JOSEAN, 10/10/2023

En los últimos tiempos he escuchado o leído varias veces una palabra nueva que, ciertamente, resulta muy poco seductora: “hiperregulación”. Lo dice todo sin decir gran cosa, es una palabra fea que suena a barullo, a atoramiento, a tapón normativo. El gobierno de turno entiende que hay que aprobar una regulación y lo hace de manera hipertrófica. En exceso. O lo que puede tener peores consecuencias, de manera precipitada.

Durante el pasado debate para las elecciones del 23-J, los candidatos mostraron posturas bien diferentes sobre este punto. Pedro Sánchez presumía de haber aprobado normas para afrontar los numerosos problemas a los que se enfrentaba nuestra economía y la sociedad, mientras que Alberto Núñez Feijóo le reprochaba precisamente esa compulsiva necesidad de sacar adelante una nueva norma, ya fuera con rango de ley, del denostado decreto ley, orden ministerial o disposiciones de todo tipo. 385 páginas diarias de nuevas normas en el BOE (en realidad son más), muchas de ellas con tramitaciones de urgencia. Si a eso añadimos la producción normativa de las comunidades autónomas, estar al día y no incumplir se convierte para las empresas y los ciudadanos en una tarea de lo más compleja.

En 2022 se publicaron 1,32 millones de páginas en los distintos boletines oficiales: 254.757 en el BOE y el resto en los distintos boletines autonómicos. En total, fueron aprobadas 1.189 normas con rango de Ley, 849 en el Estado (un tercio por la vía del decreto ley). Esta sobreproducción normativa supone un incremento del 31 por ciento respecto al año anterior y alcanza la cifra más alta de la última década. Pero la crítica no debe centrarse en el número, o solo en el número. Si toda esta regulación fuera aprobada para resolver problemas, bienvenida sea. El problema es que las normas adquieren tal volumen que en ocasiones resultan contradictorias, generan diferencias entre comunidades y dificultan (mucho más que lo que ayudan) la labor de las empresas, que son las verdaderas generadoras de riqueza y empleo del país.

Según este artículo de Expansión, “la hiperactividad normativa en España lastra la actividad económica y el empleo, erosiona la competitividad de las empresas, quiebra la unidad de mercado y genera inseguridad jurídica”. Por su parte, el Foro Regulación Inteligente indica que la hiperregulación nos cuesta entre 36.000 y 48.000 millones de euros anuales y este exceso, que dificulta la labor de las empresas en las diferentes comunidades, supone entre el 1,5% y el 2,5% del PIB.

Desde junio de 2018, los distintos gobiernos de Pedro Sánchez han aprobado 135 “decretazos” por la vía rápida, esquivando el control parlamentario y los informes de los órganos consultivos del Estado. Supera de largo el anterior récord, de José María Aznar, cuyo gobierno sacó adelante 85 decretos entre 1996 y 2000. Por comunidades, la más activa a la hora de producir normas es Cataluña, que lidera la clasificación por séptimo año consecutivo. La reforma laboral, el control de jornada, la desconexión digital, el Salario Mínimo por las bravas, la ley trans, la educación, la financiación autonómica, contra el cambio climático o los efectos de la inflación, se cambia el Código Penal a medida, se legisla sobre el delito de malversación en beneficio de los malversadores… Se ha tratado de regular sobre todas las cosas, e incluso con la pandemia, hasta sobre lo que ocurría en nuestros hogares.

Aunque este post se centra en las normas de carácter económico y fiscal que afectan a la competitividad de las empresas, voy a usar la mal llamada ley del “solo sí es sí” como ejemplo de lo que está ocurriendo: se presenta una norma para cambiar algo que se entiende que no funciona de manera adecuada, se elabora por la vía de urgencia, sin los consensos necesarios, incluso en el propio equipo de gobierno, y sin atender a dictámenes previos, redactada por personas sin la formación adecuada, se aprueba con gran aparato propagandístico y a los pocos meses, cuando se genera otro problema mayor, se promueve una modificación que corrija el desaguisado perpetrado.

Desde hace años toda la normativa fiscal sigue un patrón similar. Los impuestos de naturaleza medioambiental a los que ya me he referido en este blog son un claro ejemplo de esta manera errática de legislar. El impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero está repleto de lagunas que, diez meses después de su puesta en marcha, no han sido resueltas. Y además se interpreta de manera diferente por comunidades. El impuesto sobre el plástico tiene un desarrollo normativo tan impreciso que ahora mismo los sectores afectados están intentando resolver. La fiscalidad medioambiental lleva años en una espiral de creación de nuevas normas y disposiciones que parecen incidir de manera exclusiva en la recaudación y no en la solución real de los problemas. Es tal su producción normativa que ni siquiera los funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) están al día. Este mismo verano, el Ministerio inició el proceso de información pública para el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR). Para cumplir los plazos y poder acceder a los fondos europeos se redujeron los plazos habituales a la mitad.

El problema es que es tal la producción normativa que la propia consulta pública contenía referencias a documentos ya derogados.

Algo similar ocurre con muchas de las iniciativas de naturaleza tributaria que se han acometido en los últimos años, todas ellas con el afán de incrementar la recaudación. La tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a los “ricos”, a las eléctricas, a la banca, las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, en las cargas sociales, en las contribuciones a las pensiones… se ha cambiado todo en este empeño por mejorar la recaudación y detrás de casi todas las medidas había una carga que no era lógica, sino ideológica. Populismo legislativo, y Populismo tributario, dije en su día: Hombre rico, hombre pobre. Y Papá Estado como ente benefactor y redistribuidor de ese incremento resultante de recaudación récord.

No solo se genera inseguridad jurídica (contradicciones entre normas, interpretaciones diferentes entre comunidades, incremento de la litigiosidad), sino que, como advertía el Instituto de Estudios Económicos en su informe de diciembre pasado, todo ello se traduce en “una pérdida de competitividad y de productividad que afecta al conjunto de la economía”, pues “dificulta que empresas y ciudadanos puedan competir en el conjunto del país sin tener que enfrentarse a grandes costes para cumplir con la regulación del sector en el que operan”.

(Continuará en Hiperregulación (II): efectos)