En apenas dos meses volveremos a votar en elecciones generales tras el breve gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que ya desde su formación generó más que dudas en este votante que llevaba años deseando la salida de Mariano Rajoy de la presidencia (¿Qué han hecho con mi país, tío?). Y me generó dudas por muchas razones, pero sobre todo por contar únicamente con el respaldo de sus 84 diputados y por los socios que le iban a acompañar en ese camino. Dejando al margen las elecciones municipales, autonómicas y europeas, será la tercera vez que votemos en apenas 859 días, tras el 20-D de 2015 y el 26-J de 2016.

Me cansan los procesos electorales, tener que escuchar una y otra vez machaconamente los mismos mensajes ya conocidos de los mismos tipos en todos los medios, me cuesta ignorar su careto en carteles y farolas, y sufro por el consumo excesivo de papel al ver cómo te rellenan el buzón con panfletos con sus falsas sonrisas y esos mensajes de vendedor de crecepelo que acabarán en la papelera. Pero no me preocupa votar de nuevo, no soy de los que, como tantos amigos y compañeros de trabajo, y además en proporción creciente, manifiestan su hastío y proclaman que no piensan ir a votar.

La abstención está subiendo en los últimos procesos y seguro que mucho ha tenido que ver el cansancio que supone elegir a unos representantes para comprobar lo que luego hacen con tu voto. Según fuentes del propio Ministerio de Interior, en su Informe Las elecciones generales en España 1977-2016, «la participación en las elecciones generales en España está descendiendo, aunque moderadamente, algo que no debe sorprendernos, pues también está ocurriendo en otros países europeos en las últimas décadas».

Del 80% de las generales del 82, las de Felipe, al 66% de las últimas, las de la repetición de Rajoy, con picos del 77% en el 96, con la llegada de Aznar, o el 76% en las de ZP de 2004 y tras el 11-M que movilizó a buena parte del electorado. Como se aprecia en el gráfico, la tendencia general es de acusado descenso.

Estoy convencido de que el sistema tiene que cambiar, no solo para hacerlo más atractivo al votante, o al menos más representativo de la voluntad general, sino porque el actual resulta profundamente injusto. «Un hombre, un voto», o una mujer, un voto. Pero no es así, ni mucho menos. No vale lo mismo el voto de un guipuzcoano que el de un soriano, ni el de un murciano que el de un madrileño o un gerundense. Y si hablamos de elecciones generales, es decir, al Congreso y al Senado, elecciones por tanto nacionales, no pueden ponderar de distinta manera los votos según la provincia en la que fueron depositados.

Se da la circunstancia de que los partidos minoritarios favorecidos por este sistema electoral son los que más han hecho por cuestionar la estructura del estado: los nacionalistas catalanes y vascos, Amaiur o batasunos incluidos. El problema no es la mal llamada «Ley D’Hondt», como dicen algunos, sino que el sistema electoral español se basa en un reparto de escaños por provincias en lugar de hacerlo en una circunscripción única de todo el estado. Además, en cada una de las provincias, los partidos que obtienen menos de un tres por ciento de los votos no entran en el reparto según la fórmula del matemático belga Víctor D’Hondt, y con ello todos los votos de los partidos minoritarios repartidos en varias provincias se pierden, mientras que se favorece a los que concentran los suyos en un menor número de circunscripciones.

Según un estudio de eldiario.es, si el sistema se basara en la circunscripción única, los partidos beneficiados por el actual sistema aparecen sobre el eje del gráfico, mientras que los perjudicados son los que quedan por debajo. El resultado en 2008 habría sido muy diferente, con el claro perjuicio causado a Izquierda Unida y UPyD, y el beneficio de PSOE, PP y nacionalistas vascos:

En 2011 el sistema propinó el tiro de gracia a Izquierda Unida y UPyD, mientras que favoreció sobre todo al PP y a continuación, a PSOE y nacionalistas vascos y catalanes:

Así que la situación actual nos la hemos ganado a pulso permitiendo este sistema. Tras las últimas elecciones del 26-J, los resultados también habrían sido diferentes, con 18 escaños menos para el PP, 3 menos para el PSOE, 5 más para Unidos Podemos (con sus confluencias) ¡y 15 más! para Ciudadanos. Perderían algo de peso los nacionalismos, y PACMA habría entrado con 4 diputados en el Congreso. Los mismos que el PNV, por cierto, porque aunque los animalistas estén dispersos, sus votos deberían valer lo mismo que los del resto.

A finales de mayo de 2018, Mariano Rajoy creyó haber asegurado la legislatura hasta junio de 2020 tras llegar a un acuerdo sobre los presupuestos con el PNV. Es lo que tiene confiar en la lealtad de estos partidos. Como todos recordamos, apenas una semana después el PNV pactaba su apoyo al PSOE en la moción de censura para cargarse a Rajoy, moción a la que se unían otros partidos con más representación que sus votos reales en proporción: los filoetarras y los que han convertido los últimos años de vida política en un puñetero y cansino aburrimiento, los independentistas catalanes. Y todo para que, apenas ocho meses después, Pedro Sánchez tenga que convocar de nuevo elecciones al no conseguir el apoyo para los Presupuestos Generales de los mismos socios que le auparon a la presidencia.

Cuando veo esta situación, que dura ya décadas, me acuerdo de una pancarta que leí en una manifestación islamista yihadista en pleno centro de Londres: «utilizaremos vuestra democracia para destruir vuestra democracia». ¡Es exactamente lo que estamos consintiendo! ¿Y por qué los dos grandes partidos no proponen cambiar este sistema pernicioso y absurdo? Pues por la sencilla razón de que el sistema hasta ahora favorecía también a ambos. Les ha servido durante décadas para cargarse a posibles partidos de oposición, como Izquierda Unida y UPyD, o para reducir el peso de otros como Ciudadanos, pero al final han sido víctimas del propio sistema.

Cuando se parió el absurdo sistema (intencionado y no tan absurdo) allá por 1977 se hizo a conciencia para evitar la fragmentación del parlamento en varios pequeños partidos, como ocurrió durante la última etapa democrática de la que se tenía recuerdo en ese momento, la II República. Se trató de primar a los partidos mayoritarios  para fomentar la estabilidad de los diferentes gobiernos, aunque fuera en detrimento de opciones minoritarias. Cuanto más proporcional es el sistema, más posibilidades hay de que entren nuevos partidos al parlamento. La circunscripción única y con reparto proporcional es el sistema que se utiliza en las elecciones europeas, por ejemplo, y creo que no se discute. Son los representantes de España en el Parlamento Europeo, y no los de Soria, Tarragona o Almería.

La distribución de escaños actual se realiza del siguiente modo:

• 98 escaños en provincias que aportan hasta 5 diputados.
• 125 en provincias que eligen entre 5 y 10.
• 127 se reparten en provincias que cuentan con más de 10 escaños.

Es decir, que 223 escaños, cerca de dos tercios de la cámara, se reparten en provincias con menos de 10 diputados, que son precisamente aquellas en las que resultan más favorecidas las opciones mayoritarias. Va a ser curioso lo que ocurra este 28-A con el nuevo actor en juego, Vox, el partido de los «condones sanitarios». El crecimiento de este partido se debe a varios motivos, pero no tengo ninguna duda de que uno de los principales es el hartazgo ante el problema catalán. Y cuanto más les han atacado, mejores resultados han obtenido, como la mayoría de partidos del mismo corte en otros países (Francia, Brasil, Hungría, Alemania, Suecia).

Y decía que va a ser curioso porque puede darse la paradoja de que el PSOE reduzca su número de votos, pero incremente el número de escaños al verse favorecido por la fragmentación del voto de derechas entre PP y Vox en ese número de provincias que aportan 10 diputados o menos. El efecto del trasvase de votos del PP a Vox puede ser demoledor en el Senado, dado el sistema de reparto de senadores, aún más absurdo que el del Congreso.

Por no hablar de las listas cerradas en las que votas al partido y no al sujeto, lo cual me puede parecer mejor o peor, pero lo que roza la estafa es que si luego ese tipo decide irse con su escaño al grupo mixto o votar con la oposición, como votante no te queda otra que aguantarte y sentirte engañado. Los miles de votos que llevaron a ese señor o señora allí servirán para lo que el tipo quiera, no para el partido al que has votado. En las elecciones municipales estos tránsfugas saben que tienen un arma de enriquecimiento masivo en sus manos, y por desgracia son muchos los que lo usan.

Insisto, hay que cambiar el sistema, seguro que hay mejores alternativas. No digo que el americano sea mejor, ni mucho menos. Parece una broma de mal gusto que un tío con tres millones de votos menos que su rival sea presidente, dependiendo de los estados en los que los consiga. En Grecia se premia al partido más votado con 50 diputados extra. Puede ser demasiado premio cuando la diferencia es exigua, pero evita eso que algunos definen como «pacto de perdedores». En otros países como Francia o Colombia se acude a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, y de ese modo se «obliga» al votante que no desea a ninguno de ellos a mojarse entre el que le da cien patadas o el que le da doscientas.

El sistema alemán es el preferido por muchos politólogos, aunque pueda resultar complejo. El votante elige dos veces: un candidato directo y un partido, que no tiene por qué ser el de su candidato. Los candidatos más votados obtienen su escaño y el resto del parlamento se reparte de modo proporcional aplicando la regla de Saint-Lagué en lugar de la fórmula de D’Hondt. Parece el sistema más justo si entendemos por tal al más proporcional, pero no lo es para aquellos partidos que no alcanzan el cinco por ciento a nivel federal. Es una idea.

Falta algo, cambien algo, por favor, mejoren el sistema. Casi todos los partidos proponían cambiarlo en 2015. Podemos propuso que las circunscripciones fueran autonómicas en lugar de provinciales. Izquierda Unida propuso reducir un escaño por provincia, sin contar las ciudades autónomas, y repartir esos 50 de modo totalmente proporcional, aparte de las listas abiertas. El PSOE propuso 9 cambios que no se concretaban en nada, como las listas desbloqueadas, «revisar el procedimiento electoral» o «mejorar la proporcionalidad».  Qué curioso que el PP no propusiera ningún cambio.

Los dos grandes partidos son incapaces de llegar a acuerdos en cualquier aspecto relevante para el interés general, ya sea la educación, la sanidad, las autonomías o la revalorización de las pensiones, pero sospechosamente sí coinciden cuando se trata del interés particular común, como el reparto de los cargos de las principales instituciones del país, sus sueldos, las (no) comparecencias de sus líderes sobre sus estudios y máster, y por supuesto, el sistema electoral.