JOSEAN, 15/10/2022
Como comenté en la primera parte, la recaudación tributaria del Estado está superando su propio récord de 2021 y si se cumplen las previsiones, en 2023 la cifra se verá nuevamente incrementada. Sin embargo, se da la nada curiosa circunstancia de que el déficit público no se reduce. Se estima que este año cerrará en cifras cercanas al 5,3% previsto, una décima más según el FMI, o siete décimas menos según el Consejo General de Economistas de España, pero en cualquier caso, muy lejos del tres por ciento marcado en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea:
Como no puede ser de otra manera, la deuda pública continúa su vertiginosa escalada y se sitúa ya en los 1,5 billones de euros, en el entorno del 120% del PIB (Fuente: Expansión):
Que digo yo (y tantos otros) que si el problema no será de contención de gastos, en lugar de seguir incrementando los ingresos por la vía de los impuestos. Siempre que se plantea este debate, surge la respuesta: «quieren recortar en sanidad y educación». Pues no, la verdad es que la sanidad y la educación se deterioran año tras año por desgracia, pero el debate (al menos en mi caso) no va por ahí.
Lo primero que ha hecho este gobierno con el fuerte incremento de la recaudación tributaria ha sido presentar unos Presupuestos Generales para 2023 que prevén una subida de las pensiones del 8,5 por ciento. Tampoco tengo nada que objetar, y eso que el pago de las pensiones supone, con una enorme diferencia, el grueso del reparto del gasto público. Bastante han currado ya los pensionistas a lo largo de toda su carrera como para que se vean afectados ahora por la inflación (está por solucionar la actualización de las pensiones no contributivas, para evitar ese deterioro). En cualquier caso, me temo que la Unión Europea sí tendrá algo que decir con esta subida prevista y a lo mejor es parte de la estrategia del actual gobierno: nosotros subimos las pensiones, pero Europa nos obliga a retocarlas. Recomiendo esta infografía y el enlace de Civio.es para entender mejor en qué se gastan los impuestos:
La Unión Europea lleva años exigiendo tres reformas a España: la laboral, la fiscal y la del sistema de pensiones. La primera se realizó hace unos meses, con un efecto más de maquillaje que de impacto real. La segunda ha ido siempre en la misma línea de subir los impuestos a las empresas y las clases medias por el lado de los ingresos, crear nuevos impuestos y no actuar sobre el gasto. En cuanto a la tercera, ningún gobierno se atreve a actuar sobre las pensiones porque es una patata caliente de difícil resolución. Con la aprobación de los Fondos Next Generation se insistió en la necesidad de esta reforma, más necesaria que nunca como puede apreciarse cada vez que se publican las cifras sobre el envejecimiento de la población (Fuente: Newtral):
Pero ya llegará ese momento. De momento y para contrarrestarlo, el gobierno ha aprobado una nueva subida de las cotizaciones sociales para las empresas, del 8,6% para los tramos más altos, aparte del incremento previsto por el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Con todas estas medidas, el gobierno prevé obtener 152.075 millones de euros, 11.814 más que en 2022. Más recaudación detraída de las empresas, pero el gasto sigue sin ajustarse. El problema es que las empresas están ya muy tocadas, como se aprecia en numerosas noticias que leemos estos días, como que la cifra de concursos de acreedores alcanza un nuevo récord o que las empresas del Ibex hayan perdido valor por 96.000 millones de euros en estos últimos cinco meses.
Ya sé que en este debate populista, el Ibex representa el Mal con mayúsculas, el gran capital y las empresas explotadoras, pero es un error mayúsculo no contar con un tejido empresarial fuerte y solvente, y en un país en el que más del noventa y nueve por ciento de las empresas son pymes, tampoco es que estas se encuentren en una situación boyante. Eso de que las empresas pueden aguantarlo y reducir sus beneficios es una falacia: la subida de las cotizaciones, la reforma laboral, el incremento del SMI, el impuesto de Sociedades… Más empresas zombis y menos gacelas, como ya comenté hace tiempo. El emprendedor de este país es un héroe. Hay estadísticas que preocupan, como la que leía recientemente que indica que se produce la mayor brecha entre los salarios públicos y los privados de los últimos quince años. O que las nóminas de los empleados públicos hayan crecido un 34% en ese período, mientras que las del resto de asalariados lo ha hecho solo en un 25,9%.
El sistema no es sostenible y aunque haya quien diga que es «el chocolate del loro», hay muchas partidas en las que urge meter las tijeras. En El gran despilfarro ya me harté de criticar el despelote estatal y autonómico, con cientos de diputados, asesores y cargos de confianza que hacían que economistas como José María Gay de Liébana plantearan que era mejor que nos intervinieran ya desde Europa.
Hace poco leí que la ruptura del acuerdo del gobierno catalán entre Esquerra y Junts suponía para estos últimos perder 20 millones de euros para sus 250 cargos relacionados con el Govern. Es una tomadura de pelo cuando ni siquiera es el partido que gobierna en Cataluña, ni el más votado. 250 tíos. Y tías, seamos inclusivos. 20 millones de euros.
Pero ocurre en todos los organismos públicos. El sueldo de muchos de estos cargos es desorbitado y cuesta mucho renunciar a él. Solo así entiendo el aguante de los miembros de Unidas Podemos ante los desplantes continuos por parte de Pedro Sánchez, que sabe que van a tolerarlo todo porque dentro de un año no van a contar con los suculentos salarios de los que disfrutan en la actualidad. Cataluña es solo una de las comunidades autónomas, pero en casi todas ellas el descontrol de gasto es similar. Consejerías de la nada, televisiones deficitarias solo para el autobombo, chiringuitos de todo signo… E insisto, como la recaudación va como un tiro, pues a repartir billetes: se mantiene la gratuidad de los trenes de cercanías para lo que queda de 2022 y todo 2023, se prorroga el bono cultural para los jóvenes, se incrementa el presupuesto del Ministerio de Igualdad por encima de los de Sanidad y Educación (casi un 10%), se incrementan las subvenciones a los sindicatos hasta su nivel más alto en trece años…
Ya sé que son «solo» 13 millones, la nada al lado de los 200.000 millones de las pensiones, pero urge meterle mano a determinado gasto público. Este incremento de la subvención es una compra de silencio igual que la que se ha realizado con diversos medios de comunicación. El sueldo de los empleados públicos subirá un 3,5%, el de Pedro Sánchez y sus ministros un 4% y muchos empresarios sufrirán para subirlos en esas cifras. Pero «el empresario lo aguanta todo» y le piden que ajuste sus salarios a la inflación y no lo traslade al precio de sus servicios y productos.
El Instituto de Estudios Económicos publicó hace unos meses el Informe Por una eficiencia del gasto público en España, en el que afirmaba que nuestro país ocupa el puesto 29 de un total de 37 analizados en lo que a eficiencia del gasto público se refiere.
O lo que resulta más sangrante de su análisis, «se estima que España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE. Ello supondría un ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros, aunque podría ser mayor en la actualidad…». Esa cifra de ahorro teórico de 60 a 70.000 millones de euros la he escuchado en algunas tertulias y sin duda será cuestionable, pero parece obvio que el gasto no está siendo eficiente ni eficaz.
En primer lugar, si uno de sus objetivos era frenar la desigualdad, el debate de «ricos y pobres» del que hablaba en la primera parte, no lo está consiguiendo: la desigualdad está en su peor nivel desde 2016. El 44 por ciento de la población vive al límite, el 21 por ciento no llega a fin de mes y un 27,8 por ciento (me parece una barbaridad, si el dato es cierto) está en riesgo de exclusión.
Y en segundo lugar, si siguen apretando a las empresas, estas van a seguir cayendo o teniendo serias dificultades, más con las inminentes subidas de tipos. O van a tener que renunciar a presentarse a contratos con las Administraciones Públicas, contratos importantes que en otros tiempos habrían resultado de interés. Más de 100 contratos para los que hay fondos europeos del plan Next Generation han quedado desiertos en los últimos meses ante la falta de empresas para ejecutarlos. A ver quién es el valiente que se atreve a contratar en un entorno de subidas de precios de los materiales del 20-50 por ciento, costes laborales, suministros y tipos de interés en el que el Estado te dice además que no va a haber revisión de precios (o que va a ser ridícula).
Es una pena, porque la colaboración público-privada de manera eficiente es fundamental para el progreso de cualquier país, para que la maquinaria no se pare, haya trabajo, crecimiento del PIB y como consecuencia, mejores servicios para todos. El Estado ayuda poco, ahí están organismos como la CNMC, a la que he dedicado tres textos por el daño que causan, o leyes como la de desindexación (aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, que nadie piense que los palos son solo para el gobierno actual). Merece la pena que le dedique un post a este despropósito aprobado en 2015.
Hace tiempo en una conferencia escuché una frase que me pareció brillante (no recuerdo al autor, que me disculpe): «el empresario tiene derecho a no arruinarse». Y estoy de acuerdo. Pero parece que Papá Estado prefiere recaudar y distribuir los fondos a su manera. No quiero concluir sin un dato que considero relevante. Los Presupuestos Generales del Estado 2023 se han realizado con unos ingresos basados en una estimación de crecimiento del 2,1%. El Banco de España ha recortado esa previsión al 1,4 por ciento, y el FMI la ha dejado en el 1,2 por ciento.
Pero no nos preocupemos por las estimaciones, que si bien es muy posible que la de ingresos no se cumpla, tenemos la certeza de que sí lo hará la del gasto.
Cuatro amiguetes y unas jarras 