Pedro Sánchez

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El gran despilfarro

JOSEAN, 01/05/2021

A mediados de los ochenta, el actor y humorista estadounidense Richard Pryor protagonizó una comedia con el mismo título de este post (Brewster’s millions en el original), cuyo argumento, en principio de lo más simple, terminaba convirtiéndose en algo estresante cercano a la pesadilla: para cobrar una herencia millonaria, el personaje tenía que gastar 30 millones de dólares en un mes, pero sin comprar nada, solo contratando proyectos o servicios inútiles que no le dieran ningún rédito pasado ese plazo. Para ello abre una oficina a la que empiezan a llegar pirados ofreciéndole proyectos inverosímiles como poner un motor a un iceberg y traerlo de no-sé-dónde o inicia una campaña electoral invirtiendo un pastón en carteles y merchandising, pero con eslóganes que incitan al voto por cualquier otro rival.

Estas semanas me he acordado tristemente del argumento de esta película y ha sido viendo las explicaciones del gobierno con la preparación (y las múltiples presentaciones) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde que la Unión Europea aprobó dicho plan de recuperación (en mayo del año pasado, no olvidemos que ha transcurrido casi un año) hemos oído hablar de muchos proyectos sobre los que se ha concretado poco, salvo que debían llevar las palabras sostenible, inclusivo y digital. La idea de que va a caer un maná del cielo de Bruselas se ha difundido por los dos partidos de gobierno, especialmente por parte del socio del PSOE, Unidas Podemos. Todavía no había llegado un euro y ya estaban hablando de la no devolución de los mismos o discutiendo su condicionalidad a la necesidad de hacer reformas. Estoy seguro de que su celebración de la supresión temporal del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria heló la sangre a muchos en Europa.

El caso es que la llegada de esos fondos europeos resulta más necesaria que nunca y constituye una oportunidad de oro para reformar antiguas estructuras de nuestro país que han quedado obsoletas: económicas, industriales, administraciones públicas, en materia de medio ambiente… La duda radica en saber si los actuales dirigentes (y no hablo solo del gobierno central, sino también de las comunidades autónomas) cuentan con la capacidad suficiente para hacerlo, y sospecho que esa misma duda la comparten numerosos dirigentes europeos.

Los Presupuestos Generales del Estado se diseñaron contando con 26.634 millones de euros de adelanto de los fondos europeos y pese a que los mismos no van a llegar hasta 2022, se presupuestó un incremento de gasto en todas las partidas y para todos los ministerios. La falta de rigor en el control de los fondos públicos, unido a las demandas de todos los socios del gobierno en la aprobación de los presupuestos, va a suponer un incremento del déficit público hasta niveles nunca vistos en nuestro país, y eso que partimos del más alto de toda Europa. Y el déficit sostenido se transforma en deuda pública, y esa deuda en un lastre para el futuro. La «next generation» se va a cagar en todos los que intervinieron en la gestión de los fondos Next Generation, no tengo ninguna duda.

Ni siquiera cabe el consuelo de pensar que de los 140.000 millones que teóricamente deben llegar a España en los próximos ejercicios, 72.700 son ayudas directas y 67.300 corresponden a préstamos que, de momento, no se van a solicitar. Si algo han demostrado los políticos de nuestro país es que una vez que crean un cargo público, sea comisión, secretaría, grupo de expertos, consejo o empresa, no desaparece. Los seres vivos públicos nacen, crecen, no desarrollan nada, procrean y nunca mueren. Y no me refiero a médicos, profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios de carrera, trabajadores sociales, etc., no. Me refiero al ingente e infinito crecimiento de afines a los partidos que se crean para vivir de lo público.

El actual Consejo de Ministros (¡y Ministras!) consta de 23 miembros (¡y miemb…!, no, eso no), incluyendo al presidente y las cuatro vicepresidencias creadas. Son seis ministerios más que en el primer gobierno de Pedro Sánchez, en 2018. En ese primer gobierno había 25 secretarías de Estado, que tres años después ascienden a 30. Evidentemente, las razones que motivaron dichos incrementos no fueron de eficiencia o mejora de gestión de lo público, sino para hacer hueco al nuevo socio de gobierno. Para los que nos escandalizamos con este despelote, resulta recomendable este gráfico de la evolución del número de vicepresidencias y ministerios en las últimas cuatro décadas: hemos vuelto a los niveles de mayo de 1980.

Luego está la cifra de asesores que pueden contratar en esos ministerios, nombramientos de libre designación, normalmente de fuera de la administración pública, que son designados a dedo sin tener que justificar un mínimo currículum o preparación. Este artículo de Voz Pópuli hablaba de 1.212 asesores con un coste anual de 65,4 millones de euros, un fuerte incremento en comparación con las cifras (también estratosféricas) de 860 asesores y 44,8 millones de euros anuales del último gobierno de Mariano Rajoy. No he podido validar el origen de estas cifras que me parecerían escandalosas si fueran ciertas, pero me resultan igualmente escandalosas las determinadas por la web Newtral.es, elaboradas tras realizar solicitudes de información a los diferentes ministerios a través del Portal de Transparencia. Este análisis concluye que el gobierno de coalición tuvo en nómina al menos a 224 asesores, y dice «al menos» porque el ministerio de Interior (Grande Marlaska) y el gabinete de Presidencia no contestaron a los requerimientos. 224 asesores de libre designación de los que no podemos saber el salario ni la trayectoria profesional porque así se decidió en la propia Ley de Transparencia, a la que ya le dediqué su correspondiente crítica por cagadas como esta (Ni transparencia, ni buen gobierno).

El sueldo base de un asesor ascendía a 51.945 euros en 2020 y el de un consejero técnico de información, de 45.638 euros, a los que hay que sumar los complementos específicos de 28.320 euros por «asesorar» en una vicepresidencia y de 21.299 euros si es en un ministerio. Y no acaba ahí la cosa, sino que además tienen unos complementos de productividad que son variables: «varían» en función de lo que al que les ha colocado le parezca bien. Todo ello me parece un despelote infinito, como puede comprobar cualquiera con sus propios ojos echando un vistazo al Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Dejo solo un artículo para el que quiera hacer sumas:

Del análisis de Newtral llaman la atención muchas cosas, como el hecho de que el ministerio que designó a mayor número de asesores durante el primer año de gobierno fue el de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ¡con 18! asesores afines designados a dedo por Pablo Iglesias. Prácticamente el triple que Sanidad, Trabajo o Educación, para que se entienda bien cuáles son las prioridades de ese ex vicepresidente que solo hablaba de la importancia de la sanidad, el trabajo y la educación.

España tiene muchos problemas, pero el de la ineficiencia de las costosísimas administraciones públicas es uno de los más gordos y de más difícil resolución, puesto que quienes tendrían que resolverlo son los que lo han originado. Pero no termina en el gobierno central, ni mucho menos. Este martes 4 de mayo tenemos elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid y uno ve con asombro que el número de diputados autonómicos sube de 132 a 136. ¿136 diputados en la Asamblea de Madrid? ¿Para qué? La Generalitat de Cataluña tiene otros 135 diputados en el Parlament y todavía no han sido capaces de formar gobierno después de más de dos meses. En la Asamblea de Murcia, donde se originaron estos últimos movimientos de silla por controlar el poder, hay 45 diputados y en Andalucía, otros 109. Suma y sigue, y si todo ello redundara en beneficio del ciudadano, no lo discutiríamos, el problema estalla cuando vemos la torpeza de casi todos ellos para gestionar una crisis como la generada por la pandemia o para crear estabilidad económica o desarrollo para sus respectivas regiones.

(En el interior te hablan de la preocupación por el medio ambiente. Ya…)

Siempre que leo estas cifras me acuerdo de la teoría de las élites extractivas que los norteamericanos Daron Acemoglu y James Robinson desarrollaron en su libro ¿Por qué fracasan los países?: las élites extractivas “tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto”. Es una aberración que desde el año 2000 hayan crecido las transferencias de competencias a las comunidades autónomas y que hayan aumentado paralelamente los cargos autonómicos y los asesores de los gobiernos centrales. Esta misma semana escuché en la radio un dato escalofriante: desde marzo de 2020 se ha creado un puesto público por cada cuatro empleos que se han destruido en el sector privado. Si los datos son ciertos, el sector público ha aumentado en 149.400 asalariados en los últimos doce meses, mientras que las empresas han destruido 605.400 empleos. Es insostenible.

El economista y profesor de la universidad de Barcelona José María Gay de Liébana publicó esta semana un artículo que leí con interés, pese a que su título cabreaba por la mera posibilidad de que nos lo planteáramos en serio: ¿Y si nos intervinieran? El profesor elabora unos cálculos de la deuda pública española, añadiendo al 120% oficial ya conocido el montante global de pasivos en circulación de todas las administraciones y la deuda de las empresas públicas, y sitúa la cifra en la acongojante cantidad de «2.028.737 millones, el 180,8% del PIB«. Concluye el profesor diciendo que «durante estos años recientes se ha demostrado la manifiesta incapacidad de nuestros gobernantes y la clase política para sacar adelante a España. Quizás es la hora en que necesitamos que vengan desde fuera y nos pongan firmes para así poder desarrollar todo nuestro potencial económico«. Yo no puedo estar de acuerdo con la intervención externa, pero sí con el control exhaustivo de todas nuestras finanzas, justo lo contrario de lo que están demandando Sánchez, Iglesias y Montero desde que llegaron al gobierno. Y más control ahora que van a llegar millones desde Europa y se ha fomentado un cambio legislativo para relajar dichas medidas de control.

La Unión Europea lleva años reclamando tres reformas fundamentales a nuestros gobiernos: laboral, fiscal y del sistema de pensiones. La del sistema de pensiones no se ha comenzado porque crea unos conflictos que ningún gobierno quiere afrontar. Las modificaciones en la legislación laboral van en línea contraria a lo demandado por Europa, y la fiscal se ha centrado única y exclusivamente en incrementar la carga fiscal a las empresas y a lo que llaman «las grandes fortunas», que en la mayoría de las medidas son «las medias fortunas», la clase media. Cuando uno no es capaz de controlar su gasto público, ¿qué es lo que hace?: plantear que hay que subir los impuestos. La recaudación fiscal cubría hasta hace dos años el 93 por ciento del gasto público. Ahora apenas alcanza el 75 por ciento, y este es un dato más que preocupante.

Concluyo donde comencé, con la oficina de Richard Pryor recibiendo proyectos y unas costosas campañas electorales. Espero que no se cuelen proyectos para amigos como el del machismo de la M-30. ¿Cómo se va a articular el dineral proveniente de Europa? Pues a través de lo que el Real Decreto recoge como seis pilares, cuatro ejes y diez políticas palanca:

Y si concretamos un poco más, estas políticas se desarrollarán a través de treinta líneas de acción (algo inconcretas, por cierto):

Si esto fuera el Un, Dos, Tres, al llegar al número 6 ya habrían saltado las Tacañonas para decir que habían repetido una respuesta.

El punto 29 es la mejora de la eficacia del gasto público, que espero que no consista en crear un nuevo comité de asesores y subdirectores para decir cómo hay que ahorrar. Y por cierto, todo muy resiliente, digital e inclusivo. Esperemos que la inclusividad no consista en pagar a «especialistas» o «especiedelistos» para hacer contribuciones como esta:

Poco nos pasa.

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Sí se puede. No se podía, pero ahora ya sí se puede

JOSEAN, 15/11/2020

Ahora resulta que sí se podía (¿acaso alguien lo dudaba?). Me refiero a que no se podía, pero ahora ya sí se puede bajar el IVA de las mascarillas, por más que desde el gobierno se nos indicara que no estaba permitido por la Unión Europea. Uno miraba los tipos impositivos de nuestro entorno y todos los países tenían tipos mucho más bajos que el nuestro, pero trataban de convencernos de que no era posible pese a que ya en mayo la Unión Europea indicó que se podían rebajar las tasas e impuestos de todos aquellos productos relacionados con la Covid-19.

No se podía, pero ahora ya sí se puede exigir una PCR negativa a los viajeros que lleguen de países de riesgo, como venían haciendo Italia y Francia, sin ir más lejos. La medida entrará en vigor a partir del 23 de noviembre, pese a que durante muchos meses se desestimó la implantación de esta medida, y aun hoy sigue haciéndolo el coordinador de emergencias, Fernando Simón.

«Sí se puede» fue un eslogan popularizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una forma de decir que había alternativas para los ciudadanos, que sí se podía paralizar un desahucio en los años duros de la terrible crisis del ladrillo que terminó en crisis de deuda. El partido de Pablo Iglesias se adueñó en sus inicios del eslogan, tres palabras que además encajaban a la perfección con el nombre escogido para el partido, Podemos, un lema que sus seguidores proclamaban en sus mítines y manifestaciones públicas.

“Sí se puede” como lema de que sí se podía hacer otro tipo de política, más cercana al ciudadano, como nos vendían, y alejada de ese gran «Monstruo» de varias cabezas que eran (pronúnciense con voz catastrofista) la banca, las grandes empresas, la Unión Europea, ¡la casta! Cada semana que pasa descubrimos que muchas de las cosas que pensábamos que no eran posibles, realmente sí lo son.

Ahora parece que sí se puede dormir tranquilo teniendo a Pablo Iglesias de vicepresidente de gobierno. Atrás quedaron esos tiempos en que Pedro Sánchez decía que no se podía formar un gobierno en coalición con los de Pablo Iglesias, porque con Unidas Podemos en el gobierno «no dormiría tranquilo por la noche. Junto con el 95% de los ciudadanos que tampoco se sentirían tranquilos». Septiembre de 2019, Sorprende la naturalidad con la que hemos visto que «sí se puede».

Sí se podía pactar con Bildu, pese a que escuchamos en innumerables ocasiones que «con Bildu no se acuerda nada» (junio de 2019), o que «no me voy a reunir con Bildu», «ni siquiera para decirles que no» (febrero de 2016), porque estaba claro que «con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista» (abril de 2015).

El primero de los documentos de la ignominia fue el acuerdo firmado con nocturnidad y alevosía entre el PSOE y Bildu para derogar la reforma laboral. Estoy convencido de que el logotipo del PSOE en el mismo encabezado que el de EH Bildu tuvo que revolver los estómagos de miles de militantes socialistas, empezando por Nadia Calviño.

Pero aquel documento tan bochornoso ha sido sustituido por la elección de Bildu como socio preferente para el acuerdo de negociación de presupuestos. Que sea Arnaldo Otegi quien anuncie ufano el principio de acuerdo no es casual, lo que ha creado malestar en varias voces destacadas del partido socialista.

Pues sí, resulta que no se podía, pero ahora ya sí se puede pactar con Bildu e incluso blanquearlos, como llevan haciendo desde hace unos meses, y de modo especialmente vergonzoso esta última semana. Pero es que ¡también se podía pactar con Esquerra Republicana de Cataluña!, pese a que Pedro Sánchez dijera hasta la saciedad que no iba a pactar los presupuestos con los independentistas por la oposición de los militantes del partido y, entre otras cosas, porque «los líderes independentistas no son de fiar».

El otro día escuché en la radio que es Pedro Sánchez quien ha cambiado de opinión, porque Pablo Iglesias había tenido muy claro desde el principio cuál era su agenda. Y en este punto de las coaliciones está claro que ha sido su partido el que se ha salido con la suya en la elección de los aliados. Pero hablar de coherencia en el caso de Iglesias tampoco parece lo más acertado.

Parece ser que no se podía salir del barrio de toda la vida porque eso significaba perder el contacto con la gente y era peligroso «el rollo de aislar a alguien. Este rollo de los políticos que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público o el precio de un café». No se podía, pero ahora ya sí se puede uno comprar un casoplón de 600.000 euros, moverse en coche con escolta y chófer, y alejarse «del pueblo». Pero es que las «líneas generales» de los que llegaron para combatir a la casta han cambiado tanto como los Siete Mandamientos que los animales escribieron en el muro de la granja de Orwell (Rebelión en la granja podemita).

No se podía mantener a un imputado o investigado en el partido, no digamos a un condenado, pero ahora ya sí se puede. Recordemos que los líderes de Podemos dijeron hasta la saciedad que no era admisible que un partido tuviera miembros imputados en sus filas, o que no se asumieran responsabilidades políticas en una investigación por financiación irregular. Esta misma semana, el 20 de noviembre, la cúpula de Podemos acudirá a declarar por financiación irregular.

Pedro Sánchez dijo que no se podía permitir que un partido condenado por corrupción estuviera en el gobierno, pero tras la sentencia de los ERE y la condena a los dos anteriores presidentes de su formación parece que sí se puede, y veremos qué ocurre con la investigación a Podemos. Los de Iglesias insistieron con que no se podía tener a miembros del partido imputados y en cargos de responsabilidad, pero ahora ya sí se puede, e incluso se les asciende, como ocurrió con Isa Serra o con Pablo Echenique. Al igual que hacían los líderes animales de la granja, en Podemos han añadido una coletilla a la máxima de la que presumían: «no tendrán que dimitir si son imputados… por actividades ajenas al ejercicio de su cargo público».

Y así con prácticamente todo. No se podía, pero ahora ya sí se puede beneficiar uno de su estatus de aforado, pese a que en el código ético del partido se abogaba por lo contrario o pese a que en su programa electoral hablaran de «eliminar los privilegios procesales». No se podía politizar la justicia, ni controlar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero ahora ya sí se puede, incluso yendo un paso más allá y designando directamente al mayor número posible de miembros afines.

No se podía hacer bromas machistas, pero ahora ya sí se puede e incluso se puede ejercer el machismo más trasnochado «guardando» durante meses la tarjeta SIM del teléfono de una mujer de veintitantos años para no someterla a «más presión».

No se podía meter mano a la educación sin un consenso previo, no se podía nombrar consejeros a dedo, y menos aún que fueran familiares, amigos o personal de confianza del partido, no se podía nombrar un fiscal general del Estado que no fuera independiente, no se podía controlar a los medios de comunicación, ni coartar la libertad de expresión, ni aplicar la llamada «ley Mordaza» (excepto si era para proteger la seguridad de los moradores de cierta casa de Galapagar), en fin, no se podían hacer muchas cosas, pero queda claro que ahora ya sí se puede.

Como todos los lectores asiduos de este blog sabéis, si queréis colaborar por una buena causa a través de una ONG contrastada, es posible hacerlo mediante microdonaciones en este enlace: Ayuda en Acción/colabora

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Nuevas elecciones, antiguo sistema

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En apenas dos meses volveremos a votar en elecciones generales tras el breve gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que ya desde su formación generó más que dudas en este votante que llevaba años deseando la salida de Mariano Rajoy de la presidencia (¿Qué han hecho con mi país, tío?). Y me generó dudas por muchas razones, pero sobre todo por contar únicamente con el respaldo de sus 84 diputados y por los socios que le iban a acompañar en ese camino. Dejando al margen las elecciones municipales, autonómicas y europeas, será la tercera vez que votemos en apenas 859 días, tras el 20-D de 2015 y el 26-J de 2016.

Me cansan los procesos electorales, tener que escuchar una y otra vez machaconamente los mismos mensajes ya conocidos de los mismos tipos en todos los medios, me cuesta ignorar su careto en carteles y farolas, y sufro por el consumo excesivo de papel al ver cómo te rellenan el buzón con panfletos con sus falsas sonrisas y esos mensajes de vendedor de crecepelo que acabarán en la papelera. Pero no me preocupa votar de nuevo, no soy de los que, como tantos amigos y compañeros de trabajo, y además en proporción creciente, manifiestan su hastío y proclaman que no piensan ir a votar.

La abstención está subiendo en los últimos procesos y seguro que mucho ha tenido que ver el cansancio que supone elegir a unos representantes para comprobar lo que luego hacen con tu voto. Según fuentes del propio Ministerio de Interior, en su Informe Las elecciones generales en España 1977-2016, «la participación en las elecciones generales en España está descendiendo, aunque moderadamente, algo que no debe sorprendernos, pues también está ocurriendo en otros países europeos en las últimas décadas».

Elecciones generales

Del 80% de las generales del 82, las de Felipe, al 66% de las últimas, las de la repetición de Rajoy, con picos del 77% en el 96, con la llegada de Aznar, o el 76% en las de ZP de 2004 y tras el 11-M que movilizó a buena parte del electorado. Como se aprecia en el gráfico, la tendencia general es de acusado descenso.

Estoy convencido de que el sistema tiene que cambiar, no solo para hacerlo más atractivo al votante, o al menos más representativo de la voluntad general, sino porque el actual resulta profundamente injusto. «Un hombre, un voto», o una mujer, un voto. Pero no es así, ni mucho menos. No vale lo mismo el voto de un guipuzcoano que el de un soriano, ni el de un murciano que el de un madrileño o un gerundense. Y si hablamos de elecciones generales, es decir, al Congreso y al Senado, elecciones por tanto nacionales, no pueden ponderar de distinta manera los votos según la provincia en la que fueron depositados.

Se da la circunstancia de que los partidos minoritarios favorecidos por este sistema electoral son los que más han hecho por cuestionar la estructura del estado: los nacionalistas catalanes y vascos, Amaiur o batasunos incluidos. El problema no es la mal llamada «Ley D’Hondt», como dicen algunos, sino que el sistema electoral español se basa en un reparto de escaños por provincias en lugar de hacerlo en una circunscripción única de todo el estado. Además, en cada una de las provincias, los partidos que obtienen menos de un tres por ciento de los votos no entran en el reparto según la fórmula del matemático belga Víctor D’Hondt, y con ello todos los votos de los partidos minoritarios repartidos en varias provincias se pierden, mientras que se favorece a los que concentran los suyos en un menor número de circunscripciones.

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Según un estudio de eldiario.es, si el sistema se basara en la circunscripción única, los partidos beneficiados por el actual sistema aparecen sobre el eje del gráfico, mientras que los perjudicados son los que quedan por debajo. El resultado en 2008 habría sido muy diferente, con el claro perjuicio causado a Izquierda Unida y UPyD, y el beneficio de PSOE, PP y nacionalistas vascos:

Desviación 2008

En 2011 el sistema propinó el tiro de gracia a Izquierda Unida y UPyD, mientras que favoreció sobre todo al PP y a continuación, a PSOE y nacionalistas vascos y catalanes:

Desviaciòn 2011

Así que la situación actual nos la hemos ganado a pulso permitiendo este sistema. Tras las últimas elecciones del 26-J, los resultados también habrían sido diferentes, con 18 escaños menos para el PP, 3 menos para el PSOE, 5 más para Unidos Podemos (con sus confluencias) ¡y 15 más! para Ciudadanos. Perderían algo de peso los nacionalismos, y PACMA habría entrado con 4 diputados en el Congreso. Los mismos que el PNV, por cierto, porque aunque los animalistas estén dispersos, sus votos deberían valer lo mismo que los del resto.

A finales de mayo de 2018, Mariano Rajoy creyó haber asegurado la legislatura hasta junio de 2020 tras llegar a un acuerdo sobre los presupuestos con el PNV. Es lo que tiene confiar en la lealtad de estos partidos. Como todos recordamos, apenas una semana después el PNV pactaba su apoyo al PSOE en la moción de censura para cargarse a Rajoy, moción a la que se unían otros partidos con más representación que sus votos reales en proporción: los filoetarras y los que han convertido los últimos años de vida política en un puñetero y cansino aburrimiento, los independentistas catalanes. Y todo para que, apenas ocho meses después, Pedro Sánchez tenga que convocar de nuevo elecciones al no conseguir el apoyo para los Presupuestos Generales de los mismos socios que le auparon a la presidencia.

Cuando veo esta situación, que dura ya décadas, me acuerdo de una pancarta que leí en una manifestación islamista yihadista en pleno centro de Londres: «utilizaremos vuestra democracia para destruir vuestra democracia». ¡Es exactamente lo que estamos consintiendo! ¿Y por qué los dos grandes partidos no proponen cambiar este sistema pernicioso y absurdo? Pues por la sencilla razón de que el sistema hasta ahora favorecía también a ambos. Les ha servido durante décadas para cargarse a posibles partidos de oposición, como Izquierda Unida y UPyD, o para reducir el peso de otros como Ciudadanos, pero al final han sido víctimas del propio sistema.

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Cuando se parió el absurdo sistema (intencionado y no tan absurdo) allá por 1977 se hizo a conciencia para evitar la fragmentación del parlamento en varios pequeños partidos, como ocurrió durante la última etapa democrática de la que se tenía recuerdo en ese momento, la II República. Se trató de primar a los partidos mayoritarios  para fomentar la estabilidad de los diferentes gobiernos, aunque fuera en detrimento de opciones minoritarias. Cuanto más proporcional es el sistema, más posibilidades hay de que entren nuevos partidos al parlamento. La circunscripción única y con reparto proporcional es el sistema que se utiliza en las elecciones europeas, por ejemplo, y creo que no se discute. Son los representantes de España en el Parlamento Europeo, y no los de Soria, Tarragona o Almería.

La distribución de escaños actual se realiza del siguiente modo:

  • 98 escaños en provincias que aportan hasta 5 diputados.
  • 125 en provincias que eligen entre 5 y 10.
  • 127 se reparten en provincias que cuentan con más de 10 escaños.

Es decir, que 223 escaños, cerca de dos tercios de la cámara, se reparten en provincias con menos de 10 diputados, que son precisamente aquellas en las que resultan más favorecidas las opciones mayoritarias. Va a ser curioso lo que ocurra este 28-A con el nuevo actor en juego, Vox, el partido de los «condones sanitarios». El crecimiento de este partido se debe a varios motivos, pero no tengo ninguna duda de que uno de los principales es el hartazgo ante el problema catalán. Y cuanto más les han atacado, mejores resultados han obtenido, como la mayoría de partidos del mismo corte en otros países (Francia, Brasil, Hungría, Alemania, Suecia).

Y decía que va a ser curioso porque puede darse la paradoja de que el PSOE reduzca su número de votos, pero incremente el número de escaños al verse favorecido por la fragmentación del voto de derechas entre PP y Vox en ese número de provincias que aportan 10 diputados o menos. El efecto del trasvase de votos del PP a Vox puede ser demoledor en el Senado, dado el sistema de reparto de senadores, aún más absurdo que el del Congreso.

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Por no hablar de las listas cerradas en las que votas al partido y no al sujeto, lo cual me puede parecer mejor o peor, pero lo que roza la estafa es que si luego ese tipo decide irse con su escaño al grupo mixto o votar con la oposición, como votante no te queda otra que aguantarte y sentirte engañado. Los miles de votos que llevaron a ese señor o señora allí servirán para lo que el tipo quiera, no para el partido al que has votado. En las elecciones municipales estos tránsfugas saben que tienen un arma de enriquecimiento masivo en sus manos, y por desgracia son muchos los que lo usan.

Insisto, hay que cambiar el sistema, seguro que hay mejores alternativas. No digo que el americano sea mejor, ni mucho menos. Parece una broma de mal gusto que un tío con tres millones de votos menos que su rival sea presidente, dependiendo de los estados en los que los consiga. En Grecia se premia al partido más votado con 50 diputados extra. Puede ser demasiado premio cuando la diferencia es exigua, pero evita eso que algunos definen como «pacto de perdedores». En otros países como Francia o Colombia se acude a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, y de ese modo se «obliga» al votante que no desea a ninguno de ellos a mojarse entre el que le da cien patadas o el que le da doscientas.

El sistema alemán es el preferido por muchos politólogos, aunque pueda resultar complejo. El votante elige dos veces: un candidato directo y un partido, que no tiene por qué ser el de su candidato. Los candidatos más votados obtienen su escaño y el resto del parlamento se reparte de modo proporcional aplicando la regla de Saint-Lagué en lugar de la fórmula de D’Hondt. Parece el sistema más justo si entendemos por tal al más proporcional, pero no lo es para aquellos partidos que no alcanzan el cinco por ciento a nivel federal. Es una idea.

Falta algo, cambien algo, por favor, mejoren el sistema. Casi todos los partidos proponían cambiarlo en 2015. Podemos propuso que las circunscripciones fueran autonómicas en lugar de provinciales. Izquierda Unida propuso reducir un escaño por provincia, sin contar las ciudades autónomas, y repartir esos 50 de modo totalmente proporcional, aparte de las listas abiertas. El PSOE propuso 9 cambios que no se concretaban en nada, como las listas desbloqueadas, «revisar el procedimiento electoral» o «mejorar la proporcionalidad».  Qué curioso que el PP no propusiera ningún cambio.

Los dos grandes partidos son incapaces de llegar a acuerdos en cualquier aspecto relevante para el interés general, ya sea la educación, la sanidad, las autonomías o la revalorización de las pensiones, pero sospechosamente sí coinciden cuando se trata del interés particular común, como el reparto de los cargos de las principales instituciones del país, sus sueldos, las (no) comparecencias de sus líderes sobre sus estudios y máster, y por supuesto, el sistema electoral.

Cara Josean

 

 

 

 

 

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Mariano y el cambio de hora, por Josean

Spain's Prime Minister Mariano Rajoy looks on before delivering his speech to present a new reform program during a session at Parliament in Madrid May 8, 2013. REUTERS/Sergio Perez (SPAIN - Tags: POLITICS BUSINESS) SPAIN-REFORMS/

Pues ya está, ya lo ha conseguido. Casi un año después Mariano Rajoy será investido presidente, y lo mejor de todo (para él) es que no ha tenido que mover un solo dedo. Me parece una metáfora interesante que la sesión de investidura que le ha votado como presidente se haya celebrado el mismo día que se cambia la hora. Hacia atrás.

Volvemos hacia atrás, como el reloj, Sigue leyendo →

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Habrá que ir a votar, ¿no?, por Josean

elecciones10

“Estoy harto de todos, no pienso ir a votar”. Este es un pensamiento cada vez más repetido, junto al “no sirve para nada”, o “son todos iguales, una panda de golfos, sinvergüenzas y corruptos”.

Pues no, no estoy de acuerdo. Y eso que seguramente mi hartazgo Sigue leyendo →