Economía

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La reducción de la jornada laboral (I): esa cosa no tan chulísima

JOSEAN, 31/07/2024

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz proclamó muy ufana hace tiempo que “el Gobierno hace cosas chulísimas todos los días”. En este blog ya hemos dedicado varias entradas a algunas de ellas, a sus efectos chulísimos y a los que no lo han sido tanto:

Las 40 horas semanales

La jornada de trabajo lleva establecida en las 40 horas semanales desde hace algo más de cuatro décadas, concretamente, desde el 30 de julio de 1983, cuando entró en vigor junto con el derecho de los trabajadores a 30 días de vacaciones remuneradas. Hace un siglo, la jornada de trabajo superaba las 3.000 horas anuales, con solo un día de descanso a la semana, mientras que en la actualidad los convenios tienen una media de 1.713 horas. Esta drástica reducción se logró por el incremento de la productividad y la incorporación de innovaciones tecnológicas a los procesos de fabricación, la automatización de procesos o las mejoras en la distribución. El debate sobre la reducción de la jornada actual se puede plantear en un escenario en el que haya una mejora de la productividad, o bien, en el que dicha medida vaya a suponer un incremento del empleo, un mejor reparto de las tareas. De lo contrario, solo va a suponer un incremento de los costes laborales, una reducción de la competitividad de las empresas y con ello, un impacto negativo para las más pequeñas.

Como ejemplo de que el acuerdo es posible, buena parte de los convenios colectivos cerrados entre la patronal y los sindicatos en el último año se acercan a las 37 horas semanales. Esta situación afecta a poco más de medio millón de empleados, pero son consensos en la línea de reducción. Según la EPA de 2023, la jornada media en España se situaba en 37 horas y 42 minutos, aunque, como ocurre con todas las medias, con un reparto desigual, con unos once millones de trabajadores por encima de las 40 horas semanales, bien por horas extras o por pluriempleo. Buena parte de los convenios sectoriales en actividades intensivas en mano de obra ya tienen una jornada de 35 horas (servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, asistencia social, recogida y tratamiento de residuos, administraciones públicas…), luego no se verán afectados por la medida.  

El ministerio de Trabajo

La ministra de Trabajo no ha dejado de proponer cambios en la normativa laboral desde que está en el puesto. Seguramente es lo que se le debe exigir a un ministro, que curre, que trabaje, que se gane el sueldo, si bien, en el caso de Yolanda Díaz, estoy seguro de que muchos (empresarios y autónomos) habrían deseado que frenara en su afán regulador. El problema surge cuando el motor de todas estas decisiones no es económico, sino ideológico. En un resumen simplista del pensamiento de la ministra, los empresarios son malvados explotadores y los trabajadores tienen que cobrar más por menos trabajo. El planteamiento es reducir la jornada a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025.

El número dos del ministerio, Joaquín Pérez Rey, planteó el debate tirando de tópicos: “se trata de que tanto los camareros, como los trabajadores de las auditoras y los banqueros” tengan un máximo de jornada laboral. “Se trata de democratizar el tiempo de descanso”.

No sé si el afán de la ministra por forzar la situación y amenazar con aprobar la medida por decreto se debe a la necesidad que tiene de hacerse visible o “útil” tras los fracasos electorales de su nueva marca, pero si así fuera, alguien tendría que decirle que hay otra manera de hacer las cosas y alcanzar un consenso. Ha puesto varias fechas límite y ultimátums a la patronal para adoptar la medida sin valorar que no se puede hacer tabla rasa en todos los convenios.

La realidad es que hay recorrido para la propuesta y para alcanzar un acuerdo sobre la misma, como lo había con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional, por cierto, que, sin embargo, se aprobó por las bravas y sin incluir los propios compromisos anteriores del gobierno: no hubo medidas especiales para el sector agrario y no se incorporó la revisión de los salarios en los contratos con las administraciones públicas.

La señora ministra parece que solo escucha a los líderes de los sindicatos. Mejor dicho, escucha a todos los representantes sociales, se reúne con todos, pero desatiende las propuestas de los empresarios y sigue la senda que le marcan Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO). En su ceño perennemente fruncido tiene marcado que todas las medidas que supongan un incremento de los costes laborales son buenas para el trabajador y malas para el gran empresario, y no es capaz de entender que no es así, pese a las evidencias en sentido contrario. El informe del Banco de España sobre las diferentes subidas del SMI ponía de relieve que:

  • El sector agrario fue claramente el más afectado.
  • Las pymes y micropymes, que representan el 99 por ciento del sector empresarial español, fueron las que absorbieron el mayor impacto del incremento.
  • Las grandes empresas tenían un porcentaje bajo de trabajadores sujetos al SMI, favorecidos, por tanto, por la medida y gracias a ello sufrieron un impacto menor.
  • Hubo un repunte de las horas trabajadas y no cotizadas, un aumento de la economía sumergida (seguramente, en esas micropymes antes mencionadas).

Recuerdo estas conclusiones de aquel informe porque los resultados de la medida de reducción de jornada pueden afectar de un modo similar a los mismos sectores y a los mismos trabajadores.

Postura de los sindicatos

Raúl Olmos, de Comisiones Obreras, indicaba que “la tendencia es a reducir la jornada, y eso se da con mayor intensidad en épocas de bonanza y en etapas de inflación”, ya que se utiliza para compensar la pérdida de poder adquisitivo: a menor salario real, menos horas trabajadas. Cabría preguntar dos cosas: una, si vivimos una época de bonanza en la economía española, y dos, si eso significa que en épocas de baja inflación en los que la revisión salarial ha sido superior el IPC correspondería aumentar las horas de trabajo.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, indicó a principios de año que la reducción de jornada era una de las prioridades que se marcaban para 2024: “en España se trabajan muchas horas, somos uno de los países de la Unión Europea que más horas presenciales tiene. Sin embargo, no somos de los más productivos. Hay países con jornadas más bajas y mayor productividad, por tanto, se trata de acabar con el presencialismo y aumentar productividad”. Sin reducción del salario, claro. Ya. Entiendo, su única aportación es que los trabajadores vayan menos a las oficinas o a sus centros de trabajo, y así serán más productivos. De verdad que no entiendo su papel desde hace años, como en la lucha contra el absentismo, por ejemplo.

El mismo Pepe Álvarez señalaba que pretendían forzar el acuerdo antes de junio, porque “más allá de junio no tiene ningún sentido”. Los principales sindicatos se sienten fuertes con el apoyo de la ministra de Trabajo y amenazan con iniciar movilizaciones en septiembre, pero no estaría de más recordarles que se encuentran en su momento más bajo de afiliación en décadas, es decir, en el de menor representatividad de los trabajadores.

Postura de la CEOE

Según su presidente, Antonio Garamendi, “el recorte de la jornada laboral, sin merma de los salarios, equivale a regalar a los trabajadores doce días de vacaciones, gratis y pagados por los empresarios”. Es el cálculo resultante de dividir los salarios por el número de horas trabajadas. La patronal ha solicitado que la medida se aplique de manera escalonada, en dos ejercicios, y varias grandes empresas han explicado a los responsables del ministerio de qué manera han flexibilizado sus jornadas, adaptando las horas semanales o mensuales en función de los períodos punta o valle de su facturación.

Lo que no está dispuesta a aceptar la patronal es el ultimátum de la ministra, como dijo su presidente en la asamblea anual celebrada a principios de julio, al afirmar que “gobierna contra las empresas”. “Gobernar para cumplir pactos políticos es gobernar contra las empresas, contra los ciudadanos y hasta contra los propios votantes”. La posición del ministerio de forzar el tope de las 37,5 horas semanales a lo largo de 2025 ha sido rechazada por la CEOE por hacer tabla rasa con todos los trabajadores y en todos los convenios: la reducción ya se pacta con los sindicatos en la negociación colectiva, en los sectores y empresas que pueden hacerlo. Esta es una de las claves, en especial, en un mundo tan globalizado en el que los competidores no juegan con las mismas reglas (lo comentado en este blog sobre el CBAM, los derechos de emisión o la normativa sobre el plástico es igualmente válido en este debate).

Postura de Cepyme

La Confederación de Pequeños y Mediamos Empresarios ha sido la organización más dura en sus críticas al gobierno y a la postura del ministerio de Trabajo en este tema. El título de su Manifiesto no puede ser más contundente:

Comienza recordando que “las pequeñas y medianas empresas españolas, que somos más del 99,8% del tejido productivo con cerca de 11 millones de empleos, decimos basta ya a la injerencia del Gobierno en la empresa. Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresa en España”.

El Manifiesto, de 11 páginas, clama por la dignidad de la actividad empresarial, por el cese del control de la empresa y de la sobrerregulación, por el respeto a la negociación colectiva, por la flexibilidad interna de la empresa y la no intervención salarial, por unas cargas sociales y una fiscalidad que no lastren la competitividad, por una ordenación del tiempo y los recursos del trabajo sin injerencias, y por el diálogo social. El cabreo de la Cepyme es evidente. Cada una de las medidas comentadas en este post han ido directamente a la cuenta de resultados de las pymes. Hay que pensar en las micropymes también, empresas con menos de 4 trabajadores (un bar, un pequeño comercio, una peluquería…), ¿de qué manera reducen las horas de apertura, y por tanto, los posibles clientes, con unos costes laborales más altos y unas cargas sociales más elevadas?

En el punto referido a la jornada de trabajo, señalan algo tan obvio como que “reducir el tiempo del trabajo sin reducir la remuneración no solo es una evidente alza de salarios, desligada de la evolución de la productividad empresarial, también es una injerencia en la estructura organizativa de las compañías, que ha sido negociada y pactada con los trabajadores sobre la base de sus exigencias y de la capacidad de las empresas para asumirlas”. Y pone el foco sobre algo tan relevante para el que gestiona un pequeño negocio: “Decretar otro modo de organización de los tiempos y los recursos sin considerar las consecuencias en la productividad, el incremento de los costes laborales, la falta de trabajadores para cubrir el relevo en la producción, ni las características ni vulne­rabilidades de los sectores más afectados, supone una injerencia política de espaldas a la realidad del tejido productivo español”.

Postura de ATA

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) manifestó su rechazo a la reducción de la jornada tal como se ha planteado por parte del ministerio. Su presidente, Lorenzo Amor, justificó la postura contraria porque va “en contra de la negociación colectiva y de la pequeña empresa”. Señaló algo que ya he salido varias veces en este mismo post: que la medida “no afecta a grandes compañías, ni a determinados sectores donde ya tienen de media algunos convenios que están por debajo de la propuesta que se está haciendo”. Sí ataca de lleno al autónomo y a la pyme.

La misma admiración que siento por el dueño de una micropyme es el que tengo por la inmensa mayoría de autónomos, gente que se ve desbordada con tanto cambio y tantas trabas para el desempeño de sus actividades. Lorenzo Amor concluyó con una crítica a la hiperregulación, tan perniciosa para el empresario: “cada día hay una nueva regulación, unas vienen de Europa, otras del gobierno central, otras vienen de las comunidades autónomas, pero cada día tenemos más trabas”.

Las negociaciones se retomaron en este mes de julio, pero ha sido imposible alcanzar un acuerdo. Las partes se emplazan hasta el mes de septiembre.

Continuará en: La reducción de la jornada laboral (II): los costes de la medida

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Hiperregulación (III) y competitividad

JOSEAN, 26/06/2024

Se han publicado recientemente las estadísticas agregadas de 2023 sobre la producción normativa del Estado y las comunidades autónomas, y la situación apenas ha mejorado respecto al año anterior. El pasado ha sido el segundo año de la década con mayor número de páginas publicadas en los boletines oficiales, con unas cifras muy cercanas a las de 2022, casi 1,3 millones de páginas. Si tenemos en cuenta que el gobierno estuvo en funciones casi cinco meses, se comprueba que el parón no sirvió de freno en su capacidad para legislar en exceso y, en ocasiones, con precipitación.

Pese al cierre temporal en las Cortes, se publicaron 683 normas estatales, unas cuatro por día de actividad. En el primer post sobre la hiperregulación, la conclusión que alcanzaba era que el problema no es que se legisle mucho, sino que se legisle mal, o de manera precipitada en muchos casos. Se saca adelante la norma para tratar de solucionar el problema puntual, sin pensar en una medida de futuro. Buena parte de esta hiperactividad normativa se centra en reformas de índole tributaria para incrementar la recaudación y con ello se está afectando la competitividad de las empresas españolas, además de frenar a las que pretenden invertir en nuestro país (Hiperregulación, 2ª parte).

Según un informe de la Tax Foundation, España es el tercer país de la Unión Europea con una fiscalidad menos competitiva, y cita entre sus problemas la distorsión de tasas e impuestos por comunidades, o las continuas alteraciones en el impuesto de sociedades para limitar las deducciones o la reducción de las bases. Otro informe, en este caso de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, concluye que España es el país que grava a las grandes empresas con el tipo impositivo efectivo más alto, el 29 por ciento, por encima de Alemania (28,8%), Francia (26%) e Italia (23,9%).

Es cierto que este porcentaje no tiene en cuenta a las empresas financieras, que en España se han beneficiado de tipos más bajos en los últimos años, pero no deja de ser un tipo impositivo elevado para el resto, con impacto directo en la tesorería de las empresas, y muy alejado del que los sucesivos ministros de Hacienda (de Montoro a Montero) anuncian ocasionalmente en prensa para señalar a las grandes empresas. Con todo, el problema no es el tipo impositivo (si tiene que ser del 20%, como si tiene que ser del 30%), sino lo enrevesado del sistema tributario nacional, con sucesivas reformas contradictorias que llevan años recurridas y que, cuando se resuelven en el sentido que todos los que trabajamos en las empresas esperábamos, como con el impuestazo de Montoro, resulta que han transcurrido ocho años, han mermado las tesorerías de las empresas y ahuyentado a potenciales inversores extranjeros.

No contentos con eso, el gobierno que esté en ese momento en el poder pone cuanto esté en sus manos para frenar la devolución a las empresas, como ocurrió en su día con el céntimo sanitario (La seguridad jurídica salta por los aires), con el régimen retributivo de las renovables o ahora con el impuestazo de Montoro. Como dice el diario Expansión, Hacienda hace una interpretación interesada para no devolver a las empresas todo lo que pagaron de más hace «solo» ocho años.

Entre la hiperactividad normativa, los constantes cambios para incrementar la recaudación en el corto plazo, la lentitud de las resoluciones de los recursos presentados y las trabas para devolver lo cobrado de más, España está retrocediendo a marchas forzadas en todos los índices de competitividad fiscal o de potencial atractivo para las inversiones extranjeras. Según el Índice de Competitividad Fiscal, hemos retrocedido al puesto 31 de 38 países de los países de la OCDE considerados:

No es un asunto exclusivo de este gobierno, sino que viene de mucho tiempo atrás (el que quiera, que busque en este mismo blog y que compruebe que no es un tema partidista) y se observa en cada nuevo informe que se publica sobre calidad institucional, eficacia de los sistemas tributarios o control del gasto público. Uno de los últimos informes del BBVA Research, sobre la inversión en España y en la Unión Europea, analizaba datos del Banco Mundial y concluía que «de 1996 a 2022, España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Chipre y por delante de Hungría, donde más ha empeorado la calidad institucional, lo que desincentiva la inversión en capital físico y humano y en I+D».

Vale, venga, ya, el panorama es desolador, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Este informe del think tank Multinacional.es recoge algunos datos más sobre el panorama actual y algunas propuestas de mejora. La llamada «buena legislación» (el better regulation anglosajón) debería caracterizarse por varios factores:

  • Previsibilidad: para garantizar certidumbre a los potenciales inversores.
  • Simplicidad: normas de fácil interpretación y que no conduzcan a ambigüedades o nuevos recursos.
  • Minimización de las cargas administrativas: el ordenamiento jurídico español, con la distorsión autonómica, no facilita la reducción de la carga.
  • Participación ciudadana: contar con las asociaciones y organizaciones reconocidas para aportar elementos de juicio ante el problema sobre el que se legisla.
  • Evaluación de impacto ex ante: valorar los posibles efectos de la norma aprobada, medir su impacto y, sobre todo, derogar lo que deja de tener vigencia.
  • Evaluación de impacto ex post: verificar el cumplimiento de los objetivos y la interacción con las normas existentes. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a que cada nueva norma lleve aparejada una ristra de problemas o contradicciones con las ya existentes.

El Informe tiene un apartado muy interesante sobre el cumplimiento del Plan Anual Normativo del gobierno, muy significativo de lo que está ocurriendo. Se trata de un Plan que se publica cada año en el que el gobierno anuncia las iniciativas legislativas que pretende aprobar cada ejercicio. El análisis se centra en el cumplimiento del Plan Anual de 2021 (PAN-21) y concluye que:

  • Se han aprobado el 57 por ciento de las iniciativas previstas y otro 37 por ciento comenzaron su tramitación.
  • Por otro lado, una cantidad ingente de normas no previstas se sacaron adelante. 261 nuevas normas: una reforma constitucional, 32 reales decretos-leyes, 3 leyes orgánicas, 9 ordinarias y 216 reales decretos.
  • Se han aprobado 31 de las 43 normas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo cual no está mal del todo, es un cumplimiento del 75 por ciento de lo previsto. Pero es que se aprobaron otras 56 normas asociadas al Plan de Recuperación que no estaban previstas en el PAN-21.

Todo esto lleva a pensar en la improvisación. O en algo peor que la improvisación: la necesidad de atender a los compromisos con los socios de gobierno. A los que trabajamos en las empresas nos traen de cabeza con tanto cambio y tanta adaptación a los nuevos requerimientos. Al inversor extranjero lo espanta. Por tratar de aportar algo al debate, ¿qué propone este informe?

  • Previsibilidad normativa: el cumplimiento de los Planes Anuales Normativos y la reducción sustancial de las normas no previstas en los mismos.
  • Simplicidad normativa: derogar numerosa legislación obsoleta y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional para evitar la fragmentación de mercado (imposible, I know). Solo el 15 por ciento de ese millón y pico de hojas de normativas provinieron del Estado.
  • Minimización de las cargas administrativas: un mantra tan repetido desde hace décadas que suena a utopía. Plantéate abrir tu negocio y verás lo que es vivir El proceso de Kafka en tus carnes.
  • Incremento de la participación ciudadana: evitar la costumbre tan extendida de los gobiernos de Sánchez y Aznar de esquivar los trámites de audiencia, las consultas previas y las consideraciones de las asociaciones que pudieran verse afectadas.
  • Evaluación de impacto ex ante: la precipitación conlleva los numerosos errores de cálculo de los que ya hay numerosos ejemplos (tasa Google, tasa Tobin, impuesto al plástico, a los residuos en vertedero). ¿Es mucho pedir que haya rigor en los cálculos?
  • Evaluación de impacto ex post. Continua, constante, para evitar la desactualización, los costes innecesarios y derogar todo lo que obstaculiza la iniciativa empresarial.

Creo que no soy el único que está agotado solo por intentar estar actualizado, lo cual resulta imposible. Así que me entran ganas de pensar en la jubilación y hacer cálculos, pero va a cambiar tantas veces la norma de aquí a «que me toque» que no me atrevo ni a empezar.

En el próximo post trataremos de ver cómo ha afectado toda esta hiperactividad normativa a los Fondos Next Generation, ese dineral que se suponía que iba a dar un impulso a la economía española (espero no tardar mucho en escribirlo, porque me pueden cambiar todo en semanas).

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El «arancel verde» (II): el CBAM

JOSEAN, 11/05/2024

El CBAM, el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, nace como una de las principales medidas del paquete Fit for 55 de la Unión Europea para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (“fit”, para ajustarse a una eliminación de, al menos, un 55 por ciento en comparación con los niveles existentes en 1990).

Cuando la Unión Europea planteó su ambición en materia de clima, al menos supo ver y entender que la reducción de emisiones en su territorio no aseguraba una disminución a nivel mundial, al margen del riesgo que se corría de que la producción se trasladara a países sin las obligaciones comunitarias en esta materia. Otra losa adicional para la competitividad de la industria europea. En el propio vídeo patrocinado por la Unión Europea explican el mecanismo como una medida para reducir las emisiones comunitarias y para “animar” a otros países a producir bajo un modelo menos contaminante:

La primera parte de estos dos textos se centraba en lo que dicho mecanismo tenía como barrera comercial para países con legislaciones más permisivas en materia medioambiental, mientras que esta segunda estará dedicada a su funcionamiento y los problemas de implementación que puede encontrar. No es un impuesto a las importaciones, ni tampoco funciona exactamente como un arancel, sino que consiste en un complejo mecanismo de declaraciones anuales y compra de certificados CBAM que acrediten el pago de las emisiones de los productos importados.

Compatibilidad e interacción con los derechos de emisión

El mecanismo supone, en palabras de Julián Illanes, de EY España, un “cambio radical” respecto a las anteriores políticas comunitarias en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Lógicamente, su implantación sustituirá de manera progresiva el anterior régimen, consistente en la asignación gratuita de derechos y las compensaciones por las emisiones indirectas. Además, se confía en acabar con la especulación que supusieron estos derechos en los últimos años como consecuencia de la reducción de la disponibilidad en el mercado (recordad El mercado de humos).

El mecanismo anterior, que lleva funcionando desde 2005, se creó en su momento para que las empresas abonaran por el teórico coste medioambiental de sus emisiones. La estimación de partida era que se situara en torno a los 20 euros por tonelada de CO2. Sin embargo, el problema surgió con las sucesivas reducciones de los derechos existentes, que provocaron que los precios se dispararan hasta casi 100 euros por tonelada en los momentos álgidos. Este funcionamiento se sustituirá de modo gradual para que, a partir de 2034, la compra de los certificados CBAM sea equiparable al coste de los derechos de emisión que se pagan en Europa.

Sectores afectados

El CBAM se aplicará al principio únicamente a las industrias más contaminantes, entre las que se han considerado en esta primera fase:

  • Cemento.
  • Hierro y acero.
  • Aluminio.
  • Fertilizantes.
  • Producción de hidrógeno.
  • Electricidad.

La idea es que el mecanismo se extienda posteriormente a otros sectores y actividades hasta cubrir prácticamente todos, con objeto de incidir directamente en la emisión de gases por la vía del gravamen. Si bien la Unión Europea planteó este arancel inicialmente por su contribución medioambiental (no solo por la propia reducción global de emisiones, sino como una manera de evitar la llamada “fuga de carbono”), y no como una medida con fines exclusivamente recaudatorios, algunos estudios han medido ya su posible impacto económico en entornos del 0,1% del PIB de la Unión Europea.

Ámbito geográfico e implantación

El CBAM excluye de su aplicación a las mercancías originarias dentro del propio territorio comunitario, más otros países que se han adherido a los acuerdos sobre el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. La situación actual de los fabricantes europeos (y su desequilibrio competitivo) se ve claramente definida en este cuadro de la consultora KPMG:

El sistema de asignaciones gratuitas seguirá funcionando en una primera fase y se compatibilizará con la entrada en funcionamiento del CBAM a partir de enero de 2026:

Si bien la idea es que este sistema se suprima definitivamente a partir de 2034 y funcionen exclusivamente la compra de derechos de emisión en la Unión Europea para los fabricantes europeos y los derechos CBAM para los importadores de productos fabricados fuera del territorio comunitario:

En 2024 nos encontramos en la fase de recopilación de datos, un proceso que durará desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025. Durante este período los importadores y las instalaciones están obligados a presentar las declaraciones con efectos meramente informativos, pero opera un régimen sancionador por incumplir con la obligación de informar. El proceso es complicado por las propias mediciones y por los fallos que hubo en la plataforma diseñada por la Unión Europea, lo que obligó a prorrogar treinta días el plazo para presentar las declaraciones del último trimestre de 2023. Durante el período de transición, se podrán calcular las emisiones con los valores por defecto aceptados por la normativa comunitaria, pero a partir de 2026 las emisiones reales podrán ser verificadas, y el régimen sancionador por las declaraciones incorrectas u omitidas son elevadas, de hasta 100 euros por tonelada no notificada, más una sanción de 3 a 5 veces el importe resultante por cada certificado no entregado.

Compatibilidad con la normativa de la OMC

Con la igualdad de costes se pretende salvar la controversia surgida acerca de su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Algunos países entre los más contaminantes, como la India, ya han anunciado sus recursos contra la implantación del CBAM. También fue objeto de controversia en la Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) celebrada en agosto de 2023 en Johannesburgo, en cuya declaración final conjunta se oponían «al uso de la lucha contra el cambio climático como pretexto para establecer barreras comerciales a nivel internacional».

La respuesta de las autoridades europeas es que el coste a pagar por las emisiones es el mismo, ya sea por la producción en territorio comunitario o extracomunitario, bien sea por los derechos de emisión o por la adquisición de los certificados CBAM. Y si el producto extracomunitario paga en otra legislación por sus emisiones, se puede deducir dicho coste del pago del CBAM. En abril de 2023 había registradas 73 iniciativas de precios de carbono en el mundo, pero casi todas ellas con precios por tonelada considerablemente más inferiores que los comunitarios. Según el informe de EY, el precio medio es de unos 2 euros por tonelada:

Los norteamericanos Nicholas Stern y Joseph Stiglitz (Nobel de Economía en 2001) criticaron los cálculos realizados en su día por la administración de Barack Obama respecto al coste que debía tener la tonelada de dióxido de carbono emitida, de unos 50 euros. Según sus cálculos, para cumplir con los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París para 2030, este precio debería rondar los 100 euros/tonelada.

Problemas de cálculo

El CBAM va a suponer un reto enorme por la dificultad de controlar su gestión, por la fiabilidad de los datos aportados o por los múltiples intervinientes en el proceso. Un producto puede estar semielaborado en Taiwán con materiales adquiridos en Pakistán e Indonesia e importado en la Unión Europea para su transformación posterior por una empresa europea, que además, podría vender el producto en territorio europeo o exportarlo. En un mundo tan globalizado como el actual, con múltiples intercambios comerciales y especialización por componentes, va a ser fundamental el análisis de la cadena de suministro de los productos, la electricidad consumida durante el proceso y su origen, la trazabilidad de las materias primas empleadas y la fiabilidad de las agencias medidoras de las emisiones.

Medir la huella de carbono de un producto que ha recorrido medio mundo… ya. Sencillo.

El reto es mayúsculo desde el punto de vista del seguimiento de los datos, el control efectivo de las emisiones y los costes arancelarios/fiscales de los intervinientes en el proceso, pero hay muchos recursos puestos en ello. Y aún más recursos en lo que debe resultar al final de todo este proceso: unas innovaciones tecnológicas que permitan dirigirnos a una actividad económica descarbonizada.

Por si este breve resumen del CBAM ha dejado dudas al lector, la Comisión Europea vio todo esto algo tan «sencillo» que publicó una guía de «solo» 34 páginas con las FAQ’s (Frequently Asked Questions), las respuestas a esas pequeñas dudas que a todos nos genera este ambicioso proyecto.

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El «arancel verde» (I): la guerra comercial

JOSEAN, 17/04/2024

Hace casi cinco años, en aquellos dos textos en los que comentaba sin tapujos que terminaríamos poniendo «una gran muralla a China«, hacía referencia a los movimientos surgidos en la Unión Europea para el establecimiento de una especie de «arancel verde» a los productos importados con alta carga de emisiones de CO2 y que provinieran de países con una legislación en materia medioambiental mucho más débil que la europea. Por no decir inexistente. Buena parte de las medidas recogidas en el Pacto Verde Europeo afectan a la competitividad de las empresas europeas y serían un suicidio económico si no vinieran acompañadas por otras como las recogidas en el plan con nombre de oferta de gimnasio: Fit for 55.

Parece obvio que ajustarse a toda la legislación medioambiental y producir bajo criterios ESG encarece el coste de fabricación de los productos, pero es el camino iniciado por la Unión Europea y por buena parte del mundo, como se traduce por los acuerdos de las diferentes cumbres del clima, convertidas en algo así como El día de la marmota del cambio climático. Según el estudio elaborado por el Real Instituto Elcano en marzo de 2023, lo que pretende la creación de este “arancel verde” es un doble objetivo: “evitar que los requisitos de reducción de emisiones en la industria europea se traduzcan en una fuga de empresas para abastecer el mercado único desde jurisdicciones con legislaciones climáticas más laxas e incentivar el aumento de la ambición climática a nivel global”.

Algunas corrientes sitúan la motivación de este impuesto a las importaciones en la necesidad de impulsar desde Europa los objetivos de acuerdos como el de París en 2015, y otorgar de ese modo a la Unión Europea un papel de liderazgo mundial en materia de lucha contra el cambio climático. Sería otro ejemplo más del llamado “Efecto Bruselas”, que hace referencia a la capacidad de la Unión Europea para ejercer una influencia a nivel mundial, una capacidad que está notablemente por encima del peso que tiene a nivel económico o militar. La Unión Europea ha perdido peso en los grandes núcleos de decisión, seguramente por deméritos propios, pero al menos conserva su posición como potencia regulatoria, como se ha visto en los últimos tiempos en materia de Inteligencia Artificial, mercados de derechos de emisión o protección de datos.

Por el contrario, algunas críticas que ha recibido la medida se centran en lo que supone de nuevo proteccionismo, o “proteccionismo verde”, como define el mismo informe del Instituto Elcano. Esta nueva forma de proteccionismo o de limitación de la competencia extracomunitaria ha sido considerada contraria a la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por algunos países. La propia OMC realizó diversos requerimientos a la Unión Europea acerca del funcionamiento previsto de este nuevo impuesto a las importaciones y la respuesta del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, fue clara: el mecanismo fue diseñado “de una manera compatible con las normas de la OMC y creemos que podemos defenderlo”. “No distorsiona el mercado porque los importadores pagarán por la huella de carbono de sus productos el mismo precio que pagan los productores domésticos”. No solo eso, sino que además tendrá en cuenta cualquier gravamen sobre el carbono que se haya aplicado en los países de origen antes de llegar a territorio comunitario. Este “arancel verde” ha tomado el nombre de CBAM, siglas de Carbon Border Adjustment Mechanism, Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera y a su complejo funcionamiento estará dedicada la segunda parte de este post.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) define la necesidad de este impuesto como parte de la ambición climática de la Unión Europea:

Que en el traductor para escépticos viene a ser: “no te lleves la producción fuera porque sea más barato fabricar saltándote los criterios ESG”. Sea por la razón que fuera, económica o medioambiental, China se puso manos a la obra hace años y ha obtenido notables logros en tiempo récord. Hace poco más de una década, China contaba con el 75 por ciento de las ciudades en la triste lista de «las 100 ciudades con el mayor índice de contaminación». En esa clasificación ahora mismo hay 65 ciudades de la India por «solo» 16 chinas. Nueva Delhi lleva cinco años ocupando el primer puesto. Según el Instituto de Políticas Energéticas de la universidad de Chicago, la contaminación en China cayó un 42,3% entre 2013 y 2021.

A Estados Unidos le llevó tres décadas alcanzar una reducción similar, desde la aprobación de la Ley de Aire Limpio en 1970. Para lograr esas reducciones, el gobierno chino redujo su dependencia del carbón (aunque sigue siendo su principal fuente de electricidad), impuso restricciones de circulación a los vehículos más contaminantes, cerró industrias cercanas a los núcleos urbanos y se focalizaron en el desarrollo de energías renovables, que suponen ya la cuarta parte del total de la generación eléctrica del país. China se ha puesto las pilas ¡por fin!, ha mirado a Europa y le ha dicho: «¿queréis paneles solares, aerogeneradores y coches eléctricos? Pues os voy a inundar el mercado».

En 2023, China produjo tantas placas solares como todo el mundo en 2022 e hizo que los precios disminuyeran un 50 por ciento, unos precios tan bajos que pueden acabar con toda la competencia que les pueda surgir. Además, aumentó la capacidad eólica un 66 por ciento. Como respuesta, la Unión Europea ha iniciado una investigación a los fabricantes de turbinas eólicas ante las sospechas de haber recibido ayudas ilegales que distorsionen la competencia y el mercado europeo.

Ya no es una cuestión de protección del medio ambiente, sino de la industria europea. El tradicionalmente ultraproteccionista sector de la automoción impidió durante años la entrada de vehículos chinos en Europa con la excusa de los incumplimientos en materia de emisiones de gases y medidas de seguridad. Hasta que saltó el escándalo de la manipulación de las emisiones por parte de Volkswagen en 2015, que emitían hasta cuarenta veces más que el estándar legal cuando el software «trampa» no estaba actuando. Actualmente, los coches eléctricos chinos están entre los mejores del mercado, se venden a unos precios más que asequibles y la marca BYD consiguió superar a Tesla en 2023 como mayor fabricante de coches eléctricos del mundo.

De una manera u otra, las importaciones de China terminan acaparando el mercado, y aquí es donde la Unión Europea trata de blindarse o de proteger su industria ante «la competencia desleal de compañías y fabricantes chinos dopados por los subsidios estatales, de los efectos de la sobreproducción del gigante asiático y de la penetración de China en algunos de sus sectores clave». (María R. Sahuquillo, art. El País). Los europeos no somos los únicos en esta nueva ola de proteccionismo, como dice el artículo. Estados Unidos lleva tiempo blindando sus cadenas de suministros de la influencia de Pekín y Japón tiene un ministerio con el cometido de salvaguardar su seguridad económica.

La Administración Biden aprobó en 2022 el mayor plan de incentivos fiscales y presupuestarios con propósitos medioambientales, cifrado en 700.000 millones de dólares, lo cual, apoyado por otra serie de medidas a las empresas e industrias nacionales, ha logrado reducir su dependencia de las importaciones asiáticas de un 45 por ciento al 32. Hay un trasfondo económico y comercial claro detrás de todas estas medidas. O como dice este artículo de Piergiorgio M. Sandri para La Vanguardia: «La debilidad de Europa arrastra el comercio mundial a una caída histórica» en un «annus horribilis» para el comercio mundial, en el que «los intercambios de mercancías cayeron un 5%» y «se desplazan cada vez más hacia economías que se consideran amigas».

Subsidios estatales chinos, incentivos norteamericanos, proteccionismo japonés… Europa no puede quedarse rezagada, no solo con planes de ayuda pública como los fondos Next Generation, sino que finalmente ha decidido subvencionar directamente a la industria solar con el llamado Solar Charter, acordado por 23 países. E incluso puede ir más allá, como se ha planteado con el posible establecimiento de los aranceles verdes a las marcas chinas con carácter retroactivo, algo que puede chocar con la OMC y con los principios más elementales de la seguridad jurídica, pero es que la batalla que se libra es mucho más profunda. Es de supervivencia económica, como se aprecia en los trabajos encargados por la Unión Europea a Mario Draghi y Enrico Letta para la mejora de la competitividad y del funcionamiento del mercado interior.

La estrategia china siempre va unos pasos por delante y su manera de evitar los nuevos impuestos o las barreras será fabricar directamente en territorio europeo. Con las economías de la eurozona muy tocadas, será difícil que algún gobierno se oponga a una inversión china en su territorio. En esa línea están los acuerdos de la marca china de vehículos eléctricos Chery para instalar una fábrica en Barcelona (en la antigua Nissan) o el proyecto de BYD para llevar su producción a Hungría.

En mitad de este contexto incierto, se dan los primeros pasos para implantar el prometido «arancel verde», el CBAM. Hay numerosas dudas acerca de su funcionamiento, de la efectividad que tendrá, de los productos que gravará, de las mediciones paralelas o sobre las alternativas para esquivarlo. Esperemos que tenga mayor éxito que los impuestos al plástico y al depósito de residuos en vertedero que se han implantado recientemente en España, aunque encierra algunas lagunas en su funcionamiento parecidas a las de los mencionados. Sobre dicho funcionamiento tratará la segunda parte.

El «arancel verde» (II): el CBAM.

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La subida del SMI y las revisiones de precios en los contratos públicos

JOSEAN, 21/01/2024

No hubo consenso entre el Ministerio, la patronal y los sindicatos, y finalmente la subida del salario mínimo será de un 5 por ciento, tal como había anunciado la ministra de Trabajo y vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz. Esta cifra fue pactada con los sindicatos, pero no con una patronal a la que se trató de sumar a un acuerdo inferior con una propuesta extraña: “O firmáis el 4% o lo subimos más”. Que fue lo que ocurrió. La ministra trató de justificar ante los medios este aumento por la fuerza como una lucha ganada a las grandes empresas, si bien, lo cierto es que su impacto se va a notar especialmente en las más pequeñas, las que componen más del 99 por ciento del tejido empresarial español.

Fue un desenlace que causó bastante malestar en los empresarios, tanto como las declaraciones posteriores de la ministra. Lo cierto es que unos meses antes, en mayo, en la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, habían pactado lo siguiente:

Como la inflación de 2023 se quedó en el 3,1%, era lógico pensar que los incrementos, también los del SMI, quedarían en el 3%, o en un máximo del 4% si decidían añadirle los impactos acumulados de la inflación. Pero es que, además, en ese acuerdo suscrito entre la patronal y los sindicatos, se instó al Gobierno a modificar la normativa de revisión de precios de los contratos del sector público:

Las organizaciones empresariales habían tratado de alcanzar un consenso entre el 3 y el 4 por ciento, si bien su oposición a esta subida se centraba fundamentalmente en dos aspectos:

– El impacto sobre el sector agrario, al cual proponían excluir o bonificar de algún modo.

– La posibilidad de trasladar dicha subida a los precios de los contratos con las administraciones públicas.

La nota de prensa publicada tras la aprobación por las bravas del incremento dejaba a las claras el malestar de los empresarios:

Pues no. Ni lo uno, ni lo otro, ni alternativas. Lo triste es saber que esto no va de victorias contra los malvados empresarios, o contra esos directivos con sueldos «estratosféricos» que habrá que revisar o abrasar con medidas fiscales. Ha faltado análisis y rigor en el ministerio. porque se trata de la supervivencia de miles de empresas y también, posiblemente, impactará en la calidad de los servicios públicos. Las grandes empresas van a experimentar un impacto en sus cuentas por este incremento, pero será reducido, controlado, puesto que la mayoría de sus empleados se hallan por encima del salario mínimo, y podrán absorberlo en su mayor parte.

En su momento, en este blog ya dediqué una entrada completa a los efectos de la subida del SMI de 2019 y a las conclusiones del Informe del Banco de España. El Banco de España advertía de que el mayor impacto lo habían experimentado las empresas con menos de diez trabajadores, que son más del 95 por ciento, así como que se había producido un «menor crecimiento del empleo en los colectivos con menores salarios», entre 94.000 y 180.000 empleos menos según las fuentes utilizadas. El pequeño comercio, el sector agrícola y la hostelería fueron los sectores más afectados, y además se produjo un aumento de la economía sumergida, al reducirse las horas reales cotizadas: «tras una subida de SMI, algunos puestos de trabajo pueden haber permanecido activos, pero con una reducción en las horas trabajadas, por ejemplo, mediante el paso de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial». «El resultado en estos casos sería una caída en las horas trabajadas, y no en el empleo», y se produjeron «desaceleraciones superiores a las observadas en la actividad económica«.

El sector agrícola ya aparecía muy perjudicado en aquel informe del Banco de España y su situación ha empeorado más en los siguientes años por todos los factores que se le han sumado: sequías, incrementos del precio de los combustibles y los fertilizantes por los distintos conflictos, normativa europea y ahora, subida de salarios y cotizaciones sociales. Por mucho que los precios hayan subido por encima de la inflación, el sector acumula cuantiosas pérdidas. La CEOE y la CEPYME solicitaron que se les excluyera de la subida forzosa del SMI o se bonificara de algún modo al sector (cuotas a la Seguridad Social, por ejemplo), pero no se hizo caso a esta reivindicación, como tampoco a la segunda.

La regulación sobre las revisiones de precios de los contratos con el sector público

Hasta la aprobación de esa ley de nombre horrible llamada «de desindexación» de la economía española, los contratos con las administraciones públicas estaban sujetos a revisiones de precios con objeto de adecuar los importes percibidos por los contratistas con los incrementos de costes que se pudieran producir, ya fuera por aumento en los costes de las materias primas, el combustible, los costes laborales o la inflación en general. Esta ley lleva en vigor desde 2015 y fue una idea terrible del equipo de Cristóbal Montoro para «evitar los efectos de segunda ronda», como indicaba en el Preámbulo. Claro que contaba con una situación de inflación reducida o controlable, no con la situación que hemos vivido en los últimos años.

El problema es que muchos de estos contratos con las administraciones públicas son plurianuales, afectan a varios ejercicios, y cualquier impacto en los costes recae directamente sobre los contratistas. La ley tiene varias excepciones que sí permiten las revisiones, como cuando la duración es superior a cinco años y el contratista tiene que afrontar inversiones con un período de amortización prolongado. Lo contrario sería un suicidio económico para el contratista y llevaría a otra figura impropia de un país serio como es el «enriquecimiento injusto de la administración«, que es donde se está llegando en muchos casos.

Desde la entrada en vigor de esta ley, los concursos públicos han estado a medio camino entre la bola de cristal voluntariosa y el órdago para los contratistas, los cuales cruzaban los dedos para que los costes no se dispararan en exceso o muy por encima de sus estimaciones. Pero con el precio del gasoil, del gas, de la electricidad o de los materiales de construcción por las nubes, todo se ha ido al garete. Y ahora se le suman los costes laborales, incrementados desde la administración pública muy por encima de lo que es el «riesgo y ventura del contratista».

En abril de 2023 el gobierno se comprometió a mejorar las revisiones de precios de los contratos de obras y a incluirlas en los de servicios, pero mantenía los costes laborales fuera de cualquier posible mejora. No solo eso, sino que la enmienda planteada para la construcción resultaba ridícula y con condiciones que reducían sus efectos notablemente, tanto en importe como en plazos considerados. En mayo, el director de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el abogado del Estado Miguel Pardo, abandonaba su puesto tras seis años. Entre sus responsabilidades, mediar entre los contratistas y la administración pública y lidiar en los conflictos de interpretación sobre concursos, revisiones de precios y reequilibrios financieros.

Como indicaba ABC en su artículo, «las subidas del SMI se han comido gran parte de la rentabilidad esperada de muchos contratos públicos y han generado una avalancha de litigios. El criterio de Hacienda ha sido no compensar esas subidas al considerarlas un riesgo inherente al contrato». Es una tomadura de pelo. Porque no hablamos del precio del gasoil, la electricidad o algún material escaso en nuestro país, sino de un coste laboral que incide directamente en los contratos y que se fija cada año por el propio gobierno. Un 54% de subida acumulada desde 2018, que puede parecernos muy bien, pero que no queda ahí. Porque el problema no es el SMI, sino la idea de que el contratista puede con todo, que para eso «gana mucho dinero», deben pensar en el ministerio. La subida del SMI no afecta a todos los convenios ni las categorías (por suerte), pero a ello hay que añadirle los continuos incrementos en las cotizaciones a la Seguridad Social, las dotaciones a ese invento reciente que es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, las subidas por encima de la inflación de los topes de cotización, los incrementos en el impuesto de sociedades, los nuevos impuestos (vertedero y plásticos, ya tratados aquí),… Y lo siguiente, como ha advertido la ministra Yolanda Díaz, será la reducción de jornada, pero manteniendo los salarios. Es decir, a costa del empresario.

Puede parecer que hablamos de un problema de las empresas grandes, pero no es exclusivo de ellas. A la patronal de las grandes constructoras Seopan se unió la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI) en su reclamación de modificaciones de la Ley de Desindexación y la incorporación de los costes laborales.

«Pues que no se presenten a los concursos», es otra de las respuestas que he escuchado en alguna ocasión. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.

Así que no es solo el SMI, es la tendencia, el ataque directo a la competitividad de las empresas españolas. En el sector más afectado por la subida de los costes laborales, que es el de los servicios, los grandes grupos empresariales españoles han vendido sus divisiones o están en proceso de hacerlo: ACS (Urbaser fue vendida en su día a un fondo chino, y ahora se busca comprador para Clece), Sacyr (Valoriza Servicios Medioambientales a Morgan Stanley y Sacyr Facilities a Portobello/Serveo), Ferrovial (Cespa a los alemanes PreZero y Ferroser), FCC (ha vendido el 25 por ciento de la filial de medioambiente a un fondo canadiense),… Igual es una estrategia que nos cuesta entender.

Las pymes no están mucho mejor. Su presidente, Lorenzo Amor, se quejaba recientemente por el hecho de que el gobierno «se inmiscuya cada vez más en las relaciones laborales» con unos costes al alza y una productividad que no deja de descender.

Quizás haya que confiar en la ministra y su equipo, que hacen «cosas chulísimas», como las nuevas ocurrencias de las autobajas voluntarias o la modificación del registro de jornada. Todo sea para que todos (y todas) podamos irnos antes a casa a hacer aquello que nos relaje.

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Hiperregulación (II): efectos

JOSEAN, 22/10/2023

(Viene de: Hiperregulación (I): situación)

Es necesario simplificar, y aunque pueda parecer que lo afirmo desde una óptica empresarial y por tanto interesada, fue la propia presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, quien se manifestó recientemente en términos similares:

“Necesitamos un sistema tributario más estable, más seguro y lo más simplificado posible”. Suscribo cada palabra de este párrafo: “la reforma fiscal que necesita España requiere sosiego. Para que haya mantenimiento del gasto público tiene que haber figuras tributarias que se ajusten a la realidad, a los principios constitucionales de capacidad económica, progresividad, igualdad y justicia tributaria, pero lo que hemos visto en los últimos años ha sido una vorágine de normas tratando de afrontar el problema del momento sin perspectiva de futuro”. El subrayado es mío.

Ana de la Herrán menciona el caso de Ferrovial, cuya marcha a Países Bajos fue duramente criticada por el actual gobierno. En el momento del anuncio del cambio de sede se habló de seguridad jurídica, así como de las ventajas que el traslado suponía a la empresa española/neerlandesa a la hora de acometer nuevos proyectos e inversiones. Precisamente Ferrovial ha ganado este mes de octubre un pleito con Hacienda por la operación realizada ¡en 2006! cuando culminó la compra de BAA, empresa gestora del aeropuerto de Heathrow. Ferrovial tuvo que provisionar 119 millones de euros por el litigio, que ahora, muchos años y gastos después, podrá liberar. Quizás le vengan bien para provisionar la amenaza recibida, «el riesgo de que la Hacienda española no admita la neutralidad fiscal de esa fusión transfronteriza», como indica la documentación enviada a la Bolsa de Ámsterdam.

Con tanto cambio normativo, estar actualizado es cada vez más complicado, cada vez se generan más dudas en cada operación, en cada cierre fiscal. Una encuesta reciente realizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) revela que la fiscalidad se ha deteriorado de manera considerable en los últimos cinco años (fuente: El Economista). Hasta un sesenta por ciento opina de ese modo. Y si se entra en el detalle, 53 de cada cien encuestados afirman que el sistema se ha complicado, por solo uno que cree que se ha simplificado. La región líder en hiperregulación en la última década, Cataluña, es la que tiene el peor índice en competitividad fiscal y no creo que sea una casualidad, sino una causalidad.

La hiperactividad normativa genera otro problema, que es la baja eficiencia de las empresas. Según el ranking de El Economista, España ocupa el puesto 36 de los 64 países analizados en el ranking de competitividad del Institute for Management Development (IMD). El propio IMD promueve un marco regulatorio más estable para las empresas españolas como una de las principales áreas de mejora.

El sistema tributario ha cambiado demasiadas veces en los últimos ejercicios, y no precisamente para favorecer el emprendimiento (Ayudando al empresario), sino que lo ha hecho solo para incrementar la recaudación, aun a costa de dificultar el trabajo de las empresas. Según el dato de Bloomberg y de la Tax Foundation, España es uno de los países que más gravan la inversión empresarial.

Y hay numerosas inversiones pendientes de ejecutar. En el tratamiento de aguas, España pagará una multa de 80 millones de euros a la Unión Europea por no depurar las aguas residuales. En tratamiento de residuos, España ha recibido una “alerta temprana” de la Comisión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje. En calidad del aire y control de las emisiones de CO2, España fue sancionada en diciembre del año pasado por incumplir la directiva europea en Madrid y Barcelona. Hay otras multas por no adaptar la normativa europea sobre protección de datos, por tergiversar las cifras de gasto sanitario en la Generalitat Valenciana, por las ayudas fiscales al País Vasco… España es el segundo país en la cuantía de las multas y el primero en el número de expedientes sancionadores abiertos por la Unión Europea, debido, entre otros factores, al sistema autonómico y a la fragmentación territorial en 17 áreas.

Es decir, se legisla mucho, pero no se hace bien. La mayoría de estos expedientes se evitaría con las inversiones previstas en los Fondos NextGen para residuos, calidad del aire y las aguas, movilidad urbana, digitalización… Pero resulta que el Banco de España indicaba hace apenas un mes que solo el diez por ciento de las inversiones del plan NextGen había sido ejecutado. España era el país líder en recibir los fondos, pero solo el duodécimo a la hora de ejecutar los proyectos.

El mismo Banco de España alertaba en su informe de la limitada capacidad de administrar los fondos recibidos y de los cuellos de botella generados en la administración, lo que dificultaba sacar adelante proyectos tan necesarios. Hay un fenómeno preocupante que está creciendo en las administraciones públicas y que creíamos erradicado, que es el de “las facturas en el cajón”. Bien sea por la burocracia, bien sea por el retraso en la llegada de los fondos a las administraciones pagadoras, la partida de gastos pendientes se ha disparado en los últimos ejercicios. 7.600 millones de euros, el doble que en 2018. Un problema que se solucionó a martillazos con el Plan de Pago a proveedores de 2012 (recuerden los Premios Montoro a la mala gestión) ha vuelto en este ejercicio a las preocupantes cifras que se alcanzaron en 2011:

Cada vez resulta más complicado gestionar proyectos con las administraciones públicas. Los procesos se alargan, son diferentes en función de las comunidades autónomas, los recursos tardan tiempo en ser resueltos, y pese a la hiperregulación que nos invade, no hay mecanismos ágiles de revisión de precios, ni para la aprobación y cobro de las facturas, ni para dirimir las diferencias contractuales. O los que hay resultan tan farragosos e imprecisos que en la práctica su utilidad se reduce al mínimo. La suma de todos estos factores hace que el número de proyectos que quedan desiertos aumente de manera considerable, como se aprecia en este gráfico del artículo de María Arnal y Manuel García Santana:

Un peligro para la economía, un retroceso en todos los sentidos. El socio de Deloitte Javier Parada comentaba recientemente los Retos en la transformación del sector de la construcción, uno de cuyos puntos es perfectamente válido para el resto de sectores y para todo lo comentado previamente: es preciso cambiar el modelo de relación con las administraciones públicas. “Es necesario implantar nuevos modelos de contratación que equilibren la distribución de riesgos, limiten las ofertas temerarias y aumenten la seguridad jurídica de los contratos a través del arbitraje o la mediación, evitando los retrasos, las desviaciones de costes y la litigiosidad, que causan importantes perjuicios a ambas partes en términos de costes e incumplimiento de plazos de ejecución y son una de las causas de la baja rentabilidad de las empresas del sector y del incumplimiento de las expectativas de las administraciones públicas”. La necesidad de afrontar inversiones en infraestructuras “tendrá un escaso recorrido salvo que las administraciones establezcan un marco regulatorio estable y predecible, que permita una apropiada distribución de riesgos entre sector público y sector privado, una adecuada supervisión de los contratos y una rentabilidad adecuada para la inversión privada”.

Claro que para ello, casi sería mejor echar napalm sobre toda la legislación existente y comenzar de nuevo con una normativa clara, única y duradera. El chiste del día.

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Hiperregulación (I): situación

JOSEAN, 10/10/2023

En los últimos tiempos he escuchado o leído varias veces una palabra nueva que, ciertamente, resulta muy poco seductora: “hiperregulación”. Lo dice todo sin decir gran cosa, es una palabra fea que suena a barullo, a atoramiento, a tapón normativo. El gobierno de turno entiende que hay que aprobar una regulación y lo hace de manera hipertrófica. En exceso. O lo que puede tener peores consecuencias, de manera precipitada.

Durante el pasado debate para las elecciones del 23-J, los candidatos mostraron posturas bien diferentes sobre este punto. Pedro Sánchez presumía de haber aprobado normas para afrontar los numerosos problemas a los que se enfrentaba nuestra economía y la sociedad, mientras que Alberto Núñez Feijóo le reprochaba precisamente esa compulsiva necesidad de sacar adelante una nueva norma, ya fuera con rango de ley, del denostado decreto ley, orden ministerial o disposiciones de todo tipo. 385 páginas diarias de nuevas normas en el BOE (en realidad son más), muchas de ellas con tramitaciones de urgencia. Si a eso añadimos la producción normativa de las comunidades autónomas, estar al día y no incumplir se convierte para las empresas y los ciudadanos en una tarea de lo más compleja.

En 2022 se publicaron 1,32 millones de páginas en los distintos boletines oficiales: 254.757 en el BOE y el resto en los distintos boletines autonómicos. En total, fueron aprobadas 1.189 normas con rango de Ley, 849 en el Estado (un tercio por la vía del decreto ley). Esta sobreproducción normativa supone un incremento del 31 por ciento respecto al año anterior y alcanza la cifra más alta de la última década. Pero la crítica no debe centrarse en el número, o solo en el número. Si toda esta regulación fuera aprobada para resolver problemas, bienvenida sea. El problema es que las normas adquieren tal volumen que en ocasiones resultan contradictorias, generan diferencias entre comunidades y dificultan (mucho más que lo que ayudan) la labor de las empresas, que son las verdaderas generadoras de riqueza y empleo del país.

Según este artículo de Expansión, “la hiperactividad normativa en España lastra la actividad económica y el empleo, erosiona la competitividad de las empresas, quiebra la unidad de mercado y genera inseguridad jurídica”. Por su parte, el Foro Regulación Inteligente indica que la hiperregulación nos cuesta entre 36.000 y 48.000 millones de euros anuales y este exceso, que dificulta la labor de las empresas en las diferentes comunidades, supone entre el 1,5% y el 2,5% del PIB.

Desde junio de 2018, los distintos gobiernos de Pedro Sánchez han aprobado 135 “decretazos” por la vía rápida, esquivando el control parlamentario y los informes de los órganos consultivos del Estado. Supera de largo el anterior récord, de José María Aznar, cuyo gobierno sacó adelante 85 decretos entre 1996 y 2000. Por comunidades, la más activa a la hora de producir normas es Cataluña, que lidera la clasificación por séptimo año consecutivo. La reforma laboral, el control de jornada, la desconexión digital, el Salario Mínimo por las bravas, la ley trans, la educación, la financiación autonómica, contra el cambio climático o los efectos de la inflación, se cambia el Código Penal a medida, se legisla sobre el delito de malversación en beneficio de los malversadores… Se ha tratado de regular sobre todas las cosas, e incluso con la pandemia, hasta sobre lo que ocurría en nuestros hogares.

Aunque este post se centra en las normas de carácter económico y fiscal que afectan a la competitividad de las empresas, voy a usar la mal llamada ley del “solo sí es sí” como ejemplo de lo que está ocurriendo: se presenta una norma para cambiar algo que se entiende que no funciona de manera adecuada, se elabora por la vía de urgencia, sin los consensos necesarios, incluso en el propio equipo de gobierno, y sin atender a dictámenes previos, redactada por personas sin la formación adecuada, se aprueba con gran aparato propagandístico y a los pocos meses, cuando se genera otro problema mayor, se promueve una modificación que corrija el desaguisado perpetrado.

Desde hace años toda la normativa fiscal sigue un patrón similar. Los impuestos de naturaleza medioambiental a los que ya me he referido en este blog son un claro ejemplo de esta manera errática de legislar. El impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero está repleto de lagunas que, diez meses después de su puesta en marcha, no han sido resueltas. Y además se interpreta de manera diferente por comunidades. El impuesto sobre el plástico tiene un desarrollo normativo tan impreciso que ahora mismo los sectores afectados están intentando resolver. La fiscalidad medioambiental lleva años en una espiral de creación de nuevas normas y disposiciones que parecen incidir de manera exclusiva en la recaudación y no en la solución real de los problemas. Es tal su producción normativa que ni siquiera los funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) están al día. Este mismo verano, el Ministerio inició el proceso de información pública para el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR). Para cumplir los plazos y poder acceder a los fondos europeos se redujeron los plazos habituales a la mitad.

El problema es que es tal la producción normativa que la propia consulta pública contenía referencias a documentos ya derogados.

Algo similar ocurre con muchas de las iniciativas de naturaleza tributaria que se han acometido en los últimos años, todas ellas con el afán de incrementar la recaudación. La tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a los “ricos”, a las eléctricas, a la banca, las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, en las cargas sociales, en las contribuciones a las pensiones… se ha cambiado todo en este empeño por mejorar la recaudación y detrás de casi todas las medidas había una carga que no era lógica, sino ideológica. Populismo legislativo, y Populismo tributario, dije en su día: Hombre rico, hombre pobre. Y Papá Estado como ente benefactor y redistribuidor de ese incremento resultante de recaudación récord.

No solo se genera inseguridad jurídica (contradicciones entre normas, interpretaciones diferentes entre comunidades, incremento de la litigiosidad), sino que, como advertía el Instituto de Estudios Económicos en su informe de diciembre pasado, todo ello se traduce en “una pérdida de competitividad y de productividad que afecta al conjunto de la economía”, pues “dificulta que empresas y ciudadanos puedan competir en el conjunto del país sin tener que enfrentarse a grandes costes para cumplir con la regulación del sector en el que operan”.

(Continuará en Hiperregulación (II): efectos)

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Inteligencia Artificial (y III): regulación, ¿cuándo, y quién?

10/06/2023

La velocidad a la que avanza la Inteligencia Artificial (IA) es tan brutal que cualquier artículo que se escriba sobre el asunto corre el riesgo de quedar obsoleto a los pocos días. Fue escribir sobre el desarrollo de la IA y los riesgo de sus aplicaciones militares (Parar Skynet) y nos encontramos con la noticia del dron controlado por IA que se había revuelto contra su operador humano y lo había «eliminado» (era una simulación) porque imposibilitaba la consecución del objetivo para el que había sido programado. El contrato social que demandaba Álvarez-Pallete en su célebre y celebrada carta sobre el control de la IA dio sus primeros pasos hace apenas unos días, con el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para la creación de un código de conducta «para que podamos mitigar algunos de los posibles inconvenientes y amplificar las ventajas de esta extraordinaria tecnología» (Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos).

Sin embargo, el ritmo y los planes de trabajo previstos hacen pensar que las autoridades no están seriamente preocupadas por el asunto, aparte de que el acuerdo es de mínimos: crear un código de conducta voluntario. El anterior post finalizaba con la frase del neurocirujano Rafael Yuste, presidente de la fundación NeuroRights: “hay que actuar antes de que sea demasiado tarde”. Y todo hace indicar que, efectivamente, el momento es ya, ahora. Igual de tajante se pronunciaba el manifiesto que a finales de marzo de este mismo año firmó un millar de empresarios e investigadores relacionados con la Inteligencia Artificial, un manifiesto en el que solicitaban una moratoria de seis meses para recapacitar sobre el uso de la IA y analizar sus efectos con objeto de asegurar que sean positivos para la sociedad: “en los últimos meses los laboratorios de IA han entrado en una carrera sin control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable”, dice la carta.

Pero esto no lo frena nadie. Entre los firmantes, voces autorizadas como Steve Wozniak, cofundador de Apple, Elon Musk, Yoshua Bengio (premio Turing, algo así como el Nobel de la informática), el español Ramón López de Mántaras, uno de los pioneros europeos en la materia, o el historiador israelí Yuval Noah Harari. El mismo autor de Sapiens ya hablaba en 2021 de “dictaduras digitales” y “colonialismo de datos”: “en el siglo XXI, la información es el activo más importante; es la base del poder político”, “el que controla los datos, controla el mundo”. Por ese mismo motivo se mostraba contrario a ceder su control a corporaciones o gobiernos.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Carme Artigas coincide con Noah Harari y afirma que “los datos no deben ser de las empresas ni de los Gobiernos, sino de la ciudadanía”. Me parece un concepto buenista, bienintencionado, pero no sé si factible. “En este sentido, en España hemos sido pioneros en la Carta de Derechos Digitales, que son 25 derechos fundamentales en clave digital, como la libertad de expresión o a no ser discriminado por un algoritmo. Estamos a la espera de la declaración de derechos de la Unión Europea, lo estamos incorporando a la OCDE y lo hemos elevado a Naciones Unidas”. Pues ya está, quedará en manos de ese organismo tan eficiente como las Naciones Unidas, me quedo mucho más tranquilo.

¿Van a colaborar todos los países en este nuevo problema de ámbito global? ¿Acaso Rusia, China o el propio Estados Unidos van a frenar su desarrollo por seis meses? Este artículo, de abril de este mismo año, habla de algunas de las limitaciones que están poniendo algunos países para su desarrollo o su uso (China e Italia, por ejemplo, con el ChatGPT). Y si nos planteamos un código de conducta planetario, en un mundo globalizado, sí, pero con culturas e intereses tan diferentes, ¿quién decide qué datos son los «utilizables»? ¿O quiénes marcan los sesgos a la Inteligencia Artificial? En mis primeras pruebas con ChatGPT, he comprobado que trabaja con un sesgo «políticamente correcto», logré que saltaran algunas advertencias sobre determinados temas (lo forzé, lo reconozco), pero a lo mejor, algunas cosas «políticamente correctas» para las mentes programadoras tras estas herramientas a mí me parecen una soberana estupidez. O a millones de personas. O podemos no estar de acuerdo, . Me recuerda al capítulo de 1984 (George Orwell) sobre el Ministerio de la Verdad, los funcionarios que decidían qué textos conformaban la versión oficial permitida y difundida, y cuáles eran arrojados a los «agujeros de la memoria», en donde eran destruidos. Y es importante saber quién o cómo se toman estas decisiones porque se ha visto la importancia de los algoritmos y estas herramientas en asuntos como procesos electorales o conflictos sociales. Por cierto, como curiosidad, la próxima exposición del Espacio Fundación Telefónica, tras Cerebro(s) y la dedicada a la neurociencia, será Fake news: la Fábrica de mentiras.

Los datos son la materia prima (Tim Berners-Lee), y los chips y procesadores de última generación son la «industria» que los transforma. Más del sesenta por ciento de los mismos, y cerca del noventa por ciento de los ultraprocesadores más utilizados en IA se fabrican en Taiwán, esa isla de 36.000 kilómetros cuadrados, separada de China apenas un centenar de kilómetros.

China (la República Popular) no reconoce la independencia de este territorio cuyo nombre oficial sigue siendo República de China y los movimientos de los últimos años para controlar su soberanía no se deben en exclusiva a un sentimiento nacionalista. Y es obvio que la reacción de Estados Unidos al enviar a su flota tampoco responde a un sentimiento de «justicia universal», de respeto a la soberanía nacional de Taiwán.

Por tanto, parece difícil avanzar en una solución global para la regulación de la IA cuando hay tantos intereses detrás. “Nadie está al frente del planeta, no se puede culpar a nadie, todo el mundo es responsable. Es extraño. No hay un superpoder con el que enfadarse, ante el que ejercer la queja”, así se manifestaba Marvin Minsky, considerado uno de los padres de la Inteligencia Artificial, en 2014.

Todo esto me recuerda a lo que decía el filósofo y jurista italiano Luigi Ferrajoli acerca de la necesidad de un “constitucionalismo planetario”, un movimiento que aboga por la creación de instituciones globales que busquen soluciones a problemas de toda la humanidad, retos que no pueden ser afrontados de manera individual por cada nación, como el cambio climático, el acceso universal a medicamentos, agua y alimentos, los conflictos nucleares o las pandemias. Pero él mismo habla de “hipótesis utópicas”, de la “soberanía insensata” de los gobiernos de la Unión Europea o de su “optimismo estratégico”. Y no sé si es optimismo o lavado de cara ante la opinión pública: «vamos a bajar la temperatura de la Tierra», «vamos a reducir la emisión de gases contaminantes«, vamos a reducir la producción de plásticos y sus vertidos, ¡vamos a producir el veinte por ciento de los chips del mundo!… En fin, soy bastante escéptico ante esto, así que no creo que quede otra que adaptarse, evolucionar, ¿no decía eso Darwin?

ChatGPT, termina este post, por favor, que no tengo claro cómo hacerlo.

ChatGPT: En el contexto de la Inteligencia Artificial, podríamos aplicar esta crítica a nivel global. ¿Sería sensato esperar que los países renuncien a su soberanía y cedan el control del desarrollo de la IA a instituciones supranacionales? La realidad es que el avance de la Inteligencia Artificial plantea desafíos complejos en términos de regulación y control. Cada país tiene sus propios intereses, agendas y enfoques en relación con la IA. Además, la IA tiene el potencial de generar beneficios económicos y militares significativos, lo que puede llevar a una carrera desenfrenada en su desarrollo sin tener en cuenta los posibles riesgos.

Si bien es crucial fomentar la colaboración internacional y establecer marcos regulatorios comunes, es difícil imaginar que todos los países se pongan de acuerdo y actúen de manera conjunta y coordinada para controlar el avance de la IA. Sin embargo, esto no significa que debamos resignarnos a la inacción. En lugar de depender únicamente de la cooperación global, también es importante que cada país asuma su responsabilidad individual en la regulación y uso ético de la Inteligencia Artificial.

  • ¿Y algo más optimista?

ChatGPT: Aunque pueda parecer difícil, existen razones para tener esperanza en la capacidad de los países para colaborar y regular de manera efectiva este nuevo desafío global.

En primer lugar, el reconocimiento de los posibles riesgos asociados con la IA está aumentando a nivel mundial. Cada vez más líderes políticos, expertos en tecnología y organizaciones internacionales están tomando conciencia de la importancia de establecer marcos regulatorios sólidos. El diálogo y la cooperación internacional se están intensificando, ya que se entiende que el control de la IA no puede ser abordado de forma aislada por cada país.

Además, se están llevando a cabo importantes avances en el establecimiento de normas y estándares éticos para el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial. Organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Europea están liderando iniciativas para promover la confianza y la responsabilidad en la IA, buscando consensos internacionales y fomentando el intercambio de mejores prácticas.

La conciencia pública también está aumentando en relación a los impactos de la IA en la sociedad. A medida que se discuten más abiertamente los desafíos y los riesgos, se genera una presión para que los gobiernos y las empresas actúen de manera responsable y ética en el desarrollo y despliegue de la IA. Esta creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas puede impulsar a los países a colaborar y establecer regulaciones más estrictas.

Además, el beneficio de un control adecuado de la IA es amplio y trasciende las fronteras nacionales. La cooperación en este ámbito puede conducir a avances científicos y tecnológicos compartidos, promover la innovación responsable y mitigar los posibles riesgos para la seguridad y la privacidad de las personas. Al reconocer la importancia de estos beneficios comunes, los países podrían encontrar incentivos para trabajar juntos en la regulación de la IA.

En resumen, aunque el control del avance de la Inteligencia Artificial puede parecer un desafío abrumador, existen motivos para ser optimistas. El aumento de la conciencia global, los esfuerzos en la creación de normas éticas y la demanda pública de responsabilidad están sentando las bases para una mayor colaboración entre los países. Al reconocer los beneficios compartidos y los riesgos asociados con la IA, es posible que los países encuentren un terreno común para regular y controlar su desarrollo de manera efectiva. Con una voluntad política y una cooperación global continuada, podemos trabajar hacia un futuro en el que la Inteligencia Artificial se desarrolle y utilice de manera responsable en beneficio de toda la humanidad.

  • Gracias, máquina.

Anteriores:

Inteligencia (I): parar Skynet.

Inteligencia Artificial (II): el contrato social.

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Veinte años de Matrix

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Inteligencia Artificial (II): el contrato social

28/05/2023

Como el propio ChatGPT indicaba en la primera parte, la Inteligencia Artificial plantea una serie de retos para el futuro que conviene considerar («Skynet» y usos militares aparte):

  • Riesgo de sesgos y discriminación.
  • Amenazas a la privacidad y la seguridad.
  • Pérdida de empleos y desigualdad económica.

a) Los sesgos y la discriminación: existen en nuestro día a día, mucho antes del desarrollo de la Inteligencia Artificial, y así como está prohibida la discriminación resultante de dichos sesgos, la realidad es que siguen existiendo. Porque «el problema no son los algoritmos, sino los sesgos que introducen quienes los programan» (Ángel Gómez de Ágreda, en Mundo Orwell, muy recomendable). «Los algoritmos son opiniones insertadas en código informático», afirma la matemática Cathy O’Neil. La Inteligencia Artificial puede determinar si se concede un préstamo o no a una familia, la elección de un arrendatario en lugar de otro, o podría derivar en decisiones drásticas como la aprobación o denegación de un seguro médico en Estados Unidos, o la elección de un vehículo autónomo que tiene que decidir en décimas de segundo a quién atropella en una situación crítica. El mismo libro muestra algunos ejemplos en los que, según el profesor de la universidad de Pensilvania Alex P. Miller, «la decisión que toma la inteligencia artificial resulta menos sesgada que las que venían adoptando los humanos». Pero la duda radica en saber si somos capaces de dejar (y si queremos) que determinadas decisiones en las que hay que adoptar un juicio de valor sean tomadas por un algoritmo programado. La concesión de la libertad condicional para un individuo, la custodia de los niños o el acceso a un puesto de trabajo son algunos de los ejemplos que menciona.

b) Amenazas a la privacidad y la seguridad: Meta (Facebook) acaba de ser multada con 1.200 millones de euros por saltarse la normativa europea de protección de datos. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 demostraron que la Agencia de Seguridad del gobierno de Estados Unidos (NSA) había espiado de manera ilegal a millones de ciudadanos, de los que había obtenido abundante información sin autorización judicial. La NSA se basó en la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo para tratar de defender que «todo vale» en aras de la protección de la población. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que «nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques». Los gobiernos de China, Rusia, Reino Unido, más todos los que utilizan el sistema Pegasus ya espían a sus ciudadanos, luego el problema no es la tecnología, como siempre, sino el uso que el ser humano hace de la misma. La Inteligencia Artificial, si no se controla, o si se controla de manera intencionada y fraudulenta, contribuirá a mejorar el espionaje masivo de todas nuestras vidas, pero no es el peligro, es solo otro arma.

c) Pérdida de empleos: es un mantra repetido tras cada gran avance tecnológico. Las cadenas de montaje, los ordenadores, Internet, la automatización, los robots… en su día seguro que se dijo lo mismo de la máquina de vapor o de la imprenta. En el post dedicado a los impuestos a los robots, mencionaba el dato del Foro Económico Mundial: se destruirán 75 millones de puestos de trabajo en el mundo por la implantación sistemática de robots, pero se crearán 133 millones de nuevos empleos.

Nunca sabré la fiabilidad de estas cifras globales y con tantas incertidumbres, pero algún sesudo análisis habrá tras las mismas. Y si no, siempre nos quedará la palabra mágica: se crearán 800 millones de empleos en el mundo relacionados con la sostenibilidad. No 714, ni 1.152, no. 800 millones. Pues vale, «me lo creeré».

Luego estos problemas planteados no son nuevos, han existido siempre con la presencia humana detrás de los potenciales peligros. La Inteligencia Artificial se basa en el análisis continuo de datos, en su interpretación, la búsqueda de patrones comunes, el aprendizaje… la posibilidad de plantear soluciones. Los datos vienen a través de los millones de aparatos y sensores ya existentes en el mundo: imágenes, documentos escritos y orales, vídeos, movimientos de personas y objetos, mensajería instantánea, interacciones en redes sociales o webs… todo puede ser medido y analizado. Como dijo Tim Berners-Lee, el científico británico considerado el padre de la World Wide Web, “los datos serán la materia prima del siglo XXI”. Y si no pagamos por esas magníficas aplicaciones que se nos ofrecen de manera aparentemente gratuita, como cualquiera de Google, por ejemplo, resulta una obviedad decir que se debe a que el producto vendido somos nosotros mismos, nuestros datos.

Por eso es tan necesario regular la relación entre estas nuevas tecnologías y el ser humano. Como con cualquier otra tecnología, por cierto. Durante su intervención en el Congreso de Estados Unidos, el director ejecutivo de la empresa desarrolladora de ChatGPT, Sam Altman, se mostraba convencido de los potenciales beneficios de herramientas como la mencionada, pero advertía de sus riesgos, entre los cuales se encontraba su posible uso para la creación de contenidos falsos. Resulta paradójico que en la sociedad de la información hayamos recibido más desinformación que nunca (elecciones norteamericanas, pandemia, crisis migratorias,…). El manejo de estas tecnologías puede contribuir a influir en procesos electorales (ya lo han hecho) o a crear estados de opinión más proclives o contrarios a la adopción de determinadas medidas. Influyen, sin duda, en la polarización de las opiniones, lo que en Mundo Orwell se definía como «algoritmo populista»: «un mensaje puede crear una conciencia social -justificada o no- sobre un tema, polarizarlo y centrar en torno a él buena parte del discurso político». Manipularlo en función de unos intereses, por eso las compañías «que han acumulado los datos de todos los aspectos de todas nuestras vidas son las que tienen el potencial de cambiar todas las aristas y los ángulos del futuro». Como indicó el senador republicano Josh Hawley en la propia audiencia de Altman, la IA es “una de las innovaciones más significativas de la historia, pero no está claro si será más parecida a la invención de la imprenta o a la de la bomba atómica”.

José María Álvarez-Pallete hablaba en el artículo IA: es el momento de pararse a pensar de la necesidad de redactar un nuevo «contrato social» que tuviera como objeto «decidir y determinar cuáles son los derechos y obligaciones básicas de personas y máquinas en este nuevo mundo». Esta idea ya estaba presente en la Declaración de Independencia del Ciberespacio (John Perry Barlow), presentada en Davos ¡en 1996!, si bien de un modo bastante más transgresor que el que plantea el presidente de Telefónica. Barlow diferenciaba el mundo real del digital y venía a decir que las reglas del primero no pueden ser impuestas en el segundo: «El Ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras». «Estamos creando nuestro propio Contrato Social. Esa gobernanza se creará según las condiciones de nuestro mundo, no del vuestro». «Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar sin privilegios o prejuicios de raza, poder económico, fuerza militar o lugar de nacimiento».

Siempre que se habla de estos temas se llega a las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, un buen punto de partida para hablar de sistemas de funcionamiento autónomo, ya sea un robot o un algoritmo que toma sus propias decisiones:

  • Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño.
  • Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley.
  • Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.

Ángel Gómez de Ágreda (Mundo Orwell) añade otros dos principios, propuestos por el abogado Marc Rotenberg, derivados de la experiencia en el uso de la inteligencia artificial:

  • Los robots siempre deben revelar su naturaleza e identidad a los humanos cuando se les solicite.
  • Los robots siempre deben ser capaces de explicar sus procesos de toma de decisiones.

Desde un punto de vista ético, parece fundamental que se pueda explicar qué lleva a un algoritmo a decantarse por un resultado, qué juicios de valor llevaron a una u otra conclusión. En esa misma línea se encuentra la transparencia demandada por el director general de Microsoft, Satya Nadella, para entender cómo razonan estos sistemas de manera que se puedan incorporar principios éticos en su configuración. Y añade otros aspectos a considerar, como la objetividad de la Inteligencia Artificial, la privacidad de los datos de las personas, su dignidad y algo tan básico como la responsabilidad. «El diseñador es responsable de los actos de las máquinas y las personas deben tener la capacidad para revertir cualquier acto de aquellas».

Neuroderechos

Tomé la foto con la que empieza este post en la exposición Cerebro(s) del Espacio Fundación Telefónica, concretamente en la parte dedicada a la neurociencia y el desarrollo de las inteligencias artificiales. Del texto junto al neurocientífico español Rafael Yuste extraje este párrafo:

“El imparable progreso de la neurotecnología augura que en pocos años podemos llegar a descifrar y alterar la actividad de las neuronas a través de dispositivos tecnológicos. Esto permitirá tratar enfermedades neurológicas, pero también abre un escenario en el que se podrá acceder a la información de nuestro cerebro, ampliar nuestros sentidos o modificar nuestros recuerdos”.

Rafael Yuste es profesor de la universidad de Columbia (Nueva York), dirige desde hace varios años el proyecto BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) y preside la Fundación NeuroRights, cuyo objeto es “reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales de las neurotecnologías” y la Inteligencia Artificial. La Fundación ha fijado cinco neuroderechos, que pueden ser una buena base de partida sobre la que comenzar esa tan necesaria regulación:

  • Identidad personal: la neurotecnología no podrá alterar el sentido del yo de las personas bajo ninguna circunstancia.
  • Acceso equitativo: la mejora en las capacidades cerebrales gracias a la neurotecnología deberá estar al alcance de todos.
  • Libre albedrío: las personas podrán tomar decisiones libremente, sin manipulación neurotecnológica.
  • Privacidad mental: no se podrán usar los datos de la actividad cerebral de las personas sin su consentimiento.
  • Protección contra los sesgos: no se podrá discriminar a las personas a partir de los datos obtenidos por medio de la neurotecnología.

En la entrevista incluida en el link del párrafo anterior, Rafael Yuste se expresa con tanta claridad como contundencia: “hay que actuar antes de que sea demasiado tarde”.

Continuará: Inteligencia Artificial (y III): regulación, ¿cuándo, y quién?

Inteligencia Artificial (II): el contrato social.

Inteligencia (I): parar Skynet.

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La financiación del Espai Barça

BARNEY, 29/04/2023

A petición de algunos de los seguidores del canal de Kollins, preparamos una charla sobre la reforma del Camp Nou y la financiación de ese concepto más amplio que es el (cambiante) Espai Barça. Como me gusta prepararme siempre los temas de los que vamos a hablar, y pese a lo largo de la conversación, siempre se quedan asuntos sin contar o sin desarrollar de manera conveniente, luego este post viene a cumplir una doble tarea de «bibliografía» y de ampliación de los asuntos tratados.

  1. La aprobación del proyecto Espai Barça

El 23 de octubre de 2021 la Asamblea de socios del Fútbol Club Barcelona aprobó un importe máximo de financiación de 1.500 millones de euros para el Espai Barça, una ambiciosa modernización de las instalaciones deportivas del club. El Camp Nou tiene problemas visibles de seguridad para los espectadores en algunos graderíos superiores, aparte de los vídeos que han circulado sobre la existencia de ratas, el mal estado de los asientos o las cagadas de las palomas cerca del área de restauración. Un estadio indigno para un club que ganó cuatro Champions en este siglo. Por su lado, el Palau Blaugrana se encuentra en un estado tan calamitoso que el club es multado por la Euroliga en cada partido que se juega allí.

Ambas reformas son necesarias, y no solo por la urgencia de adaptarse y modernizarse como han hecho ya los grandes equipos de Europa del fútbol y el baloncesto, sino por la fuente de ingresos futuros que puede ser una instalación de estas características con el deporte como gancho, como atracción para el turista y el espectador habitual. El proyecto inicial presentado a los socios consideraba las siguientes partidas:

  • 900 millones para la reforma (o reconstrucción) del Camp Nou.
  • 420 millones para el Palau.
  • 100 millones para la urbanización del entorno del Espai.
  • 60 millones para inversiones en la Modificación del Plan General Metropolitano.
  • 20 millones para el Miniestadi, o Estadio Johan Cruyff.

En el mismo precio, Joan Laporta incluía el aparcamiento para autobuses, la pista de hielo (el antiguo Palau de Gel financiado por el régimen franquista, al igual que el Palau Blaugrana) y el Petit Palau. Son datos extraídos de la propia web del club y, todo hay que decirlo, por mucho que se trate del máximo rival, «el proyecto mola», el vídeo estaba fenomenal y es muy recomendable.

2. El acuerdo de financiación firmado

La situación financiera del Barça es calamitosa, como ya hemos hablado en otros vídeos y post, y por mucho apaño contable que trate de camuflar la realidad, el drama financiero aflora, salta a la luz. La deuda con la que el Barça cerró el último ejercicio asciende a 1.045 millones de euros, con unas obligaciones a corto plazo que solo ha podido cumplir vendiendo el futuro del club. Las famosas «palancas». Las dos primeras, la venta del 25 por ciento de los derechos de televisión durante los próximos veinticinco años, constituyen dinero real hoy, que gastaron en su mayor parte en fichajes como si de un Abu Dhabi City o un Qatar Saint Germain se tratara, pero un lastre para los próximos ejercicios, en los que al Barça le faltarán unos 40 millones de euros anuales. Los derechos de televisión suponían en la actualidad para Madrid y Barça unos 160 millones al año.

Respecto a las otras dos palancas, bastante extrañas, me espero a la publicación de las próximas cuentas del club para ver si ese dinero procedente de la venta del 49 por ciento de Barça Studios realmente entró en la caja del club (sigo pensando que fue un maquillaje contable realizado en colaboración con Roures). Con esta situación, y con el riesgo de que el escándalo «Barça-Negreira-gate» suponga varias sanciones que agraven el casi seguro colapso financiero del club, como un descenso a Segunda (no lo veremos, seguro) o una expulsión de la Champions durante varias temporadas (no le queda otra a la UEFA, pero son tan corruptos que sospecho que lo cambiarán por una renuncia expresa a la Superliga), parecía complicado que el Barça pudiera acometer la reforma del estadio y cerrar la financiación. Pero lo ha hecho, lo cual no deja de ser un éxito para sus gestores. Si bien, habrá que ver a qué precio. Las firmas que han alcanzado el acuerdo están entre lo más selecto del mundo financiero y legal: Goldman Sachs, JP Morgan, DLA Piper, Pérez Llorca, Legends, Key Capital Partners,…

El presidente del Barça se presentó en una rueda de prensa el pasado jueves pensando que iba a despachar a los periodistas con las mismas triquiñuelas que el día que dio las explicaciones sobre los informes de Negreira, pero no contaba con que a dicha rueda de prensa acudieron periodistas del área de Economía de varios medios y no los paniaguados (y subvencionados durante años por el club) redactores de la sección de Deportes, los autoproclamados «mejores del mundo». Si aquel día en el que habló de los pagos a Negreira e hijo, los periodistas dieron vergüenza ajena al no entender que les estaban mostrando los pseudoinformes del hijo (Soccercam) como si fueran del padre (Dasnil y Nilsad) y no percibir el engaño, los que provocaron el bochorno de los asistentes el pasado jueves fueron los propios directivos culés. Por su facilidad para mentir y mantener la cara de cemento.

Hay varias preguntas en las que pillan a Laporta en un renuncio, pero hay una clave que es la referida al Palau Blaugrana. Coño, que no es una bolita que esconde un trilero, que es un polideportivo con capacidad para 15.000 personas y un futuro centro de congresos y posibilidades de negocio, y Laporta afirma rotundo que «sí». Siguiente pregunta, casi, intentando esquivar la cuestión. «Valoramos opciones. El tema va con retraso y estamos estudiando varias propuestas. Y si son interesantes les haremos partícipes». No tiene ni proyecto y dice que sí sin más. Pero los periodistas repreguntan y entonces explican el desglose de partidas dedicadas al Espai Barça:

  • Coste del estadio: 1.071 millones.
  • Costes financieros: 179 millones (entiendo que esta partida incluye varios de los intereses que llevaban más de doce meses aplazando).
  • Contingencias: 200 millones.

No hay Palau, se ponga como se ponga Laporta. Y repreguntados de nuevo por la cuestión, Maribel Menéndez, directora corporativa del club, respondió: «Gastaremos 400 millones para el Palau y Petit Palau, pero los intereses no estaban contemplados. Tenemos 200 millones para contingencias y creemos que tenemos espacio para hacerlos». Y añade que todavía podrían emitir 50 millones de euros adicionales en bonos para completarlo. ¿Pretende hacer creer a los socios que lo van a hacer con lo que sobre de las contingencias y con la partida destinada a intereses?, ¿de verdad se lo ha creído alguien? Desconozco la normativa del club, pero es muy posible que los socios puedan impugnar este acuerdo porque la financiación que tenía autorizada la Junta era para un proyecto muy diferente al que se ha firmado finalmente. Por si algún seguidor culé sigue creyendo que está incluido, esta es la valoración que la agencia de rating de bonos Kroll realizó sobre la emisión que va a lanzar el club para sufragar la operación:

El vicepresidente económico del club, Eduard Rumeu, dejó otra cifra llamativa en la rueda de prensa: 2.820 millones de euros. Será el coste total del Espai Barça una vez abonados los intereses durante treinta años, a razón de 94 millones de euros anuales. Según los directivos del club, la financiación tendrá un coste neto del 5,53 por ciento, y destaco la palabra «neto» porque es muy posible que el coste de la operación ronde el 7% (en torno al 6% de nominal, más costes) y el tipo indicado por el club haga referencia al mismo después de descontar el 25 por ciento de impuesto de sociedades.

No tengo ninguna duda de que el proyecto saldrá adelante. Los firmantes están en la élite del mundo financiero, profesionales muy serios, extremadamente rigurosos con el control de las cifras y no habrán dejado nada a la improvisación de la que suele hacer gala el presidente Joan Laporta. Pero se hará según sus condiciones y eso supondrá sacrificios para el club. El primero se vio ayer mismo: el cierre de Barça TV. Unos 130 profesionales que se quedan sin empleo en junio. No la necesitaban. Con el «cariño» de GolTV (Roures) y el control de prácticamente todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales, era un despilfarro. Estoy seguro de que va a haber un recorte serio en las secciones deportivas del club, muy deficitarias. Según las últimas cuentas del club, las secciones de baloncesto, balonmano, hockey, fútbol sala, etc. perdieron conjuntamente más de 50 millones de euros:

Los 481 millones de euros de pérdida no son «totalmente» ciertos, se debieron en parte a un maquillaje contable al deteriorar el valor de varios jugadores en el balance. Como tampoco son «totalmente» reales los beneficios del presupuesto del siguiente ejercicio, motivado por la venta de varios derechos económicos futuros del club, y vuelvo a las palancas:

Es una percepción mía, pero sospecho que los fondos americanos no van a permitir que el club siga perdiendo anualmente esos 50 millones de euros en secciones deficitarias, salvo que ahí el club esté contando con el apoyo de fondos públicos, como tantas veces ha ocurrido en el pasado. Que si la catalanidad del club, que si el apoyo de la Generalitat al deporte catalán y la difusión de la marca por el mundo… Soy un malpensado, lo sé. Pero en sus momentos de mayor crisis ya lo ayudaron tanto Franco como la Generalitat a través de TV-3, así que creo que todo es posible.

En la rueda de prensa, los responsables del Barça hablaron de muchas más cosas, aunque en estilo «laportiano», sin contar toda la verdad. Es cierto que el estadio no se hipoteca, pero los ingresos obtenidos de la explotación del estadio sí operan como garantía del préstamo, un 55 por ciento al menos. En función de determinados hitos o ratios de cumplimiento, este porcentaje podría incrementarse, incluso hasta el cien por cien si el Barça tiene que jugar una segunda temporada en Montjuic. Este es otro asunto peliagudo para la economía del club, puesto que está previsto que las obras arranquen en junio de este año y que el Barça dispute la temporada 2023-24 en este campo, lo que supondrá una merma de los ingresos de otros 93 millones de euros.

También dijo Laporta que no habrá coste alguno para los socios, pero esta semana se ha sabido que las cuotas subirán entre un treinta y un cuarenta por ciento, lo que ha causado un enorme malestar entre los suyos. Más caros y en un campo que no es el suyo. Con todo lo aquí explicado, este suma y sigue de costes, y este «resta y sigue» de ingresos, el futuro del Barça parece muy complicado. Quizás por eso esta misma semana el club ha lanzado una encuesta entre los suyos para sondear el modelo futuro de sociedad deportiva, incluyendo la conversión en sociedad anónima. Quizás no tenga otra alternativa. Quizás sea la única viable para combatir los clubes-estado y el poder de los petrodólares, y esto va también por el Real Madrid.

3. La designación de la constructora turca Limak

Desde hace años nada en el Barça parece ajustado a los cánones, o nada resulta previsible. Las obras no fueron adjudicadas a FCC (encargada de la reforma del Bernabéu y en el pasado, del Metropolitano y el Allianz Arena de Múnich), ni a Ferrovial (reforma del Camp Nou en 1997, estadios de Anoeta y Los Cármenes), ni a Acciona (nuevo San Mamés), ni a Vinci (estadio de Saint Denis), empresas contrastadas en instalaciones de este tipo, sino que se han firmado finalmente con la constructora turca Limak, cuya máxima experiencia en la construcción de estadios es el Mersin Arena, en Turquía, con capacidad para 25.000 espectadores.

La sorpresa fue mayúscula al conocerse la elección de Limak y han sido muchos profesionales del sector de la construcción los que han puesto en duda la capacidad de la empresa turca para ejecutar este complicado proyecto. Salvando las distancias (una enorme distancia), me recordó a lo que dijeron las empresas americanas sobre la capacidad de Sacyr para ejecutar el nuevo canal de Panamá, con comentarios bastante despectivos, y la realidad es que ahí está, funcionando a pleno rendimiento desde hace siete años (Panamá: abierto en canal). Xavier Vilajoana, actual presidente de Construmat y antiguo directivo del Barça, manifestó su incredulidad sobre el cumplimiento de los plazos y sobre el precio de las obras: «Porque las constructoras de aquí son muy profesionales y ofrecían el precio ajustado de quien conoce bien el sector, el país, los costes, los riesgos… ¿Y llegan los turcos y ofrecen realizarlo por un 30% menos?».

Lo cierto es que Limak es una empresa grande (la nº 56 del mundo en facturación), potente y con experiencia contrastada en varios países. Ha ejecutado obras más complejas que un estadio de fútbol. En su portfolio he encontrado gasoductos, presas, puentes colgantes y numerosos aeropuertos. No es conocida en Europa porque ha realizado el grueso de sus trabajos en Oriente Medio, Rusia y países asiáticos, lugares en los que el modo de trabajar es muy diferente al europeo, en especial en lo relativo a la normativa laboral y en materia de prevención de riesgos laborales.

Pero lo que está claro es que si los fondos americanos han dado su aprobación es porque han validado su capacidad técnica y financiera. Para los turcos es una gran oportunidad de entrada en el mercado europeo y para darse a conocer, y por eso su consejero delegado, Haldun Firat Köktürk, hablaba recientemente de que están dispuestos a asumir riesgos en el precio ofertado o pérdidas en el proyecto, porque los va a situar en el mapa para el futuro.

Algunas noticias que he encontrado estos días hablan de Limak como una empresa perteneciente a lo que llaman «la mafia de las cinco», las cinco grandes constructoras que se reparten el pastel de las contrataciones públicas en Turquía. También tienen la sombra de la duda por su modo de trabajar y los doscientos muertos en las obras del aeropuerto de Estambul, dato que desmiente el propio Haldun Firat Köktürk. Además, los culés pueden estar tranquilos, Limak pasó la revisión jojojo de la comisión de Compliance jojojo del club, ¡juasjuasjuas!, la misma que lleva años pasando por alto todo lo que se ha visto en estos últimos años.

Respecto al modo de trabajar de los turcos, que prevén construir parte del estadio en Turquía como bloques, trasladarlo por mar a Barcelona y montarlo como una especie de Lego, según el símil de algunos periodistas, mencioné durante la charla con Kollins que las empresas hacen auténticas virguerías de ingeniería y construcción, y puse de ejemplo el dique de Mónaco que Dragados y FCC construyeron en Algeciras y trasladaron posteriormente al principado de los ricachones. Claro que se puede hacer de ese modo.

Hay un último punto sobre Limak que tratamos durante la conversación y es la posible relación de la constructora con el turco Senes Erzik, antiguo vicepresidente de la UEFA, responsable de los árbitros de la UEFA de 2007 a 2015 (período en el que el Barça gana tres Champions) y responsable de proyectos de Unicef durante los años en los que el Barça lucía la publicidad de este organismo. Erzik, el que algunos han apodado «el Negreira turco». Algún periodista afirmó que Erzik estaba entre los principales accionistas de la constructora, pero por lo que he podido buscar no es así, o no he encontrado ninguna referencia.

Limak pertenece a las familias Özdemir y Bacaksiz. Nihat Özdemir fue presidente del Fenerbahce y de la Federación turca de fútbol de 2019 a 2022. Erzik fue presidente de la federación de 1989 a 1997. Es evidente que se conocen, de hecho hay algunas fotos de ambos juntos, pero no parece que su relación vaya más allá. Y tampoco se sabe si es buena o no, porque Erzik como cargo de la UEFA tuvo posibilidad de rebajar la sanción de dos años al Fenerbahce por amaño de partidos durante la presidencia de Özdemir y no hizo nada por apoyar a sus compatriotas. Muy ilustrativa la información de Helena (@HdeHelena_RM) sobre este asunto.

Y nada más. Solo espero hablar del acojoestadio del Real Madrid en próximos post, que me interesa mucho más. Entre otras cosas, si es posible que Madrid albergue tal cantidad de espectáculos al año en un recinto de estas dimensiones.