Tras el Consejo de Ministros del pasado 25 de julio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía balance de los distintos mecanismos de financiación de pago a proveedores desarrollados en los últimos dos años. En ese mismo Consejo se aprobaba un Real Decreto que ponía fin a las disposiciones normativas para (en palabras del propio Ministerio, tócate los coj…) “erradicar la morosidad comercial de las administraciones públicas”. Me cabreo porque existían normas y leyes suficientes para que no fuera necesario tener que erradicar esa morosidad (Ley de Contratos del Sector Público, Directiva comunitaria contra la morosidad, Ley de Entidades Locales), pero la falta de seriedad de los gestores ha hecho necesario habilitar estos mecanismos adicionales. En otras palabras, el Sr. Montoro lleva dos años sacando normas y planes de pago a proveedores para salvar y cubrir la morrosidad de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. No es una errata, lleva doble erre: MORROSIDAD.

La nota de prensa indica que estos mecanismos de pago han servido para que los proveedores perciban más de 60.000 millones de euros a lo largo de las distintas fases. Estos 60.000 millones se han repartido entre Ayuntamientos (11.596 mill.) y Comunidades Autónomas (48.585 millones) a través del Fondo de Liquidez Autonómico y los mecanismos financieros creados en los Reales Decretos que a continuación explico brevemente.

Para el que no esté muy puesto en la materia, le indico en qué consisten básicamente estos mecanismos:

• Real Decreto 4/2012 (posteriormente completado con el R.D. 7/2012): se crea el Fondo para liquidar la mayoría de las deudas de los Ayuntamientos con proveedores hasta diciembre de 2011, da igual la antigüedad. Incluía contratos de obras, suministros y concesiones de servicios públicos, fundamentalmente, y se abonó entre mayo y junio de 2012.
• Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012, por el cual se crea al Fondo de Liquidez Autonómica para el pago de las deudas comerciales de Comunidades Autónomas.
• Real Decreto 4/2013: en un batiburrillo de normas diversas que apoyan el autoemprendimiento, el autoempleo, una serie de incentivos fiscales y estímulos a la contratación indefinida, se aprueba la inclusión en el Fondo para el pago a proveedores de mancomunidades, consorcios y determinadas entidades locales del País Vasco y Navarra, y se amplían los tipos de contratos incluidos (como convenios de colaboración o contratos de arrendamiento de bienes inmuebles).
• Real Decreto 8/2013: en dos fases (primero Ayuntamientos y luego Comunidades Autónomas), se crea el Fondo para el pago a proveedores de todas las deudas vencidas, líquidas y exigibles a 31 de mayo de 2013. Se abonó en su mayor parte entre noviembre y diciembre de 2013.

En todas estas normas, el funcionamiento ha sido, con pequeñas variaciones, similar:

1. Origen de los fondos: El Estado ha acudido a mercados de deuda nacionales e internacionales para obtener la financiación necesaria para dotar al Fondo de liquidez para pagar los excesos del pasado de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Estos 60.000 millones de euros obtenidos en los mercados son sólo una parte más, pero no la principal, del elevado incremento de la deuda pública que está sufriendo España en los últimos 6 años. Como todo el mundo sabe, nos estamos endeudando para pagar nuestros déficits, para pagar en el futuro los errores del pasado y del presente. Como los malos gestores. Y por cierto, ya estamos al borde del 100% del PIB.

2. Devolución de los fondos por entidades locales y Comunidades Autónomas: aunque han sido numerosos los alcaldes y presidentes de Comunidades Autónomas que han salido sacando pecho diciendo que ya no debían nada a sus proveedores, “estamos al día”, la realidad es que el Estado no ha pagado la deuda por ellos, ni se la ha condonado, sólo se la ha adelantado. Les ha prestado un dinero que tendrán que devolver en 10 años, con dos de carencia. La mayor parte de estos pagos se produjo en 2012 y principios de 2013, luego estos 2 años de carencia vencen ahora, y en estos meses los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas tendrán que comenzar a devolver el principal prestado. Entonces veremos si de verdad se han “ajustado” para poder atender sus gastos corrientes y sus deudas del pasado.

3. Chantaje a los proveedores: los distintos mecanismos de pago a proveedores recogían un chantaje a los proveedores. Con todas las letras. Si el proveedor quería cobrar sus facturas, aunque tuvieran 2, 5 ó 10 años de antigüedad, debía renunciar a los intereses de demora generados por Ley, y a las reclamaciones judiciales que pudiera tener interpuestas, incluso con sentencia firme.

Las conclusiones del que escribe estas líneas son contradictorias y me explico. Por un lado, los distintos planes de pago a proveedores han sido un gran éxito que ha permitido sobrevivir a numerosos proveedores, y así hay que reconocérselo al Sr. Montoro. Ha habido miles de empresas a las que este balón de oxígeno de 60.000 millones de euros les ha dado la vida, les ha permitido continuar su actividad, y posiblemente haya evitado nuevos despidos y ajustes de plantilla. En julio de 2014, el propio Ministerio cifraba en más de 8 millones las facturas abonadas, correspondientes a 200.000 proveedores, y estimaba que habían evitado la pérdida de 400.000 puestos de trabajo. Evidentemente este cálculo es una cifra interesada, pero a buen seguro los distintos planes han ayudado a solventar crisis de tesorería de numerosas empresas.

Pero por otro lado, no dejo de pensar en que se ha premiado la morrosidad y la mala gestión. Ha habido Ayuntamientos y Comunidades Autónomas acometiendo inversiones que no se podían permitir (pero que en buena parte de los casos seguramente “devengaban” su 3%), hinchando sus gastos corrientes a base de meter familiares, amigos y gente del partido bajo la etiqueta de “cargos de confianza” (según «El Objetivo de Ana Pastor», el CSIF calculaba en 20.000 el número de asesores de libre designación de la administración pública, con un coste anual de unos 850 millones de euros), o asumiendo competencias fuera de su ámbito de actuación. Y en lugar de echar de sus puestos a todos estos malos gestores, en lugar de inhabilitar a Interventores y Tesoreros que han permitido y no han frenado estos dispendios, cuando ya tantos alcaldes y presidentes de Comunidades Autónomas se veían con el agua al cuello incapaces de afrontar el pago de sus facturas, ha venido Montoro y les ha dado ese estupendo premio de asumir desde el Estado la cancelación de todas sus deudas. Con el agravante de saber que los únicos culpables de la situación creada, que son los malos gestores, van a seguir en sus puestos en la mayoría de los casos. Y los malos gestores, como los golfos, no abandonan el lado oscuro de la noche a la mañana.

Por eso el título de este post, por los premios a la morrosidad y la mala gestión que el ministro preferido de los ciudadanos ha repartido a diestro y siniestro. El ministro de las Administraciones Públicas ha reconocido en numerosas ocasiones los incumplimientos de la Ley por parte de la propia Administración:

– Cuando decía que había que sacar las facturas de los cajones de la administración, por cuanto es ilegal no contabilizar en los respectivos ejercicios las deudas comerciales.

– Por permitir deudas de 1, 2, ó 10 años o incluso más, cuando la Ley obligaba al pago a 60 días, luego modificado a 30.

– Por permitir que los organismos públicos se saltaran la prelación de pagos (el orden obligatorio establecido), y abonaran primero las facturas de sus proveedores más pesados o más amigos y retrasando durante años las de grandes empresas o simplemente proveedores menos afines. O que no regalan jamones por Navidad.

Para acabar con estas malas prácticas, Montoro y su Ministerio llevan dos años aprobando mecanismos que solucionarán el problema de la morosidad comercial a los proveedores, pero que suponen en la práctica hipotecar el futuro de estos organismos públicos. Probablemente no había otra alternativa. Pero no se ha tomado ni una sola medida contra los alcaldes y presidentes de Comunidades Autónomas que generaron estas situaciones. Hay 833 entidades locales que han pedido ampliar el período de carencia de 2 a 4 años, y el de amortización, de 8 a 16. Me imagino a los alcaldes del futuro, en 2028, por ejemplo, cerrando su presupuesto del ejercicio y diciendo: «ah, no, que no puedo hacer tal y cual gasto, porque todavía estoy pagando las deudas de 2008 a 2010 de aquel tío tan simpático que se llevaba a los votantes de calle».

¿Cómo pudieron superar ciudades como León, Jerez o Parla las cifras de 300 millones de euros en facturas impagadas? Los alcaldes de los próximos 8 ó 16 años seguirán pagando los excesos de Francisco Javier Fernández, Pedro Pacheco y Tomás Gómez en los años de bonanza en el gasto y las cuentas municipales descontroladas.

Otras dos reflexiones adicionales sobre estas medidas. Una, ¿ha habido control suficiente sobre esos 8 millones de facturas? En algunos medios se ha publicado que se abonaron facturas de 1990, y son numerosos los proveedores que han reconocido haber cobrado facturas anteriores al año 2000. ¿Dónde han estado todo este tiempo? ¿Era una disputa comercial por una obra mal ejecutada? En ese caso, ¿por qué se abonan ahora? ¿Se han «colado» facturas falsas o duplicadas en esos enormes paquetes enviados al Ministerio?

Y dos. La Ley 3/2004, por la que se establecían medidas de lucha contra la morosidad establecía en su artículo 9 la nulidad de las cláusulas consideradas abusivas:

Artículo 9. Cláusulas abusivas.
1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago (60 días, luego rebajados a 30) y al tipo legal de interés de demora (Euribor más siete puntos porcentuales) establecidos con carácter subsidiario en el apartado 2 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7, así como las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor,…

El chantaje al que hacía referencia anteriormente sobre la renuncia a los intereses de demora es claramente una cláusula abusiva establecida por el Sr. Montoro:

«Si quieres cobrar, aunque sea una factura de 5 años de antigüedad, tienes que renunciar a los intereses. Y al contencioso que me has puesto. Y a las costas». La trampa que está utilizando el Ministerio de Montoro es alegar que las empresas se acogen voluntariamente al mecanismo. ¿Voluntariamente? Esto era una especie de cobra «ahora o nunca».

Las empresas han aceptado el chantaje porque era una oportunidad única para aliviar su maltrecha situación financiera. Y porque sabían que no había otro modo de cobrar esas deudas con las administraciones. Recuerdo que durante la negociación con ETA hubo quien habló de que los jueces tenían que tener en cuenta el «momento político» que se estaba viviendo para suavizar las condenas a los terroristas. Es una barbaridad como tantas de las que se han dicho en relación con este asunto. En el caso de la morosidad, hay sentencias vergonzosas que parecen tener en cuenta el «momento económico» de las administraciones públicas para barrer descaradamente en favor de estas y en contra de las empresas privadas. Quizás en otro post comentemos algunas.

Por cerrar el tema de la morrosidad. Con la Ley de estabilidad presupuestaria aprobada, situaciones de impago como las que se han dado estos años no se deberían volver a repetir. Pero visto que luego desde Papá Estado se le arregla el desaguisado a los lamentables gestores, ¿alguien se atreve a apostar?