JOSEAN, 27/10/2021

Se acerca el final del año de la recuperación, o del inicio de la recuperación, o bien, del inicio de poner las bases para la recuperación futura, depende de lo optimista o pesimista que sea uno, y me ha parecido un momento adecuado para ver qué ha ocurrido con varios de los asuntos que hemos tratado en el blog en meses y años anteriores, relacionados todos ellos de un modo u otro con las cuentas públicas.

• La recaudación de la llamada «tasa Google»: el impuesto sobre determinados servicios digitales recogía en su Memoria de Impacto una serie de cálculos «a globo» según los cuales se preveía recaudar entre 600 y 1.258 millones de euros. Recordad que ese amplio margen de error se hizo previendo «una tasa de actualización de las cifras muy alta». Lo que parece que finalmente será «muy alta» es la desviación prevista en la recaudación. Si extrapolamos los 92 millones recaudados en el primer semestre a la totalidad del año, nos quedaríamos en una cifra entre el 14% y el 30% de lo inicialmente estimado. La vida de este impuesto será corta y poco exitosa, pues tendrá que desaparecer cuando entre en funcionamiento el pacto global de la OCDE sobre el régimen fiscal de las grandes multinacionales. Esta misma semana hemos conocido el acuerdo entre los gobiernos de España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido con el estadounidense para eliminar este impuesto el 31 de diciembre de 2023 como muy tarde. La presión de Estados Unidos con amenazas arancelarias a los productos europeos ha forzado este acuerdo y dicho plazo, pues a partir del mismo entrará en vigor el impuesto pactado en el marco de la OCDE y el G-20.

• El impuesto a las transacciones financieras, o la mal llamada «tasa Tobin»: la recaudación esperada por este impuesto para la totalidad del año era de 850 millones de euros. Sin embargo, tuvo ciertos problemas en su puesta en funcionamiento, que llegó a retrasarse hasta dos veces, lo que seguramente ha influido en su baja recaudación del primer trimestre. Según el informe de recaudación publicado por la Agencia Tributaria, la cifra fue de apenas 150 millones de euros, lo que, de mantenerse la tendencia, supondría alcanzar a final de año un 35% de lo estimado inicialmente.

• Los pleitos planteados por grandes fondos de inversión tras los cambios regulatorios del sector eléctrico en 2010 y especialmente en 2013 se están resolviendo en su mayoría de manera desfavorable para los intereses del Estado español. Esta semana hemos sabido que Endesa, Iberdrola y Acciona no han acudido a la subasta de renovables por la «falta de seguridad jurídica» del sector, tras las sucesivas reformas, las vigentes y las recientes, tras las que se prevén nuevos conflictos judiciales. En 2016 dediqué un post completo a las sospechosas resoluciones que se estaban dando en España sobre estos asuntos y a cómo estas reclamaciones estaban llevando a nuestro país al primer puesto del triste ranking de litigios en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones). La seguridad jurídica salta por los aires, decía, y los litigios están llegando a su resolución.

• El registro de jornada: en su día dediqué dos artículos a la normativa que trataba de controlar el horario de los trabajadores y que establecía un régimen sancionador para aquellas empresas que incumplieran la norma. El Real Decreto-ley tenía una serie de complicaciones y lagunas que no dificultaban el control, no solo por parte de las empresas (teletrabajo, viajes, formaciones, acceso a medios electrónicos…), sino de la inspección. Pese a ello, a los dos años de su puesta en funcionamiento, la Inspección había encontrado 8.616 infracciones, de las que resultaron 16.303.493 euros en sanciones. El período analizado cubre desde el 13 de mayo de 2019 (entrada en vigor) hasta el 12 de mayo de 2021, y sorprende el reparto en las sanciones:

2019: 2.940 infracciones. Importe: 6.327.769 euros.

2020: 4.120 infracciones. Importe: 7.226.615 euros.

2021: 1.556 infracciones. Importe: 2.749.106 euros.

El confinamiento y el teletrabajo no paralizaron la actividad inspectora y recaudatoria.

• El mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades: los ataques a las empresas comenzaron en la época de Cristóbal Montoro y fueron continuados por la ministra Montero y el vice Iglesias. No podía ser que las grandes empresas pagaran menos del 7% en el Impuesto de Sociedades, nos decían, aunque para ello tuvieran que falsear y manipular los datos (Montoro miente y Las grandes corporaciones son malas), así que finalmente se aprobó un tipo impositivo mínimo del quince por ciento en el Impuesto de Sociedades. El anuncio tuvo efectos más propagandísticos que reales, porque una buena parte de los beneficios de las grandes empresas provenía de dividendos o del extranjero y, por tanto, ya habían pagado los impuestos correspondientes en otros países. Según cálculos presentados por la propia ministra de Hacienda María Jesús Montero hace un par de semanas, la nueva tasa mínima del Impuesto recaudará menos de 50 millones de euros en su primer año de vigencia. La cantidad que se esperaba recaudar era superior a los 400 millones de euros, pero tendrá que esperar como mínimo hasta 2023, en los pagos definitivos y no en los anticipos a cuenta del Impuesto. La ministra advertía de la baja recaudación de este impuesto, que «está aportando la mitad de lo que aportaba hace diez o quince años». Normal, cuando antes de 2008 los resultados de las empresas eran muy superiores a los actuales y no contaban con las bases imponibles negativas generadas tras esos años de crisis financiera o ahora con los impactos negativos de la Covid. Las pérdidas de las empresas se han convertido en un problema para la recaudación del Estado y el propio lenguaje de la ministra habla de «poner el foco en los créditos fiscales», como si las empresas celebraran o les viniera bien haber sufrido pérdidas.

En fin. Acaba de presentarse el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y tanto el Banco de España como la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) han cuestionado las premisas en las que se basan los mismos. Hace menos de un año dediqué dos artículos del blog a los Presupuestos presentados para el año 2021, y con todas las reservas del mundo, basándome en algunas premisas indirectas, concluí que parecían realizados como en las empresas que elaboran de manera forzada sus presupuestos: estimando de manera errónea los gastos, infravalorándolos, y “ajustando” luego a martillazos los ingresos para que cuadren con el objetivo que se pretende mostrar (que no alcanzar).

Parece evidente que determinadas políticas económicas terminan afectando a la competitividad de las empresas españolas. Por hacer un breve recopilatorio del sector energético: Naturgy ya tiene más de la mitad del capital en manos extranjeras, Endesa pasó a ser italiana hace tiempo, Sacyr ha dejado de ser el principal accionista de Repsol, y Cepsa ha cambiado de consejero delegado por decisión de los principales accionistas (el fondo anglosajón Carlyle y el holding emiratí Mubadala). Lo recordaba con preocupación este artículo reciente de La Vanguardia, Hablando de soberanías. Los grandes grupos están tocados y no les queda otra que desinvertir o enfocarse en otros mercados en los que se consideran mejor tratados (aquí dejo un resumen de las principales desinversiones de ACS, FCC; Ferrovial y OHL). Una pena.