JOSEAN, 22/10/2023

(Viene de: Hiperregulación (I): situación)

Es necesario simplificar, y aunque pueda parecer que lo afirmo desde una óptica empresarial y por tanto interesada, fue la propia presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, quien se manifestó recientemente en términos similares:

“Necesitamos un sistema tributario más estable, más seguro y lo más simplificado posible”. Suscribo cada palabra de este párrafo: “la reforma fiscal que necesita España requiere sosiego. Para que haya mantenimiento del gasto público tiene que haber figuras tributarias que se ajusten a la realidad, a los principios constitucionales de capacidad económica, progresividad, igualdad y justicia tributaria, pero lo que hemos visto en los últimos años ha sido una vorágine de normas tratando de afrontar el problema del momento sin perspectiva de futuro”. El subrayado es mío.

Ana de la Herrán menciona el caso de Ferrovial, cuya marcha a Países Bajos fue duramente criticada por el actual gobierno. En el momento del anuncio del cambio de sede se habló de seguridad jurídica, así como de las ventajas que el traslado suponía a la empresa española/neerlandesa a la hora de acometer nuevos proyectos e inversiones. Precisamente Ferrovial ha ganado este mes de octubre un pleito con Hacienda por la operación realizada ¡en 2006! cuando culminó la compra de BAA, empresa gestora del aeropuerto de Heathrow. Ferrovial tuvo que provisionar 119 millones de euros por el litigio, que ahora, muchos años y gastos después, podrá liberar. Quizás le vengan bien para provisionar la amenaza recibida, «el riesgo de que la Hacienda española no admita la neutralidad fiscal de esa fusión transfronteriza», como indica la documentación enviada a la Bolsa de Ámsterdam.

Con tanto cambio normativo, estar actualizado es cada vez más complicado, cada vez se generan más dudas en cada operación, en cada cierre fiscal. Una encuesta reciente realizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) revela que la fiscalidad se ha deteriorado de manera considerable en los últimos cinco años (fuente: El Economista). Hasta un sesenta por ciento opina de ese modo. Y si se entra en el detalle, 53 de cada cien encuestados afirman que el sistema se ha complicado, por solo uno que cree que se ha simplificado. La región líder en hiperregulación en la última década, Cataluña, es la que tiene el peor índice en competitividad fiscal y no creo que sea una casualidad, sino una causalidad.

La hiperactividad normativa genera otro problema, que es la baja eficiencia de las empresas. Según el ranking de El Economista, España ocupa el puesto 36 de los 64 países analizados en el ranking de competitividad del Institute for Management Development (IMD). El propio IMD promueve un marco regulatorio más estable para las empresas españolas como una de las principales áreas de mejora.

El sistema tributario ha cambiado demasiadas veces en los últimos ejercicios, y no precisamente para favorecer el emprendimiento (Ayudando al empresario), sino que lo ha hecho solo para incrementar la recaudación, aun a costa de dificultar el trabajo de las empresas. Según el dato de Bloomberg y de la Tax Foundation, España es uno de los países que más gravan la inversión empresarial.

Y hay numerosas inversiones pendientes de ejecutar. En el tratamiento de aguas, España pagará una multa de 80 millones de euros a la Unión Europea por no depurar las aguas residuales. En tratamiento de residuos, España ha recibido una “alerta temprana” de la Comisión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje. En calidad del aire y control de las emisiones de CO2, España fue sancionada en diciembre del año pasado por incumplir la directiva europea en Madrid y Barcelona. Hay otras multas por no adaptar la normativa europea sobre protección de datos, por tergiversar las cifras de gasto sanitario en la Generalitat Valenciana, por las ayudas fiscales al País Vasco… España es el segundo país en la cuantía de las multas y el primero en el número de expedientes sancionadores abiertos por la Unión Europea, debido, entre otros factores, al sistema autonómico y a la fragmentación territorial en 17 áreas.

Es decir, se legisla mucho, pero no se hace bien. La mayoría de estos expedientes se evitaría con las inversiones previstas en los Fondos NextGen para residuos, calidad del aire y las aguas, movilidad urbana, digitalización… Pero resulta que el Banco de España indicaba hace apenas un mes que solo el diez por ciento de las inversiones del plan NextGen había sido ejecutado. España era el país líder en recibir los fondos, pero solo el duodécimo a la hora de ejecutar los proyectos.

El mismo Banco de España alertaba en su informe de la limitada capacidad de administrar los fondos recibidos y de los cuellos de botella generados en la administración, lo que dificultaba sacar adelante proyectos tan necesarios. Hay un fenómeno preocupante que está creciendo en las administraciones públicas y que creíamos erradicado, que es el de “las facturas en el cajón”. Bien sea por la burocracia, bien sea por el retraso en la llegada de los fondos a las administraciones pagadoras, la partida de gastos pendientes se ha disparado en los últimos ejercicios. 7.600 millones de euros, el doble que en 2018. Un problema que se solucionó a martillazos con el Plan de Pago a proveedores de 2012 (recuerden los Premios Montoro a la mala gestión) ha vuelto en este ejercicio a las preocupantes cifras que se alcanzaron en 2011:

Cada vez resulta más complicado gestionar proyectos con las administraciones públicas. Los procesos se alargan, son diferentes en función de las comunidades autónomas, los recursos tardan tiempo en ser resueltos, y pese a la hiperregulación que nos invade, no hay mecanismos ágiles de revisión de precios, ni para la aprobación y cobro de las facturas, ni para dirimir las diferencias contractuales. O los que hay resultan tan farragosos e imprecisos que en la práctica su utilidad se reduce al mínimo. La suma de todos estos factores hace que el número de proyectos que quedan desiertos aumente de manera considerable, como se aprecia en este gráfico del artículo de María Arnal y Manuel García Santana:

Un peligro para la economía, un retroceso en todos los sentidos. El socio de Deloitte Javier Parada comentaba recientemente los Retos en la transformación del sector de la construcción, uno de cuyos puntos es perfectamente válido para el resto de sectores y para todo lo comentado previamente: es preciso cambiar el modelo de relación con las administraciones públicas. “Es necesario implantar nuevos modelos de contratación que equilibren la distribución de riesgos, limiten las ofertas temerarias y aumenten la seguridad jurídica de los contratos a través del arbitraje o la mediación, evitando los retrasos, las desviaciones de costes y la litigiosidad, que causan importantes perjuicios a ambas partes en términos de costes e incumplimiento de plazos de ejecución y son una de las causas de la baja rentabilidad de las empresas del sector y del incumplimiento de las expectativas de las administraciones públicas”. La necesidad de afrontar inversiones en infraestructuras “tendrá un escaso recorrido salvo que las administraciones establezcan un marco regulatorio estable y predecible, que permita una apropiada distribución de riesgos entre sector público y sector privado, una adecuada supervisión de los contratos y una rentabilidad adecuada para la inversión privada”.

Claro que para ello, casi sería mejor echar napalm sobre toda la legislación existente y comenzar de nuevo con una normativa clara, única y duradera. El chiste del día.

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JOSEAN, 10/10/2023

En los últimos tiempos he escuchado o leído varias veces una palabra nueva que, ciertamente, resulta muy poco seductora: “hiperregulación”. Lo dice todo sin decir gran cosa, es una palabra fea que suena a barullo, a atoramiento, a tapón normativo. El gobierno de turno entiende que hay que aprobar una regulación y lo hace de manera hipertrófica. En exceso. O lo que puede tener peores consecuencias, de manera precipitada.

Durante el pasado debate para las elecciones del 23-J, los candidatos mostraron posturas bien diferentes sobre este punto. Pedro Sánchez presumía de haber aprobado normas para afrontar los numerosos problemas a los que se enfrentaba nuestra economía y la sociedad, mientras que Alberto Núñez Feijóo le reprochaba precisamente esa compulsiva necesidad de sacar adelante una nueva norma, ya fuera con rango de ley, del denostado decreto ley, orden ministerial o disposiciones de todo tipo. 385 páginas diarias de nuevas normas en el BOE (en realidad son más), muchas de ellas con tramitaciones de urgencia. Si a eso añadimos la producción normativa de las comunidades autónomas, estar al día y no incumplir se convierte para las empresas y los ciudadanos en una tarea de lo más compleja.

En 2022 se publicaron 1,32 millones de páginas en los distintos boletines oficiales: 254.757 en el BOE y el resto en los distintos boletines autonómicos. En total, fueron aprobadas 1.189 normas con rango de Ley, 849 en el Estado (un tercio por la vía del decreto ley). Esta sobreproducción normativa supone un incremento del 31 por ciento respecto al año anterior y alcanza la cifra más alta de la última década. Pero la crítica no debe centrarse en el número, o solo en el número. Si toda esta regulación fuera aprobada para resolver problemas, bienvenida sea. El problema es que las normas adquieren tal volumen que en ocasiones resultan contradictorias, generan diferencias entre comunidades y dificultan (mucho más que lo que ayudan) la labor de las empresas, que son las verdaderas generadoras de riqueza y empleo del país.

Según este artículo de Expansión, “la hiperactividad normativa en España lastra la actividad económica y el empleo, erosiona la competitividad de las empresas, quiebra la unidad de mercado y genera inseguridad jurídica”. Por su parte, el Foro Regulación Inteligente indica que la hiperregulación nos cuesta entre 36.000 y 48.000 millones de euros anuales y este exceso, que dificulta la labor de las empresas en las diferentes comunidades, supone entre el 1,5% y el 2,5% del PIB.

Desde junio de 2018, los distintos gobiernos de Pedro Sánchez han aprobado 135 “decretazos” por la vía rápida, esquivando el control parlamentario y los informes de los órganos consultivos del Estado. Supera de largo el anterior récord, de José María Aznar, cuyo gobierno sacó adelante 85 decretos entre 1996 y 2000. Por comunidades, la más activa a la hora de producir normas es Cataluña, que lidera la clasificación por séptimo año consecutivo. La reforma laboral, el control de jornada, la desconexión digital, el Salario Mínimo por las bravas, la ley trans, la educación, la financiación autonómica, contra el cambio climático o los efectos de la inflación, se cambia el Código Penal a medida, se legisla sobre el delito de malversación en beneficio de los malversadores… Se ha tratado de regular sobre todas las cosas, e incluso con la pandemia, hasta sobre lo que ocurría en nuestros hogares.

Aunque este post se centra en las normas de carácter económico y fiscal que afectan a la competitividad de las empresas, voy a usar la mal llamada ley del “solo sí es sí” como ejemplo de lo que está ocurriendo: se presenta una norma para cambiar algo que se entiende que no funciona de manera adecuada, se elabora por la vía de urgencia, sin los consensos necesarios, incluso en el propio equipo de gobierno, y sin atender a dictámenes previos, redactada por personas sin la formación adecuada, se aprueba con gran aparato propagandístico y a los pocos meses, cuando se genera otro problema mayor, se promueve una modificación que corrija el desaguisado perpetrado.

Desde hace años toda la normativa fiscal sigue un patrón similar. Los impuestos de naturaleza medioambiental a los que ya me he referido en este blog son un claro ejemplo de esta manera errática de legislar. El impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero está repleto de lagunas que, diez meses después de su puesta en marcha, no han sido resueltas. Y además se interpreta de manera diferente por comunidades. El impuesto sobre el plástico tiene un desarrollo normativo tan impreciso que ahora mismo los sectores afectados están intentando resolver. La fiscalidad medioambiental lleva años en una espiral de creación de nuevas normas y disposiciones que parecen incidir de manera exclusiva en la recaudación y no en la solución real de los problemas. Es tal su producción normativa que ni siquiera los funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) están al día. Este mismo verano, el Ministerio inició el proceso de información pública para el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR). Para cumplir los plazos y poder acceder a los fondos europeos se redujeron los plazos habituales a la mitad.

El problema es que es tal la producción normativa que la propia consulta pública contenía referencias a documentos ya derogados.

Algo similar ocurre con muchas de las iniciativas de naturaleza tributaria que se han acometido en los últimos años, todas ellas con el afán de incrementar la recaudación. La tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a los “ricos”, a las eléctricas, a la banca, las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, en las cargas sociales, en las contribuciones a las pensiones… se ha cambiado todo en este empeño por mejorar la recaudación y detrás de casi todas las medidas había una carga que no era lógica, sino ideológica. Populismo legislativo, y Populismo tributario, dije en su día: Hombre rico, hombre pobre. Y Papá Estado como ente benefactor y redistribuidor de ese incremento resultante de recaudación récord.

No solo se genera inseguridad jurídica (contradicciones entre normas, interpretaciones diferentes entre comunidades, incremento de la litigiosidad), sino que, como advertía el Instituto de Estudios Económicos en su informe de diciembre pasado, todo ello se traduce en “una pérdida de competitividad y de productividad que afecta al conjunto de la economía”, pues “dificulta que empresas y ciudadanos puedan competir en el conjunto del país sin tener que enfrentarse a grandes costes para cumplir con la regulación del sector en el que operan”.

(Continuará en Hiperregulación (II): efectos)