Hace poco más de un año, un grupo de cuatro amiguetes (quede claro que no son los que escriben en este blog), juntaron unos ahorros y se metieron en la aventura de montar su propio negocio, un restaurante. Tres de los cuatro se dedicaban (y se dedican) a sus actividades profesionales habituales, pero colaboraron con el cuarto, la jefa de cocina, con horas, cariño y su visión de negocio, para que el proyecto saliera adelante. En todo este tiempo he ido a comer allí un montón de veces, y siempre he apreciado y valorado ese esmero en la preparación de los platos, ese cuidado por los detalles, muy lejos del rutinario e impersonal menú diario de 12 euros de la mayoría de restaurantes.

En todo este tiempo, les he preguntado varias veces por las dificultades o facilidades que han encontrado a la hora de montar el negocio, y todas las veces me han contado las complicaciones y los problemas que han sufrido. Financieros, por supuesto. Laborales, encontrar la plantilla adecuada, también. Pero sobre todo, burocráticos. Se quejaban de lo laborioso y complicado que resulta montar un negocio hoy en día, por mucho que un par de veces al año leamos en prensa que “se han simplificado los trámites para crear una empresa”.

¿Y las ayudas o subvenciones? “Habéis contratado a siete personas, tendréis alguna ayuda”, pregunté. “Qué va, son tantos los requerimientos para conseguir cobrar 3.000 euros de subvención, que al final lo descartamos”.

¿Y lo de la administración electrónica o la supresión de trámites? “Ja, me descojono”, me contestaron. “La administración electrónica, menuda trola. Los departamentos del ayuntamiento son como compartimentos estancos, y hemos tenido que entregar varias veces la misma documentación. En soporte físico siempre”.

Vaya, pues al menos que se pongan a funcionar y que todo vaya bien, que responda la clientela. Y así ha sido durante estos 16 meses. Pero ocurrió que hace un par de meses recibieron del ayuntamiento un aviso de cierre de negocio, al carecer de la licencia de actividad o de algún permiso similar. Les pregunté por ello, que cómo podían estar funcionando sin licencia, y me contestaron lo siguiente (espero ser capaz de contarlo bien):

“Iniciamos todos los trámites hace un año, hicimos todo lo que nos pidieron, y llevamos ocho meses esperando a que se pase el inspector del ayuntamiento, que nos diga que todo está conforme, o si tenemos que cambiar algo, y a continuación nos darán la puta licencia. Como en todo ese tiempo el inspector no ha pasado por aquí, al otro departamento, el de Urbanismo, le salta la alarma y te manda el escrito que obliga a cerrar, pero a la vez, de palabra, te dicen que no te preocupes, que antes de que llegue esa fecha se habrá pasado el inspector, te hará el informe correspondiente, lo tramitará, te darán el papelito de turno y avisarán al otro departamento para que paralice la clausura”. Joder, qué complicado, qué pérdidas de tiempo para todos.

En esos momentos de desesperación, uno busca información donde puede, y encuentra en internet que el funcionario del ayuntamiento en manos del cual ha caído el expediente es uno de los imputados en la Operación Guateque. Para el que no la recuerde (lo cual es lógico, entre tantas Gürtels, Malayas, Púnicas o Brugales), la Operación Guateque destapó en 2007 una trama en la que estaban inmersos 16 funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Madrid que solicitaban dinero a empresarios y promotores a cambio de agilizar u otorgar licencias urbanísticas.

Los delitos de los que se acusa a los 34 imputados (entre ellos los 16 trabajadores del Ayuntamiento) son cohecho, tráfico de influencias, contra el patrimonio histórico, prevaricación urbanística y ambiental, falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Toma ya. Las últimas noticias que he encontrado son de abril de 2014. La Fiscalía solicita penas de 250 años de cárcel, pero todavía no hay condenados. Quizás estén esperando a las prescripciones de los casos para evitar que a alguno le de por “tirar de la manta”. En otro artículo, más antiguo, de 2011, habla de más de 100 imputados, entre los cuales está Teresa Gabarra, mujer de Alberto López Viejo, un angelito del que ya he hablado alguna vez en estas páginas.

Así que resulta que te has jugado una buena parte de tus ahorros invirtiendo en un negocio sufrido, como es la hostelería en tiempos de crisis, has dado trabajo a siete personas, y ahora la suerte de tu inversión depende de un funcionario que sigue trabajando en el mismo sitio en el que cometió la presunta ilegalidad (una mordida en toda regla). Y por lo que parece, pese a todos los indicios de culpabilidad, puede seguir gestionando expedientes, retrasando o adelantando licencias y ayudando o dificultando el trabajo del empresario. Los cuatro amiguetes me cuentan que hasta tuvieron un debate sobre si el tema se resolvía con una mordida, y en ese caso, a qué importe estaban dispuestos a llegar. Por supuesto, con una indignación tremenda y un cabreo de tres pares, pero tratando de ser prácticos y aplicar la máxima de “a grandes males, grandes remedios”.

En esos días también te asaltan tus peores instintos y te da por pensar también si el chino de la esquina tiene todos los papeles en regla, al igual que la pequeña tienda en la que trabajan 8 chinos de 9 de la mañana a 11 de la noche los 7 días de la semana. Pero ese no es tu problema, les dices, intentad solucionar primero el vuestro.

En esas se presenta el inspector del Ayuntamiento, revisa las instalaciones del local y les dice que tienen que solucionar un par de chorradas. Básicamente poner algunas luces de emergencia más y un extintor especial para la cocina.

– ¿Y qué hay del aviso de cierre? Que es para dentro de dos semanas.

– No os preocupéis, que en cuanto esté esto, se tramita la licencia, lo comunico al departamento y solucionado -contesta el inspector.

– ¿Podemos seguir trabajando entonces?

– Sí, sin problema. Nunca se llega a esos extremos de cierre del local.

Uno espera dos cosas de los funcionarios públicos: honradez y eficiencia. Y desgraciadamente algunas personas de este departamento carecen de ambas, así que al cabo de dos semanas se presenta la policía, cierra el restaurante y precinta el local.

El daño causado ha sido tremendo, de imagen sobre todo. Lo más cachondo no es que cierren el restaurante una semana, ni que las luces y el extintor se hubieran puesto en menos de 24 horas. Lo más cachondo tampoco es que el inspector tarde cinco días en pasar de nuevo por el sitio para dar su plácet. Tampoco debió ser cachonda la conversación de los cuatro socios planteándose despedir a los siete trabajadores si el restaurante seguía cerrado más de 15 días. Lo más cachondo es recibir una ampliación del plazo para acometer las obras siete días después de que te hayan cerrado el negocio.

Esta semana estuve comiendo allí de nuevo. Mis colegas me comentaron que los primeros días después de la reapertura han sido muy flojos, que no han recuperado el nivel de los días anteriores. Esperan recuperarlo poco a poco, dando un buen servicio como hasta la fecha. Pero les noté cansados. Preguntándose si merecía la pena meterse en estos “fregaos”.

Casualmente en el último mes, en mi empresa hemos abierto una filial en Estados Unidos, la cuna del ultraliberalismo. Los trámites han sido tan sencillos que he preguntado varias veces a la asesoría que cuál era el siguiente paso. Y no había siguiente paso. Unos gastos mínimos, unos trámites sencillos y ya tenemos un acuerdo con una empresa americana para tratar de contratar allí. Luego ya entra tu habilidad, el conocimiento del sector y la capacidad para ofrecer algo mejor que tus competidores. Porque eso sí cuenta en Estados Unidos, tu competitividad. Que todos tus esfuerzos se centren en ofrecer algo mejor que tu competencia y a un precio más atractivo. Que no tengas que perder el tiempo en papeleos.

Los consorcios locales ofrecen además ayudas diversas al emprendedor que va a llevar negocio y empleo a su municipio. Es tan fácil crear una filial que hasta te ofrecen un paraíso fiscal dentro del propio país. Para mí es bastante discutible desde cualquier punto de vista, pero es totalmente legal. Cuando vi que creábamos la sociedad en la pequeña localidad de Wilmington, Delaware, recordé un artículo que había leído hace unos meses. Ahora sé que empezamos a ser una empresa seria: hemos abierto la empresa en el mismo edificio en el que el Santander tiene 13 filiales, ACS ocho, BBVA cinco y Repsol cuatro. El 2711 de Centerville Road, un edificio de oficinas con apartados postales en el que existen 285.000 empresas domiciliadas.

Pero no me quiero desviar del tema principal. El 15 de enero de este año, hace apenas unos días, ha entrado en vigor la obligación de facturar electrónicamente a las administraciones públicas. Es una norma que ha tardado siete años en implantarse desde sus primeros esbozos. Apenas dos días antes de la entrada en vigor, poco más de la mitad de los más de 8.000 ayuntamientos de este país se habían adaptado a la norma. Aquí no va a perder el ayuntamiento de turno que no se ha adaptado a la Ley, sino que va a salir perdiendo el empresario que trabaja para ese ayuntamiento y al que no le van a tramitar sus facturas. Pero no por torpeza del empresario, sino por incompetencia o negligencia de la administración. Ese empresario va a ver cómo sus cobros se retrasan uno, dos o más meses, pero que no se le ocurra retrasarse un solo día en el pago de sus seguros sociales que el recargo es del 20 por ciento. Así se ayuda al empresario a crear riqueza en este país.

Y todo ello enmarcado dentro de esa magnífica cultura española de apoyo al emprendedor.