Economía

Deja un comentario Publicado en Economía, Política

Más licitaciones desiertas (II): posibles medidas

JOSEAN, 15/12/2024

Si la primera parte de estos textos se centraba en las posibles causas que generaban un número creciente de licitaciones desiertas o con un solo competidor (recapitulemos: presupuestos de licitación obsoletos, ausencia de mecanismos de revisión de precios, hiperregulación, procedimientos largos y complicados, competencia de empresas públicas), esta segunda parte se centrará en las medidas que diversos sectores solicitan desde hace años para revertir la tendencia.

  1. Modificar o, mejor, derogar la ley de desindexación de precios.

Es una petición que viene de lejos. La ley de desindexación de precios, pergeñada en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, entró en vigor en 2015 en un contexto inflacionario completamente distinto al que hemos padecido los últimos ejercicios. La norma pretendía evitar los «efectos de segunda ronda» y mantener controlados los precios de los contratos del sector público con una serie de medidas más que discutibles. Algunas de ellas fueron acertadas, las menos, y la mayoría fueron totalmente desafortunadas, como se ha visto en estos últimos ejercicios. No deja de tener su gracia recuperar hoy algunas de las notas que publicó el Ministerio cuando la ley fue aprobada:

Mejora «la competencia efectiva», «mayor eficiencia de los contratos». Ya lo estamos viendo. La ley se ha aplicado en numerosos casos solo en su apartado de «no-revisión de precios del sector público», sin tener en cuenta lo que la propia ley reflejaba sobre revisiones excepcionales o las necesarias causadas por situaciones extraordinarias como las de los últimos ejercicios, con los incrementos de precios de la energía, los costes laborales por cambios normativos o la inflación provocada por la guerra de Ucrania (Greenflation y «ukrainflation»).

La reivindicación de la patronal para incorporar las subidas de costes laborales a los precios de los contratos del sector público fue acordada con los sindicatos en 2023, pero no se ha hecho efectiva tras ninguna de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (La subida del SMI y las revisiones de precios de los contratos públicos).

Yolanda Díaz se abre (¡por fin!) a incorporar al menos el impacto de las subidas del SMI aprobadas por su gobierno y reconoció durante el reciente congreso de UGT que «esa ley de desindexación es un ejemplo de relación tóxica entre los servicios públicos y el mercado». Ha tardado seis años en darse cuenta, pero es un avance. «Esta ley es un residuo de la España de los recortes, que continúa a día de hoy perjudicando a la calidad de los servicios públicos y a los trabajadores de multitud de concesionarias públicas de nuestro país». Durante su discurso, planteó una modificación de la ley, pero casi al mismo tiempo indicó que no está en sus manos: «veremos quién nos acompaña en el trámite parlamentario». En anteriores ocasiones, la modificación se ha visto frenada por el ministerio de Hacienda.

El problema es que no solo se ha modificado el SMI, con un alza del 54 por ciento en los últimos seis años, sino las cargas sociales, que vuelven a incrementarse el 1 de enero, las obligaciones para las empresas (registro de jornada, planes de diversidad, desconexión digital) o ahora, como se pretende, la reducción de jornada sin disminución del salario. Y todo ello tiene un coste. El lenguaje conciliador de la ministra de Trabajo no ha sido mantenido por el secretario de Estado, Joaquín Pérez-Rey.

Ambos pertenecen al mismo grupo político, pero quería traer esta disparidad de tono para hablar del segundo punto: las diferencias de intereses de los partidos que conforman la coalición de gobierno y cómo afectan a las empresas.

2. La seguridad jurídica.

No quiero ser reiterativo con este asunto, que ya ha salido numerosas veces en este blog, durante este gobierno y durante las legislaturas anteriores de Mariano Rajoy. Así, a modo de resumen:

Se legisla mucho, en exceso, y, aún peor, de forma contradictoria, lo que genera nuevos problemas, como varios de los mencionados en los post anteriores. El asunto de actualidad que condiciona las últimas semanas es el de la negociación de los apoyos parlamentarios, con los impuestos a la banca y a las energéticas en el centro del conflicto, y con cambios de criterio en función de si se habla con Junts y el PNV, o con ERC y Sumar.

El impuesto a las energéticas o la subida del diésel son solo dos ejemplos más, porque en esta negociación pesa más el factor ideológico que el económico y, para más inri, los grupos que conforman la coalición condicionan su apoyo al gobierno en función de la obtención de sus reivindicaciones. Dentro del paquete de medidas se incluyen varias que afectan a los licitadores de los contratos públicos, como los nuevos impuestos creados o por crear, los incrementos de los existentes, también sobre la energía, el aumento de los costes laborales por la vía de las cotizaciones sociales (again!) o la reforma del Impuesto de Sociedades que aprueba de nuevo lo que el Constitucional derogó («Montorazo»).

Con todos estos cambios y sin una posibilidad real de trasladar los costes a los precios facturados a la administración resulta muy complicado para las empresas preparar una oferta. Por eso, ante un escenario incierto, en muchas ocasiones se opta por no acudir al concurso, aunque se pueda perder lo que siempre se había considerado una buena oportunidad.

Otro problema, y no menor, es que parece que al gobierno, o al menos a una buena parte de sus socios, no les importa que las empresas se sientan incómodas operando en nuestro país, y así ocurre que, por desgracia, numerosas empresas grandes hayan optado por aumentar su presencia en el extranjero y reducirla en nuestro país. Igual que los alemanes se sienten orgullosos de su Volkswagen o los italianos de Fiat, o los franceses de Louis Vuitton o Carrefour, no digo que aquí lo estemos de los grandes grupos españoles que compiten en la primera división en todo el mundo, pero, al menos, que no parezca que se los persiga. Ferrovial, Sacyr, Telefónica, Iberdrola, Inditex, los grandes bancos… En lugar de ello, parece que algunos prefieran que se busquen la habichuelas en el exterior (más del 85 por ciento de los ingresos de ACS ya provienen de otros mercados, por ejemplo), o que vendan las participaciones en negocios, como ha ocurrido con el sector de los servicios urbanos, esas «concesionarias públicas» de las que hablaba Yolanda Díaz.

ACS vendió Urbaser a un grupo chino, quien a su vez lo vendió después a un fondo americano. Ferrovial vendió sus divisiones de residuos a la alemana PreZero y la de facilities management a un fondo español (Portobello). Sacyr hizo lo propio y vendió su división de residuos al fondo americano Morgan Stanley y la de facilities al mismo fondo Portobello. No es casualidad que se trate de divisiones con un alto peso de los costes laborales en sus cuentas y una fuerte dependencia de la contratación pública.

3. Incremento de la colaboración público-privada.

En lugar del enfrentamiento actual, que mantiene preocupados (y muy cabreados) a la CEOE, la Cepyme y al resto de organizaciones empresariales, sería muy útil mejorar la colaboración, como se hace en el resto de Europa y prácticamente en todo el mundo empresarial occidental. La persecución a Ferrovial fue tachada por algunos medios de «cacería», de «aviso para navegantes», y tuvo un cierto componente de amenazas, con llamadas directas de Nadia Calviño y declaraciones directas de miembros del gobierno sobre la empresa y su presidente. Entre los argumentos esgrimidos por el presidente de la CEOE sobre la posible salida de más empresas españoles estuvieron los factores comentados y más que repetidos: el incremento de los costes laborales y de la presión fiscal.

Es una pena que, en un momento en el que hay fondos europeos para acometer inversiones necesarias en numerosos sectores, proyectos que solo pueden gestionarse técnicamente desde la empresa privada, se queden todos esos concursos desiertos o sin apenas competencia. Sectores en los que, además, la Unión Europea ya ha sancionado a España por los incumplimientos de la normativa comunitaria (emisiones, residuos, depuración de aguas). Y es una pena aún mayor si pensamos que el gasto público ha crecido en los últimos ejercicios, pero no lo han hecho las inversiones productivas, necesarias en sectores cuyas infraestructuras han quedado obsoletas en la última década. No hay que bucear mucho para encontrar las demandas de los diversos sectores en infraestructuras de transporte, redes para electrificación, tratamiento de residuos, gestión del agua, planes hidrológicos, limpieza de cauces e infraestructuras hidráulicas,…

4. Simplificación de los procesos.

Me repito con todo lo ya explicado anteriormente. Algunas asociaciones empresariales solicitan modificar la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, vigente desde 2018). Una ley que sustituyó la de 2011, que a su vez modificaba la de 2007 más los apartados rectificados en 2010… Quizás el problema no sea legislar cada pocos años e incorporar nuevos artículos o más normativa, sino simplificar algunos procesos. Reducir tiempos y ser más eficientes, sin perder transparencia, una carta a los Reyes Magos: todo el que ha trabajado en estos sectores sabe que muchas de las regulaciones sirvieron afortunadamente para frenar la corrupción en los procesos de licitación y en las modificaciones contractuales.

El Mundo publicaba el domingo pasado un artículo titulado El movimiento de la riqueza, escrito por Francisco Pascual. En el mismo, mencionaba dos informes: el elaborado por UBS bajo el título La riqueza en movimiento y el de Christine Lagarde, Fuera de la zona de confort: Europa ante el nuevo orden mundial. «En el fondo hablan de lo mismo», concluye el periodista, «El dinero irá donde haya más seguridad jurídica, menos burocracia y más rentabilidad en el largo plazo». Pero qué sabremos algunos, los que creemos que las empresas españolas tienen un gran potencial, igual que el propio país, y que las cosas nos irían mucho mejor si se simplificara tanta normativa improductiva. ¡Coño, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos!

Deja un comentario Publicado en Economía, Política

Más licitaciones desiertas (I): el problema

JOSEAN, 11/12/2024

Aumentan las licitaciones que quedan desiertas o con una sola empresa presentada, o lo que es igual, concursos públicos con menos competencia. El problema viene de lejos y no solo no se está afrontando, sino que corre el riesgo de acrecentarse. Ya en 2022 hubo voces en diferentes patronales que alertaban del número creciente de licitaciones públicas que quedaban desiertas, sin que ni una sola empresa presentara una oferta. Podía resultar extraño que, en esa época post-pandemia y de teórica recuperación, tantas empresas desistieran de acceder a una adjudicación pública que podría ayudar a recuperar sus arcas.

La causa alegada en aquel momento por muchas empresas fue el incremento de la inflación en general, y de los costes de los materiales y de la energía en particular, costes que no se correspondían con los incluidos en los presupuestos públicos considerados como base en las licitaciones, en numerosos casos, sin actualizar desde 2018. Para agravar el problema, los pliegos limitaban (y limitan) la posibilidad de corrección del desfase por la vía de la revisión contractual de precios, gentileza de la Ley de Desindexación parida por la truculencia de Cristóbal Montoro en 2015. Según indica La Vanguardia en esta noticia de febrero de 2022, un tercio de las licitaciones del año precedente en Cataluña quedaron desiertas y otro quince por ciento contó con una sola empresa presentada al concurso.

El diario El Mundo daba cuenta en marzo de 2023 del escrito de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a la presidencia del gobierno en el que advertían de los riesgos de mantener las licitaciones sin atender a los incrementos de costes y sin permitir las revisiones de precios o los reequilibrios económicos por causas sobrevenidas.

Un año antes, el gobierno aprobó por la vía del real decreto-ley (BOE de marzo de 2022) una serie de medidas para compensar la subida desproporcionada de los materiales de construcción y de las materias primas, pero la modificación cubría solo a algunas ofertas, durante un período reducido y con unos límites muy bajos, luego el problema siguió sin atajarse. El parche fue insuficiente, por lo que dichas medidas tuvieron que ser posteriormente ampliadas en noviembre.

Lo que en 2022 parecía suceder de manera exclusiva con los contratos de obras, se trasladó a otros sectores como los servicios de saneamiento urbano, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, limpieza y mantenimiento de instalaciones, servicios socio-sanitarios y, en general, todos aquellos con un elevado componente de costes laborales sobre el total del presupuesto.

Se trata de contratos que se han visto afectados por los fuertes incrementos de costes laborales como consecuencia de las medidas aprobadas por el gobierno en los últimos ejercicios: incremento del SMI, aumento de las cotizaciones sociales por la vía del aumento de las bases o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, reducción de jornada, registro de jornada, etc. Todas estas medidas, que impactan directamente en los costes de las empresas, y, por tanto, en sus resultados, con contratos públicos adjudicados de antemano con unas reglas de juego diferentes, se podrían haber compensado con la aplicación de fórmulas de revisión de precios, pero el gobierno actual ha decidido mantener la «Montorada» de 2015 y mirar hacia otro lado, pese a los compromisos realizados.

De todo ello ya hablamos a principios de este año en el post La subida del SMI y las revisiones de precios en los contratos públicos, pero el problema crece a cada trimestre que pasa. Según un informe de la CNMC, el 44 por ciento de los contratos públicos tiene un solo licitador, una sola empresa interesada en presentarse a un concurso que, en muchos casos, cuenta con fondos europeos y una seguridad de cobro sin demora que, sin embargo, no resulta atractivo para las empresas.

Si comparamos las cifras con las de la Unión Europea, estábamos en línea en 2022 con la media comunitaria, si bien se ha superado a lo largo de este 2024. En esta comparación resulta llamativa la diferencia en días en lo referido a la decisión sobre la adjudicación a la mejor oferta: de los 87 días de media a los 157 que actualmente se estilan en España.

Ese retraso en las adjudicaciones, que pueden prolongarse varios meses más por los sucesivos recursos (a los pliegos, Recursos Especiales en Materia de Contratación, recursos contenciosos…), redundan en una modificación de costes de los licitadores (normalmente al alza) respecto al momento en que las ofertas fueron presentadas, pero no es la única razón por la que no hay mayor interés en las licitaciones públicas. Según la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, uno de los problemas de las empresas para acudir a concursos públicos es «la extremada juridificación (o regulación sobre situaciones no previstas anteriormente) en las normas de contratación pública”. La hiperregulación tan desmotivadora que ya ha salido varias veces en este blog, con «múltiples órganos de contratación con diversidad de procedimientos».

Hay más razones para que el número de competidores haya caído a mínimos históricos, como la desincentivación que supone el hecho de que la administración haya incrementado las adjudicaciones a empresas públicas. Según la presidenta de la CNMC, «el uso de estos medios puede llegar a reducir el mercado de la contratación pública, eliminando competidores viables», y «a medio y largo plazo, se puede producir un efecto de expulsión de oferta del mercado». Según el informe que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) presentó al Senado el mes de noviembre, el uso de estas empresas ha crecido un 142 por ciento respecto a 2022. El informe de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, presenta unas cifras preocupantes: menos licitadores de media, más concursos desiertos, más concursos con una sola empresa presentada, y un enorme crecimiento de las adjudicaciones a empresas públicas. Alguna, como Tragsa, solicita modificaciones jurídicas para incrementar su negocio, que no depende del precio de licitación ni de la eficiencia económica de los contratos, como sí ocurre en sus competidores del sector privado.

La presidenta de la CNMC insistió en los perniciosos efectos de esta tendencia: «cuando no hay presión concurrencial, puede originarse una desviación media al alza de los precios de entre el 20% y el 25% del presupuesto comprometido, que acabamos pagando todos (los contribuyentes)». Se quebranta «el principio de neutralidad competitiva».

Hiperregulación, competencia de los medios públicos de la Administración, y un tercer factor, los precios base de los concursos públicos. El desfase de precios en los concursos, unido a la inexistencia de mecanismos de revisión de precios, provoca que buena parte de ellos carezcan de interés para las empresas. El cambio de reglas de juego en mitad de la partida (aumento de las cargas sociales y de la presión fiscal) tampoco juega a favor. Como consecuencia de todo ello, más de 25.000 millones de euros en proyectos financiados con Fondos Next Generation permanecen sin ejecutar: 11.000 millones en proyectos no adjudicados y otros 14.000 millones en remanentes de años anteriores que no se han podido ejecutar.

El dato es preocupante porque se trata de fondos correspondientes a proyectos que se deben ejecutar antes de agosto de 2026. Según Carlos Cuerpo, ministro de Economía, «lo que urge es adjudicar esos 11.000 millones. Además, según nuestra estimación, se habrían generado unos 14.000 millones de euros en remanentes no gastados, que deberían volver a convocarse».

Pues ya estamos tardando. Y más, cuando los procedimientos de licitación resultan tan largos y farragosos. Y aún añado más, ya estamos tardando cuando hay tantos sectores que reclaman esas inversiones en infraestructuras como el transporte o como se vio recientemente con la DANA en Valencia. Seguimos siendo el país con mayor número de sanciones de la Unión Europea por incumplimientos en materia de residuos, emisiones de CO2 o tratamiento de agua (Hiperregulación (II): efectos), con un déficit de inversiones brutal desde hace más de una década, ¿para qué vamos a mejorar los procesos de licitación?

Continuará: Más licitaciones desiertas (II): medidas.

Relacionados:

Hiperregulación (I): situación

Hiperregulación (II): efectos

Hiperregulación (III): competitividad

La subida del SMI y la revisión de precios en los contratos públicos

Populismo legislativo

Populismo tributario (II): Papá Estado

La seguridad jurídica salta por los aires (I)

La seguridad jurídica salta por los aires (II)

Las grandes corporaciones son malas (I)

Las grandes corporaciones son malas (II)

3 comentarios Publicado en Economía, Política

La reducción de la jornada laboral (II): los costes

JOSEAN, 04/09/2024

Como comentaba en la primera parte, el problema de la reducción de jornada laboral tal como se ha planteado surge cuando este tipo de decisiones que afectan a todos los trabajadores y a todas las empresas se toman con un criterio ideológico, y no económico. El error seguramente esté en hacer tabla rasa y tratar de aplicar una medida no consensuada, por las bravas y del mismo modo para todos los sectores, actividades y tipos de empresa. Numerosos convenios ya están por debajo de las 37,5 horas semanales propuestas por la ministra para 2025. Hay empresas que ya están desarrollando planes de cuatro días de trabajo a la semana, igual que hay sectores productivos con puntas de trabajo y meses «valle» que pueden adaptarse con “bolsas de horas”, o empresas grandes que podrían implementar medidas de flexibilización que conviven con micropymes a las que un nuevo incremento de costes laborales las destroza (más zombis que gacelas en el ecosistema empresarial). Pues lo mismo para todas, según el ministerio, donde no parecen hacer caso ni a los informes del Banco de España.

El Informe Anual del Banco de España de 2023 advierte que, «de cara al futuro, es fundamental tener en cuenta la considerable heterogeneidad que existe, en lo que se refiere a la jornada laboral media, entre distintos tipos de empresas y sectores», y que «sería deseable que las distintas empresas y sectores dispusieran de una amplia flexibilidad para acomodar dicho cambio normativo si se quieren evitar los posibles efectos negativos de esta medida sobre los costes laborales, la productividad y el nivel
agregado de empleo y actividad».

Para evitar los «efectos negativos» que indica el propio informe, cualquier análisis que se realice sobre la reducción de jornada debe estar apoyado o soportado por una mejora de la productividad, derivada «principalmente, de la introducción de múltiples cambios tecnológicos (véase gráfico 3.21). Unos cambios tecnológicos que, como se ha venido argumentando a lo largo de este capítulo, previsiblemente permitirán nuevas reducciones de la jornada de trabajo en las próximas décadas».

No parece que se cumpla esa premisa de partida. Otros dos gráficos que complementan esta idea aparecen en el estudio Productividad y reducción de la jornada laboral elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para el servicio de estudios del BBVA.

Fedea calcula que la medida propuesta por el Ministerio de Trabajo tendría un impacto de seis décimas en el crecimiento durante dos años. Si al menos este efecto fuera temporal y tuviera un impacto positivo sobre el empleo, se podría considerar, pero tampoco es así. Según el mismo estudio, el empleo se reduciría en ocho décimas, salvo que se apliquen “medidas compensatorias que alivien el alza de los costes laborales”.

Son las conclusiones que aparecen en el mencionado estudio presentado en julio:

Y aquí vuelve la eterna batalla entre las empresas y el ministerio. Como pasó con la subida del SMI o los incrementos de las cotizaciones: si se incrementan los costes laborales, si no hay medidas compensatorias, no queda otra que revisar al alza los precios de los productos y servicios. Pues… según Yolanda Díaz, habrá que vigilar a las empresas que suban los precios. En el ministerio pretenden que ese aumento de costes sea asumido por las empresas y ni siquiera se plantean revisar los contratos con las administraciones públicas, pese a suponer un cambio en mitad de la partida de las condiciones pactadas por ellos mismos. Así es complicado llegar a un acuerdo. Una medida compensatoria podría ser la reducción de las cotizaciones sociales para las empresas, pero no está en la agenda del ministerio, y menos cuando han subido con fuerza en los últimos años.

Se podría estudiar lo sucedido en otros países de nuestro entorno. El Fondo Monetario Internacional recuerda el caso de Francia con la ley Aubry hace dos décadas, cuando se pasó de la jornada de 40 horas semanales a una de 35: el impacto tuvo que ser soportado forzosamente por los salarios. Muchas de las horas reducidas (o suprimidas) fueron sustituidas por horas extra y los salarios se congelaron de uno a tres años para compensar el sobrecoste adicional de las mismas. Finalmente hubo que compensar a las empresas y reducir las cotizaciones sociales, lo cual, según el FMI, tuvo un impacto en las cuentas públicas que rondaría el uno por ciento del PIB. Según los estudios realizados por la OCDE y el FMI, las conclusiones sobre experiencia francesa de reducción de jornada indican que tampoco se creó empleo. La satisfacción de los trabajadores por la disminución de las horas apenas compensó la insatisfacción por la reducción o moderación salarial.

Las advertencias de todo el sector empresarial español sobre las consecuencias que tendría la implantación forzosa de la reducción son continuas, pero caen en el saco roto de Yolanda Díaz. Uno de los sectores más afectados, el comercio, ya ha dicho a través de la CEC (Confederación Español del Comercio) que es directamente «inasumible». «Se va a traducir en una grave pérdida de competitividad del comercio de proximidad frente a las grandes plataformas de venta online», muchas de las cuales están situadas en paraísos fiscales o eluden el pago de impuestos en el país.

No es muy difícil anticipar cuáles serían los pequeños comercios más afectados por la medida, todos los que tienen un horario amplio de atención al público y una plantilla pequeña, como la hostelería o los negocios de proximidad. También la agricultura, ocupada en su mayoría por micropymes. Solo en la hostelería trabajan 1,7 millones de personas, según un reciente estudio de Randstad, casi uno de cada diez trabajadores. Son sectores fundamentales en un país que ha visto cómo unos cien comercios echaban el cierre a diario durante el último año. 35.527 pequeñas empresas de menos de diez trabajadores desaparecieron en el año 2023.

La Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) elabora periódicamente una serie de informes sobre la situación de sus empresas, la evolución de la productividad, los costes laborales y financieros, solvencia, etc. Hace un mes se publicó el referido al primer trimestre de 2024 y recoge conclusiones interesantes, o más bien, preocupantes, que han sido ignoradas por el ministerio a la hora de lanzar la imposición de la medida. En el último informe destaca la evolución que han tenido los costes operativos de las pymes, afectados por el entorno inflacionario, incremento de los suministros y costes laborales, a los que dedica un apartado especial en el que puede verse cómo estas empresas son las más afectadas por las medidas implementadas por el ministerio, en especial, destaca el informe, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Con todo ello, no debe extrañar que las pymes acumulen cinco trimestres consecutivos de caídas interanuales de productividad. Y si las empresas son menos competitivas, no parece que sea el momento adecuado para plantear a todas ellas una reducción forzosa de la jornada laboral.

La evolución de la productividad por empleado es básica antes de plantear una medida como esta. Pues bien, de acuerdo con el estudio Productividad laboral: España vs UEM, publicado recientemente por el BBVA Research, España ha experimentado un nuevo retroceso frente a sus socios competidores. El Valor Añadido Bruto por hora trabajada en España se mantiene en niveles comparables a los que tenía la eurozona en 1998, es decir, un retraso de 25 años. La brecha, lejos de reducirse, se ha incrementado en la última década, y todos los sectores económicos, excepto la agricultura, mantienen una productividad inferior a la media de la eurozona.

Con todos estos datos, repito, ¿de verdad es el momento de plantearse la reducción de la jornada con el mantenimiento del salario de los trabajadores? La propia gobernadora en funciones del Banco de España, Margarita Delgado, advirtió en julio de este año de los grandes retos a los que se enfrenta el mercado laboral español: el elevado desempleo y el bajo crecimiento de la productividad. Ninguno de los dos va a mejorar con la implantación de la reducción de jornada. Con todas las medidas implementadas en los últimos ejercicios, el Ministerio de Trabajo solo está logrando un incremento de los costes laborales para las empresas. La CEPYME se atreve a poner una cifra al coste de la medida: 40.000 millones de euros (que conste que nunca me creo demasiado estas cifras redondas que se lanzan). Y aquí no termina la cosa. Siguiente parada anunciada: el coste de las indemnizaciones por despido.

Las negociaciones se retoman el 9 de septiembre. No he mencionado a los sindicatos. De manera consciente. Su gran aportación al proceso negociador es el anuncio de movilizaciones si no se impone la reducción al Yolanda’s way.

Deja un comentario Publicado en Economía, Política

La reducción de la jornada laboral (I): esa cosa no tan chulísima

JOSEAN, 31/07/2024

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz proclamó muy ufana hace tiempo que “el Gobierno hace cosas chulísimas todos los días”. En este blog ya hemos dedicado varias entradas a algunas de ellas, a sus efectos chulísimos y a los que no lo han sido tanto:

Las 40 horas semanales

La jornada de trabajo lleva establecida en las 40 horas semanales desde hace algo más de cuatro décadas, concretamente, desde el 30 de julio de 1983, cuando entró en vigor junto con el derecho de los trabajadores a 30 días de vacaciones remuneradas. Hace un siglo, la jornada de trabajo superaba las 3.000 horas anuales, con solo un día de descanso a la semana, mientras que en la actualidad los convenios tienen una media de 1.713 horas. Esta drástica reducción se logró por el incremento de la productividad y la incorporación de innovaciones tecnológicas a los procesos de fabricación, la automatización de procesos o las mejoras en la distribución. El debate sobre la reducción de la jornada actual se puede plantear en un escenario en el que haya una mejora de la productividad, o bien, en el que dicha medida vaya a suponer un incremento del empleo, un mejor reparto de las tareas. De lo contrario, solo va a suponer un incremento de los costes laborales, una reducción de la competitividad de las empresas y con ello, un impacto negativo para las más pequeñas.

Como ejemplo de que el acuerdo es posible, buena parte de los convenios colectivos cerrados entre la patronal y los sindicatos en el último año se acercan a las 37 horas semanales. Esta situación afecta a poco más de medio millón de empleados, pero son consensos en la línea de reducción. Según la EPA de 2023, la jornada media en España se situaba en 37 horas y 42 minutos, aunque, como ocurre con todas las medias, con un reparto desigual, con unos once millones de trabajadores por encima de las 40 horas semanales, bien por horas extras o por pluriempleo. Buena parte de los convenios sectoriales en actividades intensivas en mano de obra ya tienen una jornada de 35 horas (servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, asistencia social, recogida y tratamiento de residuos, administraciones públicas…), luego no se verán afectados por la medida.  

El ministerio de Trabajo

La ministra de Trabajo no ha dejado de proponer cambios en la normativa laboral desde que está en el puesto. Seguramente es lo que se le debe exigir a un ministro, que curre, que trabaje, que se gane el sueldo, si bien, en el caso de Yolanda Díaz, estoy seguro de que muchos (empresarios y autónomos) habrían deseado que frenara en su afán regulador. El problema surge cuando el motor de todas estas decisiones no es económico, sino ideológico. En un resumen simplista del pensamiento de la ministra, los empresarios son malvados explotadores y los trabajadores tienen que cobrar más por menos trabajo. El planteamiento es reducir la jornada a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025.

El número dos del ministerio, Joaquín Pérez Rey, planteó el debate tirando de tópicos: “se trata de que tanto los camareros, como los trabajadores de las auditoras y los banqueros” tengan un máximo de jornada laboral. “Se trata de democratizar el tiempo de descanso”.

No sé si el afán de la ministra por forzar la situación y amenazar con aprobar la medida por decreto se debe a la necesidad que tiene de hacerse visible o “útil” tras los fracasos electorales de su nueva marca, pero si así fuera, alguien tendría que decirle que hay otra manera de hacer las cosas y alcanzar un consenso. Ha puesto varias fechas límite y ultimátums a la patronal para adoptar la medida sin valorar que no se puede hacer tabla rasa en todos los convenios.

La realidad es que hay recorrido para la propuesta y para alcanzar un acuerdo sobre la misma, como lo había con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional, por cierto, que, sin embargo, se aprobó por las bravas y sin incluir los propios compromisos anteriores del gobierno: no hubo medidas especiales para el sector agrario y no se incorporó la revisión de los salarios en los contratos con las administraciones públicas.

La señora ministra parece que solo escucha a los líderes de los sindicatos. Mejor dicho, escucha a todos los representantes sociales, se reúne con todos, pero desatiende las propuestas de los empresarios y sigue la senda que le marcan Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO). En su ceño perennemente fruncido tiene marcado que todas las medidas que supongan un incremento de los costes laborales son buenas para el trabajador y malas para el gran empresario, y no es capaz de entender que no es así, pese a las evidencias en sentido contrario. El informe del Banco de España sobre las diferentes subidas del SMI ponía de relieve que:

  • El sector agrario fue claramente el más afectado.
  • Las pymes y micropymes, que representan el 99 por ciento del sector empresarial español, fueron las que absorbieron el mayor impacto del incremento.
  • Las grandes empresas tenían un porcentaje bajo de trabajadores sujetos al SMI, favorecidos, por tanto, por la medida y gracias a ello sufrieron un impacto menor.
  • Hubo un repunte de las horas trabajadas y no cotizadas, un aumento de la economía sumergida (seguramente, en esas micropymes antes mencionadas).

Recuerdo estas conclusiones de aquel informe porque los resultados de la medida de reducción de jornada pueden afectar de un modo similar a los mismos sectores y a los mismos trabajadores.

Postura de los sindicatos

Raúl Olmos, de Comisiones Obreras, indicaba que “la tendencia es a reducir la jornada, y eso se da con mayor intensidad en épocas de bonanza y en etapas de inflación”, ya que se utiliza para compensar la pérdida de poder adquisitivo: a menor salario real, menos horas trabajadas. Cabría preguntar dos cosas: una, si vivimos una época de bonanza en la economía española, y dos, si eso significa que en épocas de baja inflación en los que la revisión salarial ha sido superior el IPC correspondería aumentar las horas de trabajo.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, indicó a principios de año que la reducción de jornada era una de las prioridades que se marcaban para 2024: “en España se trabajan muchas horas, somos uno de los países de la Unión Europea que más horas presenciales tiene. Sin embargo, no somos de los más productivos. Hay países con jornadas más bajas y mayor productividad, por tanto, se trata de acabar con el presencialismo y aumentar productividad”. Sin reducción del salario, claro. Ya. Entiendo, su única aportación es que los trabajadores vayan menos a las oficinas o a sus centros de trabajo, y así serán más productivos. De verdad que no entiendo su papel desde hace años, como en la lucha contra el absentismo, por ejemplo.

El mismo Pepe Álvarez señalaba que pretendían forzar el acuerdo antes de junio, porque “más allá de junio no tiene ningún sentido”. Los principales sindicatos se sienten fuertes con el apoyo de la ministra de Trabajo y amenazan con iniciar movilizaciones en septiembre, pero no estaría de más recordarles que se encuentran en su momento más bajo de afiliación en décadas, es decir, en el de menor representatividad de los trabajadores.

Postura de la CEOE

Según su presidente, Antonio Garamendi, “el recorte de la jornada laboral, sin merma de los salarios, equivale a regalar a los trabajadores doce días de vacaciones, gratis y pagados por los empresarios”. Es el cálculo resultante de dividir los salarios por el número de horas trabajadas. La patronal ha solicitado que la medida se aplique de manera escalonada, en dos ejercicios, y varias grandes empresas han explicado a los responsables del ministerio de qué manera han flexibilizado sus jornadas, adaptando las horas semanales o mensuales en función de los períodos punta o valle de su facturación.

Lo que no está dispuesta a aceptar la patronal es el ultimátum de la ministra, como dijo su presidente en la asamblea anual celebrada a principios de julio, al afirmar que “gobierna contra las empresas”. “Gobernar para cumplir pactos políticos es gobernar contra las empresas, contra los ciudadanos y hasta contra los propios votantes”. La posición del ministerio de forzar el tope de las 37,5 horas semanales a lo largo de 2025 ha sido rechazada por la CEOE por hacer tabla rasa con todos los trabajadores y en todos los convenios: la reducción ya se pacta con los sindicatos en la negociación colectiva, en los sectores y empresas que pueden hacerlo. Esta es una de las claves, en especial, en un mundo tan globalizado en el que los competidores no juegan con las mismas reglas (lo comentado en este blog sobre el CBAM, los derechos de emisión o la normativa sobre el plástico es igualmente válido en este debate).

Postura de Cepyme

La Confederación de Pequeños y Mediamos Empresarios ha sido la organización más dura en sus críticas al gobierno y a la postura del ministerio de Trabajo en este tema. El título de su Manifiesto no puede ser más contundente:

Comienza recordando que “las pequeñas y medianas empresas españolas, que somos más del 99,8% del tejido productivo con cerca de 11 millones de empleos, decimos basta ya a la injerencia del Gobierno en la empresa. Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresa en España”.

El Manifiesto, de 11 páginas, clama por la dignidad de la actividad empresarial, por el cese del control de la empresa y de la sobrerregulación, por el respeto a la negociación colectiva, por la flexibilidad interna de la empresa y la no intervención salarial, por unas cargas sociales y una fiscalidad que no lastren la competitividad, por una ordenación del tiempo y los recursos del trabajo sin injerencias, y por el diálogo social. El cabreo de la Cepyme es evidente. Cada una de las medidas comentadas en este post han ido directamente a la cuenta de resultados de las pymes. Hay que pensar en las micropymes también, empresas con menos de 4 trabajadores (un bar, un pequeño comercio, una peluquería…), ¿de qué manera reducen las horas de apertura, y por tanto, los posibles clientes, con unos costes laborales más altos y unas cargas sociales más elevadas?

En el punto referido a la jornada de trabajo, señalan algo tan obvio como que “reducir el tiempo del trabajo sin reducir la remuneración no solo es una evidente alza de salarios, desligada de la evolución de la productividad empresarial, también es una injerencia en la estructura organizativa de las compañías, que ha sido negociada y pactada con los trabajadores sobre la base de sus exigencias y de la capacidad de las empresas para asumirlas”. Y pone el foco sobre algo tan relevante para el que gestiona un pequeño negocio: “Decretar otro modo de organización de los tiempos y los recursos sin considerar las consecuencias en la productividad, el incremento de los costes laborales, la falta de trabajadores para cubrir el relevo en la producción, ni las características ni vulne­rabilidades de los sectores más afectados, supone una injerencia política de espaldas a la realidad del tejido productivo español”.

Postura de ATA

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) manifestó su rechazo a la reducción de la jornada tal como se ha planteado por parte del ministerio. Su presidente, Lorenzo Amor, justificó la postura contraria porque va “en contra de la negociación colectiva y de la pequeña empresa”. Señaló algo que ya he salido varias veces en este mismo post: que la medida “no afecta a grandes compañías, ni a determinados sectores donde ya tienen de media algunos convenios que están por debajo de la propuesta que se está haciendo”. Sí ataca de lleno al autónomo y a la pyme.

La misma admiración que siento por el dueño de una micropyme es el que tengo por la inmensa mayoría de autónomos, gente que se ve desbordada con tanto cambio y tantas trabas para el desempeño de sus actividades. Lorenzo Amor concluyó con una crítica a la hiperregulación, tan perniciosa para el empresario: “cada día hay una nueva regulación, unas vienen de Europa, otras del gobierno central, otras vienen de las comunidades autónomas, pero cada día tenemos más trabas”.

Las negociaciones se retomaron en este mes de julio, pero ha sido imposible alcanzar un acuerdo. Las partes se emplazan hasta el mes de septiembre.

Continuará en: La reducción de la jornada laboral (II): los costes de la medida

Deja un comentario Publicado en Economía, Política

Hiperregulación (III) y competitividad

JOSEAN, 26/06/2024

Se han publicado recientemente las estadísticas agregadas de 2023 sobre la producción normativa del Estado y las comunidades autónomas, y la situación apenas ha mejorado respecto al año anterior. El pasado ha sido el segundo año de la década con mayor número de páginas publicadas en los boletines oficiales, con unas cifras muy cercanas a las de 2022, casi 1,3 millones de páginas. Si tenemos en cuenta que el gobierno estuvo en funciones casi cinco meses, se comprueba que el parón no sirvió de freno en su capacidad para legislar en exceso y, en ocasiones, con precipitación.

Pese al cierre temporal en las Cortes, se publicaron 683 normas estatales, unas cuatro por día de actividad. En el primer post sobre la hiperregulación, la conclusión que alcanzaba era que el problema no es que se legisle mucho, sino que se legisle mal, o de manera precipitada en muchos casos. Se saca adelante la norma para tratar de solucionar el problema puntual, sin pensar en una medida de futuro. Buena parte de esta hiperactividad normativa se centra en reformas de índole tributaria para incrementar la recaudación y con ello se está afectando la competitividad de las empresas españolas, además de frenar a las que pretenden invertir en nuestro país (Hiperregulación, 2ª parte).

Según un informe de la Tax Foundation, España es el tercer país de la Unión Europea con una fiscalidad menos competitiva, y cita entre sus problemas la distorsión de tasas e impuestos por comunidades, o las continuas alteraciones en el impuesto de sociedades para limitar las deducciones o la reducción de las bases. Otro informe, en este caso de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, concluye que España es el país que grava a las grandes empresas con el tipo impositivo efectivo más alto, el 29 por ciento, por encima de Alemania (28,8%), Francia (26%) e Italia (23,9%).

Es cierto que este porcentaje no tiene en cuenta a las empresas financieras, que en España se han beneficiado de tipos más bajos en los últimos años, pero no deja de ser un tipo impositivo elevado para el resto, con impacto directo en la tesorería de las empresas, y muy alejado del que los sucesivos ministros de Hacienda (de Montoro a Montero) anuncian ocasionalmente en prensa para señalar a las grandes empresas. Con todo, el problema no es el tipo impositivo (si tiene que ser del 20%, como si tiene que ser del 30%), sino lo enrevesado del sistema tributario nacional, con sucesivas reformas contradictorias que llevan años recurridas y que, cuando se resuelven en el sentido que todos los que trabajamos en las empresas esperábamos, como con el impuestazo de Montoro, resulta que han transcurrido ocho años, han mermado las tesorerías de las empresas y ahuyentado a potenciales inversores extranjeros.

No contentos con eso, el gobierno que esté en ese momento en el poder pone cuanto esté en sus manos para frenar la devolución a las empresas, como ocurrió en su día con el céntimo sanitario (La seguridad jurídica salta por los aires), con el régimen retributivo de las renovables o ahora con el impuestazo de Montoro. Como dice el diario Expansión, Hacienda hace una interpretación interesada para no devolver a las empresas todo lo que pagaron de más hace «solo» ocho años.

Entre la hiperactividad normativa, los constantes cambios para incrementar la recaudación en el corto plazo, la lentitud de las resoluciones de los recursos presentados y las trabas para devolver lo cobrado de más, España está retrocediendo a marchas forzadas en todos los índices de competitividad fiscal o de potencial atractivo para las inversiones extranjeras. Según el Índice de Competitividad Fiscal, hemos retrocedido al puesto 31 de 38 países de los países de la OCDE considerados:

No es un asunto exclusivo de este gobierno, sino que viene de mucho tiempo atrás (el que quiera, que busque en este mismo blog y que compruebe que no es un tema partidista) y se observa en cada nuevo informe que se publica sobre calidad institucional, eficacia de los sistemas tributarios o control del gasto público. Uno de los últimos informes del BBVA Research, sobre la inversión en España y en la Unión Europea, analizaba datos del Banco Mundial y concluía que «de 1996 a 2022, España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Chipre y por delante de Hungría, donde más ha empeorado la calidad institucional, lo que desincentiva la inversión en capital físico y humano y en I+D».

Vale, venga, ya, el panorama es desolador, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Este informe del think tank Multinacional.es recoge algunos datos más sobre el panorama actual y algunas propuestas de mejora. La llamada «buena legislación» (el better regulation anglosajón) debería caracterizarse por varios factores:

  • Previsibilidad: para garantizar certidumbre a los potenciales inversores.
  • Simplicidad: normas de fácil interpretación y que no conduzcan a ambigüedades o nuevos recursos.
  • Minimización de las cargas administrativas: el ordenamiento jurídico español, con la distorsión autonómica, no facilita la reducción de la carga.
  • Participación ciudadana: contar con las asociaciones y organizaciones reconocidas para aportar elementos de juicio ante el problema sobre el que se legisla.
  • Evaluación de impacto ex ante: valorar los posibles efectos de la norma aprobada, medir su impacto y, sobre todo, derogar lo que deja de tener vigencia.
  • Evaluación de impacto ex post: verificar el cumplimiento de los objetivos y la interacción con las normas existentes. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a que cada nueva norma lleve aparejada una ristra de problemas o contradicciones con las ya existentes.

El Informe tiene un apartado muy interesante sobre el cumplimiento del Plan Anual Normativo del gobierno, muy significativo de lo que está ocurriendo. Se trata de un Plan que se publica cada año en el que el gobierno anuncia las iniciativas legislativas que pretende aprobar cada ejercicio. El análisis se centra en el cumplimiento del Plan Anual de 2021 (PAN-21) y concluye que:

  • Se han aprobado el 57 por ciento de las iniciativas previstas y otro 37 por ciento comenzaron su tramitación.
  • Por otro lado, una cantidad ingente de normas no previstas se sacaron adelante. 261 nuevas normas: una reforma constitucional, 32 reales decretos-leyes, 3 leyes orgánicas, 9 ordinarias y 216 reales decretos.
  • Se han aprobado 31 de las 43 normas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo cual no está mal del todo, es un cumplimiento del 75 por ciento de lo previsto. Pero es que se aprobaron otras 56 normas asociadas al Plan de Recuperación que no estaban previstas en el PAN-21.

Todo esto lleva a pensar en la improvisación. O en algo peor que la improvisación: la necesidad de atender a los compromisos con los socios de gobierno. A los que trabajamos en las empresas nos traen de cabeza con tanto cambio y tanta adaptación a los nuevos requerimientos. Al inversor extranjero lo espanta. Por tratar de aportar algo al debate, ¿qué propone este informe?

  • Previsibilidad normativa: el cumplimiento de los Planes Anuales Normativos y la reducción sustancial de las normas no previstas en los mismos.
  • Simplicidad normativa: derogar numerosa legislación obsoleta y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional para evitar la fragmentación de mercado (imposible, I know). Solo el 15 por ciento de ese millón y pico de hojas de normativas provinieron del Estado.
  • Minimización de las cargas administrativas: un mantra tan repetido desde hace décadas que suena a utopía. Plantéate abrir tu negocio y verás lo que es vivir El proceso de Kafka en tus carnes.
  • Incremento de la participación ciudadana: evitar la costumbre tan extendida de los gobiernos de Sánchez y Aznar de esquivar los trámites de audiencia, las consultas previas y las consideraciones de las asociaciones que pudieran verse afectadas.
  • Evaluación de impacto ex ante: la precipitación conlleva los numerosos errores de cálculo de los que ya hay numerosos ejemplos (tasa Google, tasa Tobin, impuesto al plástico, a los residuos en vertedero). ¿Es mucho pedir que haya rigor en los cálculos?
  • Evaluación de impacto ex post. Continua, constante, para evitar la desactualización, los costes innecesarios y derogar todo lo que obstaculiza la iniciativa empresarial.

Creo que no soy el único que está agotado solo por intentar estar actualizado, lo cual resulta imposible. Así que me entran ganas de pensar en la jubilación y hacer cálculos, pero va a cambiar tantas veces la norma de aquí a «que me toque» que no me atrevo ni a empezar.

En el próximo post trataremos de ver cómo ha afectado toda esta hiperactividad normativa a los Fondos Next Generation, ese dineral que se suponía que iba a dar un impulso a la economía española (espero no tardar mucho en escribirlo, porque me pueden cambiar todo en semanas).

Relacionados:

La seguridad jurídica salta por los aires (I)

La seguridad jurídica salta por los aires (II)

Las grandes corporaciones son malas (I)

Las grandes corporaciones son malas (II)

La regulación entra en casa

Populismo tributario (I): hombre rico, hombre pobre

Populismo tributario (II): Papá Estado

Montoro miente

Cuando Hacienda reconoce su incapacidad

Populismo legislativo

Deja un comentario Publicado en Economía

El «arancel verde» (II): el CBAM

JOSEAN, 11/05/2024

El CBAM, el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, nace como una de las principales medidas del paquete Fit for 55 de la Unión Europea para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (“fit”, para ajustarse a una eliminación de, al menos, un 55 por ciento en comparación con los niveles existentes en 1990).

Cuando la Unión Europea planteó su ambición en materia de clima, al menos supo ver y entender que la reducción de emisiones en su territorio no aseguraba una disminución a nivel mundial, al margen del riesgo que se corría de que la producción se trasladara a países sin las obligaciones comunitarias en esta materia. Otra losa adicional para la competitividad de la industria europea. En el propio vídeo patrocinado por la Unión Europea explican el mecanismo como una medida para reducir las emisiones comunitarias y para “animar” a otros países a producir bajo un modelo menos contaminante:

La primera parte de estos dos textos se centraba en lo que dicho mecanismo tenía como barrera comercial para países con legislaciones más permisivas en materia medioambiental, mientras que esta segunda estará dedicada a su funcionamiento y los problemas de implementación que puede encontrar. No es un impuesto a las importaciones, ni tampoco funciona exactamente como un arancel, sino que consiste en un complejo mecanismo de declaraciones anuales y compra de certificados CBAM que acrediten el pago de las emisiones de los productos importados.

Compatibilidad e interacción con los derechos de emisión

El mecanismo supone, en palabras de Julián Illanes, de EY España, un “cambio radical” respecto a las anteriores políticas comunitarias en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Lógicamente, su implantación sustituirá de manera progresiva el anterior régimen, consistente en la asignación gratuita de derechos y las compensaciones por las emisiones indirectas. Además, se confía en acabar con la especulación que supusieron estos derechos en los últimos años como consecuencia de la reducción de la disponibilidad en el mercado (recordad El mercado de humos).

El mecanismo anterior, que lleva funcionando desde 2005, se creó en su momento para que las empresas abonaran por el teórico coste medioambiental de sus emisiones. La estimación de partida era que se situara en torno a los 20 euros por tonelada de CO2. Sin embargo, el problema surgió con las sucesivas reducciones de los derechos existentes, que provocaron que los precios se dispararan hasta casi 100 euros por tonelada en los momentos álgidos. Este funcionamiento se sustituirá de modo gradual para que, a partir de 2034, la compra de los certificados CBAM sea equiparable al coste de los derechos de emisión que se pagan en Europa.

Sectores afectados

El CBAM se aplicará al principio únicamente a las industrias más contaminantes, entre las que se han considerado en esta primera fase:

  • Cemento.
  • Hierro y acero.
  • Aluminio.
  • Fertilizantes.
  • Producción de hidrógeno.
  • Electricidad.

La idea es que el mecanismo se extienda posteriormente a otros sectores y actividades hasta cubrir prácticamente todos, con objeto de incidir directamente en la emisión de gases por la vía del gravamen. Si bien la Unión Europea planteó este arancel inicialmente por su contribución medioambiental (no solo por la propia reducción global de emisiones, sino como una manera de evitar la llamada “fuga de carbono”), y no como una medida con fines exclusivamente recaudatorios, algunos estudios han medido ya su posible impacto económico en entornos del 0,1% del PIB de la Unión Europea.

Ámbito geográfico e implantación

El CBAM excluye de su aplicación a las mercancías originarias dentro del propio territorio comunitario, más otros países que se han adherido a los acuerdos sobre el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. La situación actual de los fabricantes europeos (y su desequilibrio competitivo) se ve claramente definida en este cuadro de la consultora KPMG:

El sistema de asignaciones gratuitas seguirá funcionando en una primera fase y se compatibilizará con la entrada en funcionamiento del CBAM a partir de enero de 2026:

Si bien la idea es que este sistema se suprima definitivamente a partir de 2034 y funcionen exclusivamente la compra de derechos de emisión en la Unión Europea para los fabricantes europeos y los derechos CBAM para los importadores de productos fabricados fuera del territorio comunitario:

En 2024 nos encontramos en la fase de recopilación de datos, un proceso que durará desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025. Durante este período los importadores y las instalaciones están obligados a presentar las declaraciones con efectos meramente informativos, pero opera un régimen sancionador por incumplir con la obligación de informar. El proceso es complicado por las propias mediciones y por los fallos que hubo en la plataforma diseñada por la Unión Europea, lo que obligó a prorrogar treinta días el plazo para presentar las declaraciones del último trimestre de 2023. Durante el período de transición, se podrán calcular las emisiones con los valores por defecto aceptados por la normativa comunitaria, pero a partir de 2026 las emisiones reales podrán ser verificadas, y el régimen sancionador por las declaraciones incorrectas u omitidas son elevadas, de hasta 100 euros por tonelada no notificada, más una sanción de 3 a 5 veces el importe resultante por cada certificado no entregado.

Compatibilidad con la normativa de la OMC

Con la igualdad de costes se pretende salvar la controversia surgida acerca de su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Algunos países entre los más contaminantes, como la India, ya han anunciado sus recursos contra la implantación del CBAM. También fue objeto de controversia en la Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) celebrada en agosto de 2023 en Johannesburgo, en cuya declaración final conjunta se oponían «al uso de la lucha contra el cambio climático como pretexto para establecer barreras comerciales a nivel internacional».

La respuesta de las autoridades europeas es que el coste a pagar por las emisiones es el mismo, ya sea por la producción en territorio comunitario o extracomunitario, bien sea por los derechos de emisión o por la adquisición de los certificados CBAM. Y si el producto extracomunitario paga en otra legislación por sus emisiones, se puede deducir dicho coste del pago del CBAM. En abril de 2023 había registradas 73 iniciativas de precios de carbono en el mundo, pero casi todas ellas con precios por tonelada considerablemente más inferiores que los comunitarios. Según el informe de EY, el precio medio es de unos 2 euros por tonelada:

Los norteamericanos Nicholas Stern y Joseph Stiglitz (Nobel de Economía en 2001) criticaron los cálculos realizados en su día por la administración de Barack Obama respecto al coste que debía tener la tonelada de dióxido de carbono emitida, de unos 50 euros. Según sus cálculos, para cumplir con los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París para 2030, este precio debería rondar los 100 euros/tonelada.

Problemas de cálculo

El CBAM va a suponer un reto enorme por la dificultad de controlar su gestión, por la fiabilidad de los datos aportados o por los múltiples intervinientes en el proceso. Un producto puede estar semielaborado en Taiwán con materiales adquiridos en Pakistán e Indonesia e importado en la Unión Europea para su transformación posterior por una empresa europea, que además, podría vender el producto en territorio europeo o exportarlo. En un mundo tan globalizado como el actual, con múltiples intercambios comerciales y especialización por componentes, va a ser fundamental el análisis de la cadena de suministro de los productos, la electricidad consumida durante el proceso y su origen, la trazabilidad de las materias primas empleadas y la fiabilidad de las agencias medidoras de las emisiones.

Medir la huella de carbono de un producto que ha recorrido medio mundo… ya. Sencillo.

El reto es mayúsculo desde el punto de vista del seguimiento de los datos, el control efectivo de las emisiones y los costes arancelarios/fiscales de los intervinientes en el proceso, pero hay muchos recursos puestos en ello. Y aún más recursos en lo que debe resultar al final de todo este proceso: unas innovaciones tecnológicas que permitan dirigirnos a una actividad económica descarbonizada.

Por si este breve resumen del CBAM ha dejado dudas al lector, la Comisión Europea vio todo esto algo tan «sencillo» que publicó una guía de «solo» 34 páginas con las FAQ’s (Frequently Asked Questions), las respuestas a esas pequeñas dudas que a todos nos genera este ambicioso proyecto.

Relacionados:

1 Comentario Publicado en Economía, Política

El «arancel verde» (I): la guerra comercial

JOSEAN, 17/04/2024

Hace casi cinco años, en aquellos dos textos en los que comentaba sin tapujos que terminaríamos poniendo «una gran muralla a China«, hacía referencia a los movimientos surgidos en la Unión Europea para el establecimiento de una especie de «arancel verde» a los productos importados con alta carga de emisiones de CO2 y que provinieran de países con una legislación en materia medioambiental mucho más débil que la europea. Por no decir inexistente. Buena parte de las medidas recogidas en el Pacto Verde Europeo afectan a la competitividad de las empresas europeas y serían un suicidio económico si no vinieran acompañadas por otras como las recogidas en el plan con nombre de oferta de gimnasio: Fit for 55.

Parece obvio que ajustarse a toda la legislación medioambiental y producir bajo criterios ESG encarece el coste de fabricación de los productos, pero es el camino iniciado por la Unión Europea y por buena parte del mundo, como se traduce por los acuerdos de las diferentes cumbres del clima, convertidas en algo así como El día de la marmota del cambio climático. Según el estudio elaborado por el Real Instituto Elcano en marzo de 2023, lo que pretende la creación de este “arancel verde” es un doble objetivo: “evitar que los requisitos de reducción de emisiones en la industria europea se traduzcan en una fuga de empresas para abastecer el mercado único desde jurisdicciones con legislaciones climáticas más laxas e incentivar el aumento de la ambición climática a nivel global”.

Algunas corrientes sitúan la motivación de este impuesto a las importaciones en la necesidad de impulsar desde Europa los objetivos de acuerdos como el de París en 2015, y otorgar de ese modo a la Unión Europea un papel de liderazgo mundial en materia de lucha contra el cambio climático. Sería otro ejemplo más del llamado “Efecto Bruselas”, que hace referencia a la capacidad de la Unión Europea para ejercer una influencia a nivel mundial, una capacidad que está notablemente por encima del peso que tiene a nivel económico o militar. La Unión Europea ha perdido peso en los grandes núcleos de decisión, seguramente por deméritos propios, pero al menos conserva su posición como potencia regulatoria, como se ha visto en los últimos tiempos en materia de Inteligencia Artificial, mercados de derechos de emisión o protección de datos.

Por el contrario, algunas críticas que ha recibido la medida se centran en lo que supone de nuevo proteccionismo, o “proteccionismo verde”, como define el mismo informe del Instituto Elcano. Esta nueva forma de proteccionismo o de limitación de la competencia extracomunitaria ha sido considerada contraria a la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por algunos países. La propia OMC realizó diversos requerimientos a la Unión Europea acerca del funcionamiento previsto de este nuevo impuesto a las importaciones y la respuesta del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, fue clara: el mecanismo fue diseñado “de una manera compatible con las normas de la OMC y creemos que podemos defenderlo”. “No distorsiona el mercado porque los importadores pagarán por la huella de carbono de sus productos el mismo precio que pagan los productores domésticos”. No solo eso, sino que además tendrá en cuenta cualquier gravamen sobre el carbono que se haya aplicado en los países de origen antes de llegar a territorio comunitario. Este “arancel verde” ha tomado el nombre de CBAM, siglas de Carbon Border Adjustment Mechanism, Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera y a su complejo funcionamiento estará dedicada la segunda parte de este post.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) define la necesidad de este impuesto como parte de la ambición climática de la Unión Europea:

Que en el traductor para escépticos viene a ser: “no te lleves la producción fuera porque sea más barato fabricar saltándote los criterios ESG”. Sea por la razón que fuera, económica o medioambiental, China se puso manos a la obra hace años y ha obtenido notables logros en tiempo récord. Hace poco más de una década, China contaba con el 75 por ciento de las ciudades en la triste lista de «las 100 ciudades con el mayor índice de contaminación». En esa clasificación ahora mismo hay 65 ciudades de la India por «solo» 16 chinas. Nueva Delhi lleva cinco años ocupando el primer puesto. Según el Instituto de Políticas Energéticas de la universidad de Chicago, la contaminación en China cayó un 42,3% entre 2013 y 2021.

A Estados Unidos le llevó tres décadas alcanzar una reducción similar, desde la aprobación de la Ley de Aire Limpio en 1970. Para lograr esas reducciones, el gobierno chino redujo su dependencia del carbón (aunque sigue siendo su principal fuente de electricidad), impuso restricciones de circulación a los vehículos más contaminantes, cerró industrias cercanas a los núcleos urbanos y se focalizaron en el desarrollo de energías renovables, que suponen ya la cuarta parte del total de la generación eléctrica del país. China se ha puesto las pilas ¡por fin!, ha mirado a Europa y le ha dicho: «¿queréis paneles solares, aerogeneradores y coches eléctricos? Pues os voy a inundar el mercado».

En 2023, China produjo tantas placas solares como todo el mundo en 2022 e hizo que los precios disminuyeran un 50 por ciento, unos precios tan bajos que pueden acabar con toda la competencia que les pueda surgir. Además, aumentó la capacidad eólica un 66 por ciento. Como respuesta, la Unión Europea ha iniciado una investigación a los fabricantes de turbinas eólicas ante las sospechas de haber recibido ayudas ilegales que distorsionen la competencia y el mercado europeo.

Ya no es una cuestión de protección del medio ambiente, sino de la industria europea. El tradicionalmente ultraproteccionista sector de la automoción impidió durante años la entrada de vehículos chinos en Europa con la excusa de los incumplimientos en materia de emisiones de gases y medidas de seguridad. Hasta que saltó el escándalo de la manipulación de las emisiones por parte de Volkswagen en 2015, que emitían hasta cuarenta veces más que el estándar legal cuando el software «trampa» no estaba actuando. Actualmente, los coches eléctricos chinos están entre los mejores del mercado, se venden a unos precios más que asequibles y la marca BYD consiguió superar a Tesla en 2023 como mayor fabricante de coches eléctricos del mundo.

De una manera u otra, las importaciones de China terminan acaparando el mercado, y aquí es donde la Unión Europea trata de blindarse o de proteger su industria ante «la competencia desleal de compañías y fabricantes chinos dopados por los subsidios estatales, de los efectos de la sobreproducción del gigante asiático y de la penetración de China en algunos de sus sectores clave». (María R. Sahuquillo, art. El País). Los europeos no somos los únicos en esta nueva ola de proteccionismo, como dice el artículo. Estados Unidos lleva tiempo blindando sus cadenas de suministros de la influencia de Pekín y Japón tiene un ministerio con el cometido de salvaguardar su seguridad económica.

La Administración Biden aprobó en 2022 el mayor plan de incentivos fiscales y presupuestarios con propósitos medioambientales, cifrado en 700.000 millones de dólares, lo cual, apoyado por otra serie de medidas a las empresas e industrias nacionales, ha logrado reducir su dependencia de las importaciones asiáticas de un 45 por ciento al 32. Hay un trasfondo económico y comercial claro detrás de todas estas medidas. O como dice este artículo de Piergiorgio M. Sandri para La Vanguardia: «La debilidad de Europa arrastra el comercio mundial a una caída histórica» en un «annus horribilis» para el comercio mundial, en el que «los intercambios de mercancías cayeron un 5%» y «se desplazan cada vez más hacia economías que se consideran amigas».

Subsidios estatales chinos, incentivos norteamericanos, proteccionismo japonés… Europa no puede quedarse rezagada, no solo con planes de ayuda pública como los fondos Next Generation, sino que finalmente ha decidido subvencionar directamente a la industria solar con el llamado Solar Charter, acordado por 23 países. E incluso puede ir más allá, como se ha planteado con el posible establecimiento de los aranceles verdes a las marcas chinas con carácter retroactivo, algo que puede chocar con la OMC y con los principios más elementales de la seguridad jurídica, pero es que la batalla que se libra es mucho más profunda. Es de supervivencia económica, como se aprecia en los trabajos encargados por la Unión Europea a Mario Draghi y Enrico Letta para la mejora de la competitividad y del funcionamiento del mercado interior.

La estrategia china siempre va unos pasos por delante y su manera de evitar los nuevos impuestos o las barreras será fabricar directamente en territorio europeo. Con las economías de la eurozona muy tocadas, será difícil que algún gobierno se oponga a una inversión china en su territorio. En esa línea están los acuerdos de la marca china de vehículos eléctricos Chery para instalar una fábrica en Barcelona (en la antigua Nissan) o el proyecto de BYD para llevar su producción a Hungría.

En mitad de este contexto incierto, se dan los primeros pasos para implantar el prometido «arancel verde», el CBAM. Hay numerosas dudas acerca de su funcionamiento, de la efectividad que tendrá, de los productos que gravará, de las mediciones paralelas o sobre las alternativas para esquivarlo. Esperemos que tenga mayor éxito que los impuestos al plástico y al depósito de residuos en vertedero que se han implantado recientemente en España, aunque encierra algunas lagunas en su funcionamiento parecidas a las de los mencionados. Sobre dicho funcionamiento tratará la segunda parte.

El «arancel verde» (II): el CBAM.

Relacionados

Deja un comentario Publicado en Economía, Política

La subida del SMI y las revisiones de precios en los contratos públicos

JOSEAN, 21/01/2024

No hubo consenso entre el Ministerio, la patronal y los sindicatos, y finalmente la subida del salario mínimo será de un 5 por ciento, tal como había anunciado la ministra de Trabajo y vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz. Esta cifra fue pactada con los sindicatos, pero no con una patronal a la que se trató de sumar a un acuerdo inferior con una propuesta extraña: “O firmáis el 4% o lo subimos más”. Que fue lo que ocurrió. La ministra trató de justificar ante los medios este aumento por la fuerza como una lucha ganada a las grandes empresas, si bien, lo cierto es que su impacto se va a notar especialmente en las más pequeñas, las que componen más del 99 por ciento del tejido empresarial español.

Fue un desenlace que causó bastante malestar en los empresarios, tanto como las declaraciones posteriores de la ministra. Lo cierto es que unos meses antes, en mayo, en la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, habían pactado lo siguiente:

Como la inflación de 2023 se quedó en el 3,1%, era lógico pensar que los incrementos, también los del SMI, quedarían en el 3%, o en un máximo del 4% si decidían añadirle los impactos acumulados de la inflación. Pero es que, además, en ese acuerdo suscrito entre la patronal y los sindicatos, se instó al Gobierno a modificar la normativa de revisión de precios de los contratos del sector público:

Las organizaciones empresariales habían tratado de alcanzar un consenso entre el 3 y el 4 por ciento, si bien su oposición a esta subida se centraba fundamentalmente en dos aspectos:

– El impacto sobre el sector agrario, al cual proponían excluir o bonificar de algún modo.

– La posibilidad de trasladar dicha subida a los precios de los contratos con las administraciones públicas.

La nota de prensa publicada tras la aprobación por las bravas del incremento dejaba a las claras el malestar de los empresarios:

Pues no. Ni lo uno, ni lo otro, ni alternativas. Lo triste es saber que esto no va de victorias contra los malvados empresarios, o contra esos directivos con sueldos «estratosféricos» que habrá que revisar o abrasar con medidas fiscales. Ha faltado análisis y rigor en el ministerio. porque se trata de la supervivencia de miles de empresas y también, posiblemente, impactará en la calidad de los servicios públicos. Las grandes empresas van a experimentar un impacto en sus cuentas por este incremento, pero será reducido, controlado, puesto que la mayoría de sus empleados se hallan por encima del salario mínimo, y podrán absorberlo en su mayor parte.

En su momento, en este blog ya dediqué una entrada completa a los efectos de la subida del SMI de 2019 y a las conclusiones del Informe del Banco de España. El Banco de España advertía de que el mayor impacto lo habían experimentado las empresas con menos de diez trabajadores, que son más del 95 por ciento, así como que se había producido un «menor crecimiento del empleo en los colectivos con menores salarios», entre 94.000 y 180.000 empleos menos según las fuentes utilizadas. El pequeño comercio, el sector agrícola y la hostelería fueron los sectores más afectados, y además se produjo un aumento de la economía sumergida, al reducirse las horas reales cotizadas: «tras una subida de SMI, algunos puestos de trabajo pueden haber permanecido activos, pero con una reducción en las horas trabajadas, por ejemplo, mediante el paso de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial». «El resultado en estos casos sería una caída en las horas trabajadas, y no en el empleo», y se produjeron «desaceleraciones superiores a las observadas en la actividad económica«.

El sector agrícola ya aparecía muy perjudicado en aquel informe del Banco de España y su situación ha empeorado más en los siguientes años por todos los factores que se le han sumado: sequías, incrementos del precio de los combustibles y los fertilizantes por los distintos conflictos, normativa europea y ahora, subida de salarios y cotizaciones sociales. Por mucho que los precios hayan subido por encima de la inflación, el sector acumula cuantiosas pérdidas. La CEOE y la CEPYME solicitaron que se les excluyera de la subida forzosa del SMI o se bonificara de algún modo al sector (cuotas a la Seguridad Social, por ejemplo), pero no se hizo caso a esta reivindicación, como tampoco a la segunda.

La regulación sobre las revisiones de precios de los contratos con el sector público

Hasta la aprobación de esa ley de nombre horrible llamada «de desindexación» de la economía española, los contratos con las administraciones públicas estaban sujetos a revisiones de precios con objeto de adecuar los importes percibidos por los contratistas con los incrementos de costes que se pudieran producir, ya fuera por aumento en los costes de las materias primas, el combustible, los costes laborales o la inflación en general. Esta ley lleva en vigor desde 2015 y fue una idea terrible del equipo de Cristóbal Montoro para «evitar los efectos de segunda ronda», como indicaba en el Preámbulo. Claro que contaba con una situación de inflación reducida o controlable, no con la situación que hemos vivido en los últimos años.

El problema es que muchos de estos contratos con las administraciones públicas son plurianuales, afectan a varios ejercicios, y cualquier impacto en los costes recae directamente sobre los contratistas. La ley tiene varias excepciones que sí permiten las revisiones, como cuando la duración es superior a cinco años y el contratista tiene que afrontar inversiones con un período de amortización prolongado. Lo contrario sería un suicidio económico para el contratista y llevaría a otra figura impropia de un país serio como es el «enriquecimiento injusto de la administración«, que es donde se está llegando en muchos casos.

Desde la entrada en vigor de esta ley, los concursos públicos han estado a medio camino entre la bola de cristal voluntariosa y el órdago para los contratistas, los cuales cruzaban los dedos para que los costes no se dispararan en exceso o muy por encima de sus estimaciones. Pero con el precio del gasoil, del gas, de la electricidad o de los materiales de construcción por las nubes, todo se ha ido al garete. Y ahora se le suman los costes laborales, incrementados desde la administración pública muy por encima de lo que es el «riesgo y ventura del contratista».

En abril de 2023 el gobierno se comprometió a mejorar las revisiones de precios de los contratos de obras y a incluirlas en los de servicios, pero mantenía los costes laborales fuera de cualquier posible mejora. No solo eso, sino que la enmienda planteada para la construcción resultaba ridícula y con condiciones que reducían sus efectos notablemente, tanto en importe como en plazos considerados. En mayo, el director de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el abogado del Estado Miguel Pardo, abandonaba su puesto tras seis años. Entre sus responsabilidades, mediar entre los contratistas y la administración pública y lidiar en los conflictos de interpretación sobre concursos, revisiones de precios y reequilibrios financieros.

Como indicaba ABC en su artículo, «las subidas del SMI se han comido gran parte de la rentabilidad esperada de muchos contratos públicos y han generado una avalancha de litigios. El criterio de Hacienda ha sido no compensar esas subidas al considerarlas un riesgo inherente al contrato». Es una tomadura de pelo. Porque no hablamos del precio del gasoil, la electricidad o algún material escaso en nuestro país, sino de un coste laboral que incide directamente en los contratos y que se fija cada año por el propio gobierno. Un 54% de subida acumulada desde 2018, que puede parecernos muy bien, pero que no queda ahí. Porque el problema no es el SMI, sino la idea de que el contratista puede con todo, que para eso «gana mucho dinero», deben pensar en el ministerio. La subida del SMI no afecta a todos los convenios ni las categorías (por suerte), pero a ello hay que añadirle los continuos incrementos en las cotizaciones a la Seguridad Social, las dotaciones a ese invento reciente que es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, las subidas por encima de la inflación de los topes de cotización, los incrementos en el impuesto de sociedades, los nuevos impuestos (vertedero y plásticos, ya tratados aquí),… Y lo siguiente, como ha advertido la ministra Yolanda Díaz, será la reducción de jornada, pero manteniendo los salarios. Es decir, a costa del empresario.

Puede parecer que hablamos de un problema de las empresas grandes, pero no es exclusivo de ellas. A la patronal de las grandes constructoras Seopan se unió la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI) en su reclamación de modificaciones de la Ley de Desindexación y la incorporación de los costes laborales.

«Pues que no se presenten a los concursos», es otra de las respuestas que he escuchado en alguna ocasión. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.

Así que no es solo el SMI, es la tendencia, el ataque directo a la competitividad de las empresas españolas. En el sector más afectado por la subida de los costes laborales, que es el de los servicios, los grandes grupos empresariales españoles han vendido sus divisiones o están en proceso de hacerlo: ACS (Urbaser fue vendida en su día a un fondo chino, y ahora se busca comprador para Clece), Sacyr (Valoriza Servicios Medioambientales a Morgan Stanley y Sacyr Facilities a Portobello/Serveo), Ferrovial (Cespa a los alemanes PreZero y Ferroser), FCC (ha vendido el 25 por ciento de la filial de medioambiente a un fondo canadiense),… Igual es una estrategia que nos cuesta entender.

Las pymes no están mucho mejor. Su presidente, Lorenzo Amor, se quejaba recientemente por el hecho de que el gobierno «se inmiscuya cada vez más en las relaciones laborales» con unos costes al alza y una productividad que no deja de descender.

Quizás haya que confiar en la ministra y su equipo, que hacen «cosas chulísimas», como las nuevas ocurrencias de las autobajas voluntarias o la modificación del registro de jornada. Todo sea para que todos (y todas) podamos irnos antes a casa a hacer aquello que nos relaje.

Relacionados:

La subida del SMI

Hiperregulación (I)

Hiperregulación (II)

La seguridad jurídica salta por los aires (I)

La seguridad jurídica salta por los aires (II)

Deja un comentario Publicado en Economía, Política

Hiperregulación (II): efectos

JOSEAN, 22/10/2023

(Viene de: Hiperregulación (I): situación)

Es necesario simplificar, y aunque pueda parecer que lo afirmo desde una óptica empresarial y por tanto interesada, fue la propia presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, quien se manifestó recientemente en términos similares:

“Necesitamos un sistema tributario más estable, más seguro y lo más simplificado posible”. Suscribo cada palabra de este párrafo: “la reforma fiscal que necesita España requiere sosiego. Para que haya mantenimiento del gasto público tiene que haber figuras tributarias que se ajusten a la realidad, a los principios constitucionales de capacidad económica, progresividad, igualdad y justicia tributaria, pero lo que hemos visto en los últimos años ha sido una vorágine de normas tratando de afrontar el problema del momento sin perspectiva de futuro”. El subrayado es mío.

Ana de la Herrán menciona el caso de Ferrovial, cuya marcha a Países Bajos fue duramente criticada por el actual gobierno. En el momento del anuncio del cambio de sede se habló de seguridad jurídica, así como de las ventajas que el traslado suponía a la empresa española/neerlandesa a la hora de acometer nuevos proyectos e inversiones. Precisamente Ferrovial ha ganado este mes de octubre un pleito con Hacienda por la operación realizada ¡en 2006! cuando culminó la compra de BAA, empresa gestora del aeropuerto de Heathrow. Ferrovial tuvo que provisionar 119 millones de euros por el litigio, que ahora, muchos años y gastos después, podrá liberar. Quizás le vengan bien para provisionar la amenaza recibida, «el riesgo de que la Hacienda española no admita la neutralidad fiscal de esa fusión transfronteriza», como indica la documentación enviada a la Bolsa de Ámsterdam.

Con tanto cambio normativo, estar actualizado es cada vez más complicado, cada vez se generan más dudas en cada operación, en cada cierre fiscal. Una encuesta reciente realizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) revela que la fiscalidad se ha deteriorado de manera considerable en los últimos cinco años (fuente: El Economista). Hasta un sesenta por ciento opina de ese modo. Y si se entra en el detalle, 53 de cada cien encuestados afirman que el sistema se ha complicado, por solo uno que cree que se ha simplificado. La región líder en hiperregulación en la última década, Cataluña, es la que tiene el peor índice en competitividad fiscal y no creo que sea una casualidad, sino una causalidad.

La hiperactividad normativa genera otro problema, que es la baja eficiencia de las empresas. Según el ranking de El Economista, España ocupa el puesto 36 de los 64 países analizados en el ranking de competitividad del Institute for Management Development (IMD). El propio IMD promueve un marco regulatorio más estable para las empresas españolas como una de las principales áreas de mejora.

El sistema tributario ha cambiado demasiadas veces en los últimos ejercicios, y no precisamente para favorecer el emprendimiento (Ayudando al empresario), sino que lo ha hecho solo para incrementar la recaudación, aun a costa de dificultar el trabajo de las empresas. Según el dato de Bloomberg y de la Tax Foundation, España es uno de los países que más gravan la inversión empresarial.

Y hay numerosas inversiones pendientes de ejecutar. En el tratamiento de aguas, España pagará una multa de 80 millones de euros a la Unión Europea por no depurar las aguas residuales. En tratamiento de residuos, España ha recibido una “alerta temprana” de la Comisión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje. En calidad del aire y control de las emisiones de CO2, España fue sancionada en diciembre del año pasado por incumplir la directiva europea en Madrid y Barcelona. Hay otras multas por no adaptar la normativa europea sobre protección de datos, por tergiversar las cifras de gasto sanitario en la Generalitat Valenciana, por las ayudas fiscales al País Vasco… España es el segundo país en la cuantía de las multas y el primero en el número de expedientes sancionadores abiertos por la Unión Europea, debido, entre otros factores, al sistema autonómico y a la fragmentación territorial en 17 áreas.

Es decir, se legisla mucho, pero no se hace bien. La mayoría de estos expedientes se evitaría con las inversiones previstas en los Fondos NextGen para residuos, calidad del aire y las aguas, movilidad urbana, digitalización… Pero resulta que el Banco de España indicaba hace apenas un mes que solo el diez por ciento de las inversiones del plan NextGen había sido ejecutado. España era el país líder en recibir los fondos, pero solo el duodécimo a la hora de ejecutar los proyectos.

El mismo Banco de España alertaba en su informe de la limitada capacidad de administrar los fondos recibidos y de los cuellos de botella generados en la administración, lo que dificultaba sacar adelante proyectos tan necesarios. Hay un fenómeno preocupante que está creciendo en las administraciones públicas y que creíamos erradicado, que es el de “las facturas en el cajón”. Bien sea por la burocracia, bien sea por el retraso en la llegada de los fondos a las administraciones pagadoras, la partida de gastos pendientes se ha disparado en los últimos ejercicios. 7.600 millones de euros, el doble que en 2018. Un problema que se solucionó a martillazos con el Plan de Pago a proveedores de 2012 (recuerden los Premios Montoro a la mala gestión) ha vuelto en este ejercicio a las preocupantes cifras que se alcanzaron en 2011:

Cada vez resulta más complicado gestionar proyectos con las administraciones públicas. Los procesos se alargan, son diferentes en función de las comunidades autónomas, los recursos tardan tiempo en ser resueltos, y pese a la hiperregulación que nos invade, no hay mecanismos ágiles de revisión de precios, ni para la aprobación y cobro de las facturas, ni para dirimir las diferencias contractuales. O los que hay resultan tan farragosos e imprecisos que en la práctica su utilidad se reduce al mínimo. La suma de todos estos factores hace que el número de proyectos que quedan desiertos aumente de manera considerable, como se aprecia en este gráfico del artículo de María Arnal y Manuel García Santana:

Un peligro para la economía, un retroceso en todos los sentidos. El socio de Deloitte Javier Parada comentaba recientemente los Retos en la transformación del sector de la construcción, uno de cuyos puntos es perfectamente válido para el resto de sectores y para todo lo comentado previamente: es preciso cambiar el modelo de relación con las administraciones públicas. “Es necesario implantar nuevos modelos de contratación que equilibren la distribución de riesgos, limiten las ofertas temerarias y aumenten la seguridad jurídica de los contratos a través del arbitraje o la mediación, evitando los retrasos, las desviaciones de costes y la litigiosidad, que causan importantes perjuicios a ambas partes en términos de costes e incumplimiento de plazos de ejecución y son una de las causas de la baja rentabilidad de las empresas del sector y del incumplimiento de las expectativas de las administraciones públicas”. La necesidad de afrontar inversiones en infraestructuras “tendrá un escaso recorrido salvo que las administraciones establezcan un marco regulatorio estable y predecible, que permita una apropiada distribución de riesgos entre sector público y sector privado, una adecuada supervisión de los contratos y una rentabilidad adecuada para la inversión privada”.

Claro que para ello, casi sería mejor echar napalm sobre toda la legislación existente y comenzar de nuevo con una normativa clara, única y duradera. El chiste del día.

Relacionados:

Populismo legislativo

Cuando Hacienda reconoce su incapacidad

La regulación entra en casa

Populismo tributario (I): hombre rico, hombre pobre

Populismo tributario (II): Papá Estado

La seguridad jurídica salta por los aires (I)

La seguridad jurídica salta por los aires (II)

Las grandes corporaciones son malas (I)

Las grandes corporaciones son malas (II)

Deja un comentario Publicado en Economía, Política

Hiperregulación (I): situación

JOSEAN, 10/10/2023

En los últimos tiempos he escuchado o leído varias veces una palabra nueva que, ciertamente, resulta muy poco seductora: “hiperregulación”. Lo dice todo sin decir gran cosa, es una palabra fea que suena a barullo, a atoramiento, a tapón normativo. El gobierno de turno entiende que hay que aprobar una regulación y lo hace de manera hipertrófica. En exceso. O lo que puede tener peores consecuencias, de manera precipitada.

Durante el pasado debate para las elecciones del 23-J, los candidatos mostraron posturas bien diferentes sobre este punto. Pedro Sánchez presumía de haber aprobado normas para afrontar los numerosos problemas a los que se enfrentaba nuestra economía y la sociedad, mientras que Alberto Núñez Feijóo le reprochaba precisamente esa compulsiva necesidad de sacar adelante una nueva norma, ya fuera con rango de ley, del denostado decreto ley, orden ministerial o disposiciones de todo tipo. 385 páginas diarias de nuevas normas en el BOE (en realidad son más), muchas de ellas con tramitaciones de urgencia. Si a eso añadimos la producción normativa de las comunidades autónomas, estar al día y no incumplir se convierte para las empresas y los ciudadanos en una tarea de lo más compleja.

En 2022 se publicaron 1,32 millones de páginas en los distintos boletines oficiales: 254.757 en el BOE y el resto en los distintos boletines autonómicos. En total, fueron aprobadas 1.189 normas con rango de Ley, 849 en el Estado (un tercio por la vía del decreto ley). Esta sobreproducción normativa supone un incremento del 31 por ciento respecto al año anterior y alcanza la cifra más alta de la última década. Pero la crítica no debe centrarse en el número, o solo en el número. Si toda esta regulación fuera aprobada para resolver problemas, bienvenida sea. El problema es que las normas adquieren tal volumen que en ocasiones resultan contradictorias, generan diferencias entre comunidades y dificultan (mucho más que lo que ayudan) la labor de las empresas, que son las verdaderas generadoras de riqueza y empleo del país.

Según este artículo de Expansión, “la hiperactividad normativa en España lastra la actividad económica y el empleo, erosiona la competitividad de las empresas, quiebra la unidad de mercado y genera inseguridad jurídica”. Por su parte, el Foro Regulación Inteligente indica que la hiperregulación nos cuesta entre 36.000 y 48.000 millones de euros anuales y este exceso, que dificulta la labor de las empresas en las diferentes comunidades, supone entre el 1,5% y el 2,5% del PIB.

Desde junio de 2018, los distintos gobiernos de Pedro Sánchez han aprobado 135 “decretazos” por la vía rápida, esquivando el control parlamentario y los informes de los órganos consultivos del Estado. Supera de largo el anterior récord, de José María Aznar, cuyo gobierno sacó adelante 85 decretos entre 1996 y 2000. Por comunidades, la más activa a la hora de producir normas es Cataluña, que lidera la clasificación por séptimo año consecutivo. La reforma laboral, el control de jornada, la desconexión digital, el Salario Mínimo por las bravas, la ley trans, la educación, la financiación autonómica, contra el cambio climático o los efectos de la inflación, se cambia el Código Penal a medida, se legisla sobre el delito de malversación en beneficio de los malversadores… Se ha tratado de regular sobre todas las cosas, e incluso con la pandemia, hasta sobre lo que ocurría en nuestros hogares.

Aunque este post se centra en las normas de carácter económico y fiscal que afectan a la competitividad de las empresas, voy a usar la mal llamada ley del “solo sí es sí” como ejemplo de lo que está ocurriendo: se presenta una norma para cambiar algo que se entiende que no funciona de manera adecuada, se elabora por la vía de urgencia, sin los consensos necesarios, incluso en el propio equipo de gobierno, y sin atender a dictámenes previos, redactada por personas sin la formación adecuada, se aprueba con gran aparato propagandístico y a los pocos meses, cuando se genera otro problema mayor, se promueve una modificación que corrija el desaguisado perpetrado.

Desde hace años toda la normativa fiscal sigue un patrón similar. Los impuestos de naturaleza medioambiental a los que ya me he referido en este blog son un claro ejemplo de esta manera errática de legislar. El impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero está repleto de lagunas que, diez meses después de su puesta en marcha, no han sido resueltas. Y además se interpreta de manera diferente por comunidades. El impuesto sobre el plástico tiene un desarrollo normativo tan impreciso que ahora mismo los sectores afectados están intentando resolver. La fiscalidad medioambiental lleva años en una espiral de creación de nuevas normas y disposiciones que parecen incidir de manera exclusiva en la recaudación y no en la solución real de los problemas. Es tal su producción normativa que ni siquiera los funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) están al día. Este mismo verano, el Ministerio inició el proceso de información pública para el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR). Para cumplir los plazos y poder acceder a los fondos europeos se redujeron los plazos habituales a la mitad.

El problema es que es tal la producción normativa que la propia consulta pública contenía referencias a documentos ya derogados.

Algo similar ocurre con muchas de las iniciativas de naturaleza tributaria que se han acometido en los últimos años, todas ellas con el afán de incrementar la recaudación. La tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a los “ricos”, a las eléctricas, a la banca, las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, en las cargas sociales, en las contribuciones a las pensiones… se ha cambiado todo en este empeño por mejorar la recaudación y detrás de casi todas las medidas había una carga que no era lógica, sino ideológica. Populismo legislativo, y Populismo tributario, dije en su día: Hombre rico, hombre pobre. Y Papá Estado como ente benefactor y redistribuidor de ese incremento resultante de recaudación récord.

No solo se genera inseguridad jurídica (contradicciones entre normas, interpretaciones diferentes entre comunidades, incremento de la litigiosidad), sino que, como advertía el Instituto de Estudios Económicos en su informe de diciembre pasado, todo ello se traduce en “una pérdida de competitividad y de productividad que afecta al conjunto de la economía”, pues “dificulta que empresas y ciudadanos puedan competir en el conjunto del país sin tener que enfrentarse a grandes costes para cumplir con la regulación del sector en el que operan”.

(Continuará en Hiperregulación (II): efectos)