SMI

JOSEAN, 12/06/2021

No ha terminado la reciente polémica sobre los efectos del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el crecimiento o destrucción de empleo y ya estamos inmersos en el debate sobre el aumento para el ejercicio 2021. En el propio gobierno hay dos tendencias contrapuestas: la defendida por Nadia Calviño a principios de este año, cuando propuso congelar el SMI, y la de Yolanda Díaz, apoyada en el comité de expertos del Ministerio de Trabajo, que plantea un incremento en tres años, con una subida más leve en 2021 y un aumento importante en 2022 y 2023. Ambas posturas coinciden en mantener la prudencia ante la evolución que pueda tener el año en curso, y lo fían todo a la mejora de la economía en los posteriores.

Las cifras de recuperación de empleo comienzan a mejorar, en mayo hubo un descenso del paro de 129.378 personas y un incremento de más de 200.000 cotizantes a la Seguridad Social, sin duda datos esperanzadores impulsados por la recuperación de la actividad en sectores tan importantes como la hostelería y la construcción. Sin embargo, conviene ser prudentes puesto que la recuperación aún no se ha consolidado y hay datos preocupantes como que más de medio millón de empleados continúa en situación de ERTE, concretamente 542.142.

El Banco de España publicó un Informe a principios de junio en el que valoraba los impactos del incremento del SMI aprobado en 2019 sobre la creación de empleo en ese año en el que se aprobó una subida sin precedentes hasta los 900 euros (un aumento del 22,3 por ciento). En las conclusiones del Informe, con muchas reservas por parte de los propios autores del mismo, se concluye que hubo un «menor crecimiento del empleo en los colectivos con menores salarios». Ese menor crecimiento, o esa pérdida de empleos, ha sido cuantificada según diversos medios entre los 94.200 (eldiario.es) y los 180.000 empleos (eleconomista.es).

El Informe del Banco de España reconoce las dificultades para evaluar el impacto que la subida del SMI tuvo sobre el empleo, puesto que hay diferentes metodologías de cálculo, algunas bien diferentes o contradictorias, y no resulta sencillo calcular el efecto que el incremento de los salarios más bajos tuvo sobre el consumo o la actividad económica general. Es decir, el «retorno» de ese importe extra que reciben los beneficiados por la subida sobre el consumo, y cómo ese incremento de consumo se traduce en mayores ingresos (y quizás, más empleos) para las empresas. Así, mientras que «la evidencia muestra de forma robusta que un incremento del SMI supone un aumento del coste laboral para los empleadores» (totalmente lógico, la carga del incremento recae sobre el empresario), «sin embargo, la evidencia acerca del efecto sobre el empleo tiende a ser mixta y diferentes estudios (…) muestran una dispersión grande (…) con elasticidades del empleo estimadas positivas, nulas y negativas». Luego el Informe puede valer para una cosa o para la contraria dependiendo de la metodología que se emplee y no resulta tan concluyente como algunos artículos han indicado.

Lo que parece fuera de toda duda es que es el empresario quien asume el coste de dicha subida del 22 por ciento y a él corresponderá trasladarlo en precio a sus clientes, recortar sus márgenes o directamente no contratar trabajadores. O despedirlos al no poder asumir la subida. La cuerda se tensa siempre hacia uno de los dos lados, pero está claro que había que hacer algo en el país europeo en el que más crece la desigualdad salarial. De la subida se han beneficiado principalmente los jóvenes, cuya contratación tiene un alto componente de precariedad y eventualidad:

El problema que ocurre con la subida del SMI en España tiene mucho que ver con la estructura empresarial. Las empresas grandes o de cierto tamaño pudieron asumir en su mayor parte estas subidas ya que el porcentaje de sus trabajadores sujetos al SMI no es elevado o relevante como para tener un impacto significativo en sus cuentas. Sin embargo, el 95 por ciento de nuestras empresas tiene menos de diez trabajadores, y este tipo de empresas son las que han soportado el grueso del incremento del SMI. Según el informe del Banco de España:

Y el drama es que esas pymes, o micropymes, como las denominan algunos, pequeños comercios, productores agrícolas o establecimientos de hostelería, van tan apuradas en sus márgenes que no tienen la capacidad suficiente para generar los recursos que les permitan absorber el 22,3 por ciento de incremento, o el incremento previsto para ejercicios futuros, en los que se prevé que el SMI alcance el sesenta por ciento del salario medio, en línea con lo propuesto por la Unión Europea. No es un panorama sencillo de resolver y estoy convencido de que lo que han hecho numerosas empresas ha sido rebajar el número de horas oficiales y pagar en B las trabajadas y no cotizadas para cumplir con la subida. En cierto modo se puede deducir del Informe en varias de sus páginas (pág. 32), cuando se dice que «tras una subida de SMI, algunos puestos de trabajo pueden haber permanecido activos, pero con una reducción en las horas trabajadas, por ejemplo, mediante el paso de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial». «La empresa ha podido decidir mantener el puesto de trabajo, pero solo en las horas más productivas o reduciendo horarios de apertura, por ejemplo». O pagando 30 horas oficiales y 10 en negro. «El resultado en estos casos sería una caída en las horas trabajadas, y no en el empleo». No puede demostrarse, pero se entiende que en buena parte es lo que ha ocurrido. En la página 17 se indica que «si se analizan los indicadores de empleo en términos de horas trabajadas», así como tras la subida del SMI en 2017 hubo un incremento de las horas trabajadas de «un 4,1 % a finales de 2018», en esta ocasión, tras la subida de 2019 se produjeron «desaceleraciones superiores a las observadas en la actividad económica». Y no parece que sea resultado de una mejora de la productividad.

Veremos en qué queda finalmente el asunto. «No confundamos la ideología con la ciencia y con lo que debemos de hacer», ha dicho la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para defender su postura frente a la congelación propuesta por la ministra de Economía, Nadia Calviño. Precisamente creo que es un tema lo suficientemente importante como para analizar los números y no dejarse llevar por esa ideología que cree que el empresario puede aguantarlo todo porque está hinchándose a ganar pasta a base de explotar a los trabajadores, porque lo cierto es que el pequeño empresario está en el límite. Claro que conviene mejorar las rentas más bajas y mejorar su poder adquisitivo, pero primero habrá que analizar si esta subida por decreto contribuye a disminuir el paro entre los más jóvenes, el más alto de Europa con mucha diferencia, o tiene los efectos contrarios, como puede desprenderse del informe del Banco de España.

Nadia Calviño acaba de apuntarse un tanto a su favor con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Unión Europea, ratificado tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen. De dicho plan nos han contado reiteradas veces dónde se piensan gastar los fondos recibidos, que será «resiliente, justo, inclusivo y sostenible», pero se habla menos de las reformas exigidas: en las pensiones, en el sistema tributario y en la legislación laboral, no precisamente en el sentido que le gustaría a la ministra de Trabajo.

Pedro Sánchez parece apoyar las tesis de Calviño, como dijo esta misma semana durante la rueda de prensa posterior al visto bueno al Plan de Recuperación: «Ahora mismo lo relevante es la creación de empleo y la consolidación del crecimiento económico». De ese modo daba por válidas las conclusiones de la ministra Calviño, así como el informe del Banco de España en el sentido de contraponer subida del SMI con creación de empleo.

A su lado (o enfrente) cuenta con una ministra de Trabajo que tratará de convencerle de lo contrario, respaldada por una sólida formación que incluye tres másteres: en Recursos Humanos, en Relaciones Laborales y en Urbanismo. Ah, no, disculpen, que eso era hasta el jueves, parece que se ha descubierto que no tenía tales estudios y ayer mismo desaparecieron de la web oficial del Palacio de La Moncloa (vía Carles Enric):