Economía

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Igual hay que hablar de absentismo (II)

JOSEAN, 29/03/25

La evolución creciente y sin freno del absentismo es una preocupación que el gobierno debería compartir con los empresarios, pues no afecta solo a estos. Las empresas asumen aproximadamente la mitad de los casi 29.000 millones de euros en los que se estima el coste del absentismo (ver gráfico de la primera entrega). Debería preocupar a la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Sáiz, por el sobrecoste adicional que supone a las maltrechas arcas públicas, y su reducción debería ocupar una parte importante del tiempo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, si bien, como vimos en la primera parte, este asunto no se halla entre sus prioridades.

La experiencia demuestra que algo habrá que se pueda hacer, partiendo en primer lugar por las instituciones públicas. En aquel lejano post sobre el absentismo en los carnavales de Cádiz, se pudo comprobar que una provincia con tasas exageradamente altas podía cambiar su tradicional posición «puntera» y pasar a ser todo lo contrario, la que tuviera el absentismo más reducido. Una parte importante de la reducción está relacionada con la necesidad de mantener el puesto de trabajo, luego, en una provincia en la que escasea el empleo, con las tasas de paro más altas de toda España, quien tiene un trabajo, tiene un tesoro. Pero esta no es la solución, sino solo una parte más del diagnóstico.

El dato actualizado del absentismo por comunidades autónomas indica que el País Vasco y Navarra siguen siendo las regiones con mayores índices de absentismo, por mucho que la fama de unos y otros (andaluces) fuera bien distinta. Vuelvo a mencionar la relación directa entre absentismo y el empleo y la riqueza económica de una región, la misma que se da con los ciclos económicos.

Estos datos han sido extraídos del Informe de Adecco publicado en enero de 2025. Aparte del factor económico, puede haber otras razones. Según Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, quien habla de una geografía del absentismo, no se trata «de que las personas que viven en el País Vasco, Navarra o Asturias tengan peor salud que la gente de Andalucía o Extremadura, sino que en estas comunidades hay una serie de convenios colectivos que cubren íntegramente la baja, y permiten que, en muchos casos, una persona pueda ganar más sin trabajar que trabajando”. Vaya, pues entonces una manera de reducir el absentismo podría consistir en reducir o suprimir los complementos salariales en los casos de enfermedad o incapacidad temporal, lo cual me parece una aberración. Pagarían justos por pecadores: bastante desgracia es padecer una enfermedad o un accidente con baja como para que encima tu mala salud temporal te cueste dinero. No es la solución, hay que luchar contra el fraude, que existe, aunque menor que el que se cree, y contra la deficiente gestión de las bajas justificadas, que se prolongan más de lo necesario, sin que haya habido reducción en los últimos años. El gráfico de la asociación de mutuas AMAT así lo refleja:

Algunos convenios de la provincia de Cádiz optaron hace años por incluir un Plus ligado al Absentismo para los trabajadores, como, por ejemplo, el Convenio de limpieza y mantenimiento de playas de Algeciras. Ahora bien, que te primen por no faltar al trabajo menos de diez días en el año tampoco creo que sea la solución, aunque es comprensible que las empresas tengan que recurrir a determinadas cesiones en algunos convenios colectivos para luchar contra ese absentismo descontrolado. Por eso incluyo también la cláusula referida a los Asuntos Propios de libre disposición.

En su día me encontré un convenio que tenía dos pluses de absentismo: uno personal, similar al que acabo de subir a este post, y otro por departamento, que cobraban todos los trabajadores de esa «cuadrilla» o grupo de trabajo, siempre que el absentismo de ese departamento se mantuviera por debajo de una cifra determinada. Era un plus en el que los propios compañeros «presionaban» al ausente para que se reincorporara antes, o bien, convertían al absentista profesional en un apestado. De todos modos, el fraude no es la principal causa del absentismo, como recogían las estadísticas del primer post, luego estos son casos excepcionales que no resultan válidos para combatir las elevadas cifras globales.

Las propuestas para reducir las tasas de absentismo son muy diversas, en función de quien las promueve. Para Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras, los recortes en la sanidad pública y los menores recursos disponibles son los causantes de que las altas de los trabajadores se dilaten, aparte del envejecimiento de la población. Fernando Luján, de UGT, vicesecretario general de UGT, incide en la prevención, en que el incremento del número de bajas se debe a que «no se están adoptando las medidas necesarias para proteger la salud de las personas trabajadoras, empezando por la salud mental».

Varias de las reivindicaciones de los agentes sindicales de los últimos años se han incorporado de manera paulatina al marco laboral, sin que ello tuviera un efecto en la reducción del absentismo. En febrero de 2020 se logró derogar el tristemente «famoso» artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido objetivo basado en situaciones reiteradas de absentismo, incluso aunque estuviera justificado. La mayoría de las medidas incluidas en el documento adjunto cargan la responsabilidad en la empresa y no en el trabajador, y, aunque se han implementado varias de ellas, como el registro de jornada para controlar el exceso de horas o el incremento de la contratación indefinida para disminuir la precariedad, lo cierto es que no han tenido un efecto reductor sobre el absentismo.

En varias propuestas acerca de la negociación colectiva por parte de los responsables sindicales figuran la flexibilidad horaria, el aumento del teletrabajo y la mejora del clima laboral en las empresas como claves para reducir el absentismo. Quizás como contrapartida, los datos reflejan que numerosas empresas, mayoritariamente grandes empresas, han incorporado medidas para la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral, o sobre el teletrabajo en mayor o menor grado, y nunca han existido más departamentos de «bienestar del empleado», programas de salud en la empresa, tanto física como mental, fomento del deporte y los voluntariados corporativos, y, sin embargo, no se logra reducir las cifras de absentismo. En su día llegué a leer en LinkedIN y otras redes sociales algunos artículos que hablaban de que los jefes tenían que pasar a ser «Ge-fes». Ge-fe igual a Gestor de Felicidad, tócate los…

Las propuestas de los empresarios tratan en la medida de sus posibilidades de atender algunas de las reivindicaciones de los representantes sindicales, como las mencionadas sobre conciliación y programas de apoyo a la salud del empleado, y otras que resultan controvertidas, como la propuesta de su presidente, Antonio Garamendi, de incrementar las horas extras en aquellos centros de trabajo y puntas de carga laboral en que haya mayor absentismo, lo que puede ser comprensible desde el punto de vista de la organización de la carga de trabajo para suplir bajas reiteradas. Determinadas medidas de este tipo dependen del tamaño de la empresa y del tipo de producción que realicen, ya sea la industria, la hostelería o los servicios, así como del convenio colectivo. Es difícil que lo que valga en unos centros de trabajo sea extensible al resto. Otra medida propuesta fue aquella que posibilitaba la contratación de trabajadores de empresas de trabajo temporal como indefinidos, con la cesión a otras empresas como fijos discontinuos. También fue rechazada en negociaciones anteriores.

Hay un coste del absentismo del que apenas se habla y no es el del empleado que está de baja, sino el coste de la sustitución para el empleador (cuando puede hacerlo), así como la capacitación necesaria para un puesto de trabajo que, en principio, será de corta duración, solo para cubrir una baja. El estudio del IESE Combatir el absentismo menciona tres tipos de absentismo, de los que una buena parte no está cuantificado en las estadísticas:

  • Laboral: hace referencia a la desmotivación del empleado y su baja productividad (síndrome de burnout, o del «quemado»).
  • Presencial: bajas justificadas, permitidas, pero también no justificadas, o ausencias prolongadas más tiempo del necesario por una enfermedad o accidente. Y también existe un absentismo presencial del trabajador, es decir, en presencia del mismo, cuando está frente a una pantalla dedicado a asuntos personales o a la navegación pura y dura por páginas no del puesto de trabajo (cybersurfing o cyber-skiving, los denomina).
  • Emocional: ausencia de compromiso con la empresa y muy baja productividad, y aquí podrían entrar todos esos que hacen «lo mínimo de lo mínimo», «se les cae el boli», «los que calientan la silla», los que «como no son puntuales en la entrada procuran serlo a la salida» y todos esos topicazos de nuestro panorama laboral.

Las medidas que propone el estudio se centran en mejorar la vinculación del trabajador con la empresa, fomentar el compromiso y la responsabilidad, promover la formación adecuada, las campañas de sensibilización y otra que siempre se escucha, pero es difícil de poner en práctica: incentivar la productividad. El estudio menciona en varias ocasiones la importancia de formar a los mandos intermedios, de obtener su compromiso con la empresa y formarlos en el cuidado del clima laboral, pues suelen ser los que gestionan la relación con los equipos en los que se suelen concentrar los mayores índices de absentismo.

Desde hace años hay una propuesta a la que se han negado siempre los representantes sindicales y es la que concede a las mutuas la posibilidad de dar las altas a los trabajadores. De acuerdo con las estadísticas sobre la duración de las bajas y dado el retraso en pruebas diagnósticas o en rehabilitaciones (reconocido por los propios representantes de los trabajadores), el fomento de medidas que pudieran contribuir a restituir la salud del empleado y acelerar su reincorporación podrían ser interesantes para todos los afectados, tanto empleados como empleadores. Pero UGT y CCOO no han querido saber nada nunca acerca de permitir tal posibilidad. En algunos de sus informes se refieren a los médicos de las mutuas como los «médicos policías», los ven como un vigilante del absentista fraudulento y no como un recuperador más eficaz del empleado que está de baja. ¿Pero no hemos quedado en que, según las estadísticas, había poco fraude?

La ministra de la Seguridad Social, Elma Sáiz, propuso un nuevo sistema de control de bajas laborales flexibles, para permitir la vuelta gradual a su puesto de trabajo de aquellos empleados con bajas de larga duración, pero chocó con la oposición de algunos de sus socios, Sumar, Podemos, ERC y Bildu. La ministra también busca una vía de consenso entre patronal y sindicatos para que las mutuas puedan al menos dar las altas en los procesos de bajas traumatológicas por contingencias comunes, pero siempre choca con la negativa de los sindicatos. Las mutuas incluso van más allá y proponen la asistencia sanitaria para el tratamiento de las bajas traumatológicas y osteoarticulares, la gestión de las rehabilitaciones tras el alta en procesos traumatológicos y el apoyo en pruebas diagnósticas para unos servicios públicos saturados que dilatan los procesos más allá de lo conveniente para empresas y trabajadores de baja.

Pero estas posibles soluciones tampoco convencen a los que se hacen la foto con la ministra de Trabajo junto al cartel de «Trabajar menos, vivir mejor». Al menos se opuso a la ocurrencia de las «autobajas» que propuso la ministra de Sanidad, Mónica García. Hay una última cosa más que ayudaría bastante a mejorar lo que es un problema nacional y sería ver que no todas las propuestas de Yolanda Díaz se mueven en una única dirección y siempre contra la empresa. Cuando todavía no ha acabado su guerra por la reducción de jornada por las bravas, promete lanzarse ahora a incrementar la indemnización por despido, para que sea poco menos que «a la carta» y «disuasorio» para las empresas. Como tampoco ayuda que los juzgados de lo social fallen cuatro de cada cinco veces a favor del trabajador, incluso en casos flagrantes de absentismo fraudulento (y seguro que más de uno podremos contar las historias sufridas con alguno en el pasado).

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Igual hay que hablar de absentismo (I)

JOSEAN, 11/03/2024

Sinceramente, creo que se le ha pasado. La ministra de Trabajo lleva tantos meses (e incluso años) hablando sobre la reducción de la jornada laboral, el incremento del SMI, el registro de jornada o el derecho a la desconexión que no ha tenido tiempo de afrontar un problema que, supongo, no debe de ser preocupante para ella ni para sus colaboradores: el absentismo laboral. Si uno busca la palabra «absentismo» en el Borrador de Anteproyecto de Ley para la reducción de jornada (aprobado solo por los representantes sindicales, por cierto), verá que no hay una sola referencia. El buscador tampoco encuentra las palabras «enfermedad» o «baja». No hay que pensar mal, el Anteproyecto está enfocado solo en el objetivo de la reducción y no en mejorar las tasas de absentismo existentes, seguro que si hacemos el mismo ejercicio sobre el Real Decreto-ley 32/2021, en el que se aprobaron «medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo», seguro, seguro, que lo encontramos…

Pues tampoco. Ninguna referencia al absentismo en esta reforma para la «transformación del mercado de trabajo». No vamos a ser malpensados, con la buena evolución de los indicadores de empleo en los últimos años, seguro que es una cifra poco relevante, apenas tendrá importancia:

Estas cifras aparecen en el último informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), según el cual, el coste total del absentismo en España asciende a 28.987 millones de euros, desglosados del siguiente modo:

  • Empresas: 13.961 millones de euros, el triple que en 2015, cuando este coste era de «solo» 4.805 mill.
  • Seguridad Social: 15.026 millones es el coste de las bajas que soporta el erario público. En 2015, esta cifra alcanzaba apenas la tercera parte, 5.340 millones.

El coste del absentismo supone aproximadamente el dos por ciento del PIB español, luego es un asunto que se debe afrontar, que no puede excluirse de la profusa normativa laboral aprobada en los últimos ejercicios. Preocupa esa cifra y preocupa la evolución creciente, sin freno. Por poner la cifra en contexto, el índice de absentismo en España, en comparación con la población activa, equivale a que cada día, repito, cada día del año, 1,2 millones de trabajadores no acuden a sus puestos de trabajo. Por diferentes motivos: enfermedad, bajas, también vacaciones, ausencias injustificadas, permisos, etc., pero 1,2 millones de trabajadores de una población entre los 20 y los 21 millones de personas. Es insostenible.

El Informe sobre el absentismo laboral de AMAT (puede encontrarse en este enlace) ofrece datos de gran valor para analizar la situación actual. Se basa en su mayor parte en los datos recogidos por el propio Ministerio en función de las ITCC (Incapacidades Temporales por Contingencias Comunes). La Población Protegida por el sistema (Mutuas y entidades gestoras colaboradoras de la Seguridad Social) ha tenido un elevado crecimiento en la última década:

Un importante incremento del 24,7% de la población incluida, que no tiene una correlación con el desorbitado aumento del 121,5% del número de procesos iniciados (bajas, enfermedades, accidentes) durante el mismo período:

Comparto esta conclusión del informe con la que estoy totalmente de acuerdo: «no deja de ser totalmente injustificable que las bajas se hayan multiplicado más del doble en diez años, con el lastre que esto supone para la competitividad de las Empresas y el sostenimiento del Sistema de la Seguridad Social como se verá más adelante».

A finales del ejercicio pasado, la Seguridad Social tuvo que destinar 4.000 millones extra para cubrir los costes derivados de las bajas laborales.

Entre las causas para este aumento desorbitado del absentismo, Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CC OO, considera tres:

  • El envejecimiento de la población.
  • El mal funcionamiento de los servicios públicos de salud, cuya respuesta «se está ralentizando cada vez más porque las inversiones en el sector sanitario público han bajado».
  • La demora en los procesos de rehabilitación de las patologías graves o de mayor duración.

Otra razón que nunca falta en estos análisis: en épocas de crisis, el absentismo disminuye, seguramente por el miedo a perder el puesto de trabajo. En épocas de mayor crecimiento económico, el absentismo aumenta, quizás por una mayor laxitud del trabajador o también influido por el hecho de que, con el aumento de las contrataciones indefinidas o la mayor actividad económica, haya un menor miedo a perder el puesto de trabajo. A estas conclusiones llega también el último informe de Randstadt Research. La propia expresión «me cojo la baja» es una aberración que me chirría cada vez que la escucho: son los médicos los que dan esa baja, no una libre disposición del trabajador, como da a entender todo el que la pronuncia. Hay otros datos que contribuyen a esta misma sensación de «caradura» de unos pocos (o no tan pocos, según algunos), como el hecho del repunte de los lunes y los viernes como los días con mayor absentismo de la semana. Por otro lado, del informe de Randstadt se desprenden conclusiones inquietantes que conviene matizar:

El concepto «absentismo» es muy amplio y recoge todo tipo de ausencias en el puesto de trabajo, también por vacaciones, permisos autorizados por el empleador o enfermedades certificadas por un médico, ausencias que entran dentro de la lógica y la normalidad del funcionamiento de las empresas. Son las bajas no justificadas y crecientes en volumen las que deberían preocupar y ser perseguidas de alguna manera. Sin embargo, el experto del que más me fío para los temas laborales, Javier Esteban, desmontaba esta cifra en el mismo medio y afirmaba que son menos del tres por ciento (2,97%) las bajas que corresponden «al temido absentismo injustificado». En su análisis de las causas, indica el mayor porcentaje de contratación indefinida y ese menor temor antes comentado, aunque también destaca el hecho de que el absentismo se encuentre también en cifras de récord en ese sector habitualmente «indestructible» que son los autónomos:

El segundo motivo que destaca el experto sería el contrario al expuesto en algunos medios: la buena gestión de la salud laboral en las empresas y los trabajadores por cuenta ajena. Pese al incremento de bajas tras la pandemia y al tensionamiento de la sanidad pública para gestionar las altas tras las incapacidades temporales, la productividad no se ha resentido y el número de horas trabajadas se mantuvo estable.

Pese al repunte en la duración de los procesos de baja en 2020 y 2021 (motivados por el Covid y sus sucesivas oleadas), este incremento de absentismo no se debe a una prolongación de los períodos de baja por mala gestión, sino al incremento del número de trabajadores en esa situación. El gráfico de AMAT refleja una cierta estabilidad de la duración media de las bajas por incapacidades temporales:

El otro dato que sí es reseñable es el incremento de los procesos de Incapacidad superiores a 365 días, es decir, el aumento de enfermedades crónicas, o incapacidades sobrevenidas tras la pandemia. No me atrevo a extraer ninguna conclusión de este dato:

La escalada durante la pandemia no volvió a recuperar las cifras habituales y en la actualidad se han superado incluso aquellas cifras de récord. Covid persistente, envejecimiento de la población activa, aumento de depresiones o de enfermedades relacionadas con la salud mental… hay hueco hasta para los conspiranoicos antivacunas. Aun siendo un problema destacable (130.000 desgraciados casos), no son el grueso del problema del absentismo en España, por fortuna. Así que retomo los diversos análisis efectuados sobre los millones de horas perdidas en España por el absentismo y, ya de paso, lo ligaré a la preocupación de la señora ministra por la reducción de la jornada de trabajo. Para ello, me remito a la metodología de cálculo del absentismo empleada por Adecco, que sitúa el absentismo en España en una tasa del 7,5 por ciento en 2024, un 0,6 más que en el año anterior.

El método de cálculo empleado es el siguiente:

Y de acuerdo con el cálculo de horas perdidas entre unas razones y otras, justificadas o no, y según las estadísticas de Eurostat, nos encontramos con que la jornada de trabajo «real» se encuentra en:

El problema con las estadísticas, como siempre, es que son unas medias aritméticas que ocultan muchos problemas, el famoso «si yo me como dos pollos y tú ninguno, la media dice que ambos nos hemos comido uno». Y lo mismo ocurre con este dato, que, además, se ceba con las empresas más pequeñas. El dato de 36,4 horas se acerca en las grandes empresas, con numerosos convenios por debajo de las 37,5 horas pretendidas por la ministra, o con recursos para cubrir las bajas en sus plantillas, pero es un dato irreal en las pymes, que suponen más del 92 por ciento del tejido empresarial.

Para la segunda parte quedarán las propuestas de unos y otros para rebajar estas cifras de absentismo, para mejorar la gestión de las bajas. Solo un último dato para concluir este análisis:

En el sector público hay más bajas, duran más días y nos cuestan más a todos los españoles. También habrá que analizarlo. Me voy a coger la baja… bloguera.

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No es una buena noticia

JOSEAN, 15/02/2025

Hay noticias que, de primeras, pueden parecer buenas, pero a poco que las analices, pueden no serlo tanto, o no serlo en absoluto.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a dos millones de personas en España y, sinceramente, no creo que sea una buena noticia, pese a que los miembros del gobierno se hayan esforzado por anunciarla como tal. En este post pretendo que se me entienda y no se me malinterprete, y sé que será difícil, porque voy a tratar varias noticias que nos venden como positivas y que para mí no lo son. Creo en el escudo social, en la protección del Estado en situaciones de desamparo y en la ayuda a colectivos vulnerables (de hecho, no creo que todo ese apoyo deba venir de lo público, también se debe hacer desde el ámbito privado y el individual de cada uno), pero no en la creación de colectivos dependientes cuyo número crezca cada año.

El Ingreso Mínimo Vital, como dice el propio gobierno en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es «una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil». Por supuesto que estoy de acuerdo con que estos dos millones de personas no se queden en la indigencia más absoluta, como podría ocurrir en el país «más rico» del mundo, los Estados Unidos, pero no creo que sea una buena noticia que los destinatarios de esta ayuda hayan crecido un 28 por ciento en el año 2024. La cuantía media de esta ayuda se sitúa en los 516 euros mensuales, una cifra insuficiente para estas familias en las que no hay trabajo, ni subsidios de paro, ni ingresos de ningún tipo. Por eso me reafirmo en la idea de que no puede ser una buena noticia que cada vez más gente se sitúe más allá de este umbral de la pobreza.

No es una buena noticia que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se haya incrementado de nuevo por decreto. Sin consenso. La ministra de Trabajo se hace «su» foto con los representantes sindicales y choca otra vez con la patronal, a la que vuelve a ignorar en sus dos antiguas reivindicaciones (el sector agrario y las revisiones de precios de los contratos públicos). No puede ser que vuelva a evitar tomar en consideración los informes del Banco de España y sus efectos sobre el empleo en las pymes y micropymes (el grueso del marco empresarial en España). No puede ser que la ministra haya incumplido de nuevo el compromiso de que se tengan en cuenta los incrementos de los costes laborales en las revisiones de precios de los contratos con las administraciones públicas. «Es otra ventanilla», pensará. Y con esa otra ventanilla, la del Ministerio de Hacienda, ha chocado demasiadas veces. La de esta semana fue en público, en una bochornosa comparecencia en la que se hizo la sorprendida (y ofendida) por saber que el SMI tributaría en el IRPF. Hacienda se quedará buena parte de la subida y eso no me parece mal, porque implica que un número mayor de perceptores superará el mínimo exento. Lo que no es de recibo es el show en el propio gobierno entre Díaz, la portavoz Pilar Alegría y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Estas discrepancias internas manifestadas en público provocan la misma inseguridad que las oscuras negociaciones de contrapartidas con los partidos independentistas para sacar adelante cualquier medida gubernamental.

Por otro lado, si vamos a la medida en sí, parece mentira que haga falta recordar a algunos de sus promotores que no es el gobierno quien pagará el incremento del SMI, como a veces parecen dar a entender en comparecencias y publicidad ministerial, sino que será asumido por las empresas, entre las cuales, las que mayor impacto sufrirán en sus cuentas serán las más pequeñas, los negocios con una reducida plantilla de menos de diez empleados: restaurantes, peluquerías, pequeños comercios… Empresas a las que, además, advirtieron desde el Ministerio que serían vigiladas ¡para asegurarse de que no lo repercutieran en precios! ¿Pretendemos llegar a una economía de precios regulados, no hemos aprendido nada todavía?

Sorprende (o todo lo contrario) que esta preocupación del gobierno por la subida del SMI no se haya trasladado al incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM, que es el que se utiliza para el acceso a las ayudas públicas, subvenciones o los cálculos del subsidio de desempleo. La evolución del IPREM en los últimos ejercicios, en comparación con el SMI, ha sido la siguiente:

El IPREM se actualiza con los Presupuestos Generales del Estado, pero, como estos están congelados, sin aprobar, se mantiene estancado. El IPREM no es una preocupación de este gobierno, como tampoco lo fue del anterior: de 2010 a 2016 se mantuvo sin variaciones. Y este es el indicador que se toma en consideración para el acceso a ayudas estatales, bonos sociales, determinadas becas o las subvenciones al alquiler, ahora que se habla tanto de esto. A este gobierno que tanto le preocupan los colectivos vulnerables parece habérsele olvidado que, debido al estancamiento del IPREM, es menor el número de personas que acceden a las ayudas públicas. O a lo mejor va de eso mismo: el incremento del SMI será pagado por las empresas, mientras que el aumento del IPREM supondría un mayor desembolso público. Y siempre es más fácil legislar con el presupuesto de otros.

No es una buena noticia que siga incrementándose el SMI sin que se corrija el problema de productividad que hay en este país. Según estos datos de Cepyme, España tiene ya el segundo puesto en Europa en la relación entre el SMI y el PIB por empleado:

Es lo que tiene haber subido más de un 60 por ciento el salario, sin que apenas se haya movido la productividad. El SMI de España nos sitúa en la banda alta de la Unión Europea, pero aún muy lejos de las principales economías europeas:

Todas estas medidas relativas al SMI forman parte del compromiso de este gobierno por cumplir lo indicado por una Directiva Europea que pretende que los salarios mínimos alcancen al menos el 60 por ciento de los salarios medios de cada país. Con el último incremento aprobado en España se alcanza el 61 por ciento del salario medio, pero no puede ser una buena noticia que el salario medio en España se mantenga tan bajo en comparación con la zona euro.

Claro que es una buena noticia que el paro siga bajando al nivel más bajo en casi dos décadas, pero no lo es que se considere que el 11 por ciento es una buena noticia. Es un paro estructural muy alto, el mayor de la Unión Europea.

No es una buena noticia que los fijos discontinuos en paro hayan superado el pasado mes de enero al número de los que se encuentran activos. Casi 860.000 trabajadores, la cifra más elevada de la serie. Los fijos discontinuos sin empleo dejan de percibir su salario y son dados de baja en la Seguridad Social, pero cuentan como «demandantes con relación laboral» y no como parados. Como indica el artículo, hay quienes lo consideran, y no sin razón, «una forma de maquillar las estadísticas».

No es una buena noticia que el Ministerio de Yolanda Díaz consuma tantos recursos y esfuerzos en la jornada de 37,5 horas semanales sin tener en cuenta los convenios sectoriales, las negociaciones colectivas, la tipología de empresas o la jornada media ya existente. Y desde luego que no es una buena noticia que se cebe con esta medida, que genere nuevas incertidumbres, mayor complejidad en su aplicación, y sobre todo, que no se haga nada a la par para combatir el absentismo. Nada. Todo parece una guerra contra las empresas, hasta el punto de que esta semana ha propuesto a los sindicatos ¿una movilización en las calles? para lograr que se implante esta reducción de jornada a su manera. Es una locura.

Por todo lo indicado (y por muchas más cosas), no puede ser una buena noticia, en absoluto, que nos cuenten que España es la economía que mejor funciona de la Unión Europea. La que tiene las mejores expectativas de crecimiento. Cómo estará el resto, cómo están, de hecho. Por eso voy a concluir con una frase de Leo Harlem que escuché en uno de sus monólogos: «si los españoles lideramos alguna estadística, desconfía, eso no puede ser bueno».

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Más licitaciones desiertas (II): posibles medidas

JOSEAN, 15/12/2024

Si la primera parte de estos textos se centraba en las posibles causas que generaban un número creciente de licitaciones desiertas o con un solo competidor (recapitulemos: presupuestos de licitación obsoletos, ausencia de mecanismos de revisión de precios, hiperregulación, procedimientos largos y complicados, competencia de empresas públicas), esta segunda parte se centrará en las medidas que diversos sectores solicitan desde hace años para revertir la tendencia.

  1. Modificar o, mejor, derogar la ley de desindexación de precios.

Es una petición que viene de lejos. La ley de desindexación de precios, pergeñada en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, entró en vigor en 2015 en un contexto inflacionario completamente distinto al que hemos padecido los últimos ejercicios. La norma pretendía evitar los «efectos de segunda ronda» y mantener controlados los precios de los contratos del sector público con una serie de medidas más que discutibles. Algunas de ellas fueron acertadas, las menos, y la mayoría fueron totalmente desafortunadas, como se ha visto en estos últimos ejercicios. No deja de tener su gracia recuperar hoy algunas de las notas que publicó el Ministerio cuando la ley fue aprobada:

Mejora «la competencia efectiva», «mayor eficiencia de los contratos». Ya lo estamos viendo. La ley se ha aplicado en numerosos casos solo en su apartado de «no-revisión de precios del sector público», sin tener en cuenta lo que la propia ley reflejaba sobre revisiones excepcionales o las necesarias causadas por situaciones extraordinarias como las de los últimos ejercicios, con los incrementos de precios de la energía, los costes laborales por cambios normativos o la inflación provocada por la guerra de Ucrania (Greenflation y «ukrainflation»).

La reivindicación de la patronal para incorporar las subidas de costes laborales a los precios de los contratos del sector público fue acordada con los sindicatos en 2023, pero no se ha hecho efectiva tras ninguna de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (La subida del SMI y las revisiones de precios de los contratos públicos).

Yolanda Díaz se abre (¡por fin!) a incorporar al menos el impacto de las subidas del SMI aprobadas por su gobierno y reconoció durante el reciente congreso de UGT que «esa ley de desindexación es un ejemplo de relación tóxica entre los servicios públicos y el mercado». Ha tardado seis años en darse cuenta, pero es un avance. «Esta ley es un residuo de la España de los recortes, que continúa a día de hoy perjudicando a la calidad de los servicios públicos y a los trabajadores de multitud de concesionarias públicas de nuestro país». Durante su discurso, planteó una modificación de la ley, pero casi al mismo tiempo indicó que no está en sus manos: «veremos quién nos acompaña en el trámite parlamentario». En anteriores ocasiones, la modificación se ha visto frenada por el ministerio de Hacienda.

El problema es que no solo se ha modificado el SMI, con un alza del 54 por ciento en los últimos seis años, sino las cargas sociales, que vuelven a incrementarse el 1 de enero, las obligaciones para las empresas (registro de jornada, planes de diversidad, desconexión digital) o ahora, como se pretende, la reducción de jornada sin disminución del salario. Y todo ello tiene un coste. El lenguaje conciliador de la ministra de Trabajo no ha sido mantenido por el secretario de Estado, Joaquín Pérez-Rey.

Ambos pertenecen al mismo grupo político, pero quería traer esta disparidad de tono para hablar del segundo punto: las diferencias de intereses de los partidos que conforman la coalición de gobierno y cómo afectan a las empresas.

2. La seguridad jurídica.

No quiero ser reiterativo con este asunto, que ya ha salido numerosas veces en este blog, durante este gobierno y durante las legislaturas anteriores de Mariano Rajoy. Así, a modo de resumen:

Se legisla mucho, en exceso, y, aún peor, de forma contradictoria, lo que genera nuevos problemas, como varios de los mencionados en los post anteriores. El asunto de actualidad que condiciona las últimas semanas es el de la negociación de los apoyos parlamentarios, con los impuestos a la banca y a las energéticas en el centro del conflicto, y con cambios de criterio en función de si se habla con Junts y el PNV, o con ERC y Sumar.

El impuesto a las energéticas o la subida del diésel son solo dos ejemplos más, porque en esta negociación pesa más el factor ideológico que el económico y, para más inri, los grupos que conforman la coalición condicionan su apoyo al gobierno en función de la obtención de sus reivindicaciones. Dentro del paquete de medidas se incluyen varias que afectan a los licitadores de los contratos públicos, como los nuevos impuestos creados o por crear, los incrementos de los existentes, también sobre la energía, el aumento de los costes laborales por la vía de las cotizaciones sociales (again!) o la reforma del Impuesto de Sociedades que aprueba de nuevo lo que el Constitucional derogó («Montorazo»).

Con todos estos cambios y sin una posibilidad real de trasladar los costes a los precios facturados a la administración resulta muy complicado para las empresas preparar una oferta. Por eso, ante un escenario incierto, en muchas ocasiones se opta por no acudir al concurso, aunque se pueda perder lo que siempre se había considerado una buena oportunidad.

Otro problema, y no menor, es que parece que al gobierno, o al menos a una buena parte de sus socios, no les importa que las empresas se sientan incómodas operando en nuestro país, y así ocurre que, por desgracia, numerosas empresas grandes hayan optado por aumentar su presencia en el extranjero y reducirla en nuestro país. Igual que los alemanes se sienten orgullosos de su Volkswagen o los italianos de Fiat, o los franceses de Louis Vuitton o Carrefour, no digo que aquí lo estemos de los grandes grupos españoles que compiten en la primera división en todo el mundo, pero, al menos, que no parezca que se los persiga. Ferrovial, Sacyr, Telefónica, Iberdrola, Inditex, los grandes bancos… En lugar de ello, parece que algunos prefieran que se busquen la habichuelas en el exterior (más del 85 por ciento de los ingresos de ACS ya provienen de otros mercados, por ejemplo), o que vendan las participaciones en negocios, como ha ocurrido con el sector de los servicios urbanos, esas «concesionarias públicas» de las que hablaba Yolanda Díaz.

ACS vendió Urbaser a un grupo chino, quien a su vez lo vendió después a un fondo americano. Ferrovial vendió sus divisiones de residuos a la alemana PreZero y la de facilities management a un fondo español (Portobello). Sacyr hizo lo propio y vendió su división de residuos al fondo americano Morgan Stanley y la de facilities al mismo fondo Portobello. No es casualidad que se trate de divisiones con un alto peso de los costes laborales en sus cuentas y una fuerte dependencia de la contratación pública.

3. Incremento de la colaboración público-privada.

En lugar del enfrentamiento actual, que mantiene preocupados (y muy cabreados) a la CEOE, la Cepyme y al resto de organizaciones empresariales, sería muy útil mejorar la colaboración, como se hace en el resto de Europa y prácticamente en todo el mundo empresarial occidental. La persecución a Ferrovial fue tachada por algunos medios de «cacería», de «aviso para navegantes», y tuvo un cierto componente de amenazas, con llamadas directas de Nadia Calviño y declaraciones directas de miembros del gobierno sobre la empresa y su presidente. Entre los argumentos esgrimidos por el presidente de la CEOE sobre la posible salida de más empresas españoles estuvieron los factores comentados y más que repetidos: el incremento de los costes laborales y de la presión fiscal.

Es una pena que, en un momento en el que hay fondos europeos para acometer inversiones necesarias en numerosos sectores, proyectos que solo pueden gestionarse técnicamente desde la empresa privada, se queden todos esos concursos desiertos o sin apenas competencia. Sectores en los que, además, la Unión Europea ya ha sancionado a España por los incumplimientos de la normativa comunitaria (emisiones, residuos, depuración de aguas). Y es una pena aún mayor si pensamos que el gasto público ha crecido en los últimos ejercicios, pero no lo han hecho las inversiones productivas, necesarias en sectores cuyas infraestructuras han quedado obsoletas en la última década. No hay que bucear mucho para encontrar las demandas de los diversos sectores en infraestructuras de transporte, redes para electrificación, tratamiento de residuos, gestión del agua, planes hidrológicos, limpieza de cauces e infraestructuras hidráulicas,…

4. Simplificación de los procesos.

Me repito con todo lo ya explicado anteriormente. Algunas asociaciones empresariales solicitan modificar la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, vigente desde 2018). Una ley que sustituyó la de 2011, que a su vez modificaba la de 2007 más los apartados rectificados en 2010… Quizás el problema no sea legislar cada pocos años e incorporar nuevos artículos o más normativa, sino simplificar algunos procesos. Reducir tiempos y ser más eficientes, sin perder transparencia, una carta a los Reyes Magos: todo el que ha trabajado en estos sectores sabe que muchas de las regulaciones sirvieron afortunadamente para frenar la corrupción en los procesos de licitación y en las modificaciones contractuales.

El Mundo publicaba el domingo pasado un artículo titulado El movimiento de la riqueza, escrito por Francisco Pascual. En el mismo, mencionaba dos informes: el elaborado por UBS bajo el título La riqueza en movimiento y el de Christine Lagarde, Fuera de la zona de confort: Europa ante el nuevo orden mundial. «En el fondo hablan de lo mismo», concluye el periodista, «El dinero irá donde haya más seguridad jurídica, menos burocracia y más rentabilidad en el largo plazo». Pero qué sabremos algunos, los que creemos que las empresas españolas tienen un gran potencial, igual que el propio país, y que las cosas nos irían mucho mejor si se simplificara tanta normativa improductiva. ¡Coño, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos!

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Más licitaciones desiertas (I): el problema

JOSEAN, 11/12/2024

Aumentan las licitaciones que quedan desiertas o con una sola empresa presentada, o lo que es igual, concursos públicos con menos competencia. El problema viene de lejos y no solo no se está afrontando, sino que corre el riesgo de acrecentarse. Ya en 2022 hubo voces en diferentes patronales que alertaban del número creciente de licitaciones públicas que quedaban desiertas, sin que ni una sola empresa presentara una oferta. Podía resultar extraño que, en esa época post-pandemia y de teórica recuperación, tantas empresas desistieran de acceder a una adjudicación pública que podría ayudar a recuperar sus arcas.

La causa alegada en aquel momento por muchas empresas fue el incremento de la inflación en general, y de los costes de los materiales y de la energía en particular, costes que no se correspondían con los incluidos en los presupuestos públicos considerados como base en las licitaciones, en numerosos casos, sin actualizar desde 2018. Para agravar el problema, los pliegos limitaban (y limitan) la posibilidad de corrección del desfase por la vía de la revisión contractual de precios, gentileza de la Ley de Desindexación parida por la truculencia de Cristóbal Montoro en 2015. Según indica La Vanguardia en esta noticia de febrero de 2022, un tercio de las licitaciones del año precedente en Cataluña quedaron desiertas y otro quince por ciento contó con una sola empresa presentada al concurso.

El diario El Mundo daba cuenta en marzo de 2023 del escrito de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a la presidencia del gobierno en el que advertían de los riesgos de mantener las licitaciones sin atender a los incrementos de costes y sin permitir las revisiones de precios o los reequilibrios económicos por causas sobrevenidas.

Un año antes, el gobierno aprobó por la vía del real decreto-ley (BOE de marzo de 2022) una serie de medidas para compensar la subida desproporcionada de los materiales de construcción y de las materias primas, pero la modificación cubría solo a algunas ofertas, durante un período reducido y con unos límites muy bajos, luego el problema siguió sin atajarse. El parche fue insuficiente, por lo que dichas medidas tuvieron que ser posteriormente ampliadas en noviembre.

Lo que en 2022 parecía suceder de manera exclusiva con los contratos de obras, se trasladó a otros sectores como los servicios de saneamiento urbano, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, limpieza y mantenimiento de instalaciones, servicios socio-sanitarios y, en general, todos aquellos con un elevado componente de costes laborales sobre el total del presupuesto.

Se trata de contratos que se han visto afectados por los fuertes incrementos de costes laborales como consecuencia de las medidas aprobadas por el gobierno en los últimos ejercicios: incremento del SMI, aumento de las cotizaciones sociales por la vía del aumento de las bases o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, reducción de jornada, registro de jornada, etc. Todas estas medidas, que impactan directamente en los costes de las empresas, y, por tanto, en sus resultados, con contratos públicos adjudicados de antemano con unas reglas de juego diferentes, se podrían haber compensado con la aplicación de fórmulas de revisión de precios, pero el gobierno actual ha decidido mantener la «Montorada» de 2015 y mirar hacia otro lado, pese a los compromisos realizados.

De todo ello ya hablamos a principios de este año en el post La subida del SMI y las revisiones de precios en los contratos públicos, pero el problema crece a cada trimestre que pasa. Según un informe de la CNMC, el 44 por ciento de los contratos públicos tiene un solo licitador, una sola empresa interesada en presentarse a un concurso que, en muchos casos, cuenta con fondos europeos y una seguridad de cobro sin demora que, sin embargo, no resulta atractivo para las empresas.

Si comparamos las cifras con las de la Unión Europea, estábamos en línea en 2022 con la media comunitaria, si bien se ha superado a lo largo de este 2024. En esta comparación resulta llamativa la diferencia en días en lo referido a la decisión sobre la adjudicación a la mejor oferta: de los 87 días de media a los 157 que actualmente se estilan en España.

Ese retraso en las adjudicaciones, que pueden prolongarse varios meses más por los sucesivos recursos (a los pliegos, Recursos Especiales en Materia de Contratación, recursos contenciosos…), redundan en una modificación de costes de los licitadores (normalmente al alza) respecto al momento en que las ofertas fueron presentadas, pero no es la única razón por la que no hay mayor interés en las licitaciones públicas. Según la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, uno de los problemas de las empresas para acudir a concursos públicos es «la extremada juridificación (o regulación sobre situaciones no previstas anteriormente) en las normas de contratación pública”. La hiperregulación tan desmotivadora que ya ha salido varias veces en este blog, con «múltiples órganos de contratación con diversidad de procedimientos».

Hay más razones para que el número de competidores haya caído a mínimos históricos, como la desincentivación que supone el hecho de que la administración haya incrementado las adjudicaciones a empresas públicas. Según la presidenta de la CNMC, «el uso de estos medios puede llegar a reducir el mercado de la contratación pública, eliminando competidores viables», y «a medio y largo plazo, se puede producir un efecto de expulsión de oferta del mercado». Según el informe que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) presentó al Senado el mes de noviembre, el uso de estas empresas ha crecido un 142 por ciento respecto a 2022. El informe de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, presenta unas cifras preocupantes: menos licitadores de media, más concursos desiertos, más concursos con una sola empresa presentada, y un enorme crecimiento de las adjudicaciones a empresas públicas. Alguna, como Tragsa, solicita modificaciones jurídicas para incrementar su negocio, que no depende del precio de licitación ni de la eficiencia económica de los contratos, como sí ocurre en sus competidores del sector privado.

La presidenta de la CNMC insistió en los perniciosos efectos de esta tendencia: «cuando no hay presión concurrencial, puede originarse una desviación media al alza de los precios de entre el 20% y el 25% del presupuesto comprometido, que acabamos pagando todos (los contribuyentes)». Se quebranta «el principio de neutralidad competitiva».

Hiperregulación, competencia de los medios públicos de la Administración, y un tercer factor, los precios base de los concursos públicos. El desfase de precios en los concursos, unido a la inexistencia de mecanismos de revisión de precios, provoca que buena parte de ellos carezcan de interés para las empresas. El cambio de reglas de juego en mitad de la partida (aumento de las cargas sociales y de la presión fiscal) tampoco juega a favor. Como consecuencia de todo ello, más de 25.000 millones de euros en proyectos financiados con Fondos Next Generation permanecen sin ejecutar: 11.000 millones en proyectos no adjudicados y otros 14.000 millones en remanentes de años anteriores que no se han podido ejecutar.

El dato es preocupante porque se trata de fondos correspondientes a proyectos que se deben ejecutar antes de agosto de 2026. Según Carlos Cuerpo, ministro de Economía, «lo que urge es adjudicar esos 11.000 millones. Además, según nuestra estimación, se habrían generado unos 14.000 millones de euros en remanentes no gastados, que deberían volver a convocarse».

Pues ya estamos tardando. Y más, cuando los procedimientos de licitación resultan tan largos y farragosos. Y aún añado más, ya estamos tardando cuando hay tantos sectores que reclaman esas inversiones en infraestructuras como el transporte o como se vio recientemente con la DANA en Valencia. Seguimos siendo el país con mayor número de sanciones de la Unión Europea por incumplimientos en materia de residuos, emisiones de CO2 o tratamiento de agua (Hiperregulación (II): efectos), con un déficit de inversiones brutal desde hace más de una década, ¿para qué vamos a mejorar los procesos de licitación?

Continuará: Más licitaciones desiertas (II): medidas.

Relacionados:

Hiperregulación (I): situación

Hiperregulación (II): efectos

Hiperregulación (III): competitividad

La subida del SMI y la revisión de precios en los contratos públicos

Populismo legislativo

Populismo tributario (II): Papá Estado

La seguridad jurídica salta por los aires (I)

La seguridad jurídica salta por los aires (II)

Las grandes corporaciones son malas (I)

Las grandes corporaciones son malas (II)

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La reducción de la jornada laboral (II): los costes

JOSEAN, 04/09/2024

Como comentaba en la primera parte, el problema de la reducción de jornada laboral tal como se ha planteado surge cuando este tipo de decisiones que afectan a todos los trabajadores y a todas las empresas se toman con un criterio ideológico, y no económico. El error seguramente esté en hacer tabla rasa y tratar de aplicar una medida no consensuada, por las bravas y del mismo modo para todos los sectores, actividades y tipos de empresa. Numerosos convenios ya están por debajo de las 37,5 horas semanales propuestas por la ministra para 2025. Hay empresas que ya están desarrollando planes de cuatro días de trabajo a la semana, igual que hay sectores productivos con puntas de trabajo y meses «valle» que pueden adaptarse con “bolsas de horas”, o empresas grandes que podrían implementar medidas de flexibilización que conviven con micropymes a las que un nuevo incremento de costes laborales las destroza (más zombis que gacelas en el ecosistema empresarial). Pues lo mismo para todas, según el ministerio, donde no parecen hacer caso ni a los informes del Banco de España.

El Informe Anual del Banco de España de 2023 advierte que, «de cara al futuro, es fundamental tener en cuenta la considerable heterogeneidad que existe, en lo que se refiere a la jornada laboral media, entre distintos tipos de empresas y sectores», y que «sería deseable que las distintas empresas y sectores dispusieran de una amplia flexibilidad para acomodar dicho cambio normativo si se quieren evitar los posibles efectos negativos de esta medida sobre los costes laborales, la productividad y el nivel
agregado de empleo y actividad».

Para evitar los «efectos negativos» que indica el propio informe, cualquier análisis que se realice sobre la reducción de jornada debe estar apoyado o soportado por una mejora de la productividad, derivada «principalmente, de la introducción de múltiples cambios tecnológicos (véase gráfico 3.21). Unos cambios tecnológicos que, como se ha venido argumentando a lo largo de este capítulo, previsiblemente permitirán nuevas reducciones de la jornada de trabajo en las próximas décadas».

No parece que se cumpla esa premisa de partida. Otros dos gráficos que complementan esta idea aparecen en el estudio Productividad y reducción de la jornada laboral elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para el servicio de estudios del BBVA.

Fedea calcula que la medida propuesta por el Ministerio de Trabajo tendría un impacto de seis décimas en el crecimiento durante dos años. Si al menos este efecto fuera temporal y tuviera un impacto positivo sobre el empleo, se podría considerar, pero tampoco es así. Según el mismo estudio, el empleo se reduciría en ocho décimas, salvo que se apliquen “medidas compensatorias que alivien el alza de los costes laborales”.

Son las conclusiones que aparecen en el mencionado estudio presentado en julio:

Y aquí vuelve la eterna batalla entre las empresas y el ministerio. Como pasó con la subida del SMI o los incrementos de las cotizaciones: si se incrementan los costes laborales, si no hay medidas compensatorias, no queda otra que revisar al alza los precios de los productos y servicios. Pues… según Yolanda Díaz, habrá que vigilar a las empresas que suban los precios. En el ministerio pretenden que ese aumento de costes sea asumido por las empresas y ni siquiera se plantean revisar los contratos con las administraciones públicas, pese a suponer un cambio en mitad de la partida de las condiciones pactadas por ellos mismos. Así es complicado llegar a un acuerdo. Una medida compensatoria podría ser la reducción de las cotizaciones sociales para las empresas, pero no está en la agenda del ministerio, y menos cuando han subido con fuerza en los últimos años.

Se podría estudiar lo sucedido en otros países de nuestro entorno. El Fondo Monetario Internacional recuerda el caso de Francia con la ley Aubry hace dos décadas, cuando se pasó de la jornada de 40 horas semanales a una de 35: el impacto tuvo que ser soportado forzosamente por los salarios. Muchas de las horas reducidas (o suprimidas) fueron sustituidas por horas extra y los salarios se congelaron de uno a tres años para compensar el sobrecoste adicional de las mismas. Finalmente hubo que compensar a las empresas y reducir las cotizaciones sociales, lo cual, según el FMI, tuvo un impacto en las cuentas públicas que rondaría el uno por ciento del PIB. Según los estudios realizados por la OCDE y el FMI, las conclusiones sobre experiencia francesa de reducción de jornada indican que tampoco se creó empleo. La satisfacción de los trabajadores por la disminución de las horas apenas compensó la insatisfacción por la reducción o moderación salarial.

Las advertencias de todo el sector empresarial español sobre las consecuencias que tendría la implantación forzosa de la reducción son continuas, pero caen en el saco roto de Yolanda Díaz. Uno de los sectores más afectados, el comercio, ya ha dicho a través de la CEC (Confederación Español del Comercio) que es directamente «inasumible». «Se va a traducir en una grave pérdida de competitividad del comercio de proximidad frente a las grandes plataformas de venta online», muchas de las cuales están situadas en paraísos fiscales o eluden el pago de impuestos en el país.

No es muy difícil anticipar cuáles serían los pequeños comercios más afectados por la medida, todos los que tienen un horario amplio de atención al público y una plantilla pequeña, como la hostelería o los negocios de proximidad. También la agricultura, ocupada en su mayoría por micropymes. Solo en la hostelería trabajan 1,7 millones de personas, según un reciente estudio de Randstad, casi uno de cada diez trabajadores. Son sectores fundamentales en un país que ha visto cómo unos cien comercios echaban el cierre a diario durante el último año. 35.527 pequeñas empresas de menos de diez trabajadores desaparecieron en el año 2023.

La Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) elabora periódicamente una serie de informes sobre la situación de sus empresas, la evolución de la productividad, los costes laborales y financieros, solvencia, etc. Hace un mes se publicó el referido al primer trimestre de 2024 y recoge conclusiones interesantes, o más bien, preocupantes, que han sido ignoradas por el ministerio a la hora de lanzar la imposición de la medida. En el último informe destaca la evolución que han tenido los costes operativos de las pymes, afectados por el entorno inflacionario, incremento de los suministros y costes laborales, a los que dedica un apartado especial en el que puede verse cómo estas empresas son las más afectadas por las medidas implementadas por el ministerio, en especial, destaca el informe, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Con todo ello, no debe extrañar que las pymes acumulen cinco trimestres consecutivos de caídas interanuales de productividad. Y si las empresas son menos competitivas, no parece que sea el momento adecuado para plantear a todas ellas una reducción forzosa de la jornada laboral.

La evolución de la productividad por empleado es básica antes de plantear una medida como esta. Pues bien, de acuerdo con el estudio Productividad laboral: España vs UEM, publicado recientemente por el BBVA Research, España ha experimentado un nuevo retroceso frente a sus socios competidores. El Valor Añadido Bruto por hora trabajada en España se mantiene en niveles comparables a los que tenía la eurozona en 1998, es decir, un retraso de 25 años. La brecha, lejos de reducirse, se ha incrementado en la última década, y todos los sectores económicos, excepto la agricultura, mantienen una productividad inferior a la media de la eurozona.

Con todos estos datos, repito, ¿de verdad es el momento de plantearse la reducción de la jornada con el mantenimiento del salario de los trabajadores? La propia gobernadora en funciones del Banco de España, Margarita Delgado, advirtió en julio de este año de los grandes retos a los que se enfrenta el mercado laboral español: el elevado desempleo y el bajo crecimiento de la productividad. Ninguno de los dos va a mejorar con la implantación de la reducción de jornada. Con todas las medidas implementadas en los últimos ejercicios, el Ministerio de Trabajo solo está logrando un incremento de los costes laborales para las empresas. La CEPYME se atreve a poner una cifra al coste de la medida: 40.000 millones de euros (que conste que nunca me creo demasiado estas cifras redondas que se lanzan). Y aquí no termina la cosa. Siguiente parada anunciada: el coste de las indemnizaciones por despido.

Las negociaciones se retoman el 9 de septiembre. No he mencionado a los sindicatos. De manera consciente. Su gran aportación al proceso negociador es el anuncio de movilizaciones si no se impone la reducción al Yolanda’s way.

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La reducción de la jornada laboral (I): esa cosa no tan chulísima

JOSEAN, 31/07/2024

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz proclamó muy ufana hace tiempo que “el Gobierno hace cosas chulísimas todos los días”. En este blog ya hemos dedicado varias entradas a algunas de ellas, a sus efectos chulísimos y a los que no lo han sido tanto:

Las 40 horas semanales

La jornada de trabajo lleva establecida en las 40 horas semanales desde hace algo más de cuatro décadas, concretamente, desde el 30 de julio de 1983, cuando entró en vigor junto con el derecho de los trabajadores a 30 días de vacaciones remuneradas. Hace un siglo, la jornada de trabajo superaba las 3.000 horas anuales, con solo un día de descanso a la semana, mientras que en la actualidad los convenios tienen una media de 1.713 horas. Esta drástica reducción se logró por el incremento de la productividad y la incorporación de innovaciones tecnológicas a los procesos de fabricación, la automatización de procesos o las mejoras en la distribución. El debate sobre la reducción de la jornada actual se puede plantear en un escenario en el que haya una mejora de la productividad, o bien, en el que dicha medida vaya a suponer un incremento del empleo, un mejor reparto de las tareas. De lo contrario, solo va a suponer un incremento de los costes laborales, una reducción de la competitividad de las empresas y con ello, un impacto negativo para las más pequeñas.

Como ejemplo de que el acuerdo es posible, buena parte de los convenios colectivos cerrados entre la patronal y los sindicatos en el último año se acercan a las 37 horas semanales. Esta situación afecta a poco más de medio millón de empleados, pero son consensos en la línea de reducción. Según la EPA de 2023, la jornada media en España se situaba en 37 horas y 42 minutos, aunque, como ocurre con todas las medias, con un reparto desigual, con unos once millones de trabajadores por encima de las 40 horas semanales, bien por horas extras o por pluriempleo. Buena parte de los convenios sectoriales en actividades intensivas en mano de obra ya tienen una jornada de 35 horas (servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, asistencia social, recogida y tratamiento de residuos, administraciones públicas…), luego no se verán afectados por la medida.  

El ministerio de Trabajo

La ministra de Trabajo no ha dejado de proponer cambios en la normativa laboral desde que está en el puesto. Seguramente es lo que se le debe exigir a un ministro, que curre, que trabaje, que se gane el sueldo, si bien, en el caso de Yolanda Díaz, estoy seguro de que muchos (empresarios y autónomos) habrían deseado que frenara en su afán regulador. El problema surge cuando el motor de todas estas decisiones no es económico, sino ideológico. En un resumen simplista del pensamiento de la ministra, los empresarios son malvados explotadores y los trabajadores tienen que cobrar más por menos trabajo. El planteamiento es reducir la jornada a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025.

El número dos del ministerio, Joaquín Pérez Rey, planteó el debate tirando de tópicos: “se trata de que tanto los camareros, como los trabajadores de las auditoras y los banqueros” tengan un máximo de jornada laboral. “Se trata de democratizar el tiempo de descanso”.

No sé si el afán de la ministra por forzar la situación y amenazar con aprobar la medida por decreto se debe a la necesidad que tiene de hacerse visible o “útil” tras los fracasos electorales de su nueva marca, pero si así fuera, alguien tendría que decirle que hay otra manera de hacer las cosas y alcanzar un consenso. Ha puesto varias fechas límite y ultimátums a la patronal para adoptar la medida sin valorar que no se puede hacer tabla rasa en todos los convenios.

La realidad es que hay recorrido para la propuesta y para alcanzar un acuerdo sobre la misma, como lo había con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional, por cierto, que, sin embargo, se aprobó por las bravas y sin incluir los propios compromisos anteriores del gobierno: no hubo medidas especiales para el sector agrario y no se incorporó la revisión de los salarios en los contratos con las administraciones públicas.

La señora ministra parece que solo escucha a los líderes de los sindicatos. Mejor dicho, escucha a todos los representantes sociales, se reúne con todos, pero desatiende las propuestas de los empresarios y sigue la senda que le marcan Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO). En su ceño perennemente fruncido tiene marcado que todas las medidas que supongan un incremento de los costes laborales son buenas para el trabajador y malas para el gran empresario, y no es capaz de entender que no es así, pese a las evidencias en sentido contrario. El informe del Banco de España sobre las diferentes subidas del SMI ponía de relieve que:

  • El sector agrario fue claramente el más afectado.
  • Las pymes y micropymes, que representan el 99 por ciento del sector empresarial español, fueron las que absorbieron el mayor impacto del incremento.
  • Las grandes empresas tenían un porcentaje bajo de trabajadores sujetos al SMI, favorecidos, por tanto, por la medida y gracias a ello sufrieron un impacto menor.
  • Hubo un repunte de las horas trabajadas y no cotizadas, un aumento de la economía sumergida (seguramente, en esas micropymes antes mencionadas).

Recuerdo estas conclusiones de aquel informe porque los resultados de la medida de reducción de jornada pueden afectar de un modo similar a los mismos sectores y a los mismos trabajadores.

Postura de los sindicatos

Raúl Olmos, de Comisiones Obreras, indicaba que “la tendencia es a reducir la jornada, y eso se da con mayor intensidad en épocas de bonanza y en etapas de inflación”, ya que se utiliza para compensar la pérdida de poder adquisitivo: a menor salario real, menos horas trabajadas. Cabría preguntar dos cosas: una, si vivimos una época de bonanza en la economía española, y dos, si eso significa que en épocas de baja inflación en los que la revisión salarial ha sido superior el IPC correspondería aumentar las horas de trabajo.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, indicó a principios de año que la reducción de jornada era una de las prioridades que se marcaban para 2024: “en España se trabajan muchas horas, somos uno de los países de la Unión Europea que más horas presenciales tiene. Sin embargo, no somos de los más productivos. Hay países con jornadas más bajas y mayor productividad, por tanto, se trata de acabar con el presencialismo y aumentar productividad”. Sin reducción del salario, claro. Ya. Entiendo, su única aportación es que los trabajadores vayan menos a las oficinas o a sus centros de trabajo, y así serán más productivos. De verdad que no entiendo su papel desde hace años, como en la lucha contra el absentismo, por ejemplo.

El mismo Pepe Álvarez señalaba que pretendían forzar el acuerdo antes de junio, porque “más allá de junio no tiene ningún sentido”. Los principales sindicatos se sienten fuertes con el apoyo de la ministra de Trabajo y amenazan con iniciar movilizaciones en septiembre, pero no estaría de más recordarles que se encuentran en su momento más bajo de afiliación en décadas, es decir, en el de menor representatividad de los trabajadores.

Postura de la CEOE

Según su presidente, Antonio Garamendi, “el recorte de la jornada laboral, sin merma de los salarios, equivale a regalar a los trabajadores doce días de vacaciones, gratis y pagados por los empresarios”. Es el cálculo resultante de dividir los salarios por el número de horas trabajadas. La patronal ha solicitado que la medida se aplique de manera escalonada, en dos ejercicios, y varias grandes empresas han explicado a los responsables del ministerio de qué manera han flexibilizado sus jornadas, adaptando las horas semanales o mensuales en función de los períodos punta o valle de su facturación.

Lo que no está dispuesta a aceptar la patronal es el ultimátum de la ministra, como dijo su presidente en la asamblea anual celebrada a principios de julio, al afirmar que “gobierna contra las empresas”. “Gobernar para cumplir pactos políticos es gobernar contra las empresas, contra los ciudadanos y hasta contra los propios votantes”. La posición del ministerio de forzar el tope de las 37,5 horas semanales a lo largo de 2025 ha sido rechazada por la CEOE por hacer tabla rasa con todos los trabajadores y en todos los convenios: la reducción ya se pacta con los sindicatos en la negociación colectiva, en los sectores y empresas que pueden hacerlo. Esta es una de las claves, en especial, en un mundo tan globalizado en el que los competidores no juegan con las mismas reglas (lo comentado en este blog sobre el CBAM, los derechos de emisión o la normativa sobre el plástico es igualmente válido en este debate).

Postura de Cepyme

La Confederación de Pequeños y Mediamos Empresarios ha sido la organización más dura en sus críticas al gobierno y a la postura del ministerio de Trabajo en este tema. El título de su Manifiesto no puede ser más contundente:

Comienza recordando que “las pequeñas y medianas empresas españolas, que somos más del 99,8% del tejido productivo con cerca de 11 millones de empleos, decimos basta ya a la injerencia del Gobierno en la empresa. Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresa en España”.

El Manifiesto, de 11 páginas, clama por la dignidad de la actividad empresarial, por el cese del control de la empresa y de la sobrerregulación, por el respeto a la negociación colectiva, por la flexibilidad interna de la empresa y la no intervención salarial, por unas cargas sociales y una fiscalidad que no lastren la competitividad, por una ordenación del tiempo y los recursos del trabajo sin injerencias, y por el diálogo social. El cabreo de la Cepyme es evidente. Cada una de las medidas comentadas en este post han ido directamente a la cuenta de resultados de las pymes. Hay que pensar en las micropymes también, empresas con menos de 4 trabajadores (un bar, un pequeño comercio, una peluquería…), ¿de qué manera reducen las horas de apertura, y por tanto, los posibles clientes, con unos costes laborales más altos y unas cargas sociales más elevadas?

En el punto referido a la jornada de trabajo, señalan algo tan obvio como que “reducir el tiempo del trabajo sin reducir la remuneración no solo es una evidente alza de salarios, desligada de la evolución de la productividad empresarial, también es una injerencia en la estructura organizativa de las compañías, que ha sido negociada y pactada con los trabajadores sobre la base de sus exigencias y de la capacidad de las empresas para asumirlas”. Y pone el foco sobre algo tan relevante para el que gestiona un pequeño negocio: “Decretar otro modo de organización de los tiempos y los recursos sin considerar las consecuencias en la productividad, el incremento de los costes laborales, la falta de trabajadores para cubrir el relevo en la producción, ni las características ni vulne­rabilidades de los sectores más afectados, supone una injerencia política de espaldas a la realidad del tejido productivo español”.

Postura de ATA

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) manifestó su rechazo a la reducción de la jornada tal como se ha planteado por parte del ministerio. Su presidente, Lorenzo Amor, justificó la postura contraria porque va “en contra de la negociación colectiva y de la pequeña empresa”. Señaló algo que ya he salido varias veces en este mismo post: que la medida “no afecta a grandes compañías, ni a determinados sectores donde ya tienen de media algunos convenios que están por debajo de la propuesta que se está haciendo”. Sí ataca de lleno al autónomo y a la pyme.

La misma admiración que siento por el dueño de una micropyme es el que tengo por la inmensa mayoría de autónomos, gente que se ve desbordada con tanto cambio y tantas trabas para el desempeño de sus actividades. Lorenzo Amor concluyó con una crítica a la hiperregulación, tan perniciosa para el empresario: “cada día hay una nueva regulación, unas vienen de Europa, otras del gobierno central, otras vienen de las comunidades autónomas, pero cada día tenemos más trabas”.

Las negociaciones se retomaron en este mes de julio, pero ha sido imposible alcanzar un acuerdo. Las partes se emplazan hasta el mes de septiembre.

Continuará en: La reducción de la jornada laboral (II): los costes de la medida

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Hiperregulación (III) y competitividad

JOSEAN, 26/06/2024

Se han publicado recientemente las estadísticas agregadas de 2023 sobre la producción normativa del Estado y las comunidades autónomas, y la situación apenas ha mejorado respecto al año anterior. El pasado ha sido el segundo año de la década con mayor número de páginas publicadas en los boletines oficiales, con unas cifras muy cercanas a las de 2022, casi 1,3 millones de páginas. Si tenemos en cuenta que el gobierno estuvo en funciones casi cinco meses, se comprueba que el parón no sirvió de freno en su capacidad para legislar en exceso y, en ocasiones, con precipitación.

Pese al cierre temporal en las Cortes, se publicaron 683 normas estatales, unas cuatro por día de actividad. En el primer post sobre la hiperregulación, la conclusión que alcanzaba era que el problema no es que se legisle mucho, sino que se legisle mal, o de manera precipitada en muchos casos. Se saca adelante la norma para tratar de solucionar el problema puntual, sin pensar en una medida de futuro. Buena parte de esta hiperactividad normativa se centra en reformas de índole tributaria para incrementar la recaudación y con ello se está afectando la competitividad de las empresas españolas, además de frenar a las que pretenden invertir en nuestro país (Hiperregulación, 2ª parte).

Según un informe de la Tax Foundation, España es el tercer país de la Unión Europea con una fiscalidad menos competitiva, y cita entre sus problemas la distorsión de tasas e impuestos por comunidades, o las continuas alteraciones en el impuesto de sociedades para limitar las deducciones o la reducción de las bases. Otro informe, en este caso de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, concluye que España es el país que grava a las grandes empresas con el tipo impositivo efectivo más alto, el 29 por ciento, por encima de Alemania (28,8%), Francia (26%) e Italia (23,9%).

Es cierto que este porcentaje no tiene en cuenta a las empresas financieras, que en España se han beneficiado de tipos más bajos en los últimos años, pero no deja de ser un tipo impositivo elevado para el resto, con impacto directo en la tesorería de las empresas, y muy alejado del que los sucesivos ministros de Hacienda (de Montoro a Montero) anuncian ocasionalmente en prensa para señalar a las grandes empresas. Con todo, el problema no es el tipo impositivo (si tiene que ser del 20%, como si tiene que ser del 30%), sino lo enrevesado del sistema tributario nacional, con sucesivas reformas contradictorias que llevan años recurridas y que, cuando se resuelven en el sentido que todos los que trabajamos en las empresas esperábamos, como con el impuestazo de Montoro, resulta que han transcurrido ocho años, han mermado las tesorerías de las empresas y ahuyentado a potenciales inversores extranjeros.

No contentos con eso, el gobierno que esté en ese momento en el poder pone cuanto esté en sus manos para frenar la devolución a las empresas, como ocurrió en su día con el céntimo sanitario (La seguridad jurídica salta por los aires), con el régimen retributivo de las renovables o ahora con el impuestazo de Montoro. Como dice el diario Expansión, Hacienda hace una interpretación interesada para no devolver a las empresas todo lo que pagaron de más hace «solo» ocho años.

Entre la hiperactividad normativa, los constantes cambios para incrementar la recaudación en el corto plazo, la lentitud de las resoluciones de los recursos presentados y las trabas para devolver lo cobrado de más, España está retrocediendo a marchas forzadas en todos los índices de competitividad fiscal o de potencial atractivo para las inversiones extranjeras. Según el Índice de Competitividad Fiscal, hemos retrocedido al puesto 31 de 38 países de los países de la OCDE considerados:

No es un asunto exclusivo de este gobierno, sino que viene de mucho tiempo atrás (el que quiera, que busque en este mismo blog y que compruebe que no es un tema partidista) y se observa en cada nuevo informe que se publica sobre calidad institucional, eficacia de los sistemas tributarios o control del gasto público. Uno de los últimos informes del BBVA Research, sobre la inversión en España y en la Unión Europea, analizaba datos del Banco Mundial y concluía que «de 1996 a 2022, España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Chipre y por delante de Hungría, donde más ha empeorado la calidad institucional, lo que desincentiva la inversión en capital físico y humano y en I+D».

Vale, venga, ya, el panorama es desolador, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Este informe del think tank Multinacional.es recoge algunos datos más sobre el panorama actual y algunas propuestas de mejora. La llamada «buena legislación» (el better regulation anglosajón) debería caracterizarse por varios factores:

  • Previsibilidad: para garantizar certidumbre a los potenciales inversores.
  • Simplicidad: normas de fácil interpretación y que no conduzcan a ambigüedades o nuevos recursos.
  • Minimización de las cargas administrativas: el ordenamiento jurídico español, con la distorsión autonómica, no facilita la reducción de la carga.
  • Participación ciudadana: contar con las asociaciones y organizaciones reconocidas para aportar elementos de juicio ante el problema sobre el que se legisla.
  • Evaluación de impacto ex ante: valorar los posibles efectos de la norma aprobada, medir su impacto y, sobre todo, derogar lo que deja de tener vigencia.
  • Evaluación de impacto ex post: verificar el cumplimiento de los objetivos y la interacción con las normas existentes. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a que cada nueva norma lleve aparejada una ristra de problemas o contradicciones con las ya existentes.

El Informe tiene un apartado muy interesante sobre el cumplimiento del Plan Anual Normativo del gobierno, muy significativo de lo que está ocurriendo. Se trata de un Plan que se publica cada año en el que el gobierno anuncia las iniciativas legislativas que pretende aprobar cada ejercicio. El análisis se centra en el cumplimiento del Plan Anual de 2021 (PAN-21) y concluye que:

  • Se han aprobado el 57 por ciento de las iniciativas previstas y otro 37 por ciento comenzaron su tramitación.
  • Por otro lado, una cantidad ingente de normas no previstas se sacaron adelante. 261 nuevas normas: una reforma constitucional, 32 reales decretos-leyes, 3 leyes orgánicas, 9 ordinarias y 216 reales decretos.
  • Se han aprobado 31 de las 43 normas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo cual no está mal del todo, es un cumplimiento del 75 por ciento de lo previsto. Pero es que se aprobaron otras 56 normas asociadas al Plan de Recuperación que no estaban previstas en el PAN-21.

Todo esto lleva a pensar en la improvisación. O en algo peor que la improvisación: la necesidad de atender a los compromisos con los socios de gobierno. A los que trabajamos en las empresas nos traen de cabeza con tanto cambio y tanta adaptación a los nuevos requerimientos. Al inversor extranjero lo espanta. Por tratar de aportar algo al debate, ¿qué propone este informe?

  • Previsibilidad normativa: el cumplimiento de los Planes Anuales Normativos y la reducción sustancial de las normas no previstas en los mismos.
  • Simplicidad normativa: derogar numerosa legislación obsoleta y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional para evitar la fragmentación de mercado (imposible, I know). Solo el 15 por ciento de ese millón y pico de hojas de normativas provinieron del Estado.
  • Minimización de las cargas administrativas: un mantra tan repetido desde hace décadas que suena a utopía. Plantéate abrir tu negocio y verás lo que es vivir El proceso de Kafka en tus carnes.
  • Incremento de la participación ciudadana: evitar la costumbre tan extendida de los gobiernos de Sánchez y Aznar de esquivar los trámites de audiencia, las consultas previas y las consideraciones de las asociaciones que pudieran verse afectadas.
  • Evaluación de impacto ex ante: la precipitación conlleva los numerosos errores de cálculo de los que ya hay numerosos ejemplos (tasa Google, tasa Tobin, impuesto al plástico, a los residuos en vertedero). ¿Es mucho pedir que haya rigor en los cálculos?
  • Evaluación de impacto ex post. Continua, constante, para evitar la desactualización, los costes innecesarios y derogar todo lo que obstaculiza la iniciativa empresarial.

Creo que no soy el único que está agotado solo por intentar estar actualizado, lo cual resulta imposible. Así que me entran ganas de pensar en la jubilación y hacer cálculos, pero va a cambiar tantas veces la norma de aquí a «que me toque» que no me atrevo ni a empezar.

En el próximo post trataremos de ver cómo ha afectado toda esta hiperactividad normativa a los Fondos Next Generation, ese dineral que se suponía que iba a dar un impulso a la economía española (espero no tardar mucho en escribirlo, porque me pueden cambiar todo en semanas).

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El «arancel verde» (II): el CBAM

JOSEAN, 11/05/2024

El CBAM, el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, nace como una de las principales medidas del paquete Fit for 55 de la Unión Europea para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (“fit”, para ajustarse a una eliminación de, al menos, un 55 por ciento en comparación con los niveles existentes en 1990).

Cuando la Unión Europea planteó su ambición en materia de clima, al menos supo ver y entender que la reducción de emisiones en su territorio no aseguraba una disminución a nivel mundial, al margen del riesgo que se corría de que la producción se trasladara a países sin las obligaciones comunitarias en esta materia. Otra losa adicional para la competitividad de la industria europea. En el propio vídeo patrocinado por la Unión Europea explican el mecanismo como una medida para reducir las emisiones comunitarias y para “animar” a otros países a producir bajo un modelo menos contaminante:

La primera parte de estos dos textos se centraba en lo que dicho mecanismo tenía como barrera comercial para países con legislaciones más permisivas en materia medioambiental, mientras que esta segunda estará dedicada a su funcionamiento y los problemas de implementación que puede encontrar. No es un impuesto a las importaciones, ni tampoco funciona exactamente como un arancel, sino que consiste en un complejo mecanismo de declaraciones anuales y compra de certificados CBAM que acrediten el pago de las emisiones de los productos importados.

Compatibilidad e interacción con los derechos de emisión

El mecanismo supone, en palabras de Julián Illanes, de EY España, un “cambio radical” respecto a las anteriores políticas comunitarias en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Lógicamente, su implantación sustituirá de manera progresiva el anterior régimen, consistente en la asignación gratuita de derechos y las compensaciones por las emisiones indirectas. Además, se confía en acabar con la especulación que supusieron estos derechos en los últimos años como consecuencia de la reducción de la disponibilidad en el mercado (recordad El mercado de humos).

El mecanismo anterior, que lleva funcionando desde 2005, se creó en su momento para que las empresas abonaran por el teórico coste medioambiental de sus emisiones. La estimación de partida era que se situara en torno a los 20 euros por tonelada de CO2. Sin embargo, el problema surgió con las sucesivas reducciones de los derechos existentes, que provocaron que los precios se dispararan hasta casi 100 euros por tonelada en los momentos álgidos. Este funcionamiento se sustituirá de modo gradual para que, a partir de 2034, la compra de los certificados CBAM sea equiparable al coste de los derechos de emisión que se pagan en Europa.

Sectores afectados

El CBAM se aplicará al principio únicamente a las industrias más contaminantes, entre las que se han considerado en esta primera fase:

  • Cemento.
  • Hierro y acero.
  • Aluminio.
  • Fertilizantes.
  • Producción de hidrógeno.
  • Electricidad.

La idea es que el mecanismo se extienda posteriormente a otros sectores y actividades hasta cubrir prácticamente todos, con objeto de incidir directamente en la emisión de gases por la vía del gravamen. Si bien la Unión Europea planteó este arancel inicialmente por su contribución medioambiental (no solo por la propia reducción global de emisiones, sino como una manera de evitar la llamada “fuga de carbono”), y no como una medida con fines exclusivamente recaudatorios, algunos estudios han medido ya su posible impacto económico en entornos del 0,1% del PIB de la Unión Europea.

Ámbito geográfico e implantación

El CBAM excluye de su aplicación a las mercancías originarias dentro del propio territorio comunitario, más otros países que se han adherido a los acuerdos sobre el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. La situación actual de los fabricantes europeos (y su desequilibrio competitivo) se ve claramente definida en este cuadro de la consultora KPMG:

El sistema de asignaciones gratuitas seguirá funcionando en una primera fase y se compatibilizará con la entrada en funcionamiento del CBAM a partir de enero de 2026:

Si bien la idea es que este sistema se suprima definitivamente a partir de 2034 y funcionen exclusivamente la compra de derechos de emisión en la Unión Europea para los fabricantes europeos y los derechos CBAM para los importadores de productos fabricados fuera del territorio comunitario:

En 2024 nos encontramos en la fase de recopilación de datos, un proceso que durará desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025. Durante este período los importadores y las instalaciones están obligados a presentar las declaraciones con efectos meramente informativos, pero opera un régimen sancionador por incumplir con la obligación de informar. El proceso es complicado por las propias mediciones y por los fallos que hubo en la plataforma diseñada por la Unión Europea, lo que obligó a prorrogar treinta días el plazo para presentar las declaraciones del último trimestre de 2023. Durante el período de transición, se podrán calcular las emisiones con los valores por defecto aceptados por la normativa comunitaria, pero a partir de 2026 las emisiones reales podrán ser verificadas, y el régimen sancionador por las declaraciones incorrectas u omitidas son elevadas, de hasta 100 euros por tonelada no notificada, más una sanción de 3 a 5 veces el importe resultante por cada certificado no entregado.

Compatibilidad con la normativa de la OMC

Con la igualdad de costes se pretende salvar la controversia surgida acerca de su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Algunos países entre los más contaminantes, como la India, ya han anunciado sus recursos contra la implantación del CBAM. También fue objeto de controversia en la Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) celebrada en agosto de 2023 en Johannesburgo, en cuya declaración final conjunta se oponían «al uso de la lucha contra el cambio climático como pretexto para establecer barreras comerciales a nivel internacional».

La respuesta de las autoridades europeas es que el coste a pagar por las emisiones es el mismo, ya sea por la producción en territorio comunitario o extracomunitario, bien sea por los derechos de emisión o por la adquisición de los certificados CBAM. Y si el producto extracomunitario paga en otra legislación por sus emisiones, se puede deducir dicho coste del pago del CBAM. En abril de 2023 había registradas 73 iniciativas de precios de carbono en el mundo, pero casi todas ellas con precios por tonelada considerablemente más inferiores que los comunitarios. Según el informe de EY, el precio medio es de unos 2 euros por tonelada:

Los norteamericanos Nicholas Stern y Joseph Stiglitz (Nobel de Economía en 2001) criticaron los cálculos realizados en su día por la administración de Barack Obama respecto al coste que debía tener la tonelada de dióxido de carbono emitida, de unos 50 euros. Según sus cálculos, para cumplir con los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París para 2030, este precio debería rondar los 100 euros/tonelada.

Problemas de cálculo

El CBAM va a suponer un reto enorme por la dificultad de controlar su gestión, por la fiabilidad de los datos aportados o por los múltiples intervinientes en el proceso. Un producto puede estar semielaborado en Taiwán con materiales adquiridos en Pakistán e Indonesia e importado en la Unión Europea para su transformación posterior por una empresa europea, que además, podría vender el producto en territorio europeo o exportarlo. En un mundo tan globalizado como el actual, con múltiples intercambios comerciales y especialización por componentes, va a ser fundamental el análisis de la cadena de suministro de los productos, la electricidad consumida durante el proceso y su origen, la trazabilidad de las materias primas empleadas y la fiabilidad de las agencias medidoras de las emisiones.

Medir la huella de carbono de un producto que ha recorrido medio mundo… ya. Sencillo.

El reto es mayúsculo desde el punto de vista del seguimiento de los datos, el control efectivo de las emisiones y los costes arancelarios/fiscales de los intervinientes en el proceso, pero hay muchos recursos puestos en ello. Y aún más recursos en lo que debe resultar al final de todo este proceso: unas innovaciones tecnológicas que permitan dirigirnos a una actividad económica descarbonizada.

Por si este breve resumen del CBAM ha dejado dudas al lector, la Comisión Europea vio todo esto algo tan «sencillo» que publicó una guía de «solo» 34 páginas con las FAQ’s (Frequently Asked Questions), las respuestas a esas pequeñas dudas que a todos nos genera este ambicioso proyecto.

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El «arancel verde» (I): la guerra comercial

JOSEAN, 17/04/2024

Hace casi cinco años, en aquellos dos textos en los que comentaba sin tapujos que terminaríamos poniendo «una gran muralla a China«, hacía referencia a los movimientos surgidos en la Unión Europea para el establecimiento de una especie de «arancel verde» a los productos importados con alta carga de emisiones de CO2 y que provinieran de países con una legislación en materia medioambiental mucho más débil que la europea. Por no decir inexistente. Buena parte de las medidas recogidas en el Pacto Verde Europeo afectan a la competitividad de las empresas europeas y serían un suicidio económico si no vinieran acompañadas por otras como las recogidas en el plan con nombre de oferta de gimnasio: Fit for 55.

Parece obvio que ajustarse a toda la legislación medioambiental y producir bajo criterios ESG encarece el coste de fabricación de los productos, pero es el camino iniciado por la Unión Europea y por buena parte del mundo, como se traduce por los acuerdos de las diferentes cumbres del clima, convertidas en algo así como El día de la marmota del cambio climático. Según el estudio elaborado por el Real Instituto Elcano en marzo de 2023, lo que pretende la creación de este “arancel verde” es un doble objetivo: “evitar que los requisitos de reducción de emisiones en la industria europea se traduzcan en una fuga de empresas para abastecer el mercado único desde jurisdicciones con legislaciones climáticas más laxas e incentivar el aumento de la ambición climática a nivel global”.

Algunas corrientes sitúan la motivación de este impuesto a las importaciones en la necesidad de impulsar desde Europa los objetivos de acuerdos como el de París en 2015, y otorgar de ese modo a la Unión Europea un papel de liderazgo mundial en materia de lucha contra el cambio climático. Sería otro ejemplo más del llamado “Efecto Bruselas”, que hace referencia a la capacidad de la Unión Europea para ejercer una influencia a nivel mundial, una capacidad que está notablemente por encima del peso que tiene a nivel económico o militar. La Unión Europea ha perdido peso en los grandes núcleos de decisión, seguramente por deméritos propios, pero al menos conserva su posición como potencia regulatoria, como se ha visto en los últimos tiempos en materia de Inteligencia Artificial, mercados de derechos de emisión o protección de datos.

Por el contrario, algunas críticas que ha recibido la medida se centran en lo que supone de nuevo proteccionismo, o “proteccionismo verde”, como define el mismo informe del Instituto Elcano. Esta nueva forma de proteccionismo o de limitación de la competencia extracomunitaria ha sido considerada contraria a la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por algunos países. La propia OMC realizó diversos requerimientos a la Unión Europea acerca del funcionamiento previsto de este nuevo impuesto a las importaciones y la respuesta del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, fue clara: el mecanismo fue diseñado “de una manera compatible con las normas de la OMC y creemos que podemos defenderlo”. “No distorsiona el mercado porque los importadores pagarán por la huella de carbono de sus productos el mismo precio que pagan los productores domésticos”. No solo eso, sino que además tendrá en cuenta cualquier gravamen sobre el carbono que se haya aplicado en los países de origen antes de llegar a territorio comunitario. Este “arancel verde” ha tomado el nombre de CBAM, siglas de Carbon Border Adjustment Mechanism, Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera y a su complejo funcionamiento estará dedicada la segunda parte de este post.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) define la necesidad de este impuesto como parte de la ambición climática de la Unión Europea:

Que en el traductor para escépticos viene a ser: “no te lleves la producción fuera porque sea más barato fabricar saltándote los criterios ESG”. Sea por la razón que fuera, económica o medioambiental, China se puso manos a la obra hace años y ha obtenido notables logros en tiempo récord. Hace poco más de una década, China contaba con el 75 por ciento de las ciudades en la triste lista de «las 100 ciudades con el mayor índice de contaminación». En esa clasificación ahora mismo hay 65 ciudades de la India por «solo» 16 chinas. Nueva Delhi lleva cinco años ocupando el primer puesto. Según el Instituto de Políticas Energéticas de la universidad de Chicago, la contaminación en China cayó un 42,3% entre 2013 y 2021.

A Estados Unidos le llevó tres décadas alcanzar una reducción similar, desde la aprobación de la Ley de Aire Limpio en 1970. Para lograr esas reducciones, el gobierno chino redujo su dependencia del carbón (aunque sigue siendo su principal fuente de electricidad), impuso restricciones de circulación a los vehículos más contaminantes, cerró industrias cercanas a los núcleos urbanos y se focalizaron en el desarrollo de energías renovables, que suponen ya la cuarta parte del total de la generación eléctrica del país. China se ha puesto las pilas ¡por fin!, ha mirado a Europa y le ha dicho: «¿queréis paneles solares, aerogeneradores y coches eléctricos? Pues os voy a inundar el mercado».

En 2023, China produjo tantas placas solares como todo el mundo en 2022 e hizo que los precios disminuyeran un 50 por ciento, unos precios tan bajos que pueden acabar con toda la competencia que les pueda surgir. Además, aumentó la capacidad eólica un 66 por ciento. Como respuesta, la Unión Europea ha iniciado una investigación a los fabricantes de turbinas eólicas ante las sospechas de haber recibido ayudas ilegales que distorsionen la competencia y el mercado europeo.

Ya no es una cuestión de protección del medio ambiente, sino de la industria europea. El tradicionalmente ultraproteccionista sector de la automoción impidió durante años la entrada de vehículos chinos en Europa con la excusa de los incumplimientos en materia de emisiones de gases y medidas de seguridad. Hasta que saltó el escándalo de la manipulación de las emisiones por parte de Volkswagen en 2015, que emitían hasta cuarenta veces más que el estándar legal cuando el software «trampa» no estaba actuando. Actualmente, los coches eléctricos chinos están entre los mejores del mercado, se venden a unos precios más que asequibles y la marca BYD consiguió superar a Tesla en 2023 como mayor fabricante de coches eléctricos del mundo.

De una manera u otra, las importaciones de China terminan acaparando el mercado, y aquí es donde la Unión Europea trata de blindarse o de proteger su industria ante «la competencia desleal de compañías y fabricantes chinos dopados por los subsidios estatales, de los efectos de la sobreproducción del gigante asiático y de la penetración de China en algunos de sus sectores clave». (María R. Sahuquillo, art. El País). Los europeos no somos los únicos en esta nueva ola de proteccionismo, como dice el artículo. Estados Unidos lleva tiempo blindando sus cadenas de suministros de la influencia de Pekín y Japón tiene un ministerio con el cometido de salvaguardar su seguridad económica.

La Administración Biden aprobó en 2022 el mayor plan de incentivos fiscales y presupuestarios con propósitos medioambientales, cifrado en 700.000 millones de dólares, lo cual, apoyado por otra serie de medidas a las empresas e industrias nacionales, ha logrado reducir su dependencia de las importaciones asiáticas de un 45 por ciento al 32. Hay un trasfondo económico y comercial claro detrás de todas estas medidas. O como dice este artículo de Piergiorgio M. Sandri para La Vanguardia: «La debilidad de Europa arrastra el comercio mundial a una caída histórica» en un «annus horribilis» para el comercio mundial, en el que «los intercambios de mercancías cayeron un 5%» y «se desplazan cada vez más hacia economías que se consideran amigas».

Subsidios estatales chinos, incentivos norteamericanos, proteccionismo japonés… Europa no puede quedarse rezagada, no solo con planes de ayuda pública como los fondos Next Generation, sino que finalmente ha decidido subvencionar directamente a la industria solar con el llamado Solar Charter, acordado por 23 países. E incluso puede ir más allá, como se ha planteado con el posible establecimiento de los aranceles verdes a las marcas chinas con carácter retroactivo, algo que puede chocar con la OMC y con los principios más elementales de la seguridad jurídica, pero es que la batalla que se libra es mucho más profunda. Es de supervivencia económica, como se aprecia en los trabajos encargados por la Unión Europea a Mario Draghi y Enrico Letta para la mejora de la competitividad y del funcionamiento del mercado interior.

La estrategia china siempre va unos pasos por delante y su manera de evitar los nuevos impuestos o las barreras será fabricar directamente en territorio europeo. Con las economías de la eurozona muy tocadas, será difícil que algún gobierno se oponga a una inversión china en su territorio. En esa línea están los acuerdos de la marca china de vehículos eléctricos Chery para instalar una fábrica en Barcelona (en la antigua Nissan) o el proyecto de BYD para llevar su producción a Hungría.

En mitad de este contexto incierto, se dan los primeros pasos para implantar el prometido «arancel verde», el CBAM. Hay numerosas dudas acerca de su funcionamiento, de la efectividad que tendrá, de los productos que gravará, de las mediciones paralelas o sobre las alternativas para esquivarlo. Esperemos que tenga mayor éxito que los impuestos al plástico y al depósito de residuos en vertedero que se han implantado recientemente en España, aunque encierra algunas lagunas en su funcionamiento parecidas a las de los mencionados. Sobre dicho funcionamiento tratará la segunda parte.

El «arancel verde» (II): el CBAM.

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