– ¡Protesto, señoría!
– Pero qué sabrá usted, que ni siquiera es abogado.
– ¿Y eso me limita el derecho a protestar, a quejarme ante leyes absurdas, o lo que es peor, ante los abusos que suponen algunas resoluciones judiciales? Estamos llegando a niveles críticos y aunque no sea abogado ni experto en Derecho, considero necesario mencionar algunas normas o resoluciones que hacen que el principio de seguridad jurídica se tambalee. Sigue leyendo
Tras el Consejo de Ministros del pasado 25 de julio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía balance de los distintos mecanismos de financiación de pago a proveedores desarrollados en los últimos dos años. En ese mismo Consejo se aprobaba un Real Decreto que ponía fin a las disposiciones normativas para (en palabras del propio Ministerio, tócate los coj…) “erradicar la morosidad comercial de las administraciones públicas”. Me cabreo porque existían normas y leyes suficientes para que no fuera necesario tener que erradicar esa morosidad (Ley de Contratos del Sector Público, Directiva comunitaria contra la morosidad, Ley de Entidades Locales), pero la falta de seriedad de los gestores ha hecho necesario habilitar estos mecanismos adicionales. En otras palabras, el Sr. Montoro lleva dos años sacando normas y planes de pago a proveedores para salvar y cubrir la morrosidad de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. No es una errata, lleva doble erre: MORROSIDAD. Sigue leyendo
