JOSEAN, 18/04/2020

De verdad que en el post de hoy voy a intentar no meterme en berenjenales políticos. No merece la pena entrar en el debate actual sobre si estás en un bando o en el otro, que es donde acaban todas las discusiones se hable de lo que se hable (El calibrador de fachas y rojos). El propio lenguaje que observo acerca de «los dos bandos» en redes sociales, con una violencia verbal inusitada, me daba mucha pena al principio. Ahora empieza a darme miedo. Así que voy a limitarme a escribir lo que ha ocurrido en el último mes, desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo pasado.

• Marzo acaba con 834.000 afiliados menos a la Seguridad Social y la mayor destrucción de empleo de la serie histórica.
• El Fondo Monetario Internacional revisa a la baja las cifras del PIB de España y concluye que sufriremos una caída del 8%, en lugar del 1,6% previsto antes del inicio de esta crisis.
• La recaudación tributaria caerá 40.000 millones de euros, hasta su cifra más baja desde 2013.

• La deuda pública se disparará hasta el 113,5% del PIB y el déficit pública alcanzará el 9,5%.

Hasta aquí son simplemente datos económicos que ponen los pelos de punta, cifras que se repiten en todos los países y en todas las economías del mundo con mayor o menor impacto. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, Rusia o los países de nuestro entorno van a sufrir impactos importantes en sus cuentas públicas por la pandemia, por esta emergencia sanitaria que va a terminar en una crisis económica brutal. El gobierno de Pedro Sánchez erró gravemente a la hora de enfrentarse al coronavirus igual que tantos otros líderes mundiales como Donald Trump, Macron o Boris Johnson.

Ahora vamos a ver las medidas que se han tomado en el mes y cuatro días que han transcurrido desde la declaración del estado de alarma:

• El gobierno anuncia un plan de movilización de 200.000 millones de euros para combatir los efectos económicos del Covid-19. Un análisis posterior del real decreto sirvió para ver que en realidad eran 117.000 millones de dinero público, de los cuales 100.000 en realidad se gestionaban a través de una línea de avales y no de liquidez, y 2.800 millones consistían en una transferencia a las comunidades autónomas por una cifra similar a la que adeudaba a las mismas a finales de 2019. Las medidas se publican en el Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo, un real decreto de 46 páginas definido como de «medidas urgentes extraordinarias» que incluye una extraña disposición final en la página 41, que ni es económica, ni es urgente, ni mucho menos extraordinaria, para dar entrada a un Vicepresidente del Gobierno en el CNI (Centro Nacional de Inteligencia):

• El Real Decreto 11/2020 aprobado el 31 de marzo aprueba nuevas medidas económicas y corrige varias de las medidas del 8/2020. Se aprueban moratorias de pago de hipotecas, recibos de luz y agua, suspensión de los desahucios y se cuelan 15 millones de euros de apoyo a las televisiones públicas. Para el que no termine de creérselo, aquí está el texto:

• El decreto modifica varios de los artículos introducidos en el 8/2020, es decir, aprobados dos semanas antes. Afectan a todas aquellas empresas que trabajan con la administración pública, es decir, una parte muy importante del sector empresarial del país, que a su vez afecta a cientos de miles de trabajadores y  a subcontratistas de las primeras. Dicen que rectificar es de sabios, pero interpretar es de locos a veces:

• La declaración del estado de alarma paralizaba los recursos administrativos y las resoluciones, y limitaba la actividad de los juzgados, pero el 20 de marzo se aprueba una resolución del Ministerio de Justicia sobre esa figura tan extraña (y ciertamente dudosa) del indulto:

• Ante la avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, se aprueba el Real Decreto 9/2020 de 27 de marzo que corrige de nuevo parte de lo aprobado el día 17 y además limita la aplicación de los ERTEs.
• El gobierno aprueba un permiso retribuido obligatorio de ocho días para trabajadores de los servicios considerados no esenciales. El decreto y la lista de dichos servicios se publica el domingo 29 de marzo a las once de la noche, con lo cual cientos de miles de trabajadores estuvieron pendientes de saber hasta esas horas si podían o debían ir a sus puestos de trabajo a la mañana siguiente. Todos a sus casas durante dos semanas

A esas horas del domingo, a alguien le traiciona ya el subconsciente y publica por error el «caos». No me extraña que pasara desapercibido porque encaja perfectamente con la frase, pero sobre todo con la situación:

• El gobierno anuncia a finales de marzo que unos 9.000 test rápidos de detección del Covid-19 son defectuosos. Unos días después descubrimos que son 58.000 y finalmente reconocen que la cifra alcanza los 640.000. El gobierno anuncia posteriormente la realización de 62.000 test rápidos para elaborar un muestreo de la expansión de la pandemia. Ayer, 18 de abril, Pedro Sánchez anunció de nuevo que dichos test empezarán en las próximas semanas. La población de España está en unos 47 millones de habitantes.
• La descoordinación entre el Estado y las comunidades autónomas se pone de manifiesto con la compra de mascarillas, respiradores, geles y test rápidos. De esta gestión se encarga el Ministerio de Sanidad durante unos días, pero tras el desabastecimiento que sufren las consejerías de sanidad autonómicas la competencia vuelve a las mismas.
• El Centro de Investigaciones Sociológicas no deja de prestar sus servicios esenciales y publica varios sondeos que aprueban la gestión del gobierno durante la crisis. En el publicado esta semana incluye la famosa pregunta 6 sobre la opinión del ciudadano acerca de limitar la difusión de noticias e informaciones:

• El Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska niega la existencia de censura, pero sí el control de la información que circula por redes sociales:

• El Portal de Transparencia suspende sus actividades durante el estado de alarma. En este blog le dedicamos mucho tiempo a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en su día, aprobada con retraso y muchas limitaciones durante el mandato de Rajoy, pero el tiempo ha demostrado que no se buscaba ni transparencia ni buen gobierno. La suspensión implica, por ejemplo, que no se pueda saber qué empresas han intervenido en las gestiones de muchas de las compras fallidas de las últimas semanas.
• El 15 de abril se presenta el anteproyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El nuevo sistema «liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción». Pregunto con mi desconocimiento de la materia: ¿esto significa que la instrucción quedará en manos de la Fiscalía, dependiente de Dolores Delgado? Anterior Ministra de Justicia con el PSOE y actual Fiscal General del Estado. ¿Y por tanto supone la supresión de la figura de los Jueces Instructores Independientes? ¿Este es el momento?
• El gobierno y las comunidades autónomas pactan un aprobado general para la mayoría de estudiantes.
• Se estudia la aprobación de una renta mínima vital cuyo coste se estima en 5.500 millones de euros.
• El gobierno aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo.

La sobredosis de información y cambios legislativos en estas cinco semanas ha sido brutal, de tal tamaño que esto es solo un pequeño resumen de lo que he sido capaz de captar. El Covid-19 ha generado mucha intranquilidad en la sociedad, no solo por los más de 20.000 muertos oficiales (a falta de la coordinación de los distintos criterios de recuento), sino por la situación económica en que va a quedar el país.

Naomi Klein en La doctrina del shock afirmaba que cuanto mayor es el impacto sufrido por una población, debido a una catástrofe o desastres de cualquier tipo, más fácil resulta la implantación de determinadas medidas, medidas que en circunstancias normales jamás habríamos aceptado. Me ha venido a la mente muchas veces durante estas cinco semanas. No duermo tranquilo, pero creo que no soy el único: