JOSEAN, 15/02/2021

Para el que no esté familiarizado con el término, se llama empresas gacela a aquellas empresas de crecimiento rápido, constante y muy por encima de la media. Según la OCDE, son empresas que logran crecimientos superiores al 20 por ciento durante tres años consecutivos. Suelen tener una plantilla reducida, buenas cifras de crecimiento en facturación y empleo, y una rentabilidad por encima del 15 por ciento. Según la web 123emprende, en España había unas 30.000 empresas gacela a principios de este año, localizadas fundamentalmente en Madrid y Cataluña. El sector de mayor crecimiento de este tipo de empresas en Europa es el de las tecnologías de la información, según el ranking Europe’s 500 seguido del inmobiliario y la construcción. Los sectores en España son, según el estudio de Iberinform, Crédito y Caución, los siguientes:

Son empresas que representan al pequeño emprendedor que arriesga y tiene éxito en su empeño, fundamentales en un país en el que más del 99 por ciento de las empresas son PYMEs. Resulta dramático leer que España ha perdido el 54 por ciento de sus empresas gacela durante este 2020 que ha sido tan trágico para todos.

En otra parte del tejido empresarial están las llamadas empresas zombis, aquellas cuyos ingresos no dan ni para cubrir sus gastos financieros. No solo no están en condiciones de devolver sus deudas, sino que a duras penas logran cubrir sus gastos. Caminan como los zombis de The Walking Dead, sin un sentido claro, despacio, arrasando todo lo sano que encuentran a su paso. Unas 220.000 empresas pueden estar en esta situación, el 6,2 por ciento según el INE, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea.

Muchas de ellas siguen cotizando en Bolsa, como Pescanova, Adolfo Domínguez, varias aerolíneas, constructoras como OHL,… Se benefician del crédito barato y casi ilimitado, de los estímulos públicos y de las preferencias de los bancos por refinanciar una y otra vez sus créditos en lugar de exigirlos y darlos por fallidos, lo que empeoraría también la situación del sector financiero. Con la paralización de la actividad motivada por el estado de alarma, el confinamiento y los cierres parciales de determinadas actividades que han sucedido durante los meses posteriores a marzo de 2020 (y llevamos casi un año), era lógico que numerosas empresas se vieran abocadas al cierre. Los estímulos públicos en forma de ERTEs y sus sucesivas prórrogas, las refinanciaciones de deuda con los avales del ICO y la moratoria concursal hasta el 14 de marzo llevan de modo inexorable a una “zombificación” de numerosas empresas.

Los estímulos fiscales directos nos sitúan a la cola de Europa en cuanto al impacto presupuestario que suponen, según un informe reciente del Banco Central Europeo:

Lo cual no es muy esperanzador si tenemos en cuenta que también nos situamos a la cola en el triste ránking de evolución del PIB:

La economía española es altamente dependiente del turismo y la hostelería, sectores en los que por desgracia no se prevé una recuperación en el corto y medio plazo. El turismo se ahoga en sus deudas, como decía ayer este titular de El País.

Nulas ayudas directas, al contrario que otros países, en un sector que representaba el 12,4% del PIB. No existe un plan concreto, no se aprecia un horizonte claro mientras las principales compañías ponen sus activos inmobiliarios y hoteles a la venta.

Los estímulos para las empresas hasta la fecha se han centrado únicamente en la “patada a seguir”: prorrogar los ERTEs, posponer vencimientos de deudas, ampliar créditos con aval del ICO o retrasar las solicitudes de concurso. No voy a criticar tales medidas, ni mucho menos, pero es obvio que no se pueden mantener indefinidamente. Puede que el error esté en creer que la situación crítica de estas empresas se debía a un problema de liquidez y no de insolvencia, como si al retrasar los problemas estos fueran a desaparecer con el reinicio de las actividades, y ya estamos viendo que no es así. El problema de muchas de estas empresas es que no van a ser solventes ni rentables y están abocadas a la quiebra.

En diciembre de 2020 se destruyeron 3.003 empresas, a una media de 97 al día, un 10,4 por ciento más que en 2019. Unas 68.000 empresas en todo el año, de las cuales el 99,7 por ciento contaba con menos de 50 trabajadores. Y esto no ha hecho más que empezar, las cifras no reflejan la realidad de la situación. En la actualidad existen 740.000 trabajadores en situación de ERTE, ahora mismo prorrogados hasta el 31 de mayo, ¿qué va a ocurrir a partir de esa fecha? ¿O del 14 de marzo? Lo que parece claro es que la economía de un país no puede sostenerse a base de subsidios o moratorias a empresas que antes o después van a ser declaradas insolventes. De hecho, puede terminar perjudicando al propio sistema y dificultando la supervivencia de aquellas que sí son viables o cuyo problema es de liquidez temporal, no de falta de actividad.

Hoy precisamente, 15 de febrero, los ministros de Economía del Eurogrupo se reunían para debatir sobre los riesgos de las insolvencias empresariales. En Bruselas preocupa el elevado endeudamiento de las empresas y el retraso en la reactivación de la economía, lo que puede acabar con una oleada de quiebras una vez que desaparezcan los estímulos, la «respiración asistida» de las empresas. La Comisión Europea recomienda que dicha retirada sea paulatina y que los países aceleren en el arranque de los proyectos incluidos en los Fondos de Recuperación y el Plan Next Generation.

Otra fecha importante a tener en consideración es la del 17 de junio, día en el que expira el plazo para la transposición de la directiva europea sobre reestructuración e insolvencia. El Registro de Economistas Forenses (Refor) propone la creación de un sistema de alertas tempranas ante posibles riesgos de insolvencia y la profesionalización del sistema de refinanciación. En España los procesos de concurso empresarial concluyen con la liquidación de las compañías en un 90 por ciento de los casos, una ratio que en Europa se sitúa entre el 65 y el 70 por ciento. Según el Refor, muchas de las refinanciaciones en casos de indicios de insolvencia se podrían salvar con una gestión profesionalizada y proponen incluir en la norma la figura de un mecanismo llamado Pre-pack, consistente en el asesoramiento de un profesional para que la compañía pueda enajenar todos los activos de interés antes de llegar a la situación de concurso, cuando ya casi todo se liquida a precio de saldo. Ya que estamos con los símiles, se corre el riesgo de la proliferación de los fondos buitre o los buitres a secas, que se hacen con activos interesantes a precios inferiores al valor teórico de mercado.

En un país en el que empiezan a desaparecer las gacelas y proliferan los zombis y buitres, la situación pinta mal. Muy mal. La metáfora que más me gusta para hablar del funcionamiento de una empresa o de la economía de un país es la del tren de mercancías. El tren necesita una distancia muy larga para frenarse, cerca de un kilómetro si circula a 100 kilómetros por hora. Igual que las empresas, que muchas veces avanzan por inercia, frenando con lentitud hasta que se detienen por completo. Ponerlas en marcha de nuevo, al igual que un tren de mercancías, requieren una cantidad enorme de energía. Creo que el tren no se ha detenido todavía y que va a requerir toneladas de carbón, más madera, que diría Groucho, para ponerlo de nuevo en marcha.

O también puede ocurrir que las gacelas, los zombis e incluso los buitres sean devorados por el dragón chino, que avanza implacable por todas partes imponiendo su modo de hacer las cosas. Sanciones del Banco Mundial por prácticas fraudulentas y colusorias en Congo, Zambia, Paquistán o Filipinas, denuncias por incumplimiento de la normativa laboral en varios países de Latinoamérica, casos de corrupción en Ecuador, Malasia o Guinea Ecuatorial, daños medioambientales en Sri Lanka, Montenegro o Ecuador, espionaje industrial en Estados Unidos, etc. Ya se vio su papel activo en la crisis de Grecia a la hora de quedarse con los mejores activos del país, así que todo pinta “fenomenal”.

Una empresa española de toda la vida, Urbaser, vendida por Florentino Pérez y el grupo ACS a un fondo de inversión chino hace tres años, acaba de sufrir el robo de información de contratos públicos en pleno proceso de venta. Los hackers solicitan una contraprestación para no hacer pública la información “secuestrada”. En una empresa de 35.000 trabajadores. Muy “divertido” todo, sí, señor.

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