En apenas un par de meses se habrá cumplido el tercer año desde la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno, período en el cual han pasado muchas cosas, se han aprobado numerosas reformas, recortes y se han adoptado medidas (nos dicen) encaminadas a poner de nuevo el país en la senda del crecimiento. En ocasiones las crisis tienen efectos positivos, al menos en algún aspecto concreto de la economía o la política. Yo espero que ocurra con la actual y que al menos se produzca una regeneración o un replanteamiento de muchas de las políticas que nos estaban llevando por mal camino. En este contexto de crisis resulta más necesaria que nunca una verdadera transparencia en la gestión pública, y una exigencia de buen gobierno a nuestros representantes, entendido como «buen gobierno» la gestión más eficiente posible de los (cada vez más escasos) recursos. Que no lo olvidemos, provienen en su mayor parte de nuestros impuestos.
El Partido Popular se ha pasado buena parte de la legislatura hablando de transparencia, de la Ley que iban a sacar adelante y de las bondades de la misma, al igual que hizo durante años el PSOE, que de hecho la llevaba en su programa de gobierno de 2004. Nunca más se supo. La realidad, al menos para el que escribe este texto, es que ha habido y hay muy poco interés por que esta Ley tenga un verdadero efecto en las prácticas de nuestros representantes en la administración pública.
Como este post va a ser exageradamente largo, lo voy a dividir en dos partes.
Para empezar, explicaré para el que no esté muy al tanto, cómo ha sido el proceso. Las fechas son importantes:
– 26 de marzo de 2012: el Ministerio de la Presidencia publica en su web el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y abre un plazo de 30 días para que los ciudadanos y particulares consulten el mismo, y aporten sugerencias con vistas a que pudieran ser incluidas en el texto definitivo que apruebe el Congreso. Durante ese plazo la web recibe más de 80.000 visitas y los ciudadanos dejan (dejamos) unas 3.600 sugerencias. Fue una muy buena idea, la mejor de toda la gestación de esta Ley.
– 12 de septiembre de 2013: la Ley concluye su tramitación en el Congreso. Ya ha pasado un año y medio, y se supone que durante ese período diversas comisiones y expertos han planteado mejoras y se han incorporado algunas. Pocas, en palabras de Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Por cierto, fui alumno suyo. En aquel momento ya advirtió la organización Global Right to Information Rating que, de aprobarse la Ley tal cual estaba prevista, sólo obtendría 68 de 150 puntos posibles y situaría a España en el puesto 72 de los 96 países que tenían una Ley en este sentido.
– 9 de diciembre de 2013: se aprueba por fin la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Casi dos años después de la llegada al poder de los populares. Pero como dice igualmente Jesús Lizcano, «más vale tarde que nunca» y «aunque no sea la mejor ley posible».
Para mí hay otro aspecto muy importante en esta cronología y es el añadido en la última Disposición de la Ley (Disp. final novena), que recoge la entrada en vigor de la misma. Es un poco lamentable porque:
– El Título II (Buen gobierno) entra en vigor al día siguiente de la publicación. Hasta aquí todo perfecto.
– Los Títulos I (Transparencia) y III (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) entran en vigor un año después. Es decir, en diciembre de 2014. ¡Ni siquiera están en vigor a día de hoy!
– En diciembre de 2015, casualmente cuando finaliza el mandato de D. Mariano, entra en vigor esta Ley para los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. O sea, que los campeones de la opacidad tienen todavía un año más para «adaptarse» a las obligaciones (no excesivas) que les marca la Ley. Buff… Qué poco interés en meterle mano al asunto.
Pensemos que «nunca es tarde si la dicha es buena», tengamos paciencia y vamos a analizar si al menos, aunque tarde, la Ley aprobada es la más conveniente en estos años en que se revisan patrones de conducta de los gestores de las administraciones públicas. Vaya por delante que soy muy escéptico desde el principio del proceso, porque los que han dirigido el mismo son en el fondo los responsables de las tarjetas «black», los sobresueldos o sueldos en sobre o la apropiación de los fondos de formación. Y lo que es igualmente grave, los responsables de tapar esas vergüenzas. Sería una pena que algo tan necesario como esta Ley se quedara en una mera campaña de imagen para el Gobierno, en una especie de «mira cómo voy a controlar lo público para evitar más Gürtels y EREs fraudulentos».
¿Os habéis fijado que a Soraya le cambia el gesto cada vez que pronuncia la palabra «transparencia»? Se le hinchan los papos, se pone muy seria. Casi parece que se lo cree.
Como he estado muy encima de este asunto desde el inicio de la aprobación, voy a intentar explicar la misma, incorporando además comentarios sobre lo que se ha añadido o modificado sobre el texto inicial.
La Ley consta de tres grandes apartados o Títulos:
– Título I: Transparencia de la Actividad Pública (que incluye el derecho de acceso a la información).
– Título II: Buen Gobierno (tan necesario ahora como en los tiempos de bonanza).
– Título III: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (creación del órgano de control de cumplimiento de la Ley).
Preámbulo
La primera frase ya lleva una carga de profundidad: «La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política«. Resalto el «deben ser» porque la redacción correcta sería «son». Lo que ocurre es que el que ha escrito el preámbulo es sin duda un funcionario experimentado de carrera y no un político, y se le caería la cara de vergüenza si lo hubiera escrito a mi manera. Desgraciadamente las acciones políticas en un porcentaje muy elevado tienen una motivación completamente alejada del buen gobierno o la transparencia. Interesa el beneficio a corto plazo, el rédito electoral. Recomiendo la entrevista a Victoria Camps, filósofa, estudiosa de la Bioética, publicada en El País el 10 de agosto de 2014, en la que decía entre otras cosas que «uno de los defectos de nuestra democracia, que es muy partidista, es no pensar en el bien común, no pensar más allá de las próximas elecciones, de modo que los proyectos siempre son a corto plazo». E interesados políticamente, añadiría.
El preámbulo tiene un segundo párrafo muy loable que transcribo literal (vuelvo a pensar en ese experimentado funcionario, leal servidor, que se ha tragado sapos a lo largo de su carrera viendo cómo mediocridades accedían a puestos de responsabilidad que no merecían, y que escribe lo que le encantaría que ocurriera en el país para el que presta servicios):
Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.
Posteriormente se habla de otras novedades relevantes, como el régimen sancionador, un test de daño para resolver conflictos con otros intereses protegidos (datos personales, por ejemplo) y la creación de una reclamación potestativa que no estaba prevista en el borrador inicial (y sin la cual, la Ley no servía prácticamente de nada). Por último, en el preámbulo ya se nos avisa de un tremendo error que se ha colado en la Ley y es que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sólo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que haya firmado convenio al efecto. Las que no lo firmen tendrán su propio órgano autonómico para asumir estas competencias. De chiste. Las casas de apuestas tienen muy claro qué Comunidades no van a firmar el convenio con el Consejo «central» y no admiten apuestas en este tema.
Título I: Transparencia:
1. Ámbito de aplicación: quizás fueran las sugerencias de los ciudadanos las que lo lograran, pero lo cierto es que lo primero que llamaba la atención en los borradores es que entre las entidades a las que se aplica esta norma, no aparecían la Casa de Su Majestad el Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, el Banco de España o las organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban subvenciones públicas. Afortunadamente se acabaron incluyendo. No queda claro, y ni siquiera se sobreentiende, que las cajas de ahorros (o lo que queda de ellas) u organismos como el FROB o el Sareb sí estén sujetos. En cambio, sí hace mención a las empresas adjudicatarias de contratos del sector público, lo cual no deja de ser sorprendente, porque en mayor o menor medida, son numerosos los servicios públicos gestionados por empresas privadas. Tampoco queda nada claro qué tipo de información se puede exigir a estas empresas. Se me ocurre, por atizar un poco, que deberían informar de cada contratación de un familiar o un «recomendado» de algún miembro del organismo público que les adjudique un contrato. Alguien debería hacer un estudio de los hermanos, primos e hijos de cargos públicos que trabajan para empresas concesionarias de servicios públicos. Por curiosidad estadística, más que nada.
2. Información institucional, organizativa y de planificación: las entidades públicas deberán informar de sus estructuras organizativas, pero no obliga a homogeneizar las mismas. ¿Podremos ver los currículum de los asesores y cargos de confianza? En teoría sí, porque las entidades tendrán que publicar «un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional» (Art. 6). Tampoco se admiten apuestas.
Se abre la vía para su control e inspección por parte de la Administración General del Estado, pero se refiere sólo al control del cumplimiento de los programas anuales y plurianuales, no a la contratación del personal que entra en esa “estructura organizativa”. Creo que es fundamental una homogeneidad de la estructura de las administraciones públicas, y sobre todo de las autonómicas y locales, para evitar el despelote de los últimos años, con alcaldes con sueldos astronómicos en ciudades de tamaño medio, cargos de confianza por doquier, duplicidades en los puestos, creación de comités absurdos, etc,… Ineficiencia a cargo del erario público. La Disposición final Quinta del borrador iba en esta línea, pero sorprendentemente se ha suprimido. Decía así:
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán cada año el baremo al que habrán de ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Entidades Locales atendiendo al tipo de entidad local de que se trate, así como a criterios objetivos de población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras circunstancias de carácter administrativo.
Desconozco las razones de la supresión, posiblemente entren en conflicto con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Seguiremos en breve, no quiero agotar a los pocos lectores que hayan llegado hasta aquí.
Cuatro amiguetes y unas jarras 
Estimado Josean,
Creo que todo es mucho más simple que eso. Como decía Hannibal Lecter en El Silencio de los Corderos, vete a la simplicidad de las cosas, ahí está la respuesta. Y la simplicidad de las cosas es que los listos y tiburones de la manada siempre han dominado a los tontos y a los mansos. El resto son artificios y un modelo más sofisticado por parte de las élites para dominar a las masas.
La ley de Transparencia es un artificio para esconder detrás de otro modelo diferente el engaño al que someten los que dominan el mundo a los que se dejan dominar.
Aunque estoy seguro que dentro de la política hay gente honesta, creo que cada vez está más claro que los que llegan a gobernarnos, en un momento dado, sean con anterioridad o posterioridad a alcanzar el poder, son corrompidos.
Pero no nos enrollemos como acostumbras a hacer Josean y vayamos al grano.
Dentro de esa explicación más sencilla definamos el rol que juegan cada uno de nosotros.
Los políticos corruptos son los tontos útiles que se dejan embaucar por el dinero y que les termina esclavizando a la devolución de los favores y la amenaza de la publicación de su deshonestidad.
Los listos de la manada son aquellos individuos que se creen estar por encima de los demás, que no tienen escrúpulos y que no les importa someter al resto con tal de obtener un beneficio propio. A lo largo de la historia este rol lo han ido ocupando diferentes perfiles. Con la revolución agrícola, el dominio de la tierra suponía el dominio de los demás, los señores feudales emplearon su fuerza y el acceso al conocimiento y la cultura para someter al resto. Posteriormente se unieron y crearon la nobleza y la monarquía. Con la revolución industrial, el industrial fue el que sometió a su semejante y lo transformó de campesino a obrero. Con la llegada de los excedentes industriales y la lucha sindical, que no se nos olvide esto, el obrero consiguió racionalizar la jornada laboral y disponer de tiempo libre, así surgió la clase media. Los excedentes industriales provocaron una lucha por acaparar cuotas de consumo y para acaparar el tiempo libre del trabajador, surgió la industria del entretenimiento y junto con ella el marketing. Aquellas industrias que conseguían mayores cuotas de consumo y venta dominaban sobre las que no. Cómo lo hacían, accediendo al conocimiento y al talento estuviera este donde estuviera y sobre todo explotando las debilidades innatas del hombre. Con el crecimiento de las clases medias, sus salarios y la expansión de las grandes industrias, el industrial se dio cuenta que le resultaba más rentable desmantelar sus fábricas allí donde la mano de obra le resultaba más cara y llevársela allí donde los trabajadores no tenían derechos y así podían someterlos a un trabajo más duro sin derechos, a ser posible, obteniendo mayores rentabilidades y permitiéndoles acaparar mayores riquezas y bienestar propio y para los suyos. Para lograr esto, las élites metieron a los políticos en sus bolsillos e hicieron que aprobaran leyes que beneficiara sus estrategias empresariales, además de financieras. No vamos a entrar en detalles de cómo este sistema permite a las grandes industrias chantajear a los gobiernos de turno para lograr ventajas fiscales, además de mover el dinero a su antojo por los consentidos paraísos fiscales.
Pero vayamos al grano que me estoy extendiendo demasiado. Con la llegada de los excedentes económicos llegó la ingeniería financiera, la desregulación del sistema financiero, la creación sistemática de burbujas financieras para traspasar recursos y capital de la clase media a los listos financieros de la manada y todo esto no hubiera sido posible sin el consentimiento de nuestros gobernantes a sueldo de las élites.
Llegados a este punto, lo único que puede quedar claro es que el capitalismo triunfó sobre el comunismo y ahora lo está haciendo la «socialdemocracia» europea porque responde a lo que somos los humanos en esencia y en conjunto, donde hay listos (poseedores y acaparadores de recursos) que no les importa someter al resto porque no los considera sus semejantes, tontos útiles o listillos que traicionan a sus semejantes, tontos que no saben ver más allá de sus narices y como son sometidos por sus semejantes a los que considera superiores, y mansos, que pese a saber que está siendo explotado por sus semejantes se quedan paralizados por el miedo a perder lo poco que los acaparadores de recursos les dejan compartir con ellos, precisamente por miedo a una revolución total que pusiera en peligro el estatus quo.
Depende de cada uno de nosotros individualmente saber que rol nos han impuesto jugar y si estamos dispuestos a seguir jugándolo o a arriesgarnos a cambiarlo. Como listo sin escrúpulos, como listillo o tonto útil traidor, como tonto inconsciente incapaz de percibir la realidad, como manso o como revolucionario dispuesto a jugárselo todo por cambiar lo que otros ya intentaron y que algunos lograron en algún momento de la historia hasta que las élites reinventaron su plan de dominación y cubrieron con un nuevo velo de despiste su sometimiento a las masas como es la nueva ley de trasparencia.
atentamente,
Dagos Elva
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Muchas gracias, Dagos, por tu extensa respuesta. Puedo estar de acuerdo con buena parte de las cosas que indicas, pero no me siento capacitado para hablar del Club Bilderberg, los «hombres de oro» de Goldman Sachs que todo lo controlan y los multimillonarios que ponen y quitan gobiernos. Realmente no tengo capacidad ni conocimiento ni medios para abarcar esa tarea, pero me encantaría. Así que me conformo con algo más cercano y accesible como es descargarme una Ley y destriparla para difundir la enorme patraña que nos intentan colar como ejercicio de transparencia. Los mismos que niegan luego la realidad cuando les ponen las pruebas sobre la mesa. ¿Recuerdas «Matrix»? ¿Recuerdas cómo Cypher traiciona a Neo y al resto, y le dice al agente Smith que prefiere vivir en un mundo irreal, en la ignorancia? Yo no tengo claro dónde posicionarme, no tengo valor para poner en juego lo que tengo (como dices en tu comentario que hacen muchos), pero tampoco quiero vivir en la ignorancia como Cypher. Así que me conformaré con vivir en el sistema denunciando sus engaños. Gracias por tu aportación, Dagos.
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