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JOSEAN, 01/05/2021

A mediados de los ochenta, el actor y humorista estadounidense Richard Pryor protagonizó una comedia con el mismo título de este post (Brewster’s millions en el original), cuyo argumento, en principio de lo más simple, terminaba convirtiéndose en algo estresante cercano a la pesadilla: para cobrar una herencia millonaria, el personaje tenía que gastar 30 millones de dólares en un mes, pero sin comprar nada, solo contratando proyectos o servicios inútiles que no le dieran ningún rédito pasado ese plazo. Para ello abre una oficina a la que empiezan a llegar pirados ofreciéndole proyectos inverosímiles como poner un motor a un iceberg y traerlo de no-sé-dónde o inicia una campaña electoral invirtiendo un pastón en carteles y merchandising, pero con eslóganes que incitan al voto por cualquier otro rival.

Estas semanas me he acordado tristemente del argumento de esta película y ha sido viendo las explicaciones del gobierno con la preparación (y las múltiples presentaciones) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde que la Unión Europea aprobó dicho plan de recuperación (en mayo del año pasado, no olvidemos que ha transcurrido casi un año) hemos oído hablar de muchos proyectos sobre los que se ha concretado poco, salvo que debían llevar las palabras sostenible, inclusivo y digital. La idea de que va a caer un maná del cielo de Bruselas se ha difundido por los dos partidos de gobierno, especialmente por parte del socio del PSOE, Unidas Podemos. Todavía no había llegado un euro y ya estaban hablando de la no devolución de los mismos o discutiendo su condicionalidad a la necesidad de hacer reformas. Estoy seguro de que su celebración de la supresión temporal del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria heló la sangre a muchos en Europa.

El caso es que la llegada de esos fondos europeos resulta más necesaria que nunca y constituye una oportunidad de oro para reformar antiguas estructuras de nuestro país que han quedado obsoletas: económicas, industriales, administraciones públicas, en materia de medio ambiente… La duda radica en saber si los actuales dirigentes (y no hablo solo del gobierno central, sino también de las comunidades autónomas) cuentan con la capacidad suficiente para hacerlo, y sospecho que esa misma duda la comparten numerosos dirigentes europeos.

Los Presupuestos Generales del Estado se diseñaron contando con 26.634 millones de euros de adelanto de los fondos europeos y pese a que los mismos no van a llegar hasta 2022, se presupuestó un incremento de gasto en todas las partidas y para todos los ministerios. La falta de rigor en el control de los fondos públicos, unido a las demandas de todos los socios del gobierno en la aprobación de los presupuestos, va a suponer un incremento del déficit público hasta niveles nunca vistos en nuestro país, y eso que partimos del más alto de toda Europa. Y el déficit sostenido se transforma en deuda pública, y esa deuda en un lastre para el futuro. La «next generation» se va a cagar en todos los que intervinieron en la gestión de los fondos Next Generation, no tengo ninguna duda.

Ni siquiera cabe el consuelo de pensar que de los 140.000 millones que teóricamente deben llegar a España en los próximos ejercicios, 72.700 son ayudas directas y 67.300 corresponden a préstamos que, de momento, no se van a solicitar. Si algo han demostrado los políticos de nuestro país es que una vez que crean un cargo público, sea comisión, secretaría, grupo de expertos, consejo o empresa, no desaparece. Los seres vivos públicos nacen, crecen, no desarrollan nada, procrean y nunca mueren. Y no me refiero a médicos, profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios de carrera, trabajadores sociales, etc., no. Me refiero al ingente e infinito crecimiento de afines a los partidos que se crean para vivir de lo público.

El actual Consejo de Ministros (¡y Ministras!) consta de 23 miembros (¡y miemb…!, no, eso no), incluyendo al presidente y las cuatro vicepresidencias creadas. Son seis ministerios más que en el primer gobierno de Pedro Sánchez, en 2018. En ese primer gobierno había 25 secretarías de Estado, que tres años después ascienden a 30. Evidentemente, las razones que motivaron dichos incrementos no fueron de eficiencia o mejora de gestión de lo público, sino para hacer hueco al nuevo socio de gobierno. Para los que nos escandalizamos con este despelote, resulta recomendable este gráfico de la evolución del número de vicepresidencias y ministerios en las últimas cuatro décadas: hemos vuelto a los niveles de mayo de 1980.

Luego está la cifra de asesores que pueden contratar en esos ministerios, nombramientos de libre designación, normalmente de fuera de la administración pública, que son designados a dedo sin tener que justificar un mínimo currículum o preparación. Este artículo de Voz Pópuli hablaba de 1.212 asesores con un coste anual de 65,4 millones de euros, un fuerte incremento en comparación con las cifras (también estratosféricas) de 860 asesores y 44,8 millones de euros anuales del último gobierno de Mariano Rajoy. No he podido validar el origen de estas cifras que me parecerían escandalosas si fueran ciertas, pero me resultan igualmente escandalosas las determinadas por la web Newtral.es, elaboradas tras realizar solicitudes de información a los diferentes ministerios a través del Portal de Transparencia. Este análisis concluye que el gobierno de coalición tuvo en nómina al menos a 224 asesores, y dice «al menos» porque el ministerio de Interior (Grande Marlaska) y el gabinete de Presidencia no contestaron a los requerimientos. 224 asesores de libre designación de los que no podemos saber el salario ni la trayectoria profesional porque así se decidió en la propia Ley de Transparencia, a la que ya le dediqué su correspondiente crítica por cagadas como esta (Ni transparencia, ni buen gobierno).

El sueldo base de un asesor ascendía a 51.945 euros en 2020 y el de un consejero técnico de información, de 45.638 euros, a los que hay que sumar los complementos específicos de 28.320 euros por «asesorar» en una vicepresidencia y de 21.299 euros si es en un ministerio. Y no acaba ahí la cosa, sino que además tienen unos complementos de productividad que son variables: «varían» en función de lo que al que les ha colocado le parezca bien. Todo ello me parece un despelote infinito, como puede comprobar cualquiera con sus propios ojos echando un vistazo al Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Dejo solo un artículo para el que quiera hacer sumas:

Del análisis de Newtral llaman la atención muchas cosas, como el hecho de que el ministerio que designó a mayor número de asesores durante el primer año de gobierno fue el de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ¡con 18! asesores afines designados a dedo por Pablo Iglesias. Prácticamente el triple que Sanidad, Trabajo o Educación, para que se entienda bien cuáles son las prioridades de ese ex vicepresidente que solo hablaba de la importancia de la sanidad, el trabajo y la educación.

España tiene muchos problemas, pero el de la ineficiencia de las costosísimas administraciones públicas es uno de los más gordos y de más difícil resolución, puesto que quienes tendrían que resolverlo son los que lo han originado. Pero no termina en el gobierno central, ni mucho menos. Este martes 4 de mayo tenemos elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid y uno ve con asombro que el número de diputados autonómicos sube de 132 a 136. ¿136 diputados en la Asamblea de Madrid? ¿Para qué? La Generalitat de Cataluña tiene otros 135 diputados en el Parlament y todavía no han sido capaces de formar gobierno después de más de dos meses. En la Asamblea de Murcia, donde se originaron estos últimos movimientos de silla por controlar el poder, hay 45 diputados y en Andalucía, otros 109. Suma y sigue, y si todo ello redundara en beneficio del ciudadano, no lo discutiríamos, el problema estalla cuando vemos la torpeza de casi todos ellos para gestionar una crisis como la generada por la pandemia o para crear estabilidad económica o desarrollo para sus respectivas regiones.

Siempre que leo estas cifras me acuerdo de la teoría de las élites extractivas que los norteamericanos Daron Acemoglu y James Robinson desarrollaron en su libro ¿Por qué fracasan los países?: las élites extractivas “tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto”. Es una aberración que desde el año 2000 hayan crecido las transferencias de competencias a las comunidades autónomas y que hayan aumentado paralelamente los cargos autonómicos y los asesores de los gobiernos centrales. Esta misma semana escuché en la radio un dato escalofriante: desde marzo de 2020 se ha creado un puesto público por cada cuatro empleos que se han destruido en el sector privado. Si los datos son ciertos, el sector público ha aumentado en 149.400 asalariados en los últimos doce meses, mientras que las empresas han destruido 605.400 empleos. Es insostenible.

El economista y profesor de la universidad de Barcelona José María Gay de Liébana publicó esta semana un artículo que leí con interés, pese a que su título cabreaba por la mera posibilidad de que nos lo planteáramos en serio: ¿Y si nos intervinieran? El profesor elabora unos cálculos de la deuda pública española, añadiendo al 120% oficial ya conocido el montante global de pasivos en circulación de todas las administraciones y la deuda de las empresas públicas, y sitúa la cifra en la acongojante cantidad de «2.028.737 millones, el 180,8% del PIB«. Concluye el profesor diciendo que «durante estos años recientes se ha demostrado la manifiesta incapacidad de nuestros gobernantes y la clase política para sacar adelante a España. Quizás es la hora en que necesitamos que vengan desde fuera y nos pongan firmes para así poder desarrollar todo nuestro potencial económico«. Yo no puedo estar de acuerdo con la intervención externa, pero sí con el control exhaustivo de todas nuestras finanzas, justo lo contrario de lo que están demandando Sánchez, Iglesias y Montero desde que llegaron al gobierno. Y más control ahora que van a llegar millones desde Europa y se ha fomentado un cambio legislativo para relajar dichas medidas de control.

La Unión Europea lleva años reclamando tres reformas fundamentales a nuestros gobiernos: laboral, fiscal y del sistema de pensiones. La del sistema de pensiones no se ha comenzado porque crea unos conflictos que ningún gobierno quiere afrontar. Las modificaciones en la legislación laboral van en línea contraria a lo demandado por Europa, y la fiscal se ha centrado única y exclusivamente en incrementar la carga fiscal a las empresas y a lo que llaman «las grandes fortunas», que en la mayoría de las medidas son «las medias fortunas», la clase media. Cuando uno no es capaz de controlar su gasto público, ¿qué es lo que hace?: plantear que hay que subir los impuestos. La recaudación fiscal cubría hasta hace dos años el 93 por ciento del gasto público. Ahora apenas alcanza el 75 por ciento, y este es un dato más que preocupante.

Concluyo donde comencé, con la oficina de Richard Pryor recibiendo proyectos y unas costosas campañas electorales. Espero que no se cuelen proyectos para amigos como el del machismo de la M-30. ¿Cómo se va a articular el dineral proveniente de Europa? Pues a través de lo que el Real Decreto recoge como seis pilares, cuatro ejes y diez políticas palanca:

Y si concretamos un poco más, estas políticas se desarrollarán a través de treinta líneas de acción (algo inconcretas, por cierto):

Si esto fuera el Un, Dos, Tres, al llegar al número 6 ya habrían saltado las Tacañonas para decir que habían repetido una respuesta.

El punto 29 es la mejora de la eficacia del gasto público, que espero que no consista en crear un nuevo comité de asesores y subdirectores para decir cómo hay que ahorrar. Y por cierto, todo muy resiliente, digital e inclusivo. Esperemos que la inclusividad no consista en pagar a «especialistas» o «especiedelistos» para hacer contribuciones como esta:

Poco nos pasa.