Morosidad: ciudad sin ley
Como comentaba en la primera parte y una vez salvada la duda creada sobre el pacto en contrario, la Ley era clara: las administraciones públicas debían pagar sus facturas en un plazo de 30 días (60 en la práctica con la trampa introducida en la aprobación), mientras que las empresas debían hacerlo a 60 desde la fecha de factura. En caso de no hacerlo, Sigue leyendo