Inflación (I): deflación, estanflación, reduflación y otros conceptos

(Fuente: Cinco Días)

JOSEAN, 12/05/2022

Llevábamos varios años con una curva de incremento de precios bastante estable, hasta el punto de que la inflación no era un problema demasiado relevante para los sucesivos gobiernos de España y el resto de países occidentales, pero en los últimos meses el Índice de Precios al Consumo se ha disparado de tal manera que han saltado todas las alarmas. La tasa más alta en treinta y tres años. La inflación desbocada abre los telediarios y se ha situado en el top-5 (¿quizás top-3?) de los principales problemas para el gobierno, pues afecta al bolsillo de los ciudadanos, al crecimiento de las empresas, a las inversiones, a la evolución del PIB… a todo. Como indica este artículo de Expansión, todas las magnitudes económicas han caído con fuerza:

No hay manera. Parecíamos salir del bajonazo en el que nos sumió la pandemia y entre el alza de los precios de la energía, la guerra de Ucrania y la crisis de suministros, tenemos un nuevo frenazo a una economía que no termina de arrancar. Este post no pretende otra cosa más que aclarar algunos conceptos o mencionar otros que solo aparecían en los libros de economía, pero que nunca pensamos que llegaríamos a ver en la vida real. Por cierto, es inflación, no «inflacción», como siguen diciendo algunos periodistas en las tertulias. Por mucho que les suene a «acción de inflar» los precios, no, por favor, no lo digan más. Cada vez que un periodista dice «inflacción», un escalofrío recorre el cuerpo de cientos de miles de economistas en el mundo.

La inflación alcanzó un máximo del 9,8 por ciento en marzo, una aberración que pensamos que no veríamos jamás, pero «al menos» la inflación subyacente se quedó en el 3,4 por ciento. La inflación subyacente es ese indicador que no tiene en cuenta las variaciones de precios de aquellos productos más volátiles o inestables, como la energía o los alimentos no elaborados. Las medidas aprobadas por el gobierno para reducir el precio de los carburantes tuvieron sus efectos sobre la inflación, que se moderó levemente hasta el 8,4 por ciento, pero en cambio, la inflación subyacente siguió su avance un punto más, hasta el 4,4 por ciento.

Siendo un indicador más estable para medir el impacto real sobre los precios, el dato se ha disparado hasta su nivel más alto en décadas, concretamente desde 1995. Se espera una subida de tipos de interés en breve, con lo que eso supone para unas empresas y administraciones fuertemente endeudadas.

Debido a todo lo anterior, se prevé un año de dura conflictividad laboral, puesto que los sindicatos piden o exigen ligar el incremento de los salarios a la inflación, mientras que las patronales proponen desligarlos de la misma y vincularlos a la productividad.

Los llamados «efectos de segunda ronda»: se suben más los salarios, los empresarios trasladan el incremento al precio de sus productos, suben los precios, se vuelve a solicitar incremento salarial, etc.

En la universidad nos enseñaron (y la verdad es que he desaprendido muchas cosas) que una inflación moderada o controlada era positiva para el crecimiento económico, o que al menos no lo perjudicaba. O que podía ser signo de crecimiento. Una de las teorías, de Solow y Swan (1956), indicaba que el dinero perdía valor como consecuencia de una inflación moderada, lo que llevaba a que los individuos destinaran su ahorro o parte del mismo al consumo, a la compra de productos o servicios, lo que redundaba en el crecimiento económico del país. Dependiendo del país analizado, un porcentaje bajo de inflación podía ser positivo, o al menos, un indicador de crecimiento económico. Por añadidura, la inflación actual está produciendo un impacto positivo en las maltrechas arcas públicas, al menos en el corto plazo, puesto que se ha incrementado la recaudación por IVA (precios más altos, más base imponible sobre la que repercutir el impuesto) y por IRPF (al no actualizar las tablas de Hacienda, los ciudadanos ven incrementada la carga fiscal).

Ahora mismo estamos viviendo algo que solo conocíamos por los libros y que pensamos que no veríamos en países occidentales: la estanflación. Este «palabro» es el resultado de la unión de estancamiento e inflación, y la he leído recientemente en noticias referidas a Estados Unidos, ni más ni menos. El dato de inflación en Estados Unidos alcanzó el 8,5 por ciento en el mes de marzo, su tasa más alta desde 1981, un dato muy negativo que se vio acompañado por la cifra de caída del PIB en el primer trimestre del 1,4 por ciento.

Y si hablamos de este concepto que, de prolongarse en el tiempo, conduce a un empobrecimiento tremendo de la economía de un país, no podemos dejar de hablar de la deflación. La deflación es una inflación negativa, y como no me gusta hablar en estos términos (me recuerda a aquello de la ministra de la «tasa de crecimiento negativa»), es preferible decir lo que es: una disminución de precios. Que tampoco es nada bueno para la economía del país, ni para sus ciudadanos, pues es un signo claro de estancamiento de la economía. El ejemplo más claro es el de Japón, que entró en una tendencia deflacionista a mediados de los noventa y se mantuvo así durante algo más de dos décadas. En estas situaciones no muy habituales se juntan causas o factores de carácter real (brecha de producción, envejecimiento de la población y menor demanda), monetarios (la situación de los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a principios de los noventa, escasez de crédito) o de política económica (desajustes entre política fiscal y monetaria). Pero Japón daría para varios post y carezco del conocimiento necesario para afrontarlo, así que simplemente lo menciono de pasada.

La elevada inflación de los últimos meses nos ha traído un concepto nuevo, o que al menos desconocía, que es la reduflación. No es un término aceptado por la RAE y viene del inglés shrinkflation, unión de shrink (encoger, reducir) e inflation (inflación). Aquí lo mezclamos por las bravas: reducción más inflación igual a reduflación. Con un par. Consiste en vender una cantidad menor de un producto por el mismo precio que anteriormente llevaba el paquete de similar tamaño. Por ejemplo, quitar cincuenta gramos a una bolsa de patatas fritas, o 100 gramos a un paquete de macarrones, pero que ambos envases sigan costando lo mismo. No deja de ser una trampa para el consumidor, que desembolsa el mismo importe que anteriormente por una cantidad menor, un quince o veinte por ciento menos de producto.

Es completamente legal, pues al final, el paquete lleva los 250 gramos que anuncia, o los 400 que pone en la bolsa, aunque el precio sea el que anteriormente se pagaba por 300 y 500, respectivamente. Estrategias de las grandes compañías que recuerdan a aquello de: «yo no me entero si me sube la gasolina o no, porque siempre echo dos mil pesetas». Pues eso, un engaño autoimpuesto para no percibir que las subidas de precios nos están crujiendo.

Dejamos para la segunda parte dos conceptos modernos, bastante recientes, uno de ellos que ya ha salido en un post anterior, la greenflation o inflación verde, y la ukrainflation, de la cual esperamos un final que todavía no llega.

(Continuará)

SOS-ten-habilidad (II)

JOSEAN, 06/03/2022

Acabé la primera parte de este post diciendo que, aunque los avances en materia de sostenibilidad habían ido hasta la fecha más por la vía del marketing que por la del impacto real, quería creer que estamos en el buen camino, en la dirección correcta. Todas las exigencias relacionadas con los objetivos ESG van a obligar a acometer importantes cambios en todos los niveles, y en esta segunda parte hablaré de los mismos y de su aprendizaje.

Empresas: la sostenibilidad transformará el modelo de gestión de las empresas, que deberán integrarla en sus estrategias y planes de medio y largo plazo. Ahora toca aterrizar este concepto tan vago e implementar cambios reales, como renunciar a determinadas actividades que puedan conllevar riesgos sociales o medioambientales, o transformar el modo de producir bienes y servicios de las compañías. Pero también se tratará de combatir la práctica tan habitual de llevarse la actividad a otros países en los que se produce del modo que no queremos ver en occidente. La subcontratación con la venda puesta en los ojos.

La Comisión Europea acaba de aprobar una Directiva para que las empresas incorporen medidas efectivas y controles internos para producir de manera sostenible y cumpliendo las normativas laborales y de derechos humanos en toda su cadena de valor.

Como indica el propio documento, se pasa la barrera de la voluntariedad de las compañías y las medidas se convierten en obligatorias porque “cuando las empresas adoptan medidas voluntarias, se centran en el primer eslabón de las cadenas de suministro, cuando en realidad los daños a los derechos humanos y al medio ambiente se producen a menudo más abajo en la cadena de valor». Según Patricia Reverter, socia de Sostenibilidad de KPMG, «las iniciativas sostenibles generan ventajas competitivas desde el punto de vista de negocio, atracción de talento y acceso a financiación«. Tengo claro que ese es el futuro, pero no tanto que esa sea la realidad actual:

  • Acceso a la financiación: será más barata para las actividades incluidas en la taxonomía desarrollada por la Unión Europea, pero ahora mismo la diferencia es apenas perceptible.
  • Atracción de talento: sí es cierto que las nuevas generaciones se fijan más en empresas comprometidas de manera responsable y será un punto a favor de aquellas que se impliquen de manera adecuada.
  • Negocio: aquí es donde más dudas tengo, por cuanto el dragón chino anda suelto frotándose las manos con los debates que mantenemos en Europa sobre estos asuntos, que pueden lastrar la competitividad de las empresas.

Directivos: aunque los directivos de las empresas manifiestan su preocupación por el cambio climático y su firme compromiso con la sostenibilidad, el reciente estudio Changing the climate in the boardroom (realizado por Heidrick & Struggles e Insead) indicaba que existe una brecha amplia entre lo que decían y lo que hacían sus empresas. Aunque el 72 por ciento de los encuestados afirmaba estar seguro de que su empresa alcanzaría los objetivos climáticos, un 43 por ciento reconocía que no tenían fijada una cifra concreta de reducción de la huella de carbono. Además, la mayoría de los directivos consultados tenía sus objetivos sobre emisiones fijados exclusivamente en los alcances 1 (emisiones directas – de fábricas o vehículos propios) y 2 (indirectas – energía consumida), y solo el 16 por ciento tenía objetivos sobre el alcance 3 (indirectas relacionadas con los proveedores o los subcontratistas). Los objetivos de los directivos suelen ser cuantificables en lo económico y cualitativos (e inconcretos) en materia de sostenibilidad. Y en este punto además, se centran en algo tan complicado de medir y sobre el que actuar como las emisiones de CO2, cuando los aspectos medioambientales son mucho más amplios (residuos generados, uso de plásticos, reducción o sustitución del papel, cuidado de la biodiversidad).

Taxonomía de la Unión Europea de finanzas sostenibles: este asunto es lo suficientemente complejo como para varios post completos, así que tomo la palabra de José Lindo (Chief Climate Officer en Climate Trade) y solo voy a comentar el cortoplacismo de la misma, centrado casi en exclusiva en el cambio climático. La taxonomía es una clasificación de actividades que indicará a los inversores y financiadores qué se considera verde y qué no, y la inclusión del gas y la energía nuclear como «sostenibles» demuestran que la Unión Europea apuesta por el corto plazo y la descarbonización en lugar de una apuesta decidida por las inversiones renovables en el largo (objetivos de 2050). «La taxonomía verde, a fecha de hoy, sólo incluye dos de los seis objetivos que persigue -mitigación y adaptación-, los otros cuatro son agua, economía circular, contaminación y biodiversidad«, indica la consultora N-World/Azentúa. Si solo nos ocupamos de la mitigación y adaptación del cambio climático, es evidente que la energía nuclear no emite CO2, pero genera otros problemas medioambientales muy serios como su peligrosidad, la conservación de los residuos y el impacto en los entornos. La consideración de la misma como «sostenible», unida a los problemas del elevado coste de la energía en estos últimos años, harán que buena parte de los fondos se desvíen hacia la misma, en lugar de hacerlo hacia otros asuntos, como las energías renovables, el cuidado del agua o la pérdida de la biodiversidad.

El coste de la sostenibilidad para los ciudadanos: todos los cambios de modelo productivo, transición hacia otras fuentes de energía, investigación en nuevos materiales, reducción y eliminación de residuos, infraestructuras para mejorar el acceso y la calidad del agua o conservación de la biodiversidad tienen un coste elevado. La consultora McKinsey cifra en 3,1 billones de euros anuales la cantidad necesaria para poner en marcha la llamada transición energética. O lo que es lo mismo, la mitad de los beneficios empresariales globales en 2020. Otro estudio, de la aseguradora Swiss Re, calculaba en un 14 por ciento el impacto sobre la producción global hasta 2050. Es decir, habrá que invertir más para crecer menos.

Los efectos sobre la pérdida de empleo se compensarán en parte con los nuevos puestos y necesidades que se crearán, según la misma consultora McKinsey, si bien estima que se crearán 185 millones de empleos, mientras que se destruirán cerca de 200 millones. Siempre creo que hay que coger con pinzas estos números a tan largo plazo y con carácter global, por todo lo que puede pasar en innovación tecnológica, demografía o geopolítica, pero el impacto en el empleo habla de 15 millones de puestos de trabajo destruidos:

Pero con lo que tendremos que aprender a convivir (y la primera fase ya nos está costando) es con el incremento de costes asociados a la energía, que va mucho más allá del generado por las tensiones geopolíticas o las guerras por el control del gas y el petróleo. Isabel Schnable, responsable de Operaciones de Mercado del Banco Central Europeo, fue la primera en utilizar la palabra «greenflation» o «inflación verde» para referirse al incremento de precios provocado por la transición ecológica o el cambio de modelo productivo. La inflación en España alcanzó durante 2021 el 6,1 por ciento, impulsada en buena parte por el incremento del precio de la electricidad de un 46 por ciento y de los hidrocarburos en torno a un 25 por ciento. El IPC medio de la zona euro estuvo alrededor del 5 por ciento, mientras que Estados Unidos se situó en su nivel más alto en cuatro décadas, el 7,5 por ciento. Y se habla de la implantación de nuevos impuestos medioambientales.

Como ya comenté en El mercado de humos, algo más de la cuarta parte del incremento del precio se debe al desorbitado crecimiento del coste de los derechos de emisión de CO2, que se han multiplicado por diez en los últimos tres años y amenazan con hacerlo aún más para poder alcanzar los compromisos del Acuerdo de París. Para controlar este incremento descontrolado y con fuertes componentes especulativos, Peter Liese, legislador del Parlamento Europeo, ha propuesto que la Unión Europea cree un mecanismo que permita «liberar» derechos de emisión, eufemismo que significa «permitir» la emisión de más gases contaminantes mediante subastas que ayudarán a controlar los precios.

Está por ver que los ciudadanos entendamos y aceptemos el sobrecoste de ser sostenibles, o que nos hayan animado a comprar vehículos eléctricos justo cuando (mañana, 7 de marzo) el precio medio del megavatio hora superará los 400 euros. Sobre todo, cuando encuestas como Navigating the Energy Transition Customer, de EY, afirma que la mitad de los españoles no entendemos el concepto. Similar porcentaje al de los directivos que reconocen lo mismo:

Para que lo entendamos, y para que los directivos puedan incorporarlo de manera convincente a la actividad empresarial será básico el desarrollo de unas métricas ESG estandarizadas, claras y sobre todo, útiles. Que sirvan para medir el compromiso de las empresas, aunque sea a costa de aumentar (¡otra vez!) la esquizofrenia del CFO.

Pero eso quedará para otro post, igual que el plan de la Unión Europea para reducir las emisiones, ese plan con nombre de oferta de gimnasios: Fit for 55.

Relacionados:

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Una gran muralla a China

SOS-ten-habilidad (I)

JOSEAN, 27/02/2022

Sostenibilidad por aquí, sostenibilidad por allá, sostenibilidad en cualquier presentación de resultados, incluso de compañías petroleras, pero sostenibilidad también cuando vas a hacer la compra o cuando abres un nuevo bote de pasta de dientes.

La sostenibilidad llegó justo antes de la pandemia, se sentó en nuestro sofá y se está fumando un puro mientras nos devanamos los sesos para meter la palabra en cada operación que realicemos. He visto algunas presentaciones de resultados o de operaciones financieras que llevarían a la carcajada si no fuera porque en realidad lo que me producen es lástima. Y rabia. Lástima, porque es necesaria una implicación sincera de las compañías y de las personas por el compromiso y a algunos CEOs se los ve incómodos cuando tienen que meter con calzador la palabra. Y rabia, porque esto se ha convertido en una carrera por “justificar” que se asumen retos en materia de sostenibilidad cuando lo que se hace es vender de otra manera las mismas actividades de siempre. El temido greenwashing, el lavado de cara para atraer más inversores o para conseguir una financiación más barata.

Por poner algunos ejemplos:

El grupo audiovisual Atresmedia vendió por radios y televisiones esta operación como «la primera financiación sostenible de un grupo de comunicación en Europa», así que me dio por pensar: «¿emplearán vehículos eléctricos para sus unidades móviles a partir de ahora?, ¿utilizarán maquillaje ecofriendly para sus presentadores?». Lo cierto es que los ratios de sostenibilidad consisten en poner subtítulos accesibles en la programación, ceder espacios publicitarios sin coste a alguna ONG (entre el horóscopo y la teletienda de madrugada, supongo) y firmar el compromiso con el Carbon Disclosure Project.

También he visto empresas de renting de equipos informáticos que te cuentan que cambiar de ordenador cada tres años es más sostenible y mejor para el medio ambiente que mantenerlos durante cinco, seis u ocho, sin que expliquen en ningún caso por qué. Esta misma semana escuché en la radio que la ampliación de una autovía (no conseguí escuchar cuál) se había hecho con criterios de sostenibilidad, para lo cual se había trabajado con proveedores de la zona y se había procurado que los trabajadores vivieran en un radio cercano para evitar desplazamientos y por tanto, emisiones. Vamos, lo que se ha hecho toda la vida para ahorrar costes, pero ahora es «sostenible».

Uno de los directores de Iberia contaba en otra presentación que sus aviones utilizaban «combustibles de origen sostenible» y tras repetir varias veces la palabra sostenibilidad, otro decía que desde 2016. Vamos a ver, que parece que no comprenden ni el concepto, pero es que además, según la propia compañía, el primer vuelo de estas características se realizó en noviembre de 2021.

Queremos meter la palabra de cualquier manera y todavía muchos directivos no lo hacen de manera correcta. Dicho lo cual, me parecen muy interesantes las propuestas que están estudiando en el sector de la aviación para descarbonizar el transporte aéreo con la utilización de biocombustibles generados a partir de «residuos, aceites usados reciclados u otras materias primas de origen vegetal», como el reciente acuerdo firmado entre Iberia y Cepsa. El compromiso consiste en la implantación de este tipo de vehículos en sus flotas hasta alcanzar un 63 por ciento en el año 2050. Menos palabras y más acción, compromisos claros como la iniciativa «RefuelUE Aviation».

El Financial Times cuestionaba algunas de estas prácticas en un artículo de noviembre de 2021 y dudaba sobre la autenticidad de numerosos «bonos verdes» en materia de cumplimiento de criterios ESG (medioambientales, sociales y de buen gobierno).

El artículo habla del escepticismo en el mercado acerca de la «sostenibilidad» de la deuda de países como China, Arabia Saudí o Rusia, cuyos cumplimientos en materia de derechos humanos y compromiso con el medio ambiente dejan mucho que desear. «Los principios ESG a veces parecen demasiado flexibles», sentencia el autor.

Voy a hacer un mal chiste etimológico y afirmo que, gracias a haber visto tantas presentaciones de resultados «sostenibles», he entendido por fin de dónde viene la palabra: todo comenzó con un S.O.S. por la «emergencia climática», «el no retorno» del planeta y la «massive destruction» (recordad El Día de la Marmota del cambio climático) y ahora consiste en «tener la habilidad» necesaria para que aparezca la sostenibilidad aunque la empresa haya cambiado poco su manera de producir.

El mundo de la empresa funciona por la maximización del beneficio, entendido como beneficio económico, no social o medioambiental, y no es una crítica. La sostenibilidad debería consistir quizás en renunciar a parte de ese beneficio económico para aportar una mejora a la sociedad y el medio ambiente, y sin embargo, se mueve exclusivamente por el menor coste de la financiación asociada a la palabra sostenibilidad. Si de verdad se hace así, bienvenidos sean los criterios, pero que sean reales, no maquillajes.

Es evidente la respuesta a la pregunta que hacía el Financial Times (vía Expansión) en un reciente artículo:

La emisión de deuda sostenible o asociada a criterios ESG ha crecido de manera exponencial, hasta 1,6 billones de dólares en 2021, más del doble que en 2020 (Fuente: El Periódico de la Energía).

Lo que me cuesta encontrar siempre en estas noticias (y nunca lo logro) es el peso de los ratios de sostenibilidad sobre el coste de las operaciones. Si una operación financiera de deuda «sostenible» puede tener fácilmente un coste entre los 300 y los 500 puntos básicos, el coste de la operación se mide en términos económicos (endeudamiento, ebitda, liquidez, cobertura de intereses,…) en un 98-99 por ciento, y el restante 1-2 por ciento es el que se liga a los criterios ESG. Porque al prestamista le sigue interesando la solvencia del receptor de los fondos y no tanto sus compromisos con la sostenibilidad, o por decirlo de otro modo, al acreedor de Atresmedia le interesa más saber si los números de la empresa van bien que si cede dos horas semanales o tres a una ONG. Sin embargo, el peso de los criterios ESG sobre el coste total de la deuda es inversamente proporcional al espacio que ocupa la sostenibilidad en las noticias sobre la misma.

Pese a que este post pueda parecer una crítica, me parece que se ha avanzado mucho y por el buen camino, quiero creer que hacia un compromiso real. Algunos artículos ya hablan de que la sostenibilidad transforma el modelo de gestión de las empresas y esa es la línea a seguir. Queda mucho por hacer porque nos estamos adaptando todos: empresas, banca, clientes, administraciones públicas, directivos y agencias de calificación. Estamos aprendiendo cada día (recomiendo este artículo de Frances Schwartzkoptff en Social Investor sobre el necesario reciclaje de los analistas).

Pero todo eso quedará para la segunda parte. Ruego a los lectores que no impriman este artículo, todo sea por la sostenibilidad.

El absentismo en los carnavales de Cádiz

JOSEAN, 13/02/2022

Suena a tópico, a broma de mal gusto, pero lo he escuchado tantas veces que he tratado de ver qué hay de realidad y qué de falso mito: ¿es cierto que el absentismo laboral se multiplica durante los carnavales de Cádiz? ¿Que numerosos trabajadores «se cogen la baja» durante una o dos semanas para poder disfrutar de esos días por todo lo alto? La propia expresión «cogerse la baja» hace que parezca una decisión voluntaria del trabajador, como si fuera una excedencia, cuando tiene que haber una baja médica firmada para obtener tal dispensa.

Como sé que siempre que se critica a alguien se interpreta como una crítica a todo un colectivo, en este caso a los gaditanos, voy a aclarar algo desde el principio: no, no critico a los gaditanos, critico a los absentistas profesionales (que los hay) de cualquier provincia o localidad. Solo a esos y a los que los apoyan. He trabajado dos años en Cádiz, y he trabajado mucho, como la mayoría de mis compañeros, así que del tópico del andaluz vago no he visto nada de nada, sino más bien al contrario. Conozco Jerez de la Frontera, San Fernando, El Puerto de Santa María, la Tacita de Plata, esa maravilla que es Vejer de la Frontera o el casco histórico de Tarifa, las fenomenales playas de Bolonia y Zahara de los Atunes, he jugado al fútbol en Algeciras, al baloncesto en Los Barrios y he tenido barbacoas en San Roque y Barbate, he comido algunos de los mejores pescados de mi vida en Palmones (junto a La Línea de la Concepción) y en Getares (Algeciras), he recorrido varias veces la Ruta del Toro… tengo numerosos amigos en aquella provincia, ¿podré hablar sin que se me ataque? Lo intentaré, pero seguro que alguien se ofende tras el intento.

La provincia de Cádiz suele andar en los primeros lugares de absentismo laboral en España, y buscando estadísticas, encuentro que ya en 2008 era la provincia con la tasa más elevada no solo de nuestro país, sino de Europa:

Conviene distinguir entre el absentismo real, provocado por bajas médicas como consecuencia de enfermedades o accidentes, que podría estar relacionado con un tipo de trabajo con alto grado de penosidad (industria, minería, construcción), y el absentismo por la cara, entendido en el sentido de la RAE:

Si parte del absentismo se debe a esa abstención «deliberada» de asistir al puesto de trabajo, podría ocurrir que el mismo subiera o bajara en función de otras circunstancias, como el mayor control del empleador sobre el trabajador en función de la situación económica, por ejemplo. Tras ese año 2008, con la crisis, el cierre de negocios, los despidos y la dificultad para encontrar un empleo, el absentismo se redujo de manera considerable. Como dice acertadamente este artículo de La Voz de Cádiz: «No hay que olvidar que durante los años de la crisis se cerraron en la provincia unos 10.000 negocios y la tasa de paro llegó hasta el 42% de su población activa. La caída del absentismo fue fruto del miedo a perder el empleo. Quien tenía un trabajo tenía un tesoro».

Con la recuperación económica volvió a incrementarse el absentismo y sin embargo, al cierre de 2021, la tasa de absentismo en Andalucía se mantiene entre las más bajas de España:

Y por terminar con la foto global de la situación, la provincia de Cádiz tiene la mayor tasa de desempleo de toda España (fuente: Statista.com):

El 25,6 por ciento de la población, una aberración que se mantiene desde hace décadas. Aquí es donde comienza la picaresca, y seguramente por la falta de empleo se ha perpetuado en Cádiz la figura de esos «artistas» que la chirigota de los carnavales con la que empieza este post describió durante el concurso de 2019: «los busca pagas». A esos es a los que critico, no solo yo, sino la mayor parte de los gaditanos. A esos y a los que tienen trabajo fijo (a ser posible en una empresa pública o relacionada con la Administración), pero se escaquean de acudir a sus puestos de trabajo. Un trabajador del ayuntamiento de Cádiz se hizo «famoso» por estar catorce años cobrando sin acudir a su puesto de trabajo. Su historia no tiene desperdicio.

El periodista de El Diario de Cádiz Fernando Santiago describió varios de estos casos hace años en un artículo titulado Cobazos, un artículo que ha sido borrado de la web del periódico, pero que he podido encontrar. En él y en posteriores artículos, como el escrito en El País titulado Delphi dramatis personae, contaba lo ocurrido con el cierre de las fábricas de Delphi en la provincia, allá por 2007. La multinacional norteamericana tenía 30 fábricas repartidas por el mundo y las tres de Cádiz presentaban los mayores índices de absentismo, sobre el 16 por ciento. La cuarta era la de Sant Cugat del Vallés, con el 8 por ciento. «El capitalismo funciona así: hace 25 años Delphi llegó a Cádiz porque los costes salariales eran bajos. Ahora no les salen las cuentas y se llevan la producción a otro lado», decía el periodista. Sus artículos no sentaron nada bien en la provincia:

Aparte del absentismo, luego están las pensiones por incapacidades permanentes, o cómo seguir cobrando sin trabajar. Según este otro artículo más reciente, de El Español de 2018, «desde 2008, año de la irrupción de la crisis en España, hasta el 1 enero de 2018, Cádiz es la provincia española donde más pensiones por incapacidades absolutas se han concedido de todo el país. En la última década, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), una de cada cuatro personas que han empezado a recibir una paga vitalicia por no poder trabajar era gaditana«. El artículo trata varios de los casos de fraude que se detectaron en su día: mecánicos mancos, pacientes que no pueden mover las muñecas, pero conducen motos, «incapacitados» que van al gimnasio o abren el maletero del coche con el brazo que no pueden mover…

La picaresca, la búsqueda de la paga, llegó a crear incluso una trama con los accidentes de tráfico: el llamado «cuponazo cervical». Fingir lesiones para cobrar una indemnización. Una historia a la que el programa de La Sexta Equipo de Investigación le dedicó un programa.

Afortunadamente, los tribunales, aunque sea de manera lenta y con retraso, van poniendo coto a los desmanes provocados por un grupo de jetas:

O los famosos sordos de Astilleros Españoles, hasta 800 personas que obtuvieron una incapacidad permanente, si bien se sabía de varios casos de ellos que no lo eran y actuaban en comparsas ¡o daban clases de música!

«Nadie puede creerse que en Cádiz haya casi 800 sordos por Astilleros que en los años 90 tuvieron el visto bueno del Gobierno para prejubilarse y cobrar una pensión. Conozco a algunos de los de «verdad»…». «Si en aquella ocasión hubiese existido la operación Karlos a más de uno que en su día apoyó esta reconversión le temblaría el pulso si ahora revisaran esos informes médicos que el Gobierno dio por válidos».

Según José Blas Fernández, presidente del Consejo de graduados sociales de Andalucía, y residente en Cádiz, durante los últimos años del franquismo se fomentó la intervención pública en la provincia, con los astilleros o la antigua tabacalera, y la ciudad se llenó de funcionarios. «Con la posterior integración en la UE, se limitó mucho lo público y se empezó a eliminar puestos de trabajo y empresas que iban de la mano del Estado. Para que no hubiese un trauma social, se buscó la fórmula de jubilar a la gente de una manera encubierta. Se optó por concederles una invalidez permanente absoluta, que no cotiza ni da cuentas a Hacienda, a diferencia de la pensión de jubilación«.

De acuerdo, pero todo eso ya pasó, quiero creer, casi todo lo contado tiene más de diez años de antigüedad, aunque es cierto que se creó una cultura nociva en parte de la población. Ahora mismo, como figura en la estadística mostrada, la cifra de absentismo es inferior a otras regiones sin esta fama, como Asturias y el País Vasco. Y el drama del paro sigue siendo la mayor preocupación de los gaditanos, muy por encima de la Covid:

La preocupación de la gente de bien, de los currantes, de sus hijos y familiares, de los valientes que se atreven a emprender, de los sacrificados que tratan de sacar sus negocios adelante. De la buena gente que hay por allí, no de los «busca pagas» de la chirigota. Por cierto, la chirigota no fue bien recibida por el auditorio, porque el asunto no tiene ni puta gracia.

Sobre la reforma laboral y el mercado de trabajo

JOSEAN, 16/01/2021

Hace un montón de años, cerca de veinte, escribí la primera parte de este post para tratar de explicar la tipología de contratos laborales existentes a unos compañeros de trabajo. Más en broma que en serio, pero la coña sirvió para que atendieran la explicación, así que me ha parecido adecuado rescatar el texto. En esos momentos estaba vigente la reforma de 1997, la realizada durante el gobierno de Aznar, una reforma aprobada con el consenso de patronal y sindicatos, al igual que la recientemente acordada en diciembre de 2021, o la de 2006, que incorporaba una serie de modificaciones bajo el gobierno de Zapatero. Aquel texto (repito, de principios de siglo), que me servirá de introducción para hablar del actual Real Decreto-ley 32/2021 y sus modificaciones, decía lo siguiente:

«Si la empresa es un pequeño mundo, el contrato, en cuanto vínculo, equivaldría a las relaciones de pareja. Y al igual que hay relaciones de todo tipo, existe una amplia variedad de contratos, conforme a la legislación laboral, civil y de parejas de hecho. Los más usuales son los siguientes:

  • Indefinido: hace años se le daba un valor que hoy no tiene, al igual que se le daba al matrimonio. Pero después de las últimas reformas laborales y de la Ley del Divorcio, el contrato indefinido y el matrimonio no son más que relaciones duraderas que se pueden romper en cualquier momento. A cambio de una cuantiosa indemnización, claro.

Y si existen contratos indefinidos, también los hay eventuales. Y rolletes de fin de semana. Un contrato eventual puede tener las siguientes modalidades:

  • En prácticas: la pareja convive un determinado tiempo, y cada seis meses se replantea la continuidad. En caso de conformidad por ambas partes, al cumplir los dos años se firma un contrato indefinido.
  • Por obra o servicio: son relaciones que se inician sin conocer la duración final del contrato, pero sabiendo que cumplen una función determinada (olvidar otra relación, aprovechar hasta que llegue algo mejor, aprendizaje,…) y que al concluir dicha función, lo más probable es que el contrato no se prorrogue. Algunos se llevan la gran sorpresa, firman el contrato indefinido y pasan por la vicaría o el juzgado.
  • Por circunstancias de la producción: equivaldría a los rolletes de poco tiempo surgidos de la necesidad fisiológica de dar rienda suelta a la libido. Existe una variedad poco habitual de contrato, como es el que firmó Madonna con su profesor de gimnasia para tener un hijo, y que vendría a ser algo así como un eventual por circunstancias de la reproducción.
  • Sustitución de vacaciones: muy habitual en verano, consiste en liarse temporalmente con un/a mozo/a, mientras la pareja fija se encuentra con sus padres en un pueblo del interior. Su firmante suele llamarse Rodríguez y tiene las ventajas de cubrir una necesidad, un bajo coste y nula indemnización por final de contrato.
  • Sustitución de baja por maternidad: son muchas las empresas que intentan no realizarlo debido a su poca practicidad. Su período de duración es de dieciséis semanas, tiempo durante el cual la parienta parturienta se encuentra en paro biológico y… no es recomendable, No, de verdad.
  • A tiempo parcial: se pueden realizar varios a la vez (lo que en el argot se llama “doblete” o “triplete”), con un límite de cuarenta horas semanales, lo cual sobrepasa (y con mucho) la capacidad humana de resistencia.
  • De formación: se trata de una variedad de contrato ya extinguida. Su función venía a ser iniciar y ejercitar en varias fases al adolescente barbilampiño a cambio de pagarle una ridiculez. El símil no es sencillo, me recuerda a esos libros antiguos en los que se cuentan historias acerca de chavales que realizaban su primera práctica y aprendizaje en un prostíbulo. Las nuevas generaciones han cultivado notablemente estas habilidades, razón por la cual se decidió su extinción.

Existe una última variedad de contrato, la de ese individuo que un buen día decide instalarse por su cuenta y darse de alta como autónomo. Vamos, yo conmigo mismo, un Juanpalomo, o, por seguir con la metáfora, el que practica el amor propio».

Fuera bromas, el Real Decreto-ley aprobado el 28 de diciembre tendrá que pasar ahora el trámite parlamentario, para lo cual el gobierno está buscando los socios y los votos necesarios. Un proceso en el que volverán a surgir las peticiones de los de siempre para conseguir apoyos o pasta en otros temas que no tienen nada que ver con la reforma laboral. Y la reforma laboral no solo era necesaria, sino una exigencia de Europa para el acceso a los fondos europeos de recuperación. Sin entrar a valorar lo acordado, porque es pronto para hacerlo y está por ver que funcione, el simple hecho de que se haya alcanzado un acuerdo entre patronal y sindicatos es una buena noticia. No se ha llegado tan lejos como pretendían los sindicatos, que hablaban de una derogación completa de la anterior reforma, ni la balanza se ha decantado hacia el lado de los empresarios, lo que lleva a pensar que a priori pueda ser una reforma equilibrada.

«Hablar de reforma laboral en España es evocar un larguísimo proceso de cambios normativos que no han logrado, sin embargo, acabar con los graves problemas de nuestro mercado de trabajo: el desempleo y la temporalidad». Así empieza el Real Decreto-ley del pasado mes de diciembre. Cuarenta años de reformas y seguimos con las tasas de desempleo y temporalidad más altas de la Unión Europea. La tasa de desempleo se sitúa en el 14,1%, y en cuanto a los tramos de edades, tanto en el desempleo de los jóvenes como en el de mayores de cincuenta, las cifras son desoladoras.

En asuntos tan serios y de interés general conviene no dejarse llevar por los cálculos electorales y buscar el mayor consenso posible. Igual que en este blog he criticado anteriormente a Yolanda Díaz, parece que en esta ocasión su obstinación o su capacidad negociadora (reconocida por los intervinientes en el acuerdo) ha sido clave para que se alcanzara ese consenso entre los agentes sociales. Así se desprende de los comunicados de CEOE y CEPYME por un lado, y UGT y CCOO por otro. Faltará ahora encontrar el consenso con el resto de partidos del Congreso. La anterior reforma laboral no creó tres millones de puestos de trabajo, como ha repetido hasta la saciedad Pablo Casado, porque los puestos de trabajo no los crean los gobiernos, sino los empresarios, a los que hay que dotar de marcos legales favorables para la creación de empleo en épocas de crecimiento económico, y para que la destrucción no sea tan directa cada vez que llegan las vacas flacas. Y eso incluye tanto la normativa laboral como fiscal, como regulatoria o favorecedora de la competencia. Como tampoco es cierto que se hayan recuperado los niveles de empleo pre-pandemia (Yolanda Díaz dixit), pese a las esperanzadoras cifras de crecimiento de empleo del año.

La cifra de creación de empleo «está maquillada por un buen número de trabajadores en ERTE (132.049 ocupados en promedio mensual, una cifra que parece haber dejado de reducirse, los autónomos acogidos a las prestaciones extraordinarias (108.178) y el fuerte aumento del empleo público en los dos últimos años (211.800). Si se descuentan todos estos factores, el mercado laboral del sector privado seguiría a día de hoy con 35.654 ocupados reales menos que antes de la crisis» (Fuente: Expansión).

La otra gran diferencia respecto a nuestros socios europeos que las sucesivas reformas no han logrado atajar es la temporalidad. Según el estudio de Statista, España destaca con mucho en el porcentaje de contratos temporales respecto al resto de la Unión Europea:

Recomiendo este análisis de Javier Esteban en Iberinform sobre el asunto, en el que ya plantea la cuestión acerca de si una reforma laboral podrá acabar con la temporalidad en nuestro país. En el informe aparecen cuadros como el que copio a continuación, en el que se representan las tasas de afiliados a la Seguridad Social según la duración de su alta. La mala praxis de algunas empresas queda reflejada en esta aberración:

La nueva reforma laboral tiene la difícil tarea de crear ese marco adecuado para el crecimiento del empleo y que además el mismo sea de calidad. Aquí dejo dos enlaces a los aspectos claves de dicha reforma (Informe KPMG e Informe EY), que resumo muy brevemente:

  • Limitación a la contratación temporal y desincentivación de la misma: se suprimen los contratos de obra y servicio, eventuales y de interinidad. Solo se admitirán los contratos temporales por circunstancias de la producción y los de sustitución (tendré que actualizar la broma del principio), y se penalizarán las contrataciones por tiempo inferior a 30 días.
  • Impulso al contrato fijo-discontinuo.
  • Creación de un nuevo contrato formativo: se sustituyen el de prácticas, el de formación y aprendizaje y el de la formación dual universitaria por dos nuevas modalidades, el contrato formativo en alternancia (para la obtención de formaciones universitarias o de FP) y el de la obtención de la práctica adecuada al nivel de estudios. Este último tendrá una duración máxima de un año, cuando antes su equivalente podía llegar a dos.
  • Se limita la prioridad aplicativa del convenio de empresa al excluir de la misma el salario base y el resto de complementos salariales, manteniendo su prioridad frente a otros de ámbito superior en el resto de materias.
  • Se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos, una de las medidas con mayor número de detractores.
  • Se flexibiliza la normativa referida a los ERTEs, incorporando algunos de los aprendizajes obtenidos durante la pandemia (reducciones de plazos, causa de fuerza mayor por limitaciones de actividad por situaciones como la vivida en 2020, formación,…).
  • Otras medidas específicas sobre la subcontratación o el convenio de construcción, o el régimen de sanciones.

Es muy pronto para juzgar la efectividad de la reforma, veremos si finalmente funciona o, como viene ocurriendo en las anteriores, solo lo harán algunas de las medidas. El tejido empresarial español está poblado de pymes y micropymes que son las que suelen verse más afectadas por todos estos cambios, como se vio con el incremento del SMI. Ojalá se recupere la actividad económica, eso es lo que de verdad hace falta. Tanto como que se empleen los fondos europeos de manera adecuada.

No mires atrás, no mires arriba…

No hay que mirar hacia atrás a menos que sea para obtener...

05/01/2022

Comenzamos un nuevo año en el blog (¡el octavo ya!) y, como tantos inicios de año, nos encontramos en las agendas con frases sobre dejar atrás lo ya vivido y centrarnos en lo que está por venir, como con cierto reproche:

«Sabes que estás en el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar atrás».

«No mires atrás, ya no vas por ese camino».

Luego están esos otros que llevan al extremo aquello de vivir el momento: «Disfruta hoy de la vida, el ayer ya se ha ido y el mañana puede que no llegue».

Lester: Pues… siento discrepar, pero me parece que en este blog no hacemos otra cosa que mirar continuamente al pasado, quizás para entender mejor el presente, para pensar en el futuro o para recordar momentos placenteros, que los hubo y muchos. «Que el objetivo de mirar atrás sea ver recuerdos y no sueños«, o puede que sea por algo como lo indicado por George Washington en la cita de la entrada, para aprovechar la experiencia adquirida.

Sea por la razón que sea, aquí dejamos un resumen de dos minutos de lo que fue el año 2021:

Y varios de los temas mencionados en el vídeo aparecieron en el blog: algún viaje, una realidad convulsa, la memoria y los recuerdos, o mi vuelta a las carreras tras pasar la covid y una lesión de varios meses. Precisamente el post sobre el maratón de Madrid ha sido el texto más leído del año del Amiguete Lester, que no del blog:

  1. Volver al asfalto
  2. Nuestro Nobel de Economía
  3. De ofendiditos y pollaviejas

Travis: El vídeo termina con una reflexión extraída de No mires arriba, la película de la que quizás más se ha hablado durante las últimas semanas. La obra de Adam McKay es una sátira despiadada de la política, los medios de comunicación o las redes sociales norteamericanas, que por extensión podemos pensar que se asemeja mucho a los del resto del mundo. ¿De verdad son/somos tan gilipollas? Pese a sus fallos, es una película muy entretenida y que merece la pena ver.

Por seguir con el asunto del inicio de este post, No mires atrás era otra de esas películas nostálgicas de Edward Burns, un tipo que consigue ser cargante cuando quiere ser demasiado protagonista. El título dice una cosa, pero su protagonista, Lauren Holly, parece empeñada en hacer lo contrario y recuperar un pasado, si es que tal cosa es posible.

¿Es No mires arriba la mejor película del año? Ni de coña. No tengo recuerdos de una gran película del año. Nomadland, la triunfadora de los Óscar, me pareció un plomazo. No he querido ver Dune ni la última de Matrix por lo que he leído de ambas o lo que me han contado los que las han visto. El último duelo, de Ridley Scott, está bastante entretenida, pero si tengo que destacar un cine desinhibido y nada sutil, directo como un puñetazo, quizás lo más interesante que haya visto sea la danesa Otra ronda, de Thomas Vinterberg (esta sí habla del poder de una copa de vino o de varias), y Una joven prometedora (Emerald Fennell). Y lo mejor de lo mejor, La mujer que escapó, de Hong Sang-soo, una obra apabullante y diferente ahora que es muy cool decir que te gusta el cine de Corea del Sur. (La verdad es que no la he visto y no tengo ni idea de si es un truñaco o no, pero es lo que toca decir para ir de entendido en la materia).

Los tres textos más leídos del Amiguete Travis en 2021 fueron escritos en años anteriores, qué le vamos a hacer:

  1. Watchmen (II): la película
  2. Frases de cine para usar en el trabajo (II)
  3. ¡Qué bello es vivir!

Barney: no voy a hacer un extenso resumen del año porque ya está hecho en dos artículos paridos en La Galerna que hablan un poco de este año extraño: Juegos Olímpicos en año impar, los conflictos de la Superliga con la UEFA, los zarpazos de la FIFA y la UEFA a los clubes, la salida de Zidane y sus críticas a la prensa, la marcha de Ramos y Messi de la Liga española, la vergüenza del mundial de Catar o acerca del racismo existente en algunos estadios de fútbol…

Aquí dejo un enlace a ambos artículos, en los que salen muy mal parados los medios:

Compendio de portadas macabras, primera parte

Compendio de portadas macabras, segunda parte

Pero como estamos en la tarde en la que estamos, 5 de enero, prefiero dejar a los lectores un relato escrito recientemente sobre una tarde de Reyes que ocurrió en el Bernabéu hace exactamente diecisiete años. Tarde de Reyes.

Los post más leídos del Amiguete Barney en 2021 fueron los siguientes:

  1. El Real Madrid como cebo
  2. Propuestas para cambiar el Reglamento del fútbol (I)
  3. El futbolista coge la pluma (I)

Josean: No mires arriba, no mires atrás, no mires abajo, que decía el funambulista (por distintos motivos a los de Hugh Grant en aquel callejón), no mires a los ojos de la gente, que cantaba Germán Coppini, de Golpes Bajos… ¿Y qué tal si dejamos de decirle a la gente lo que tiene o no tiene que hacer? Y que cada uno mire lo que le salga de las pelotas, que hay un poco de hartazgo ya después de tantos meses. Muchos de los textos de este año han ido sobre toda esa normativa: fiscal, laboral, de conexión o descojonexión digital, de comportamiento incluso en nuestros propios hogares, de residuos, cambio climático, libertad de expresión,… Y la palabra sostenibilidad para todo, hasta cuando no pega ni con cola.

Los artículos más visitados este año fueron estos tres, los dos primeros de años anteriores. Por alguna extraña razón que se me escapa, pero que puede que tenga que ver con el miedo y el rechazo, se ve que los temas tratados interesaban más que tanta normativa imperante e imperativa:

  1. La esquizofrenia del CFO
  2. La falacia del ebitda
  3. El mercado de humos

Vamos a por 2022, muchas gracias a los lectores que nos acompañan (en muy buen número) otro año más.

Reducir, reusar, reciclar… residuos, ¿recursos?

JOSEAN, 28/11/2021

La semana que hoy termina ha sido la European Week for Waste Reduction, la Semana Europea por o para la Reducción de los Residuos, una semana en la que, al igual que en la reciente Cumbre de Glasgow (aquí definida como Día de la Marmota), se ha hablado mucho de «lo que hay que hacer» y se ha insistido en que «hay que actuar pronto», pero por desgracia con resultados poco concluyentes. Por supuesto que se logran avances, pero con una lentitud en muchos casos exasperante, con incumplimientos continuos de las metas marcadas. Cambiar un modelo productivo que lleva funcionando décadas no es una tarea sencilla y la innovación para buscar alternativas suele ser una apuesta arriesgada y de coste elevado en el corto plazo, pero no tengo ninguna duda de que solo la investigación y los avances tecnológicos, unido a la sensibilización ciudadana, permitirán que todas esas palabras que suenan tan bien como «economía circular», «infraestructuras verdes» o «modelo sostenible» sean reales y no simples quimeras.

Hemos pasado de las tres «erres» tradicionales (reducir, reutilizar y reciclar) a las cinco (añadiendo reparar y recuperar) e incluso a algo más ambicioso, puesto que vamos ya por las siete «erres» del proceso: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Repensar el modelo. Pero si este proceso se convierte en una especie de Scattergories con la R, a mí se me ocurre que dentro de la economía circular no cabe otra alternativa que considerar al Residuo como un Recurso más que incorporar a la cadena productiva.

El Consejo de Ministros aprobó en mayo de este año el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, una ley necesaria que se une a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la Estrategia Española de Economía Circular (España 2030) y a las directivas de la Unión Europea que conforman el Paquete de Economía Circular. El proyecto de Ley de Residuos:

  • Introduce restricciones a los plásticos de un solo uso y propugna su eliminación.
  • Plantea objetivos de reducción de residuos en varias fases. La reducción de envases en origen, en la distribución y en la propia venta al público de productos resulta fundamental en el proceso.
  • Prohíbe la destrucción de excedentes de productos no perecederos (textil, juguetes, aparatos eléctricos).
  • Trata de combatir el despilfarro de alimentos.
  • Obliga a ayuntamientos y entidades locales a implementar nuevas medidas de separación de residuos en origen y su tratamiento previo al depósito en vertederos.
  • Y un aspecto posiblemente clave: se crea un nuevo impuesto a la incineración y eliminación de residuos en vertederos.

La nueva Ley de Residuos sustituirá a la anterior, de 2011, en la que se fijaba una serie de objetivos de cumplimiento para 2020 en materia de reciclaje y depósito de residuos en vertedero (acordes con las directivas europeas) que no se han cumplido. El objetivo del 50% de reutilización y reciclado en 2020 quedó lejos de alcanzarse y, según los últimos datos que he podido encontrar en la web del propio Ministerio para la Transición Ecológica (datos de 2018), apenas el 35% de los residuos fueron reutilizados o reciclados:

Este mal dato provocó que dieciséis organizaciones ecologistas presentaran una denuncia ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa europea en materia de residuos. Para que los menos habituados se hagan una idea de las cifras manejadas (y hablo solo de residuos municipales), cada ciudadano produce una media aproximada de 1,3 kilos de residuos diarios, unos 500 kilos anuales. Según la citada Memoria del Ministerio, en España se generaron 22,3 millones de toneladas de residuos. De basura. Si miramos el cuadro, comprobamos que más de la mitad acabaron enterradas en un vertedero. Las instalaciones autorizadas para el tratamiento de los residuos son las siguientes (pág. 9 de la Memoria):

No es una sensación, sino una certeza: hay pocas instalaciones adecuadas para el tratamiento de los residuos. Y numerosos vertederos con una capacidad ¿para…? ¿Hasta cuándo? ¿Es sostenible este modelo por tiempo indefinido? Según el Miteco, «en estos vertederos se depositaron otros residuos, entre ellos residuos industriales no peligrosos y lodos de depuradora. En gran parte de estos vertederos existen sistemas de captación del biogás producido, siendo aprovechado en la mayoría de ellos para producir energía eléctrica». Esa es otra, «gran parte», «la mayoría»… vuelvo a la consideración del residuo como un recurso infrautilizado. La detección reciente de la mayor emisión de metano de Europa junto al vertedero de Valdemingómez por parte de la ESA (Agencia Espacial Europea) nos ha permitido saber que el metano expulsado a la atmósfera podría generar energía suficiente para abastecer las necesidades de 350.000 hogares.

El objeto de este post no es hablar del metano, el segundo de los gases que más contribuye al calentamiento global tras el dióxido de carbono (recordad El mercado de humos), pero sí quería aprovechar el dato para destacar que cuando se habla del metano el debate se suele centrar en la ganadería, pero muy poco en la fermentación de la materia orgánica en vertederos. La reciente cumbre de Glasgow planteó la reducción de sus emisiones en un 30% para 2030 respecto a los niveles actuales. Pero las cifras que se van a invertir son (again!) ridículas:

300 millones de dólares entre 103 países, hagan cuentas.

Volviendo al asunto de los residuos y su reciclado, los nuevos objetivos marcados por Europa (abril de 2018) son aún más ambiciosos que en la década precedente:

  • Para 2025, los Estados miembros deben reciclar un 70 % de los metales ferrosos y residuos de vidrio, un 65 % de los envases, un 75 % del papel y el cartón, un 50 % de los residuos plásticos y de aluminio y un 25 % de la madera.
  • Para 2030, un 80% del papel y el cartón, un 70 % de los envases, un 80 % de los metales ferrosos, un 75 % del vidrio, un 60 % del aluminio, un 55 % del plástico y un 30 % de la madera.
  • Las metas fijadas para los residuos municipales suponen que su reciclado debe ser de al menos un 55 % en 2025, un 60 % en 2030 y un 65 % en 2035. También propone reducir el desperdicio de alimentos en un 50 % para 2050 y que solo un 10 % de los residuos municipales terminen en vertederos en 2035.

Me quedo con este último dato. Si se pretende que apenas un diez por ciento de los residuos acaben en vertederos, o que el reciclado alcance las cotas fijadas por la Unión Europea, no queda otra que realizar inversiones serias y potentes en la materia. El sector de tratamiento de residuos calculó las inversiones necesarias en 10.000 millones de euros, incluyendo en esa cifra no solo la construcción y mejora de las plantas de tratamiento, sino también la implantación de la movilidad eléctrica en la flota de vehículos municipales de limpieza viaria y recogida de residuos (unos 20.000 vehículos).

Apenas se ha invertido en plantas de tratamiento de residuos en España en la última década debido a la situación de buena parte de las administraciones públicas, y la ocasión que brindaban los Fondos Next Generation para modernizar las instalaciones era única. El sector proponía la mejora de la recogida selectiva, incorporando otros residuos como los aceites de cocina o el textil, y la investigación en nuevas tecnologías de valorización de residuos para obtener más y mejores materias primas secundarias a partir de los residuos, pero la sensación que queda es de ocasión perdida. Según Mariano Sancho, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano, de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, apenas 3.782 millones se destinarán a la Estrategia de Economía Circular, de la que además no se ha especificado las partidas destinadas a valorización de residuos, mejoras de infraestructuras de reciclaje o electrificación de las flotas de servicios urbanos. Como aspecto positivo al menos, cabe destacar que se trata de una partida muy superior a los 400 millones de euros asignados en los Presupuestos Generales del Estado para la materia, una cantidad irrisoria cuando se habla continuamente de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Siguen pasando los meses, se avanza muy lentamente y apenas hay noticias del destino de los fondos. El tiempo apremia si se pretende alcanzar los objetivos intermedios, los de 2025. Las inversiones en plantas de residuos manejan plazos amplios de proyecto, licitación, recursos, ejecución y puesta en funcionamiento, y 2030 está a la vuelta de la esquina. Se presentaron 1.300 proyectos de fomento de la economía circular al Miteco, luego la excusa no puede ser que no exista una idea clara de qué hacer con los fondos. La colaboración público-privada será fundamental para revertir el proceso actual. Hay cientos de ideas interesantes para robotizar las plantas e incrementar su eficiencia, para aumentar los usos del subproducto generado y reducir el residuo que se lleva al vertedero, para recoger el aceite usado, primar el retorno de envases o sustituir el plástico o el papel. Muchas de ellas provienen de pequeños empresarios con grandes ideas y mucho entusiasmo. En algunos de los sectores más contaminantes, como el textil, aparecen empresas como Ecoalf o Sepiia, que producen a partir de material reciclado. Pero todo esto no es posible sin el apoyo de los consumidores y sin medidas adicionales que se tienen que tomar desde el propio gobierno. Una de estas prendas no puede competir en precio (ni lo pretende) con una camiseta traída de China, Bangladesh o Vietnam, luego quizás haya que completar las medidas con el establecimiento de aranceles verdes, un impuesto en frontera para evitar la competencia no sé si desleal de productos producidos en países con menores exigencias en materia de sostenibilidad o derechos de los trabajadores.

No es una buena época para incrementar los impuestos y aquí se habla de dos: el de eliminación de residuos en vertedero y el «arancel verde». Pero está claro que mientras sea más barato llevar los residuos a un vertedero que gestionarlos, o producir de cualquier manera que hacerlo de manera sostenible, seguiremos en una situación similar.

El Día de la Marmota del cambio climático

JOSEAN, 16/11/2021

En la prórroga y con una reducción de objetivos provocada por las presiones de algunos países, la Cumbre de Glasgow sobre el cambio climático ha cerrado con un acuerdo que, en palabras del propio presidente de la COP26, Alok Sharma, resulta «imperfecto». Entre los principales puntos de la declaración destacan:

  1. Los países se comprometen a poner en marcha “todos los esfuerzos necesarios” para que la temperatura del planeta no se incremente por encima de los 1,5 grados y que de ese modo se puedan evitar “los impactos más catastróficos del cambio climático”.
  2. Reducción de emisiones: los países se comprometen a limitar sus emisiones y a implementar las medidas necesarias para el control de las mismas mediante la presentación de planes que se revisarán periódicamente.
  3. Financiación del fondo: los países desarrollados «deben» contribuir al mecanismo de financiación de 100.000 millones de dólares anuales para la mitigación y adaptación de sus sistemas de los países en desarrollo.
  4. Objetivo a largo plazo: los firmantes se comprometen a alcanzar el objetivo de emisiones cero «tan pronto como sea posible», poniendo los mecanismos necesarios para reducir las emisiones y compensar las mismas con la adopción de otra serie de medidas.
  5. El cumplimiento del acuerdo dependerá de los propios países firmantes, de su transparencia (y casi buena fe, añadiría) y no se establece un régimen fiscalizador, ni sancionador del mismo.

Los dirigentes de los países firmantes se han felicitado por el acuerdo alcanzado, mientras que los grupos ecologistas critican su falta de ambición y la poca concreción de las propuestas. El caso es que estos días leía sobre los avances de la cumbre de Glasgow y me sonaba todo muy conocido, tanto, que he hecho trampas: estos cinco puntos que acabo de escribir, así como las reacciones tras la declaración conjunta, no corresponden al acuerdo alcanzado ayer, sino a los compromisos firmados en el Acuerdo de París en 2015. ¡La mayoría son calcados! Y para que vean que no exagero, dejo aquí un resumen de la declaración firmada este fin de semana:

  1. Los países deberán revisar sus compromisos climáticos con objeto de reducir las emisiones un 45% en 2030 respecto a las existentes 2010, con el objetivo de que la temperatura del planeta no se incremente más allá de 1,5 grados.
  2. Los países reconocen la necesidad de destinar recursos financieros, tecnológicos y de capacitación para adaptarse a las exigencias del cambio climático y presentarán sus planes en la COP27, para que toda la información esté disponible en 2023.
  3. Financiación del fondo: los países firmantes reconocen la urgencia de dotar dicho fondo para facilitar la adaptación de los países en desarrollo, para lo cual los países desarrollados deberán duplicar sus aportaciones en 2025 respecto a las realizadas en 2019.
  4. Objetivo a largo plazo: los firmantes se comprometen a alcanzar las emisiones cero de CO2 en el año 2050, y una reducción significativa de otros gases de efecto invernadero. Los países firmantes se comprometen a presentar sus planes para 2030, así como las estrategias para 2050, que serán objeto de revisión y seguimiento anuales.
  5. Transparencia: se finalizaron (¡por fin!) las reglas del Acuerdo de París, los mecanismos de cooperación, el marco de transparencia y la unificación de los plazos y esquemas de los compromisos de todos los firmantes. Era una demanda del sector privado desde 2015, pues se consideraba básico para generar confianza y credibilidad en el sistema.

Los firmantes se felicitaron por el acuerdo alcanzado: “Creo firmemente que el texto refleja un equilibrio de los intereses de todas las partes y nos permite actuar con la urgencia que es esencial para nuestra supervivencia”, dijo Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de los negociadores europeos. Por el contrario, las ONG lamentan su poca ambición y la vaguedad de sus propuestas. «Las buenas palabras no nos salvarán de la crisis climática», ha dicho Tatiana Nuño, Responsable de Cambio Climático de Greenpeace España, «necesitamos acción, medidas urgentes para transformar rápido los sectores responsables del cambio climático y abandonar los combustibles fósiles». Para Amigos de la Tierra, el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados se aleja y condena «aún más» a los países del sur.

Con pequeñas variaciones, este breve resumen es calcado al del Acuerdo de París. ¡Seis años después! ¿Entonces? ¿Le damos la razón a Greta y su “bla, bla, bla”? La eliminación de los combustibles fósiles y de las subvenciones a los mismos por parte de algunos países fue modificada en la declaración final (el borrador anunciado el miércoles era mucho más drástico) y quedó finalmente en un compromiso de reducción paulatina. Los medios señalaron a la India, Sudáfrica y China como los principales impulsores de esa reducción del objetivo, pero algo tendrían que ver también los lobbys de los combustibles fósiles acreditados en la Cumbre de Glasgow. Hasta 503, según The Global Witness, más que cualquier otra delegación o país asistente. Un peso muy superior al de los ocho países que están sufriendo en mayor medida los impactos del cambio climático, según la misma organización: Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, Mozambique, Bahamas, Bangladesh y Pakistán.

Pero no todo es negativo, o así debemos creerlo, y la declaración conjunta y por sorpresa de que los dos países más contaminantes del planeta, China y Estados Unidos, se comprometían a cooperar en asuntos climáticos durante la próxima década parece a priori una buena noticia. Está por ver en qué queda esa cooperación, pero de momento ambos gobiernos pretenden avanzar en materia de descarbonización, transición hacia una energía limpia y el control de las emisiones de metano.

Tras los primeros esbozos del Acuerdo de París sobre la creación de un mercado global de derechos de emisión de CO2, con todas sus imperfecciones (recordad El mercado de humos), parece que tras la Cumbre de Glasgow se avanzará en un sistema de medición, control y posterior compensación bastante más fiable que el actual. Soy bastante escéptico al respecto. Durante la propia cumbre supimos de un informe del The Washington Post en el que concluía que la mayoría de países falseaban los datos sobre sus emisiones contaminantes. Unos países no actualizan sus datos, otros omiten los gases fluorados artificiales (aire acondicionado, por ejemplo) o los productores de petróleo evitaban incluir las emisiones de metano en sus informes. The Washington Post calcula que el error de cálculo en las emisiones oscila entre los 8.500 millones y los 13.000 millones de toneladas anuales, es decir, un error una omisión de entre el 16 y el 23% de los gases emitidos a la atmósfera. Y si el error se da en las mediciones de lo emitido, no tengo la más mínima duda de que también lo hará en las aplicaciones de medidas de compensación (en la propia web del Ministerio).

Al final creo que los avances escasos en estos asuntos hacen que incluso los que no somos negacionistas dudemos de todo lo que se nos cuenta. Muy bien, el lenguaje es más agresivo, hemos pasado del calentamiento global al cambio climático, a la emergencia climática, al no retorno del planeta, a la «massive destruction» de esa niña aupada a los altares por los medios, han pasado seis años de París, ¿y ahora qué? Más de lo mismo. Pues no sería para tanto, dirán algunos. ¿Dónde quedó el agujero de la capa de ozono que iba a condenar irremisiblemente al planeta? Pues en 2019 alcanzó su mínimo histórico, y si bien ha incrementado su tamaño en los últimos dos años, parece que habrá desaparecido por completo para 2060 ó 2080. Lo que puede dar argumentos a un negacionista es precisamente una prueba palpable de todo lo contrario, de que con medidas acertadas y consensuadas se puede revertir un proceso tan peligroso como nos contaban que era este. Y nuestro desconocimiento es parte del problema, hasta el punto de que ya nos fiamos de todo lo que nos cuentan con la misma confianza ciega que los habitantes de Pensilvania acerca de la longitud de la sombra de la marmota para predecir el final del invierno.

Hay mucho trabajo por hacer en este Día de la Marmota del cambio climático, otra cosa bien distinta es que la clase política, tan pendiente del corto plazo, afronte compromisos para varias generaciones. Qué bien nos lo ha explicado (una vez más) El Mundo Today:

Aquellas medidas imprescindibles

JOSEAN, 27/10/2021

Se acerca el final del año de la recuperación, o del inicio de la recuperación, o bien, del inicio de poner las bases para la recuperación futura, depende de lo optimista o pesimista que sea uno, y me ha parecido un momento adecuado para ver qué ha ocurrido con varios de los asuntos que hemos tratado en el blog en meses y años anteriores, relacionados todos ellos de un modo u otro con las cuentas públicas.

  • La recaudación de la llamada «tasa Google»: el impuesto sobre determinados servicios digitales recogía en su Memoria de Impacto una serie de cálculos «a globo» según los cuales se preveía recaudar entre 600 y 1.258 millones de euros. Recordad que ese amplio margen de error se hizo previendo «una tasa de actualización de las cifras muy alta». Lo que parece que finalmente será «muy alta» es la desviación prevista en la recaudación. Si extrapolamos los 92 millones recaudados en el primer semestre a la totalidad del año, nos quedaríamos en una cifra entre el 14% y el 30% de lo inicialmente estimado. La vida de este impuesto será corta y poco exitosa, pues tendrá que desaparecer cuando entre en funcionamiento el pacto global de la OCDE sobre el régimen fiscal de las grandes multinacionales. Esta misma semana hemos conocido el acuerdo entre los gobiernos de España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido con el estadounidense para eliminar este impuesto el 31 de diciembre de 2023 como muy tarde. La presión de Estados Unidos con amenazas arancelarias a los productos europeos ha forzado este acuerdo y dicho plazo, pues a partir del mismo entrará en vigor el impuesto pactado en el marco de la OCDE y el G-20.
  • El impuesto a las transacciones financieras, o la mal llamada «tasa Tobin»: la recaudación esperada por este impuesto para la totalidad del año era de 850 millones de euros. Sin embargo, tuvo ciertos problemas en su puesta en funcionamiento, que llegó a retrasarse hasta dos veces, lo que seguramente ha influido en su baja recaudación del primer trimestre. Según el informe de recaudación publicado por la Agencia Tributaria, la cifra fue de apenas 150 millones de euros, lo que, de mantenerse la tendencia, supondría alcanzar a final de año un 35% de lo estimado inicialmente.
  • Los pleitos planteados por grandes fondos de inversión tras los cambios regulatorios del sector eléctrico en 2010 y especialmente en 2013 se están resolviendo en su mayoría de manera desfavorable para los intereses del Estado español. Esta semana hemos sabido que Endesa, Iberdrola y Acciona no han acudido a la subasta de renovables por la «falta de seguridad jurídica» del sector, tras las sucesivas reformas, las vigentes y las recientes, tras las que se prevén nuevos conflictos judiciales. En 2016 dediqué un post completo a las sospechosas resoluciones que se estaban dando en España sobre estos asuntos y a cómo estas reclamaciones estaban llevando a nuestro país al primer puesto del triste ranking de litigios en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones). La seguridad jurídica salta por los aires, decía, y los litigios están llegando a su resolución.
No he sido capaz de encontrar una cifra fiable del importe de las indemnizaciones que tendrá que afrontar el Estado español para hacer frente a los pleitos planteados, pero parece que será (afortunadamente) sensiblemente inferior a los 15.000 millones de euros estimados en su día. Pese a haber ganado los dos primeros litigios a dos filiales extranjeras de Isolux, el goteo inicial era doloroso:
Mayo de 2017: Eiser, indemnización de 128 millones más intereses. Aun así, sensiblemente inferior a los 300 millones reclamados.
Febrero de 2018: Novenergía, pago de 58 millones más intereses.
Mayo de 2018: Masdar Solar, condena al pago de 64 millones más intereses. El fondo de Abu Dabi reclamaba un importe superior a los 250 millones de euros.
Junio de 2018: Fondo Antin. Condena al pago de 112 millones de los 218 reclamados inicialmente.

Este otro artículo de 2019 cifraba la cantidad que España tendría que pagar por los 45 litigios interpuestos en unos 7.000 millones de euros y avisaba de los fichajes de altos cargos de la Administración realizados por varios de los despachos de abogados a cargo de las demandas contra el Estado. Esas «otras puertas giratorias». La mayoría de estos inversores son fondos extranjeros que vieron sus inversiones comprometidas por las razones expuestas en el post, y en octubre de 2020 se zanjó un acuerdo con varios de ellos para arreglar las diferencias por unos 3.000 millones de euros.
  • El registro de jornada: en su día dediqué dos artículos a la normativa que trataba de controlar el horario de los trabajadores y que establecía un régimen sancionador para aquellas empresas que incumplieran la norma. El Real Decreto-ley tenía una serie de complicaciones y lagunas que no dificultaban el control, no solo por parte de las empresas (teletrabajo, viajes, formaciones, acceso a medios electrónicos…), sino de la inspección. Pese a ello, a los dos años de su puesta en funcionamiento, la Inspección había encontrado 8.616 infracciones, de las que resultaron 16.303.493 euros en sanciones. El período analizado cubre desde el 13 de mayo de 2019 (entrada en vigor) hasta el 12 de mayo de 2021, y sorprende el reparto en las sanciones:

2019: 2.940 infracciones. Importe: 6.327.769 euros.

2020: 4.120 infracciones. Importe: 7.226.615 euros.

2021: 1.556 infracciones. Importe: 2.749.106 euros.

El confinamiento y el teletrabajo no paralizaron la actividad inspectora y recaudatoria.

  • El mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades: los ataques a las empresas comenzaron en la época de Cristóbal Montoro y fueron continuados por la ministra Montero y el vice Iglesias. No podía ser que las grandes empresas pagaran menos del 7% en el Impuesto de Sociedades, nos decían, aunque para ello tuvieran que falsear y manipular los datos (Montoro miente y Las grandes corporaciones son malas), así que finalmente se aprobó un tipo impositivo mínimo del quince por ciento en el Impuesto de Sociedades. El anuncio tuvo efectos más propagandísticos que reales, porque una buena parte de los beneficios de las grandes empresas provenía de dividendos o del extranjero y, por tanto, ya habían pagado los impuestos correspondientes en otros países. Según cálculos presentados por la propia ministra de Hacienda María Jesús Montero hace un par de semanas, la nueva tasa mínima del Impuesto recaudará menos de 50 millones de euros en su primer año de vigencia. La cantidad que se esperaba recaudar era superior a los 400 millones de euros, pero tendrá que esperar como mínimo hasta 2023, en los pagos definitivos y no en los anticipos a cuenta del Impuesto. La ministra advertía de la baja recaudación de este impuesto, que «está aportando la mitad de lo que aportaba hace diez o quince años». Normal, cuando antes de 2008 los resultados de las empresas eran muy superiores a los actuales y no contaban con las bases imponibles negativas generadas tras esos años de crisis financiera o ahora con los impactos negativos de la Covid. Las pérdidas de las empresas se han convertido en un problema para la recaudación del Estado y el propio lenguaje de la ministra habla de «poner el foco en los créditos fiscales», como si las empresas celebraran o les viniera bien haber sufrido pérdidas.
Creo que es evidente que hay un patrón claro en todas las medidas aprobadas y en otras, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, y consiste en cargar sobre las empresas buena parte de los ajustes necesarios. Sin embargo, todas estas medidas, que no digo que no sean imprescindibles, o necesarias en muchos casos, inciden solo en la necesidad de incrementar los ingresos del Estado. La propuesta para implantar los peajes en las autopistas está en la misma línea y así aparece en los informes presentados a Europa para la obtención de los fondos del plan Next Generation. Sin embargo, se trabaja poco o muy poco sobre los ajustes o recortes en los gastos. También traté en su día sobre «el gran despilfarro» de gastos de las Administraciones, las «élites extractivas» que se perpetúan gobierno tras gobierno. Hace una semana, «con la que está cayendo», como se suele decir, nos desayunamos con un nuevo nombramiento de esos «imprescindibles» para afrontar los grandes problemas actuales de nuestra economía y sociedad:

En fin. Acaba de presentarse el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y tanto el Banco de España como la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) han cuestionado las premisas en las que se basan los mismos. Hace menos de un año dediqué dos artículos del blog a los Presupuestos presentados para el año 2021, y con todas las reservas del mundo, basándome en algunas premisas indirectas, concluí que parecían realizados como en las empresas que elaboran de manera forzada sus presupuestos: estimando de manera errónea los gastos, infravalorándolos, y “ajustando” luego a martillazos los ingresos para que cuadren con el objetivo que se pretende mostrar (que no alcanzar).

Parece evidente que determinadas políticas económicas terminan afectando a la competitividad de las empresas españolas. Por hacer un breve recopilatorio del sector energético: Naturgy ya tiene más de la mitad del capital en manos extranjeras, Endesa pasó a ser italiana hace tiempo, Sacyr ha dejado de ser el principal accionista de Repsol, y Cepsa ha cambiado de consejero delegado por decisión de los principales accionistas (el fondo anglosajón Carlyle y el holding emiratí Mubadala). Lo recordaba con preocupación este artículo reciente de La Vanguardia, Hablando de soberanías. Los grandes grupos están tocados y no les queda otra que desinvertir o enfocarse en otros mercados en los que se consideran mejor tratados (aquí dejo un resumen de las principales desinversiones de ACS, FCC; Ferrovial y OHL). Una pena.

El mercado de humos

JOSEAN, 17/10/2021

Vaya por delante que no soy ningún experto en la materia y que es muy posible que cometa errores, por más que haya tratado de documentarme sobre el tema, así que agradeceré al amable lector que me corrija cualquier imprecisión que haya cometido en este post. No voy a hablar de la factura de la luz, ni del disparatado precio del megavatio hora con el que nos desayunamos cada mañana, pero sí de uno de los componentes del mismo que me resultan más ininteligibles: el precio de los derechos de emisión.

La tarifa de la luz que se paga en los hogares se compone de dos grandes capítulos:

  • El coste de la energía, que se establece mediante una subasta en el llamado mercado spot, mercado mayorista.
  • Los costes regulados, donde entra toda la «política» de los gobiernos anteriores y presentes: impuestos como el IVA y los de la producción, el déficit de tarifa de la época de Aznar, las primas a las renovables de los tiempos de Zapatero, la moratoria nuclear, los cierres del carbón, los peajes de transporte y distribución, alquileres de contadores, los sobrecostes de producción no peninsular, costes de comercialización,…

Según un estudio del Banco de España publicado en agosto de este año (cuando el precio del megavatio hora era aproximadamente la mitad del actual), el cincuenta por ciento del incremento del precio de la electricidad se debe al encarecimiento del gas, y entre un veinte y un veinticinco por ciento es culpa de la subida del precio de los derechos de emisión. Luego estas dos variables explican tres cuartas partes de la acongojante subida, una subida que no solo afecta a las familias y particulares, sino a todo el tejido empresarial.

Sobre el precio del gas y las alternativas (ninguna en el corto plazo) ya han escrito mucho los expertos en la materia y no me voy a extender. Está totalmente desbocado debido al crecimiento de la demanda (fundamentalmente de Asia), la menor producción, las menores reservas existentes y los conflictos en países productores. Es algo que entra en mi obtusa cabeza: un bien escaso y necesario que sube de precio por el incremento de las necesidades de los países occidentales y ahora también de los asiáticos.

¿Pero a qué se debe el crecimiento no menos desbocado de los derechos de emisión? Los derechos de emisión son un coste que las empresas emisoras de CO2 deben afrontar y constituyen la aplicación práctica del principio de «quien contamina, paga». El primer mercado de derechos de emisión fue creado por la Unión Europea tras los acuerdos establecidos en el protocolo de Kioto de 2005. Según la web del Ministerio para la Transición Ecológica, este mercado «Cubre, en los 27 Estados miembros, las emisiones de CO2 de las siguientes actividades: centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras». Se ven afectadas por el mismo más de 10.000 instalaciones y más de 2.000 millones de toneladas de CO2, «en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Comunidad». ¿Solo el 45%? En fin. Sé que hay entidades que calculan las emisiones de cada instalación y agencias verificadoras de las mismas, pero desde que se creó no dejo de pensar que se trata de un mercado de «humo» de difícil control y seguimiento, pero, ¿por qué ha subido el precio de estos derechos?

El Acuerdo de París de 2015 tenía como objetivo lograr en 2030 una reducción del cuarenta por ciento de las emisiones en comparación con las cifras de 1990. Básicamente el Acuerdo pretendía fomentar el uso de energías renovables, menos contaminantes, por la vía de penalizar la producción basada en el uso de combustibles fósiles. Los derechos de emisión tenían una cierta estabilidad de precios en el mercado. Hace apenas tres años, el precio se movía entre los 6 y los 8 euros por tonelada, y en los años precedentes estuvo entre los 3 y los 4 euros, lo que hacía que fuera barato producir con tecnologías más contaminantes. La gráfica de lo ocurrido en 2021 con el precio de estos derechos recuerda a la cotización de las acciones de algunas compañías durante los años de la burbuja de las tecnológicas:

El precio ha llegado a superar los 60 euros por tonelada. Para el que quiera seguir la evolución de este curioso indicador, tiene la web del Sistema Europeo de Negociación de CO2, Sendeco2. Lo que ha sucedido para alcanzar esta locura es que el pasado mes de diciembre, el Consejo Europeo aprobó un acuerdo vinculante para elevar esos objetivos de reducción desde el 40% al 55%, y a menores derechos, lógicamente, mayores precios, puesto que las compañías tienen que adquirirlos para compensar sus emisiones. Pero no sé si solo esa decisión es la causante del incremento tan brutal, sino que, como apunta el Banco de España, «La escalada de los precios ha sido de una magnitud tan elevada (un 71% entre diciembre de 2020 y junio de 2021) que, según algunos analistas, no puede descartarse que exista un componente especulativo significativo».

Hace poco más de un mes leí este artículo del Wall Street Journal que decía que las compañías norteamericanas estaban calculando sus emisiones, pero que las mismas podían ser «tricky», es decir, directamente tramposas. Ponía ejemplos de Apple, Procter & Gamble o el (especialmente llamativo) caso de Microsoft, que había «recalculado» sus emisiones de 22 millones de toneladas a solo 11 por la aplicación de otra metodología de cálculo. Sé que no es lo mismo el mercado europeo que el norteamericano, y que sus cálculos tienen como objeto reportar a la SEC y a sus inversores de acuerdo con parámetros de sostenibilidad, pero no deja de ser significativo lo que el artículo explica acerca del cachondeo de la medición de las emisiones.

El artículo concluye destacando el hecho de que en Estados Unidos no hay un procedimiento estándar de verificación, ni quiénes deben realizarlo. La mayoría de empresas del S&P 500 realizan sus análisis con empresas de ingeniería o consultorías, generalmente menos rigurosas (según el artículo) que las auditoras externas de reportes financieros. Pero insisto, es Estados Unidos, y el objeto de estas mediciones es diferente al mercado europeo. ¿Y China? El dragón rojo, el país que más contamina del mundo con diferencia (el doble que Estados Unidos, según ClimateTrade) puso en marcha este verano de 2021 su mercado de derechos de emisión, que en una primera fase afectará solo a las empresas energéticas, responsables de la séptima parte de las emisiones totales del planeta. Será el mayor mercado del mundo y esperemos que, aunque tarde, sirva para reducir de manera considerable las emisiones del gigante asiático antes de 2030, un tema que no entraba entre sus prioridades.

El gráfico es ilustrativo: mientras la Unión Europea realiza esfuerzos para reducir sus emisiones, China las multiplica de manera exponencial sin reparo. Un factor más que añadir a la hora de explicar la falta de competitividad de las empresas europeas.

Lo curioso de este mercado de humos, perdón, de derechos de emisión de CO2, es que el gran beneficiado por su exorbitante incremento es precisamente el Estado, que percibirá en 2021 unos ingresos de unos 3.526 millones de euros, cuando la estimación de principios de año era de apenas la mitad, 1.700 millones. El incremento del precio de la luz ha tenido como efecto colateral positivo que el Estado haya visto incrementados sus ingresos por IVA, por costes de producción, por derechos de emisión de CO2 y por impuestos especiales, ingresos que van a compensar el fiasco de la recaudación por otros impuestos, como las llamadas tasas Google y Tobin, que apenas han recaudado un veinte por ciento de lo estimado inicialmente.

El incremento de los ingresos del Estado por la subida del precio de la luz da un margen al gobierno para adoptar medidas que contribuyan a paliar sus efectos sobre los particulares, y por ese motivo, en palabras del presidente Pedro Sánchez esta misma semana, nos «devolverán» en el recibo de diciembre buena parte del sobrecoste cargado en los meses anteriores. Nos lo venderán como una paga extra de Navidad, estoy convencido de ello, pero lo veo más bien como una devolución de un anticipo.

Voy cerrando ya el post, que es fin de semana, hora valle, y si sigo escribiendo hasta mañana se me triplicará o cuadruplicará el coste del consumo. Del cálculo de las emisiones que he necesitado para la escritura de este artículo, que hablen los gurús.