JOSEAN, 02/02/2018

19 de enero de 2018. La Audiencia Nacional anula una multa de 20 millones a Repsol impuesta por la CNMC.

23 de enero de 2018. La Audiencia Nacional anula la multa de 15,2 millones que la CNMC impuso a Sacyr en 2015.

7 de septiembre de 2017. La Audiencia Nacional anula una multa de 26 millones de la CNMC a Telefónica por compromisos de permanencia.

24 de agosto de 2017. El cártel de los palés se libra de una multa millonaria por un error de Competencia.

Podría seguir con muchos más casos, basta con hacer una sencilla búsqueda en Google: «Audiencia Nacional anula multa CNMC». Aparecen decenas de casos, a cual más sangrante.

Entonces, ¿se puede saber a qué se dedica este organismo? ¿A qué están jugando sus responsables, a poner multas megamillonarias que luego quedan en nada? ¿Son conscientes de los costes que generan a las compañías, no solo económicos, sino en horas perdidas de trabajo, además de daños a la imagen y reputación de las empresas?

Noticia de El Mundo de septiembre de 2017: Telefónica, Intel y Repsol… Más de 1.100 millones en multas anuladas en menos de dos semanas.

Hace tres años dediqué dos artículos al funcionamiento de este organismo a raíz de la multa de 98 millones de euros a las empresas de saneamiento urbano (La incompetencia de Competencia, 1 y 2), lo que algunos definieron como «el cártel de las basuras». El segundo de los titulares seleccionados en esta entrada de hoy hace referencia a la anulación de una de esas sanciones a la empresa Valoriza (grupo Sacyr), la segunda de mayor importe, por 15,2 millones de euros.

En el estudio que hice de aquel caso, y sin ser un experto en la materia, me sorprendieron varias cosas de tal simpleza que todo el expediente resulta un chiste de mal gusto, salvo que detrás del mismo hubiera un objetivo o una intención.

1. Mercados analizados: se metió en el mismo saco a empresas de sectores diferentes, como eran los residuos industriales (clientes privados), con concesionarios de servicios públicos de recogida de residuos urbanos (clientes públicos). Como dice el resumen de prensa: «no hay base para suponer que participara o tuviera conocimiento de un plan conjunto de actuación en el que intervinieran otras empresas cuya relación con la recurrente es, simplemente, inexistente».

2. La ausencia de pruebas: en su día me pareció lo más sorprendente. Una sanción ejemplarizante difundida a bombo y platillo carente de pruebas. Pues bien, dice la noticia que «los argumentos de la resolución del ‘superregulador’ no consiguen solventar el escollo de la ausencia de cualquier prueba que acredite la concurrencia de los requisitos que definen la infracción única y continuada». Vaya por Dios, las pruebas, ese pequeño escollo.

Hubo otros puntos que me llamaron la atención, como el desconocimiento mostrado sobre la contratación pública o que se sancionara a todas las empresas con el mismo porcentaje, un 3% de su cifra de negocios, independientemente de que unas aparecían en dos páginas y otras en cuarenta. Café para todos.

Y 3. El cachondeo de la organización de la CNMC: en su día la Resolución fue votada por cinco miembros:

• Tres de ellos votaron a favor de los 98 millones de euros de sanción.
• Fernando Torremocha emitió un voto particular en contra solicitando la anulación del Expediente porque se hizo fuera de plazo. Me parto.
• Benigno Valdés lo superó: ni cero, ni 98 millones, ¡pidió incrementar la multa hasta los 328 millones de euros!

No es serio. En absoluto. El ruido que se generó alrededor de estas sanciones es muy superior al que sin duda producirán las anulaciones de las mismas por parte de la Audiencia Nacional, si finalmente se producen. Según eldiario.es, «Se trata de un precedente para el caso de que el resto de las treinta empresas que resultaron multadas por dicha sanción de la CNMC hayan asimismo recurrido la multa».

Si uno lee algunas de las noticias que he puesto de ejemplo se encuentra con fallos groseros en la elaboración de los expedientes, que en buena parte es lo que motiva las anulaciones posteriores:

• En el caso de Repsol, la Audiencia Nacional ni siquiera entra a valorar si hubo infracción o no, porque «la CNMC sancionó a la compañía matriz y no a la filial», informa Europa Press. 
• El expediente de las basuras se instruyó fuera de plazo por apenas diez días, y supongo que solo alguna argucia legal les permitió seguir adelante con el mismo.
• La multa de Telefónica fue calificada de «discriminatoria» por la Audiencia Nacional, porque la CNMC «obvió conductas idénticas de otros operadores del mercado español».
• En el de los palés, la Audiencia Nacional no juzga el posible cártel, sino que directamente anula las multas porque la CNMC cambió la calificación de los hechos, de dos infracciones distintas a una grave y continuada, y no permitió alegaciones de las empresas.

Supongo que la defensa de uno de estos expedientes debe ser enormemente cara: un buen despacho de abogados, informes periciales, tasas del juzgado, horas de personal y el coste de los avales para poder recurrir, avales que además hay que mantener vigentes durante los tres años que median hasta la sentencia de la Audiencia Nacional. Un despilfarro.

En su día concluí que aquella resolución de la CNMC podía no ser casual, porque 2015 era año de elecciones municipales, apenas cuatro meses después de la publicidad que se dio al expediente, y algunos ayuntamientos utilizaron el mismo para derivar su responsabilidad sobre los recortes en servicios públicos de limpieza y recogida de residuos hacia «el cártel de las basuras». Algo así como: «La ciudad está sucia porque las empresas son una mafia, no porque hayamos recortado el presupuesto un treinta por ciento».

Claro que si esto fuera así, sería como reconocer que la CNMC es un organismo en absoluto independiente, pues «la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia…» (Una teoría de la clase política española, Cap. del libro ¿Qué hacer con España?, César Molinas, 2013). Y no me atrevo a decir tal cosa, qué va, así que tomaré las palabras de otros que saben mucho más que yo.

De ese mismo año 2013 es este artículo de los catedráticos Antonio Cabrales y Juan José Ganuza, y del profesor Gerard Llobet, en el que criticaban el funcionamiento de este organismo tan famoso por sus sanciones como por las posteriores anulaciones: Superregulador, ¿expertos independientes? 

Se discuten sobre todo dos aspectos de los nombramientos de los consejeros de la CNMC:

a) Su idoneidad para el puesto, que los designados sean verdaderamente expertos en materia de competencia. Siguiendo con la política de nombramientos tan habitual en este país, en el que un ministro de Educación puede serlo al día siguiente de Sanidad, o de Cultura se puede pasar a Defensa, no debe extrañarnos que mientras Massimo Motta, economista jefe de la dirección general de la competencia en la Comisión Europea, tiene 4.400 citas en Google Académico, y casi todas sobre políticas de competencia, los nuevos consejeros de la CNMC apenas tenían alguna. La mayoría ninguna.

b) La falta de independencia de los consejeros nombrados, «acrecentada por el mecanismo por el que los consejeros han sido seleccionados, con un peso excesivo de la orientación política». «Es discutible la idoneidad de personas que han pertenecido al consejo de administración de las empresas reguladas o a un partido en concreto (por ejemplo, siendo diputado o senador), especialmente si es el partido en el Gobierno».

Creo que no tengo mucho más que añadir. Supongo que cada cierto tiempo, en columnas de periódicos que no sean titulares de portada, leeremos más noticias de anulaciones de multas de la CNMC, y yo me seguiré preguntando si merece la pena que exista este organismo que se dedica a dinamitar el funcionamiento de las empresas, que, guste más a unos o a otros, son los mayores generadores de empleo y riqueza del país. Y mi respuesta será que sí, que claro que tiene que existir un regulador del mercado que impida el fraude, los abusos o los pactos colusorios, pero desde luego no este, o no uno que funcione de modo tan desastroso como este que preside José María Marín Quemada, «el hombre más valiente de España«, según alguno de sus hagiógrafos.