Presupuestos 2021 (II): infravalorar los gastos

JOSEAN, 12/12/2020

Un error bastante común que se suele cometer a la hora de realizar presupuestos es el de estimar de manera errónea los gastos, infravalorándolos, y “ajustar” luego a martillazos los ingresos para que cuadren con el objetivo que se pretende mostrar (que no alcanzar). Como expliqué en la primera parte (y siempre según mi opinión), los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 parecen claramente sobrevalorados o sobreestimados, luego mi duda radica en saber si se inflaron intencionadamente para justificar el incremento de gastos que se prevé realizar durante el ejercicio 2021. Y sería una pena, porque tras la terrible pandemia que hemos sufrido, no solo en España, sino a nivel global, los PGE-2021 tienen que ser más estrictos y rigurosos que nunca para poder convertirse en la herramienta que canalice la recuperación por la doble vía del impulso de la inversión pública y de los fondos europeos del Plan Next Generation.

Toca ser rigurosos, lo que no está reñido con la austeridad. Austeridad no en el sentido peyorativo de la palabra que la crisis financiera nos dejó, sino en el sentido de la RAE: severo, sobrio, sin excesos. Puesto que van a venir 140.000 millones de euros de la Unión Europea en los próximos años, que no son un regalo, toca gestionarlos con sobriedad, sin excesos ni derroches en partidas superfluas. Sin planes E improductivos, para que se me entienda, sino que se aprovechen para eso que tantas veces hemos escuchado: un cambio en nuestro modelo productivo.

La principal premisa en la que se basan estos presupuestos aparece en las primeras páginas del Proyecto de Ley: la suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, con lo que “se autoriza de esta forma incurrir excepcionalmente en déficit estructural con la finalidad de permitir la adopción de las medidas necesarias a fin de mitigar los efectos adversos de la pandemia a nivel socioeconómico y abordar un programa de recuperación coherente con el proyecto de la Unión Europea”. Pero esta medida es excepcional y no debe considerarse en ningún caso como recurrente, por lo que convendría que algunos miembros del gobierno rebajaran sus ilusiones respecto a una barra libre de gasto, cuando ya nos vamos a situar en los peores puestos de Europa en deuda y déficit públicos. Europa no lo va a permitir, y una mala gestión de los fondos en estos primeros años puede terminar afectando a los siguientes ejercicios.

(Cuadro extraído del Informe de Valoración de los Presupuestos de la CEOE)

La acumulación de errores para elaborar un cálculo aparentemente mucho más sencillo, como es el recuento de los fallecidos en la pandemia (un 60% más, según cálculos del INE, lo que podría llevar los 47.000 oficiales a una cifra superior a los 75.000) me hace desconfiar de algunos de los cálculos presentados en los PGE-2021. El profesor de la Universidad de Oxford Tim Vlandas ha desarrollado un índice tristemente interesante, el Pandemic Misery Index, que mide los efectos combinados del exceso de mortalidad y de los incrementos de desempleo en los distintos países, y nuestra posición (por desgracia) aparece en los puestos de cola:

Se gestionó mal la crisis sanitaria (como en casi todo el mundo, esto no es un tema de gobiernos de derechas o de izquierdas) y las medidas de apoyo económico no fueron suficientes para crear muros de contención de tal robustez que frenaran la caída de la economía. Según un estudio del Banco Central Europeo, las medidas económicas aprobadas por el gobierno (fundamentalmente la prolongación de los ERTEs, los aplazamientos fiscales y los avales del ICO) evitaron el cierre del 36% de las empresas españolas, y alerta de lo que puede ocurrir cuando se retiren las medidas de apoyo económico. De ahí las sucesivas prórrogas de los ERTEs y de la devolución de los créditos del ICO, lo que en el corto plazo resulta necesario, pero en el medio y largo es insostenible, puesto que se termina sosteniendo a empresas que no son viables.

Si nos centramos en la estimación de gastos previstos para 2021, se aprecia un elevado incremento en todas las partidas, lo cual es posible por el adelanto previsto de 26.634 millones de euros de la Unión Europea que no van a llegar a lo largo de este ejercicio, sino en 2022. El total de gastos asciende a 383.543 millones de euros, de los cuales, como ocurre siempre, las mayores partidas son las pensiones y las transferencias a otras Administraciones Públicas (comunidades autónomas y Seguridad Social).

Ya antes de la aprobación de los presupuestos, sorprendió el anuncio del gobierno del incremento de las pensiones y los salarios de los empleados públicos un 0,9 por ciento, sobre todo cuando el IPC interanual se mantiene en tasas negativas (-0,8 en noviembre) y corremos el riesgo de caer en una deflación sostenida. Se calcula que esta medida tendrá un impacto de unos 3.000 millones de euros, repartidos entre todas las administraciones. No voy a criticar la medida porque ambos colectivos han sido tradicionalmente los más castigados en anteriores crisis, pero me entra la duda de la conveniencia de la misma en este preciso instante (la reposición del cien por cien del personal funcionario, por ejemplo), así como una duda más grande aún sobre los cálculos que han llevado a ese porcentaje, que será el doble para las pensiones no contributivas. Sobre todo porque la reforma del sistema de pensiones en España fue una de las principales demandas de la Unión Europea a nuestro país en las negociaciones para la percepción de las ayudas comunitarias.

Evidentemente no soy un experto en contabilidad pública como para meterme partida por partida en las estimaciones de gasto, pero una de ellas sí llama la atención y es la destinada al pago del desempleo, 25.012 millones de euros, como resultado de la estimación (muy optimista) de las tasas de desempleo en el 16,3 por ciento para 2021. Las previsiones del Banco de España sitúan la tasa de desempleo del próximo ejercicio en un rango entre el 19,4 y el 21 por ciento, y la propia estimación de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prevé liquidar este ejercicio un importe de 35.083 millones de euros en esta misma partida. Veremos qué ocurre a partir del 31 de enero (fecha de finalización de los ERTEs) y sobre todo con la esperada recuperación de la actividad a lo largo de todo el ejercicio, pero a priori parece que el cálculo es muy corto.

España tiene un mercado laboral muy dependiente del turismo y los servicios, y las medidas de protección del empleo aprobadas supusieron una protección del trabajador “estable”, pero volvió a dejar a su suerte a los trabajadores precarios. Durante este ejercicio 2020 hemos padecido una disminución del 86’6 por ciento del número de turistas extranjeros y una reducción del 90 por ciento de dichos ingresos, y la recuperación de este sector, que aporta un 12 por ciento del PIB, es prioritaria. La hostelería es otro sector fuertemente afectado y cuya recuperación se prevé complicada. Esta semana escuché un debate en la radio sobre si “se debía rescatar la hostelería” a la manera en que se hizo con “el ladrillo” en manos de la banca. Bueno, aquí ya hicimos ese ejercicio, aunque fuera en plan irónico, hablando del “bar malo”, un organismo ficticio llamado BARHEB. Me pareció interesante la solución planteada en Alemania consistente en apoyar económicamente a los bares y restaurantes con un ingreso equivalente al 75 por ciento de su facturación en el año anterior. Si aquí se adoptara una medida similar, tendría “gracia” saber cuántos empresarios de la hostelería iban a lamentar llevar esa caja B de ingresos, por desgracia tan extendida, y de qué manera iban a tratar de obtener la compensación.

Los fondos del plan Next Generation son una gran oportunidad para cambiar ese modelo productivo para evolucionar del “país de camareros” a una economía mucho más moderna y todas esas palabras que se añaden ahora a todo: digital, integradora, inclusiva y resiliente. Bromas aparte, los programas de la Unión Europea deben destinarse a infraestructuras productivas el día de mañana (vuelvo a decir que no más planes E), centradas en los sectores destacados indicados en el propio Plan: eficiencia energética, sostenibilidad, economía circular, digitalización de las empresas y las administraciones públicas, y todo ello apostando por la innovación y (por fin) el I+D+i. Es una oportunidad que no puede desaprovecharse y será necesaria la mayor colaboración público-privada de una manera eficiente para gestionar y canalizar todos los fondos que llegarán en próximos años si no hacemos el canelo.

Y llegados al punto del aprovechamiento de los fondos, es donde aparecen los “socios” de gobierno en esta aprobación de presupuestos, esos socios que ya han dicho por activa y por pasiva que no les importa la vertebración de España, sino “qué hay de lo mío”. Nada más aprobarse los presupuestos, me heló la sangre la imagen de los representantes de EH-Bildu y ERC, Mertxe Aizpurua y Gabriel Rufián, exigiendo su peaje independentista. Mal empezamos, no habían transcurrido ni veinticuatro horas desde la aprobación de los presupuestos por parte de los que el PSOE definió como “patriotas y valientes”.

La lista de peticiones para el apoyo a los presupuestos incluye medidas relacionadas con la educación y el uso del español, los indultos, la cesión de competencias, el incremento de los fondos para sus comunidades en detrimento de otras y una supuesta armonización fiscal que no toque el cupo vasco. Ayer supimos que el gobierno va a retirar a la Generalitat catalana la supervisión económica sobre sus finanzas, “estupendo”. Insisto, mal empezamos si cada una de las comunidades va a la guerra por su cuenta para manejar su parte de la tarta sin tener en cuenta el proyecto global, ¿no tuvo ese objeto la cumbre de presidentes de comunidades el pasado mes de julio?

Hace años había un chiste que decía que cómo podíamos vivir en un país en el que la ministra de Sanidad se llamaba Mato, el yate del Rey era Bribón, el principal banquero era Botín y la alcaldesa que debía evitar las macrofiestas era Botella. Ahora parece que nos queda otro país totalmente distinto, en el que el responsable de las finanzas del socio (investigado) de gobierno se llama Monedero, la portavoz del partido del gobierno Lastra todo lo que toca y el socio imprescindible para todo es Rufián. Ojalá no desaprovechemos la oportunidad de salir de esta. No sé quién es el autor de este chiste gráfico, pero representa lo que muchos sentimos:

Hasta la próxima, sed buenos, inclusivos y resilientes, signifique lo que signifique eso.

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