Economía

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Un nuevo impuesto para cada problema, un nuevo problema tras cada impuesto (2ª parte)

JOSEAN, 12/02/2023

La primera parte de este post trataba acerca de la creación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración de residuos. Como se indica en el propio Preámbulo de la Ley, «el uso de este instrumento económico es un mecanismo clave para avanzar en economía circular y en la consecución de los objetivos (…) supone un desincentivo para las opciones menos favorables (…), favoreciendo el desvío de los residuos hacia opciones más favorables desde el punto de vista ambiental, que puedan contribuir a reintroducir los materiales contenidos en los residuos en la economía, como, por ejemplo, el reciclado«. En esa primera parte identifiqué los problemas que se pretendían combatir con la Ley y sus medidas fiscales:

  1. El envío de residuos a vertederos: reducir el porcentaje actual, superior al 50 por ciento, y acercarse de ese modo a los objetivos marcados por la Unión Europea.
  2. Acabar con el «turismo de residuos» entre las comunidades que ya tenían establecida esta tasa y las que no, o las que tenían una tasa inferior.
  3. El sujeto pasivo, en este caso, el agente contaminante, que debe ser quien soporte el impuesto.
  4. El déficit de instalaciones de residuos en España.

Las medidas fiscales mejorarán la situación existente, sin duda, pero como indicaba en aquel primer post, son insuficientes y pueden generar nuevos problemas, entre ellos, la dificultad de gestionar las plantas de tratamiento de residuos y los propios vertederos.

El punto 1 está claro: el impuesto es una medida directa, será más caro desprenderse del residuo y por ese motivo la Ley también incide en una serie de medidas para la mejora de diseño de los productos, la reducción de envases o la recogida selectiva para incrementar la separación en origen. Pero resulta insuficiente. El productor, el fabricante, el comercio, el empaquetador o los distribuidores tendrán que adaptarse y aun así, siempre habrá un volumen elevado de generación de residuos (¡los paquetes de Amazon!) que depositar en las instalaciones para su tratamiento y mientras no haya mejoras en las tecnologías, ni alternativas al vertedero, los residuos seguirán llegando a los mismos en un porcentaje (por desgracia) elevado.

La Ley incide en varios puntos sobre la «prevención», es decir, la reducción de los residuos en origen, en los diseños de fabricación o en las cantidades producidas.

El artículo 18.1.d) no habla de otra cosa que lo que se ha hecho toda la vida hasta hace unos años: reparar las cosas. Arreglar un televisor, una nevera, un pequeño aparato casero o la ropa, en lugar de ceder a la tentación del «es más caro arreglarlo que comprar uno nuevo». Combatir la obsolescencia programada de los aparatos.

Los talleres de reparación funcionan en algunos países del norte de Europa con resultados razonables, pero no son más que una ínfima parte de la solución a la cantidad de residuos generados, como los Vinted y Wallapop de turno para una segunda vida a determinados productos. Echo en falta las medidas de creación de un «arancel verde», como ya se ha planteado varias veces en la Unión Europea, para penalizar los productos que vienen de países con normativas medioambientales mucho más laxas, como China o Estados Unidos. El arancel que finalmente se creó en diciembre solo afectará a productos intensivos en emisiones de CO2, pero no a todos aquellos productos que van en contra de casi todo lo referido en esta Ley (plásticos de un solo uso, envases, empleo de ciertos materiales, textil…).

En resumidas cuentas, me refiero a todos esos productos de baja calidad que acaban tras un ciclo de uso rápido en el vertedero, y que son precisamente la mayor parte de aquellos en los que pone foco la Ley (art 18):

El punto 2, el transporte de residuos entre comunidades, puede corregirse en el corto plazo, pero la Ley ha dejado abierta una puerta a la competencia entre comunidades autónomas, puesto que lo que establece es un tipo mínimo del impuesto, pero permite que cada comunidad fije su propio tipo por encima de los 40 euros o de los 30 que comentábamos en la primera parte. Antes de la entrada en vigor había nueve regiones con algún tipo de tasa de vertido: Castilla y León, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Extremadura, Cataluña, La Rioja y Murcia. Pero con grandes diferencias entre ellas, que oscilaban entre los 20 euros de algunas comunidades y los 80 de otras. La tasa existente hasta la fecha tenía una relación directa con el tratamiento de residuos propio de cada comunidad, luego está por ver si las comunidades mantienen los 40 euros marcados por la Ley (y el resto de tipos impositivos fijados) o cada una se desmarca con un incremento sobre la misma.

El punto 3 no debería generar ningún tipo de problema, pues la Ley es clara respecto a la necesidad de que los ayuntamientos creen y establezcan un impuesto sobre la gestión de sus residuos, que incluya además la recogida selectiva en origen, el transporte a instalaciones especializadas y el depósito final. El artículo 11 indica:

Bajo esta premisa, no se entiende la explicación que da la Agencia Tributaria en su documento de Preguntas y respuestas acerca del sujeto pasivo del impuesto:

Posteriormente se indica que los residuos recibidos en las plantas tienen un tratamiento que los convierte en un nuevo producto y, por tanto, un nuevo residuo de otro tipo. Esta consideración es totalmente errónea y va a generar nuevos problemas en el corto plazo.

Los gestores de las plantas intermedias (empresas privadas en la mayoría de los casos) son meros intermediarios de todo el proceso, pero según la redacción, tendrán que ser quienes abonen el impuesto del depósito en vertedero. Como estas plantas se gestionan bajo contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, con tarifas fijadas y pactadas de acuerdo a unos pliegos y ofertas, los gestores de las instalaciones tendrán que resarcirse del sobrecoste y tratar de repercutirlo a las entidades locales que han trasladado los residuos a sus instalaciones para su tratamiento. Pero el primer problema es que ese mecanismo de repercusión de costes no es automático para las empresas, pues la propia Ley limita su capacidad de actuación. Se viene una oleada de reclamaciones y contenciosos, y esta problemática daría para un post entero de carácter jurídico, pero lo dejo para los expertos en la materia.

Y ahora viene el nuevo problema: si los ayuntamientos entregan 100.000 toneladas (por poner un ejemplo) y se recuperan y reciclan aproximadamente 48.000 (datos del Ministerio), las restantes 52.000 van al vertedero. ¿De qué manera repercuten los gestores el impuesto a las entidades? ¿Porcentualmente, a cada uno un 52% de las toneladas que llevó a la planta? No será justo, puesto que habrá ayuntamientos con una mejor separación de residuos, o que tienen implantados sistemas de recogida selectiva más efectivos que los de sus vecinos, luego, ¿es justo que se haga tabla rasa?

La Ley obliga a que se pueda hacer una trazabilidad de los residuos que llegan a las plantas, así como de la separación de las distintas fracciones. ¿Servirá esa información para repercutir a cada ayuntamiento lo que teóricamente le corresponde? Y si finalmente no queda otra que repartir proporcionalmente a todos los ayuntamientos: ¿no se desincentivará a los que tengan implantadas medidas de separación en origen, en sus propios municipios, más caras, y se sientan penalizados por las prácticas de sus vecinos? Solo faltaba eso, que los que gestionan mejor se vean perjudicados por sus esfuerzos.

Y llegamos así al punto 4 del tratamiento de los residuos: la falta de inversiones. ¿Se utilizará la recaudación de este impuesto para la tan necesaria mejora de instalaciones de tratamiento de residuos? Según la única cuantificación del impuesto, de 2020, se espera recaudar 861 millones de euros, ¿se emplearán en innovación tecnológica, mejora de los procesos, automatización de las plantas, en incrementar la recuperación de materiales, que es uno de los objetivos de la Ley? La FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) critica que el impuesto va a ser pagado “a pulmón” por los ayuntamientos, unos 120 millones en el caso de los municipios andaluces, y solicita que el gobierno de la Junta de Andalucía realice inversiones equivalentes en los ayuntamientos. ¿Pero quién financia las plantas en ese caso? El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado que sean los ayuntamientos los que pagan este impuesto, cuando entiende que se trata de una competencia autonómica. La consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha contestado que tampoco es un impuesto autonómico, sino estatal. Y así sigue el impuesto circulando de un lado a otro mientras nadie se atreve, en año electoral, a decirle a los ciudadanos que les van a enchufar un nuevo impuesto. Y las plantas siguen obsoletas. Los proyectos incluidos en los Fondos Next Generation siguen sin llegar.

Al menos (y “me extraña”) esta Ley no ha perdido recursos ni tiempo en entrar en estudios de identidad de género de los distintos tipos de residuos, como sí se hizo en el soterramiento de la M-30 o en las medidas contra el cambio climático con perspectiva degenero. Pero queda mucho por pulir en esta materia.

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Un nuevo impuesto para cada problema, un nuevo problema tras cada impuesto (1ª parte)

JOSEAN, 08/02/2023

Con motivo de la entrada en vigor de las medidas fiscales contenidas en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, hoy toca hablar de residuos municipales. De la ingente cantidad de basura que generamos en nuestros hogares, de lo que ocurre con dichos restos una vez salen por la puerta y del modelo productivo lineal existente que nos lleva a enterrar o incinerar los residuos en lugar de buscar un mayor aprovechamiento de los mismos. Dichas medidas fiscales contemplan, entre otras, la creación de dos nuevos impuestos:

  1. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.
  2. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

Dejaremos el primero de ambos impuestos para un posterior análisis (si la cabeza y las ganas permiten afrontarlo), y atacaremos hoy el segundo. El impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos pretende desincentivar la falta de gestión de los residuos y su transporte a vertederos sin apenas tratamiento o recuperación. En dichos vertederos los residuos se enterrarán, cubrirán bajo capas de tierra y se convertirán en una nueva colina que añadir al paisaje. Una montaña de basura que tendrá que ser mantenida y tratada durante treinta años por las empresas gestoras de la instalación.

Parto de la base de que ambos impuestos pretenden dar solución a unos problemas existentes de cuya resolución tenían que haberse encargado las administraciones públicas muchos años antes, pero los impuestos son solo una parte de la solución, seguramente la más sencilla de afrontar y la primera medida que suele acometer la administración, pero es insuficiente y genera a su vez otros nuevos problemas.

Resulta paradójico que en la gestión fiscal sí se logra un modelo circular:

Problema 1. El envío de residuos a vertederos

Como comenté en el post dedicado a los residuos, según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, más de la mitad de los residuos sólidos urbanos producidos en España termina en un vertedero. Esto supone unos 12 de los 23 millones de toneladas que se generan en nuestro país. Otros 2,5 millones de toneladas acaban incineradas.

El dato que un ciudadano puede entender mejor es el resultante de dividir estos 23 millones de desperdicios entre los 46-47 millones de habitantes del país: cada uno de nosotros genera 500 kilos de residuos al año. O lo que es lo mismo, 1,3 kilos diarios. Pues bien, de esos 500 kilos, la mitad, 250, terminan enterrados bajo tierra y otros 50 son quemados. Y este es el dato referido únicamente a los residuos sólidos urbanos, pues se estima el total de residuos generados en España en unos 132 millones de toneladas (la industria acapara el 32%, la agricultura y la gestión del agua otro 25%, y los residuos de construcción y demolición, el 26% restante), de los cuales el 60 por ciento termina en vertederos. 70 millones de toneladas en total.

El panorama puede ser más desolador si añadimos los vertederos ilegales y descontrolados aún existentes, uno de los principales motivos por los que la Unión Europea multa de manera sistemática a España desde hace años:

Hay que atajar este problema. Y mientras resulte más barato enterrar la basura que tratarla no van a cambiar mucho las cosas. Por mucho que las directivas europeas en la materia obliguen a los países miembros a alcanzar unas tasas de reciclaje y recuperación determinadas. Ahora mismo están fijadas las siguientes:

  • 2025: recuperación de al menos el 55% de los residuos.
  • 2030: el porcentaje debe incrementarse hasta el 60%.
  • 2035: se pretende alcanzar el 65% de recuperación.

El objetivo del paquete legislativo europeo sobre economía circular es “…acabar con el modelo lineal que no tiene en cuenta todo el ciclo de vida del diseño y la producción de productos, basado en la premisa de «usar y tirar». Esto representa una demanda de materiales y energía baratos y de fácil acceso muy elevada, intensiva, ineficiente e insostenible. Para darle fin, se propone el modelo circular que implica, entre otras medidas, acabar con la obsolescencia programada, reducir, reutilizar y reciclar para un aprovechamiento óptimo de los recursos utilizados y de los bienes y servicios generados a lo largo de toda su vida útil”.

Problema 2. Las distintas tasas de vertido entre comunidades

Algunas comunidades autónomas, pero no todas, ya tenían establecido un impuesto o una tasa por el envío de residuos a un vertedero, pero era muy desigual entre comunidades a veces vecinas, lo que producía el despropósito del trasiego de camiones que transportaban residuos de una comunidad a otra para ahorrar ese coste. Es otro de los problemas que se espera atajar con esta Ley. El “turismo de residuos”, como lo definió Alicia García-Franco, directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER).

La misma fuente, Cinco Días, informaba recientemente sobre lo que denominaba «dumping» de residuos entre regiones, o por qué resultaba «económico» transportar camiones repletos de basura de Castilla-León a Madrid:

El impuesto es de carácter estatal, pero se cede su gestión a las comunidades autónomas. Se ha establecido un impuesto común a todos los territorios en función de los distintos tipos de residuos que llegan al vertedero. Parte de los 40 euros por tonelada de residuo municipal y 30 euros por rechazo de un residuo municipal, y varía en función del tipo de residuo de que se trate:

Problema 3. El sujeto pasivo

“Quien contamina paga” es el principio general que subyace en este impuesto. Y si hablamos de residuos municipales, o residuos sólidos urbanos, el productor de residuos es el ciudadano. El particular. Tal como se ha definido el impuesto, los sujetos pasivos del mismo son las entidades locales, es decir, los propios ayuntamientos o consorcios, que son quienes deben abonar el impuesto, o resarcir a las empresas concesionarias a las que tengan delegadas la gestión de los residuos y su transporte al vertedero correspondiente. En la segunda parte de este post hablaré de los problemas que ha generado la consideración del sujeto pasivo y las erróneas interpretaciones de la Agencia Tributaria en su documento de Preguntas y respuestas acerca de esta nueva figura fiscal.

Haciendo una cuenta rápida (e inexacta), cada ayuntamiento debería repercutir aproximadamente unos 10 euros por habitante y año a sus contribuyentes, para compensar esos 250 kilos por persona que decíamos que acaban anualmente en un vertedero. Aparte de lo que deberían repercutir por el propio tratamiento y reciclaje. Pero en un año con elecciones municipales, no parece probable una subida de impuestos (o sí, pero después de mayo), luego el dinero tendrá que salir de algún otro sitio.

Problema 4. Déficit de inversiones

Para mejorar la gestión de los residuos y reducir el depósito de los mismos en vertederos, o lo que es lo mismo, para acercarse a los objetivos indicados por la Unión Europea, la solución pasa por invertir en instalaciones, en tecnología más eficaz para la separación de los residuos y el aprovechamiento de los materiales recuperados. Las empresas del sector calculan que hay un déficit de inversiones en España de unos 8.300 millones de euros. Existen numerosas innovaciones en el ámbito de la gestión de los residuos que permitirían disminuir el actual porcentaje ridículo de recuperación, pero muchas de estas empresas, españolas para más inri, están implantando las mismas en el extranjero.

Sacyr gestiona una planta de compostaje en Melbourne (Australia) a través de su filial Valoriza. FCC explota una planta de reciclaje en Dallas (Estados Unidos) y Urbaser, una de valorización energética en Gloucestershire (Reino Unido). Pero la situación de las plantas de residuos en España sigue estancada desde hace una década: siguen faltando inversiones y no terminan de licitarse y arrancar los proyectos presentados a través de los Fondos Next Generation.

Recaudación esperada con la creación del impuesto

Mientras se espera el arranque de las necesarias inversiones, el gobierno ha optado por la creación de los impuestos mencionados. No hay una cifra clara de la recaudación estimada y la única cifra de la que se dispone es la estimación que el propio Ejecutivo dio en diciembre de 2020, en la que calculó el mismo en 861 millones de euros.

Esta cifra no ha sido actualizada desde entonces, o al menos no ha sido publicada en una Memoria económica, y en los próximos meses se verá lo ajustado de dicha estimación, así como los efectos de la creación del nuevo impuesto.

Continuará: Un nuevo impuesto para cada problema, un nuevo problema tras cada impuesto (2ª parte).

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El Informe sobre la Superliga

Cap. XXVIII y último de El club de los currelas muertos.

Planes propuestos por el club de lectura, cine y documentales El club de los currelas muertos para no ver el mundial de la infamia de Catar.

Hoy FINALizamos esta serie de recomendaciones que ha durado cuatro semanas y lo hacemos con un texto farragoso por momentos, sorprendente en varias de sus afirmaciones y que deja algunas conclusiones ambiguas que pueden marcar el devenir del fútbol de élite en las próximas temporadas. La lectura recomendada de hoy es el Informe de Conclusiones del Abogado General Athanasios Rantos sobre la Superliga y sobre la posible posición de monopolio de la UEFA, un monopolio que estaría afectando a los derechos comunitarios en materia de competencia.

Me ha llamado la atención que la Introducción comienza recordando lo que fue el caso «Bosman» hace treinta años. Puede que los mas jóvenes no lo recuerden, pero en aquellos años se dirimió si la «justicia deportiva» podía saltarse la normativa comunitaria en materia de derechos laborales y libre movimiento de los trabajadores. En aquella ocasión fue un jugador belga de segundo nivel el que consiguió lo que a la mayoría nos parece normal, y es que no prevalezcan las normas de un organismo de Derecho privado suizo dirigido por mandamases cuanto menos dudosos sobre la legislación comunitaria. Los catastrofistas perdieron entonces y (ojalá) perderán en el futuro.

Antes de entrar en materia conviene mencionar que la Resolución presentada esta semana no es vinculante, si bien lo habitual es que las sentencias del TJUE coincidan con dichas conclusiones en unos dos tercios de las ocasiones. En este blog ya nos ocupamos hace años de un Informe más que controvertido, en aquella ocasión sobre la renuncia forzosa a los intereses de demora del Plan de Pago a Proveedores de Montoro, y ya entonces dedujimos que primaron otros intereses sobre lo que parecía razonable y aún diría más, legal.

El litigio se plantea como una cuestión prejudicial presentada en un Juzgado de lo Mercantil de Madrid por los promotores de la Superliga (ESLC), sociedad de Derecho español, ante las declaraciones conjuntas de la FIFA y la UEFA para oponerse a la posible creación de una nueva competición. Según el punto 18 del Informe, «dicho órgano jurisdiccional alberga dudas acerca de la conformidad con el Derecho de la Unión de determinadas disposiciones estatutarias de la FIFA y de la UEFA, así como de las amenazas de sanciones o advertencias vertidas por estas federaciones, habida cuenta, en primer lugar, de la prohibición de abuso de posición dominante establecida en el artículo 102 TFUE; en segundo lugar, de la prohibición de las prácticas contrarias a la competencia establecida en el artículo 101 TFUE, y, en tercer lugar, de las diferentes libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE, en la medida en que aquellas podrían utilizarse para debilitar cualquier iniciativa privada que pudiera competir en el ámbito de las competiciones de fútbol.» El resaltado del texto es mío.

Los propios Estatutos de la FIFA y la UEFA ya responden a lo primero, al abuso de posición dominante. La FIFA indica en sus Estatutos:

Y la UEFA por su parte:

Es obvio que el fútbol mueve mucha pasta y que van a batallar con sus «armas de siempre» para que no les quiten el negocio. La FIFA y la UEFA funcionan como monopolios, y por sus agresivas reacciones y amenazas deberían quedar contestados todos los puntos de la cuestión prejudicial. El Informe pasa entonces a analizar el «modelo deportivo europeo», un sistema abierto con ascensos y descensos, en el que «entre sus objetivos principales figura el de promover competiciones abiertas, a las que todos puedan acceder gracias a un sistema transparente en el que los ascensos y descensos de categoría mantengan un equilibrio competitivo y favorezcan el mérito deportivo, el cual constituye también un elemento esencial de dicho modelo». No es exactamente así. La ACB estuvo durante años sin ascensos y descensos porque los equipos de la Liga LEB no podían cumplir con los requisitos económicos de entrada. Y ocurre en casi todos los campeonatos profesionales organizados.

Continúa el Informe diciendo que este modelo «se apoya en un régimen de solidaridad financiera, que permite redistribuir y reinvertir en los niveles inferiores del deporte los ingresos generados por los acontecimientos y las actividades de la élite». Bueno, el despelote de la «solidaridad financiera» ha alcanzado su culmen con la irrupción de los jeques y los millonarios con fortunas sin límite para desequilibrar cualquier competición en la que participen sus clubes. Claro que según el abogado, «las características particulares de las actividades deportivas las distinguen de otros sectores económicos» y «es necesario un grado de igualdad y cierto equilibrio competitivo, características que diferencian al deporte de otros sectores, en los que la competencia entre operadores económicos conduce finalmente a expulsar del mercado a las sociedades ineficientes». ¿Se ha echado al PSG o al City por sus abultadas pérdidas, se ha descendido al Barcelona por su ineficiencia? ¿No, verdad?

Estas medias verdades ya hacen sospechar lo que se va a indicar a continuación, que no es otra cosa que el hecho de que, aunque las normas de la Unión Europea en materia de competencia digan una cosa, se las van a saltar o al menos flexibilizar. Este párrafo es revelador:

Cuando lo leí me recordó al descenso administrativo del Sevilla y el Celta allá por los noventa por un incumplimiento de la Ley, y cómo se movieron instituciones de todo tipo, también públicas, o las manifestaciones en las calles de Vigo y Sevilla para frenar la bajada a Segunda B de los clubes de fútbol de la ciudad. Se consiguió, supongo que por esas «características particulares del deporte» que permiten saltarse la Ley. Leer esto una semana después de saber que decenas de europarlamentarios han sido untados por el gobierno de Catar, dueño de BeIn (que controla los derechos del fútbol), del PSG, cuyo presidente Al Khelaifi dirige también la ECA (Asociación de Clubes Europeos), tranquiliza mucho.

El Informe continúa con una parte muy interesante sobre la que se ha hablado menos, que es el conflicto de intereses que supone que las federaciones deportivas puedan ser reguladoras y además realizar una actividad económica. Hace referencia a dos sentencias, una deportiva y otra sobre una profesión liberal, en las que «el Tribunal de Justicia declaró que, cuando una normativa atribuye a una persona jurídica, que organiza y explota comercialmente ella misma competiciones, la facultad de designar a las personas autorizadas a organizar dichas competiciones y de fijar las condiciones en las que estas últimas se organizan, tal normativa concede a dicha entidad una ventaja evidente sobre sus competidores. Por tanto, tal facultad puede llevar a la empresa que la ostenta a impedir el acceso de otros operadores al mercado en cuestión. Así pues, es preciso que el ejercicio de esta función normativa quede sometido a límites, a obligaciones o a un control para evitar que la persona jurídica de que se trate pueda falsear la competencia favoreciendo las competiciones que organiza o aquellas en cuya organización participa«. Nuevamente la parte subrayada es mía.

Quizás la parte más controvertida del Informe está en los puntos 63 al 82 sobre si la UEFA restringe la competencia por el efecto o por el objeto. El Abogado indica claramente que los clubes podrían seguir adelante con la creación de la Superliga:

«76. Así, nada impediría, en principio, a los clubes que forman la ESL seguir el ejemplo de otras disciplinas deportivas y crear su propia competición fuera del marco definido por la UEFA». Es la Euroliga de baloncesto, por ejemplo, el mejor ejemplo de que todo esto de lo que se está hablando no es más que una polémica creada para mantener un sistema que mueve mucho dinero. La salvaje reacción de Javier Tebas, presidente de LaLiga, por ejemplo, y los artículos falaces de muchos de los medios a los que ha regado con millones de euros en los últimos años. Es mentira. La Superliga no ataca, compite, ni limita las ligas nacionales, del mismo modo que la Euroliga no lo ha hecho.

Pero por otro lado reprocha a los clubes que quieran seguir perteneciendo a la UEFA, lo que llama «doble pertenencia». Viene a decir que tendrían que acatar las sanciones que les marcara la UEFA, pues «solo tendrían un efecto restrictivo en la medida en que los clubes afectados desearan seguir afiliados a la UEFA». Y aquí es donde la bajada (a medias) de los clubes ingleses o el Atleti del modelo de la Superliga puede dar al traste con el proyecto. Si todos los grandes siguieran adelante, la UEFA no podría frenar la Superliga. Pero han decidido decir en público y de cara a la UEFA que se bajan del proyecto sin haberse salido formalmente del mismo, quizás por las cláusulas de penalización que tiene el acuerdo de la Superliga. Solo se mantienen el Real Madrid, el F.C. Barcelona y la Juventus de Turín.

Llegado a este punto, el Abogado no sabe por dónde salir y se saca una frase que podría ser de los Hermanos Marx tanto como de Mariano Rajoy:

«78. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, estimo que, aun cuando las normas controvertidas en el litigio principal puedan tener por efecto restringir el acceso de los competidores de la UEFA al mercado de la organización de competiciones de fútbol en Europa, tal circunstancia, suponiéndola acreditada, no implica manifiestamente que esas normas tengan por objeto restringir la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1».

El régimen de sanciones solo afecta a los clubes si estos deciden seguir perteneciendo a las federaciones deportivas y a la UEFA. Es lo que pasó con la FIBA y la Euroliga en su momento, hay precedentes muy similares: «si estos últimos (los clubes) deciden «romper» con esta federación creando una nueva competición independiente y participando en ella, el riesgo de imposición de sanciones puede dejar de tener cualquier efecto disuasorio sobre ellos«. Y más adelante (punto 146), indica que la UEFA y la FIFA podrían sancionar a los clubes que no se acojan a sus normas, pero no a los jugadores, y este punto apenas se ha mencionado en la prensa: «No obstante, las sanciones de exclusión dirigidas contra los jugadores que no tengan ninguna implicación en el proyecto en cuestión son desproporcionadas, en particular por lo que se refiere a su exclusión de las selecciones nacionales».

Respecto a la explotación de los derechos televisivos, el Abogado General considera que la UEFA debe mantener el privilegio de la venta de derechos en exclusiva, se supone que para mantener la equidad del deporte. Pero es que además lo hace porque «la explotación de los derechos a los que se refiere el litigio principal guarda relación con un deporte que reviste una «considerable importancia social»», para luego caer en una contradicción flagrante, puesto que reconoce que «el legislador de la Unión aprobó una normativa que concedía, en particular, a cada Estado miembro la posibilidad de imponer que los acontecimientos deportivos considerados «de gran importancia para la sociedad» fueran retransmitidos en abierto». Es decir, respeta ese derecho por la importancia social del fútbol, hasta el punto de que se permite la emisión en abierto, pero luego no entra en que la venta se hace para emisiones cerradas, o bajo suscripción. Cada día más caras, por cierto. El fútbol en abierto interesa, como se puede comprobar con las cifras de audiencia, pero resulta cada vez más exclusivo en la modalidad de pago. Y con la reducción de audiencias perderán a las generaciones más jóvenes, seguro, que es a quienes dicen proteger.

En unos meses habrá sentencia, pero las conclusiones no son, valga la redundancia, concluyentes. Deja muchos frentes abiertos que cada uno interpreta a su manera. Bernd Reichart, CEO de A22 Sports, empresa tras el proyecto de Superliga, ve mucho recorrido por delante, pues la sentencia no impide el derecho a organizarla. Sí puede llevarle a cambiar lo que inicialmente estaba en el proyecto, que era el permiso previo de la UEFA. Habrá guerra, y quizás negociación. Yo creo que no puede ser de otro modo. Los medios dependientes han salido rápidamente a decir que la Superliga estaba herida de muerte. No creo que vayan a expulsar de la Champions a los clubes de la Superliga, me extrañaría que los paganinis, las televisiones, renunciaran a su mejor activo de estos años, el Real Madrid. O al resto, que tampoco se han salido formalmente de la Superliga. Pero sí intentarán amedrentar con una sanción económica.

El mundo del fútbol tiene que cambiar, empezando por el Reglamento. Hoy se ha cerrado el mundial de la infamia de Catar con un partidazo de fútbol (ARG 3 – FRA 3). El segundo partido que he visto en este mes. Pero no me quito la sensación de corrupción que hay detrás de sus dirigentes, tanto de la FIFA como de la UEFA, tipos siniestros, poco transparentes, que manejan el cotarro a su antojo. Tipos que hablan de fair play financiero y permiten que se lo salten los que los mantienen en el poder. Individuos que proclaman que Football is for the fans, pero se quedan un tercio de las entradas de las finales de Champions para sus patrocinios y compromisos particulares. Gente con contactos cercanos con las peores satrapías del mundo que anuncian nuevas competiciones internacionales contando con los activos de los clubes (Matar el fútbol). En unos meses sabremos cómo acaba esto. Y quizás sepamos para entonces cuántos europarlamentarios (¿habrá jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?) han sido pillados en el Qatargate.

Unos días después de escribir este post, estuve charlando acerca de este asunto con Javier Alberdi en su canal de YouTube, Kollins. Aquí dejo el enlace:

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Populismo tributario (II): Papá Estado

JOSEAN, 15/10/2022

Como comenté en la primera parte, la recaudación tributaria del Estado está superando su propio récord de 2021 y si se cumplen las previsiones, en 2023 la cifra se verá nuevamente incrementada. Sin embargo, se da la nada curiosa circunstancia de que el déficit público no se reduce. Se estima que este año cerrará en cifras cercanas al 5,3% previsto, una décima más según el FMI, o siete décimas menos según el Consejo General de Economistas de España, pero en cualquier caso, muy lejos del tres por ciento marcado en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea:

Como no puede ser de otra manera, la deuda pública continúa su vertiginosa escalada y se sitúa ya en los 1,5 billones de euros, en el entorno del 120% del PIB (Fuente: Expansión):

Que digo yo (y tantos otros) que si el problema no será de contención de gastos, en lugar de seguir incrementando los ingresos por la vía de los impuestos. Siempre que se plantea este debate, surge la respuesta: «quieren recortar en sanidad y educación». Pues no, la verdad es que la sanidad y la educación se deterioran año tras año por desgracia, pero el debate (al menos en mi caso) no va por ahí.

Lo primero que ha hecho este gobierno con el fuerte incremento de la recaudación tributaria ha sido presentar unos Presupuestos Generales para 2023 que prevén una subida de las pensiones del 8,5 por ciento. Tampoco tengo nada que objetar, y eso que el pago de las pensiones supone, con una enorme diferencia, el grueso del reparto del gasto público. Bastante han currado ya los pensionistas a lo largo de toda su carrera como para que se vean afectados ahora por la inflación (está por solucionar la actualización de las pensiones no contributivas, para evitar ese deterioro). En cualquier caso, me temo que la Unión Europea sí tendrá algo que decir con esta subida prevista y a lo mejor es parte de la estrategia del actual gobierno: nosotros subimos las pensiones, pero Europa nos obliga a retocarlas. Recomiendo esta infografía y el enlace de Civio.es para entender mejor en qué se gastan los impuestos:

La Unión Europea lleva años exigiendo tres reformas a España: la laboral, la fiscal y la del sistema de pensiones. La primera se realizó hace unos meses, con un efecto más de maquillaje que de impacto real. La segunda ha ido siempre en la misma línea de subir los impuestos a las empresas y las clases medias por el lado de los ingresos, crear nuevos impuestos y no actuar sobre el gasto. En cuanto a la tercera, ningún gobierno se atreve a actuar sobre las pensiones porque es una patata caliente de difícil resolución. Con la aprobación de los Fondos Next Generation se insistió en la necesidad de esta reforma, más necesaria que nunca como puede apreciarse cada vez que se publican las cifras sobre el envejecimiento de la población (Fuente: Newtral):

Pero ya llegará ese momento. De momento y para contrarrestarlo, el gobierno ha aprobado una nueva subida de las cotizaciones sociales para las empresas, del 8,6% para los tramos más altos, aparte del incremento previsto por el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Con todas estas medidas, el gobierno prevé obtener 152.075 millones de euros, 11.814 más que en 2022. Más recaudación detraída de las empresas, pero el gasto sigue sin ajustarse. El problema es que las empresas están ya muy tocadas, como se aprecia en numerosas noticias que leemos estos días, como que la cifra de concursos de acreedores alcanza un nuevo récord o que las empresas del Ibex hayan perdido valor por 96.000 millones de euros en estos últimos cinco meses.

Ya sé que en este debate populista, el Ibex representa el Mal con mayúsculas, el gran capital y las empresas explotadoras, pero es un error mayúsculo no contar con un tejido empresarial fuerte y solvente, y en un país en el que más del noventa y nueve por ciento de las empresas son pymes, tampoco es que estas se encuentren en una situación boyante. Eso de que las empresas pueden aguantarlo y reducir sus beneficios es una falacia: la subida de las cotizaciones, la reforma laboral, el incremento del SMI, el impuesto de Sociedades… Más empresas zombis y menos gacelas, como ya comenté hace tiempo. El emprendedor de este país es un héroe. Hay estadísticas que preocupan, como la que leía recientemente que indica que se produce la mayor brecha entre los salarios públicos y los privados de los últimos quince años. O que las nóminas de los empleados públicos hayan crecido un 34% en ese período, mientras que las del resto de asalariados lo ha hecho solo en un 25,9%.

El sistema no es sostenible y aunque haya quien diga que es «el chocolate del loro», hay muchas partidas en las que urge meter las tijeras. En El gran despilfarro ya me harté de criticar el despelote estatal y autonómico, con cientos de diputados, asesores y cargos de confianza que hacían que economistas como José María Gay de Liébana plantearan que era mejor que nos intervinieran ya desde Europa.

Hace poco leí que la ruptura del acuerdo del gobierno catalán entre Esquerra y Junts suponía para estos últimos perder 20 millones de euros para sus 250 cargos relacionados con el Govern. Es una tomadura de pelo cuando ni siquiera es el partido que gobierna en Cataluña, ni el más votado. 250 tíos. Y tías, seamos inclusivos. 20 millones de euros.

Pero ocurre en todos los organismos públicos. El sueldo de muchos de estos cargos es desorbitado y cuesta mucho renunciar a él. Solo así entiendo el aguante de los miembros de Unidas Podemos ante los desplantes continuos por parte de Pedro Sánchez, que sabe que van a tolerarlo todo porque dentro de un año no van a contar con los suculentos salarios de los que disfrutan en la actualidad. Cataluña es solo una de las comunidades autónomas, pero en casi todas ellas el descontrol de gasto es similar. Consejerías de la nada, televisiones deficitarias solo para el autobombo, chiringuitos de todo signo… E insisto, como la recaudación va como un tiro, pues a repartir billetes: se mantiene la gratuidad de los trenes de cercanías para lo que queda de 2022 y todo 2023, se prorroga el bono cultural para los jóvenes, se incrementa el presupuesto del Ministerio de Igualdad por encima de los de Sanidad y Educación (casi un 10%), se incrementan las subvenciones a los sindicatos hasta su nivel más alto en trece años…

Ya sé que son «solo» 13 millones, la nada al lado de los 200.000 millones de las pensiones, pero urge meterle mano a determinado gasto público. Este incremento de la subvención es una compra de silencio igual que la que se ha realizado con diversos medios de comunicación. El sueldo de los empleados públicos subirá un 3,5%, el de Pedro Sánchez y sus ministros un 4% y muchos empresarios sufrirán para subirlos en esas cifras. Pero «el empresario lo aguanta todo» y le piden que ajuste sus salarios a la inflación y no lo traslade al precio de sus servicios y productos.

El Instituto de Estudios Económicos publicó hace unos meses el Informe Por una eficiencia del gasto público en España, en el que afirmaba que nuestro país ocupa el puesto 29 de un total de 37 analizados en lo que a eficiencia del gasto público se refiere.

O lo que resulta más sangrante de su análisis, «se estima que España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE. Ello supondría un ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros, aunque podría ser mayor en la actualidad…». Esa cifra de ahorro teórico de 60 a 70.000 millones de euros la he escuchado en algunas tertulias y sin duda será cuestionable, pero parece obvio que el gasto no está siendo eficiente ni eficaz.

En primer lugar, si uno de sus objetivos era frenar la desigualdad, el debate de «ricos y pobres» del que hablaba en la primera parte, no lo está consiguiendo: la desigualdad está en su peor nivel desde 2016. El 44 por ciento de la población vive al límite, el 21 por ciento no llega a fin de mes y un 27,8 por ciento (me parece una barbaridad, si el dato es cierto) está en riesgo de exclusión.

Y en segundo lugar, si siguen apretando a las empresas, estas van a seguir cayendo o teniendo serias dificultades, más con las inminentes subidas de tipos. O van a tener que renunciar a presentarse a contratos con las Administraciones Públicas, contratos importantes que en otros tiempos habrían resultado de interés. Más de 100 contratos para los que hay fondos europeos del plan Next Generation han quedado desiertos en los últimos meses ante la falta de empresas para ejecutarlos. A ver quién es el valiente que se atreve a contratar en un entorno de subidas de precios de los materiales del 20-50 por ciento, costes laborales, suministros y tipos de interés en el que el Estado te dice además que no va a haber revisión de precios (o que va a ser ridícula).

Es una pena, porque la colaboración público-privada de manera eficiente es fundamental para el progreso de cualquier país, para que la maquinaria no se pare, haya trabajo, crecimiento del PIB y como consecuencia, mejores servicios para todos. El Estado ayuda poco, ahí están organismos como la CNMC, a la que he dedicado tres textos por el daño que causan, o leyes como la de desindexación (aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, que nadie piense que los palos son solo para el gobierno actual). Merece la pena que le dedique un post a este despropósito aprobado en 2015.

Hace tiempo en una conferencia escuché una frase que me pareció brillante (no recuerdo al autor, que me disculpe): «el empresario tiene derecho a no arruinarse». Y estoy de acuerdo. Pero parece que Papá Estado prefiere recaudar y distribuir los fondos a su manera. No quiero concluir sin un dato que considero relevante. Los Presupuestos Generales del Estado 2023 se han realizado con unos ingresos basados en una estimación de crecimiento del 2,1%. El Banco de España ha recortado esa previsión al 1,4 por ciento, y el FMI la ha dejado en el 1,2 por ciento.

Pero no nos preocupemos por las estimaciones, que si bien es muy posible que la de ingresos no se cumpla, tenemos la certeza de que sí lo hará la del gasto.

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Populismo tributario (I): hombre rico, hombre pobre

JOSEAN, 02/10/2022

A mediados de los setenta, una serie arrasó en las pantallas de medio mundo, Hombre rico, hombre pobre. La trama giraba alrededor de los hermanos Jordache, Rudy y Tom, interpretados respectivamente por Peter Strauss y Nick Nolte. Ambos tuvieron las mismas oportunidades y mientras uno (Strauss) progresó hasta llegar a ser un ciudadano respetable y fue nombrado alcalde y senador, el segundo (Nolte) se convirtió en un bala perdida, pendenciero, borrachín y antisistema. Y sin embargo, por la razón que fuera resultaba más sencillo empatizar con Tom por su nobleza y humanidad que con el recto, justo y espantosamente aburrido Rudy.

Me ha venido la serie a la cabeza porque no recordaba haber escuchado hablar tanto de «ricos» y «pobres» como en las últimas semanas, en estos tiempos en los que el PSOE y el PP se han lanzado abiertamente a un nuevo desencuentro, en esta ocasión con motivo de las propuestas de reforma fiscal que cada uno plantea.

Pedro Sánchez, durante la clausura del Foro de La Toja, declaró esta misma semana: «esta vez los más pudientes tienen que arrimar el hombro para sacar adelante el país».

La ministra de Hacienda María Jesús Montero calificó de «mal ejercicio de la autonomía fiscal» la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía «a los más ricos».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo esta misma semana en el Foro Cita con El Mundo que le preocupa que «busquen las dos Españas y hablar de ricos y pobres». Antonio Maestre, por el contrario, soltó una de las perlas típicas de quien tiene un busto de Lenin en su despacho de trabajo y agitó su avispero particular:

Los ex presidentes de gobierno Felipe González y Mariano Rajoy reivindicaron en un encuentro reciente la conocida frase del antiguo primer ministro sueco Olof Palme: «gobernar es acabar con los pobres, no con los ricos».

Mariano y Felipe no son precisamente los ejemplos más adecuados para hablar de estos asuntos con sus roles actuales y pretéritos, pero en cualquier caso el debate debería ser mucho más serio que establecer una diferenciación entre «ricos apoyados por el PP» y «pobres protegidos por el PSOE». Sin embargo, lo que ocurre siempre en este país (y en los medios de incomunicación) es que nos quedamos en la superficie, en lo que diferencia o lo que divide a la sociedad en lugar de hacer una reflexión sobre los datos y las soluciones. Se aplican punto por punto las estrategias de manipulación mediática (simplificación del mensaje, utilización de la parte emocional por encima de la reflexiva, mantener al pueblo en la ignorancia y la mediocridad,…), una pena, puesto que vivimos en un país que cuenta (o contaba al menos) con una clase media pudiente, donde no tenemos (o teníamos) la diferencia tan exagerada que hay entre las élites y los salarios medios, y entre estos y los bajos como ocurre, por ejemplo, en tantos países de Sudamérica.

Lo cierto es que la inflación desbocada ha traído una cifra récord de recaudación para el Estado, tanto por los ingresos generados por el IVA (gracias al aumento de precios) como por el IRPF (la falta de actualización de las tablas), y este punto no admite una discusión populista sobre ricos y pobres. Los menos pudientes se han visto perjudicados por el incremento, de igual modo que la clase media y «los ricos», aunque estos lógicamente lo hayan sobrellevado sin las angustias de los primeros. Este ejercicio 2022 ha superado cada mes las cifras de ingresos de 2021, que ya fue un ejercicio récord en recaudación tributaria (Fuentes: Público y La Razón):

Parece que otro mantra repetido que está calando en la opinión es que el PP rebaja los impuestos, mientras que el PSOE los sube, o que bajar los impuestos es un exceso neoliberal y subirlos resulta progresista. Otra vez los blancos y los negros sin grises ni matices.

El PSOE de Zapatero subió el IVA en 2010 del 16 al 18 por ciento (y el reducido del 7% al 8%), y dicha medida, muy criticada por el PP, fue igualmente aplicada por Rajoy cuando subió este tipo del 18 al 21 (y el reducido del 8% al 10%). Con la inflación desbocada fue el Partido Popular quien propuso que se bajara el IVA de la electricidad y el gas. El IVA está catalogado como impuesto indirecto, si bien va directo al bolsillo del particular y tiene un carácter regresivo para el ciudadano, puesto que grava el consumo, también el de productos básicos.

El gobierno aplicó la bajada del IVA de la electricidad varios meses después de que se planteara la propuesta, pese al amplio margen que había obtenido con la recaudación, y desde el pasado 1 de octubre se aplica también en el gas, aunque con un carácter temporal de tres meses (me juego un brazo a que se ampliarán). El mismo gobierno que critica a los que proponen rebajar los impuestos redujo el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) y el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) en diciembre de 2021. Por cierto, el IVPEE fue creado en 2012 por el primer gobierno de Mariano Rajoy, uno de tantos inventos recaudatorios que generó inseguridad jurídica en el sector energético. Esta medida de «carácter temporal» fue prorrogada en marzo de 2022 y el plazo se ha ampliado recientemente por tres meses más.

Me cuesta entender los criterios para tomar estas decisiones, y la mayoría de las veces parecen fruto de la improvisación y no de un análisis de las cifras. Durante meses trataron de convencernos de que la Unión Europea no permitía la bajada del IVA de las mascarillas y luego se hizo de la noche a la mañana (Sí se puede. No se podía, pero ahora ya sí se puede). El PP ha presentado recientemente una propuesta para rebajar el IVA de los alimentos básicos, una queja del ciudadano común, también de «los pobres», por emplear el lenguaje, y curiosamente han sido sus teóricos defensores los que han rechazado la medida:

En cuanto al IRPF, una medida directa de apoyo a las familias podía ser la actualización anual de las tablas de Hacienda para el cálculo, pero esta solución transparente, efectiva y directa para las rentas de los asalariados no ha sido utilizada en los últimos años por los gobiernos de Sánchez ni de Rajoy. De Montoro a Montero con numerosos puntos en común en cuanto a política fiscal. Como en todo lo relacionado con el Impuesto de Sociedades. Cristóbal Montoro mentía cuando decía que las grandes empresas pagaban solo un siete por ciento de sus beneficios, se aplicó con esfuerzo en detraer tesorería a las empresas (incluso con un decretazo que fue considerado inconstitucional tres años más tarde) y María Jesús Montero continuó aplicando varias de las peores prácticas de su predecesor al frente del Ministerio (recuerden que Las grandes corporaciones son malas). Ahora plantea un nuevo atraco a la tesorería de las empresas con la limitación a la compensación de bases imponibles en los consolidados fiscales.

El debate es ideológico y no económico, y ese es el principal problema. Hay un exceso de recaudación y el gobierno afirma que lo está devolviendo a los ciudadanos con medidas como los veinte céntimos por litro de gasolina. Es una medida regresiva que sin duda favorece a «los ricos», aquellos que pueden pagar el litro indistintamente a 1,80 euros o a 2,00. Para «los pobres» que no pueden pagar a 1,80 euros el litro, o que tienen que privarse de otros bienes para hacerlo, esta ayuda resulta insuficiente. La «excepción ibérica», el tope al precio del gas, ha supuesto un ahorro de 17 euros de media a las familias, según la ministra, pero aquí juega nuevamente con el efecto distorsionador de las medias aritméticas. Es una medida que ha ahorrado más a los más pudientes.

En ese debate ideológico que ha comenzado, porque no olvidemos que en un año hay elecciones, algunos de los líderes regionales del Partido Popular se han descolgado con la propuesta de la eliminación del Impuesto de Patrimonio, una medida que favorece con claridad a esos «ricos», al 0,2 por ciento más pudiente. La guerra iniciada por Juanma Moreno tiene un impacto económico de unos 93 millones de euros para la Junta de Andalucía millones de euros (Fuente: El País). Lo que ocurre es que Andalucía, al contrario que Madrid, es una comunidad receptora de fondos, no contribuidora, y por tanto, preocuparse por ese 0,2 por ciento con mayores rentas no parece la medida más conveniente en este momento. Además, corremos el riesgo de entrar en una competencia en materia de tributos entre autonomías cuando en toda Europa se plantea una armonización fiscal.

En el Reino Unido la nueva primera ministra Liz Truss ha tenido que recular con su absurdo plan fiscal de rebajas drásticas a los más ricos unidas a un plan de gasto público desorbitado. Menos de una semana ha durado. El Nobel de Economía Paul Krugman dijo hace un año:

«Soy el mayor escéptico frente a los políticos que ven en la reducción de impuestos a los ricos la solución a todos los problemas. De hecho, la afirmación de que las rebajas de impuestos pueden hacer magia es un ejemplo buenísimo de idea zombi, una idea que se mantiene viva, a pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, porque su supervivencia redunda en beneficio de los donantes ricos”.

El debate sobre el Impuesto del Patrimonio debería ser nacional, no regional, y no deja de resultar paradójico que lo planteen los partidos nacionalistas catalanes, los primeros impulsores de la autonomía fiscal hace décadas. El impuesto a las grandes fortunas con el que ha respondido el gobierno corre el riesgo de ser declarado inconstitucional, puesto que se trata de un impuesto cuya competencia fue cedida a las comunidades autónomas. En cualquier caso, parecen medidas sueltas e improvisadas, acción-reacción, y no resuelven los problemas de fondo, aparte de las complicaciones que generan. Todo este berenjenal nos trae de cabeza a los particulares, a los asalariados y (mucho) a los que nos deslomamos en los departamentos financieros o fiscales de las empresas.

En este debate ideológico sobre la actualización de las tablas fiscales del IRPF iniciado por el Partido Popular en regiones como Madrid y Andalucía (el País Vasco también, pero ellos siempre van por libre), al PSOE se le han rebelado algunos de sus barones: Ximo Puig en la Comunidad Valenciana y García Page en Castilla-La Mancha, si bien con una fórmula basada en las deducciones y no en la actualización de las tablas. Esta falta de criterio común me parece un despelote. La propuesta de la ministra María Jesús Montero sobre la reforma del IRPF parece incidir en la línea de apoyo a los más desfavorecidos (trabajadores con menos de 21.000 euros anuales de salario), pero no favorece a 12 millones de asalariados, como ha afirmado, sino solo a una tercera parte de los mismos (Fuente: ABC).

Y olvida de nuevo a la clase media, que es la verdadera paganini del IRPF. Centrar el debate en los tramos más altos y más bajos solo crea confusión en el debate, agita, que posiblemente sea lo que se busca. En un momento como el actual, con la recaudación en cifras récord, la duda que me queda es si de verdad se pretende ayudar a esa clase media o hundirla definitivamente.

Patxi López pronunció esta misma semana unas palabras que me asustaron: «“Esto que suele decir la derecha que el dinero donde mejor está es el bolsillo de la gente, es una falacia absoluta». Luego se publicó el sentido completo de la frase en RTVE, sin cortes, y mi estado de ánimo mejoró levemente, no mucho, pero algo. Hasta que escuché al presidente y su explicación. Es difícil no estar de acuerdo con el primer minuto y medio de este vídeo de Pedro Sánchez:

La última parte es la que me asusta y cabrea, la que habla de «las fracasadas recetas que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos». Claro, mejor así: Papá Estado recauda, y recauda más que nunca, y Papá Estado distribuirá por ti.

Continuará en Populismo tributario (II): Papá Estado.

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Hace ocho años

Cuanto mayor eres parece que los años pasan más rápido, veloces, sin apenas tiempo para saborearlos, para disfrutarlos, para observar, tomar perspectiva. De repente adviertes que ya estás de nuevo en verano, inicio del curso, navidades, fin de año, cumpleaños… ¿y ya ha pasado otro año?

Hoy se cumplen ocho años desde que arrancó este blog de los «Cuatro amiguetes y unas jarras», ocho años desde aquella Declaración de intenciones en la que se explicaba de qué iba a hablar cada uno de los cuatro. El 99 por ciento de los blogs muere en su primer año de vida, luego llegar a ocho años es una señal de buena salud, de que ha captado el interés de un buen número de lectores, un «me llena de orgullo y satisfacción», que decía el emérito. Por cierto, aunque pueda parecer que los ocho años pasan muy rápido, tanto que nos falta aún perspectiva histórica para valorar ciertos asuntos, nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, cuando nació este blog, el mismo Juan Carlos I acababa de abdicar en favor de su hijo Felipe VI, quien comenzó su reinado (según Barney) con un discurso repleto de referencias futboleras. Juan Carlos I, Mariano Rajoy en la presidencia de gobierno, Angela Merkel en Alemania y Barack Obama en Estados Unidos. Y el Madrid campeón de Europa, porque hay cosas que tampoco cambian demasiado, y está bien que sea así.

Una visita a las hemerotecas del 15 de agosto de 2014 nos puede ayudar para hablar del paso del tiempo en estos ocho años, o para ver lo que siempre permanece ahí, inalterable.

Josean: Vaya, el titular principal podría haber sido escrito la semana pasada. La zona euro en problemas, atascada, con una economía alemana que no carbura, y ya sabemos que si la locomotora sufre, el resto de los 28 lo pasa peor. Cambiamos «Rajoy» por Pedro Sánchez y también seguimos hablando de reformas estructurales que no terminan de concretarse, salvo por la vía del incremento de impuestos. La columna de la derecha hace referencia a un escándalo de corrupción, uno de los temas de los que más se ha hablado en este blog, sin importar el partido del que procediera. La parte inferior de la portada también podría ser, con ciertos matices, de hace apenas unos días:

El interminable procés catalán, en su día con Artur Mas, los centros de acogida de inmigrantes colapsados por las pateras y un nuevo caso de abuso policial en Estados Unidos, con el único cambio de que el presidente en aquel agosto de 2014 era Barack Obama. En el blog vivimos la época pre-POTUS Trump y ya llevamos casi dos años de la posterior. Y «La deuda pública supera ya el billón de euros». Los peligros del endeudamiento excesivo, la recuperación que nunca llega, las medidas equivocadas, el gasto público excesivo o despilfarrado en chorradas, de todo eso se ha hablado en el blog mientras la deuda pública seguía disparándose. Ocho años.

«El mundo está cansado de tanta guerra», decía el Papa Francisco entonces. Y nos parecía que lo de este año con Ucrania, Taiwán, o los conflictos ya medio olvidados en Siria, Somalia o Yemen eran lo excepcional. Nunca hemos dejado de estar en guerra, y nunca hemos dejado de estar cansados de la misma.

Lester: la portada de El Mundo de aquel día hablaba del Canal de Panamá, de los cien años transcurridos desde el arranque a principios del siglo XX. Este blog tuvo la inmensa fortuna de contar en detalle la ampliación del Canal en junio de 2016, con un amplio reportaje desde allí mismo que (si se me perdona la molestia) ya quisiera el propio diario madrileño.

La otra noticia de portada es la del brote de Ébola, aquel virus que venía de África y nos tenía acojonados, ¿quién no recuerda a la enfermera Teresa Romero y el sacrificio de su perro Excalibur? Para mí, lo peor fue comprobar ya entonces cómo se utiliza cualquier suceso para politizar, enmierdar y asustar al personal. Un juego de niños al lado de lo que ocurrió después con la Covid-19, el p… virus al que también hubo que dedicarle mucho tiempo en el blog (Aplauso a una generación de héroes, Casi feliz en casa, Volverán las malditas mascarillas, Las cicatrices del coronavirus, entre muchos otros).

Ver a Michael J. Fox en portada y hablar del paso del tiempo parece inevitable. Nadie como su personaje Marty McFly para mirar hacia atrás y regresar al pasado, o al futuro, o conmemorar que este blog llegaba a la fecha mítica del 21 de octubre de 2015, que como todos los frikis sabemos, es la fecha «futurista» que Robert Zemeckis imaginó durante el rodaje de 1985.

Barney: en cuanto a la parte del deporte, me hace gracia ver en todas las portadas a Luis Suárez, quizás el tipo más sucio que haya visto sobre un terreno de juego. Marrullero, agresivo, faltón, mordedor… en agosto de 2014 era noticia porque llegaba al Barça con una sanción de varios meses tras el bocado que le pegó a Chiellini en el Mundial de Brasil. Pues nada, en el Barcelona encontró ese paraíso de impunidad que tanto he denunciado en el blog. Ocho años sin una sola expulsión (salvo una por doble amarilla en Copa), con un historial de agresiones e insultos brutal, más en su época culé que en la del Atleti. Ocho años después se ha ido de rositas de la Liga española, un caso digno de estudio que no analizará el autoproclamado mejor periodismo deportivo del mundo.

Prefiero irme a las portadas de la prensa deportiva, que entonces nos hablaban de:

Pues sí, razones para soñar. Este blog ha podido disfrutar de las Champions del Madrid en Milán, Cardiff, Kiev y París. Y varias Ligas. Han sido buenos años para los madridistas, qué duda cabe. Hemos vivido las despedidas de Cristiano Ronaldo y de Gareth Bale. E innumerables triunfos de Rafa Nadal, otra constante en estos ocho años. Pero también ha habido muchos huecos para el baloncesto, Pau Gasol, Pablo Laso, el atletismo y los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y de Tokio en 2021.

Travis: se me ha ocurrido mirar la taquilla de aquel agosto de 2014 y lo cierto es que fue un poco para echarse a llorar:

Que no digo que Los guardianes de la galaxia no sean entretenidos, pero es que la colección de «éxitos» cinematográficos de la época no ha pasado a la historia precisamente. No en vano, compruebo que aquel fue:

Y no me extraña, si lo ilustran con una foto de los soporíferos Transformers. ¿De verdad que este es el cine que nos vendrá en próximos años?, me preguntaba. Porque hasta para hacer cine de explosiones y acción hay que tener clase, como en mi debut en el blog: Armageddon y Gravity. Peliculones, sin duda. Obras maestras al lado del top-ten de aquel agosto lejano.

Si me voy al año 2014 completo, fue un gran año para el cine español (al que se ha defendido en este blog, por cierto), con tres películas entre las diez más taquilleras. La estupenda Ocho apellidos vascos, la entretenida El Niño y la última de Torrente. De este listado, la que más se recuerda sin duda es El Lobo de Wall Street, del maestro Scorsese, que ha aparecido varias veces en estos ocho años (Taxi driver, El irlandés, New York).

En fin, que este blog seguirá un año más. Sí, lo siento, somos así de brasas: van 545 post, más un centenar en otros medios, dos libros (Relatos de un tiempo fugaz y Aguafiestas), un tercero que llegará en septiembre y muchas, muchas lecturas. Será un placer seguir contando con vosotros.

Un abrazo.

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Amnesia digital

JOSEAN, 31/07/2022

No hace mucho tiempo recibí un vídeo de broma en el que se hacían pruebas para acceder a una academia de superhéroes. Llegaba uno y le preguntaban: “¿y usted, qué superpoderes tiene?”. Y el aspirante contestaba algo así como: “me sé varios números de teléfono de memoria”, “recuerdo las fechas de cumpleaños de mis mejores amigos”. A cada afirmación, los examinadores contestaban admirados con un “¡halaaa!”, y al final, el entrevistado concluía: “sé llegar a los sitios sin usar el GPS”. ¡Admitido!, claramente.

Es una coña, pero nos hace pensar en cómo lo que parecía normal puede llegar a resultar extraordinario en el mundo actual. Según parece, el uso excesivo de la tecnología está haciendo que perdamos determinadas facultades, o no tanto perderlas, sino que se nos están atrofiando algunas capacidades por desuso. Al delegar en ese pequeño aparato que siempre llevamos encima, hemos dejado de preocuparnos por cómo llegar a los sitios, por hacer cálculos sencillos, por las fechas de cumpleaños de familiares y amigos (siempre habrá una red social que nos lo recuerde) o por memorizar datos. Siempre tendremos Google a mano para salvarnos de ese apuro y rescatar un dato histórico, el nombre de una actriz, el resultado de un partido o el tugurio aquel de Londres que tanto nos gustó. Las cosas normales sobre las que sueles tratar con colegas. Pero también las cosas serias.

Cada vez leo con más frecuencia el término “amnesia digital”, un término referido al hecho que parece contrastado de que el cerebro pierde la capacidad de retener información en el momento en que no tiene el estímulo para hacerlo, pues siempre tendrá un aparato cerca para desempeñar esa función por él. Como se preguntaba Rebecca Seal en este interesante artículo publicado en The Guardian, Is your smartphone ruining your memory? Al “subcontratar” la memoria a un aparato externo, el modo de funcionar de nuestro cerebro se altera.

Los neurocientíficos están divididos. Algunos, como Chris Bird (Universidad de Sussex), indican que siempre hemos utilizado aparatos para recordar cosas, ya fueran cuadernos, notas o post-it, alarmas, y que delegar esa tarea en un teléfono nos ayuda a concentrarnos en otras tareas y ser más eficientes. Otros, como Oliver Hardt (McGill University, Montreal), advierten de los posibles perjuicios que el hecho de prescindir de nuestro cerebro para tareas básicas puede generar a largo plazo. “Cuanto menos uses la mente, cuanto más prescindas de tus propios sistemas para desarrollar tareas como los recuerdos o la flexibilidad cognitiva, mayores probabilidades de desarrollar demencia”. La universidad de McGill elaboró un estudio en 2010 sobre los efectos del uso prolongado del GPS en usuarios que llevaban largo tiempo empleándolo y la conclusión fue que simplificar tareas que requieren cierto esfuerzo mental, como interpretar un mapa, hacía que los usuarios ejercitaran menos el hipocampo, lo que a la larga traería efectos perjudiciales sobre sus funciones cognitivas.

La tecnología no puede ser perjudicial para el ser humano y quizás el problema no sea tanto el hecho de simplificar una tarea como la ingente cantidad de distracciones que el móvil nos genera. La neurocientífica Barbara Sahakian (Cambridge) lo tiene claro, como demostró un experimento sobre comprensión lectora con o sin mensajes y notificaciones de móvil durante la lectura de un texto. Parece obvio. En la misma línea escribe Catherine Price, autora del libro How to break up with your phone, Cómo romper con tu móvil: “No estamos preparados para la multitarea. Si prestas atención al móvil, no lo estás haciendo con el resto de cosas. Y solo recordarás aquello a lo que prestas atención”. Y sobre las distracciones advertía que las notificaciones constantes del móvil (los sonidos impertinentes, que diría yo), impiden que tu cerebro realice los procesos para transferir el recuerdo del corto al largo plazo.

No tengo ni idea de neurociencia, pero todo esto me recuerda a la función de grabar en un archivo informático: la distracción es como un corte de energía en mitad del proceso de almacenamiento. O como despertar en mitad de los sueños. Larry Rosen, autor de un libro titulado The Distracted Mind: Ancient brains in a High-Tech World, algo así como La mente distraída: cerebros ancianos en un mundo de alta tecnología, indicaba que “las distracciones constantes dificultan codificar la información en la memoria”.

Sea por las razones que sean, parece claro que nuestra capacidad de memorizar se está viendo alterada. Recordamos datos de hace décadas con gran nitidez y no somos capaces de acordarnos dónde o qué cenamos el fin de semana pasado. Un estudio del ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development) sobre 10.000 niños menores de diez años demostró que aquellos que habían estado más expuestos al uso de aparatos tecnológicos como tablets o móviles tenían un córtex más fino de lo que debería ser para su edad. El grosor del córtex está relacionado en edades más avanzadas con episodios de Parkinson, Alzheimer o migrañas.

La memoria es básica, por mucho que podamos delegar los datos relevantes a un dispositivo. Quizás en unos años puedan insertarnos un chip con los conocimientos necesarios de ingeniería, cocina, historia o lucha a la manera de Matrix, pero aún así creo que sería un error no ejercitarla. La memoria es fundamental para asentar nuevos conocimientos (por mucho que haya tutoriales que te expliquen hasta cómo atornillar un picaporte), para poder razonar, relacionar conceptos, integrar unas partes del conocimiento con otras. Para aprender. Para desarrollar habilidades.

En su día le dedicamos dos post completos a la memoria. La primera parte (Memoria: los recuerdos) estaba dedicada a la configuración de los recuerdos y a la falibilidad de la memoria (según Oliver Sacks y Elizabeth Loftus), a cómo las emociones influían en la creación del recuerdo, adaptando la realidad si era necesario. La segunda parte (Memoria: el olvido) trataba sobre la bondad del olvido, la inexistencia de una memoria colectiva o la necesidad de borrar el pasado, según otros autores (Lewis Hyde, David Rieff), o quizás más eficaz, fomentar el conocimiento del mismo “con distanciamiento metódico” (Francisco Tomás y Valiente, Matteo Orfini).

Y voy a ligar todo lo expuesto al apocalipsis digital que algunos estudiosos de la materia sugieren. El saber, el conocimiento, la Historia con mayúsculas, todo está almacenado en soportes externos. Libros durante siglos, luego diskettes, cintas, CD’s, memorias externas cada vez más potentes, servidores… la nube. Si fuera cierto lo que algunos preconizan, todo ese conocimiento almacenado en la nube podría desaparecer un día igual que se borraron para siempre los conocimientos almacenados en la biblioteca de Alejandría. O muchos de los conocimientos ya existentes se pueden perder o no reproducir jamás al no haber soportes para ello: cintas VHS, reproductores de CD’s, cambios de formatos de los soportes digitales…

Si el ser humano está perdiendo la capacidad de memorizar y almacenar conceptos, habrá que confiar en el soporte externo, en la memoria tecnológica. Ahora bien, no solo en el soporte, sino en lo que se almacena. ¿Quién lo decide, bajo qué criterios? El recuerdo está condicionado por la emoción, y el olvido puede ser necesario para avanzar como sociedad. Me resulta inevitable llevar todo este berenjenal a la llamada Ley de Memoria Democrática, cuyo proyecto acaba de ser aprobado en el Congreso.

(Continuará)

Relacionados:

Memoria (I): recuerdos

Memoria (II): el olvido

Los sueños interrumpidos

14 horas sin móvil

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Con perspectiva degenero

JOHANA, 26/06/2022

A finales de 2020, publiqué en este mismo blog uno de los posts que más lectores ha tenido hasta la fecha, aquel en el que concluíamos que la M-30 era machista, y de manera especial los túneles. Llegué a tal convencimiento tras descargar y leer el estudio encargado por el gobierno del ayuntamiento de Madrid en 2018, un informe por el que se pagaron 52.000 euros, en el que citaba como fuentes para fundamentar su análisis unas estadísticas sobre la escasez de paseos de mujeres por los parques de la ciudad chilena de Temuco y el pensamiento de un personaje de ficción de una novela desconocida de 1970. Frente a tamaña fiabilidad de las fuentes empleadas, solo cabía asentir y aplaudir las conclusiones.

A principios de marzo de este año, poco después del inicio de la guerra de Ucrania, la ministra de Igualdad Irene Montero afirmó sin pestañear que «las mujeres son las que más sufren en cualquier conflicto bélico». En su caso no hizo falta ni siquiera un sesudo estudio que demostrara sus palabras, bastaba con ver las imágenes por televisión de esas pobres mujeres que escapaban del país cargando con sus hijos (opresión heteropatriarcal), mientras los hombres se quedaban en el país con sus amigotes para tomar vodkas, ver el fútbol por la tele y a ratos, coger unos fusiles para tratar de defender sus ciudades del avance de las tropas rusas. Si en el fondo la solución al conflicto no es tan complicada, como la propia ministra explicaba con sencillez: bastaba con poner a más mujeres a negociar la paz con Putin.

No hay ámbito, materia o problema en la vida que no tenga que incorporar la perspectiva de género en la actualidad. Se evitarían así muchos problemas, como por ejemplo, los creados por las tradicionalmente machistas Matemáticas.

Las matemáticas socioafectivas y con perspectiva de género no suponen «escribir sobre un papel rosa», como dice Clara Grima, matemática, profesora, divulgadora y una de las voces a favor de este cambio, sino combatir «el estereotipo de que las matemáticas no son para las chicas», o evitar el hecho de que «las niñas se perciben a sí mismas como peores en matemáticas». Lo cierto es que afirmar ciertas cosas acerca de la inferioridad de las mujeres en esta materia (con mejores notas en las pruebas de acceso a la universidad, por ejemplo) me parece de un machismo insoportable y me provoca algo parecido al nombre de esta profesora. Es el mismo machismo del que partían algunos colectivos feministas para promover el acceso de más mujeres a las carreras denominadas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics):

En los casi ocho años de existencia de este blog ya se han tocado muchos asuntos relacionados con el «machismo» latente en la sociedad: el lenguaje es machista (Horrifying palabros), incluso el hebreo si lo usas en inglés (De ofendiditos y pollaviejas), el cine es machista y solo debe aceptar la «Imposición Rider» a la hora de producir películas, el fútbol y el mundo del deporte son machistas, las políticas tributarias deben considerar la perspectiva de género en sus análisis de impacto (Populismo legislativo),… Pero también hemos tratado asuntos en los que perspectiva de género cobra todo el sentido, como la violencia de género, la brecha salarial o las desigualdades económicas y laborales.

Con lo que no contaba es con algunos de los nuevos «actores» del machismo. Los desastres naturales, por ejemplo, que también deben ser machistas y discriminatorios, pues «reproducen estereotipos de género».

A esta conclusión llegaron tres investigadoras del Departamento de Sociología de la universidad de Oviedo, tras analizar la ayuda prestada tras el terremoto de Lorca (Murcia) en 2011, puesto que «los hombres aparecen como protagonistas del salvamento, mientras que las mujeres son vistas fundamentalmente como beneficiarias de la ayuda masculina». Los hombres son los héroes y las mujeres, las víctimas, o algo así. No sé, yo cuando veo una tragedia observo unos servicios de emergencia coordinados en los que hay bomberos (y bomberas), enfermeras (y enfermeros), psicólogos y psicólogas, militares (también mujeres), médicos y políticos de ambos sexos,… Y sobre todo víctimas. Y «víctimos», ahí no hay discriminación. Creo sinceramente (y que se me perdone la osadía) que el terremoto, las inundaciones, los incendios y las pandemias no entienden de perspectivas de género.

Llegados a este punto, era inevitable que confluyeran el cambio climático y la perspectiva de género. Las Naciones Unidas tienen grupos de trabajo para analizar estas conexiones, si bien todo lo que he leído hasta la fecha no habla en realidad del cambio climático, sino de problemas culturales y sociales en países en vías de desarrollo que aumentan con las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, regiones en las que las mujeres trabajan en la agricultura o se encargan del abastecimiento de agua de sus familias, lugares en los que el cambio climático puede acabar provocando escasez de cosechas o sequías.

Movimientos migratorios, abandono escolar de las niñas, violencia contra las mujeres… Los países mencionados en este otro informe son Nigeria, Chad, Sierra Leona, Pakistán… Con el debido respeto, no son problemas de la lucha contra el cambio climático, sino del propio machismo existente en estas sociedades, muchas de ellas, digámoslo abiertamente, musulmanas, países que no están avanzando en derechos sociales, sino retrocediendo y dejándose llevar por el radicalismo. En las conclusiones nos indican que:

El Informe recomienda trabajar sobre cinco puntos concretos, aunque solo escriba cuatro, y me ha dado por pensar si esta mujer va a ser una de las que tiene problemas reales con las matemáticas. Bromas aparte, siempre he creído que el cambio climático y la igualdad de género eran dos luchas necesarias que deberían acometerse por separado, porque además esta mezcla afectaba negativamente a la resolución de ambas. La primera debe estar dirigida por el mundo de la ciencia, la ingeniería, la tecnología, el diseño de productos y nuevas técnicas, etc., mientras que la segunda debe analizarse desde perspectivas jurídicas, sociales o educativas, y se puede y debe avanzar mucho en las conquistas sociales en todos los países. Y todo ello es independiente de los avances tecnológicos o científicos, y de las normativas sobre emisión de gases, residuos o economía circular.

Puede que esté equivocado, ojo, por eso, cuando se presentó el estudio ¿Por qué el Pacto Verde Europeo tiene que ser ecofeminista? corrí a descargarlo antes de que lo retiraran (como hizo el ayuntamiento de Madrid con el del machismo de la M-30, por cierto).

Uno tiene que aprender de todo y de verdad que tengo la mente abierta a nuevos conocimientos, pero es que el propio prólogo, con un lenguaje inventado e incómodo de leer, estuvo a punto de hacerme desistir del intento:

Quizás sea la primera vez que leo un estudio o informe de este tipo en el que el autor explica su condición sexual, identidad de género y raza (al menos creo que quiere decir que no es blanca), factores que, por lo general, me dan exactamente igual cuando voy a leer a alguien. Reconozco que no me he leído las 151 páginas porque tiene partes infumables, pero sí los capítulos que me interesaban, que eran los que podían relacionar el cambio climático con la perspectiva de género, porque trato de entenderlo. El Informe defiende justo lo contrario de lo que indicaba yo en los párrafos precedentes: «buena parte de las políticas medioambientales ignoran el género (…) y el Pacto Verde Europeo no es ninguna excepción. Se centra fundamentalmente en resolver los problemas con soluciones tecnocientíficas, a pesar de que lo que realmente necesitamos son respuestas transformadoras desde el punto de vista social». De verdad que hay párrafos que me parecen propios de gente obsesionada con las diferencias entre hombres y mujeres, o de meter un ideario sobre asuntos que no tienen nada que ver: comienza con los movimientos LGBTQ+, luego los LGBTQIA+, luego desaparece la A, pero, ¿no estábamos hablando de cambio climático?

Yo creo que hace falta que cada uno trabaje en su especialidad y que los fondos públicos, ya sean europeos o nacionales, se destinen a su mejor uso posible. Los Fondos Next Generation no son regalos de la Unión Europea, sino préstamos que habrá que devolver con los rendimientos generados en actividades productivas, no en financiar tanta comisión de estudio para decirnos que los tornados o los terremotos son machistas:

Ya lo están consiguiendo. Resulta casi imposible enfrentar esta corriente, ahora bien, por mucho que consigan fondos de la Unión Europea, no creo que me vean utilizando el término «todes»:

Es tal el ideario de términos y explicaciones sobre identidad de género que cuando llega el capítulo en el que tienen que opinar sobre los efectos de determinadas sustancias químicas sobre las mujeres, caen en el hecho de que llevan páginas explicando que sentirse mujer es algo ajeno a los genitales o al propio cuerpo, así que tienen que aceptar el «convencionalismo» de que un cuerpo tenga anatomía femenina o masculina. Ay, la química, esa otra machista y tránsfoba.

Después de leer algunos capítulos y revisar el índice del Informe, comprobé que de lo que menos había aprendido era de cambio climático, una pena el tiempo invertido. Esta semana entrante, sin ir más lejos, se presentan en Europa algunos de los siguientes asuntos:

  • Propuesta de modificación del Régimen de Comercio de derechos de emisión.
  • Unificación de normas estándares de CO2 para turismos y furgonetas.
  • Propuestas previas al consejo de Energía del martes sobre los enfoques de la Directiva de Energía Renovable y la Directiva de Eficiencia Energética.
  • Estudio sobre los mecanismos de ajuste de carbono en frontera.
  • Durante la jornada organizada por Business Europe, se analizará la Estrategia de químicos para la sostenibilidad. En particular, los Reglamentos europeos REACH y CLP.
  • Diversos avances del Fondo Social por el Clima.
  • Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles.

Y estas son solo algunas de las iniciativas en marcha, hay muchas más. Ninguna ha tenido en cuenta a los zurdos, ni a la gente del Athletic de Bilbao. Si a los temas mencionados le aplico la perspectiva de género, quizás degenero la propia perspectiva del debate.

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Inflación (II): «greenflation» y «ukrainflation»

JOSEAN, 18/05/2022

(Viene de: Inflación (I): deflación, estanflación, reduflación y otros conceptos)

Greenflation o inflación verde

La primera vez que leí este término fue en un artículo sobre las palabras de Isabel Schnabel, Responsable de Operaciones de Mercado del Banco Central Europeo. La greenflation o inflación verde como concepto me parece atinado, expresa el incremento de precios al que tendremos que acostumbrarnos para cumplir los compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio climático, en pos de la transición energética, o en materia de residuos, economía circular y biodiversidad.

La inflación en España se situó en 2021 en el 6,1 por ciento, mientras que en la eurozona alcanzó una media del 5 por ciento, y en Estados Unidos, un 7,5. Unas cifras no vistas en décadas. En España al menos, el incremento de la inflación se debió en un 25 por ciento al incremento del precio de los hidrocarburos y en un 46 al de los precios de la electricidad. De este brutal incremento de precios de la energía eléctrica, al menos la cuarta parte se debió al «mercado de humos» de los derechos de emisión de CO2, es decir, al componente especulativo y de conveniencia creado para cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Es tan claro que la propia Unión Europea está desarrollando alternativas para «flexibilizar» la rigidez de este sistema, aun cuando ello suponga incrementar la capacidad de emitir gases contaminantes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en abril una medida que permitirá el uso de gasolinas más contaminantes para frenar la inflación. Se trata de una gasolina con menor poder energético, más contaminante, pero más barata, y el título del comunicado del presidente no dejaba margen a la interpretación: Biocombustible de producción nacional para combatir la subida del precio de la gasolina causada por Putin y bajar los costes de vida a las familias estadounidenses. Lo cachondo del asunto es que una medida similar había sido propuesta por Donald Trump tres años antes (sin la mención a Putin), lo cual causó una gran oposición en las filas demócratas, que ahora, a la hora de elegir entre la economía y «lo verde» se sitúan en el lado de la primera.

Hay cosas que cuesta entender como ciudadano. Por ejemplo, que nuestro compromiso por la sostenibilidad (a través de la Ley de Cambio Climático) prohíba el uso en España de la tecnología del fracking, perfecto, nada que objetar. No soy técnico, pero si atendemos a lo que dice la mayor parte de los expertos consultados (muchos otros opinan en otro sentido), los daños medioambientales de esta técnica de extracción de gas desaconsejan su uso, pese a que podría servir para abastecer a España durante las próximas cuatro décadas (Fuente: ABC).

Lo que no parece de recibo es que optemos por descartar esta fuente de energía, pero no nos cause un conflicto «moral-sostenible» importar el gas de Estados Unidos… extraído con la misma técnica del fracking. De este contrasentido ya advertía recientemente el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Y no le falta razón. Si la Unión Europea abogaba recientemente por el seguimiento de los compromisos contra el cambio climático y en favor del cumplimiento de derechos humanos y laborales a lo largo de toda la cadena de valor (no vale eso de «ser sostenible aquí, pero importar de donde no lo es»), este es un caso claro de incumplimiento. O de cumplimiento de cara a la galería con impacto directo en las cuentas públicas.

Creo sinceramente que el compromiso por la sostenibilidad es claro en la sociedad, en las empresas y en la mayor parte de los ciudadanos, pero cuando se pone el bolsillo en la balanza, algunas convicciones se resquebrajan. Sin entrar en cuestiones políticas o de oposición a la Agenda 2030 (que la hay, y puede que creciente), ¿cuál es el coste que tendremos que soportar o que estamos dispuestos a asumir para cumplir los compromisos asumidos por las principales economías occidentales? ¿Se trata de compromisos que solo podrán adquirir los países más ricos, mientras que los países en vías de desarrollo tendrán que mantener el uso de energías más contaminantes? Que ya es una exigencia de varios países africanos y asiáticos, por cierto, que se cuestionan por qué tienen que invertir en renovables cuando occidente se ha beneficiado para su progreso del uso de tecnologías «sucias».

Resulta complicado cuantificar el impacto de dicha transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, y en especial, el coste que va a tener durante los años en los que se pasa de un modelo a otro. La consultora McKinsey calcula en 3,1 billones de euros anuales hasta 2030 el coste hacia la transición energética. Otro informe sobre Transición Energética y Financiación, realizado por el Club de la Energía, cifra en 6,2 trillones de dólares americanos (5,2 billones de euros) el coste anual hasta 2030 para adaptar los sistemas de producción de energía, distribución y transporte a los nuevos parámetros. Se habla de una cifra cercana al ocho por ciento del PIB mundial. Como eso nos pilla «muy lejos», o son cifras macro que nos cuesta asimilar, el cálculo realizado por Enel Foundation y The European House-Ambrosetti nos ayuda a ponernos en situación: unos 8.000 euros por ciudadano europeo. Esa es la cifra resultante de dividir el déficit de inversiones de la Unión Europea para cumplir con los objetivos de descarbonización antes de 2030 (3,6 billones de euros) entre los 446 millones de ciudadanos europeos. No es una cifra anual, sino por el período completo, pero estamos hablando de un importe cercano a los 1.000 euros por habitante y año.

Y todo lo anterior solo para lo referido a la descarbonización del modelo energético, la reducción de emisiones y los compromisos contra el cambio climático. Que luego habrá que añadir el coste de los nuevos impuestos relacionados con los residuos: sobre el plástico, sobre los envases, el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la Responsabilidad Ampliada del Productor, que traslada al fabricante el coste de gestión de los residuos y una larga batería de medidas de carácter tributario que inciden en la recaudación, y no en la realización de las inversiones necesarias para gestionar de manera adecuada los residuos. Todas estas medidas se trasladarán al precio de los productos, lo que generará otro efecto inflacionario, o «greenflacionario».

Por si alguien tiene dudas sobre este bloguero, estoy dispuesto a asumir el coste necesario y solo pido que se haga cuanto antes y de manera efectiva. No lo estoy tanto para asumir chorradas u organismos que no aportan nada en esta o en otras materias. Y a buen entendedor…

«Ukrainflation» o la inflación generada por la invasión de Ucrania

Con todo el gazpacho mencionado en el anterior post y en este (compromisos medioambientales, crisis de suministros y materias primas, tensiones geopolíticas, incremento del consumo mundial tras la pandemia), no entiendo que el gobierno se centre en culpar de la inflación en exclusiva a lo que el Consejo de Ministros denomina al unísono «la guerra de Putin».

No es necesario. Son tantos los factores y ajenos al gobierno, es tan fácil la comparación con el resto de la eurozona, que me parece poco inteligente escurrir el bulto tratando de decir que todo es culpa de la invasión de Ucrania por el ejército de Rusia. Parece de Primero de Estrategia de manipulación mediática: simplificar el mensaje y aludir a la temporalidad de los efectos, mencionar el problema y hablar de la solución (quitar a Putin), como si todo se fuera a solucionar en un chasqueo de dedos.

La invasión de Ucrania ha agrandado el problemón que se venía arrastrando desde meses atrás y el gobierno se ha movido bien en algunos ámbitos para tratar de afrontar el problema, como con la llamada excepción ibérica aprobada para limitar el precio del gas en España y Portugal, o con algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 6/2022 aprobado en marzo pasado.

El real decreto tiene un preámbulo de 42 páginas, una abundancia de explicaciones para incidir en el impacto de la guerra de Ucrania sobre los precios, cuando (creo) que lo que queremos los ciudadanos son medidas y no tanto insistir en si la culpa es de esto o de aquello. Y cuando algo necesita «sobreexplicaciones» corre el riesgo de caer en contradicciones o de pervertir el mensaje. El objetivo de las medidas (pág. 10) es «…limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, atajar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad». Vuelve a insistir en la naturaleza temporal y en la distorsión geopolítica cuando ya hemos visto que los problemas son mucho más extensos, vienen de lejos y persistirán cuando acabe la guerra en Ucrania (ojalá sea pronto).

Precisamente porque las presiones inflacionistas venían de muy atrás, el mismo gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto-ley el 14 de septiembre de 2021 para combatir la escalada de precios del gas y la electricidad. Y otro posteriormente en octubre.

El resto del preámbulo se centra en el impacto en los precios de los cereales, debido al peso de Ucrania en el mercado europeo, en los efectos sobre los sectores ganadero, agrícola y pesquero (incremento del precio de los fertilizantes, incremento de los costes eléctricos…), en las ayudas a una parte del sector del transporte, así como en otra serie de medidas de muy largo recorrido, como son casi todas las referidas a la energía: «Estas medidas deberán abordarse, una vez más, desde una visión omnicomprensiva, que combine medidas de naturaleza coyuntural para frenar la escalada de precios, entre las que se destacan las medidas de ámbito fiscal, con medidas de marcado carácter estructural, fomentando el autoconsumo y promoviendo la integración de nuevas tecnologías renovables que…». «El capítulo III recoge medidas para la agilización de los proyectos de energías renovables con la finalidad de acelerar la descarbonización y reducir la dependencia energética».

Esas «medidas de ámbito fiscal» como la rebaja de veinte céntimos en el precio de la gasolina y el diésel han sido las más directas para el bolsillo del ciudadano y ya han tenido un impacto en el IPC de abril, pero los precios siguen subiendo. Y la fiscalidad de los carburantes no se ha tocado. Por otro lado, se incide en la necesidad de actuar sobre los windfall profits o beneficios caídos del cielo, un aspecto que, como tantos otros mencionados en el decreto, no tienen que ver con la invasión de Ucrania, sino con el modo de configurar el precio de la energía.

En cualquier caso, los impactos de la guerra sobre la inflación son difíciles de acotar y dependerán en buena parte de la duración de la misma. El Banco de España presentó en la misma fecha del real decreto un Informe en el que realizaba sus valoraciones sobre el impacto posible de la guerra en la economía de España y de la eurozona:

La guerra no ha hecho sino empeorar lo que ya mostraba una clara tendencia inflacionista:

Tras un repaso al posible impacto por sectores, el Banco de España concluye con las previsiones del BCE sobre el impacto de la guerra en Ucrania sobre el PIB y el IPC: entre el 1,9% y el 3,9%, lo cual dependerá de la duración y de las medidas que se adopten para combatir sus efectos.

Ojalá acabe pronto la guerra. Y no solo por la inflación o los efectos sobre el PIB.

La Comisión Europea acaba de rebajar (de nuevo) las previsiones de crecimiento para España al 4 por ciento (rebaja de 1,4 puntos) y sitúa la inflación para 2022 en el 6,3 por ciento. Casi nada.

Parafraseando a Bette Davis en Eva al desnudo: «abróchense los cinturones, va a ser un año muy movido».

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Inflación (I): deflación, estanflación, reduflación y otros conceptos

(Fuente: Cinco Días)

JOSEAN, 12/05/2022

Llevábamos varios años con una curva de incremento de precios bastante estable, hasta el punto de que la inflación no era un problema demasiado relevante para los sucesivos gobiernos de España y el resto de países occidentales, pero en los últimos meses el Índice de Precios al Consumo se ha disparado de tal manera que han saltado todas las alarmas. La tasa más alta en treinta y tres años. La inflación desbocada abre los telediarios y se ha situado en el top-5 (¿quizás top-3?) de los principales problemas para el gobierno, pues afecta al bolsillo de los ciudadanos, al crecimiento de las empresas, a las inversiones, a la evolución del PIB… a todo. Como indica este artículo de Expansión, todas las magnitudes económicas han caído con fuerza:

No hay manera. Parecíamos salir del bajonazo en el que nos sumió la pandemia y entre el alza de los precios de la energía, la guerra de Ucrania y la crisis de suministros, tenemos un nuevo frenazo a una economía que no termina de arrancar. Este post no pretende otra cosa más que aclarar algunos conceptos o mencionar otros que solo aparecían en los libros de economía, pero que nunca pensamos que llegaríamos a ver en la vida real. Por cierto, es inflación, no «inflacción», como siguen diciendo algunos periodistas en las tertulias. Por mucho que les suene a «acción de inflar» los precios, no, por favor, no lo digan más. Cada vez que un periodista dice «inflacción», un escalofrío recorre el cuerpo de cientos de miles de economistas en el mundo.

La inflación alcanzó un máximo del 9,8 por ciento en marzo, una aberración que pensamos que no veríamos jamás, pero «al menos» la inflación subyacente se quedó en el 3,4 por ciento. La inflación subyacente es ese indicador que no tiene en cuenta las variaciones de precios de aquellos productos más volátiles o inestables, como la energía o los alimentos no elaborados. Las medidas aprobadas por el gobierno para reducir el precio de los carburantes tuvieron sus efectos sobre la inflación, que se moderó levemente hasta el 8,4 por ciento, pero en cambio, la inflación subyacente siguió su avance un punto más, hasta el 4,4 por ciento.

Siendo un indicador más estable para medir el impacto real sobre los precios, el dato se ha disparado hasta su nivel más alto en décadas, concretamente desde 1995. Se espera una subida de tipos de interés en breve, con lo que eso supone para unas empresas y administraciones fuertemente endeudadas.

Debido a todo lo anterior, se prevé un año de dura conflictividad laboral, puesto que los sindicatos piden o exigen ligar el incremento de los salarios a la inflación, mientras que las patronales proponen desligarlos de la misma y vincularlos a la productividad.

Los llamados «efectos de segunda ronda»: se suben más los salarios, los empresarios trasladan el incremento al precio de sus productos, suben los precios, se vuelve a solicitar incremento salarial, etc.

En la universidad nos enseñaron (y la verdad es que he desaprendido muchas cosas) que una inflación moderada o controlada era positiva para el crecimiento económico, o que al menos no lo perjudicaba. O que podía ser signo de crecimiento. Una de las teorías, de Solow y Swan (1956), indicaba que el dinero perdía valor como consecuencia de una inflación moderada, lo que llevaba a que los individuos destinaran su ahorro o parte del mismo al consumo, a la compra de productos o servicios, lo que redundaba en el crecimiento económico del país. Dependiendo del país analizado, un porcentaje bajo de inflación podía ser positivo, o al menos, un indicador de crecimiento económico. Por añadidura, la inflación actual está produciendo un impacto positivo en las maltrechas arcas públicas, al menos en el corto plazo, puesto que se ha incrementado la recaudación por IVA (precios más altos, más base imponible sobre la que repercutir el impuesto) y por IRPF (al no actualizar las tablas de Hacienda, los ciudadanos ven incrementada la carga fiscal).

Ahora mismo estamos viviendo algo que solo conocíamos por los libros y que pensamos que no veríamos en países occidentales: la estanflación. Este «palabro» es el resultado de la unión de estancamiento e inflación, y la he leído recientemente en noticias referidas a Estados Unidos, ni más ni menos. El dato de inflación en Estados Unidos alcanzó el 8,5 por ciento en el mes de marzo, su tasa más alta desde 1981, un dato muy negativo que se vio acompañado por la cifra de caída del PIB en el primer trimestre del 1,4 por ciento.

Y si hablamos de este concepto que, de prolongarse en el tiempo, conduce a un empobrecimiento tremendo de la economía de un país, no podemos dejar de hablar de la deflación. La deflación es una inflación negativa, y como no me gusta hablar en estos términos (me recuerda a aquello de la ministra de la «tasa de crecimiento negativa»), es preferible decir lo que es: una disminución de precios. Que tampoco es nada bueno para la economía del país, ni para sus ciudadanos, pues es un signo claro de estancamiento de la economía. El ejemplo más claro es el de Japón, que entró en una tendencia deflacionista a mediados de los noventa y se mantuvo así durante algo más de dos décadas. En estas situaciones no muy habituales se juntan causas o factores de carácter real (brecha de producción, envejecimiento de la población y menor demanda), monetarios (la situación de los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a principios de los noventa, escasez de crédito) o de política económica (desajustes entre política fiscal y monetaria). Pero Japón daría para varios post y carezco del conocimiento necesario para afrontarlo, así que simplemente lo menciono de pasada.

La elevada inflación de los últimos meses nos ha traído un concepto nuevo, o que al menos desconocía, que es la reduflación. No es un término aceptado por la RAE y viene del inglés shrinkflation, unión de shrink (encoger, reducir) e inflation (inflación). Aquí lo mezclamos por las bravas: reducción más inflación igual a reduflación. Con un par. Consiste en vender una cantidad menor de un producto por el mismo precio que anteriormente llevaba el paquete de similar tamaño. Por ejemplo, quitar cincuenta gramos a una bolsa de patatas fritas, o 100 gramos a un paquete de macarrones, pero que ambos envases sigan costando lo mismo. No deja de ser una trampa para el consumidor, que desembolsa el mismo importe que anteriormente por una cantidad menor, un quince o veinte por ciento menos de producto.

Es completamente legal, pues al final, el paquete lleva los 250 gramos que anuncia, o los 400 que pone en la bolsa, aunque el precio sea el que anteriormente se pagaba por 300 y 500, respectivamente. Estrategias de las grandes compañías que recuerdan a aquello de: «yo no me entero si me sube la gasolina o no, porque siempre echo dos mil pesetas». Pues eso, un engaño autoimpuesto para no percibir que las subidas de precios nos están crujiendo.

Dejamos para la segunda parte dos conceptos modernos, bastante recientes, uno de ellos que ya ha salido en un post anterior, la greenflation o inflación verde, y la ukrainflation, de la cual esperamos un final que todavía no llega.

(Continuará)