JOSEAN, 11/09/2026
Cuando un estudiante no aprobaba a tiempo, lo mandaban a septiembre, a ver si recuperaba. No es fácil solucionar en dos meses lo que se había eludido hacer durante los siete u ocho meses de curso, pero había que dar una nueva oportunidad a esos malos estudiantes, a ver si enmendaban errores, se ponían las pilas y lo sacaban adelante. Aunque este post se titule Los malos estudiantes, no voy a hablar del informe PISA, que quedará en “tareas pendientes”, sino del desaprovechamiento de los fondos Next Generation.
Una vez superada la fecha límite del 31 de agosto de 2026, el gobierno se enfrenta ahora a la ardua tarea de tratar de corregir todo lo que ha hecho mal (o simplemente demorado) durante los meses anteriores. El problema es que las tareas retrasadas y no ejecutadas no vienen de meses atrás, como los estudiantes que suspenden, sino de años. La aprobación de los fondos se produjo en el Consejo europeo de julio de 2020, es decir, hace más de seis años, cuando apenas asomábamos las cabezas del estacazo de la pandemia. La mayoría recordamos el triunfalismo (entendible) con el que se acogió el plan (Las cicatrices del coronavirus), pero todo pinta a que su resolución será decepcionante.
Ha habido tiempo suficiente para presentar los proyectos, acometerlos y recibir la financiación, coño, que estaba ahí, bien cerca, en Bruselas o donde fuera, esperando solo dos cosas:
- La justificación que se exigía a cada estado del uso.
- La aprobación de las medidas legislativas, fiscales o laborales exigidas a cada país.
El gobierno apura los plazos para tratar de cobrar los últimos 26.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, de los cuales corresponden 21.462 millones a transferencias a fondo perdido y unos 4.400 millones a préstamos reembolsables. Esta cantidad en riesgo se suma a los más de 60.000 millones de euros en préstamos a los que ya renunció el gobierno el año pasado y a los 1.362 millones en transferencias directas que, casi seguro, se van a perder de manera definitiva. El panorama es desolador. En seis años se han dispuesto 78.000 millones en fondos, lo cual, haciendo una media sencilla, da una cifra anual de unos 13.000 millones de euros. Ahora hay que correr para recuperar el doble de esos fondos y en el camino se ha quedado una cantidad que habría permitido modernizar infraestructuras o, al menos, evitar su deterioro.
No es algo que pueda pillar a nadie por sorpresa. En este mismo blog, en julio de 2025 publiqué una extensa lista de reportes, avisos, advertencias, ¡alarmas!, de la tendencia peligrosa que estaba tomando el asunto. Todos esos fondos se perderán… como lágrimas en la lluvia. No todo ha sido negativo. Según el Observatorio EY Insights, el balance es positivo en todo lo relacionado con la transformación digital: “los avances en conectividad, digitalización de pymes y Administraciones públicas y la creación de capacidades tecnológicas estratégicas en ámbitos como edge computing y espacios de datos” (Chus Escobar, socia de EY). Los fondos destinados hasta la fecha han llegado a 1,5 millones de beneficiarios entre empresas y administraciones públicas, y parece evidente que han sido fundamentales para la recuperación económica de España tras la pandemia.
Pero resulta a todas luces insuficiente, apenas ha habido cambios estructurales y se ha gastado mucho en unos planes de formación que (esperemos que no) han recordado al pozo inmundo que fueron en el pasado. 5.800 millones de euros entre el Plan Nacional de Competencias Digitales y el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional, que no digo que no sean necesarios, sino que ya sabemos todos qué fueron en tiempos no muy lejanos. Ojalá hayan servido para crear esas 400.000 plazas de formación profesional que se prometieron, la cuarta parte, para competencias digitales.
Se han juntado muchas desgracias en este proceso y en casi todas ellas está la incompetencia de los gestores de las administraciones públicas. La incompetencia entendida como mezcla de incapacidad y negligencia, pero también, de una hiperregulación insalvable y un desgobierno más que dañino. La imposibilidad de sacar adelante prácticamente ningún proyecto, por culpa de un gobierno atado por los socios que uno pueda llevar de viaje, ha sido clave. Todo ello en un cóctel en el que perdemos todos, pierde el país y pierden unos ciudadanos privados de lo que podía haber sido una mejora del estado de bienestar y un cambio de modelo económico en diversos sectores.
Resulta llamativo que, entre los hitos incumplidos, la mayoría estén en boca de los ministros y gobernantes como prioridades: la movilidad sostenible, la vivienda, la protección social, el sistema de salud, la transformación industrial y digital, y la modernización de la Administración Pública. La fecha del 31 de agosto ya pasó y lo que no se haya hecho ya, no podrá aprobarse, ni justificarse. No habrá reválida, ni convocatoria extra para que el “estudiante moroso” cumpla con sus obligaciones. Nos queda un calendario para final de año que conviene tener presente:
30 de septiembre: finaliza el plazo para justificar el cumplimiento de los 148 hitos restantes
30 de noviembre: la Comisión tiene un plazo de dos meses para determinar si se han cumplido los objetivos exigidos, y con ello, los 25.862 millones mencionados.
18 de diciembre: fecha en la que se estima que la Comisión adopte la decisión sobre los pagos.
31 de diciembre: fecha límite para recibir la pasta.
El ministro de Economía Carlos Cuerpo trabaja a destajo para negociar/rebajar los objetivos comprometidos con la Comisión y, de ese modo, acomodar a los mismos las medidas aprobadas hasta la fecha. Lo llaman “adendas de simplificación” y ojalá sirvan para salvar y cobrar este séptimo y último tramo de las ayudas. La sensación de urgencia no es reprochable al ministro. La incapacidad de aprobar casi nada en el Congreso (los presupuestos, ni más, ni menos) ha llevado a una parálisis institucional, rematada por con unos procesos de licitación que llegaron tarde y mal en muchos casos, lo que hizo que quedaran desiertos en un porcentaje nunca visto en democracia.
Se ha perdido una oportunidad histórica para modernizar el país. O al menos, para acabar con la degradación de las infraestructuras, otro asunto también muy tratado en este blog. Una pena. Esta misma semana leía un artículo en El Economista que nos situaba en la cola de inversión pública en la Unión Europea “pese a los NextGen”, como remataba el titular.
Cruzaremos los dedos, como los malos estudiantes, para pasar este examen de septiembre, y ojalá se consigan liberar esos casi 26.000 millones de euros. El próximo año no contaremos con esta inyección, ni con su impacto positivo sobre el PIB. Esperemos que por lo menos sí tengamos presupuestos y un congreso en el que no decidan las minorías.
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