Reducir, reusar, reciclar… residuos, ¿recursos?

JOSEAN, 28/11/2021

La semana que hoy termina ha sido la European Week for Waste Reduction, la Semana Europea por o para la Reducción de los Residuos, una semana en la que, al igual que en la reciente Cumbre de Glasgow (aquí definida como Día de la Marmota), se ha hablado mucho de «lo que hay que hacer» y se ha insistido en que «hay que actuar pronto», pero por desgracia con resultados poco concluyentes. Por supuesto que se logran avances, pero con una lentitud en muchos casos exasperante, con incumplimientos continuos de las metas marcadas. Cambiar un modelo productivo que lleva funcionando décadas no es una tarea sencilla y la innovación para buscar alternativas suele ser una apuesta arriesgada y de coste elevado en el corto plazo, pero no tengo ninguna duda de que solo la investigación y los avances tecnológicos, unido a la sensibilización ciudadana, permitirán que todas esas palabras que suenan tan bien como «economía circular», «infraestructuras verdes» o «modelo sostenible» sean reales y no simples quimeras.

Hemos pasado de las tres «erres» tradicionales (reducir, reutilizar y reciclar) a las cinco (añadiendo reparar y recuperar) e incluso a algo más ambicioso, puesto que vamos ya por las siete «erres» del proceso: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Repensar el modelo. Pero si este proceso se convierte en una especie de Scattergories con la R, a mí se me ocurre que dentro de la economía circular no cabe otra alternativa que considerar al Residuo como un Recurso más que incorporar a la cadena productiva.

El Consejo de Ministros aprobó en mayo de este año el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, una ley necesaria que se une a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la Estrategia Española de Economía Circular (España 2030) y a las directivas de la Unión Europea que conforman el Paquete de Economía Circular. El proyecto de Ley de Residuos:

  • Introduce restricciones a los plásticos de un solo uso y propugna su eliminación.
  • Plantea objetivos de reducción de residuos en varias fases. La reducción de envases en origen, en la distribución y en la propia venta al público de productos resulta fundamental en el proceso.
  • Prohíbe la destrucción de excedentes de productos no perecederos (textil, juguetes, aparatos eléctricos).
  • Trata de combatir el despilfarro de alimentos.
  • Obliga a ayuntamientos y entidades locales a implementar nuevas medidas de separación de residuos en origen y su tratamiento previo al depósito en vertederos.
  • Y un aspecto posiblemente clave: se crea un nuevo impuesto a la incineración y eliminación de residuos en vertederos.

La nueva Ley de Residuos sustituirá a la anterior, de 2011, en la que se fijaba una serie de objetivos de cumplimiento para 2020 en materia de reciclaje y depósito de residuos en vertedero (acordes con las directivas europeas) que no se han cumplido. El objetivo del 50% de reutilización y reciclado en 2020 quedó lejos de alcanzarse y, según los últimos datos que he podido encontrar en la web del propio Ministerio para la Transición Ecológica (datos de 2018), apenas el 35% de los residuos fueron reutilizados o reciclados:

Este mal dato provocó que dieciséis organizaciones ecologistas presentaran una denuncia ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa europea en materia de residuos. Para que los menos habituados se hagan una idea de las cifras manejadas (y hablo solo de residuos municipales), cada ciudadano produce una media aproximada de 1,3 kilos de residuos diarios, unos 500 kilos anuales. Según la citada Memoria del Ministerio, en España se generaron 22,3 millones de toneladas de residuos. De basura. Si miramos el cuadro, comprobamos que más de la mitad acabaron enterradas en un vertedero. Las instalaciones autorizadas para el tratamiento de los residuos son las siguientes (pág. 9 de la Memoria):

No es una sensación, sino una certeza: hay pocas instalaciones adecuadas para el tratamiento de los residuos. Y numerosos vertederos con una capacidad ¿para…? ¿Hasta cuándo? ¿Es sostenible este modelo por tiempo indefinido? Según el Miteco, «en estos vertederos se depositaron otros residuos, entre ellos residuos industriales no peligrosos y lodos de depuradora. En gran parte de estos vertederos existen sistemas de captación del biogás producido, siendo aprovechado en la mayoría de ellos para producir energía eléctrica». Esa es otra, «gran parte», «la mayoría»… vuelvo a la consideración del residuo como un recurso infrautilizado. La detección reciente de la mayor emisión de metano de Europa junto al vertedero de Valdemingómez por parte de la ESA (Agencia Espacial Europea) nos ha permitido saber que el metano expulsado a la atmósfera podría generar energía suficiente para abastecer las necesidades de 350.000 hogares.

El objeto de este post no es hablar del metano, el segundo de los gases que más contribuye al calentamiento global tras el dióxido de carbono (recordad El mercado de humos), pero sí quería aprovechar el dato para destacar que cuando se habla del metano el debate se suele centrar en la ganadería, pero muy poco en la fermentación de la materia orgánica en vertederos. La reciente cumbre de Glasgow planteó la reducción de sus emisiones en un 30% para 2030 respecto a los niveles actuales. Pero las cifras que se van a invertir son (again!) ridículas:

300 millones de dólares entre 103 países, hagan cuentas.

Volviendo al asunto de los residuos y su reciclado, los nuevos objetivos marcados por Europa (abril de 2018) son aún más ambiciosos que en la década precedente:

  • Para 2025, los Estados miembros deben reciclar un 70 % de los metales ferrosos y residuos de vidrio, un 65 % de los envases, un 75 % del papel y el cartón, un 50 % de los residuos plásticos y de aluminio y un 25 % de la madera.
  • Para 2030, un 80% del papel y el cartón, un 70 % de los envases, un 80 % de los metales ferrosos, un 75 % del vidrio, un 60 % del aluminio, un 55 % del plástico y un 30 % de la madera.
  • Las metas fijadas para los residuos municipales suponen que su reciclado debe ser de al menos un 55 % en 2025, un 60 % en 2030 y un 65 % en 2035. También propone reducir el desperdicio de alimentos en un 50 % para 2050 y que solo un 10 % de los residuos municipales terminen en vertederos en 2035.

Me quedo con este último dato. Si se pretende que apenas un diez por ciento de los residuos acaben en vertederos, o que el reciclado alcance las cotas fijadas por la Unión Europea, no queda otra que realizar inversiones serias y potentes en la materia. El sector de tratamiento de residuos calculó las inversiones necesarias en 10.000 millones de euros, incluyendo en esa cifra no solo la construcción y mejora de las plantas de tratamiento, sino también la implantación de la movilidad eléctrica en la flota de vehículos municipales de limpieza viaria y recogida de residuos (unos 20.000 vehículos).

Apenas se ha invertido en plantas de tratamiento de residuos en España en la última década debido a la situación de buena parte de las administraciones públicas, y la ocasión que brindaban los Fondos Next Generation para modernizar las instalaciones era única. El sector proponía la mejora de la recogida selectiva, incorporando otros residuos como los aceites de cocina o el textil, y la investigación en nuevas tecnologías de valorización de residuos para obtener más y mejores materias primas secundarias a partir de los residuos, pero la sensación que queda es de ocasión perdida. Según Mariano Sancho, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano, de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, apenas 3.782 millones se destinarán a la Estrategia de Economía Circular, de la que además no se ha especificado las partidas destinadas a valorización de residuos, mejoras de infraestructuras de reciclaje o electrificación de las flotas de servicios urbanos. Como aspecto positivo al menos, cabe destacar que se trata de una partida muy superior a los 400 millones de euros asignados en los Presupuestos Generales del Estado para la materia, una cantidad irrisoria cuando se habla continuamente de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Siguen pasando los meses, se avanza muy lentamente y apenas hay noticias del destino de los fondos. El tiempo apremia si se pretende alcanzar los objetivos intermedios, los de 2025. Las inversiones en plantas de residuos manejan plazos amplios de proyecto, licitación, recursos, ejecución y puesta en funcionamiento, y 2030 está a la vuelta de la esquina. Se presentaron 1.300 proyectos de fomento de la economía circular al Miteco, luego la excusa no puede ser que no exista una idea clara de qué hacer con los fondos. La colaboración público-privada será fundamental para revertir el proceso actual. Hay cientos de ideas interesantes para robotizar las plantas e incrementar su eficiencia, para aumentar los usos del subproducto generado y reducir el residuo que se lleva al vertedero, para recoger el aceite usado, primar el retorno de envases o sustituir el plástico o el papel. Muchas de ellas provienen de pequeños empresarios con grandes ideas y mucho entusiasmo. En algunos de los sectores más contaminantes, como el textil, aparecen empresas como Ecoalf o Sepiia, que producen a partir de material reciclado. Pero todo esto no es posible sin el apoyo de los consumidores y sin medidas adicionales que se tienen que tomar desde el propio gobierno. Una de estas prendas no puede competir en precio (ni lo pretende) con una camiseta traída de China, Bangladesh o Vietnam, luego quizás haya que completar las medidas con el establecimiento de aranceles verdes, un impuesto en frontera para evitar la competencia no sé si desleal de productos producidos en países con menores exigencias en materia de sostenibilidad o derechos de los trabajadores.

No es una buena época para incrementar los impuestos y aquí se habla de dos: el de eliminación de residuos en vertedero y el «arancel verde». Pero está claro que mientras sea más barato llevar los residuos a un vertedero que gestionarlos, o producir de cualquier manera que hacerlo de manera sostenible, seguiremos en una situación similar.

El Día de la Marmota del cambio climático

JOSEAN, 16/11/2021

En la prórroga y con una reducción de objetivos provocada por las presiones de algunos países, la Cumbre de Glasgow sobre el cambio climático ha cerrado con un acuerdo que, en palabras del propio presidente de la COP26, Alok Sharma, resulta «imperfecto». Entre los principales puntos de la declaración destacan:

  1. Los países se comprometen a poner en marcha “todos los esfuerzos necesarios” para que la temperatura del planeta no se incremente por encima de los 1,5 grados y que de ese modo se puedan evitar “los impactos más catastróficos del cambio climático”.
  2. Reducción de emisiones: los países se comprometen a limitar sus emisiones y a implementar las medidas necesarias para el control de las mismas mediante la presentación de planes que se revisarán periódicamente.
  3. Financiación del fondo: los países desarrollados «deben» contribuir al mecanismo de financiación de 100.000 millones de dólares anuales para la mitigación y adaptación de sus sistemas de los países en desarrollo.
  4. Objetivo a largo plazo: los firmantes se comprometen a alcanzar el objetivo de emisiones cero «tan pronto como sea posible», poniendo los mecanismos necesarios para reducir las emisiones y compensar las mismas con la adopción de otra serie de medidas.
  5. El cumplimiento del acuerdo dependerá de los propios países firmantes, de su transparencia (y casi buena fe, añadiría) y no se establece un régimen fiscalizador, ni sancionador del mismo.

Los dirigentes de los países firmantes se han felicitado por el acuerdo alcanzado, mientras que los grupos ecologistas critican su falta de ambición y la poca concreción de las propuestas. El caso es que estos días leía sobre los avances de la cumbre de Glasgow y me sonaba todo muy conocido, tanto, que he hecho trampas: estos cinco puntos que acabo de escribir, así como las reacciones tras la declaración conjunta, no corresponden al acuerdo alcanzado ayer, sino a los compromisos firmados en el Acuerdo de París en 2015. ¡La mayoría son calcados! Y para que vean que no exagero, dejo aquí un resumen de la declaración firmada este fin de semana:

  1. Los países deberán revisar sus compromisos climáticos con objeto de reducir las emisiones un 45% en 2030 respecto a las existentes 2010, con el objetivo de que la temperatura del planeta no se incremente más allá de 1,5 grados.
  2. Los países reconocen la necesidad de destinar recursos financieros, tecnológicos y de capacitación para adaptarse a las exigencias del cambio climático y presentarán sus planes en la COP27, para que toda la información esté disponible en 2023.
  3. Financiación del fondo: los países firmantes reconocen la urgencia de dotar dicho fondo para facilitar la adaptación de los países en desarrollo, para lo cual los países desarrollados deberán duplicar sus aportaciones en 2025 respecto a las realizadas en 2019.
  4. Objetivo a largo plazo: los firmantes se comprometen a alcanzar las emisiones cero de CO2 en el año 2050, y una reducción significativa de otros gases de efecto invernadero. Los países firmantes se comprometen a presentar sus planes para 2030, así como las estrategias para 2050, que serán objeto de revisión y seguimiento anuales.
  5. Transparencia: se finalizaron (¡por fin!) las reglas del Acuerdo de París, los mecanismos de cooperación, el marco de transparencia y la unificación de los plazos y esquemas de los compromisos de todos los firmantes. Era una demanda del sector privado desde 2015, pues se consideraba básico para generar confianza y credibilidad en el sistema.

Los firmantes se felicitaron por el acuerdo alcanzado: “Creo firmemente que el texto refleja un equilibrio de los intereses de todas las partes y nos permite actuar con la urgencia que es esencial para nuestra supervivencia”, dijo Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de los negociadores europeos. Por el contrario, las ONG lamentan su poca ambición y la vaguedad de sus propuestas. «Las buenas palabras no nos salvarán de la crisis climática», ha dicho Tatiana Nuño, Responsable de Cambio Climático de Greenpeace España, «necesitamos acción, medidas urgentes para transformar rápido los sectores responsables del cambio climático y abandonar los combustibles fósiles». Para Amigos de la Tierra, el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados se aleja y condena «aún más» a los países del sur.

Con pequeñas variaciones, este breve resumen es calcado al del Acuerdo de París. ¡Seis años después! ¿Entonces? ¿Le damos la razón a Greta y su “bla, bla, bla”? La eliminación de los combustibles fósiles y de las subvenciones a los mismos por parte de algunos países fue modificada en la declaración final (el borrador anunciado el miércoles era mucho más drástico) y quedó finalmente en un compromiso de reducción paulatina. Los medios señalaron a la India, Sudáfrica y China como los principales impulsores de esa reducción del objetivo, pero algo tendrían que ver también los lobbys de los combustibles fósiles acreditados en la Cumbre de Glasgow. Hasta 503, según The Global Witness, más que cualquier otra delegación o país asistente. Un peso muy superior al de los ocho países que están sufriendo en mayor medida los impactos del cambio climático, según la misma organización: Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, Mozambique, Bahamas, Bangladesh y Pakistán.

Pero no todo es negativo, o así debemos creerlo, y la declaración conjunta y por sorpresa de que los dos países más contaminantes del planeta, China y Estados Unidos, se comprometían a cooperar en asuntos climáticos durante la próxima década parece a priori una buena noticia. Está por ver en qué queda esa cooperación, pero de momento ambos gobiernos pretenden avanzar en materia de descarbonización, transición hacia una energía limpia y el control de las emisiones de metano.

Tras los primeros esbozos del Acuerdo de París sobre la creación de un mercado global de derechos de emisión de CO2, con todas sus imperfecciones (recordad El mercado de humos), parece que tras la Cumbre de Glasgow se avanzará en un sistema de medición, control y posterior compensación bastante más fiable que el actual. Soy bastante escéptico al respecto. Durante la propia cumbre supimos de un informe del The Washington Post en el que concluía que la mayoría de países falseaban los datos sobre sus emisiones contaminantes. Unos países no actualizan sus datos, otros omiten los gases fluorados artificiales (aire acondicionado, por ejemplo) o los productores de petróleo evitaban incluir las emisiones de metano en sus informes. The Washington Post calcula que el error de cálculo en las emisiones oscila entre los 8.500 millones y los 13.000 millones de toneladas anuales, es decir, un error una omisión de entre el 16 y el 23% de los gases emitidos a la atmósfera. Y si el error se da en las mediciones de lo emitido, no tengo la más mínima duda de que también lo hará en las aplicaciones de medidas de compensación (en la propia web del Ministerio).

Al final creo que los avances escasos en estos asuntos hacen que incluso los que no somos negacionistas dudemos de todo lo que se nos cuenta. Muy bien, el lenguaje es más agresivo, hemos pasado del calentamiento global al cambio climático, a la emergencia climática, al no retorno del planeta, a la «massive destruction» de esa niña aupada a los altares por los medios, han pasado seis años de París, ¿y ahora qué? Más de lo mismo. Pues no sería para tanto, dirán algunos. ¿Dónde quedó el agujero de la capa de ozono que iba a condenar irremisiblemente al planeta? Pues en 2019 alcanzó su mínimo histórico, y si bien ha incrementado su tamaño en los últimos dos años, parece que habrá desaparecido por completo para 2060 ó 2080. Lo que puede dar argumentos a un negacionista es precisamente una prueba palpable de todo lo contrario, de que con medidas acertadas y consensuadas se puede revertir un proceso tan peligroso como nos contaban que era este. Y nuestro desconocimiento es parte del problema, hasta el punto de que ya nos fiamos de todo lo que nos cuentan con la misma confianza ciega que los habitantes de Pensilvania acerca de la longitud de la sombra de la marmota para predecir el final del invierno.

Hay mucho trabajo por hacer en este Día de la Marmota del cambio climático, otra cosa bien distinta es que la clase política, tan pendiente del corto plazo, afronte compromisos para varias generaciones. Qué bien nos lo ha explicado (una vez más) El Mundo Today:

Aquellas medidas imprescindibles

JOSEAN, 27/10/2021

Se acerca el final del año de la recuperación, o del inicio de la recuperación, o bien, del inicio de poner las bases para la recuperación futura, depende de lo optimista o pesimista que sea uno, y me ha parecido un momento adecuado para ver qué ha ocurrido con varios de los asuntos que hemos tratado en el blog en meses y años anteriores, relacionados todos ellos de un modo u otro con las cuentas públicas.

  • La recaudación de la llamada «tasa Google»: el impuesto sobre determinados servicios digitales recogía en su Memoria de Impacto una serie de cálculos «a globo» según los cuales se preveía recaudar entre 600 y 1.258 millones de euros. Recordad que ese amplio margen de error se hizo previendo «una tasa de actualización de las cifras muy alta». Lo que parece que finalmente será «muy alta» es la desviación prevista en la recaudación. Si extrapolamos los 92 millones recaudados en el primer semestre a la totalidad del año, nos quedaríamos en una cifra entre el 14% y el 30% de lo inicialmente estimado. La vida de este impuesto será corta y poco exitosa, pues tendrá que desaparecer cuando entre en funcionamiento el pacto global de la OCDE sobre el régimen fiscal de las grandes multinacionales. Esta misma semana hemos conocido el acuerdo entre los gobiernos de España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido con el estadounidense para eliminar este impuesto el 31 de diciembre de 2023 como muy tarde. La presión de Estados Unidos con amenazas arancelarias a los productos europeos ha forzado este acuerdo y dicho plazo, pues a partir del mismo entrará en vigor el impuesto pactado en el marco de la OCDE y el G-20.
  • El impuesto a las transacciones financieras, o la mal llamada «tasa Tobin»: la recaudación esperada por este impuesto para la totalidad del año era de 850 millones de euros. Sin embargo, tuvo ciertos problemas en su puesta en funcionamiento, que llegó a retrasarse hasta dos veces, lo que seguramente ha influido en su baja recaudación del primer trimestre. Según el informe de recaudación publicado por la Agencia Tributaria, la cifra fue de apenas 150 millones de euros, lo que, de mantenerse la tendencia, supondría alcanzar a final de año un 35% de lo estimado inicialmente.
  • Los pleitos planteados por grandes fondos de inversión tras los cambios regulatorios del sector eléctrico en 2010 y especialmente en 2013 se están resolviendo en su mayoría de manera desfavorable para los intereses del Estado español. Esta semana hemos sabido que Endesa, Iberdrola y Acciona no han acudido a la subasta de renovables por la «falta de seguridad jurídica» del sector, tras las sucesivas reformas, las vigentes y las recientes, tras las que se prevén nuevos conflictos judiciales. En 2016 dediqué un post completo a las sospechosas resoluciones que se estaban dando en España sobre estos asuntos y a cómo estas reclamaciones estaban llevando a nuestro país al primer puesto del triste ranking de litigios en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones). La seguridad jurídica salta por los aires, decía, y los litigios están llegando a su resolución.
No he sido capaz de encontrar una cifra fiable del importe de las indemnizaciones que tendrá que afrontar el Estado español para hacer frente a los pleitos planteados, pero parece que será (afortunadamente) sensiblemente inferior a los 15.000 millones de euros estimados en su día. Pese a haber ganado los dos primeros litigios a dos filiales extranjeras de Isolux, el goteo inicial era doloroso:
Mayo de 2017: Eiser, indemnización de 128 millones más intereses. Aun así, sensiblemente inferior a los 300 millones reclamados.
Febrero de 2018: Novenergía, pago de 58 millones más intereses.
Mayo de 2018: Masdar Solar, condena al pago de 64 millones más intereses. El fondo de Abu Dabi reclamaba un importe superior a los 250 millones de euros.
Junio de 2018: Fondo Antin. Condena al pago de 112 millones de los 218 reclamados inicialmente.

Este otro artículo de 2019 cifraba la cantidad que España tendría que pagar por los 45 litigios interpuestos en unos 7.000 millones de euros y avisaba de los fichajes de altos cargos de la Administración realizados por varios de los despachos de abogados a cargo de las demandas contra el Estado. Esas «otras puertas giratorias». La mayoría de estos inversores son fondos extranjeros que vieron sus inversiones comprometidas por las razones expuestas en el post, y en octubre de 2020 se zanjó un acuerdo con varios de ellos para arreglar las diferencias por unos 3.000 millones de euros.
  • El registro de jornada: en su día dediqué dos artículos a la normativa que trataba de controlar el horario de los trabajadores y que establecía un régimen sancionador para aquellas empresas que incumplieran la norma. El Real Decreto-ley tenía una serie de complicaciones y lagunas que no dificultaban el control, no solo por parte de las empresas (teletrabajo, viajes, formaciones, acceso a medios electrónicos…), sino de la inspección. Pese a ello, a los dos años de su puesta en funcionamiento, la Inspección había encontrado 8.616 infracciones, de las que resultaron 16.303.493 euros en sanciones. El período analizado cubre desde el 13 de mayo de 2019 (entrada en vigor) hasta el 12 de mayo de 2021, y sorprende el reparto en las sanciones:

2019: 2.940 infracciones. Importe: 6.327.769 euros.

2020: 4.120 infracciones. Importe: 7.226.615 euros.

2021: 1.556 infracciones. Importe: 2.749.106 euros.

El confinamiento y el teletrabajo no paralizaron la actividad inspectora y recaudatoria.

  • El mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades: los ataques a las empresas comenzaron en la época de Cristóbal Montoro y fueron continuados por la ministra Montero y el vice Iglesias. No podía ser que las grandes empresas pagaran menos del 7% en el Impuesto de Sociedades, nos decían, aunque para ello tuvieran que falsear y manipular los datos (Montoro miente y Las grandes corporaciones son malas), así que finalmente se aprobó un tipo impositivo mínimo del quince por ciento en el Impuesto de Sociedades. El anuncio tuvo efectos más propagandísticos que reales, porque una buena parte de los beneficios de las grandes empresas provenía de dividendos o del extranjero y, por tanto, ya habían pagado los impuestos correspondientes en otros países. Según cálculos presentados por la propia ministra de Hacienda María Jesús Montero hace un par de semanas, la nueva tasa mínima del Impuesto recaudará menos de 50 millones de euros en su primer año de vigencia. La cantidad que se esperaba recaudar era superior a los 400 millones de euros, pero tendrá que esperar como mínimo hasta 2023, en los pagos definitivos y no en los anticipos a cuenta del Impuesto. La ministra advertía de la baja recaudación de este impuesto, que «está aportando la mitad de lo que aportaba hace diez o quince años». Normal, cuando antes de 2008 los resultados de las empresas eran muy superiores a los actuales y no contaban con las bases imponibles negativas generadas tras esos años de crisis financiera o ahora con los impactos negativos de la Covid. Las pérdidas de las empresas se han convertido en un problema para la recaudación del Estado y el propio lenguaje de la ministra habla de «poner el foco en los créditos fiscales», como si las empresas celebraran o les viniera bien haber sufrido pérdidas.
Creo que es evidente que hay un patrón claro en todas las medidas aprobadas y en otras, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, y consiste en cargar sobre las empresas buena parte de los ajustes necesarios. Sin embargo, todas estas medidas, que no digo que no sean imprescindibles, o necesarias en muchos casos, inciden solo en la necesidad de incrementar los ingresos del Estado. La propuesta para implantar los peajes en las autopistas está en la misma línea y así aparece en los informes presentados a Europa para la obtención de los fondos del plan Next Generation. Sin embargo, se trabaja poco o muy poco sobre los ajustes o recortes en los gastos. También traté en su día sobre «el gran despilfarro» de gastos de las Administraciones, las «élites extractivas» que se perpetúan gobierno tras gobierno. Hace una semana, «con la que está cayendo», como se suele decir, nos desayunamos con un nuevo nombramiento de esos «imprescindibles» para afrontar los grandes problemas actuales de nuestra economía y sociedad:

En fin. Acaba de presentarse el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y tanto el Banco de España como la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) han cuestionado las premisas en las que se basan los mismos. Hace menos de un año dediqué dos artículos del blog a los Presupuestos presentados para el año 2021, y con todas las reservas del mundo, basándome en algunas premisas indirectas, concluí que parecían realizados como en las empresas que elaboran de manera forzada sus presupuestos: estimando de manera errónea los gastos, infravalorándolos, y “ajustando” luego a martillazos los ingresos para que cuadren con el objetivo que se pretende mostrar (que no alcanzar).

Parece evidente que determinadas políticas económicas terminan afectando a la competitividad de las empresas españolas. Por hacer un breve recopilatorio del sector energético: Naturgy ya tiene más de la mitad del capital en manos extranjeras, Endesa pasó a ser italiana hace tiempo, Sacyr ha dejado de ser el principal accionista de Repsol, y Cepsa ha cambiado de consejero delegado por decisión de los principales accionistas (el fondo anglosajón Carlyle y el holding emiratí Mubadala). Lo recordaba con preocupación este artículo reciente de La Vanguardia, Hablando de soberanías. Los grandes grupos están tocados y no les queda otra que desinvertir o enfocarse en otros mercados en los que se consideran mejor tratados (aquí dejo un resumen de las principales desinversiones de ACS, FCC; Ferrovial y OHL). Una pena.

El mercado de humos

JOSEAN, 17/10/2021

Vaya por delante que no soy ningún experto en la materia y que es muy posible que cometa errores, por más que haya tratado de documentarme sobre el tema, así que agradeceré al amable lector que me corrija cualquier imprecisión que haya cometido en este post. No voy a hablar de la factura de la luz, ni del disparatado precio del megavatio hora con el que nos desayunamos cada mañana, pero sí de uno de los componentes del mismo que me resultan más ininteligibles: el precio de los derechos de emisión.

La tarifa de la luz que se paga en los hogares se compone de dos grandes capítulos:

  • El coste de la energía, que se establece mediante una subasta en el llamado mercado spot, mercado mayorista.
  • Los costes regulados, donde entra toda la «política» de los gobiernos anteriores y presentes: impuestos como el IVA y los de la producción, el déficit de tarifa de la época de Aznar, las primas a las renovables de los tiempos de Zapatero, la moratoria nuclear, los cierres del carbón, los peajes de transporte y distribución, alquileres de contadores, los sobrecostes de producción no peninsular, costes de comercialización,…

Según un estudio del Banco de España publicado en agosto de este año (cuando el precio del megavatio hora era aproximadamente la mitad del actual), el cincuenta por ciento del incremento del precio de la electricidad se debe al encarecimiento del gas, y entre un veinte y un veinticinco por ciento es culpa de la subida del precio de los derechos de emisión. Luego estas dos variables explican tres cuartas partes de la acongojante subida, una subida que no solo afecta a las familias y particulares, sino a todo el tejido empresarial.

Sobre el precio del gas y las alternativas (ninguna en el corto plazo) ya han escrito mucho los expertos en la materia y no me voy a extender. Está totalmente desbocado debido al crecimiento de la demanda (fundamentalmente de Asia), la menor producción, las menores reservas existentes y los conflictos en países productores. Es algo que entra en mi obtusa cabeza: un bien escaso y necesario que sube de precio por el incremento de las necesidades de los países occidentales y ahora también de los asiáticos.

¿Pero a qué se debe el crecimiento no menos desbocado de los derechos de emisión? Los derechos de emisión son un coste que las empresas emisoras de CO2 deben afrontar y constituyen la aplicación práctica del principio de «quien contamina, paga». El primer mercado de derechos de emisión fue creado por la Unión Europea tras los acuerdos establecidos en el protocolo de Kioto de 2005. Según la web del Ministerio para la Transición Ecológica, este mercado «Cubre, en los 27 Estados miembros, las emisiones de CO2 de las siguientes actividades: centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras». Se ven afectadas por el mismo más de 10.000 instalaciones y más de 2.000 millones de toneladas de CO2, «en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Comunidad». ¿Solo el 45%? En fin. Sé que hay entidades que calculan las emisiones de cada instalación y agencias verificadoras de las mismas, pero desde que se creó no dejo de pensar que se trata de un mercado de «humo» de difícil control y seguimiento, pero, ¿por qué ha subido el precio de estos derechos?

El Acuerdo de París de 2015 tenía como objetivo lograr en 2030 una reducción del cuarenta por ciento de las emisiones en comparación con las cifras de 1990. Básicamente el Acuerdo pretendía fomentar el uso de energías renovables, menos contaminantes, por la vía de penalizar la producción basada en el uso de combustibles fósiles. Los derechos de emisión tenían una cierta estabilidad de precios en el mercado. Hace apenas tres años, el precio se movía entre los 6 y los 8 euros por tonelada, y en los años precedentes estuvo entre los 3 y los 4 euros, lo que hacía que fuera barato producir con tecnologías más contaminantes. La gráfica de lo ocurrido en 2021 con el precio de estos derechos recuerda a la cotización de las acciones de algunas compañías durante los años de la burbuja de las tecnológicas:

El precio ha llegado a superar los 60 euros por tonelada. Para el que quiera seguir la evolución de este curioso indicador, tiene la web del Sistema Europeo de Negociación de CO2, Sendeco2. Lo que ha sucedido para alcanzar esta locura es que el pasado mes de diciembre, el Consejo Europeo aprobó un acuerdo vinculante para elevar esos objetivos de reducción desde el 40% al 55%, y a menores derechos, lógicamente, mayores precios, puesto que las compañías tienen que adquirirlos para compensar sus emisiones. Pero no sé si solo esa decisión es la causante del incremento tan brutal, sino que, como apunta el Banco de España, «La escalada de los precios ha sido de una magnitud tan elevada (un 71% entre diciembre de 2020 y junio de 2021) que, según algunos analistas, no puede descartarse que exista un componente especulativo significativo».

Hace poco más de un mes leí este artículo del Wall Street Journal que decía que las compañías norteamericanas estaban calculando sus emisiones, pero que las mismas podían ser «tricky», es decir, directamente tramposas. Ponía ejemplos de Apple, Procter & Gamble o el (especialmente llamativo) caso de Microsoft, que había «recalculado» sus emisiones de 22 millones de toneladas a solo 11 por la aplicación de otra metodología de cálculo. Sé que no es lo mismo el mercado europeo que el norteamericano, y que sus cálculos tienen como objeto reportar a la SEC y a sus inversores de acuerdo con parámetros de sostenibilidad, pero no deja de ser significativo lo que el artículo explica acerca del cachondeo de la medición de las emisiones.

El artículo concluye destacando el hecho de que en Estados Unidos no hay un procedimiento estándar de verificación, ni quiénes deben realizarlo. La mayoría de empresas del S&P 500 realizan sus análisis con empresas de ingeniería o consultorías, generalmente menos rigurosas (según el artículo) que las auditoras externas de reportes financieros. Pero insisto, es Estados Unidos, y el objeto de estas mediciones es diferente al mercado europeo. ¿Y China? El dragón rojo, el país que más contamina del mundo con diferencia (el doble que Estados Unidos, según ClimateTrade) puso en marcha este verano de 2021 su mercado de derechos de emisión, que en una primera fase afectará solo a las empresas energéticas, responsables de la séptima parte de las emisiones totales del planeta. Será el mayor mercado del mundo y esperemos que, aunque tarde, sirva para reducir de manera considerable las emisiones del gigante asiático antes de 2030, un tema que no entraba entre sus prioridades.

El gráfico es ilustrativo: mientras la Unión Europea realiza esfuerzos para reducir sus emisiones, China las multiplica de manera exponencial sin reparo. Un factor más que añadir a la hora de explicar la falta de competitividad de las empresas europeas.

Lo curioso de este mercado de humos, perdón, de derechos de emisión de CO2, es que el gran beneficiado por su exorbitante incremento es precisamente el Estado, que percibirá en 2021 unos ingresos de unos 3.526 millones de euros, cuando la estimación de principios de año era de apenas la mitad, 1.700 millones. El incremento del precio de la luz ha tenido como efecto colateral positivo que el Estado haya visto incrementados sus ingresos por IVA, por costes de producción, por derechos de emisión de CO2 y por impuestos especiales, ingresos que van a compensar el fiasco de la recaudación por otros impuestos, como las llamadas tasas Google y Tobin, que apenas han recaudado un veinte por ciento de lo estimado inicialmente.

El incremento de los ingresos del Estado por la subida del precio de la luz da un margen al gobierno para adoptar medidas que contribuyan a paliar sus efectos sobre los particulares, y por ese motivo, en palabras del presidente Pedro Sánchez esta misma semana, nos «devolverán» en el recibo de diciembre buena parte del sobrecoste cargado en los meses anteriores. Nos lo venderán como una paga extra de Navidad, estoy convencido de ello, pero lo veo más bien como una devolución de un anticipo.

Voy cerrando ya el post, que es fin de semana, hora valle, y si sigo escribiendo hasta mañana se me triplicará o cuadruplicará el coste del consumo. Del cálculo de las emisiones que he necesitado para la escritura de este artículo, que hablen los gurús.

Protocolo de desco(jo)nexión digital

JOSEAN, 05/09/2021

BORRADOR XVII DE LA EMPRESA VIORSA (Vigilancia Orwelliana, S.A.)

PREÁMBULO. Con objeto de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y para cumplir con lo indicado en la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su artículo 88, la Dirección de la empresa, de manera consensuada con el Comité de Empresa, ha preparado este protocolo de actuación cuyo objetivo es respetar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital fuera del horario laboral y de manera especial, en fines de semana, festivos y vacaciones.

Se recuerda a todos los empleados lo indicado por dicho artículo 88:

Con la relectura del borrador XVII, el Director General de la compañía (D.G.) volvió a hacer la broma de «habría que pedir a los empleados públicos la conexión digital completa en horario de trabajo, así que imagínate lo que les preocupa esta Ley», a lo cual respondió el representante de los trabajadores (R.T.) con su habitual: «el día que te quites todos los prejuicios de la cabeza, serás mejor jefe».

D.G.: No nos hemos puesto de acuerdo en las horas anuales, en la elección consensuada de las vacaciones de acuerdo con lo que necesita la compañía, en los festivos disponibles o en la subida salarial, en el trabajo presencial o el teletrabajo, lo cual es lógico porque con vuestros planteamientos habríamos quebrado hace años, y ahora nos hacen cumplir una Ley tan imprecisa que dice que se atenderá «a lo acordado». Pues vale, vamos a intentarlo.

R.T.: Podríamos verlo desde otro punto de vista: como empresa habéis incumplido la normativa de registro de la jornada laboral, no pagáis las horas extraordinarias, forzáis a que el empleado se coja la mayor parte de las vacaciones cuando a la Dirección os viene bien, exprimís a los jóvenes con condiciones leoninas, no cubrís los gastos de los empleados durante el teletrabajo, etc. Me parece lógico que seáis incapaces de firmar un protocolo para respetar al trabajador cuando está en su casa o de vacaciones. Pero nos conocemos de hace muchos años, así que, como bien dices, vamos a intentarlo.

D.G.: «Fatiga informática», os inventáis unas chorradas. Resulta que el empleado sale del trabajo, se monta en el Metro, el autobús o el tren para volver a casa y se pone a ver sus redes sociales o a guasapear en el móvil, no quita sus ojos de la pantallita ni un segundo. Llega a casa y sigue enganchado a la tecnología, más cuanto más joven, incluso después de cenar y antes de acostarse, y si le llamas o le escribes porque hay que contestar un mail urgente, te dice que tiene «fatiga informática», vengaaaa, no me jodas, no me parece muy coherente.

R.T.: El trabajador tiene derecho a desconectarse, y la empresa debería organizarse para atender todos esos problemas que puedan surgir fuera de la jornada de trabajo habitual, y si para eso hay que contratar más gente, debería hacerlo.

D.G.: Ya, pero es que te recuerdo que tenemos filiales y delegaciones por todo el mundo y hay una cosa que se llama husos horarios. Pero incluso en España el horario de nuestras tiendas se prolonga hasta las diez de la noche, y desde que los empleados salen de la oficina, antes de las seis, hasta el cierre, ocurren decenas de cosas para las que a veces hace falta dar soporte.

R.T.: Estableced un sistema de turnos, organizad el trabajo de otra manera, pero no pretendáis tener soporte catorce horas diarias con las mismas personas.

Art. 1: Trabajadores afectados. La normativa aplica a todos los empleados de la empresa, si bien se reconoce el derecho a la desconexión digital como un derecho y no como una obligación, es decir, todos aquellos empleados que realicen comunicaciones fuera de su jornada laboral podrán hacerlo libremente. Igualmente, los destinatarios internos de dichas comunicaciones podrán atenderlas durante su jornada laboral, no estando obligados a responderlas fuera de dicha jornada (extraído del Convenio colectivo de Decathlon, art. 53).

R.T.: Sabes que no me gusta mucho esta parte, porque al final, los tocapelotas que mandáis correos hasta las nueve de la noche vais a seguir haciéndolo, y os vais a mosquear si el empleado no os contesta a un guasap o una llamada de teléfono fuera del horario.

D.G.: El trabajador está en su derecho de no contestar hasta el día siguiente.

R.T.: Y vosotros tenéis la obligación de no tomar represalias.

D.G.: Está claro, represalias no, pero también tenemos la potestad de promocionar a aquellos que muestren más implicación con la compañía y sus objetivos, ¿no?

Art. 2: Para los efectos indicados en este Protocolo, se tendrán en cuenta todos aquellos dispositivos o herramientas de la empresa puestos a disposición del trabajador que pudieran extender su jornada laboral más allá del horario establecido, como pueden ser teléfonos móviles, ordenadores portátiles, aplicaciones, correos electrónicos o cualquier otra forma de mensajería, y por supuesto, respetar los teléfonos personales y correos electrónicos propios de los empleados, que no deberían usarse para el envío de llamadas o mensajes de carácter profesional.

D.G.: Siempre me ha llamado la atención lo «exquisitos» que nos ponemos con el uso del teléfono o el ordenador fuera de la empresa, y qué flexibles o laxos somos, o pretendéis que seamos, con el uso de los mismos para fines personales dentro del propio horario laboral.

R.T.: A ver, el que no haya hecho una gestión personal alguna vez durante su jornada laboral, que tire la primera piedra. Todos hemos tenido que dedicar alguna vez quince minutos para una gestión en el banco, o con el colegio de los niños.

D.G.: Sí, si solo fueran quince minutos y de manera excepcional, o si a ese empleado no se le cayera el boli a la hora en punto cuando toda la oficina ha escuchado sus conversaciones interminables con su madre o con el responsable de estudios de su hijo.

R.T.: Yo creo que a todos nos gustaría que los horarios de los colegios, el banco o el ayuntamiento fueran compatibles con la jornada laboral, pero por desgracia son coincidentes y no queda otro remedio que hacer esas gestiones en mitad de la jornada.

D.G.: Si está claro y lo entiendo, solo hablo de lo dignos que se ponen algunos porque un día les llamas a las siete de la tarde y se les olvida la de veces que hacemos la vista gorda durante la jornada. Y no digamos si se nos ocurriera mirar su correo electrónico de empresa dentro del horario laboral de la empresa, es decir, mientras cobra de la propia empresa y no precisamente por hacer gestiones personales o atender sus redes sociales.

R.T.: ¡Pero es que ese es un derecho fundamental del trabajador, regulado en el artículo 87 de la Ley! ¡No podéis espiar el correo electrónico de los trabajadores!

D.G.: Me conozco muy bien lo que dice la Ley, solo quiero hacerte ver el nulo interés que tenéis por el uso que también se hace de los medios de la empresa por el trabajador, dentro y fuera de la jornada laboral. El empleado que se lleva el portátil a casa o que tiene teléfono de empresa, lo va a utilizar antes o después, en mayor o menor medida. Igual que el coche de empresa, que muchos se lo llevan de vacaciones y nunca os he visto preocupados por regular su uso en los convenios.

R.T.: Las labores de control sobre el empleado las tenéis definidas en el Estatuto de los Trabajadores, no sé si también me quieres discutir esto:

D.G.: No, y sabes que se respeta, pero me parece que siempre os olvidáis del artículo anterior, que tiene la clave, sobre todo en dos palabras: «buena fe». De ambas partes.

Art. 3: Con el fin de garantizar el derecho a la desconexión y en un plazo no superior a tres meses, la Empresa se encargará de elaborar lo siguiente:

  • Una Guía de políticas de actuación que regule de manera concreta sobre el uso de las herramientas digitales: qué se puede hacer por parte del empleado, qué no está permitido hacer por el mando directo, medidas de desconexión (estudiar los efectos de cortar las comunicaciones de los servidores de correo electrónico, mensajes automáticos redireccionados…) y efectos de los incumplimientos.
  • El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales elaborará un Informe sobre el estrés causado por la conectividad permanente y los efectos sobre la salud del empleado.
  • Encuesta de evaluación entre los empleados: de carácter anónimo, con objeto de identificar las malas prácticas y para incidir de manera especial en aquellos empleados que se salten de manera continuada las normas mínimas de desconexión.
  • Se estudiará habilitar un Canal de denuncia anónimo, dependiente del Dpto. de Compliance, para que el empleado que se sienta forzado a estar permanentemente conectado pueda denunciar dichas conductas.

R.T.: Nada de lo que estamos hablando sirve si no se concretan medidas, así que este borrador no es más que un paso previo de la Guía, que será la clave, y se nos ocurren muchas maneras de implantarlo. Por ejemplo, Volkswagen implantó en Alemania ya en 2011 un sistema que desconectaba los servidores de comunicación de los teléfonos móviles profesionales entre las 18.15 y las 7 de la mañana del día siguiente. Mercedes habilita la opción del Mail on Holiday, que redirecciona automáticamente los emails enviados a trabajadores que están de vacaciones y los hace llegar a otros compañeros del departamento.

D.G.: Insisto en lo que te decía antes: no podemos desconectar por las bravas y a todo el mundo porque puede haber un problema con la fábrica de Vietnam, o con la filial de Argentina, ¡o incluso con el almacén de Fuenlabrada a las once de la noche! No se puede ser tan drástico porque si hay un fuego que apagar, tenemos que estar disponibles.

R.T.: El problema es cuando todos los días hay fuegos que apagar. ¿Podemos alcanzar un consenso, y vuelvo a Decathlon, de manera parecida a lo que han pactado en su convenio colectivo?

D.G.: Pues claro que podemos llegar a un acuerdo en ese punto, si todo esto consiste en aplicar el sentido común. Lo que ocurre es que a veces intentamos legislar por encima de nuestras posibilidades y de manera similar para todos los empleados. Y ciertamente no es lo mismo. De igual manera que no se puede exigir lo mismo a un currito que cobra 20.000 euros anuales, o a un blue collar, que al director de una filial en la otra punta del mundo. Al primero no se le va a llamar nunca salvo que ocurra un Chernobyl, pero al segundo habrá que llamarle más veces de las que vosotros creéis necesarias porque, como bien dice ese artículo, puede haber un potencial perjuicio hacia el negocio. Y porque además, qué coño, lo lleva en el salario.

R.T.: Ahí es donde nos toca exigir ciertos límites, porque en ocasiones parece que hay un Chernobyl diario.

D.G.: De todos modos, no deja de llamarme la atención algunas de las cosas que proponéis como el informe de riesgos laborales por la conectividad permanente, la fatiga informática y todas esas cosas, ¿sabemos distinguir cuándo el problema de esa fatiga lo ha causado el trabajo y cuándo lo ha hecho el propio ocio del empleado que se queda viendo series hasta las dos de la mañana o leyendo las redes sociales en el móvil hasta las mil?

R.T.: Pero ese es su tiempo libre y puede hacer con él lo que quiera, el empleado necesita evadirse del estrés del trabajo y leer o ver aquello que le gusta.

D.G.: Ya, me refiero a los que se quejan de que están perdiendo vista, o que si tienen las cervicales destrozadas, o que se les duermen los brazos. Aquí se cumplen todas las medidas ergonómicas, de luz y temperatura, y tendemos a culpar al trabajo y no tanto a nuestros propios hábitos fuera del trabajo.

R.T.: Sobre eso no podemos regular nada, pero creo que la Encuesta podría ayudar a identificar determinadas malas prácticas en las que se caen aquí, en el centro de trabajo. Sigamos, por favor.

Art. 4: Se promoverán acciones de formación y sensibilización de carácter obligatorio para todos los empleados, así como cursos especialmente dirigidos para directivos, con objeto de implementar una serie de prácticas habituales como evitar el envío de correos y llamadas fuera del horario laboral, con la excepción de aquellos de carácter informativo y que no supongan una orden o mandato de acción inmediata. Se insistirá en que, aunque se pueden mandar correos, el empleado no tiene obligación de contestarlos.

Art. 5: Con objeto de hacer efectivo el derecho a la desconexión digital y laboral en los términos del presente Acuerdo, la Empresa garantizará que el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores no será motivo de sanciones, ni influirá de manera negativa en las valoraciones anuales que del empleado realice su mando superior, ni afectará en modo alguno a las posibilidades de promoción dentro de la Empresa.

R.T.: Tengo muy claro que en este último punto podemos escribir lo que queramos que vosotros vais a seguir promocionando a quien se pliegue en mayor medida a vuestras exigencias.

D.G.: Se llama implicación, y las empresas estamos muy tocadas como para permitir que esto quede como un solar cada vez que suena la sirena, como en Los Picapiedra, ¿te acuerdas?

R.T.: Sí, me acuerdo muy bien, pero aquello estaba ambientado en la Prehistoria, que es donde os quedasteis alguno.

D.G.: Ni mucho menos, amigo, estamos en el futuro. Y en este futuro inmediato, mientras hablamos de apagar todos los sistemas a las cinco de la tarde, o de hacer auditorías retributivas con perspectiva de género, o de conseguir un sello de sostenibilidad para algo que nunca lo ha sido, hay un grupo de empresas chinas contando las horas para quedarse con nuestro negocio.

Siete años en «Cuatro amiguetes y unas jarras»

15/08/2021

Hoy se cumplen siete años del inicio de este proyecto (más bien realidad) que estaba destinado a tener apenas un año de vida. «Buenos días a todos los que estáis ahí, al otro lado». Aquellas fueron las primeras palabras el 15 de agosto de 2014 en la Declaración de intenciones de este blog, unas palabras dirigidas a no se sabe muy bien quiénes, a esos lectores anónimos que se han ido sumando a este blog de manera paulatina, por el boca a boca, o el boca a oreja, mejor dicho, porque algún día un post les llamó la atención en Linkedin, Facebook, Twitter, o les llegó por Whatsapp, o porque alguno de los «BeBés» (Brasas Blogueros) le insistió con que «tienes que leer esto» o «esto otro ya lo explicaba yo en un post».

La idea inicial era probar doce meses, ver qué salía de aquello y esperar la aceptación de los lectores, pero lo cierto es que la recepción fue muy positiva, tanto que acabamos de completar los siete años de existencia. Durante ese tiempo han salido de la «batidora» de ideas 492 posts, más otro centenar en otros medios (fundamentalmente La Galerna), dos libros publicados con objetivos de crowdfunding para los proyectos solidarios de Lester en Bolivia y Ecuador, diversas colaboraciones con varios amigos que han querido aportar puntos de vista diferentes sobre algunos temas, entre cuatro y cinco mil lecturas mensuales (dejando aparte las de otros medios), más de mil comentarios (siguen pareciendo pocos, animaos más, dad un poco de cera), algunas «monetizaciones» que han ido a ONGs conocidas… pero por encima de cualquier otra consideración, estos siete años han traído dos cosas más: una enorme satisfacción para los cuatro amiguetes y (esperamos) diversión o buena información para los lectores. Y desde luego como aprendizaje es único. Uno relee algunos de los primeros posts y aprecia una evolución clara. Quizás se pierde algo de frescura al no soltar lo primero que viene a la mente, pero se gana en precisión. Del mismo modo que en el uso del lenguaje.

Para hacer caso a algunos amigos que pedían que la web tuviera un índice en el que buscar textos antiguos, está ya disponible en Índice, a la izquierda de la pantalla de entrada. Todos los artículos ordenados por tema y autor/amiguete. También existe la opción del buscador a la derecha de la pantalla, por palabras, «Martin Scorsese», «relato Escocia» o «teatro culé». Funciona, lo digo por ese amigo que me dice siempre que busca algo concreto de hace tres o cuatro años y no es capaz de encontrarlo.

Siete años ya, pero esto no termina aquí, queda mucho sobre lo que escribir, varios proyectos por concluir y mucho aprendizaje a las espaldas. Dentro de la labor de divulgación (y entretenimiento) de este blog, planteamos un pequeño ejercicio resumen de lo expuesto: que cada Amiguete deje aquí una recomendación ajena, otra propia, de un texto al que le tenga especial cariño y por la razón que sea haya tenido pocas lecturas, y un proyecto que se pueda contar.

TRAVIS

Recomendación: sobre todo dos poscast, La Órbita de Endor y Todopoderosos. El primero es pura información, extensa, exhaustiva, hasta límites increíbles (podcast de seis horas a veces), análisis de una película o un autor desde todos los puntos de vista. El segundo, Todopoderosos, dura «solo» dos horas y aporta buen humor a la vez que información. En cuanto a otros blogs, me quedo con los análisis de Cinemelodic.

Una recomendación propia: me curré bastante La película de las pelis del desván, mezclando personajes de varias películas, dando rienda suelta al guionista que llevo dentro y no llegué ni a treinta lectores. ¿Tan friki era?

Un objetivo: tanto Barney de manera recurrente como Lester y Josean han realizado sus publicaciones en otros medios, pero sé que la mía está por llegar, y espero que sea pronto. En un medio de tirada importante, en eso estoy, no voy a adelantar nada.

LESTER

Recomendación: el podcast de La Cultureta, de Onda Cero. Habrá quien pueda pensar que en ocasiones pueden resultar pedantes o con esa soberbia cultureta que se estila en este país, pero a mí me gusta escucharlo incluso cuando soy un completo ignorante en los temas que plantean: determinados autores, etapas históricas o músicos. Cuando sé algo del tema… entonces lo disfruto aún más. En cuanto a webs, sigo Zenda Libros menos de lo que me gustaría, pero a veces encuentro artículos en los que evadirme un buen rato.

Una recomendación propia: Los muertos salen a hombros, creo que Jardiel Poncela definió a la perfección una de nuestras principales características, no sé si como pueblo, nación o como condición humana.

Un objetivo: los proyectos no se cuentan hasta que están acabados, por superstición, por evitar preguntas insistentes o porque sí o porque no, pero solo puedo anticipar que por supuesto que hay un nuevo libro entre manos.

BARNEY

Recomendación: evidentemente, no hay mejor web, ni mejor escrita («Madridismo y sintaxis» es su máxima), para hablar de fútbol y baloncesto que La Galerna, donde me han acogido desde hace ya tres años. En el mundo de los podcast, el trabajo de Richard Dees en El Radio destripando las malas artes de la prensa es impagable.

Una recomendación propia: los post con más lectores son siempre los de fútbol, y me atrevo a decir que aquellos que atacan al Barça más que los que alaban al Real Madrid, pero uno es amante del atletismo y de casi todo el deporte en general, y escribió con especial cariño un recuerdo nostálgico imposible (porque no lo viví) de los Juegos de México de 1968.

Un objetivo: nada me gustaría más que escribir el libro definitivo sobre el caso Soule y los manejos de Ángel Villar al frente de la Federación de Fútbol, pero me temo que esa investigación no se va a hacer nunca. Van pasando los años y el escándalo se va tapando, hasta que llegue un día en el que se le dé carpetazo y no veamos un Moggigate como el que se vivió en Italia. Así que mientras llega esa oportunidad, quizás entre en el mundo del podcast, que ya en su día hubo un planteamiento de unos «colegas».

JOSEAN

Recomendación: mi amigo El Economista Salvaje dejó de publicar su blog, y para mía fue una pena, puesto que me sirvió para conocer algunos temas que nunca me habían interesado. También ha sido una pena el reciente fallecimiento de José María Gay de Liébana, que publicaba artículos muy interesantes y plenos de sentido común en El Economista. En Linkedin, el Newsletter semanal de Javier Esteban Beyond the Hype aporta información útil y de calidad.

Una recomendación propia: hay dos post con mucho curro detrás que fueron los dedicados a la ausencia de seguridad jurídica, de plena actualidad con todos los cambios regulatorios del sector eléctrico.

Un proyecto: sobrevivir, que la vida no me da para más. Sobrevivir a todo el estrés, a todos los cambios legislativos, contables, fiscales, informáticos… aguantar hasta la jubilación, aunque cada día nos la pongan más lejos. ¿Acaso hay algo más importante?

Lo dicho, seguimos con el blog. De momento, de momento… de momento, otro año más al menos. Lo mismo que decimos cada año.

Y ya sabes, si quieres colaborar con una buena causa, aquí dejamos un enlace de una ONG de la que hemos hablado mucho y bien en este blog: Ayuda en Acción/colabora

¿Impuestos a los robots?

JOSEAN, 11/07/2021

En los últimos tiempos se viene produciendo un interesante debate acerca de la necesidad de crear un impuesto a los robots, un debate que surge de dos tendencias que pueden resultar contrapuestas en sus consecuencias: por un lado, la creciente robotización y automatización de los procesos de producción, y por otro, la pérdida de empleos en las economías más desarrolladas. Las modernas técnicas de producción, la mejora en los procesos ganaderos y agrícolas o la mayor rapidez en la distribución de bienes permiten incrementar los productos disponibles para los ciudadanos, pero por el lado opuesto, el incremento de la pobreza de estos (más paro, menores salarios, reducción de pensiones) puede acabar impidiendo el acceso a dicha producción.

En el Foro de Davos de 2017 se presentaron unas proyecciones que indicaban que cerca del cincuenta por ciento de los trabajos sería desarrollado por robots en 2025, lo que redundaría en mayor destrucción de empleo y un enorme incremento de déficit público en las economías desarrolladas. Menos ingresos públicos para pagar, entre otras cosas, las pensiones. Algunas voces como Bill Gates, Elon Musk o el Nobel de Economía Robert Schiller propusieron crear un impuesto a los robots con argumentos como el del dueño de Microsoft: «si una persona hace un trabajo valorado en 50.000 dólares en una fábrica, ese importe es sometido a impuestos sobre la renta, impuestos de la seguridad social y todas esas cosas. Si un robot viene para hacer el mismo trabajo, pensarías que habría que ponerle un impuesto del mismo nivel«. Los argumentos de los defensores del impuesto son los mismos que en 2016 utilizó el secretario general de UGT, José María Álvarez, quien pedía “que los robots paguen a la Seguridad Social por los trabajadores que no están en las empresas”.

Según el Jobs Report de 2018 (fuente: EADA), una serie de empleos están condenados a desaparecer por el desarrollo de la robotización y la automatización, unidas a la Inteligencia Artificial, pero por el contrario se generarán otros nuevos que llevarán a que los trabajadores tengan que readaptarse y formarse en puestos que ahora apenas existen o están dando sus primeros pasos:

Así que tocará hacer eso otro que también está muy de moda: reinventarse, convertirse en un tipo de profesional diferente (si tal cosa es posible) y trabajar en valores y capacidades muy diferentes a las que hasta ahora primaban y se valoraban en las empresas en los procesos de selección. Me cuesta creer que escribir, leer, la escucha activa o las matemáticas pierdan su sitio frente a otras habilidades que para su desarrollo requieren de las mismas, pero eso es lo que dice el mismo Jobs Report:

En este tipo de debates a veces un tanto catastrofistas se habla mucho de la destrucción de puestos de trabajo y mucho menos de la posible creación de otros. Según el propio Foro Económico Mundial (y de verdad que nunca he entendido de dónde salen estas cifras), la sustitución de personas por robots para tareas básicas suprimirá 75 millones de empleos, pero en su lugar se crearán 133 millones, lo que supone una creación neta de empleo de 58 millones.

El Índice de Automatización mide el reparto del trabajo en función del número de horas empleadas, y como decía al inicio del post, se espera que en 2025 este índice supere el 50 por ciento, pero cuando se hicieron estos cálculos en 2018 no se partía de cero, sino del 29 por ciento:

En cualquier caso, se habla muy en serio de la creación de un impuesto a los robots o de cotizaciones a la Seguridad Social para paliar los efectos de la eliminación de empleos. En realidad el concepto va mucho más allá de los robots, a los que imaginamos con aspecto humano por el cine o los androides de protocolo que vemos en ocasiones en ferias y exposiciones, pero “la máquina que roba puestos de trabajo a los hombres” es tan antigua como la primera Revolución Industrial. Y se dice que estamos ya en la cuarta. El propio Bill Gates indicó que se hablaba mucho de los impuestos a los robots, cuando debería referirse a la automatización de procesos, a todo aquello que las máquinas realizan de una manera más rápida, eficiente y segura que las personas. Para mí, realmente el debate debería girar en torno a la propia innovación: ¿se deben gravar los avances tecnológicos?

La primera Revolución Industrial, de 1760 a 1830 aproximadamente, supuso el paso de la producción manual a la mecanizada, y ya se suprimieron puestos de trabajo humanos. La segunda Revolución Industrial, con la incorporación de la electricidad a los procesos productivos hacia la segunda mitad del siglo XIX, permitió el incremento de producción en las industrias. Y supuso otra eliminación de puestos de trabajo. La tercera Revolución Industrial, hacia mediados del siglo XX, incorporó la electrónica, la mejora de las comunicaciones y las tecnologías de la información, y eliminaron miles de puestos de trabajo. Prácticamente cualquier avance tecnológico que se nos ocurra, la máquina de vapor, la cosechadora y el tractor, la cadena de montaje robotizada de la automoción, sobre todo los ordenadores y cualquier avance de los que han hecho millonario a Bill Gates, ha acabado sustituyendo personas en los puestos de trabajo por máquinas. Y sin embargo no existía este debate tan de moda.

La automatización no solo supone una mejora de la productividad y un incremento de la producción, sino que además reduce algo tan importante como la siniestralidad. La tecnología es clave para mejorar la seguridad en el trabajo, ya sea en la construcción, en la minería, en explotaciones petrolíferas, o aplicando tecnología predictiva para tareas de mantenimiento y reducción de los siniestros. Yo creo que a todos nos fastidia que nos atienda una máquina en una gasolinera, una cabina de peaje, un parking o un chatbox de reclamaciones, pero al final no tocará otra que adaptarse y emplear esos recursos humanos en trabajos más productivos, motivadores y con menores índices de penosidad.

Ángel Gómez de Ágreda, autor de Mundo Orwell (Editorial Ariel, 2019), un libro muy recomendable, analiza este asunto desde varios puntos de vista, como las diferencias de desarrollo entre países en función de su grado de automatización, la creación de una legislación específica o una Carta Magna que regule «la convivencia entre humanos y máquinas», el desarrollo de algoritmos respetuosos con la dignidad humana (lo que vendría a ser como una actualización de las leyes de la robótica de Isaac Asimov), el proyecto Robolaw del Parlamento Europeo para definir un estatus de «personas electrónicas» con sus derechos y deberes, los impuestos a los robots y lo más interesante para mí:

«La unión de la inteligencia de los robots y las personas generará grandes ventajas. Sin embargo, para que se traduzca en un incremento de la producción, será necesario que este trabajo sea aditivo y no se produzca en entornos separados».

«Un mundo en el que las tareas productivas no constituyan una preocupación y, por tanto, podamos dedicar más tiempo a construir relaciones personales».

«Los nuevos trabajos de los humanos deberán estar centrados en aquellas áreas que requieren una mayor capacidad de empatía y relación personal». «Tiempo para vivir».

Ojalá. Lo veo un tanto utópico con mi visión de hoy, pero si las necesidades básicas serán cubiertas gracias al incremento de la capacidad productiva, ¿podremos dedicarnos a otras cosas? ¿De qué o cómo viviremos?

«La liberación de la labor productiva debería dar lugar, en algún momento de la evolución del proceso, a un sistema de renta básica personal universal que asegure la supervivencia del individuo».

De todo esto ya habló Tomás Moro en su obra Utopía ¡en 1516! Continúa Mundo Orwell:

«La llegada de los robots y la automatización de una parte importante de la producción puede, por fin, permitir implantar este modelo y acabar definitivamente con la pobreza extrema. Eso sí, este sistema tampoco reduce necesariamente las desigualdades socioeconómicas, sino que, tal vez, incluso las exacerbe creando una casta de conformistas y otra de personas más ambiciosas«.

Mientras llega ese futuro, sinceramente creo que en este debate no podemos ir contra el progreso y no veo razonable la creación del impuesto a los robots por diversas razones:

  • Los robots no pagarán nunca los impuestos, del mismo modo que no se benefician de una pensión, ni de unos servicios públicos.
  • Los impuestos serán pagados por las empresas, que a su vez los repercutirán a los ciudadanos que utilicen los productos diseñados por robots o por ordenadores, exactamente igual que hoy en día. Es un impuesto a la producción, o más concretamente, a la mejora de un proceso de producción.
  • Los países con tasas más altas de automatización de sus procesos, como Japón, Alemania o Corea del Sur, con tasas cercanas a 300 robots por cada 10.000 trabajadores, mantienen sus cifras de desempleo entre las más bajas del mundo, luego la asociación robots-destrucción de empleo no se sostiene con las cifras en la mano.

En resumidas cuentas, el impuesto a los robots o a la automatización sería en realidad un impuesto a la innovación y un más que posible freno a la iniciativa particular o empresarial.

Como todos los lectores asiduos de este blog sabéis, si queréis colaborar por una buena causa a través de una ONG contrastada, es posible hacerlo mediante microdonaciones en este enlace: Ayuda en Acción/colabora

La subida del SMI

JOSEAN, 12/06/2021

No ha terminado la reciente polémica sobre los efectos del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el crecimiento o destrucción de empleo y ya estamos inmersos en el debate sobre el aumento para el ejercicio 2021. En el propio gobierno hay dos tendencias contrapuestas: la defendida por Nadia Calviño a principios de este año, cuando propuso congelar el SMI, y la de Yolanda Díaz, apoyada en el comité de expertos del Ministerio de Trabajo, que plantea un incremento en tres años, con una subida más leve en 2021 y un aumento importante en 2022 y 2023. Ambas posturas coinciden en mantener la prudencia ante la evolución que pueda tener el año en curso, y lo fían todo a la mejora de la economía en los posteriores.

Las cifras de recuperación de empleo comienzan a mejorar, en mayo hubo un descenso del paro de 129.378 personas y un incremento de más de 200.000 cotizantes a la Seguridad Social, sin duda datos esperanzadores impulsados por la recuperación de la actividad en sectores tan importantes como la hostelería y la construcción. Sin embargo, conviene ser prudentes puesto que la recuperación aún no se ha consolidado y hay datos preocupantes como que más de medio millón de empleados continúa en situación de ERTE, concretamente 542.142.

El Banco de España publicó un Informe a principios de junio en el que valoraba los impactos del incremento del SMI aprobado en 2019 sobre la creación de empleo en ese año en el que se aprobó una subida sin precedentes hasta los 900 euros (un aumento del 22,3 por ciento). En las conclusiones del Informe, con muchas reservas por parte de los propios autores del mismo, se concluye que hubo un «menor crecimiento del empleo en los colectivos con menores salarios». Ese menor crecimiento, o esa pérdida de empleos, ha sido cuantificada según diversos medios entre los 94.200 (eldiario.es) y los 180.000 empleos (eleconomista.es).

El Informe del Banco de España reconoce las dificultades para evaluar el impacto que la subida del SMI tuvo sobre el empleo, puesto que hay diferentes metodologías de cálculo, algunas bien diferentes o contradictorias, y no resulta sencillo calcular el efecto que el incremento de los salarios más bajos tuvo sobre el consumo o la actividad económica general. Es decir, el «retorno» de ese importe extra que reciben los beneficiados por la subida sobre el consumo, y cómo ese incremento de consumo se traduce en mayores ingresos (y quizás, más empleos) para las empresas. Así, mientras que «la evidencia muestra de forma robusta que un incremento del SMI supone un aumento del coste laboral para los empleadores» (totalmente lógico, la carga del incremento recae sobre el empresario), «sin embargo, la evidencia acerca del efecto sobre el empleo tiende a ser mixta y diferentes estudios (…) muestran una dispersión grande (…) con elasticidades del empleo estimadas positivas, nulas y negativas». Luego el Informe puede valer para una cosa o para la contraria dependiendo de la metodología que se emplee y no resulta tan concluyente como algunos artículos han indicado.

Lo que parece fuera de toda duda es que es el empresario quien asume el coste de dicha subida del 22 por ciento y a él corresponderá trasladarlo en precio a sus clientes, recortar sus márgenes o directamente no contratar trabajadores. O despedirlos al no poder asumir la subida. La cuerda se tensa siempre hacia uno de los dos lados, pero está claro que había que hacer algo en el país europeo en el que más crece la desigualdad salarial. De la subida se han beneficiado principalmente los jóvenes, cuya contratación tiene un alto componente de precariedad y eventualidad:

El problema que ocurre con la subida del SMI en España tiene mucho que ver con la estructura empresarial. Las empresas grandes o de cierto tamaño pudieron asumir en su mayor parte estas subidas ya que el porcentaje de sus trabajadores sujetos al SMI no es elevado o relevante como para tener un impacto significativo en sus cuentas. Sin embargo, el 95 por ciento de nuestras empresas tiene menos de diez trabajadores, y este tipo de empresas son las que han soportado el grueso del incremento del SMI. Según el informe del Banco de España:

Y el drama es que esas pymes, o micropymes, como las denominan algunos, pequeños comercios, productores agrícolas o establecimientos de hostelería, van tan apuradas en sus márgenes que no tienen la capacidad suficiente para generar los recursos que les permitan absorber el 22,3 por ciento de incremento, o el incremento previsto para ejercicios futuros, en los que se prevé que el SMI alcance el sesenta por ciento del salario medio, en línea con lo propuesto por la Unión Europea. No es un panorama sencillo de resolver y estoy convencido de que lo que han hecho numerosas empresas ha sido rebajar el número de horas oficiales y pagar en B las trabajadas y no cotizadas para cumplir con la subida. En cierto modo se puede deducir del Informe en varias de sus páginas (pág. 32), cuando se dice que «tras una subida de SMI, algunos puestos de trabajo pueden haber permanecido activos, pero con una reducción en las horas trabajadas, por ejemplo, mediante el paso de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial». «La empresa ha podido decidir mantener el puesto de trabajo, pero solo en las horas más productivas o reduciendo horarios de apertura, por ejemplo». O pagando 30 horas oficiales y 10 en negro. «El resultado en estos casos sería una caída en las horas trabajadas, y no en el empleo». No puede demostrarse, pero se entiende que en buena parte es lo que ha ocurrido. En la página 17 se indica que «si se analizan los indicadores de empleo en términos de horas trabajadas», así como tras la subida del SMI en 2017 hubo un incremento de las horas trabajadas de «un 4,1 % a finales de 2018», en esta ocasión, tras la subida de 2019 se produjeron «desaceleraciones superiores a las observadas en la actividad económica». Y no parece que sea resultado de una mejora de la productividad.

Veremos en qué queda finalmente el asunto. «No confundamos la ideología con la ciencia y con lo que debemos de hacer», ha dicho la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para defender su postura frente a la congelación propuesta por la ministra de Economía, Nadia Calviño. Precisamente creo que es un tema lo suficientemente importante como para analizar los números y no dejarse llevar por esa ideología que cree que el empresario puede aguantarlo todo porque está hinchándose a ganar pasta a base de explotar a los trabajadores, porque lo cierto es que el pequeño empresario está en el límite. Claro que conviene mejorar las rentas más bajas y mejorar su poder adquisitivo, pero primero habrá que analizar si esta subida por decreto contribuye a disminuir el paro entre los más jóvenes, el más alto de Europa con mucha diferencia, o tiene los efectos contrarios, como puede desprenderse del informe del Banco de España.

Nadia Calviño acaba de apuntarse un tanto a su favor con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Unión Europea, ratificado tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen. De dicho plan nos han contado reiteradas veces dónde se piensan gastar los fondos recibidos, que será «resiliente, justo, inclusivo y sostenible», pero se habla menos de las reformas exigidas: en las pensiones, en el sistema tributario y en la legislación laboral, no precisamente en el sentido que le gustaría a la ministra de Trabajo.

Pedro Sánchez parece apoyar las tesis de Calviño, como dijo esta misma semana durante la rueda de prensa posterior al visto bueno al Plan de Recuperación: «Ahora mismo lo relevante es la creación de empleo y la consolidación del crecimiento económico». De ese modo daba por válidas las conclusiones de la ministra Calviño, así como el informe del Banco de España en el sentido de contraponer subida del SMI con creación de empleo.

A su lado (o enfrente) cuenta con una ministra de Trabajo que tratará de convencerle de lo contrario, respaldada por una sólida formación que incluye tres másteres: en Recursos Humanos, en Relaciones Laborales y en Urbanismo. Ah, no, disculpen, que eso era hasta el jueves, parece que se ha descubierto que no tenía tales estudios y ayer mismo desaparecieron de la web oficial del Palacio de La Moncloa (vía Carles Enric):

Aquí un enlace a la noticia. Yo ya no me extraño de nada.

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Ya va siendo hora de subir el sueldo a estos chicos

El gran despilfarro

JOSEAN, 01/05/2021

A mediados de los ochenta, el actor y humorista estadounidense Richard Pryor protagonizó una comedia con el mismo título de este post (Brewster’s millions en el original), cuyo argumento, en principio de lo más simple, terminaba convirtiéndose en algo estresante cercano a la pesadilla: para cobrar una herencia millonaria, el personaje tenía que gastar 30 millones de dólares en un mes, pero sin comprar nada, solo contratando proyectos o servicios inútiles que no le dieran ningún rédito pasado ese plazo. Para ello abre una oficina a la que empiezan a llegar pirados ofreciéndole proyectos inverosímiles como poner un motor a un iceberg y traerlo de no-sé-dónde o inicia una campaña electoral invirtiendo un pastón en carteles y merchandising, pero con eslóganes que incitan al voto por cualquier otro rival.

Estas semanas me he acordado tristemente del argumento de esta película y ha sido viendo las explicaciones del gobierno con la preparación (y las múltiples presentaciones) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde que la Unión Europea aprobó dicho plan de recuperación (en mayo del año pasado, no olvidemos que ha transcurrido casi un año) hemos oído hablar de muchos proyectos sobre los que se ha concretado poco, salvo que debían llevar las palabras sostenible, inclusivo y digital. La idea de que va a caer un maná del cielo de Bruselas se ha difundido por los dos partidos de gobierno, especialmente por parte del socio del PSOE, Unidas Podemos. Todavía no había llegado un euro y ya estaban hablando de la no devolución de los mismos o discutiendo su condicionalidad a la necesidad de hacer reformas. Estoy seguro de que su celebración de la supresión temporal del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria heló la sangre a muchos en Europa.

El caso es que la llegada de esos fondos europeos resulta más necesaria que nunca y constituye una oportunidad de oro para reformar antiguas estructuras de nuestro país que han quedado obsoletas: económicas, industriales, administraciones públicas, en materia de medio ambiente… La duda radica en saber si los actuales dirigentes (y no hablo solo del gobierno central, sino también de las comunidades autónomas) cuentan con la capacidad suficiente para hacerlo, y sospecho que esa misma duda la comparten numerosos dirigentes europeos.

Los Presupuestos Generales del Estado se diseñaron contando con 26.634 millones de euros de adelanto de los fondos europeos y pese a que los mismos no van a llegar hasta 2022, se presupuestó un incremento de gasto en todas las partidas y para todos los ministerios. La falta de rigor en el control de los fondos públicos, unido a las demandas de todos los socios del gobierno en la aprobación de los presupuestos, va a suponer un incremento del déficit público hasta niveles nunca vistos en nuestro país, y eso que partimos del más alto de toda Europa. Y el déficit sostenido se transforma en deuda pública, y esa deuda en un lastre para el futuro. La «next generation» se va a cagar en todos los que intervinieron en la gestión de los fondos Next Generation, no tengo ninguna duda.

Ni siquiera cabe el consuelo de pensar que de los 140.000 millones que teóricamente deben llegar a España en los próximos ejercicios, 72.700 son ayudas directas y 67.300 corresponden a préstamos que, de momento, no se van a solicitar. Si algo han demostrado los políticos de nuestro país es que una vez que crean un cargo público, sea comisión, secretaría, grupo de expertos, consejo o empresa, no desaparece. Los seres vivos públicos nacen, crecen, no desarrollan nada, procrean y nunca mueren. Y no me refiero a médicos, profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios de carrera, trabajadores sociales, etc., no. Me refiero al ingente e infinito crecimiento de afines a los partidos que se crean para vivir de lo público.

El actual Consejo de Ministros (¡y Ministras!) consta de 23 miembros (¡y miemb…!, no, eso no), incluyendo al presidente y las cuatro vicepresidencias creadas. Son seis ministerios más que en el primer gobierno de Pedro Sánchez, en 2018. En ese primer gobierno había 25 secretarías de Estado, que tres años después ascienden a 30. Evidentemente, las razones que motivaron dichos incrementos no fueron de eficiencia o mejora de gestión de lo público, sino para hacer hueco al nuevo socio de gobierno. Para los que nos escandalizamos con este despelote, resulta recomendable este gráfico de la evolución del número de vicepresidencias y ministerios en las últimas cuatro décadas: hemos vuelto a los niveles de mayo de 1980.

Luego está la cifra de asesores que pueden contratar en esos ministerios, nombramientos de libre designación, normalmente de fuera de la administración pública, que son designados a dedo sin tener que justificar un mínimo currículum o preparación. Este artículo de Voz Pópuli hablaba de 1.212 asesores con un coste anual de 65,4 millones de euros, un fuerte incremento en comparación con las cifras (también estratosféricas) de 860 asesores y 44,8 millones de euros anuales del último gobierno de Mariano Rajoy. No he podido validar el origen de estas cifras que me parecerían escandalosas si fueran ciertas, pero me resultan igualmente escandalosas las determinadas por la web Newtral.es, elaboradas tras realizar solicitudes de información a los diferentes ministerios a través del Portal de Transparencia. Este análisis concluye que el gobierno de coalición tuvo en nómina al menos a 224 asesores, y dice «al menos» porque el ministerio de Interior (Grande Marlaska) y el gabinete de Presidencia no contestaron a los requerimientos. 224 asesores de libre designación de los que no podemos saber el salario ni la trayectoria profesional porque así se decidió en la propia Ley de Transparencia, a la que ya le dediqué su correspondiente crítica por cagadas como esta (Ni transparencia, ni buen gobierno).

El sueldo base de un asesor ascendía a 51.945 euros en 2020 y el de un consejero técnico de información, de 45.638 euros, a los que hay que sumar los complementos específicos de 28.320 euros por «asesorar» en una vicepresidencia y de 21.299 euros si es en un ministerio. Y no acaba ahí la cosa, sino que además tienen unos complementos de productividad que son variables: «varían» en función de lo que al que les ha colocado le parezca bien. Todo ello me parece un despelote infinito, como puede comprobar cualquiera con sus propios ojos echando un vistazo al Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Dejo solo un artículo para el que quiera hacer sumas:

Del análisis de Newtral llaman la atención muchas cosas, como el hecho de que el ministerio que designó a mayor número de asesores durante el primer año de gobierno fue el de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ¡con 18! asesores afines designados a dedo por Pablo Iglesias. Prácticamente el triple que Sanidad, Trabajo o Educación, para que se entienda bien cuáles son las prioridades de ese ex vicepresidente que solo hablaba de la importancia de la sanidad, el trabajo y la educación.

España tiene muchos problemas, pero el de la ineficiencia de las costosísimas administraciones públicas es uno de los más gordos y de más difícil resolución, puesto que quienes tendrían que resolverlo son los que lo han originado. Pero no termina en el gobierno central, ni mucho menos. Este martes 4 de mayo tenemos elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid y uno ve con asombro que el número de diputados autonómicos sube de 132 a 136. ¿136 diputados en la Asamblea de Madrid? ¿Para qué? La Generalitat de Cataluña tiene otros 135 diputados en el Parlament y todavía no han sido capaces de formar gobierno después de más de dos meses. En la Asamblea de Murcia, donde se originaron estos últimos movimientos de silla por controlar el poder, hay 45 diputados y en Andalucía, otros 109. Suma y sigue, y si todo ello redundara en beneficio del ciudadano, no lo discutiríamos, el problema estalla cuando vemos la torpeza de casi todos ellos para gestionar una crisis como la generada por la pandemia o para crear estabilidad económica o desarrollo para sus respectivas regiones.

(En el interior te hablan de la preocupación por el medio ambiente. Ya…)

Siempre que leo estas cifras me acuerdo de la teoría de las élites extractivas que los norteamericanos Daron Acemoglu y James Robinson desarrollaron en su libro ¿Por qué fracasan los países?: las élites extractivas “tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto”. Es una aberración que desde el año 2000 hayan crecido las transferencias de competencias a las comunidades autónomas y que hayan aumentado paralelamente los cargos autonómicos y los asesores de los gobiernos centrales. Esta misma semana escuché en la radio un dato escalofriante: desde marzo de 2020 se ha creado un puesto público por cada cuatro empleos que se han destruido en el sector privado. Si los datos son ciertos, el sector público ha aumentado en 149.400 asalariados en los últimos doce meses, mientras que las empresas han destruido 605.400 empleos. Es insostenible.

El economista y profesor de la universidad de Barcelona José María Gay de Liébana publicó esta semana un artículo que leí con interés, pese a que su título cabreaba por la mera posibilidad de que nos lo planteáramos en serio: ¿Y si nos intervinieran? El profesor elabora unos cálculos de la deuda pública española, añadiendo al 120% oficial ya conocido el montante global de pasivos en circulación de todas las administraciones y la deuda de las empresas públicas, y sitúa la cifra en la acongojante cantidad de «2.028.737 millones, el 180,8% del PIB«. Concluye el profesor diciendo que «durante estos años recientes se ha demostrado la manifiesta incapacidad de nuestros gobernantes y la clase política para sacar adelante a España. Quizás es la hora en que necesitamos que vengan desde fuera y nos pongan firmes para así poder desarrollar todo nuestro potencial económico«. Yo no puedo estar de acuerdo con la intervención externa, pero sí con el control exhaustivo de todas nuestras finanzas, justo lo contrario de lo que están demandando Sánchez, Iglesias y Montero desde que llegaron al gobierno. Y más control ahora que van a llegar millones desde Europa y se ha fomentado un cambio legislativo para relajar dichas medidas de control.

La Unión Europea lleva años reclamando tres reformas fundamentales a nuestros gobiernos: laboral, fiscal y del sistema de pensiones. La del sistema de pensiones no se ha comenzado porque crea unos conflictos que ningún gobierno quiere afrontar. Las modificaciones en la legislación laboral van en línea contraria a lo demandado por Europa, y la fiscal se ha centrado única y exclusivamente en incrementar la carga fiscal a las empresas y a lo que llaman «las grandes fortunas», que en la mayoría de las medidas son «las medias fortunas», la clase media. Cuando uno no es capaz de controlar su gasto público, ¿qué es lo que hace?: plantear que hay que subir los impuestos. La recaudación fiscal cubría hasta hace dos años el 93 por ciento del gasto público. Ahora apenas alcanza el 75 por ciento, y este es un dato más que preocupante.

Concluyo donde comencé, con la oficina de Richard Pryor recibiendo proyectos y unas costosas campañas electorales. Espero que no se cuelen proyectos para amigos como el del machismo de la M-30. ¿Cómo se va a articular el dineral proveniente de Europa? Pues a través de lo que el Real Decreto recoge como seis pilares, cuatro ejes y diez políticas palanca:

Y si concretamos un poco más, estas políticas se desarrollarán a través de treinta líneas de acción (algo inconcretas, por cierto):

Si esto fuera el Un, Dos, Tres, al llegar al número 6 ya habrían saltado las Tacañonas para decir que habían repetido una respuesta.

El punto 29 es la mejora de la eficacia del gasto público, que espero que no consista en crear un nuevo comité de asesores y subdirectores para decir cómo hay que ahorrar. Y por cierto, todo muy resiliente, digital e inclusivo. Esperemos que la inclusividad no consista en pagar a «especialistas» o «especiedelistos» para hacer contribuciones como esta:

Poco nos pasa.

La regulación entra en casa

JOSEAN, 11/04/2021

El año 2020, con el confinamiento repentino y la adaptación acelerada de los sistemas y tareas productivas, supuso un avance de no menos de una década en la implantación del trabajo a distancia. No hubo transición, se hizo de la noche a la mañana, y tanto empresas (las que pudieron) como trabajadores (aquellos que podían ejercer su trabajo desde su domicilio particular) demostraron su madurez para responder al desafío que el virus nos planteaba.

Unos meses después entró en vigor la regulación aprobada por el gobierno mediante la vía (de nuevo) del real decreto, concretamente el Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que distingue en sus primeros artículos entre:

Es evidente que el confinamiento supuso múltiples problemas para numerosos trabajadores y empresas (ERTEs, imposibilidad de realizar el trabajo, reducción de actividad y, por tanto, de ingresos para el empresario), pero también en otros muchos casos trajo múltiples ventajas. La Exposición de motivos del real decreto identifica las siguientes:

  • Mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos.
  • Consecuencias positivas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Mi aplauso y reconocimiento para aquellos que eran capaces de compatibilizar sus labores como currito con las de profesores, cocineros, entertainers y proveedores logísticos.
  • Reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos.
  • Productividad y racionalización de horarios. Yo creo que hemos trabajado más que nunca en nuestras vidas, de manera irracional incluso, así que eso de «racionalización» me suena un poco optimista.
  • Fijación de población en el territorio.
  • Atracción y retención de talento (¿?).
  • Reducción del absentismo. Me parece que el año pasado fue imposible medir el absentismo de los trabajadores, puesto que no había medios para hacerlo. Si el cálculo se ha hecho en función de las horas perdidas por bajas médicas o laborales, es evidente que sí, pero es una falsa medición del absentismo.
  • Estimula cambios organizativos en las empresas y fortalece la formación y empleabilidad de las personas trabajadoras.
  • Disminuye la contaminación al reducirse el número de desplazamientos. Este hecho sí es relevante y a considerar para el futuro, sobre todo si se analizan los enormes problemas de atascos que se producen en las principales ciudades en las horas punta: estrés, pérdida de horas necesarias para una conciliación efectiva, riesgo de accidentes in itinere y contaminación.

Pero no todo son ventajas, como se vio en el «ensayo forzado» del año pasado, y el real decreto indica como inconvenientes generados:

  • Protección de datos.
  • Brechas de seguridad. Se produjo un notable incremento de los ataques informáticos, porque el Mal nunca descansa (HDP).
  • Tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente. El Día de la Marmota.
  • Mayor aislamiento laboral con la consiguiente pérdida de la identidad corporativa.
  • Deficiencias en el intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia. Tras la experiencia, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que en España es infinitamente más efectiva la comunicación en persona, cara a cara, que por Teams, Zoom o Google Meet. O que un café aclara los malentendidos de un email escrito con los pies.
  • Dificultades asociadas a la falta de servicios básicos en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la conciliación laboral y familiar.
  • Traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna. Este último punto es uno de los más controvertidos del real decreto, o al menos uno de los que tiene más aspectos por concretar.

Ha cambiado el mercado de trabajo por completo y era necesario regularlo, puesto que está claro que no se trata de un hecho temporal, sino que el teletrabajo ha venido para quedarse. La dificultad consiste precisamente en introducir la regulación en el ámbito doméstico, que es donde se va a desarrollar la actividad, y la norma va a tener que adaptarse a otras regulaciones existentes con las que podría entrar en conflicto:

  • Estatuto de los trabajadores, en lo relativo a la flexibilidad del teletrabajo (voluntariedad, temporal o permanente), igualdad retributiva, formación facilitada a los empleados, garantizar los descansos mínimos,…
  • Normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Igual que al llegar a un nuevo puesto de trabajo el trabajador debe ser informado de los riesgos inherentes al mismo, incluido el puesto de oficina, al teletrabajar tuvimos que realizar una autoevaluación de nuestros puestos de trabajo caseros. Y si somos sinceros, creo que un porcentaje bajísimo teníamos esas condiciones requeridas: mesas de despacho con la altura adecuada para los equipos, sillones ergonómicos, condiciones adecuadas de iluminación directa e indirecta, etc. La mayoría recibimos fotos de amigos y compañeros con aquello de «mi nueva oficina» instalada en una cocina, comedor o dormitorio. Las cervicales y los túneles carpianos a prueba, ¡el síndrome del ratón!, que parece un título de telefilme de sábado tarde.
  • El derecho a la intimidad, la protección de datos de carácter personal y el derecho a la desconexión digital de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
  • El registro de la jornada de trabajo. A este asunto ya le dediqué dos artículos completos, y ya entonces, en 2019, se valoraba lo complicado, por no decir imposible, que iba a resultar controlar esa jornada de trabajo sin métodos para «fichar» y sin separación de la vida laboral y familiar.
  • Supongo que se acabó con la prohibición de fumar en el puesto de trabajo cuando este está en tu propia casa, pero todo es posible cuando el afán regulador es infinito.

Y además de todo lo expuesto, algunos de los planteamientos del real decreto generan dudas en cuanto al tratamiento fiscal, concretamente los artículos 11 y 12, que estipulan los derechos del trabajador a la dotación de medios para el desempeño de su trabajo y la compensación de los gastos que se generen:

El primer problema es que el real decreto no establece cuáles son esos medios necesarios para el desarrollo de la actividad, porque un ordenador es evidente, pero si nos ponemos como en el Un, Dos, Tres a decir «por veinticinco pesetas, qué medios, equipos y herramientas son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad» seguro que se nos ocurrirían muchos más: un teléfono, una impresora, una segunda pantalla, una tercera y una cuarta para brókers, material de oficina, un sillón ergonómico, una mesa adaptada, una conexión de banda ancha, un antivirus potente, actualizaciones continuas de sistemas,… Podemos ir más allá si añadimos la normativa que controla las temperaturas y la luz en el puesto de trabajo, y añadir aparatos de aire acondicionado y calefacción, unas persianas,…

Y el segundo problema surgió cuando Hacienda decidió que todos esos medios necesarios para realizar el trabajo a distancia podían ser considerados retribución en especie. Aunque en algunos medios se indicó que la Dirección General de Tributos se pronunciaría al respecto, a día de hoy sigue sin aclararse la postura, lo que puede generar múltiples inspecciones y litigios de naturaleza fiscal en un futuro próximo. Si una empresa cede a sus empleados los medios indicados en el párrafo anterior, o les abona los mismos, y el trabajador tuviera que tributar por ellos, iría en perjuicio del propio ingreso del trabajador al gravar unos medios exentos en la actualidad, puesto que se supone que se utilizan de manera exclusiva en el centro de trabajo. Existe la opción, similar en cuanto al tratamiento fiscal como retribución en especie, de que la empresa abone una cantidad al trabajador para que este adquiera los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo, más una cantidad mensual por gastos. En ese caso las empresas estarían perdiendo el IVA generado en la compra del trabajador, y este seguiría tributando por los ingresos percibidos.

Uno de los criterios de Hacienda más temidos por los expertos en materia fiscal es la consideración del uso privado de los medios puestos a disposición por la empresa. Es decir, si el currante, al acabar su jornada usa el ordenador para ver pelis, hacer Zoom con la familia y amigos, o el teléfono para llamadas personales, está haciendo un uso privado de un elemento de trabajo y le toca apoquinar por ello. En el caso de los coches de empresa, la Agencia Tributaria mantenía el criterio del porcentaje de disponibilidad del coche para usos personales del trabajador, es decir, si la jornada anual es de unas 1.720 horas y el año tiene 8.760 horas, el coche está a disposición del trabajador aproximadamente el ochenta por ciento del tiempo, y por tanto debe tributar como retribución en especie. Esto es una aberración que llevada al asunto de los medios para el teletrabajo supondría tener que abonar casi íntegramente por una herramienta necesaria de trabajo. Con ese criterio, tocaría pagar incluso por las horas de sueño o comidas.

Sinceramente, solo entiendo que se cree este problema por el afán recaudatorio de la Agencia Tributaria, puesto que la redacción del Reglamento del IRPF en su artículo 22 indicaba claramente que:

Tengo la sensación de que se va a generar un problema donde no debería de haberlo, pero no será la última vez que Hacienda choque frontalmente con la nueva economía o el futuro del trabajo. ¿El vestuario o los EPIs suministrados por una empresa están en discusión? Creo que no, son necesarios, aunque luego el trabajador se lleve la mascarilla a casa y la siga usando, así que son ganas de complicarlo todo. Por cuestionar, Hacienda cuestiona incluso el vale de comida cuando el trabajador esté en la modalidad de trabajo a distancia. ¿Acaso no puede el currante salir de casa al restaurante más cercano y comer empleando un vale de comida? Me parece que se puede acabar perdiendo el norte.

Alguno recordará aquel post dedicado a los céntimos de las transacciones ejecutadas vía app y telefonía móvil, y la respuesta de la inspección de Hacienda reconociendo su incapacidad. En julio entrará en vigor la adaptación de la Ley del IVA al comercio electrónico, con la que las distintas autoridades tributarias de los países tratarán de controlar (y recaudar) el IVA generado en las cada vez más numerosas operaciones realizadas virtualmente, sin tiendas físicas. La regulación va a entrar en nuestros domicilios, si no lo ha hecho ya:

  • Wallapop, Vinted y demás plataformas de venta entre particulares. ¿Alguno recuerda cuando el ministro Montoro sugirió que las operaciones realizadas en Wallapop y plataformas similares debían tributar? ¡Claro, Don Cristóbal, es una transmisión patrimonial clara y tributable! Mi hija vende sus antiguos patines por veinte euros, y yo voy a rellenar el modelo 600 (creo que es ese) para ingresar el correspondiente cuatro por ciento.
  • El registro horario. Que trabajemos desde casa no nos exime de registrar nuestra jornada de trabajo, por si la inspección laboral trata de controlar las horas reales de trabajo. Con el control de pausas para el baño, cafés y descansos estipulados en el convenio respectivo.
  • Los regalos de Reyes, o de bodas y comuniones, son donaciones, y como tales, tienen que tributar. ¿Qué pasa, que no presentáis vuestra declaración el 7 de enero todos los años, defraudadores???

Decía un colega que, como esto siga así, hiperregulando sobre cualquier aspecto de la vida, nos van a prohibir hasta echar un quiqui. ¡Pero es que ya lo propusieron en el Reino Unido!

Apéndice final: post escrito con un ordenador del trabajo en mi tiempo libre y con la wifi de casa. ¿Cómo tributo por ello, señora Montero?

Como todos los lectores asiduos de este blog sabéis, si queréis colaborar por una buena causa a través de una ONG contrastada, es posible hacerlo mediante microdonaciones en este enlace: Ayuda en Acción/colabora