Economía

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Islandia (II): caída y recuperación

JOSEAN, 24/09/2025

La primera parte de esta serie, sobre esa isla al norte «muy norte» de Europa, concluía con la referencia a Inside job, el documental ganador del Óscar, cuyo principio se centraba en la quiebra total del país y de cómo su impacto arrastró a pérdidas millonarias a una serie de bancos europeos, principalmente holandeses. A todos nos sorprendió cómo un pequeño país, con una población de un número aproximado al de Bilbao, podía poner en riesgo buena parte del sistema bancario europeo.

En cierto modo, y salvando las distancias, la enorme influencia de Islandia sobre el resto de Europa en comparación con su teórico peso geopolítico es parte de su historia. La erupción del volcán Eyjafjallajökull en abril de 2010, con la consiguiente emisión de cenizas volcánicas y gases a la atmósfera, provocó el colapso del espacio aéreo en buena parte del norte de Europa durante quince días. Más de diez millones de viajeros se vieron afectados y las aerolíneas calcularon que sus pérdidas rondaban los 1.300 millones de euros. Una minucia si las comparamos con las consecuencias de esa otra gran erupción volcánica que algunos historiadores consideran clave para que estallara la Revolución Francesa. El volcán Laki, situado al sur de la isla, entró en erupción en 1783, y estuvo emitiendo gases y cenizas durante ocho meses. La quinta parte de la población islandesa falleció en ese tiempo debido a la hambruna y la contaminación (tenía unos 50.000 habitantes por entonces). Sus efectos fueron devastadores y se expandieron como la lava volcánica, arrasando todo a su paso. Las enormes nubes tóxicas se desplazaron por toda Europa y provocaron pérdida de cosechas, problemas respiratorios en la población, nuevas hambrunas y una disminución de las temperaturas que los científicos calculan en cercana a un grado centígrado. Los efectos tardaron años en desaparecer y, según algunos artículos, el descontento de la población francesa con sus monarcas fue en aumento. No ayudaron las frivolidades de María Antonieta acerca de la hermosura de la nieve que cubría las calles. Entre la falta de alimentos, las subidas de impuestos al pueblo y el dispendio de los nobles aquello acabó como (lógicamente) debía acabar: con la guillotina.

Así que Islandia parece un lugar perfecto para la metáfora sobre el aleteo de una mariposa en Hong-Kong y el huracán en Nueva York. En el terreno financiero, Islandia fue un ejemplo perfecto del agilipollamiento que invadió a muchos «expertos» a principios de este siglo, basado en esa idea absurda de que el endeudamiento excesivo era maravilloso porque los activos adquiridos se apreciaban anualmente y siempre valían más que la deuda que los soportaba. Lo llamaban apalancamiento y si no estabas convenientemente apalancado, tu empresa valía menos. Los bancos islandeses llegaron a acumular pasivos de 86.000 millones de dólares cuando el PIB de todo el país apenas alcanzaba los 13.000 millones. El (jodido) desapalancamiento posterior supuso un enorme sacrificio para toda la población: la corona islandesa cayó más del 60% y el PIB del país disminuyó en torno al 14% en dos años. El paro se cuadruplicó en un país en el que apenas existía y se pasó del 2% al 8%. Entre unas cosas y otras, muchos ciudadanos perdieron sus ahorros y sus casas.

Sin embargo, al contrario de lo que se hizo en la mayoría de los países europeos, la receta islandesa fue otra. En lugar de rescatar a los bancos privados con dinero público, se dejó que quebraran los tres grandes bancos que habían provocado ese enorme agujero de deuda: Glitnir, Landsbanki y Kaupthing. Sus directivos fueron procesados y 38 de ellos fueron condenados a penas de cárcel. No solo se devaluó la moneda, sino que se establecieron estrictos controles de capital para evitar la salida de divisas, una especie de «corralito» impropio, pero que fue la única manera que encontraron sus dirigentes para no quebrar por completo. Se pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional, finalmente firmado por 2.100 millones de dólares, más otros 2.500 millones en préstamos de países escandinavos, algunos tan sorprendentes como Islas Feroe (50 millones, el 3% de su PIB). Los islandeses, como buenos nórdicos que son, cumplidores y eficientes, lo devolvieron en 2015. De manera anticipada, todo lo opuesto a tantas semi-democracias en países africanos o latinoamericanos (según los líderes del momento), que viven en esa permanente crisis de deuda y refinanciaciones.

En aquellos años de penuria que sucedieron a la crisis financiera de 2008, me dio cierta envidia ver la gestión de los islandeses. Retrasaron la aplicación de algunas medidas de ajuste para dar tiempo a que los ciudadanos pudieran absorberlas y «adaptarse». Aun así, hubo que acometer importantes recortes en sanidad, educación y pensiones, nada que no ocurriera en el resto de Europa. Los nuevos gestores del país tuvieron que subir impuestos como el de la renta o el que gravaba el alcohol, pero en su mentalidad nada mediterránea, a los ciudadanos no les quedaba más remedio y aceptaron de manera estoica. Por otro lado, y se demostró que se hizo de manera inteligente, redujeron el impuesto de sociedades del 18% al 15%, vinculado a la creación de empleo y la atracción de inversión extranjera. Y lo más importante, no solo fueron procesados los directivos de los bancos que llevaron al país a la situación dramática en la que se encontraba, sino también varios de sus dirigentes políticos. El primer ministro entre 2006 y 2009, Geir H. Haarde, fue encontrado culpable, aunque finalmente no entró en prisión por cuanto en sus delitos había primado la negligencia y no la corrupción o la mala fe. Justo lo contrario que en España, me temo, en donde prefieren pasar por tontos antes que por corruptos, aun cuando todos sepamos que son mucho más golfos y «listos» de lo que nos cuentan.

No todo fue tan idílico como nos pintaron algunos artículos. La devaluación salvaje de la moneda atrajo inversiones extranjeras, pero empobreció a sus ciudadanos. Hoy es uno de los países más caros del mundo, el tercero según el ranking que se maneje. Y aunque nos contaran que no se rescató a la banca privada con dinero público, al final sí hubo que inyectar capital del Estado cuando se entró en la gestión de los mismos. Un importe superior al que se inyectó en España en el rescate de la banca, cercano al 20 por ciento del PIB, una enormidad. Este crecimiento de la deuda pública tan bestial no se puede desligar de estas medidas:

El sacrificio de los ciudadanos no fue en vano y hoy es uno de los países con mayor nivel de vida del mundo. Pese al elevado nivel de precios, cuentan con electricidad y agua caliente todo el año a unos precios ridículos, unas diez veces inferior al de sus «vecinos» daneses. Todo ello obtenido a partir del aprovechamiento de la geotermia, del hecho de estar «asentados» sobre una inmensa capa de magma volcánica. El 90% del agua proviene de la geotermia, que se utiliza hasta para calentar y quitar el hielo de las calles en invierno. La electricidad tiene origen renovable en casi su totalidad, un 73% proveniente de las centrales hidroeléctricas y el 26% restante, de la geotermia. Me sorprendió la cantidad de Teslas que vi por el país, pero encaja con la idea de un país con energía eléctrica barata y combustibles fósiles muy caros, porque hay que importarlo, como casi todo. También me encontré un concesionario enorme de la marca en Akureyri, una ciudad de apenas 20.000 habitantes. Por curiosidad, busqué el detalle por Internet y descubrí que no solo es la marca más popular, sino que es el país de Europa con mayor número de Teslas respecto al total de la flota:

Islandia aparece en el undécimo lugar en el PIB per cápita del mundo y es el sexto en el ranking de los países con mejor calidad de vida (según el Índice de Progreso Social:

Los nórdicos, aunque aquí nos hayamos metido con ellos en anteriores textos (Son vikingos y Están locos estos finlandeses), siempre andan a la cabeza en los temas importantes, en los que hacen la vida más llevadera: derechos humanos, conciencia social, honestidad, igualdad, beneficios sociales… Pese a lo cual, me cuesta más creer el tercer puesto en el World Happiness Report, ese informe extraño sobre la felicidad en cada país, un ranking que nos dice que la población de Arabia Saudí vive más feliz que la nuestra, por ejemplo.

Con ese clima, con esas pocas horas de luz durante el invierno, con el cierto aislamiento social de sus habitantes, me cuesta mucho creer que los islandeses estén en la cima mundial de la felicidad. Por lo menos, en el concepto mediterráneo de la felicidad: vivirán estupendamente en sus casitas de madera con agua caliente y rodeados de verdes praderas y una capa de nieve que ni pintada por Monet, pero distan mucho de ser «la alegría de la huerta». Eso sí, tienen unos polideportivos magníficos en cada pueblo, con piscinas de aguas termales todo el año, pero eso forma parte del post de Barney.

Continuará:

Travis – Islandia (I): un plató de rodaje único.

Josean – Islandia (II): caída y recuperación.

Barney – Islandia (III): el éxito del deporte en un país minúsculo.

Lester – Islandia (IV): la Ring Road en autocaravana.

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El dilema del teletrabajo

JOSEAN, 07/09/2025

Qué lejos quedan aquellos tiempos post-pandémicos en los que leíamos artículos como este del New York Times (abril de 2022) en el que se destacaba el hecho de que, pese a que algunas empresas comenzaban el “retorno” presencial a las oficinas, otras habían ampliado sus horizontes y sus ventas gracias al remote work, el teletrabajo. Gracias a la contratación de trabajadores en remoto realizada durante la pandemia, habían podido ampliar su plantilla y acceder a mercados de mayor tamaño. El artículo menciona ejemplos de varias empresas tecnológicas y relacionadas con la salud. También las hubo en el sector financiero, comercial y marketing, creación de contenido… Puede que no sea un modelo válido para todos los sectores, pero sí denota una apuesta por la organización, el análisis efectivo del trabajo realizado y la innovación.

“Ellos (los trabajadores) pueden permanecer donde están”, decía Steve Case, CEO de Revolution y cofundador del gigante AOL. En aquellos tiempos que ahora parecen lejanos, algunas empresas como Olive utilizaron fórmulas de compensación salarial para empleados que vivían en lugares con mayores costes de vida, generalmente las grandes ciudades, sede de las oficinas centrales, y diferenciarlos de quienes optaban por el teletrabajo y por vivir en ciudades con un coste de vida más asequible, una fórmula impensable en Europa. De este modo, los empleadores podían acceder a un mayor rango del llamado talent pool, ese mercado de talento o de personal, en muchos casos poblados de empleados perfectamente válidos que dedicarían una parte importante de su tiempo y dinero en acudir de manera presencial a una oficina.

Más lejos aún, casi en la prehistoria de la edad laboral moderna, queda este otro artículo del mismo medio, titulado en su versión de papel Lo que los jefes realmente piensan acerca del teletrabajo (y en la versión digital, no sé por qué, Lo que los jefes realmente piensan acerca del futuro de la oficina). Es de noviembre de 2021, un tiempo en el que debíamos ir por la cuarta o quinta ola, y el regreso a las oficinas se había producido de manera paulatina y tan exitosamente normal como la salida repentina de las mismas a mediados de marzo de 2020. El trabajo siguió saliendo adelante, las empresas prestaron sus servicios, los empleados echaron las horas necesarias, se concilió con las vidas familiares y la productividad no se resintió. El artículo de David Gelles comienza diciendo que:

“La gente ahora piensa de forma diferente acerca de las oficinas, incluidos los directores y CEOS, quienes durante tanto tiempo vigilaban atentamente a los trabajadores en sus puestos. Los jefes que antes disfrutaban del trabajo presencial se han vuelto menos atados a los ascensores abarrotados y las salas de reuniones sobresaturadas. Ejecutivos que ascendieron trabajando 15 horas bajo los fluorescentes ahora aceptan que la jornada laboral pueda terminar a las 3 de la tarde o a las 11 de la noche, lo que sea mejor para el empleado. Los ejecutivos, deseosos de atraer jóvenes trabajadores, se están adaptando a las normas cambiantes y se están dando cuenta de lo bueno que habría sido tener mayor flexibilidad al inicio de sus carreras, cuando tenían hijos pequeños”.

Releo ahora este artículo, archivado en mi carpeta de los recuerdos pandémicos, con cierta candidez, con la ilusión de una manera de trabajar que parece condenada al olvido. El mismo artículo ya llamaba la atención sobre esos otros jefes que preferían el trabajo presencial, el contacto estrecho con el departamento. Y otros, quizás más ajustados a la realidad del mercado, optaban por la flexibilidad y los posibles ahorros de costes en las oficinas y en los tiempos de desplazamiento de los empleados. En estos tiempos en los que la sostenibilidad y la reducción de emisiones están en boca de todos, me llama la atención que no se hable demasiado de los millones de toneladas de CO2 vertidas en exceso durante los enormes atascos de entrada a las ciudades, emisiones que se redujeron notablemente durante aquellos tiempos en los que el trabajo presencial y el remoto se repartían aproximadamente a partes iguales.

Como ejemplo de manager que apostaba por el retorno a las oficinas, el artículo menciona las palabras de Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, quien ya por entonces decía: “echo de menos las reuniones en las que uno puede ponerse de pie, ir a la pizarra, dibujar lo que está pensando y que otros lo vean”. Salvando las enormes distancias intelectuales, en aquellos tiempos pandémicos yo tuve un jefe que necesitaba algo similar: poder ponerse de pie para soltar sus ocurrencias y que su coro de palmeros lo escucharan. No creo que fuera el único en este país. Fue a trabajar de manera presencial todos los días casi desde el inicio del confinamiento, pero no porque el suyo fuera un trabajo esencial ni fundamental para la sociedad (contaba con un certificado convenientemente apañado, claro), sino porque hay directivos incapaces de trabajar si no cuentan con su secretaria y con un círculo de colaboradores a su vera que pierdan el culo para atender sus directrices.

No cabe duda de que no hay una solución óptima para el teletrabajo que sea global, válida para todas las empresas. A mediados de 2022 la mayoría de las empresas habían optado por un modelo híbrido, como indicaba este artículo de El Confidencial: El teletrabajo fue un espejismo. El 90% de los asalariados va todos los días a su empleo. Las estadísticas de la EPA reflejaban que el número de empleados con teletrabajo había descendido, pero que también lo había hecho el número de días en que desarrollaban su trabajo en remoto. A ello contribuyó la regulación que obligaba a las empresas a sufragar los gastos del empleado en su casa cuando el teletrabajo era mayoritario. “El objetivo era desarrollar un texto garantista con el trabajador, aunque fuese a costa de crear desincentivos para el teletrabajo. Para las empresas, en líneas generales, es más barato mantener a todos los trabajadores en una oficina que pagarles los gastos individualmente”. La conocida habilidad de la legislación laboral (en este mismo blog, La regulación entra en casa).

Los análisis para valorar la rentabilidad económica o la posible pérdida/ganancia de productividad del trabajo en remoto no son sencillos. O posiblemente no sean reales. En mayo de 2023, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, escribía este interesante artículo sobre el teletrabajo, el PIB y otros ratios no medibles, como la conciliación, los desplazamientos o el tiempo que se pasa con las familias: Trabajar desde casa y darse cuenta de lo que importa. El PIB como indicador engañoso “de lo que realmente importa en la vida”.

 “Atribuir un valor en dólares a los beneficios de esta reducción es complicado. No basta con multiplicar el tiempo ahorrado por el salario medio, porque es probable que la gente no considere el tiempo que pasa en la carretera (sí, la mayoría de la gente va a trabajar en coche) como totalmente perdido. Por otra parte, hay muchos otros gastos, desde el combustible hasta el desgaste del vehículo y la tensión psicológica asociados a los viajes para ir a trabajar”.

Krugman no puede obviar a directivos de peso como Elon Musk que ya entonces tildaban de “vagos” e “inmorales” a los trabajadores que se resistían a volver a sus puestos de trabajo presenciales. Como la mayoría de las grandes empresas se copian, el retorno repentino se generalizó (finales de 2022, primeros meses de 2023) y en Estados Unidos surgieron movimientos de los que se escribió bastante, como la Gran Dimisión, y otros de los que se habló menos, como la Gran Resistencia. La negativa de muchos trabajadores a volver a sus cubículos. Amazon fue de las primeras en propugnar la vuelta a las oficinas. Enseguida Apple comenzó a exigir al menos tres días semanales en la oficina. Starbucks se encontró con una reacción contraria por parte del grueso de la plantilla, y los trabajadores de Walt Disney Co iniciaron una protesta contra los cuatro días presenciales y uno de teletrabajo. JP Morgan instó a sus trabajadores o, directamente, los contrataba para acudir “5 days a week”. Elon Musk comunicó la política de su empresa a los trabajadores de esa manera tan “especial” y empática que suele mostrar: a las 2.30 de la madrugada, con un correo electrónico que afirmaba que “la oficina no es opcional”.

Si tratamos de dejar a un lado el debate sobre las razones existentes tras estas decisiones, que no eran económicas ni productivas, sino una especie de “por mis huevos”, podríamos centrar la discusión en las ventajas e inconvenientes de apostar por el teletrabajo, el presencial o el modelo híbrido. En los asuntos de índole laboral, ya he comentado otras veces en este blog que los datos más precisos y los análisis que más me interesan son los que publica Javier Esteban en su newsletter semanal Beyond the Hype. En febrero de 2024 publicó ¿La revancha del teletrabajo?, un interesante artículo sobre la evolución positiva que había experimentado el teletrabajo. Cuando la mayoría de empresas españolas optaban por la vuelta a las oficinas y la reducción paulatina del teletrabajo, sucedió que en el último trimestre de 2023 se experimentó un crecimiento de esta última modalidad, hasta el punto de superar por primera vez las cifras de 2021. El incremento no se debía a los autónomos, cuyas cifras se mantenían estables, sino al crecimiento de los trabajadores por cuenta ajena.

El caso es que se mantuvo la senda de recuperación económica y no hubo una pérdida de productividad en el país (tampoco es que estemos para tirar cohetes en este aspecto, pero desde hace décadas), sin embargo, el propio análisis, como decía el autor, era incompleto si no se incluía el reparto de tiempo real entre presencial y teletrabajo. Es decir, que la fórmula más habitual que funcionaba en las empresas era el modelo híbrido.

Apenas seis meses más tarde, el propio autor publicó Los asesinos del teletrabajo, un análisis que reflejaba que el teletrabajo, aunque fuera ocasional, seguía creciendo, e incorporaba algún detalle adicional por sectores. Se observaba que determinadas políticas laborales difícilmente pueden ser uniformes para todos los sectores (y eso vale para otros asuntos que ya han salido en este blog, como la reducción de jornada, o el registro horario). Y yo añadiría: ni para todos los departamentos. Algunas expertas, como Cristina Andrés Paramio, directora de Recursos Humanos de Arconi Solutions, defiende que «El teletrabajo no tiene por qué morir, puede continuar siendo viable si se trabaja en un entorno de confianza, autonomía y auto-responsabilidad».

Por último, en marzo de 2025, Desmontando el teletrabajo abría el melón sobre el porcentaje real de teletrabajo y las ventajas o desventajas que podían encontrar tanto los empleadores como los trabajadores. Quizás debido al fenómeno de La Gran Dimisión o a las diferentes perspectivas laborales y vitales de las llamadas generaciones X y Z, numerosas empresas han tomado en consideración la percepción de los trabajadores acerca del teletrabajo.

Sigue primando el sueldo, sin duda, o las expectativas de promoción, pero numerosos jóvenes valoran cada vez en mayor medida esa flexibilidad que les permite compaginar con una vida personal distinta a la de las generaciones que los precedieron. No hay análisis rigurosos sobre la rentabilidad para las empresas de uno u otro modelo, ni nada que vaya mucho más allá de percepciones propias o de lo que el propio Javier Esteban denomina el debate entre “renunciólogos y teletrabajólogos”, pero transcribo literalmente este último párrafo porque me parece muy acertado:

“Lo que decide a las empresas a adoptar o no esta fórmula es la relación entre el coste de implantarla y el beneficio al obtenerla. Si en algunos casos será rentable al atraer y retener mejores profesionales sin incrementar los costes salariales, en otros la compañía se puede encontrar con que su factura de bienes de equipo se duplica por mantener una oficina física y a la vez abonar los gastos del trabajo en casa”.

Por desgracia ese análisis no es inmediato, sino que se aprecia en el medio plazo con la posible pérdida (o no) de capital humano. Lo del incremento de emisiones de carbono por el aumento de vehículos en los accesos a las ciudades (con efecto multiplicador) sigue sin aparecer en los informes de sostenibilidad de las empresas, y es algo que afecta en costes de tiempo, de gasolina, de salud y en eso otro que denominan «bienestar del empleado».

Dejaré un último apunte sobre el teletrabajo a cuenta de la mención que he hecho sobre las generaciones jóvenes. No es que haya visto en mis hijos el efecto positivo del teletrabajo (y su responsabilidad para realizarlo), es que sé por todos ellos y por conversaciones con los más juniors de mis respectivos equipos la importancia que le dan a esa flexibilidad o al modelo híbrido. No se trata de nada “egoísta” por su parte, sino que lo ven como algo ligado a la confianza que se les da por parte del responsable directo. Y las empresas deberían ligarlo a eso tan de moda que llaman “retención del talento”. Precisamente esta semana leía a un antiguo compañero de trabajo que criticaba el verbo empleado: “retener”. David Martín Pasadas, de Serveo, reflexionaba sobre su uso y decía:

“Echo de menos, cuando oigo hablar sobre retención de talento, que no recomienden cadenas, correas y esposas. Porque cuando retienes a alguien es siempre en contra de su voluntad. Veamos que dice la RAE sobre retener:
tr. Impedir que algo o alguien salga, se mueva o desaparezca.
Sin.: raptar, secuestrar, detener.
Las siguientes definiciones no mejoran el tema precisamente.”

Hay modas en materia laboral, igual que hay análisis de todo tipo, teorías o estrategias empresariales. Pero el teletrabajo no es nada de eso, sino una posibilidad al alcance de nuestra mano que nos permiten los avances tecnológicos, los mismos que nos posibilitan estar siempre conectados desde casi cualquier parte del mundo. Y las empresas que predominan son las que saben evolucionar y adaptarse a las innovaciones, sean tecnológicas, laborales o sociales.

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Todos esos fondos se perderán (II): ¿o no?

JOSEAN, 19/07/2025

La semana pasada escribí la primera parte de este post (Todos esos fondos se perderán… como lágrimas en la lluvia) y acababa lamentando la enorme necesidad en infraestructuras esenciales que tenía el país, necesidades para las que existen unos fondos europeos que nuestros dirigentes no son capaces de hacer que lleguen. Solo en ese mismo fin de semana, sin remontarme mucho más en el tiempo, me encontré con estas noticias:

  • En España hay urgencia hídrica: una brecha de financiación de 23.000 millones de euros anuales en el conjunto de la Unión Europea. España necesita 6.000 mill. anuales, en lugar de los 2.000 que ha invertido entre 2023 y 2024. Inversión en tecnologías, mejoras de la eficiencia y el control de fugas, modernizar las infraestructuras de captación y distribución… ¿es necesario esperar a la siguiente gran sequía, a los cortes en algunas regiones?
  • La obsolescencia de las subestaciones pone en jaque la línea Madrid-Sevilla. No se han acometido las inversiones previstas, ni la renovación de los sistemas eléctricos, ni de las comunicaciones, la rehabilitación de los edificios, los transformadores… actuaciones, todas ellas, que podrían entrar en alguno de los apartados incluidos en los posibles destinos de los fondos.
  • Trenes y aeropuertos al borde del colapso, mientras nuestro país, tan dependiente del turismo, se acerca a los cien millones de visitantes. La imagen que se están llevando tantos turistas empieza a asemejarse a la que padecen millones de usuarios del transporte público en los últimos años.
  • Las carreteras arrastran un déficit de conservación de 13.500 millones de euros, con lo que esto supone en cuanto a riegos de accidentes e impacto medioambiental.

Parece que ya nos hemos olvidado del ridículo que fue el apagón en todo el país, el Zero Day que nos pilló desprevenidos. El caso es que, no solo no se modernizan unas infraestructuras que arrastran un deterioro importante, sino que el proyecto «estrella», anunciado a bombo y platillo por el gobierno, la fábrica de microchips con la empresa Broadcom, se ha caído definitivamente. Un proyecto para el que había una inversión prevista de unos mil millones de dólares, que sería financiada en parte con fondos del Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE), en el apartado de microelectrónica y semiconductores. Una fábrica que iba a ser pionera en Europa y que contribuía a esa diversificación estratégica tan necesaria para la industria del país. Pues tampoco ha habido manera de sacarlo adelante, los inversores norteamericanos se han desmarcado finalmente de un proyecto que apenas había avanzado desde julio de 2023.

Son muchos los problemas que impiden al gobierno gestionar de manera adecuada la llegada de los fondos del Plan de Recuperación: la definición de los proyectos de interés, la asignación de partidas, generar procesos de licitación atractivos o una legislación que atraiga el interés de las empresas, y, por supuesto, el chantaje diario de los socios de gobierno.

Los fondos europeos estaban vinculados al cumplimiento de una serie de reformas legislativas que, en su mayoría, no han podido ser realizadas por el ejecutivo. El quinto pago se pudo salvar finalmente, aunque ha llegado con más de un año de retraso y con un bocado de 1.100 millones de Europa debido a la imposibilidad de aprobar el impuesto al diésel exigido por Europa, pero vetado por Junts y el PNV. Faltan otros compromisos por acometer, en materias como las políticas activas de empleo, las ayudas para viviendas sociales (¡increíble!) o para medidas de eficiencia energética y economía circular. Cuando no son los socios de izquierda o más allá de la izquierda los que rechazan las medidas, o tratan de imponer condiciones abusivas, lo hacen los más derechistas y chantajistas de la coalición, con el de Waterloo a la cabeza, y así nos vemos abocados a esta parálisis permanente en la que, salvo sorpresa o milagro, tendremos los presupuestos prorrogados por tercer o cuarto año consecutivo. El año pasado ni siquiera se presentaron al Congreso y, curiosamente, para el incumplimiento del mandato constitucional, sí hubo consenso.

Los titulares más catastrofistas señalan que España podría perder hasta 115.000 millones si no logra sacar adelante las reformas exigidas. Hace apenas un mes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconocía que era consciente de que buena parte de los Estados de la Unión Europea no iban a ser capaces de acceder a la totalidad de los fondos, y cifraba en 300.000 millones de euros el importe que podía llegar a no materializarse. Para matarlos a todos (o a unos cuantos, al menos) en la plaza pública. En previsión de este incumplimiento, la propia presidenta del organismo planteaba la posibilidad de cambiar algunos de los hitos presentados por otros que tengan un impacto similar en los objetivos verdes, de digitalización o de competitividad, e instaba a España a solicitar mayor importe en la parte de subvenciones a costa de algunos de los préstamos que todavía no se han desembolsado o ni siquiera solicitado. Sinceramente, sería una pena que los objetivos necesarios y tangibles en infraestructuras o industria quedaran limitados a proyectos más etéreos, por denominar de una manera eufemística a tanta campaña de concienciación o a tanto estudio que no va a ningún lado.

Por poner en contexto, antes de este quinto desembolso, España había utilizado cerca del 40 por ciento de las ayudas no reembolsables, un porcentaje similar al 45 por ciento de media en la Unión. Sin embargo, si se consideran también los préstamos, que España apenas ha dispuesto, el porcentaje de utilización real es del 20 por ciento, ridículo en comparación con países como Dinamarca, Francia o Países Bajos, que rondan el 70 por ciento.

Entre las exigencias de Europa que el gobierno de España daba por cumplidos se encuentra la reforma de las pensiones, con diferencia, la mayor partida de gasto anual del presupuesto. Creciente, infrafinanciada y sin pintas de arreglarse en el corto plazo. La «trampa» empleada por el gobierno consistente en realizar transferencias de impuestos a la Seguridad Social no ha colado en el ejecutivo comunitario que, con buen criterio, indicó que había que analizar el conjunto de las finanzas públicas y no quedarse en un mero maquillaje contable del sistema de pensiones. Hasta un 45 por ciento de incremento para cubrir el déficit de las pensiones en el primer semestre del ejercicio.

El gobierno pensaba que ya había salvado el trámite de la reforma, pues la ley preveía abordar los cambios cada tres años y, sin embargo, tendrá que examinarse de nuevo en junio de 2026. De nada sirve el argumento del gobierno de que no tiene presupuestos aprobados (¿existirá al menos un proyecto de?) o suplicar por la necesidad de los recursos. La respuesta de Europa ha sido tajante: cuando el Tribunal de Cuentas efectúe la auditoría de los cumplimientos de los compromisos, dará este por no realizado y tendrá que solicitar la devolución.

La primera parte de este post tenía un tono más de tragedia, como de final de Blade Runner: esos fondos se perderán… como lágrimas en la lluvia. Esta segunda parte pretende acabar con un tono más optimista, pese a lo mal que pinta la situación. Por eso pregunto en el título. «¿o no?». Todo hace indicar que Bruselas abrirá la mano para que de una manera u otra se puedan aprovechar los fondos europeos, ¡que están ahí, coño, que han sido aprobados, dotados y asignados! No dejo de pensar que la mediocridad de nuestro gobierno se disimulará, o se diluirá, en la mediocridad general del mal funcionamiento del resto de socios europeos.

Entre las soluciones que ya se han puesto sobre la mesa, figura la posibilidad de transferir los fondos no gastados más allá de 2026, bien sea al programa InvestEU de cada Estado miembro, o bien ajustando el importe de los préstamos para utilizarlos en programas como el de Defensa, ahora que parece que va a ser necesario un esfuerzo extraordinario por parte de los países europeos. Algunos programas de inversión podrán extenderse hasta 2030. Habremos perdido una gran oportunidad para dar un salto, pero había que desgastarse en la oficialidad del catalán o en la financiación singular de Cataluña, supongo.

El ejecutivo trata de sacar pecho e indica (Fuente: El País) que: «El esfuerzo ha sido titánico para una administración ya cargada con la actividad diaria, y esto se ha traducido en que ya estén contabilizados 1,1 millones de beneficiarios, el 40% pymes y microempresas. Hay 25.000 viviendas de alquiler social prefinanciadas; 383.000 plazas de FP creadas; 270.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga financiados; 200 municipios que han adquirido autobuses de cero emisiones y han peatonalizado calles o desplegado carriles bici; 550.000 hectáreas de regadíos modernizados; 730.000 pymes y autónomos que han usado el kit digital y 15.000 el kit consulting; 1.400 millones de euros concedidos para fomentar el autoconsumo en hogares y empresas; 851 equipos tecnológicos para hospitales, y tres plantas de baterías aprobadas«. Pero la realidad es que han transcurrido cuatro años desde la aprobación de estos fondos y «solo» se han lanzado 78.115 millones de euros en convocatorias de los más de 140.000 inicialmente aprobados (163.000 mill. si contamos el total de programas) y apenas se han resuelto 51.355 millones.

Pensar que de aquí a agosto de 2026 se vaya a solucionar el resto no cabe en la cabeza ni de los ministros más entusiastas.

Relacionados:

Más licitaciones desiertas (I): el problema.

Más licitaciones desiertas (II): posibles medidas.

El gran despilfarro.

Hiperregulación (I): situación

Hiperregulación (II): efectos

Hiperregulación (III): competitividad

La subida del SMI y la revisión de precios en los contratos públicos

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Todos esos fondos se perderán (I): …como lágrimas en la lluvia

JOSEAN, 12/07/2025

El discurso final del replicante de Blade Runner sirve para todo tipo de proclamas, como bien conocen los lectores habituales de este blog. Es triste, suena melancólico, es un lamento en toda regla. Por recordar el pasado y por llorar un futuro que su autor no verá. También sirve para hablar de todas aquellas cosas que uno ha visto y que «vosotros no creeríais»:

«He visto zumbaos atacar a la policía adoquín en mano más allá de la Diagonal, y luego cómo se indultaba a los políticos que fomentaron aquello.

He visto brillar los ojos de Ábalos y Cerdán en la oscuridad en manifestaciones feministas cerca de la Puerta del Sol.

He visto proyectos que no se licitaban por no ser capaces de poner de acuerdo a los peores socios que uno se pueda echar a la espalda, proyectos para los cuales había fondos europeos.

Todos esos fondos se perderán… y habrá mucho más que lágrimas en la lluvia. Es hora de partir».

Me queda una duda acerca de la última frase: ¿es hora de partir, de emigrar? ¿Es hora de partir… la cara o las piernas a alguien, a los políticos que han permitido esta parálisis actual, cuando no unas leyes abominables en algunos casos o el desprestigio de las instituciones? ¿Es hora de partir y tomar las calles? Desde que se lanzara el Plan de Recuperación de la Unión Europea, ese ambicioso plan dotado con 750.000 millones de euros, ha habido tiempo suficiente para presentar proyectos, renovar infraestructuras, mejorar la financiación de varios sectores económicos o adaptarnos a los requerimientos de Europa para obtener esos cuantiosos fondos, que, en el caso de España, alcanzaban los 163.000 millones de euros entre las subvenciones directas (80.000 M.) y los préstamos (83.000 M.).

«Es hora de partir» peras con los socios de gobierno que solo se preocupan por mantener sus privilegios y hacer leyes a medida, pero sé que por desgracia no va a ocurrir. Es hora de tener cabeza, perspectiva nacional y tratar de corregir este desaguisado que nos puede hacer perder muchos fondos y una oportunidad como pocas para cambiar la estructura económica del país, como la que se tuvo a principios de los noventa, poco después de la entrada en la Unión Europea (CEE por entonces). Los avisos sobre el retraso en las medidas necesarias para obtener los fondos Next Generation vienen de lejos:

Hay varias fechas clave para el cumplimiento de los requerimientos del Plan de Recuperación y otra fecha límite, un deadline, para la recepción de los fondos: 31 de agosto de 2026. Improrrogable, según Ursula von der Leyen. Yo ya he metido cien euros en una casa de apuestas a que se prorrogarán al menos hasta final de ese año. A medida que se acerque la fecha tope, este gobierno, o el que esté, se lamentará como los malos estudiantes, echará la culpa al profe que le tiene manía (ese profe se llamará Feijóo) y tratará atropelladamente de cumplir con lo que se le indique.

Lo cierto es que los avisos vienen de lejos. De muy lejos. Mi hemeroteca particular lleva recopilando alertas de las autoridades europeas desde el arranque de este gobierno, o incluso antes, desde las elecciones de julio de 2023:

27 de julio de 2023: Peligro de retraso en el plan. Ya entonces quedaban más de 300 objetivos por presentar a la Unión Europea y España era uno de los primeros países en recibir las subvenciones a fondo perdido, pero uno de los últimos en justificar el uso de los importes recibidos.

7 de septiembre de 2023: solo el 10% de las inversiones prometidas se habían ejecutado. Por entonces hablaba en este blog de los riesgos de la hiperregulación que podían hacer que “los objetivos de inversión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no se cumplan plenamente en 2026”. El Informe del Banco de España ya alertaba de la incapacidad de las administraciones públicas para gestionar los fondos recibidos. Volvieron las temidas “facturas en el cajón” de las administraciones.

3 de julio de 2024: ya teníamos gobierno, tras los meses de pactos con aquellos cuyas únicas preocupaciones eran su indulto y el manejo de fondos para sus “localismos”, y se presentó el Informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que advertía de una ejecución ridícula, de apenas el 5 por ciento de los fondos previstos. Que a nadie le extrañe cuando se acabe perdiendo esta oportunidad de modernizar sectores económicos.

13 de agosto de 2024: algunos estudios rebajan aún más el cumplimiento de los proyectos asociados a los fondos NextGen y lo sitúan en un 3,5 por ciento. No solo no se ejecutaban los proyectos para los cuales había fondos, sino que, en numerosos casos, las licitaciones quedaban desiertas.

4 de octubre de 2024: hasta 11.000 millones de euros en proyectos no adjudicados, y “otros 14.000 millones en remanentes no gastados, que deberían volver a convocarse”. Llama la atención el bajo cumplimiento en Ministerios como el de Hacienda, el de Industria, o el de Vivienda. El de Transporte no sorprende, ahora que sabemos que sus dirigentes tenían la cabeza en otros menesteres.

24 de febrero de 2025: el gobierno no es capaz de poner de acuerdo a sus socios, ni de pactar nada con el principal partido de la oposición, así que las reformas exigidas por Europa no llegan, las leyes necesarias no se aprueban y pagamos el pato entre todos. Peligran los fondos de recuperación.

Y el problema que sucede en nuestro país cuando se intenta “correr de más” o adjudicar dinero público rebajando (o relajando) algunos controles, es que aumenta el riesgo de fraude, como sucedió durante la pandemia.

3 de marzo de 2025: Hacienda se lanza a por el fraude en los fondos europeos ante el riesgo de que Bruselas retire las ayudas tras haber adjudicado 48.600 millones de euros. La orden partió del propio Ministerio de Hacienda y de su titular, María Jesús Montero, con un doble objetivo: regular el posible reintegro de los importes no gastados o gastados en otras partidas (una experta, pues estuvo en la Junta de Andalucía durante la época de los ERE) y determinar a qué administración responsabiliza del incumplimiento. Sería para matarlos (metafóricamente) a todos ellos. A los que hacen que los fondos no lleguen, a los que los gastan en otros menesteres y a los que provocan que haya que devolverlos. Aunque en esto somos tan “europeos” como el resto de los países.

12 de marzo de 2025: queda menos de un año y medio para el final del plazo y España seguía sin ejecutar el 85% de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación. Son cifras de un estudio de Caixa Research que destacaba qué proyectos son los que faltan por ejecutarse: política industrial, energías renovables, hidrógeno verde y («manda güebos») recursos hídricos, rehabilitación y construcción de viviendas. No sé cuántos planes de construcción de vivienda pública se han anunciado en estos últimos años si que se haya puesto un solo ladrillo, y, sin embargo, tenemos fondos pendientes, previstos para construir 20.000 viviendas sociales. Igual que los planes contra la sequía o para la diversificación de la economía con el apoyo a la nueva industria. En año y medio que queda.

8 de mayo de 2025: un informe de BBVA Research advierte del riesgo de incumplimiento del plazo de ejecución de los proyectos para acceder a los fondos europeos. El ritmo debería incrementarse un 29 por ciento e, incluso con este crecimiento, que ya parece irreal pues ha habido una ralentización en numerosos proyectos, se alcanzaría «solo» el 91 por ciento de la cifra máxima en diciembre de 2026. La Unión Europea insiste en que el plazo de ejecución finaliza el 31 de agosto. Buena parte del importe permanece atascado en proyectos aún en fase administrativa o que no han llegado a salir a licitación (el informe hablaba de un 40% en algunos sectores).

Mientras esto sucede, los servicios públicos continúan su proceso de degradación: los trenes funcionan peor que en cualquier momento de estas últimas tres décadas, las carreteras necesitan mantenimiento urgente, el caos de los aeropuertos o la suciedad en los mismos deterioran la imagen de un país que vive del turismo, y apenas se ha sabido de las necesarias inversiones en residuos, economía circular, infraestructuras de agua o renovables. No es solo un problema de competencias: de la sanidad y la educación ya ni hablo. Es un problema de incompetencias. Y para solucionarlos, para que Europa libere buena parte de los fondos, hace falta aprobar una serie de reformas en un parlamento en el que no se puede sacar nada adelante por esa «aritmética parlamentaria» de la que estamos presos.

¿Estamos a tiempo de evitarlo?

Continuará: Todos esos fondos se perderán (II): ¿o no?

Relacionados:

Más licitaciones desiertas (I): el problema.

Más licitaciones desiertas (II): posibles medidas.

Hiperregulación (I): situación

Hiperregulación (II): efectos

Hiperregulación (III): competitividad

La subida del SMI y la revisión de precios en los contratos públicos

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Igual hay que hablar de absentismo (II)

JOSEAN, 29/03/25

La evolución creciente y sin freno del absentismo es una preocupación que el gobierno debería compartir con los empresarios, pues no afecta solo a estos. Las empresas asumen aproximadamente la mitad de los casi 29.000 millones de euros en los que se estima el coste del absentismo (ver gráfico de la primera entrega). Debería preocupar a la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Sáiz, por el sobrecoste adicional que supone a las maltrechas arcas públicas, y su reducción debería ocupar una parte importante del tiempo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, si bien, como vimos en la primera parte, este asunto no se halla entre sus prioridades.

La experiencia demuestra que algo habrá que se pueda hacer, partiendo en primer lugar por las instituciones públicas. En aquel lejano post sobre el absentismo en los carnavales de Cádiz, se pudo comprobar que una provincia con tasas exageradamente altas podía cambiar su tradicional posición «puntera» y pasar a ser todo lo contrario, la que tuviera el absentismo más reducido. Una parte importante de la reducción está relacionada con la necesidad de mantener el puesto de trabajo, luego, en una provincia en la que escasea el empleo, con las tasas de paro más altas de toda España, quien tiene un trabajo, tiene un tesoro. Pero esta no es la solución, sino solo una parte más del diagnóstico.

El dato actualizado del absentismo por comunidades autónomas indica que el País Vasco y Navarra siguen siendo las regiones con mayores índices de absentismo, por mucho que la fama de unos y otros (andaluces) fuera bien distinta. Vuelvo a mencionar la relación directa entre absentismo y el empleo y la riqueza económica de una región, la misma que se da con los ciclos económicos.

Estos datos han sido extraídos del Informe de Adecco publicado en enero de 2025. Aparte del factor económico, puede haber otras razones. Según Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, quien habla de una geografía del absentismo, no se trata «de que las personas que viven en el País Vasco, Navarra o Asturias tengan peor salud que la gente de Andalucía o Extremadura, sino que en estas comunidades hay una serie de convenios colectivos que cubren íntegramente la baja, y permiten que, en muchos casos, una persona pueda ganar más sin trabajar que trabajando”. Vaya, pues entonces una manera de reducir el absentismo podría consistir en reducir o suprimir los complementos salariales en los casos de enfermedad o incapacidad temporal, lo cual me parece una aberración. Pagarían justos por pecadores: bastante desgracia es padecer una enfermedad o un accidente con baja como para que encima tu mala salud temporal te cueste dinero. No es la solución, hay que luchar contra el fraude, que existe, aunque menor que el que se cree, y contra la deficiente gestión de las bajas justificadas, que se prolongan más de lo necesario, sin que haya habido reducción en los últimos años. El gráfico de la asociación de mutuas AMAT así lo refleja:

Algunos convenios de la provincia de Cádiz optaron hace años por incluir un Plus ligado al Absentismo para los trabajadores, como, por ejemplo, el Convenio de limpieza y mantenimiento de playas de Algeciras. Ahora bien, que te primen por no faltar al trabajo menos de diez días en el año tampoco creo que sea la solución, aunque es comprensible que las empresas tengan que recurrir a determinadas cesiones en algunos convenios colectivos para luchar contra ese absentismo descontrolado. Por eso incluyo también la cláusula referida a los Asuntos Propios de libre disposición.

En su día me encontré un convenio que tenía dos pluses de absentismo: uno personal, similar al que acabo de subir a este post, y otro por departamento, que cobraban todos los trabajadores de esa «cuadrilla» o grupo de trabajo, siempre que el absentismo de ese departamento se mantuviera por debajo de una cifra determinada. Era un plus en el que los propios compañeros «presionaban» al ausente para que se reincorporara antes, o bien, convertían al absentista profesional en un apestado. De todos modos, el fraude no es la principal causa del absentismo, como recogían las estadísticas del primer post, luego estos son casos excepcionales que no resultan válidos para combatir las elevadas cifras globales.

Las propuestas para reducir las tasas de absentismo son muy diversas, en función de quien las promueve. Para Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras, los recortes en la sanidad pública y los menores recursos disponibles son los causantes de que las altas de los trabajadores se dilaten, aparte del envejecimiento de la población. Fernando Luján, de UGT, vicesecretario general de UGT, incide en la prevención, en que el incremento del número de bajas se debe a que «no se están adoptando las medidas necesarias para proteger la salud de las personas trabajadoras, empezando por la salud mental».

Varias de las reivindicaciones de los agentes sindicales de los últimos años se han incorporado de manera paulatina al marco laboral, sin que ello tuviera un efecto en la reducción del absentismo. En febrero de 2020 se logró derogar el tristemente «famoso» artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido objetivo basado en situaciones reiteradas de absentismo, incluso aunque estuviera justificado. La mayoría de las medidas incluidas en el documento adjunto cargan la responsabilidad en la empresa y no en el trabajador, y, aunque se han implementado varias de ellas, como el registro de jornada para controlar el exceso de horas o el incremento de la contratación indefinida para disminuir la precariedad, lo cierto es que no han tenido un efecto reductor sobre el absentismo.

En varias propuestas acerca de la negociación colectiva por parte de los responsables sindicales figuran la flexibilidad horaria, el aumento del teletrabajo y la mejora del clima laboral en las empresas como claves para reducir el absentismo. Quizás como contrapartida, los datos reflejan que numerosas empresas, mayoritariamente grandes empresas, han incorporado medidas para la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral, o sobre el teletrabajo en mayor o menor grado, y nunca han existido más departamentos de «bienestar del empleado», programas de salud en la empresa, tanto física como mental, fomento del deporte y los voluntariados corporativos, y, sin embargo, no se logra reducir las cifras de absentismo. En su día llegué a leer en LinkedIN y otras redes sociales algunos artículos que hablaban de que los jefes tenían que pasar a ser «Ge-fes». Ge-fe igual a Gestor de Felicidad, tócate los…

Las propuestas de los empresarios tratan en la medida de sus posibilidades de atender algunas de las reivindicaciones de los representantes sindicales, como las mencionadas sobre conciliación y programas de apoyo a la salud del empleado, y otras que resultan controvertidas, como la propuesta de su presidente, Antonio Garamendi, de incrementar las horas extras en aquellos centros de trabajo y puntas de carga laboral en que haya mayor absentismo, lo que puede ser comprensible desde el punto de vista de la organización de la carga de trabajo para suplir bajas reiteradas. Determinadas medidas de este tipo dependen del tamaño de la empresa y del tipo de producción que realicen, ya sea la industria, la hostelería o los servicios, así como del convenio colectivo. Es difícil que lo que valga en unos centros de trabajo sea extensible al resto. Otra medida propuesta fue aquella que posibilitaba la contratación de trabajadores de empresas de trabajo temporal como indefinidos, con la cesión a otras empresas como fijos discontinuos. También fue rechazada en negociaciones anteriores.

Hay un coste del absentismo del que apenas se habla y no es el del empleado que está de baja, sino el coste de la sustitución para el empleador (cuando puede hacerlo), así como la capacitación necesaria para un puesto de trabajo que, en principio, será de corta duración, solo para cubrir una baja. El estudio del IESE Combatir el absentismo menciona tres tipos de absentismo, de los que una buena parte no está cuantificado en las estadísticas:

  • Laboral: hace referencia a la desmotivación del empleado y su baja productividad (síndrome de burnout, o del «quemado»).
  • Presencial: bajas justificadas, permitidas, pero también no justificadas, o ausencias prolongadas más tiempo del necesario por una enfermedad o accidente. Y también existe un absentismo presencial del trabajador, es decir, en presencia del mismo, cuando está frente a una pantalla dedicado a asuntos personales o a la navegación pura y dura por páginas no del puesto de trabajo (cybersurfing o cyber-skiving, los denomina).
  • Emocional: ausencia de compromiso con la empresa y muy baja productividad, y aquí podrían entrar todos esos que hacen «lo mínimo de lo mínimo», «se les cae el boli», «los que calientan la silla», los que «como no son puntuales en la entrada procuran serlo a la salida» y todos esos topicazos de nuestro panorama laboral.

Las medidas que propone el estudio se centran en mejorar la vinculación del trabajador con la empresa, fomentar el compromiso y la responsabilidad, promover la formación adecuada, las campañas de sensibilización y otra que siempre se escucha, pero es difícil de poner en práctica: incentivar la productividad. El estudio menciona en varias ocasiones la importancia de formar a los mandos intermedios, de obtener su compromiso con la empresa y formarlos en el cuidado del clima laboral, pues suelen ser los que gestionan la relación con los equipos en los que se suelen concentrar los mayores índices de absentismo.

Desde hace años hay una propuesta a la que se han negado siempre los representantes sindicales y es la que concede a las mutuas la posibilidad de dar las altas a los trabajadores. De acuerdo con las estadísticas sobre la duración de las bajas y dado el retraso en pruebas diagnósticas o en rehabilitaciones (reconocido por los propios representantes de los trabajadores), el fomento de medidas que pudieran contribuir a restituir la salud del empleado y acelerar su reincorporación podrían ser interesantes para todos los afectados, tanto empleados como empleadores. Pero UGT y CCOO no han querido saber nada nunca acerca de permitir tal posibilidad. En algunos de sus informes se refieren a los médicos de las mutuas como los «médicos policías», los ven como un vigilante del absentista fraudulento y no como un recuperador más eficaz del empleado que está de baja. ¿Pero no hemos quedado en que, según las estadísticas, había poco fraude?

La ministra de la Seguridad Social, Elma Sáiz, propuso un nuevo sistema de control de bajas laborales flexibles, para permitir la vuelta gradual a su puesto de trabajo de aquellos empleados con bajas de larga duración, pero chocó con la oposición de algunos de sus socios, Sumar, Podemos, ERC y Bildu. La ministra también busca una vía de consenso entre patronal y sindicatos para que las mutuas puedan al menos dar las altas en los procesos de bajas traumatológicas por contingencias comunes, pero siempre choca con la negativa de los sindicatos. Las mutuas incluso van más allá y proponen la asistencia sanitaria para el tratamiento de las bajas traumatológicas y osteoarticulares, la gestión de las rehabilitaciones tras el alta en procesos traumatológicos y el apoyo en pruebas diagnósticas para unos servicios públicos saturados que dilatan los procesos más allá de lo conveniente para empresas y trabajadores de baja.

Pero estas posibles soluciones tampoco convencen a los que se hacen la foto con la ministra de Trabajo junto al cartel de «Trabajar menos, vivir mejor». Al menos se opuso a la ocurrencia de las «autobajas» que propuso la ministra de Sanidad, Mónica García. Hay una última cosa más que ayudaría bastante a mejorar lo que es un problema nacional y sería ver que no todas las propuestas de Yolanda Díaz se mueven en una única dirección y siempre contra la empresa. Cuando todavía no ha acabado su guerra por la reducción de jornada por las bravas, promete lanzarse ahora a incrementar la indemnización por despido, para que sea poco menos que «a la carta» y «disuasorio» para las empresas. Como tampoco ayuda que los juzgados de lo social fallen cuatro de cada cinco veces a favor del trabajador, incluso en casos flagrantes de absentismo fraudulento (y seguro que más de uno podremos contar las historias sufridas con alguno en el pasado).

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Igual hay que hablar de absentismo (I)

JOSEAN, 11/03/2024

Sinceramente, creo que se le ha pasado. La ministra de Trabajo lleva tantos meses (e incluso años) hablando sobre la reducción de la jornada laboral, el incremento del SMI, el registro de jornada o el derecho a la desconexión que no ha tenido tiempo de afrontar un problema que, supongo, no debe de ser preocupante para ella ni para sus colaboradores: el absentismo laboral. Si uno busca la palabra «absentismo» en el Borrador de Anteproyecto de Ley para la reducción de jornada (aprobado solo por los representantes sindicales, por cierto), verá que no hay una sola referencia. El buscador tampoco encuentra las palabras «enfermedad» o «baja». No hay que pensar mal, el Anteproyecto está enfocado solo en el objetivo de la reducción y no en mejorar las tasas de absentismo existentes, seguro que si hacemos el mismo ejercicio sobre el Real Decreto-ley 32/2021, en el que se aprobaron «medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo», seguro, seguro, que lo encontramos…

Pues tampoco. Ninguna referencia al absentismo en esta reforma para la «transformación del mercado de trabajo». No vamos a ser malpensados, con la buena evolución de los indicadores de empleo en los últimos años, seguro que es una cifra poco relevante, apenas tendrá importancia:

Estas cifras aparecen en el último informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), según el cual, el coste total del absentismo en España asciende a 28.987 millones de euros, desglosados del siguiente modo:

  • Empresas: 13.961 millones de euros, el triple que en 2015, cuando este coste era de «solo» 4.805 mill.
  • Seguridad Social: 15.026 millones es el coste de las bajas que soporta el erario público. En 2015, esta cifra alcanzaba apenas la tercera parte, 5.340 millones.

El coste del absentismo supone aproximadamente el dos por ciento del PIB español, luego es un asunto que se debe afrontar, que no puede excluirse de la profusa normativa laboral aprobada en los últimos ejercicios. Preocupa esa cifra y preocupa la evolución creciente, sin freno. Por poner la cifra en contexto, el índice de absentismo en España, en comparación con la población activa, equivale a que cada día, repito, cada día del año, 1,2 millones de trabajadores no acuden a sus puestos de trabajo. Por diferentes motivos: enfermedad, bajas, también vacaciones, ausencias injustificadas, permisos, etc., pero 1,2 millones de trabajadores de una población entre los 20 y los 21 millones de personas. Es insostenible.

El Informe sobre el absentismo laboral de AMAT (puede encontrarse en este enlace) ofrece datos de gran valor para analizar la situación actual. Se basa en su mayor parte en los datos recogidos por el propio Ministerio en función de las ITCC (Incapacidades Temporales por Contingencias Comunes). La Población Protegida por el sistema (Mutuas y entidades gestoras colaboradoras de la Seguridad Social) ha tenido un elevado crecimiento en la última década:

Un importante incremento del 24,7% de la población incluida, que no tiene una correlación con el desorbitado aumento del 121,5% del número de procesos iniciados (bajas, enfermedades, accidentes) durante el mismo período:

Comparto esta conclusión del informe con la que estoy totalmente de acuerdo: «no deja de ser totalmente injustificable que las bajas se hayan multiplicado más del doble en diez años, con el lastre que esto supone para la competitividad de las Empresas y el sostenimiento del Sistema de la Seguridad Social como se verá más adelante».

A finales del ejercicio pasado, la Seguridad Social tuvo que destinar 4.000 millones extra para cubrir los costes derivados de las bajas laborales.

Entre las causas para este aumento desorbitado del absentismo, Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CC OO, considera tres:

  • El envejecimiento de la población.
  • El mal funcionamiento de los servicios públicos de salud, cuya respuesta «se está ralentizando cada vez más porque las inversiones en el sector sanitario público han bajado».
  • La demora en los procesos de rehabilitación de las patologías graves o de mayor duración.

Otra razón que nunca falta en estos análisis: en épocas de crisis, el absentismo disminuye, seguramente por el miedo a perder el puesto de trabajo. En épocas de mayor crecimiento económico, el absentismo aumenta, quizás por una mayor laxitud del trabajador o también influido por el hecho de que, con el aumento de las contrataciones indefinidas o la mayor actividad económica, haya un menor miedo a perder el puesto de trabajo. A estas conclusiones llega también el último informe de Randstadt Research. La propia expresión «me cojo la baja» es una aberración que me chirría cada vez que la escucho: son los médicos los que dan esa baja, no una libre disposición del trabajador, como da a entender todo el que la pronuncia. Hay otros datos que contribuyen a esta misma sensación de «caradura» de unos pocos (o no tan pocos, según algunos), como el hecho del repunte de los lunes y los viernes como los días con mayor absentismo de la semana. Por otro lado, del informe de Randstadt se desprenden conclusiones inquietantes que conviene matizar:

El concepto «absentismo» es muy amplio y recoge todo tipo de ausencias en el puesto de trabajo, también por vacaciones, permisos autorizados por el empleador o enfermedades certificadas por un médico, ausencias que entran dentro de la lógica y la normalidad del funcionamiento de las empresas. Son las bajas no justificadas y crecientes en volumen las que deberían preocupar y ser perseguidas de alguna manera. Sin embargo, el experto del que más me fío para los temas laborales, Javier Esteban, desmontaba esta cifra en el mismo medio y afirmaba que son menos del tres por ciento (2,97%) las bajas que corresponden «al temido absentismo injustificado». En su análisis de las causas, indica el mayor porcentaje de contratación indefinida y ese menor temor antes comentado, aunque también destaca el hecho de que el absentismo se encuentre también en cifras de récord en ese sector habitualmente «indestructible» que son los autónomos:

El segundo motivo que destaca el experto sería el contrario al expuesto en algunos medios: la buena gestión de la salud laboral en las empresas y los trabajadores por cuenta ajena. Pese al incremento de bajas tras la pandemia y al tensionamiento de la sanidad pública para gestionar las altas tras las incapacidades temporales, la productividad no se ha resentido y el número de horas trabajadas se mantuvo estable.

Pese al repunte en la duración de los procesos de baja en 2020 y 2021 (motivados por el Covid y sus sucesivas oleadas), este incremento de absentismo no se debe a una prolongación de los períodos de baja por mala gestión, sino al incremento del número de trabajadores en esa situación. El gráfico de AMAT refleja una cierta estabilidad de la duración media de las bajas por incapacidades temporales:

El otro dato que sí es reseñable es el incremento de los procesos de Incapacidad superiores a 365 días, es decir, el aumento de enfermedades crónicas, o incapacidades sobrevenidas tras la pandemia. No me atrevo a extraer ninguna conclusión de este dato:

La escalada durante la pandemia no volvió a recuperar las cifras habituales y en la actualidad se han superado incluso aquellas cifras de récord. Covid persistente, envejecimiento de la población activa, aumento de depresiones o de enfermedades relacionadas con la salud mental… hay hueco hasta para los conspiranoicos antivacunas. Aun siendo un problema destacable (130.000 desgraciados casos), no son el grueso del problema del absentismo en España, por fortuna. Así que retomo los diversos análisis efectuados sobre los millones de horas perdidas en España por el absentismo y, ya de paso, lo ligaré a la preocupación de la señora ministra por la reducción de la jornada de trabajo. Para ello, me remito a la metodología de cálculo del absentismo empleada por Adecco, que sitúa el absentismo en España en una tasa del 7,5 por ciento en 2024, un 0,6 más que en el año anterior.

El método de cálculo empleado es el siguiente:

Y de acuerdo con el cálculo de horas perdidas entre unas razones y otras, justificadas o no, y según las estadísticas de Eurostat, nos encontramos con que la jornada de trabajo «real» se encuentra en:

El problema con las estadísticas, como siempre, es que son unas medias aritméticas que ocultan muchos problemas, el famoso «si yo me como dos pollos y tú ninguno, la media dice que ambos nos hemos comido uno». Y lo mismo ocurre con este dato, que, además, se ceba con las empresas más pequeñas. El dato de 36,4 horas se acerca en las grandes empresas, con numerosos convenios por debajo de las 37,5 horas pretendidas por la ministra, o con recursos para cubrir las bajas en sus plantillas, pero es un dato irreal en las pymes, que suponen más del 92 por ciento del tejido empresarial.

Para la segunda parte quedarán las propuestas de unos y otros para rebajar estas cifras de absentismo, para mejorar la gestión de las bajas. Solo un último dato para concluir este análisis:

En el sector público hay más bajas, duran más días y nos cuestan más a todos los españoles. También habrá que analizarlo. Me voy a coger la baja… bloguera.

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No es una buena noticia

JOSEAN, 15/02/2025

Hay noticias que, de primeras, pueden parecer buenas, pero a poco que las analices, pueden no serlo tanto, o no serlo en absoluto.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a dos millones de personas en España y, sinceramente, no creo que sea una buena noticia, pese a que los miembros del gobierno se hayan esforzado por anunciarla como tal. En este post pretendo que se me entienda y no se me malinterprete, y sé que será difícil, porque voy a tratar varias noticias que nos venden como positivas y que para mí no lo son. Creo en el escudo social, en la protección del Estado en situaciones de desamparo y en la ayuda a colectivos vulnerables (de hecho, no creo que todo ese apoyo deba venir de lo público, también se debe hacer desde el ámbito privado y el individual de cada uno), pero no en la creación de colectivos dependientes cuyo número crezca cada año.

El Ingreso Mínimo Vital, como dice el propio gobierno en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es «una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil». Por supuesto que estoy de acuerdo con que estos dos millones de personas no se queden en la indigencia más absoluta, como podría ocurrir en el país «más rico» del mundo, los Estados Unidos, pero no creo que sea una buena noticia que los destinatarios de esta ayuda hayan crecido un 28 por ciento en el año 2024. La cuantía media de esta ayuda se sitúa en los 516 euros mensuales, una cifra insuficiente para estas familias en las que no hay trabajo, ni subsidios de paro, ni ingresos de ningún tipo. Por eso me reafirmo en la idea de que no puede ser una buena noticia que cada vez más gente se sitúe más allá de este umbral de la pobreza.

No es una buena noticia que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se haya incrementado de nuevo por decreto. Sin consenso. La ministra de Trabajo se hace «su» foto con los representantes sindicales y choca otra vez con la patronal, a la que vuelve a ignorar en sus dos antiguas reivindicaciones (el sector agrario y las revisiones de precios de los contratos públicos). No puede ser que vuelva a evitar tomar en consideración los informes del Banco de España y sus efectos sobre el empleo en las pymes y micropymes (el grueso del marco empresarial en España). No puede ser que la ministra haya incumplido de nuevo el compromiso de que se tengan en cuenta los incrementos de los costes laborales en las revisiones de precios de los contratos con las administraciones públicas. «Es otra ventanilla», pensará. Y con esa otra ventanilla, la del Ministerio de Hacienda, ha chocado demasiadas veces. La de esta semana fue en público, en una bochornosa comparecencia en la que se hizo la sorprendida (y ofendida) por saber que el SMI tributaría en el IRPF. Hacienda se quedará buena parte de la subida y eso no me parece mal, porque implica que un número mayor de perceptores superará el mínimo exento. Lo que no es de recibo es el show en el propio gobierno entre Díaz, la portavoz Pilar Alegría y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Estas discrepancias internas manifestadas en público provocan la misma inseguridad que las oscuras negociaciones de contrapartidas con los partidos independentistas para sacar adelante cualquier medida gubernamental.

Por otro lado, si vamos a la medida en sí, parece mentira que haga falta recordar a algunos de sus promotores que no es el gobierno quien pagará el incremento del SMI, como a veces parecen dar a entender en comparecencias y publicidad ministerial, sino que será asumido por las empresas, entre las cuales, las que mayor impacto sufrirán en sus cuentas serán las más pequeñas, los negocios con una reducida plantilla de menos de diez empleados: restaurantes, peluquerías, pequeños comercios… Empresas a las que, además, advirtieron desde el Ministerio que serían vigiladas ¡para asegurarse de que no lo repercutieran en precios! ¿Pretendemos llegar a una economía de precios regulados, no hemos aprendido nada todavía?

Sorprende (o todo lo contrario) que esta preocupación del gobierno por la subida del SMI no se haya trasladado al incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM, que es el que se utiliza para el acceso a las ayudas públicas, subvenciones o los cálculos del subsidio de desempleo. La evolución del IPREM en los últimos ejercicios, en comparación con el SMI, ha sido la siguiente:

El IPREM se actualiza con los Presupuestos Generales del Estado, pero, como estos están congelados, sin aprobar, se mantiene estancado. El IPREM no es una preocupación de este gobierno, como tampoco lo fue del anterior: de 2010 a 2016 se mantuvo sin variaciones. Y este es el indicador que se toma en consideración para el acceso a ayudas estatales, bonos sociales, determinadas becas o las subvenciones al alquiler, ahora que se habla tanto de esto. A este gobierno que tanto le preocupan los colectivos vulnerables parece habérsele olvidado que, debido al estancamiento del IPREM, es menor el número de personas que acceden a las ayudas públicas. O a lo mejor va de eso mismo: el incremento del SMI será pagado por las empresas, mientras que el aumento del IPREM supondría un mayor desembolso público. Y siempre es más fácil legislar con el presupuesto de otros.

No es una buena noticia que siga incrementándose el SMI sin que se corrija el problema de productividad que hay en este país. Según estos datos de Cepyme, España tiene ya el segundo puesto en Europa en la relación entre el SMI y el PIB por empleado:

Es lo que tiene haber subido más de un 60 por ciento el salario, sin que apenas se haya movido la productividad. El SMI de España nos sitúa en la banda alta de la Unión Europea, pero aún muy lejos de las principales economías europeas:

Todas estas medidas relativas al SMI forman parte del compromiso de este gobierno por cumplir lo indicado por una Directiva Europea que pretende que los salarios mínimos alcancen al menos el 60 por ciento de los salarios medios de cada país. Con el último incremento aprobado en España se alcanza el 61 por ciento del salario medio, pero no puede ser una buena noticia que el salario medio en España se mantenga tan bajo en comparación con la zona euro.

Claro que es una buena noticia que el paro siga bajando al nivel más bajo en casi dos décadas, pero no lo es que se considere que el 11 por ciento es una buena noticia. Es un paro estructural muy alto, el mayor de la Unión Europea.

No es una buena noticia que los fijos discontinuos en paro hayan superado el pasado mes de enero al número de los que se encuentran activos. Casi 860.000 trabajadores, la cifra más elevada de la serie. Los fijos discontinuos sin empleo dejan de percibir su salario y son dados de baja en la Seguridad Social, pero cuentan como «demandantes con relación laboral» y no como parados. Como indica el artículo, hay quienes lo consideran, y no sin razón, «una forma de maquillar las estadísticas».

No es una buena noticia que el Ministerio de Yolanda Díaz consuma tantos recursos y esfuerzos en la jornada de 37,5 horas semanales sin tener en cuenta los convenios sectoriales, las negociaciones colectivas, la tipología de empresas o la jornada media ya existente. Y desde luego que no es una buena noticia que se cebe con esta medida, que genere nuevas incertidumbres, mayor complejidad en su aplicación, y sobre todo, que no se haga nada a la par para combatir el absentismo. Nada. Todo parece una guerra contra las empresas, hasta el punto de que esta semana ha propuesto a los sindicatos ¿una movilización en las calles? para lograr que se implante esta reducción de jornada a su manera. Es una locura.

Por todo lo indicado (y por muchas más cosas), no puede ser una buena noticia, en absoluto, que nos cuenten que España es la economía que mejor funciona de la Unión Europea. La que tiene las mejores expectativas de crecimiento. Cómo estará el resto, cómo están, de hecho. Por eso voy a concluir con una frase de Leo Harlem que escuché en uno de sus monólogos: «si los españoles lideramos alguna estadística, desconfía, eso no puede ser bueno».

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Más licitaciones desiertas (II): posibles medidas

JOSEAN, 15/12/2024

Si la primera parte de estos textos se centraba en las posibles causas que generaban un número creciente de licitaciones desiertas o con un solo competidor (recapitulemos: presupuestos de licitación obsoletos, ausencia de mecanismos de revisión de precios, hiperregulación, procedimientos largos y complicados, competencia de empresas públicas), esta segunda parte se centrará en las medidas que diversos sectores solicitan desde hace años para revertir la tendencia.

  1. Modificar o, mejor, derogar la ley de desindexación de precios.

Es una petición que viene de lejos. La ley de desindexación de precios, pergeñada en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, entró en vigor en 2015 en un contexto inflacionario completamente distinto al que hemos padecido los últimos ejercicios. La norma pretendía evitar los «efectos de segunda ronda» y mantener controlados los precios de los contratos del sector público con una serie de medidas más que discutibles. Algunas de ellas fueron acertadas, las menos, y la mayoría fueron totalmente desafortunadas, como se ha visto en estos últimos ejercicios. No deja de tener su gracia recuperar hoy algunas de las notas que publicó el Ministerio cuando la ley fue aprobada:

Mejora «la competencia efectiva», «mayor eficiencia de los contratos». Ya lo estamos viendo. La ley se ha aplicado en numerosos casos solo en su apartado de «no-revisión de precios del sector público», sin tener en cuenta lo que la propia ley reflejaba sobre revisiones excepcionales o las necesarias causadas por situaciones extraordinarias como las de los últimos ejercicios, con los incrementos de precios de la energía, los costes laborales por cambios normativos o la inflación provocada por la guerra de Ucrania (Greenflation y «ukrainflation»).

La reivindicación de la patronal para incorporar las subidas de costes laborales a los precios de los contratos del sector público fue acordada con los sindicatos en 2023, pero no se ha hecho efectiva tras ninguna de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (La subida del SMI y las revisiones de precios de los contratos públicos).

Yolanda Díaz se abre (¡por fin!) a incorporar al menos el impacto de las subidas del SMI aprobadas por su gobierno y reconoció durante el reciente congreso de UGT que «esa ley de desindexación es un ejemplo de relación tóxica entre los servicios públicos y el mercado». Ha tardado seis años en darse cuenta, pero es un avance. «Esta ley es un residuo de la España de los recortes, que continúa a día de hoy perjudicando a la calidad de los servicios públicos y a los trabajadores de multitud de concesionarias públicas de nuestro país». Durante su discurso, planteó una modificación de la ley, pero casi al mismo tiempo indicó que no está en sus manos: «veremos quién nos acompaña en el trámite parlamentario». En anteriores ocasiones, la modificación se ha visto frenada por el ministerio de Hacienda.

El problema es que no solo se ha modificado el SMI, con un alza del 54 por ciento en los últimos seis años, sino las cargas sociales, que vuelven a incrementarse el 1 de enero, las obligaciones para las empresas (registro de jornada, planes de diversidad, desconexión digital) o ahora, como se pretende, la reducción de jornada sin disminución del salario. Y todo ello tiene un coste. El lenguaje conciliador de la ministra de Trabajo no ha sido mantenido por el secretario de Estado, Joaquín Pérez-Rey.

Ambos pertenecen al mismo grupo político, pero quería traer esta disparidad de tono para hablar del segundo punto: las diferencias de intereses de los partidos que conforman la coalición de gobierno y cómo afectan a las empresas.

2. La seguridad jurídica.

No quiero ser reiterativo con este asunto, que ya ha salido numerosas veces en este blog, durante este gobierno y durante las legislaturas anteriores de Mariano Rajoy. Así, a modo de resumen:

Se legisla mucho, en exceso, y, aún peor, de forma contradictoria, lo que genera nuevos problemas, como varios de los mencionados en los post anteriores. El asunto de actualidad que condiciona las últimas semanas es el de la negociación de los apoyos parlamentarios, con los impuestos a la banca y a las energéticas en el centro del conflicto, y con cambios de criterio en función de si se habla con Junts y el PNV, o con ERC y Sumar.

El impuesto a las energéticas o la subida del diésel son solo dos ejemplos más, porque en esta negociación pesa más el factor ideológico que el económico y, para más inri, los grupos que conforman la coalición condicionan su apoyo al gobierno en función de la obtención de sus reivindicaciones. Dentro del paquete de medidas se incluyen varias que afectan a los licitadores de los contratos públicos, como los nuevos impuestos creados o por crear, los incrementos de los existentes, también sobre la energía, el aumento de los costes laborales por la vía de las cotizaciones sociales (again!) o la reforma del Impuesto de Sociedades que aprueba de nuevo lo que el Constitucional derogó («Montorazo»).

Con todos estos cambios y sin una posibilidad real de trasladar los costes a los precios facturados a la administración resulta muy complicado para las empresas preparar una oferta. Por eso, ante un escenario incierto, en muchas ocasiones se opta por no acudir al concurso, aunque se pueda perder lo que siempre se había considerado una buena oportunidad.

Otro problema, y no menor, es que parece que al gobierno, o al menos a una buena parte de sus socios, no les importa que las empresas se sientan incómodas operando en nuestro país, y así ocurre que, por desgracia, numerosas empresas grandes hayan optado por aumentar su presencia en el extranjero y reducirla en nuestro país. Igual que los alemanes se sienten orgullosos de su Volkswagen o los italianos de Fiat, o los franceses de Louis Vuitton o Carrefour, no digo que aquí lo estemos de los grandes grupos españoles que compiten en la primera división en todo el mundo, pero, al menos, que no parezca que se los persiga. Ferrovial, Sacyr, Telefónica, Iberdrola, Inditex, los grandes bancos… En lugar de ello, parece que algunos prefieran que se busquen la habichuelas en el exterior (más del 85 por ciento de los ingresos de ACS ya provienen de otros mercados, por ejemplo), o que vendan las participaciones en negocios, como ha ocurrido con el sector de los servicios urbanos, esas «concesionarias públicas» de las que hablaba Yolanda Díaz.

ACS vendió Urbaser a un grupo chino, quien a su vez lo vendió después a un fondo americano. Ferrovial vendió sus divisiones de residuos a la alemana PreZero y la de facilities management a un fondo español (Portobello). Sacyr hizo lo propio y vendió su división de residuos al fondo americano Morgan Stanley y la de facilities al mismo fondo Portobello. No es casualidad que se trate de divisiones con un alto peso de los costes laborales en sus cuentas y una fuerte dependencia de la contratación pública.

3. Incremento de la colaboración público-privada.

En lugar del enfrentamiento actual, que mantiene preocupados (y muy cabreados) a la CEOE, la Cepyme y al resto de organizaciones empresariales, sería muy útil mejorar la colaboración, como se hace en el resto de Europa y prácticamente en todo el mundo empresarial occidental. La persecución a Ferrovial fue tachada por algunos medios de «cacería», de «aviso para navegantes», y tuvo un cierto componente de amenazas, con llamadas directas de Nadia Calviño y declaraciones directas de miembros del gobierno sobre la empresa y su presidente. Entre los argumentos esgrimidos por el presidente de la CEOE sobre la posible salida de más empresas españoles estuvieron los factores comentados y más que repetidos: el incremento de los costes laborales y de la presión fiscal.

Es una pena que, en un momento en el que hay fondos europeos para acometer inversiones necesarias en numerosos sectores, proyectos que solo pueden gestionarse técnicamente desde la empresa privada, se queden todos esos concursos desiertos o sin apenas competencia. Sectores en los que, además, la Unión Europea ya ha sancionado a España por los incumplimientos de la normativa comunitaria (emisiones, residuos, depuración de aguas). Y es una pena aún mayor si pensamos que el gasto público ha crecido en los últimos ejercicios, pero no lo han hecho las inversiones productivas, necesarias en sectores cuyas infraestructuras han quedado obsoletas en la última década. No hay que bucear mucho para encontrar las demandas de los diversos sectores en infraestructuras de transporte, redes para electrificación, tratamiento de residuos, gestión del agua, planes hidrológicos, limpieza de cauces e infraestructuras hidráulicas,…

4. Simplificación de los procesos.

Me repito con todo lo ya explicado anteriormente. Algunas asociaciones empresariales solicitan modificar la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, vigente desde 2018). Una ley que sustituyó la de 2011, que a su vez modificaba la de 2007 más los apartados rectificados en 2010… Quizás el problema no sea legislar cada pocos años e incorporar nuevos artículos o más normativa, sino simplificar algunos procesos. Reducir tiempos y ser más eficientes, sin perder transparencia, una carta a los Reyes Magos: todo el que ha trabajado en estos sectores sabe que muchas de las regulaciones sirvieron afortunadamente para frenar la corrupción en los procesos de licitación y en las modificaciones contractuales.

El Mundo publicaba el domingo pasado un artículo titulado El movimiento de la riqueza, escrito por Francisco Pascual. En el mismo, mencionaba dos informes: el elaborado por UBS bajo el título La riqueza en movimiento y el de Christine Lagarde, Fuera de la zona de confort: Europa ante el nuevo orden mundial. «En el fondo hablan de lo mismo», concluye el periodista, «El dinero irá donde haya más seguridad jurídica, menos burocracia y más rentabilidad en el largo plazo». Pero qué sabremos algunos, los que creemos que las empresas españolas tienen un gran potencial, igual que el propio país, y que las cosas nos irían mucho mejor si se simplificara tanta normativa improductiva. ¡Coño, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos!

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Más licitaciones desiertas (I): el problema

JOSEAN, 11/12/2024

Aumentan las licitaciones que quedan desiertas o con una sola empresa presentada, o lo que es igual, concursos públicos con menos competencia. El problema viene de lejos y no solo no se está afrontando, sino que corre el riesgo de acrecentarse. Ya en 2022 hubo voces en diferentes patronales que alertaban del número creciente de licitaciones públicas que quedaban desiertas, sin que ni una sola empresa presentara una oferta. Podía resultar extraño que, en esa época post-pandemia y de teórica recuperación, tantas empresas desistieran de acceder a una adjudicación pública que podría ayudar a recuperar sus arcas.

La causa alegada en aquel momento por muchas empresas fue el incremento de la inflación en general, y de los costes de los materiales y de la energía en particular, costes que no se correspondían con los incluidos en los presupuestos públicos considerados como base en las licitaciones, en numerosos casos, sin actualizar desde 2018. Para agravar el problema, los pliegos limitaban (y limitan) la posibilidad de corrección del desfase por la vía de la revisión contractual de precios, gentileza de la Ley de Desindexación parida por la truculencia de Cristóbal Montoro en 2015. Según indica La Vanguardia en esta noticia de febrero de 2022, un tercio de las licitaciones del año precedente en Cataluña quedaron desiertas y otro quince por ciento contó con una sola empresa presentada al concurso.

El diario El Mundo daba cuenta en marzo de 2023 del escrito de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a la presidencia del gobierno en el que advertían de los riesgos de mantener las licitaciones sin atender a los incrementos de costes y sin permitir las revisiones de precios o los reequilibrios económicos por causas sobrevenidas.

Un año antes, el gobierno aprobó por la vía del real decreto-ley (BOE de marzo de 2022) una serie de medidas para compensar la subida desproporcionada de los materiales de construcción y de las materias primas, pero la modificación cubría solo a algunas ofertas, durante un período reducido y con unos límites muy bajos, luego el problema siguió sin atajarse. El parche fue insuficiente, por lo que dichas medidas tuvieron que ser posteriormente ampliadas en noviembre.

Lo que en 2022 parecía suceder de manera exclusiva con los contratos de obras, se trasladó a otros sectores como los servicios de saneamiento urbano, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, limpieza y mantenimiento de instalaciones, servicios socio-sanitarios y, en general, todos aquellos con un elevado componente de costes laborales sobre el total del presupuesto.

Se trata de contratos que se han visto afectados por los fuertes incrementos de costes laborales como consecuencia de las medidas aprobadas por el gobierno en los últimos ejercicios: incremento del SMI, aumento de las cotizaciones sociales por la vía del aumento de las bases o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, reducción de jornada, registro de jornada, etc. Todas estas medidas, que impactan directamente en los costes de las empresas, y, por tanto, en sus resultados, con contratos públicos adjudicados de antemano con unas reglas de juego diferentes, se podrían haber compensado con la aplicación de fórmulas de revisión de precios, pero el gobierno actual ha decidido mantener la «Montorada» de 2015 y mirar hacia otro lado, pese a los compromisos realizados.

De todo ello ya hablamos a principios de este año en el post La subida del SMI y las revisiones de precios en los contratos públicos, pero el problema crece a cada trimestre que pasa. Según un informe de la CNMC, el 44 por ciento de los contratos públicos tiene un solo licitador, una sola empresa interesada en presentarse a un concurso que, en muchos casos, cuenta con fondos europeos y una seguridad de cobro sin demora que, sin embargo, no resulta atractivo para las empresas.

Si comparamos las cifras con las de la Unión Europea, estábamos en línea en 2022 con la media comunitaria, si bien se ha superado a lo largo de este 2024. En esta comparación resulta llamativa la diferencia en días en lo referido a la decisión sobre la adjudicación a la mejor oferta: de los 87 días de media a los 157 que actualmente se estilan en España.

Ese retraso en las adjudicaciones, que pueden prolongarse varios meses más por los sucesivos recursos (a los pliegos, Recursos Especiales en Materia de Contratación, recursos contenciosos…), redundan en una modificación de costes de los licitadores (normalmente al alza) respecto al momento en que las ofertas fueron presentadas, pero no es la única razón por la que no hay mayor interés en las licitaciones públicas. Según la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, uno de los problemas de las empresas para acudir a concursos públicos es «la extremada juridificación (o regulación sobre situaciones no previstas anteriormente) en las normas de contratación pública”. La hiperregulación tan desmotivadora que ya ha salido varias veces en este blog, con «múltiples órganos de contratación con diversidad de procedimientos».

Hay más razones para que el número de competidores haya caído a mínimos históricos, como la desincentivación que supone el hecho de que la administración haya incrementado las adjudicaciones a empresas públicas. Según la presidenta de la CNMC, «el uso de estos medios puede llegar a reducir el mercado de la contratación pública, eliminando competidores viables», y «a medio y largo plazo, se puede producir un efecto de expulsión de oferta del mercado». Según el informe que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) presentó al Senado el mes de noviembre, el uso de estas empresas ha crecido un 142 por ciento respecto a 2022. El informe de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, presenta unas cifras preocupantes: menos licitadores de media, más concursos desiertos, más concursos con una sola empresa presentada, y un enorme crecimiento de las adjudicaciones a empresas públicas. Alguna, como Tragsa, solicita modificaciones jurídicas para incrementar su negocio, que no depende del precio de licitación ni de la eficiencia económica de los contratos, como sí ocurre en sus competidores del sector privado.

La presidenta de la CNMC insistió en los perniciosos efectos de esta tendencia: «cuando no hay presión concurrencial, puede originarse una desviación media al alza de los precios de entre el 20% y el 25% del presupuesto comprometido, que acabamos pagando todos (los contribuyentes)». Se quebranta «el principio de neutralidad competitiva».

Hiperregulación, competencia de los medios públicos de la Administración, y un tercer factor, los precios base de los concursos públicos. El desfase de precios en los concursos, unido a la inexistencia de mecanismos de revisión de precios, provoca que buena parte de ellos carezcan de interés para las empresas. El cambio de reglas de juego en mitad de la partida (aumento de las cargas sociales y de la presión fiscal) tampoco juega a favor. Como consecuencia de todo ello, más de 25.000 millones de euros en proyectos financiados con Fondos Next Generation permanecen sin ejecutar: 11.000 millones en proyectos no adjudicados y otros 14.000 millones en remanentes de años anteriores que no se han podido ejecutar.

El dato es preocupante porque se trata de fondos correspondientes a proyectos que se deben ejecutar antes de agosto de 2026. Según Carlos Cuerpo, ministro de Economía, «lo que urge es adjudicar esos 11.000 millones. Además, según nuestra estimación, se habrían generado unos 14.000 millones de euros en remanentes no gastados, que deberían volver a convocarse».

Pues ya estamos tardando. Y más, cuando los procedimientos de licitación resultan tan largos y farragosos. Y aún añado más, ya estamos tardando cuando hay tantos sectores que reclaman esas inversiones en infraestructuras como el transporte o como se vio recientemente con la DANA en Valencia. Seguimos siendo el país con mayor número de sanciones de la Unión Europea por incumplimientos en materia de residuos, emisiones de CO2 o tratamiento de agua (Hiperregulación (II): efectos), con un déficit de inversiones brutal desde hace más de una década, ¿para qué vamos a mejorar los procesos de licitación?

Continuará: Más licitaciones desiertas (II): medidas.

Relacionados:

Hiperregulación (I): situación

Hiperregulación (II): efectos

Hiperregulación (III): competitividad

La subida del SMI y la revisión de precios en los contratos públicos

Populismo legislativo

Populismo tributario (II): Papá Estado

La seguridad jurídica salta por los aires (I)

La seguridad jurídica salta por los aires (II)

Las grandes corporaciones son malas (I)

Las grandes corporaciones son malas (II)

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La reducción de la jornada laboral (II): los costes

JOSEAN, 04/09/2024

Como comentaba en la primera parte, el problema de la reducción de jornada laboral tal como se ha planteado surge cuando este tipo de decisiones que afectan a todos los trabajadores y a todas las empresas se toman con un criterio ideológico, y no económico. El error seguramente esté en hacer tabla rasa y tratar de aplicar una medida no consensuada, por las bravas y del mismo modo para todos los sectores, actividades y tipos de empresa. Numerosos convenios ya están por debajo de las 37,5 horas semanales propuestas por la ministra para 2025. Hay empresas que ya están desarrollando planes de cuatro días de trabajo a la semana, igual que hay sectores productivos con puntas de trabajo y meses «valle» que pueden adaptarse con “bolsas de horas”, o empresas grandes que podrían implementar medidas de flexibilización que conviven con micropymes a las que un nuevo incremento de costes laborales las destroza (más zombis que gacelas en el ecosistema empresarial). Pues lo mismo para todas, según el ministerio, donde no parecen hacer caso ni a los informes del Banco de España.

El Informe Anual del Banco de España de 2023 advierte que, «de cara al futuro, es fundamental tener en cuenta la considerable heterogeneidad que existe, en lo que se refiere a la jornada laboral media, entre distintos tipos de empresas y sectores», y que «sería deseable que las distintas empresas y sectores dispusieran de una amplia flexibilidad para acomodar dicho cambio normativo si se quieren evitar los posibles efectos negativos de esta medida sobre los costes laborales, la productividad y el nivel
agregado de empleo y actividad».

Para evitar los «efectos negativos» que indica el propio informe, cualquier análisis que se realice sobre la reducción de jornada debe estar apoyado o soportado por una mejora de la productividad, derivada «principalmente, de la introducción de múltiples cambios tecnológicos (véase gráfico 3.21). Unos cambios tecnológicos que, como se ha venido argumentando a lo largo de este capítulo, previsiblemente permitirán nuevas reducciones de la jornada de trabajo en las próximas décadas».

No parece que se cumpla esa premisa de partida. Otros dos gráficos que complementan esta idea aparecen en el estudio Productividad y reducción de la jornada laboral elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para el servicio de estudios del BBVA.

Fedea calcula que la medida propuesta por el Ministerio de Trabajo tendría un impacto de seis décimas en el crecimiento durante dos años. Si al menos este efecto fuera temporal y tuviera un impacto positivo sobre el empleo, se podría considerar, pero tampoco es así. Según el mismo estudio, el empleo se reduciría en ocho décimas, salvo que se apliquen “medidas compensatorias que alivien el alza de los costes laborales”.

Son las conclusiones que aparecen en el mencionado estudio presentado en julio:

Y aquí vuelve la eterna batalla entre las empresas y el ministerio. Como pasó con la subida del SMI o los incrementos de las cotizaciones: si se incrementan los costes laborales, si no hay medidas compensatorias, no queda otra que revisar al alza los precios de los productos y servicios. Pues… según Yolanda Díaz, habrá que vigilar a las empresas que suban los precios. En el ministerio pretenden que ese aumento de costes sea asumido por las empresas y ni siquiera se plantean revisar los contratos con las administraciones públicas, pese a suponer un cambio en mitad de la partida de las condiciones pactadas por ellos mismos. Así es complicado llegar a un acuerdo. Una medida compensatoria podría ser la reducción de las cotizaciones sociales para las empresas, pero no está en la agenda del ministerio, y menos cuando han subido con fuerza en los últimos años.

Se podría estudiar lo sucedido en otros países de nuestro entorno. El Fondo Monetario Internacional recuerda el caso de Francia con la ley Aubry hace dos décadas, cuando se pasó de la jornada de 40 horas semanales a una de 35: el impacto tuvo que ser soportado forzosamente por los salarios. Muchas de las horas reducidas (o suprimidas) fueron sustituidas por horas extra y los salarios se congelaron de uno a tres años para compensar el sobrecoste adicional de las mismas. Finalmente hubo que compensar a las empresas y reducir las cotizaciones sociales, lo cual, según el FMI, tuvo un impacto en las cuentas públicas que rondaría el uno por ciento del PIB. Según los estudios realizados por la OCDE y el FMI, las conclusiones sobre experiencia francesa de reducción de jornada indican que tampoco se creó empleo. La satisfacción de los trabajadores por la disminución de las horas apenas compensó la insatisfacción por la reducción o moderación salarial.

Las advertencias de todo el sector empresarial español sobre las consecuencias que tendría la implantación forzosa de la reducción son continuas, pero caen en el saco roto de Yolanda Díaz. Uno de los sectores más afectados, el comercio, ya ha dicho a través de la CEC (Confederación Español del Comercio) que es directamente «inasumible». «Se va a traducir en una grave pérdida de competitividad del comercio de proximidad frente a las grandes plataformas de venta online», muchas de las cuales están situadas en paraísos fiscales o eluden el pago de impuestos en el país.

No es muy difícil anticipar cuáles serían los pequeños comercios más afectados por la medida, todos los que tienen un horario amplio de atención al público y una plantilla pequeña, como la hostelería o los negocios de proximidad. También la agricultura, ocupada en su mayoría por micropymes. Solo en la hostelería trabajan 1,7 millones de personas, según un reciente estudio de Randstad, casi uno de cada diez trabajadores. Son sectores fundamentales en un país que ha visto cómo unos cien comercios echaban el cierre a diario durante el último año. 35.527 pequeñas empresas de menos de diez trabajadores desaparecieron en el año 2023.

La Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) elabora periódicamente una serie de informes sobre la situación de sus empresas, la evolución de la productividad, los costes laborales y financieros, solvencia, etc. Hace un mes se publicó el referido al primer trimestre de 2024 y recoge conclusiones interesantes, o más bien, preocupantes, que han sido ignoradas por el ministerio a la hora de lanzar la imposición de la medida. En el último informe destaca la evolución que han tenido los costes operativos de las pymes, afectados por el entorno inflacionario, incremento de los suministros y costes laborales, a los que dedica un apartado especial en el que puede verse cómo estas empresas son las más afectadas por las medidas implementadas por el ministerio, en especial, destaca el informe, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Con todo ello, no debe extrañar que las pymes acumulen cinco trimestres consecutivos de caídas interanuales de productividad. Y si las empresas son menos competitivas, no parece que sea el momento adecuado para plantear a todas ellas una reducción forzosa de la jornada laboral.

La evolución de la productividad por empleado es básica antes de plantear una medida como esta. Pues bien, de acuerdo con el estudio Productividad laboral: España vs UEM, publicado recientemente por el BBVA Research, España ha experimentado un nuevo retroceso frente a sus socios competidores. El Valor Añadido Bruto por hora trabajada en España se mantiene en niveles comparables a los que tenía la eurozona en 1998, es decir, un retraso de 25 años. La brecha, lejos de reducirse, se ha incrementado en la última década, y todos los sectores económicos, excepto la agricultura, mantienen una productividad inferior a la media de la eurozona.

Con todos estos datos, repito, ¿de verdad es el momento de plantearse la reducción de la jornada con el mantenimiento del salario de los trabajadores? La propia gobernadora en funciones del Banco de España, Margarita Delgado, advirtió en julio de este año de los grandes retos a los que se enfrenta el mercado laboral español: el elevado desempleo y el bajo crecimiento de la productividad. Ninguno de los dos va a mejorar con la implantación de la reducción de jornada. Con todas las medidas implementadas en los últimos ejercicios, el Ministerio de Trabajo solo está logrando un incremento de los costes laborales para las empresas. La CEPYME se atreve a poner una cifra al coste de la medida: 40.000 millones de euros (que conste que nunca me creo demasiado estas cifras redondas que se lanzan). Y aquí no termina la cosa. Siguiente parada anunciada: el coste de las indemnizaciones por despido.

Las negociaciones se retoman el 9 de septiembre. No he mencionado a los sindicatos. De manera consciente. Su gran aportación al proceso negociador es el anuncio de movilizaciones si no se impone la reducción al Yolanda’s way.