenses William D. Nordhaus y a Paul Romer por sus aportaciones en el campo de la innovación, el cambio climático y el crecimiento económico. Nordhaus, profesor de la universidad de Yale, fue el primer economista en crear un modelo cuantitativo que describía la interacción entre la economía y el clima. Transcribo a mi amigo El economista salvaje:

A mediados de los noventa, se convirtió en la primera persona en crear un modelo sobre el cambio climático que incluía la población, cómo se concentra el dióxido de carbono, cómo afecta a la temperatura global, los efectos de respuestas con distintas políticas como el impuesto al carbono y la evolución del daño causado y sus consecuencias negativas para la economía”.

Cada vez que he metido un poco las narices en el cálculo de la huella de carbono o en el mercado de compraventa de derechos de emisión me ha parecido un gazpacho de una enorme complejidad, seguramente intencionada, así que me quedo con algo más cercano, como son los estudios que desarrollaron sus sucesores en el premio de la Academia sueca. En 2019, el Premio Nobel de Economía fue a parar a los economistas Abhijit Banerjee, nacido en Bombay en 1961, Esther Duflo, natural de París, de 1972 y el estadounidense Michael Kremer, de 1964, por sus estudios en busca de una “aproximación experimental al alivio de la pobreza global”. Como indica la nota de la Academia Sueca en la que explica los motivos de su decisión:

“A pesar de la mejora en los estándares de vida, más de 700 millones de personas subsisten con unos ingresos extremadamente bajos. Cada año, unos cinco millones de niños menores de cinco años fallecen por enfermedades que podrían a menudo ser prevenidas o curadas con tratamientos que no son caros. La mitad de los niños del mundo todavía abandona la escuela con unas capacidades básicas de lectura y aritmética”.

Los estudios de estos tres economistas se centraron a lo largo de los años en los efectos de incidir en algún problema concreto, pequeño, en lugar de hacerlo sobre los grandes programas de ayuda para países desfavorecidos. Es lo que se denomina “economía del desarrollo”. Como dijo la propia Esther Duflo en su discurso al recibir el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2015:

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que la lucha contra la pobreza está basada en la evidencia científica”.

En términos económicos, sus análisis se centraron en la microeconomía en lugar de estudiar el impacto macroeconómico de las grandes políticas de desarrollo, millonarias ayudas internacionales que lograban muy poco, y comprobaron empíricamente cómo la solución de los pequeños problemas lograba efectos mayores a gran escala. Me vuelve de nuevo a la mente la frase de Eduardo Galeano:

Vuelvo a acudir al blog de mi amigo savage para mencionar algunos de los estudios de este trío de economistas:

Educación: los estudios desarrollados en unas escuelas de Kenia con rendimientos escolares muy pobres sirvieron para demostrar la ineficacia de las medidas que incidían en la pobreza de las familias y de los colegios como principal causa del problema. Dar libros y comida gratis a los alumnos no mejoró en nada el rendimiento. La base del problema estaba en los bajos salarios de los profesores, que se traducían en poca motivación. Al destinar el dinero a incentivar a los profesores, a ofrecer programas a los estudiantes y a ofrecer una atención más personalizada a los alumnos con mayores necesidades, los índices de rendimiento se dispararon. Sus propuestas se han implantado en más de 100.000 escuelas en la India, beneficiando a unos cinco millones de estudiantes.

Sanidad: sus estudios se centraron en analizar las causas de la baja eficacia de los centros de vacunación fija, y detectaron que se debía a que la mayoría de las familias no se desplazaba para vacunar a sus hijos. Además, estos centros fijos eran más caros que los centros de vacunación móviles, así que los economistas plantearon realizar campañas de vacunación directamente en las aldeas, desplazando los equipos y poniendo las vacunas prácticamente en la puerta de las casas de las familias. Con esta medida, la tasa de vacunación se incrementó del 6% al 31%.

Innovación tecnológica: los habitantes de países en desarrollo suelen ser reacios a aplicar nuevas técnicas y sus estudios se centraron de modo especial en la agricultura de países pobres. Comprobaron que los agricultores rechazaban o retrasaban la inversión en fertilizantes, pero más por coste que por desconocimiento, porque no tenían problemas para usarlos cuando se les suministraba directamente en sus aldeas. Los resultados mejoraron de modo espectacular.

Agua limpia: estos tres economistas certificaron a través de diversos modelos que hay pocas inversiones más rentables para los países en desarrollo que la ampliación del acceso a agua potable entre sus habitantes. Que era preferible saltarse la burocracia de muchos países e ir directamente buscando casa por casa a los posibles beneficiarios del suministro de agua limpia y segura, sin necesidad de esperar a programas gubernamentales.

 “Sí, queremos el crecimiento económico y es lo más importante a largo plazo, no hay duda. Pero, mientras tanto, la gente se muere porque no tiene acceso a agua limpia”. 

Las grandes inversiones en infraestructuras para llevar el agua potable a todos los ciudadanos de un país en vías de desarrollo no llegan o avanzan con lentitud, luego la distribución de filtros potabilizadores es capaz de lograr un efecto inmediato de mejora en la calidad de vida de las familias que lo reciben (The Water Van Project). Es evidente que no puede ser una solución definitiva, pero sí una enorme ayuda inmediata para grandes núcleos de población alejados de los centros urbanos. Como saben los asiduos a este blog, en verano de 2019 estuvimos colaborando con Ayuda en Acción y el FEPP en la distribución de filtros en comunidades del valle de Chota Mira (Ecuador). Las depuradoras de agua que vimos en algunas de las comunidades de Ecuador no funcionaban o no evitaban que el agua se contaminara, algo parecido a lo que demostraron los estudios de Michael Kremer en Kenia, así que la solución local, familiar, micro, resultó ser mucho más efectiva.

Por eso, cuando en octubre de ese mismo año concedieron el Nobel de Economía a Banerjee, Duflo y Kremer, sentimos que todos nosotros habíamos ganado también, sin saberlo, un pedazo del (y de) premio.

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Los adjetivos del nuevo capitalismo

JOSEAN, 23/01/2021

La tendencia no es de ahora, pero sí tengo la sensación de que se ha incrementado mucho en el último año, de manera especial tras el estallido de esta pandemia. Me refiero a la tendencia a adjetivar todo lo que rodea al mundo financiero, económico, fiscal o al sistema capitalista en el que vivimos. A raíz de la expansión del virus por el mundo y de las alteraciones que provocó en nuestro modo de vida, llevándonos a extremos de confinamiento y reclusión que jamás sospechamos, se publicaron numerosos artículos en el sentido de venganza de la Naturaleza, respuesta del planeta por la pérdida de biodiversidad o, como dijo Inger Andersen, director ejecutivo del programa de medio ambiente de la ONU: “la Naturaleza nos está mandando un mensaje“. La recuperación de la calidad del aire o de las aguas, la disminución de toneladas de residuos y de emisiones de gases a la atmósfera, o la invasión de especies del centro de las ciudades, fueron vistas como la victoria de la Tierra ante nuestro desaforado afán consumista. La ONU sentenció en mayo: El coronavirus: la advertencia del planeta de que la humanidad debe cambiar.

Pero la tendencia viene de muchos años atrás. La carta que el CEO de BlackRock, Larry Fink, envía a sus inversores al inicio de cada año pareció premonitoria allá por enero de 2020. Hablaba de Un cambio estructural de las finanzas, poniendo el foco en la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático por “el impacto significativo y duradero que tendrá en el crecimiento económico y en la prosperidad – un riesgo que, a la fecha, los mercados han sido lentos en reflejar”. El nuevo estándar de BlackRock para invertir pasaría a ser la sostenibilidad, unido a la mitigación de riesgos ESG (environmental, social and governance), la transparencia y la exigencia de la medición de la huella de carbono a todas las empresas con las que el fondo colaborara o trabajara. Es un paso más en una tendencia iniciada hace una década y, ya sea como declaración de intenciones interesada o como voluntad decidida por el cuidado del medio ambiente, es un paso en la buena dirección. Al menos la web del fondo deja clara su apuesta por “lo verde”:

Se ha escrito mucho en los últimos años acerca de estos asuntos, y de manera especial tras el Acuerdo de París por el clima firmado en 2015 y la aprobación en la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Resulta sintomático que una de las primeras declaraciones de Joe Biden al acceder a la presidencia de Estados Unidos haya sido para volver al Acuerdo de París del que se desvinculó el país durante la presidencia de Donald Trump: “Queremos liderar, no con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo”.

En esa línea, la Comisión Europea aprobó en 2018 su Plan de acción para una economía más limpia, poniendo especial énfasis en lo que se denominó “Finanzas Sostenibles”. Se trata de un ambicioso plan para clasificar las actividades de las empresas en “verdes” o “no verdes”, y primar de algún modo las consideradas “sostenibles”. Como el capitalismo entiende por encima de cualquier otra cosa de sus propios intereses, el Plan prevé incentivar este tipo de actividades con una financiación más barata, mayor facilidad de acceso de las empresas a proyectos públicos de inversión y la exigencia de certificaciones para poder acceder a fondos europeos. Parece que cobra importancia real la Información No Financiera de las empresas, esa parte de las cuentas anuales que se rellenaba de una manera genérica y bienintencionada, pero poco concreta. Algo que contrastaba con la detalladísima Información Financiera, en donde no escapaba un euro al control de los administradores de las compañías, ni de los auditores.

Finanzas sostenibles, economía circular, fiscalidad justa, empresas socialmente responsables, transición ecológica, transformación digital,… son cada vez más los adjetivos que se incorporan a la redefinición de nuestro sistema. Fondos de “impacto”, o fondos de inversión solidarios, una figura mucho más extendida en el mercado anglosajón, que son “inversiones que buscan una rentabilidad financiera y también un impacto social o medioambiental positivo“, en palabras de Arturo Benito, de Impact Bridge AM. Estos productos mueven ya más de 633.000 millones de euros, y se han especializado en sectores como la salud, la alimentación o el acceso a la energía y la vivienda. La CNMV tiene registrados 19 fondos de inversión solidarios y 44 fondos ESG que basan sus inversiones en criterios sociales y medioambientales.

Dentro de esa tendencia a adjetivar (y cambiar la cultura empresarial y financiera), me encontré hace tiempo con otro artículo que hablaba de El gurú del buen capitalismo. Hablaba de Paul Polman, exconsejero delegado de Unilever, que defendía que “la opinión pública está castigando a las empresas que se comportan de forma irresponsable”. Pero lo que me llamó la atención es que si se hablaba de “buen capitalismo” es porque el articulista entendía que había un “mal capitalismo”. O un capitalismo voraz, salvaje e irresponsable que se preocupaba únicamente del beneficio del accionista y no del impacto en la sociedad. Quizás la pandemia haya acelerado muchos de los cambios que se llevaban años anunciando.

“El cisne verde” es un concepto creado por el Bank of International Settlements (BIS), del que comenzamos a escuchar a principios de febrero de 2020, justo cuando el virus y sus consecuencias estaban a punto de reventarnos en la cara. El cisne verde hace referencia a una crisis financiera motivada u originada por desastres climáticos o medioambientales: los incendios en California y Australia, las inundaciones en el sudeste asiático o el centro de Europa, los huracanes en Centroamérica, o lo que nadie preveía, el impacto del virus SARS-COV-2 en las economías de todo el mundo. La destrucción de centros de producción, el hundimiento de economías de países enteros o la destrucción de empleos y empresas son algunas de las consecuencias de esos cisnes verdes. También los llamados “riesgos de transición”, como son los cambios regulatorios que pueden llevar a desincentivar unos sectores (materias primas, combustibles fósiles) en beneficio de otros (energías renovables). Los riesgos definidos por el Foro Económico de Davos en su informe de 2020 son muy numerosos:

En términos de probabilidad e impacto:

El propio Manifiesto de Davos de 2019 hablaba de esa necesaria “refundación” o “transformación” del capitalismo, basada en tres principios:

  • Las empresas no funcionan únicamente para sus accionistas, sino también para las comunidades locales y la sociedad en general, y deben involucrar a empleados, clientes y proveedores.
  • Las empresas no son solo unidades generadoras de riqueza, sino que atienden a las necesidades de toda la sociedad. En este punto hace mención a la importancia de los ejecutivos de las empresas y las desigualdades (La grieta salarial).
  • Una multinacional es en sí misma un grupo de interés al servicio del futuro global.

Sea por un interés altruista o por un interés propio de las empresas, el caso es que los pasos son firmes y se ha avanzado muchos en estos temas. Los fondos europeos para la reconstrucción (Next Generation-EU), de 750.000 millones de euros, se concentrarán en todos los aspectos mencionados y serán una gran oportunidad para avanzar en algunos campos. Solo espero que se gestionen bien. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho recientemente que “El objetivo último es conseguir una España más verde, más digital, más cohesionada social y territorialmente y también más igualitaria en términos de género. Por razones de equidad social pero también de racionalidad económica; para lograr un crecimiento robusto y sostenible desde el punto de vista económico-financiero, pero también medioambiental y social“. Espero que haya una colaboración público-privada eficiente, en proyectos sólidos y necesarios, que se fiscalicen adecuadamente y que no se nos vaya el dinero en estudios chorras, sino en atender las necesidades reales de la sociedad.

Verde, digital, justa, sostenible, solidario, social, responsable… todos estos adjetivos me parecen perfectos. Ahora bien, me resulta extraño conjugar la “transformación digital”, pasar de “un país de camareros” a ser productores de tecnología, con un plan educativo en el que se pueda obtener el bachillerato con suspensos, o en el que no se fomente abiertamente la excelencia o el esfuerzo. Y a nivel mundial, creo que todos estos esfuerzos no funcionarán si no se frena a un país al que le importa tres cojones ser ecofriendly, un país como China, que no se define como capitalista precisamente, al que le importa muy poco la gestión medioambiental, los derechos humanos, la transparencia, la justicia fiscal y la propiedad intelectual. Entonces sí que vamos a saber lo que significa otro adjetivo de moda: ser “resiliente”. Saber adaptarse a las circunstancias adversas.

Hoy se cumple un año del inicio del confinamiento en Wuhan, y mientras China ha tenido un crecimiento del 2,3% en un año crítico, las economías occidentales han experimentado caídas de entre el 5% y el 12%. Insostenible.

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El año que nos encerramos cautelosamente

El año que vivimos peligrosamente es una película de Peter Weir de 1982 ambientada en las revueltas de Indonesia a mediados de los sesenta. Inicialmente me pareció un buen título para definir lo que había sido 2020, pero una vez que analizas que todo lo que tenías que hacer era confinarte, reducir tu actividad al mínimo y no hacer nada me pareció que quedaba un tanto exagerado. De ahí el título escogido.

Un año como el que acaba de terminar no podía hacerlo de una manera más adecuada que como lo ha hecho: mal, penoso, lamentable. No lo digo por el vestido de la Pedroche, no. Ni lo digo solo por “regalarnos” una de esas sobreactuaciones a las que Nacho Cano nos tiene acostumbrados (ahí queda su particular intervención en el homenaje a Miguel Ángel Blanco), sino sobre todo por una nueva polémica y división acerca de la bandera de España en la Puerta del Sol: el artículo de Ignacio Escolar, los insultos habituales en redes sociales, Televisión Española tapando la bandera con medio metro de flores,… en fin, la polarización de la sociedad una vez más y la manipulación de todo desde los medios y la clase política. Que una bandera de 1785 utilizada durante siglos (también por la Primera República) sea “un problema” tan grande me hace pensar que estamos perdidos como sociedad.

Como dice la letra de la canción de Nacho Cano, en este momento del año “hacemos el balance de lo bueno y malo”, aunque sea un par de días después y no “cinco minutos antes de la cuenta atrás”, y de eso va este primer post del año, o último de 2020, según se mire. Si vamos a las cifras de este blog de los Cuatro amiguetes y unas jarras (aunque cada vez haya menos jarras que tomar con amigos), el número de lectores se ha triplicado en comparación con el año 2019, que ya había sido el mejor de largo, algo tan espectacular como sorprendente. 60 artículos en total publicados en este blog, 15 en otros medios, más otros 23 firmados de manera apócrifa en sitios inconfesables, y la edición de Aguafiestas en un año muy completo. Solo en este blog hemos llegado a las 70.000 lecturas, pero si añadimos las de LinkedIn, La Galerna y Planeta Fútbol seguramente hayamos superado los 100.000 lectores en todo el año, congrats! Y gracias a todos por el interés.

Esas son las estadísticas, que pueden decir mucho o no contar nada, pero de lo que hoy se trata es de hablar de las tendencias que han marcado el año, de qué temas se han ocupado los cuatro amiguetes en estos doce meses en los que nuestro modo de vida saltó por los aires. Y el comentario sobre el vestido de la Pedroche o la bandera solo eran excusas para comentar uno de los temas que más nos preocupan y que ya estaban en el primer post del año (Despropósitos de Año Nuevo): la polarización de la sociedad. Cristina Pedroche es una mujer “empoderada” o “cosificada” en ese nuevo lenguaje, según pertenezcas a un bando o al otro (y ya me preocupa hablar de bandos), en ese discurso de rojos y fachas que todo lo contamina, no digamos la bandera. La utilización partidista de todas las herramientas al alcance de la clase política ha servido para desunir aún más a una población sorprendida por la pandemia que necesitaba la unión de esfuerzos y la coordinación de administraciones, y su actuación ha vuelto a poner de manifiesto que no están a la altura de los ciudadanos, que en su mayor parte han tenido un comportamiento ejemplar, solidario y responsable. Las cicatrices del coronavirus necesitarán años para cerrarse.

El Amiguete Josean ha dedicado buena parte del año y de sus esfuerzos a explicar las reformas fiscales que se anunciaron a principios de año (Las grandes corporaciones son malas, un tema complejo que dio para dos partes) y todos los cambios legislativos que se implementaron con el estado de alarma (Y todo en un mes), con mucha precipitación y rectificaciones constantes que no trajeron los resultados deseados. A veces hay que fiarse más de criterios técnicos que ideológicos cuando se van a tratar determinados asuntos, como los Presupuestos Generales del Estado, que pecan de una serie de errores, como ingresos erróneamente calculados y gastos infravalorados. El peaje también de tener que contar con algunos socios que no son los mejores compañeros de paseo (Sí se puede. No se podía, pero ahora ya sí se puede). No quería dejar el tema de la ideología en cuestiones de dinero público, porque uno de los textos más celebrados de este blog es aquel sobre el estudio del impacto de género en un túnel. Sí, con un par: La M-30 es machista.

El Amiguete completó su año con los capítulos VI y VII del libro no publicado Grandes errores de las escuelas de negocios (ahí lo dejo por si algún editor se siente interesado por la idea), en esta ocasión dedicada al modo de confeccionar presupuestos en una empresa. La esquizofrenia del CFO es la que le anima a escribir este tipo de artículos, así como un relato casi verídico sobre una visita a declarar en los juzgados (Con Animal en el juzgado).

La Covid-19 lo ha impregnado todo este año, también los temas recurrentes en este blog: el deporte, el cine, algún viaje o voluntariado, los maratones,… El Amiguete Lester se ha quedado sin correr un maratón por primera vez desde 2003, así que este año no hemos tenido crónica maratoniana desde algún lugar lejano (o cercano, pues tenía inscripción para Madrid en abril). Pero nos ha contado el placer de correr por el placer de correr, cuando no hay un plan exigente de entrenamientos detrás, y sobre todo, cuando has estado casi dos meses encerrado en tu casa sin salir. El placer de salir a la calle y trotar al aire libre, algo que creíamos que no nos faltaría nunca y en este 2020 desapareció de nuestras vidas como tantas otras cosas. Lester reconoció haber estado (casi) feliz en casa disfrutando con la familia y el tiempo en común, incorporando nuevas aficiones, y el “casi” sería completo de no ser por todo ese sufrimiento cercano que a todos nos ha llegado de un modo u otro. Cae la felicidad en los índices que miden estas cosas intangibles y el relato El oso gris nos trasladó a un futuro cercano que podría ser aún peor que este año de aislamiento y distancia social que hemos vivido. Otro relato extraño, Espectros sobre la pared, y una primera incursión en la poesía, Volverán las malditas mascarillas, completan el año de Lester.

El cine no ha escapado a la pandemia, y el cierre de las salas, así como el bajo nivel de los estrenos, ha llevado al Amiguete Travis a refugiarse en temas atemporales, como si es mejor el libro o la peli, en una larga conversación con Reggie que se alargó en dos partes muy interesantes por las aportaciones de ese gran fichaje del blog. La ausencia de estrenos hizo que Travis repasara algún clásico, como en Mi cita anual con Ben-Hur, se equivocara en los Óscar de Parasite, tratara las manías de algunos directores (Los cigarrillos Red Apple y el Imperio Austro-húngaro) y el modo que tiene Hollywood de tratar la figura de sus presidentes, ya sean ficticios o reales. El confinamiento también dejó huella en algunos posts, como en Ensayos de un futuro distópico, sobre el modo de tratar este tipo de catástrofes en el cine, o en la peli surrealista que podría escribirse juntando una buena colección de pelis que aparecieron en los reordenamientos de casas que todos hicimos durante el encierro. Un año tan raro como 2020 ha visto los estrenos de dos de los directores más exitosos e interesantes del panorama actual: Christopher Nolan y David Fincher. Ambos pasaron por el análisis de Travis, tanto Nolan con Tenet, en la parte del elogio (sin spoilers) y en la crítica furibunda (destripando el argumento), como Fincher con su visión de la escritura del guion de Ciudadano Kane en Mank (Citizen Mank, Ciudadano Fincher). Un formato que se va a repetir a buen seguro es el de destripar una novela gráfica o cómic y posteriormente su versión cinematográfica. Este año ha sido el de Watchmen, la novela gráfica y la versión de Zach Snyder. En 2021 toca V de Vendetta.

En cuanto a Barney y sus diatribas futboleras, 2020 ha sido un año en el que el deporte no ha escapado a la drástica alteración que ha supuesto la pandemia para todo nuestro mundo conocido. La Liga se suspendió durante tres meses, la NBA se disputó en agosto, Roland Garros en octubre, nos quedamos sin Juegos Olímpicos ni Eurocopa de fútbol, en fin, todo muy raro. El mejor resumen de Barney lo podréis encontrar en La Galerna, en modo Carta a un 2020 muy, muy perro.

En este blog comenzamos con la Supercopa y las nulas críticas al Cholo y acabamos con el primer relato de Barney, Lituriaga, ambientado en el Torneo de Navidad de baloncesto allá por los ochenta. Entre medias hubo tiempo para hablar de esta temporada tan extraña (Déjà vu de la 2016-17), la vergonzosa exigencia de algunos acerca de la Liga inconclusa (La solución belga, el sueño húmedo culé), los incomprensibles olvidos o la desmemoria de la prensa (La mano no era de Dios) y el triunfo final de los de Zidane en el campeonato. El parón en la competición sirvió para encontrar los lazos en común entre los Tauro del 70 (André Agassi, Luis Enrique y Simeone) o para hablar de las derrotas más dolorosas, las que nos siguen revolviendo el estómago tanto tiempo después. El blog dedicó cinco extensos artículos a la vuelta de la NBA y la victoria de los Lakers con el mejor especialista de la materia en España (aquí, guiño): Barney Jr. La muerte de Maradona sirvió como excusa para hablar de los mejores de todos los tiempos en varios deportes y por último, Barney no pudo evitar su tradicional crítica a la penosa prensa deportiva de este país.

Ha sido un año productivo, sin duda. Es lo que tiene pasar tanto tiempo encerrados. El blog ha cumplido seis años y goza de muy buena salud. Los ingresos generados (muy bajos de momento, por “el odio a monetizar”) han servido para apoyar una serie de proyectos solidarios en Perú (con Gam-Tepeyac) y de Ayuda en Acción de apoyo a familias desfavorecidas por la Covid. Como resumen de lo que han sido estos seis años cada Amiguete agrupó su centenar de textos en un recopilatorio que sirve de índice para lectores recientes:

Muy orgullosos de lo logrado, cómo no. Este blog solo busca entretener y aportar información, y lo que no va a descuidarse en ningún momento es el lado humano. El título del documental estrenado recientemente sobre las personas que han estado en la guerra cruenta contra el virus (y sobre los que lo han padecido) me sirve para hablar de la mayor enseñanza que nos deja 2020, aunque haya sido arrojándonosla a la cara: olvídate de egoísmos, preocúpate del que tienes al lado, deja de lamentarte de gilipolleces, quiere a tu familia, llama a tus amigos,… Esta situación la revertiremos entre todos, y cuanto más unidos estemos y menos divididos, como empezaba este artículo, será mucho mejor. Más sencillo, más efectivo. La mitad de las lecturas de este año aciago han sido para un texto que hablaba de todo esto y de reconciliación, de las lecciones de vida que nos dejaron nuestros padres, los más castigados por el virus: Aplauso a una generación de héroes. Muy grandes, a ver si aprendemos.

¡Feliz 2021, amigos!

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Presupuestos 2021 (II): infravalorar los gastos

JOSEAN, 12/12/2020

Un error bastante común que se suele cometer a la hora de realizar presupuestos es el de estimar de manera errónea los gastos, infravalorándolos, y “ajustar” luego a martillazos los ingresos para que cuadren con el objetivo que se pretende mostrar (que no alcanzar). Como expliqué en la primera parte (y siempre según mi opinión), los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 parecen claramente sobrevalorados o sobreestimados, luego mi duda radica en saber si se inflaron intencionadamente para justificar el incremento de gastos que se prevé realizar durante el ejercicio 2021. Y sería una pena, porque tras la terrible pandemia que hemos sufrido, no solo en España, sino a nivel global, los PGE-2021 tienen que ser más estrictos y rigurosos que nunca para poder convertirse en la herramienta que canalice la recuperación por la doble vía del impulso de la inversión pública y de los fondos europeos del Plan Next Generation.

Toca ser rigurosos, lo que no está reñido con la austeridad. Austeridad no en el sentido peyorativo de la palabra que la crisis financiera nos dejó, sino en el sentido de la RAE: severo, sobrio, sin excesos. Puesto que van a venir 140.000 millones de euros de la Unión Europea en los próximos años, que no son un regalo, toca gestionarlos con sobriedad, sin excesos ni derroches en partidas superfluas. Sin planes E improductivos, para que se me entienda, sino que se aprovechen para eso que tantas veces hemos escuchado: un cambio en nuestro modelo productivo.

La principal premisa en la que se basan estos presupuestos aparece en las primeras páginas del Proyecto de Ley: la suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, con lo que “se autoriza de esta forma incurrir excepcionalmente en déficit estructural con la finalidad de permitir la adopción de las medidas necesarias a fin de mitigar los efectos adversos de la pandemia a nivel socioeconómico y abordar un programa de recuperación coherente con el proyecto de la Unión Europea”. Pero esta medida es excepcional y no debe considerarse en ningún caso como recurrente, por lo que convendría que algunos miembros del gobierno rebajaran sus ilusiones respecto a una barra libre de gasto, cuando ya nos vamos a situar en los peores puestos de Europa en deuda y déficit públicos. Europa no lo va a permitir, y una mala gestión de los fondos en estos primeros años puede terminar afectando a los siguientes ejercicios.

(Cuadro extraído del Informe de Valoración de los Presupuestos de la CEOE)

La acumulación de errores para elaborar un cálculo aparentemente mucho más sencillo, como es el recuento de los fallecidos en la pandemia (un 60% más, según cálculos del INE, lo que podría llevar los 47.000 oficiales a una cifra superior a los 75.000) me hace desconfiar de algunos de los cálculos presentados en los PGE-2021. El profesor de la Universidad de Oxford Tim Vlandas ha desarrollado un índice tristemente interesante, el Pandemic Misery Index, que mide los efectos combinados del exceso de mortalidad y de los incrementos de desempleo en los distintos países, y nuestra posición (por desgracia) aparece en los puestos de cola:

Se gestionó mal la crisis sanitaria (como en casi todo el mundo, esto no es un tema de gobiernos de derechas o de izquierdas) y las medidas de apoyo económico no fueron suficientes para crear muros de contención de tal robustez que frenaran la caída de la economía. Según un estudio del Banco Central Europeo, las medidas económicas aprobadas por el gobierno (fundamentalmente la prolongación de los ERTEs, los aplazamientos fiscales y los avales del ICO) evitaron el cierre del 36% de las empresas españolas, y alerta de lo que puede ocurrir cuando se retiren las medidas de apoyo económico. De ahí las sucesivas prórrogas de los ERTEs y de la devolución de los créditos del ICO, lo que en el corto plazo resulta necesario, pero en el medio y largo es insostenible, puesto que se termina sosteniendo a empresas que no son viables.

Si nos centramos en la estimación de gastos previstos para 2021, se aprecia un elevado incremento en todas las partidas, lo cual es posible por el adelanto previsto de 26.634 millones de euros de la Unión Europea que no van a llegar a lo largo de este ejercicio, sino en 2022. El total de gastos asciende a 383.543 millones de euros, de los cuales, como ocurre siempre, las mayores partidas son las pensiones y las transferencias a otras Administraciones Públicas (comunidades autónomas y Seguridad Social).

Ya antes de la aprobación de los presupuestos, sorprendió el anuncio del gobierno del incremento de las pensiones y los salarios de los empleados públicos un 0,9 por ciento, sobre todo cuando el IPC interanual se mantiene en tasas negativas (-0,8 en noviembre) y corremos el riesgo de caer en una deflación sostenida. Se calcula que esta medida tendrá un impacto de unos 3.000 millones de euros, repartidos entre todas las administraciones. No voy a criticar la medida porque ambos colectivos han sido tradicionalmente los más castigados en anteriores crisis, pero me entra la duda de la conveniencia de la misma en este preciso instante (la reposición del cien por cien del personal funcionario, por ejemplo), así como una duda más grande aún sobre los cálculos que han llevado a ese porcentaje, que será el doble para las pensiones no contributivas. Sobre todo porque la reforma del sistema de pensiones en España fue una de las principales demandas de la Unión Europea a nuestro país en las negociaciones para la percepción de las ayudas comunitarias.

Evidentemente no soy un experto en contabilidad pública como para meterme partida por partida en las estimaciones de gasto, pero una de ellas sí llama la atención y es la destinada al pago del desempleo, 25.012 millones de euros, como resultado de la estimación (muy optimista) de las tasas de desempleo en el 16,3 por ciento para 2021. Las previsiones del Banco de España sitúan la tasa de desempleo del próximo ejercicio en un rango entre el 19,4 y el 21 por ciento, y la propia estimación de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prevé liquidar este ejercicio un importe de 35.083 millones de euros en esta misma partida. Veremos qué ocurre a partir del 31 de enero (fecha de finalización de los ERTEs) y sobre todo con la esperada recuperación de la actividad a lo largo de todo el ejercicio, pero a priori parece que el cálculo es muy corto.

España tiene un mercado laboral muy dependiente del turismo y los servicios, y las medidas de protección del empleo aprobadas supusieron una protección del trabajador “estable”, pero volvió a dejar a su suerte a los trabajadores precarios. Durante este ejercicio 2020 hemos padecido una disminución del 86’6 por ciento del número de turistas extranjeros y una reducción del 90 por ciento de dichos ingresos, y la recuperación de este sector, que aporta un 12 por ciento del PIB, es prioritaria. La hostelería es otro sector fuertemente afectado y cuya recuperación se prevé complicada. Esta semana escuché un debate en la radio sobre si “se debía rescatar la hostelería” a la manera en que se hizo con “el ladrillo” en manos de la banca. Bueno, aquí ya hicimos ese ejercicio, aunque fuera en plan irónico, hablando del “bar malo”, un organismo ficticio llamado BARHEB. Me pareció interesante la solución planteada en Alemania consistente en apoyar económicamente a los bares y restaurantes con un ingreso equivalente al 75 por ciento de su facturación en el año anterior. Si aquí se adoptara una medida similar, tendría “gracia” saber cuántos empresarios de la hostelería iban a lamentar llevar esa caja B de ingresos, por desgracia tan extendida, y de qué manera iban a tratar de obtener la compensación.

Los fondos del plan Next Generation son una gran oportunidad para cambiar ese modelo productivo para evolucionar del “país de camareros” a una economía mucho más moderna y todas esas palabras que se añaden ahora a todo: digital, integradora, inclusiva y resiliente. Bromas aparte, los programas de la Unión Europea deben destinarse a infraestructuras productivas el día de mañana (vuelvo a decir que no más planes E), centradas en los sectores destacados indicados en el propio Plan: eficiencia energética, sostenibilidad, economía circular, digitalización de las empresas y las administraciones públicas, y todo ello apostando por la innovación y (por fin) el I+D+i. Es una oportunidad que no puede desaprovecharse y será necesaria la mayor colaboración público-privada de una manera eficiente para gestionar y canalizar todos los fondos que llegarán en próximos años si no hacemos el canelo.

Y llegados al punto del aprovechamiento de los fondos, es donde aparecen los “socios” de gobierno en esta aprobación de presupuestos, esos socios que ya han dicho por activa y por pasiva que no les importa la vertebración de España, sino “qué hay de lo mío”. Nada más aprobarse los presupuestos, me heló la sangre la imagen de los representantes de EH-Bildu y ERC, Mertxe Aizpurua y Gabriel Rufián, exigiendo su peaje independentista. Mal empezamos, no habían transcurrido ni veinticuatro horas desde la aprobación de los presupuestos por parte de los que el PSOE definió como “patriotas y valientes”.

La lista de peticiones para el apoyo a los presupuestos incluye medidas relacionadas con la educación y el uso del español, los indultos, la cesión de competencias, el incremento de los fondos para sus comunidades en detrimento de otras y una supuesta armonización fiscal que no toque el cupo vasco. Ayer supimos que el gobierno va a retirar a la Generalitat catalana la supervisión económica sobre sus finanzas, “estupendo”. Insisto, mal empezamos si cada una de las comunidades va a la guerra por su cuenta para manejar su parte de la tarta sin tener en cuenta el proyecto global, ¿no tuvo ese objeto la cumbre de presidentes de comunidades el pasado mes de julio?

Hace años había un chiste que decía que cómo podíamos vivir en un país en el que la ministra de Sanidad se llamaba Mato, el yate del Rey era Bribón, el principal banquero era Botín y la alcaldesa que debía evitar las macrofiestas era Botella. Ahora parece que nos queda otro país totalmente distinto, en el que el responsable de las finanzas del socio (investigado) de gobierno se llama Monedero, la portavoz del partido del gobierno Lastra todo lo que toca y el socio imprescindible para todo es Rufián. Ojalá no desaprovechemos la oportunidad de salir de esta. No sé quién es el autor de este chiste gráfico, pero representa lo que muchos sentimos:

Hasta la próxima, sed buenos, inclusivos y resilientes, signifique lo que signifique eso.