Morosidad: ciudad sin ley

Como comentaba en la primera parte y una vez salvada la duda creada sobre el pacto en contrario, la Ley era clara: las administraciones públicas debían pagar sus facturas en un plazo de 30 días (60 en la práctica con la trampa introducida en la aprobación), mientras que las empresas debían hacerlo a 60 desde la fecha de factura. En caso de no hacerlo, tanto unos como otros estaban obligados a pagar intereses de demora a sus proveedores, lo que en la práctica no ocurría por los costes y el largo proceso contencioso-administrativo en el caso de las AA.PP., y por el temor de las pequeñas y medianas empresas a reclamar judicialmente a sus deudores morosos, en su mayor parte grandes empresas. Los intereses de demora son elevados, pero no se cobran “de oficio», sino normalmente después de un litigio o reclamación que supone, queramos o no, un desgaste comercial y un deterioro de la relación con el cliente.

Para tratar de paliar ese deterioro de la relación comercial, la Ley 15/2010 permitía que fueran las asociaciones sectoriales y las patronales las que ejercitaran ese derecho a reclamar:

Artículo segundo. Seguimiento de la evolución de la morosidad y resultados de la eficacia de la Ley.

En el marco…, …se realizará un seguimiento específico de la evolución de los plazos de pago y de la morosidad en las transacciones comerciales así como de los resultados de la práctica y eficacia de la presente Ley, con la participación de las asociaciones multisectoriales de ámbito nacional y autonómico así como la plataforma multisectorial contra la morosidad.

Y más adelante en el art. Primero, punto Cinco:

Estas entidades podrán personarse, en nombre de sus asociados, en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes para solicitar la no aplicación de tales cláusulas o prácticas, en los términos y con los efectos dispuestos por la legislación comercial y mercantil de carácter nacional.

Pese a que la Ley estipula lo indicado, luego resulta que te podía venir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sancionar por tratar asuntos referidos con la morosidad en una asociación sectorial, como ya hemos tratado con anterioridad en este blog (sector de saneamiento urbano).

La conclusión a la que se llega es que los plazos de pago se siguen incumpliendo. Las administraciones públicas han mejorado notablemente, y las empresas privadas, en menor medida. Las grandes… corramos un tupido velo, más bien poco.

Las propuestas de la Cumbre

La segunda parte de la IV Cumbre Político-Empresarial sobre Morosidad se centró en las distintas propuestas de los principales grupos parlamentarios, aprovechando la próxima reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Antes de nada, llamo la atención sobre el farragoso proceso de aprobación de una ley estatal como la mencionada, porque tratándose de una norma con unos 350 artículos, se están debatiendo las 1.080 enmiendas presentadas. ¡Más de tres por artículo!

Las propuestas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios buscan objetivos similares:

• Más transparencia en la contratación.
• Fomento de la competencia entre las empresas.
• Mayores facilidades de acceso a la contratación, especialmente para empresas de menor tamaño.
• Posibilidad de que los subcontratistas acudan a cobrar directamente de la administración pública.

Cada uno con sus matices. El grupo mixto, por ejemplo, plantea que no puedan contratar con la administración pública aquellas empresas que incumplan los plazos de pago legales. ERC propone que primen criterios como los fines sociales o medioambientales por delante de los económicos, y Unidos Podemos presenta una enmienda para facilitar el acceso de pequeñas empresas dividiendo los grandes contratos en lotes. Lo contrario de lo realizado en Madrid con la limpieza viaria en la era de Ana Botella, pero mantenido sin embargo por el equipo de Ahora Madrid en la recogida de residuos, por ejemplo. Es bastante probable que esta división en lotes sea menos eficiente, y por tanto, más cara en determinados servicios.

Ciudadanos habló de la necesidad de acabar con lo que denomina «la cultura del modificado», de la que hemos sido auténticos expertos (y exportadores de la idea) en España.

El grupo socialista incide en la necesidad de controlar los plazos de pago por parte de las administraciones contratantes, lo cual puede estar bien, pero resulta complejo en la práctica.

El grupo popular realizó el discurso triunfalista al que nos tiene acostumbrados y planteó el dilema de la dificultad de comprobación por parte de las administraciones de los incumplimientos, y la posible saturación de la misma si se abría la vía de reclamación directa por parte de los subcontratistas. ¿Qué ocurre si el problema de la mora se debe a una disputa comercial? ¿Debe mediar la administración? Y como reflexión interesante dejó la referida a cómo era posible llegar a las 1.080 enmiendas cuando de lo que se trata es de trasponer una Directiva comunitaria. Spain is different, hay 45 millones de seleccionadores, por qué no íbamos a tener más opiniones que artículos.

Todos los grupos recogieron de uno u otro modo las propuestas de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Otros grupos de interés consultados, como la CNMC, ponen su granito de arena, o su palo en la rueda, al proponer que no puedan contratar con la administración pública aquellas empresas que hayan sido sancionadas en firme por conductas de falseamiento de la competencia.

En lo que todos parecen estar de acuerdo es en la necesidad de la implantación de un régimen sancionador.

La implantación de un régimen sancionador

Como dijo el ponente de Ciudadanos, parecía imposible implantar la ley anti-tabaco o el carné por puntos y ambas se implantaron y funcionan con total normalidad. Porque existía un régimen fuerte de sanciones, lo que sin embargo no ocurre en el tema de la morosidad, o «morrosidad». La Plataforma habló de sanciones que van desde los 6.000 a los 900.000 euros, y dejó caer la posibilidad del cierre temporal de actividad de las empresas incumplidoras. A mí particularmente, esto último me parece totalmente fuera de lugar. ¿Qué hacemos con los empleados, los mandamos a casa? Y no hay más que añadir.

El objetivo de este régimen no debe ser recaudar, sino incentivar a las empresas para que cumplan con la ley. Triste, pero cierto. El grupo mixto indicó que el PMP debe ser imperativo (obvio) y propone crear un sistema para el control del mismo por parte de la administración. Ciudadanos plantea crear un sistema arbitral para dirimir las diferencias por conflictos relacionados con la morosidad.

Unidos Podemos compra de nuevo el discurso falaz del ministro Montoro sobre la bajísima tributación de las grandes empresas y se limitó a atacar a las mismas aportando datos escalofriantes como que en España tenemos una deuda comercial de 285.000 millones de euros, el 80% vencida, lo que lastra claramente la competitividad de nuestras empresas.

El grupo socialista planteó sus dudas acerca del funcionamiento del régimen sancionador: ¿cómo se activa? ¿Quién denuncia? ¿Quién acredita el incumplimiento? No es sencillo.

El Partido Popular habló de toda la normativa aprobada en los últimos cinco años para atajar la morosidad (fondos de liquidez autonómica, planes de pago a proveedores, Ley de estabilidad presupuestaria, medidas de apoyo a emprendedores y a la internacionalización de las empresas, factura electrónica,…), pero apenas treinta segundos para el régimen sancionador. Sin entusiasmo, sin interés.

Eché en falta dos de las medidas anunciadas por Mariano Rajoy al principio de su legislatura, que habrían ayudado mucho a las empresas y que han quedado desgraciadamente en el olvido:

1. La creación de un mecanismo de compensación de deudas entre empresas y administraciones públicas.
2. La liquidación del IVA con criterio de caja (cobro) y no de devengo, que produce situaciones injustas para las empresas.

Yo creo que ambas medidas fueron frenadas por Montoro, porque aunque fueran más equitativas, disminuían los ingresos del Estado. En su lugar se incrementaron notablemente los recargos por pagar con retraso a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

En mi trabajo me toca analizar balances de empresas con cierta frecuencia y es una pena comprobar cómo algunas no pueden pagar sus impuestos o seguros sociales mientras tienen en sus activos las deudas impagadas o atrasadas de ayuntamientos o comunidades autónomas. Encima les toca abonar recargos del veinte por ciento por los retrasos causados directamente por otras administraciones públicas, y además se les «premia» imposibilitándolas para contratar con la administración. Así termina quebrando la mayoría.

Conclusión

Queda mucho por hacer y hay mucho margen de mejora. Parece que es inevitable implantar un régimen sancionador. Un tercio de las empresas terminan cerrando por problemas relacionados con la morosidad, pero yo dejo otra pregunta final. Siendo el nuestro un país de morosos, o con una cierta permisividad, ¿cuántas empresas y cuántos puestos de trabajo se perderían si las empresas pagaran en plazo? Registros de morosos, Asnef, Equifax, empresas de recobros, cobradores del frac, confirming, factoring, descuento de pagarés, bufetes de abogados, empresas de envíos de burofaxes,…