El Día de los Inocentes

28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Recuerdo que hace años, quizás cuando estábamos menos crispados que en los tiempos actuales, los periódicos y radios publicaban alguna noticia divertida, claramente falsa, que se expandía con mayor velocidad aún que la actual, pese a que no estábamos conectados todos los días a un aparato. Las inocentadas llegaban a todas partes, y no había posibilidad de tomas falsas, pues los propios locutores se partían en directo al tratar de colar alguna trola descacharrante. Sospecho que esta tradición se ha perdido porque nos resulta imposible bromear sobre nada: sobre política, filias y fobias deportivas, medio ambiente, religión, economía, monarquía o república… La polarización, supongo, palabra del año 2023 para la Fundéu.

Como echo de menos esa tradición, de la que nunca he sabido si es exclusivamente española. De hecho, siempre quise soltar mis propias inocentadas, bromas sin maldad que casi nadie podía creerse porque resultaban inverosímiles. Hoy ni siquiera se salvan por su inverosimilitud, pues la legión de «ofendiditos» es muy amplia. Imaginemos algunas posibles inocentadas:

«España sufre un apagón total en toda la península. El fallo eléctrico comenzó en una región del nordeste de España, se extendió por el resto del país y hemos dejado sin luz a Portugal como quien se carga los plomos de su casa y, como consecuencia, funde los de todos los vecinos. Solo funcionamos nosotros, los de la radio, y si tiene usted a mano un transistor de los antiguos con las pilas cargadas. Lejos de cundir el pánico, la gente se ha lanzado a los bares a agotar la cerveza fría y las hamburguesas antes de que las existencias se echaran a perder por la falta de refrigeradores».

«Un ministro del gobierno de España contrató como asesora a una prostituta cuyas imágenes se encontraban en el catálogo de chicas de su principal asesor en el ministerio. Al parecer, no era la primera vez que el ministro acudía al catálogo de su amigo y asesor, un cargo de confianza que llegó al puesto tras su anterior experiencia profesional como portero de club de alterne, de donde pasó a los comités internos del partido y de ahí, al consejo de administración de una empresa pública».

«El presidente de la comunidad valenciana dimite de su cargo un año después de su desastrosa gestión de la dana, tras haber dado una decena de versiones diferentes, desde que estuvo al pie del cañón desde el minuto 1, hasta que no le llegaron los avisos, pasando por almuerzos de trabajo, que luego eran privados y posteriormente, actos del partido. En la absurda estrategia de defensa que mantuvo durante cerca de doce meses, manifestó que se trasladó directamente del almuerzo de cinco horas de duración al centro de gestión de emergencias para luego desdecirse de su propia versión, de la hora de llegada y hasta de las razones de su cambio de vestimenta».

«En la declaración del principal testigo en el caso de enchufismo en la Diputación de Badajoz, el investigado fue incapaz de enumerar las funciones de su cargo, la dirección de la oficina, el personal que dependía de su departamento y hasta el domicilio en el que supuestamente vivía. En una declaración bastante confusa, llegó a decir que no lo recuerda porque comenzó una reforma de su casa en 2022, cuando empezó la pandemia, según manifestó, aunque luego dudó respeto a las fechas, y concluyó que entre unas cosas y otras todavía no había ocupado la misma».

«Las cosas funcionan tan bien en el país que el gobierno de España aprueba renunciar a 60.000 millones de euros que estaban a disposición desde hace cinco años. Los fondos obligaban a aprobar una serie de reformas que el gobierno era incapaz de sacar adelante, pero nos llega un comunicado de nuestro principal patrocinador que nos dice que, en la versión que debemos publicar hoy, digamos que no nos interesaba aceptar estos fondos en las condiciones que se imponían desde Europa. A las preguntas de los periodistas sobre las subvenciones pendientes de recibir y las posibles devoluciones de algunas de las partidas ya cobradas, el gobierno ha manifestado su nula preocupación al respecto».

«La periodista de investigación que nunca ha publicado un solo trabajo de investigación acudió a la comisión de investigación para defenderse de las acusaciones tras su intento de extorsión a un juez, del cual ha ofrecido a varios medios un vídeo de contenido sexual. La presunta periodista de investigación está siendo investigada en otro caso por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho, así como por su participación en las irregularidades encontradas en la adjudicación de varios contratos públicos por parte del partido para el que supuestamente trabaja, si bien en su defensa ha alegado que actuaba por cuenta propia y que estaba recopilando información para escribir un libro».

«El gobierno rescató con más de 50 millones de euros a una compañía aérea por su importancia estratégica. La compañía tenía un solo avión en funcionamiento y representaba el 0,03% del tráfico aéreo total del país. Para esta intervención con dinero público, fueron fundamentales las buenas relaciones de un expresidente español con el gobierno del dictador del país al que pertenece la aerolínea».

«El Congreso no ha aprobado una veintena de reformas necesarias al no contar con los votos suficientes para la validación de los decretos. Para ello era fundamental contar con el voto favorable de un partido independentista controlado por un prófugo de la justicia que vive en un país centroeuropeo. El fugado reprochó que no se habían cumplido los compromisos a los que llegó con el partido del gobierno, entre los que se incluían una amnistía de sus propios delitos, el cambio de la consideración del delito de malversación de fondos públicos y la condonación de la deuda a la comunidad autónoma por la que trabaja en exclusiva su partido. Aquellos acuerdos fueron alcanzados con el secretario de organización de entonces, ahora caído en desgracia tras haber pasado unos días en prisión provisional, debido a la investigación en la que se halla inmerso por el cobro de comisiones ilegales».

Son inocentadas de lo más gracioso, ¿verdad? Menos mal que resultan inverosímiles, porque tienen su gracia. O ni p… gracia. Pero sería injusto por mi parte dar por ciertas estas noticias, puesto que, en la mayoría de ellas no hay condena aún y existe, por tanto, la presunción de inocencia, que voy a respetar más que nunca en un día como hoy. Porque todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Ah, se me ha ocurrido una inocentada más:

«Tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenaba al Fiscal General del Estado por revelación de secretos, el presidente de gobierno y varios de sus ministros han afirmado que el condenado es inocente, incluso tras los abundantes indicios en su contra recogidos en la sentencia, por sus actuaciones y maniobras en las horas posteriores a conocerse el acuerdo filtrado. Es una lástima que el Fiscal hubiera borrado del móvil todas aquellas pruebas que podían haber demostrado su inocencia. El presidente añadió que se ha cometido un atropello contra el exfiscal, y concluyó que tratarán de corregirlo en el Tribunal Constitucional«.

Pdr Schz y el cambio de hora

Esta noche se ha cambiado la hora, hacia atrás. Aunque al presidente Sánchez le dio por agitar el debate de la conveniencia o no del cambio de hora, un debate que a buen seguro preocupa a los ciudadanos mucho más que otros asuntos, la cortina de humo no ha tenido demasiado recorrido. Hemos retrocedido en el tiempo, solo una hora, eso sí. Ya que el presidente Sánchez ha dicho en repetidas ocasiones que España avanza, que vamos como un tiro, me planteo el ejercicio de retroceder en el tiempo de la manera en que lo hacía Marty McFly en Regreso al futuro. Un año al menos. De hecho, la noticia con la que comienza este post es de hace un año, aunque podría ser de esta semana: por tercer año consecutivo, seguimos sin Presupuestos Generales del Estado, con la prórroga de los de 2023.

Aunque no haya presupuestos, debemos pensar que sí se ha logrado avanzar en los asuntos fundamentales, los que llenan los debates en el Consejo de Ministros y marcan la agenda del Congreso. Como la vivienda, octubre de 2024:

Ah, bueno, hace un año ya había preocupación, se decía esto, que había que mejorar cosillas y tal, y supongo que se harían referencias a las necesidades de poner viviendas de alquiler social en el mercado, ¿no? 26 de octubre de 2024, hace justo un año:

Es una pena que, habiendo fondos europeos para tantas necesidades, incluida la vivienda, permanezcan estancados, sin grandes avances, y los plazos sí que se acercan de manera inexorable. Todos esos fondos se perderán… como lágrimas en la lluvia¿o no? En octubre de hace un año no pintaba bien la cosa, y ya se han perdido fondos europeos por no haber podido sacar adelante las medidas exigidas por la Unión Europea para su obtención. Siempre esos «socios» ayudando.

Tampoco se ha logrado reducir prácticamente nada el número de licitaciones desiertas, que permitirían emplear los fondos europeos, y no se logra por las dificultades en sacar adelante cualquier proyecto en cualquier región o comunidad autónoma:

Al menos la recaudación fiscal va como un tiro, tanto en 2025 como en 2024. Las empresas, los trabajadores y los autónomos pagamos más impuestos, ya solo falta que se gestionen bien y que se contenga el gasto público superfluo, como decía el FMI hace un año:

Pues tampoco se ha avanzado mucho en este campo, o en la reducción de la deuda, pese a haber tenido unos años tan positivos en ingresos que podían haberse empleado, ya que no parecen mejorar los servicios públicos en ningún lado, sino más bien al contrario, para disminuir la deuda de manera drástica:

O en el de las pensiones, un debate que nadie quiere afrontar porque, quien lo hace, como en Francia, sale escaldado. El caso es que el problema que ya se vislumbraba hace un año, y tres, y cinco, sigue encima de la mesa. Pensiones crecientes, número de pensionistas en aumento y unas cotizaciones que no cubren el déficit.

¿En qué estaba metida la ministra María Jesús Montero hace un año?

Ah, en satisfacer a los socios de gobierno, a los que parece que de verdad mandan aquí. ¡Cuántos recursos consumidos, de tiempo y de dinero, para no cubrir nunca los requerimientos de unos tipos insaciables!

Es de suponer que algún ministerio sacaría adelante sus propuestas, como el de Trabajo. ¿A qué se dedicaba Yolanda Díaz con encono hace doce meses?

Vaya, a lo mismo a lo que se ha dedicado todo el 2025 sin éxito, a la reducción de la jornada, a la que ya le dedicamos varios textos en el blog, y a no plantear ninguna propuesta para reducir el absentismo, que sigue en cifras más preocupantes que hace un año:

Seguimos teniendo el mismo problema que hace un año… y veinticinco o treinta:

El panorama no es halagüeño, pero es de suponer que el presidente Sánchez, como hombre de acción que es, estaría pensando ya hace doce meses en cambios para mejorar lo que su entorno en el gobierno y en el partido no eran capaces de sacar adelante:

No sé, yo veo a los mismos de siempre. Incluso a Grande-Marlaska, quien, hace un año ya reconocía que no nos habían contado toda la verdad sobre el caso Delcy. Tampoco pasó nada, no se ha movido de su silla:

Koldo, Ábalos… los mismos nombres de hace doce meses nos aparecen en las noticias a diario, con un tufillo a finales de los ochenta o principios de los noventa que apesta. Con ellos sí que estamos de vuelta a la época de Marty McFly. Si hubiera estado fuera de España estos últimos doce meses, habría apostado porque al menos un cambió sí se habría producido:

Os he marcado la fecha. Curioso. Esperemos que en este tiempo, la relación del presidente con el poder judicial haya mejorado, porque el 18 de octubre de 2024 estábamos con estas:

Y ya sabéis, sabemos todos la respuesta: no ha mejorado. Así que sí, esta noche hemos retrocedido nuestros relojes una hora. Los avances en los últimos doce meses no parecen para tirar cohetes, por los socios, por su propia ineficiencia, por la falta de control del Parlamento, por el chantaje continuo de Puigdemont, por lo que sea (recordad El sueño trumpista de Pedro). Realmente no son doce meses, llevamos así desde el 23-J de 2023, y ya desde antes. Es comprensible que el presidente saque al debate el cambio de hora, aunque creo que ya solo a sus palmeros interesan estos debates. Una pena que no avancemos conjuntamente en lo necesario.

Relacionado: Mariano y el cambio de hora.

Sobre falsificaciones y los crédulos interesados

La poeta y el asesino es un libro sorprendente que recoge la investigación realizada por el periodista Simon Worrall acerca de la figura de Mark Hofmann, uno de los mejores falsificadores que hayan existido nunca, si no el mejor, habida cuenta de lo que el libro narra. La vida de Mark Hofmann es doblemente fascinante, por su habilidad para elaborar documentos que luego vendía como originales, ya fuera un poema de Emily Dickinson, autógrafos de Lincoln, cartas de Mark Twain o George Washington, y por su capacidad para vivir una vida paralela como respetado miembro de la comunidad mormona en Salt Lake City, una religión (o secta) a la que despreciaba profundamente.

Encontró un filón entre los mormones gracias a la querencia de sus máximas autoridades por la búsqueda de documentos antiguos que pudieran perpetuar su doctrina oficial, una doctrina que, no conviene olvidar, se basa en que un tipo llamado Joseph Smith encontró unas planchas doradas en la parcela de un amigo a principios del siglo XIX. Unas planchas que contenían una serie de inscripciones jeroglíficas en «egipcio reforzado» supuestamente dictadas por el mismísimo Dios en el siglo III y que solo el propio Joseph era capaz de leer con unas gafas creadas por él mismo con cristales de colores. Un tipo medio analfabeto “tradujo” e interpretó esos dibujos y su mujer transcribió las palabras (sin comas ni puntos) para componer el famoso Libro de Mormón. La necesidad de los mormones de localizar documentos antiguos y la abundancia de fondos con los que cuentan fueron el filón que Hofmann necesitaba, un tipo que comenzó falsificando documentos sin mucha importancia, para, con el tiempo, atreverse a colar falsificaciones de veinte, treinta o más páginas que ofrecían corrientes contradictorias al pensamiento oficial de los líderes mormones.

La personalidad de Hofmann (que todavía vive, encerrado en una prisión federal) es digna de estudio. Por sus motivaciones, su psicopatía (fue condenado por dos asesinatos cometidos cuando el castillo de naipes de su vida comenzó a desmoronarse) y, sobre todo, por el desarrollo de sus conocimientos y habilidades. Falsificar un documento original tiene un trabajo importante: no basta con ser capaz de crear una tinta de hace doscientos años. También tenía que hacerse con papel de la época, envejecer lo que creaba, falsificar incluso otras “pruebas” que llevaban al documento que luego trataba de vender, y hace falta, además, algo decisivo: meterse en la personalidad de los autores falsificados, realizar un examen grafológico, asumir su escritura y componer un texto que resulte creíble. Y Hofmann consiguió todo eso con más de un centenar de celebridades, incluso de alguien tan complejo como la poeta Emily Dickinson, que es quien da título al libro.

Mientras leía la investigación periodística de Worrall, me dio por pensar en la dificultad de los historiadores y analistas de documentos antiguos para determinar qué es original y qué no, qué tiene valor, qué genera dudas y qué puede desdeñarse de primeras por ser una burda falsificación que alguien ha intentado colar. Es posible que nos hayan colado unas cuantas falsificaciones a lo largo de la historia, lo que, en el fondo, significaría que creemos en una historia hábil e interesadamente modificada por alguien. Habrá que confiar en todos aquellos que dieron por válidos acuerdos históricos, cartas de monarcas, gobernantes o literatos, documentos que configuraron el statu quo de tantas naciones y territorios. También libros como el Corán, los Evangelios, el Talmud o los manuscritos del mar Rojo. Durante siglos se dio por válida la Sábana Santa y solo a finales del siglo XX se pudo certificar que no lo era.

En los últimos meses hemos conocido que se van a desclasificar todos los documentos que quedaban en secreto sobre el asesinato de John F. Kennedy. Supongo que será otro buen momento para rescatar las teorías de la conspiración al respecto. Estaba prevista su desclasificación en 2029, pero ha sido una nueva orden ejecutiva de Trump la que, en su enésimo intento de pasar a la Historia con mayúsculas, lo ha anticipado.

En España no íbamos a ser menos (El sueño trumpista de Pedro) y el gobierno ha aprobado la desclasificación de todos los documentos del franquismo y de aquellos de la transición que se considere que no afectan a la seguridad nacional. Supongo que el proceso contará con las suficientes garantías de los historiadores y los especialistas en archivos para evitar cualquier intento de manipulación de la información. No quiero desconfiar de más instituciones en este país, pero, visto quiénes han puesto tanto empeño en manejar la ley de Memoria Democrática, prefiero estar en guardia.

El libro de Worrall desvela que las falsificaciones de Hofmann eran de una calidad inusual, hasta el punto de que verdaderos especialistas tenían muy complicado discernir si eran fake o “inventadas”, como gusta decir a Trump y a PdrSchz, o si se trataba de documentos originales. De hecho, algunos expertos no fueron capaces de explicar por qué sospechaban que algún documento era falso y lo dejaron como tal solo por el hecho de provenir del propio Hofmann.

Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del libro, sobre el que el periodista Worrall centra buena parte de su crítica, se encuentra en la explicación acerca del complejo entramado de casas de subastas, intermediarios y pseudoexpertos contratados por las mismas empresas que comercian con los originales… para venderlos aun sin contar con las suficientes garantías. Es obvio que no les interesa que les engañen, pero tampoco hacían las investigaciones más concienzudas del mundo, ni hacían esfuerzos serios por desmentir todo lo que les llegaba. Pagaban en el caso de que se demostrara que había habido un engaño y tapaban el caso antes de que saltara el escándalo. Su interés resultaba evidente: cuantas más operaciones, más comisiones para ellos, más facturación.

Algo parecido sucedía con los líderes de la comunidad mormona: tenían los fondos necesarios y querían controlar la información. Luego compraban lo que les llegaba si eso servía para controlar la doctrina “oficial” y no la alternativa que Hofmann promovía con sus falsificaciones, quien tuvo la habilidad de crear documentos que podían abrir un cisma en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y así se aseguraba que se las compraran a muy buenos precios.

Hay falsificadores muy buenos, pero también hay mucho believer, gente muy crédula. Y no solo por ingenuidad, sino, en muchos casos, creyentes interesados en tragarse la falsificación si eso ayuda a sus fines, como en Sotheby’s o en la cúpula de los mormones. Vivimos en una época en la que la mediocridad general de la clase política deriva en una necesidad de falsificar los títulos, los másteres, los currículums o la aptitud para el puesto para el que han sido designados. No creo que lo hagan por vanidad, sino, simple y llanamente, por el burdo intento de que no se dé a conocer su incapacidad manifiesta para el cargo. Y quizás no sea tan burdo cuando cuelan y tantos tipos y tipas hacen carrera de ello.

Noelia Núñez, del Partido Popular, dimitió tras afirmar que tenía una licenciatura de Derecho de la que carecía. Algunos de los que se enojaban tanto y se ponían tan farrucos en público, como Patxi López, presumieron durante años de que «estudió ingeniería industrial», pese a que no pasó del primer curso. Alguno se sorprende ahora de que los másteres de Yolanda Díaz no eran tales másteres, alguno ni siquiera tenía categoría de curso, pero es algo que se desveló hace al menos cuatro años (vía Carles Enric) y en este mismo blog ya quedó constancia del hecho. Carles Puigdemont tampoco tiene el título de periodismo, y Cristina Cifuentes falseó su máster así como las supuestas pruebas que validaban su veracidad. Otros no han tenido que falsificar nada, como el Fiscal General del Estado, porque “simplemente” destruyeron cualquier posible prueba de un delito.

Lo peor que he visto últimamente ha sido la defensa de la ministra de Universidades, Diana Morant, de la falsificación del título universitario de su compañero de filas, José María Ángel Batalla. Coño, que ya lo explicó El Mundo en el artículo que enlazo aquí: este señor ha cobrado cuatro décadas un salario público porque cogió un título oficial y lo falsificó de manera cutre, ni siquiera con el “arte” de Hofmann. Cierto es que en la política, y en tu mismo partido, es fácil encontrar a mucho crédulo interesado que colabore para que la mentira perdure varias décadas. Aunque sean ministros.

Me preocupa mucho esta falta de pudor, la impunidad con la que se cometen todas estas tropelías. Y una vez más, vuelve George Orwell a mi mente, vuelve 1984:

«Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado».

Todos esos fondos se perderán (II): ¿o no?

La semana pasada escribí la primera parte de este post (Todos esos fondos se perderán… como lágrimas en la lluvia) y acababa lamentando la enorme necesidad en infraestructuras esenciales que tenía el país, necesidades para las que existen unos fondos europeos que nuestros dirigentes no son capaces de hacer que lleguen. Solo en ese mismo fin de semana, sin remontarme mucho más en el tiempo, me encontré con estas noticias:

  • En España hay urgencia hídrica: una brecha de financiación de 23.000 millones de euros anuales en el conjunto de la Unión Europea. España necesita 6.000 mill. anuales, en lugar de los 2.000 que ha invertido entre 2023 y 2024. Inversión en tecnologías, mejoras de la eficiencia y el control de fugas, modernizar las infraestructuras de captación y distribución… ¿es necesario esperar a la siguiente gran sequía, a los cortes en algunas regiones?
  • La obsolescencia de las subestaciones pone en jaque la línea Madrid-Sevilla. No se han acometido las inversiones previstas, ni la renovación de los sistemas eléctricos, ni de las comunicaciones, la rehabilitación de los edificios, los transformadores… actuaciones, todas ellas, que podrían entrar en alguno de los apartados incluidos en los posibles destinos de los fondos.
  • Trenes y aeropuertos al borde del colapso, mientras nuestro país, tan dependiente del turismo, se acerca a los cien millones de visitantes. La imagen que se están llevando tantos turistas empieza a asemejarse a la que padecen millones de usuarios del transporte público en los últimos años.
  • Las carreteras arrastran un déficit de conservación de 13.500 millones de euros, con lo que esto supone en cuanto a riegos de accidentes e impacto medioambiental.

Parece que ya nos hemos olvidado del ridículo que fue el apagón en todo el país, el Zero Day que nos pilló desprevenidos. El caso es que, no solo no se modernizan unas infraestructuras que arrastran un deterioro importante, sino que el proyecto «estrella», anunciado a bombo y platillo por el gobierno, la fábrica de microchips con la empresa Broadcom, se ha caído definitivamente. Un proyecto para el que había una inversión prevista de unos mil millones de dólares, que sería financiada en parte con fondos del Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE), en el apartado de microelectrónica y semiconductores. Una fábrica que iba a ser pionera en Europa y que contribuía a esa diversificación estratégica tan necesaria para la industria del país. Pues tampoco ha habido manera de sacarlo adelante, los inversores norteamericanos se han desmarcado finalmente de un proyecto que apenas había avanzado desde julio de 2023.

Son muchos los problemas que impiden al gobierno gestionar de manera adecuada la llegada de los fondos del Plan de Recuperación: la definición de los proyectos de interés, la asignación de partidas, generar procesos de licitación atractivos o una legislación que atraiga el interés de las empresas, y, por supuesto, el chantaje diario de los socios de gobierno.

Los fondos europeos estaban vinculados al cumplimiento de una serie de reformas legislativas que, en su mayoría, no han podido ser realizadas por el ejecutivo. El quinto pago se pudo salvar finalmente, aunque ha llegado con más de un año de retraso y con un bocado de 1.100 millones de Europa debido a la imposibilidad de aprobar el impuesto al diésel exigido por Europa, pero vetado por Junts y el PNV. Faltan otros compromisos por acometer, en materias como las políticas activas de empleo, las ayudas para viviendas sociales (¡increíble!) o para medidas de eficiencia energética y economía circular. Cuando no son los socios de izquierda o más allá de la izquierda los que rechazan las medidas, o tratan de imponer condiciones abusivas, lo hacen los más derechistas y chantajistas de la coalición, con el de Waterloo a la cabeza, y así nos vemos abocados a esta parálisis permanente en la que, salvo sorpresa o milagro, tendremos los presupuestos prorrogados por tercer o cuarto año consecutivo. El año pasado ni siquiera se presentaron al Congreso y, curiosamente, para el incumplimiento del mandato constitucional, sí hubo consenso.

Los titulares más catastrofistas señalan que España podría perder hasta 115.000 millones si no logra sacar adelante las reformas exigidas. Hace apenas un mes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconocía que era consciente de que buena parte de los Estados de la Unión Europea no iban a ser capaces de acceder a la totalidad de los fondos, y cifraba en 300.000 millones de euros el importe que podía llegar a no materializarse. Para matarlos a todos (o a unos cuantos, al menos) en la plaza pública. En previsión de este incumplimiento, la propia presidenta del organismo planteaba la posibilidad de cambiar algunos de los hitos presentados por otros que tengan un impacto similar en los objetivos verdes, de digitalización o de competitividad, e instaba a España a solicitar mayor importe en la parte de subvenciones a costa de algunos de los préstamos que todavía no se han desembolsado o ni siquiera solicitado. Sinceramente, sería una pena que los objetivos necesarios y tangibles en infraestructuras o industria quedaran limitados a proyectos más etéreos, por denominar de una manera eufemística a tanta campaña de concienciación o a tanto estudio que no va a ningún lado.

Por poner en contexto, antes de este quinto desembolso, España había utilizado cerca del 40 por ciento de las ayudas no reembolsables, un porcentaje similar al 45 por ciento de media en la Unión. Sin embargo, si se consideran también los préstamos, que España apenas ha dispuesto, el porcentaje de utilización real es del 20 por ciento, ridículo en comparación con países como Dinamarca, Francia o Países Bajos, que rondan el 70 por ciento.

Entre las exigencias de Europa que el gobierno de España daba por cumplidos se encuentra la reforma de las pensiones, con diferencia, la mayor partida de gasto anual del presupuesto. Creciente, infrafinanciada y sin pintas de arreglarse en el corto plazo. La «trampa» empleada por el gobierno consistente en realizar transferencias de impuestos a la Seguridad Social no ha colado en el ejecutivo comunitario que, con buen criterio, indicó que había que analizar el conjunto de las finanzas públicas y no quedarse en un mero maquillaje contable del sistema de pensiones. Hasta un 45 por ciento de incremento para cubrir el déficit de las pensiones en el primer semestre del ejercicio.

El gobierno pensaba que ya había salvado el trámite de la reforma, pues la ley preveía abordar los cambios cada tres años y, sin embargo, tendrá que examinarse de nuevo en junio de 2026. De nada sirve el argumento del gobierno de que no tiene presupuestos aprobados (¿existirá al menos un proyecto de?) o suplicar por la necesidad de los recursos. La respuesta de Europa ha sido tajante: cuando el Tribunal de Cuentas efectúe la auditoría de los cumplimientos de los compromisos, dará este por no realizado y tendrá que solicitar la devolución.

La primera parte de este post tenía un tono más de tragedia, como de final de Blade Runner: esos fondos se perderán… como lágrimas en la lluvia. Esta segunda parte pretende acabar con un tono más optimista, pese a lo mal que pinta la situación. Por eso pregunto en el título. «¿o no?». Todo hace indicar que Bruselas abrirá la mano para que de una manera u otra se puedan aprovechar los fondos europeos, ¡que están ahí, coño, que han sido aprobados, dotados y asignados! No dejo de pensar que la mediocridad de nuestro gobierno se disimulará, o se diluirá, en la mediocridad general del mal funcionamiento del resto de socios europeos.

Entre las soluciones que ya se han puesto sobre la mesa, figura la posibilidad de transferir los fondos no gastados más allá de 2026, bien sea al programa InvestEU de cada Estado miembro, o bien ajustando el importe de los préstamos para utilizarlos en programas como el de Defensa, ahora que parece que va a ser necesario un esfuerzo extraordinario por parte de los países europeos. Algunos programas de inversión podrán extenderse hasta 2030. Habremos perdido una gran oportunidad para dar un salto, pero había que desgastarse en la oficialidad del catalán o en la financiación singular de Cataluña, supongo.

El ejecutivo trata de sacar pecho e indica (Fuente: El País) que: «El esfuerzo ha sido titánico para una administración ya cargada con la actividad diaria, y esto se ha traducido en que ya estén contabilizados 1,1 millones de beneficiarios, el 40% pymes y microempresas. Hay 25.000 viviendas de alquiler social prefinanciadas; 383.000 plazas de FP creadas; 270.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga financiados; 200 municipios que han adquirido autobuses de cero emisiones y han peatonalizado calles o desplegado carriles bici; 550.000 hectáreas de regadíos modernizados; 730.000 pymes y autónomos que han usado el kit digital y 15.000 el kit consulting; 1.400 millones de euros concedidos para fomentar el autoconsumo en hogares y empresas; 851 equipos tecnológicos para hospitales, y tres plantas de baterías aprobadas«. Pero la realidad es que han transcurrido cuatro años desde la aprobación de estos fondos y «solo» se han lanzado 78.115 millones de euros en convocatorias de los más de 140.000 inicialmente aprobados (163.000 mill. si contamos el total de programas) y apenas se han resuelto 51.355 millones.

Pensar que de aquí a agosto de 2026 se vaya a solucionar el resto no cabe en la cabeza ni de los ministros más entusiastas.

Relacionados:

Más licitaciones desiertas (I): el problema.

Más licitaciones desiertas (II): posibles medidas.

El gran despilfarro.

Hiperregulación (I): situación

Hiperregulación (II): efectos

Hiperregulación (III): competitividad

La subida del SMI y la revisión de precios en los contratos públicos

Todos esos fondos se perderán (I): …como lágrimas en la lluvia

El discurso final del replicante de Blade Runner sirve para todo tipo de proclamas, como bien conocen los lectores habituales de este blog. Es triste, suena melancólico, es un lamento en toda regla. Por recordar el pasado y por llorar un futuro que su autor no verá. También sirve para hablar de todas aquellas cosas que uno ha visto y que «vosotros no creeríais»:

«He visto zumbaos atacar a la policía adoquín en mano más allá de la Diagonal, y luego cómo se indultaba a los políticos que fomentaron aquello.

He visto brillar los ojos de Ábalos y Cerdán en la oscuridad en manifestaciones feministas cerca de la Puerta del Sol.

He visto proyectos que no se licitaban por no ser capaces de poner de acuerdo a los peores socios que uno se pueda echar a la espalda, proyectos para los cuales había fondos europeos.

Todos esos fondos se perderán… y habrá mucho más que lágrimas en la lluvia. Es hora de partir».

Me queda una duda acerca de la última frase: ¿es hora de partir, de emigrar? ¿Es hora de partir… la cara o las piernas a alguien, a los políticos que han permitido esta parálisis actual, cuando no unas leyes abominables en algunos casos o el desprestigio de las instituciones? ¿Es hora de partir y tomar las calles? Desde que se lanzara el Plan de Recuperación de la Unión Europea, ese ambicioso plan dotado con 750.000 millones de euros, ha habido tiempo suficiente para presentar proyectos, renovar infraestructuras, mejorar la financiación de varios sectores económicos o adaptarnos a los requerimientos de Europa para obtener esos cuantiosos fondos, que, en el caso de España, alcanzaban los 163.000 millones de euros entre las subvenciones directas (80.000 M.) y los préstamos (83.000 M.).

«Es hora de partir» peras con los socios de gobierno que solo se preocupan por mantener sus privilegios y hacer leyes a medida, pero sé que por desgracia no va a ocurrir. Es hora de tener cabeza, perspectiva nacional y tratar de corregir este desaguisado que nos puede hacer perder muchos fondos y una oportunidad como pocas para cambiar la estructura económica del país, como la que se tuvo a principios de los noventa, poco después de la entrada en la Unión Europea (CEE por entonces). Los avisos sobre el retraso en las medidas necesarias para obtener los fondos Next Generation vienen de lejos:

Hay varias fechas clave para el cumplimiento de los requerimientos del Plan de Recuperación y otra fecha límite, un deadline, para la recepción de los fondos: 31 de agosto de 2026. Improrrogable, según Ursula von der Leyen. Yo ya he metido cien euros en una casa de apuestas a que se prorrogarán al menos hasta final de ese año. A medida que se acerque la fecha tope, este gobierno, o el que esté, se lamentará como los malos estudiantes, echará la culpa al profe que le tiene manía (ese profe se llamará Feijóo) y tratará atropelladamente de cumplir con lo que se le indique.

Lo cierto es que los avisos vienen de lejos. De muy lejos. Mi hemeroteca particular lleva recopilando alertas de las autoridades europeas desde el arranque de este gobierno, o incluso antes, desde las elecciones de julio de 2023:

27 de julio de 2023: Peligro de retraso en el plan. Ya entonces quedaban más de 300 objetivos por presentar a la Unión Europea y España era uno de los primeros países en recibir las subvenciones a fondo perdido, pero uno de los últimos en justificar el uso de los importes recibidos.

7 de septiembre de 2023: solo el 10% de las inversiones prometidas se habían ejecutado. Por entonces hablaba en este blog de los riesgos de la hiperregulación que podían hacer que “los objetivos de inversión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no se cumplan plenamente en 2026”. El Informe del Banco de España ya alertaba de la incapacidad de las administraciones públicas para gestionar los fondos recibidos. Volvieron las temidas “facturas en el cajón” de las administraciones.

3 de julio de 2024: ya teníamos gobierno, tras los meses de pactos con aquellos cuyas únicas preocupaciones eran su indulto y el manejo de fondos para sus “localismos”, y se presentó el Informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que advertía de una ejecución ridícula, de apenas el 5 por ciento de los fondos previstos. Que a nadie le extrañe cuando se acabe perdiendo esta oportunidad de modernizar sectores económicos.

13 de agosto de 2024: algunos estudios rebajan aún más el cumplimiento de los proyectos asociados a los fondos NextGen y lo sitúan en un 3,5 por ciento. No solo no se ejecutaban los proyectos para los cuales había fondos, sino que, en numerosos casos, las licitaciones quedaban desiertas.

4 de octubre de 2024: hasta 11.000 millones de euros en proyectos no adjudicados, y “otros 14.000 millones en remanentes no gastados, que deberían volver a convocarse”. Llama la atención el bajo cumplimiento en Ministerios como el de Hacienda, el de Industria, o el de Vivienda. El de Transporte no sorprende, ahora que sabemos que sus dirigentes tenían la cabeza en otros menesteres.

24 de febrero de 2025: el gobierno no es capaz de poner de acuerdo a sus socios, ni de pactar nada con el principal partido de la oposición, así que las reformas exigidas por Europa no llegan, las leyes necesarias no se aprueban y pagamos el pato entre todos. Peligran los fondos de recuperación.

Y el problema que sucede en nuestro país cuando se intenta “correr de más” o adjudicar dinero público rebajando (o relajando) algunos controles, es que aumenta el riesgo de fraude, como sucedió durante la pandemia.

3 de marzo de 2025: Hacienda se lanza a por el fraude en los fondos europeos ante el riesgo de que Bruselas retire las ayudas tras haber adjudicado 48.600 millones de euros. La orden partió del propio Ministerio de Hacienda y de su titular, María Jesús Montero, con un doble objetivo: regular el posible reintegro de los importes no gastados o gastados en otras partidas (una experta, pues estuvo en la Junta de Andalucía durante la época de los ERE) y determinar a qué administración responsabiliza del incumplimiento. Sería para matarlos (metafóricamente) a todos ellos. A los que hacen que los fondos no lleguen, a los que los gastan en otros menesteres y a los que provocan que haya que devolverlos. Aunque en esto somos tan “europeos” como el resto de los países.

12 de marzo de 2025: queda menos de un año y medio para el final del plazo y España seguía sin ejecutar el 85% de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación. Son cifras de un estudio de Caixa Research que destacaba qué proyectos son los que faltan por ejecutarse: política industrial, energías renovables, hidrógeno verde y («manda güebos») recursos hídricos, rehabilitación y construcción de viviendas. No sé cuántos planes de construcción de vivienda pública se han anunciado en estos últimos años si que se haya puesto un solo ladrillo, y, sin embargo, tenemos fondos pendientes, previstos para construir 20.000 viviendas sociales. Igual que los planes contra la sequía o para la diversificación de la economía con el apoyo a la nueva industria. En año y medio que queda.

8 de mayo de 2025: un informe de BBVA Research advierte del riesgo de incumplimiento del plazo de ejecución de los proyectos para acceder a los fondos europeos. El ritmo debería incrementarse un 29 por ciento e, incluso con este crecimiento, que ya parece irreal pues ha habido una ralentización en numerosos proyectos, se alcanzaría «solo» el 91 por ciento de la cifra máxima en diciembre de 2026. La Unión Europea insiste en que el plazo de ejecución finaliza el 31 de agosto. Buena parte del importe permanece atascado en proyectos aún en fase administrativa o que no han llegado a salir a licitación (el informe hablaba de un 40% en algunos sectores).

Mientras esto sucede, los servicios públicos continúan su proceso de degradación: los trenes funcionan peor que en cualquier momento de estas últimas tres décadas, las carreteras necesitan mantenimiento urgente, el caos de los aeropuertos o la suciedad en los mismos deterioran la imagen de un país que vive del turismo, y apenas se ha sabido de las necesarias inversiones en residuos, economía circular, infraestructuras de agua o renovables. No es solo un problema de competencias: de la sanidad y la educación ya ni hablo. Es un problema de incompetencias. Y para solucionarlos, para que Europa libere buena parte de los fondos, hace falta aprobar una serie de reformas en un parlamento en el que no se puede sacar nada adelante por esa «aritmética parlamentaria» de la que estamos presos.

¿Estamos a tiempo de evitarlo?

Continuará: Todos esos fondos se perderán (II): ¿o no?

Relacionados:

Más licitaciones desiertas (I): el problema.

Más licitaciones desiertas (II): posibles medidas.

Hiperregulación (I): situación

Hiperregulación (II): efectos

Hiperregulación (III): competitividad

La subida del SMI y la revisión de precios en los contratos públicos

¿Qué pasó con…? (VI)

A finales de los ochenta, un escándalo de corrupción pasó a ocupar las principales portadas de los medios y nos dejó a todos con la boca abierta: «¿me estás diciendo que el hermano del vicepresidente de gobierno tiene un despacho en una sede oficial de la delegación del gobierno en Andalucía para recibir empresarios y ejercer «labores de representación»? ¿Pero esto qué coño es?».

La bola de nieve, o de mugre, comenzó a crecer, ocupó horas en radios y televisiones, centenares de páginas en los periódicos, diálogos bochornosos en el Congreso, y acabó con una serie de investigaciones por cohecho, fraude fiscal, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de fondos que terminaron en los juzgados. Todo ello provocó la dimisión de Alfonso Guerra en enero de 1991, hoy «rehabilitado» para buena parte de la opinión pública por su defensa de un socialismo muy diferente al de Pedro Sánchez. Es curioso que tuvieran tanto parecido a la hora de colocar a sus hermanos en puestos en la administración.

La última etapa del gobierno de Felipe González salió a escándalo diario y no recuerdo bien si el caso Guerra fue el detonante que llevó a un adelanto electoral en 1993 y a la posterior derrota en las urnas en 1996 tras una legislatura breve y agotada. A los casos Flick y Filesa sucedieron el caso Seat, la utilización de los fondos reservados, el caso Ibercorp, los GAL, el caso Urralburu, la huida de Roldán, el fraude del BOE, los «agujeros» de la Expo 92… Aquello era insoportable.

Muchos comenzamos a saber aquellos años qué era eso del «tráfico de influencias», hoy algo tan archiconocido que no hay semana que no nos encontremos un posible escándalo relacionado con esta práctica tan nuestra. Por momentos parece que no hay político que no tenga un hermano, primo, novio o novia, cuñao o amigo de largas veladas al que buscar acomodo a cuenta del erario público. El escándalo de Juan Guerra nos hizo saber que había quienes ejercían una labor de… ¿cómo lo llamamos, comercial, de intermediación, asesoramiento, lobby? ¿Facilitador? ¿Acelerador de proyectos? ¿Directamente, un conseguidor?

El caso adquirió tal relevancia que no se libró de una aventura del gran Francisco Ibánez en el mismo año 1991: Mortadelo y Filemón contra El atasco de influencias. Unas influencias que ejercía un tal Juanito Batalla, un parecido claramente indisimulado del hermanísimo. Era un personaje grotesco, cutre, casposo, al nivel de las fotos en calzoncillos de Luis Roldán, pero resulta que, en ocasiones, el humor es la mejor vía para contar una mierda putrefacta como aquella.

Y sin embargo, después de todos los juicios, tras la dimisión de Alfonso Guerra, ¿en qué quedó aquello? Pues sorprendentemente para la mayoría, Juan Guerra fue absuelto de todas las acusaciones por delitos de corrupción, como los casos Litomed y Comasa, o como el caso Fracosur, por el que fue inicialmente condenado, pero absuelto posteriormente por la Audiencia de Sevilla. En cuanto al que más morbo generó, el juicio por la usurpación de funciones en la delegación de gobierno, fue inicialmente condenado, pero el Tribunal Supremo lo absolvió en 1995.

Solo fue condenado por delito fiscal (que no es poco, ni mucho menos) por un importe de 42 millones de pesetas, unos 253.000 euros, un delito por el que, además, se le condenó a dos años de cárcel, pena que fue suspendida en 2002 tras una larga serie de recursos y apelaciones.

Juan Guerra desapareció durante décadas para la opinión pública y no he encontrado mucho acerca de cómo vivió esos años, pero supongo que no le faltaría de nada. Volvió a aparecer en una entrevista en televisión en febrero de 2022, en 7TV Andalucía y lo hizo para reivindicar su inocencia. Dice que pasó años terribles de persecución de los medios y que lo suyo fue «una operación de caza». Tenía entonces 80 años y una de las frases que dejó me viene a la cabeza con lo que estamos viendo desde hace meses en el mundo de la política: «hay que seleccionar bien a las personas cuando le vas a encargar algo de importancia». Eso pensaba Pedro Sánchez con Ábalos, y Ábalos con Koldo, supongo.

Pasan los años, pero algunas prácticas permanecen: el hermano de Sánchez, el novio de Ayuso, la mujer del presidente, el hermano de Ayuso, las parejas de Pablo Iglesias, las ex de Ábalos… También los juicios sumarísimos en la plaza pública. Normal, cuando todos los apegados, perdón, allegados, terminan de un modo u otro cobrando del erario público.

También a principios de los noventa, concretamente en 1992, una aparición fugaz en un programa de televisión nos sorprendió a más de uno. Y de dos. A varios millones. Un chaval de origen francés, Jordy Lemoine, de apenas cuatro años, se presentaba en un programa como «el cantante más joven del mundo». Fue un espectáculo inenarrable. El niño no tenía gracia, no cantaba, apenas se movía, ponía cara de no saber qué hacía allí, y a algunos nos dio por preguntarnos si no iban a retirar la custodia a sus padres. Le habían puesto una gorra torcida, habían «sampleado» su voz en una mesa de mezclas y le habían dicho que diera tres pasos de bebé con cierto ritmo. La canción vendió millones de discos por todo el mundo, unos seis millones de copias, según se comentó. «Dur, dur, d’etré bébé», algo así como «duro, duro ser bebé».

Los llamados talent show deberían estar vetados para niños por debajo de ciertas edades. No sé cuál, pero llama la atención ver los llantos de algunos niños cuando no son escogidos por sus cuatro quejíos flamencos mal dados porque en su lugar han elegido a gente enormemente preparada que lleva años pateándose escenarios y giras por todo el país en busca de una oportunidad. Gente con talento y mucho curro por detrás que observan anonadados cómo los aplausos van para unos críos cuyo mayor atractivo es su edad.

El problema no son los Jordys de la vida, sino los padres. Los padres de este niño francés eran una compositora y un productor musical. Entre ambos compusieron esa merdé, la mezclaron de manera conveniente con ritmos pegadizos y se dedicaron a explotar al chaval por el mundo. A los pocos meses del pelotazo sacaron un disco, Pochette surprise, y, apenas un año después, en 1993, otro, Potion magique. Había que explotar la fórmula antes de que se agotase. Hicieron una buena fortuna y trataron de repetir la fórmula: en 1995 publicaron un tercer disco, La Récréation, con el que se estrellaron. Hay público para mucha bazofia, pero no para tanta.

Los padres de Jordy pensaron que el éxito iba a durar para siempre y se habían metido en inversiones millonarias, como una atracción infantil con la imagen de su hijo, con la que se pegaron un batacazo económico descomunal y perdieron la mayor parte de su fortuna. Los padres se separaron poco después y el chaval desapareció, recuperó a duras penas el anonimato. Volvió a la escuela, como corresponde a un niño que tendría por entonces siete años y no se volvió a saber de él en Francia hasta que apareció en un programa de famosillos que cantan, supongo que una especie de Tu cara me suena o algo así.

Lo último que se sabe de él es que vive en Inglaterra y tiene una banda de rock, Jordy and the Dixies. Venderá muchos menos discos, pero estoy convencido de que vive más feliz. Es curioso, hoy, que se celebra Eurovisión, encuentro cierto paralelismo con nuestra representante, Melody. Con apenas diez años se hizo famosa en 2001 con El baile del gorila por su desparpajo y por la manera de moverse. Fue número uno en varios países, estuvo nominada a los Grammy Latinos y vendió millones de discos. Luego intentó mantenerse en el mundo de la música, pero no tuvo éxitos destacables. Los que no sabíamos nada de ella, nos la rescataron nuestros hijos en Tu cara me suena, en la edición de 2014, «Papá, ¿conoces a una cantante que se llama Melody?». Una diva poderosa, o algo así dice su canción de ahora. Apenas tiene 34 años, Jordy tiene 37, pero ambos parecen haber vivido ya varias vidas.

Día 3 tras el Zero Day

Día 0. 28 de abril de 2025. España y Portugal se quedan sin electricidad por una súbita «desaparición» de 15 gigavatios de la red. Sin luz, sin móviles, sin televisión, sin vitrocerámicas ni microondas, la población queda desasistida y desinformada durante varias horas. El caos se gestiona como buenamente puede cada uno, con civismo por parte de casi toda la ciudadanía.

Día 3. 1 de mayo de 2025. Los comercios chinos comienzan a comercializar un kit de emergencia que incluye:

  • Transistor de bolsillo.
  • Cuatro pilas AAA.
  • Infiernillo con seis pastillas de encendido.
  • Mechero.
  • Linterna.
  • Pequeña navaja multiusos.
  • Funda de plástico con un compartimento para dinero y otro para documentos.
  • Raciones militares en sobres.

La radio sintoniza peor que en los ochenta y la linterna ilumina menos que la del móvil. De la navaja, el minicuchillo solo vale para partir el pan, porque el abrelatas tiene dificultades hasta con un sobre, pero el precio de 32 euros y la necesidad vital de hacerse con el mismo provoca que media España se haga con el suyo en tiempo récord.

-¿Cómo es que todavía no tienes tu kit de emergencia? -te preguntan en el vecindario.

-Pues en el chino de la plaza se han agotado, pero me han dicho que en el de la calle Tal y Pascual todavía quedan.

Durante el mismo día 3, la mitad del gobierno se encuentra en las manifestaciones por el Día del Trabajo. La ministra Yolanda Díaz se coloca tras la pancarta y junto a los líderes sindicales con una reivindicación por un trabajo más digno y con menos horas de trabajo. «Ojalá estar en el gobierno para poder atender estos frentes», piensa para sus adentros. A los elementos tan «propios» de la fecha, como la bandera republicana o los carteles de «Sanidad pública» y «Vivienda digna», se unen en esta ocasión numerosos letreros caseros y pegatinas con el lema «Nucleares no, gracias». Algún participante recicla una camiseta antigua y, bajo el eslógan «La nuclear mata», añade: «y te deja a oscuras».

El presidente Sánchez contempla todo desde su despacho en La Moncloa. Tenía previsto convocar a su gabinete de crisis y emergencias para proseguir con las acciones previstas (investigación de las causas, desvío de culpas, estrategia de comunicación), pero, tras consultar a una docena de ministros con las maletas ya preparadas para el puente, se ve obligado a retrasarlo hasta el lunes. Así que aprovecha para reunirse con su Director de Comunicación para seguir con la estrategia de ataque a «los malvados operadores privados que nos la han jugado».

-Presidente, la gente no habla de otra cosa que del kit de emergencia que ya está en los mercados.

Día 4. 2 de mayo de 2025. El presidente anuncia en rueda de prensa que el gobierno está preparando un decreto para la disponibilidad con carácter obligatorio de un kit de emergencia básico para toda la ciudadanía. Indica que ya ha iniciado las negociaciones con otros grupos parlamentarios para definir qué elementos deben incorporarse al kit, qué coste máximo debe tener y con qué partidas presupuestarias cuenta para financiar total o parcialmente el mismo.

Aprovecha que es el Día de la Comunidad de Madrid para soltar que pretendía contar con la colaboración de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pero que, para su desgracia, la señora Díaz Ayuso estaba ocupada en otros menesteres «más propios de la propaganda de la extrema derecha y de la derecha extrema». Durante la rueda de prensa, el presidente anuncia también que llevará su propuesta a la próxima cumbre de la Unión Europea para tratar de que se apruebe una normativa europea sobre el kit de emergencia y que parte de los fondos Next Generation puedan emplearse en este cometido, bien dentro de las políticas de transición justa, o bien, de seguridad energética.

Día 7. 5 de mayo de 2025. Se convoca el (no tan) urgente gabinete de crisis para combatir situaciones extremas como la del apagón «provocado por las operadoras privadas», y se acuerdan los elementos imprescindibles que deben incluirse en el kit de emergencia básico que se aprobará en el real decreto extraordinario que se presentará en breve al Congreso de los diputados. Se toma como referencia el adquirido por Óscar López «en el chino de la esquina de donde vive mi madre». Algunos ministros tienen informes de sus múltiples asesores que comentan que hay numerosos distribuidores españoles que se han ofrecido al gobierno para fabricar los kits de emergencia en pocas semanas, con proveedores mayoritariamente españoles, «ninguno israelí, espero», con criterios de sostenibilidad y a precios asequibles, «algo más caro que los chinos, pero con todas las especificaciones legales, presidente». Se incluye una referencia solicitada por Ione Belarra para que el kit tenga en cuenta la perspectiva de género en su configuración.

Entre todos acuerdan buscar un nombre atractivo para los ciudadanos, «el lenguaje es importante, porque lo de emergencia o supervivencia asusta a la población», indica Marlaska. «Una población asustada es más manejable», piensa el presidente para sus adentros, pero asiente a las palabras del ministro: «me parece bien, buscad algo que suene bien, como en su día las kelly finders, el impuesto de solidaridad o lo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, jojojo, qué grande fue aquello».

Día 10. El gobierno convoca una rueda de prensa en la que la portavoz, Pilar Alegría, presenta un vídeo sobre el KEPA (Kit de Emergencia Para Apagones). El lenguaje del vídeo resulta infantil y las imágenes parecen más propias de unos jóvenes excursionistas que se han perdido en el monte y organizan una fiesta alrededor de un pequeño fuego casero que de una crisis nacional. La portavoz concluye la presentación informando de otros dos asuntos relacionados con la situación vivida recientemente por el país:

  • Se crea un comité de expertos que investigará las causas del apagón, determinará la responsabilidad de lo acaecido y sancionará de manera importante a los operadores privados causantes, de manera especial si se aprecia que habido dolo o mala fe.
  • El gobierno estudia la creación de un impuesto que ayude a sufragar el coste del KEPA para hacerlo más accesible a la ciudadanía, un impuesto que deben soportar entre los comercios que lo distribuirán y las compañías eléctricas, dentro de la factura, junto a los costes de distribución, la moratoria nuclear, el carbón, los costes de transición a la competencia, la financiación del sistema y de las renovables. Se llamaría recargo por garantía del suministro.

Los medios afines alaban la rapidez del gobierno para afrontar una crisis como la sufrida, lo bien que suena Kepa, Broncano hace todo tipo de bromas sobre su nuevo amigo vasco… Mientras, el resto de medios critica la poca definición del propio kit: lo que falta, lo que sobra, el precio, quién asume el coste, si debe ser obligatorio o voluntario, si entra dentro de las competencias estatales o autonómicas… El nuevo impuesto pasa casi desapercibido.

Día 24. El primer borrador del decreto está casi completo, pero no es aprobado por el consejo de ministros hasta comprobar si va a contar con la aceptación de los socios de gobierno.

  • Esquerra y Bildu exigen que las instrucciones vayan en todas las lenguas cooficiales, también «en el resto de comunidades del estado español, por si hubiera ciudadanos vascos o catalanes residiendo allí de manera temporal».
  • Podemos considera que el primer borrador hace pocas referencias al diseño ecosostenible de los productos y que no se ha realizado el pertinente estudio de impacto de género, para lo cual ofrece un par de consultoras especializadas en la materia.
  • Sumar propone incluir una limitación al origen de fabricación de los productos, para asegurarse de que no vengan de países que no respetan los derechos humanos, como Israel o Estados Unidos.
  • Junts no está en desacuerdo con el KEPA, aunque no le gusta el nombre y plantea incluir un PAU: Programa de Acceso Universal al kit. Dicho programa se centra en la financiación del KEPA, que debe ser asumida por el Estado a través de un decreto que asigne partidas específicas del presupuesto que puedan ser reasignadas, como las aprobadas para emergencias nacionales o las fuerzas de seguridad, «ahora que van a tener menor peso en Catalunya». El grupo parlamentario de Junts devuelve el primer borrador con una Disposición Adicional Octava que apruebe la condonación de las multas de tráfico y sanciones tributarias de todos aquellos miembros del partido que de alguna manera pudieran demostrar su participación en los procesos electorales de los últimos diez años en la comunidad.

Día 28. En la cumbre europea, Pedro Sánchez presenta la propuesta para la creación de un kit básico europeo y una normativa que regule su uso en todo el territorio comunitario. Varios países como Polonia o Alemania proponen que el kit de emergencias no debe crearse pensando únicamente en crisis energéticas como la vivida por España y Portugal, sino que debe considerar otras posibles situaciones críticas como una invasión rusa de sus territorios.

Ursula von der Leyen anuncia en la sesión informativa posterior a la cumbre que se creará una comisión para el análisis de situaciones de emergencias provocadas por la falta de seguridad energética en la Unión Europea y por situaciones de conflicto bélico, formada por profesionales de reconocido prestigio (y larga trayectoria política en Bruselas, aunque eso se lo guarda).

Día 67. El decreto ha sido validado por el consejo de ministros y se enfrenta al trámite parlamentario de rigor. Ninguno de los partidos que conforman el gobierno está satisfecho con la redacción final que se presenta. Junts amenaza hasta última hora con votar en contra del mismo por no recoger la totalidad de las reivindicaciones «puigdemoníacas», pero decide abstenerse. El decreto sale adelante con el voto favorable de un diputado del Partido Popular, que, según parece, se ha confundido de botón. «Es que el procedimiento no estaba bien explicado», responderá. «Nos parece lamentable que no se repita la votación, vamos a presentar un recurso», añadirá la portavoz del principal partido de la oposición.

Día 74. La comisión de la UE para la configuración del kit presenta un primer borrador de conclusiones en el que se centra en:

  • Certificaciones ISO que deben incorporar los productos que se incluyan finalmente en el kit.
  • Aprobación de una norma comunitaria que garantice el espacio de radiofrecuencia necesario para que los transistores puedan funcionar en todo el territorio europeo sin afectar a emisoras nacionales.
  • Normativa de las pilas, mecheros y pastillas de encendido, que deben contar con unos certificados de origen, cumplir los estándares de sostenibilidad, presentar el cálculo de emisiones generados por su fabricación y distribución, y asegurar el completo tratamiento de los envases y la reciclabilidad de los elementos.
  • Se fomentará la fabricación de los elementos en industrias y empresas de la propia Unión Europea, aunque varios de ellos no podrán fabricarse al carecer de los materiales y la tecnología necesaria.

Día 384. Se descubre que no hubo tal comité de expertos para la investigación del apagón.

Días 422, 428 y 437. Aparecen noticias que relacionan a varios políticos con intermediarios que cobraron comisiones por la fabricación y distribución de los «kepas» por todo el territorio. Sale algún ministro del PSOE y, pocos días después, varios diputados regionales del PP, de Junts y del PNV. Cada partido niega sus casos y responde con «es un bulo», «fake news» o «propaganda de la ultraderecha».

Día 512. La Unión Europea presenta un informe de expertos para el desarrollo normativo del kit básico de emergencias y el fomento de la industria europea, y acuerdan un plazo de doce a veinticuatro meses para la trasposición de la regulación que finalmente se apruebe en la votación del pleno que debe celebrarse en los próximos seis…

Día 638. Se produce un nuevo apagón. Vuelta a empezar.

Igual hay que hablar de absentismo (II)

La evolución creciente y sin freno del absentismo es una preocupación que el gobierno debería compartir con los empresarios, pues no afecta solo a estos. Las empresas asumen aproximadamente la mitad de los casi 29.000 millones de euros en los que se estima el coste del absentismo (ver gráfico de la primera entrega). Debería preocupar a la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Sáiz, por el sobrecoste adicional que supone a las maltrechas arcas públicas, y su reducción debería ocupar una parte importante del tiempo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, si bien, como vimos en la primera parte, este asunto no se halla entre sus prioridades.

La experiencia demuestra que algo habrá que se pueda hacer, partiendo en primer lugar por las instituciones públicas. En aquel lejano post sobre el absentismo en los carnavales de Cádiz, se pudo comprobar que una provincia con tasas exageradamente altas podía cambiar su tradicional posición «puntera» y pasar a ser todo lo contrario, la que tuviera el absentismo más reducido. Una parte importante de la reducción está relacionada con la necesidad de mantener el puesto de trabajo, luego, en una provincia en la que escasea el empleo, con las tasas de paro más altas de toda España, quien tiene un trabajo, tiene un tesoro. Pero esta no es la solución, sino solo una parte más del diagnóstico.

El dato actualizado del absentismo por comunidades autónomas indica que el País Vasco y Navarra siguen siendo las regiones con mayores índices de absentismo, por mucho que la fama de unos y otros (andaluces) fuera bien distinta. Vuelvo a mencionar la relación directa entre absentismo y el empleo y la riqueza económica de una región, la misma que se da con los ciclos económicos.

Estos datos han sido extraídos del Informe de Adecco publicado en enero de 2025. Aparte del factor económico, puede haber otras razones. Según Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, quien habla de una geografía del absentismo, no se trata «de que las personas que viven en el País Vasco, Navarra o Asturias tengan peor salud que la gente de Andalucía o Extremadura, sino que en estas comunidades hay una serie de convenios colectivos que cubren íntegramente la baja, y permiten que, en muchos casos, una persona pueda ganar más sin trabajar que trabajando”. Vaya, pues entonces una manera de reducir el absentismo podría consistir en reducir o suprimir los complementos salariales en los casos de enfermedad o incapacidad temporal, lo cual me parece una aberración. Pagarían justos por pecadores: bastante desgracia es padecer una enfermedad o un accidente con baja como para que encima tu mala salud temporal te cueste dinero. No es la solución, hay que luchar contra el fraude, que existe, aunque menor que el que se cree, y contra la deficiente gestión de las bajas justificadas, que se prolongan más de lo necesario, sin que haya habido reducción en los últimos años. El gráfico de la asociación de mutuas AMAT así lo refleja:

Algunos convenios de la provincia de Cádiz optaron hace años por incluir un Plus ligado al Absentismo para los trabajadores, como, por ejemplo, el Convenio de limpieza y mantenimiento de playas de Algeciras. Ahora bien, que te primen por no faltar al trabajo menos de diez días en el año tampoco creo que sea la solución, aunque es comprensible que las empresas tengan que recurrir a determinadas cesiones en algunos convenios colectivos para luchar contra ese absentismo descontrolado. Por eso incluyo también la cláusula referida a los Asuntos Propios de libre disposición.

En su día me encontré un convenio que tenía dos pluses de absentismo: uno personal, similar al que acabo de subir a este post, y otro por departamento, que cobraban todos los trabajadores de esa «cuadrilla» o grupo de trabajo, siempre que el absentismo de ese departamento se mantuviera por debajo de una cifra determinada. Era un plus en el que los propios compañeros «presionaban» al ausente para que se reincorporara antes, o bien, convertían al absentista profesional en un apestado. De todos modos, el fraude no es la principal causa del absentismo, como recogían las estadísticas del primer post, luego estos son casos excepcionales que no resultan válidos para combatir las elevadas cifras globales.

Las propuestas para reducir las tasas de absentismo son muy diversas, en función de quien las promueve. Para Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras, los recortes en la sanidad pública y los menores recursos disponibles son los causantes de que las altas de los trabajadores se dilaten, aparte del envejecimiento de la población. Fernando Luján, de UGT, vicesecretario general de UGT, incide en la prevención, en que el incremento del número de bajas se debe a que «no se están adoptando las medidas necesarias para proteger la salud de las personas trabajadoras, empezando por la salud mental».

Varias de las reivindicaciones de los agentes sindicales de los últimos años se han incorporado de manera paulatina al marco laboral, sin que ello tuviera un efecto en la reducción del absentismo. En febrero de 2020 se logró derogar el tristemente «famoso» artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido objetivo basado en situaciones reiteradas de absentismo, incluso aunque estuviera justificado. La mayoría de las medidas incluidas en el documento adjunto cargan la responsabilidad en la empresa y no en el trabajador, y, aunque se han implementado varias de ellas, como el registro de jornada para controlar el exceso de horas o el incremento de la contratación indefinida para disminuir la precariedad, lo cierto es que no han tenido un efecto reductor sobre el absentismo.

En varias propuestas acerca de la negociación colectiva por parte de los responsables sindicales figuran la flexibilidad horaria, el aumento del teletrabajo y la mejora del clima laboral en las empresas como claves para reducir el absentismo. Quizás como contrapartida, los datos reflejan que numerosas empresas, mayoritariamente grandes empresas, han incorporado medidas para la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral, o sobre el teletrabajo en mayor o menor grado, y nunca han existido más departamentos de «bienestar del empleado», programas de salud en la empresa, tanto física como mental, fomento del deporte y los voluntariados corporativos, y, sin embargo, no se logra reducir las cifras de absentismo. En su día llegué a leer en LinkedIN y otras redes sociales algunos artículos que hablaban de que los jefes tenían que pasar a ser «Ge-fes». Ge-fe igual a Gestor de Felicidad, tócate los…

Las propuestas de los empresarios tratan en la medida de sus posibilidades de atender algunas de las reivindicaciones de los representantes sindicales, como las mencionadas sobre conciliación y programas de apoyo a la salud del empleado, y otras que resultan controvertidas, como la propuesta de su presidente, Antonio Garamendi, de incrementar las horas extras en aquellos centros de trabajo y puntas de carga laboral en que haya mayor absentismo, lo que puede ser comprensible desde el punto de vista de la organización de la carga de trabajo para suplir bajas reiteradas. Determinadas medidas de este tipo dependen del tamaño de la empresa y del tipo de producción que realicen, ya sea la industria, la hostelería o los servicios, así como del convenio colectivo. Es difícil que lo que valga en unos centros de trabajo sea extensible al resto. Otra medida propuesta fue aquella que posibilitaba la contratación de trabajadores de empresas de trabajo temporal como indefinidos, con la cesión a otras empresas como fijos discontinuos. También fue rechazada en negociaciones anteriores.

Hay un coste del absentismo del que apenas se habla y no es el del empleado que está de baja, sino el coste de la sustitución para el empleador (cuando puede hacerlo), así como la capacitación necesaria para un puesto de trabajo que, en principio, será de corta duración, solo para cubrir una baja. El estudio del IESE Combatir el absentismo menciona tres tipos de absentismo, de los que una buena parte no está cuantificado en las estadísticas:

  • Laboral: hace referencia a la desmotivación del empleado y su baja productividad (síndrome de burnout, o del «quemado»).
  • Presencial: bajas justificadas, permitidas, pero también no justificadas, o ausencias prolongadas más tiempo del necesario por una enfermedad o accidente. Y también existe un absentismo presencial del trabajador, es decir, en presencia del mismo, cuando está frente a una pantalla dedicado a asuntos personales o a la navegación pura y dura por páginas no del puesto de trabajo (cybersurfing o cyber-skiving, los denomina).
  • Emocional: ausencia de compromiso con la empresa y muy baja productividad, y aquí podrían entrar todos esos que hacen «lo mínimo de lo mínimo», «se les cae el boli», «los que calientan la silla», los que «como no son puntuales en la entrada procuran serlo a la salida» y todos esos topicazos de nuestro panorama laboral.

Las medidas que propone el estudio se centran en mejorar la vinculación del trabajador con la empresa, fomentar el compromiso y la responsabilidad, promover la formación adecuada, las campañas de sensibilización y otra que siempre se escucha, pero es difícil de poner en práctica: incentivar la productividad. El estudio menciona en varias ocasiones la importancia de formar a los mandos intermedios, de obtener su compromiso con la empresa y formarlos en el cuidado del clima laboral, pues suelen ser los que gestionan la relación con los equipos en los que se suelen concentrar los mayores índices de absentismo.

Desde hace años hay una propuesta a la que se han negado siempre los representantes sindicales y es la que concede a las mutuas la posibilidad de dar las altas a los trabajadores. De acuerdo con las estadísticas sobre la duración de las bajas y dado el retraso en pruebas diagnósticas o en rehabilitaciones (reconocido por los propios representantes de los trabajadores), el fomento de medidas que pudieran contribuir a restituir la salud del empleado y acelerar su reincorporación podrían ser interesantes para todos los afectados, tanto empleados como empleadores. Pero UGT y CCOO no han querido saber nada nunca acerca de permitir tal posibilidad. En algunos de sus informes se refieren a los médicos de las mutuas como los «médicos policías», los ven como un vigilante del absentista fraudulento y no como un recuperador más eficaz del empleado que está de baja. ¿Pero no hemos quedado en que, según las estadísticas, había poco fraude?

La ministra de la Seguridad Social, Elma Sáiz, propuso un nuevo sistema de control de bajas laborales flexibles, para permitir la vuelta gradual a su puesto de trabajo de aquellos empleados con bajas de larga duración, pero chocó con la oposición de algunos de sus socios, Sumar, Podemos, ERC y Bildu. La ministra también busca una vía de consenso entre patronal y sindicatos para que las mutuas puedan al menos dar las altas en los procesos de bajas traumatológicas por contingencias comunes, pero siempre choca con la negativa de los sindicatos. Las mutuas incluso van más allá y proponen la asistencia sanitaria para el tratamiento de las bajas traumatológicas y osteoarticulares, la gestión de las rehabilitaciones tras el alta en procesos traumatológicos y el apoyo en pruebas diagnósticas para unos servicios públicos saturados que dilatan los procesos más allá de lo conveniente para empresas y trabajadores de baja.

Pero estas posibles soluciones tampoco convencen a los que se hacen la foto con la ministra de Trabajo junto al cartel de «Trabajar menos, vivir mejor». Al menos se opuso a la ocurrencia de las «autobajas» que propuso la ministra de Sanidad, Mónica García. Hay una última cosa más que ayudaría bastante a mejorar lo que es un problema nacional y sería ver que no todas las propuestas de Yolanda Díaz se mueven en una única dirección y siempre contra la empresa. Cuando todavía no ha acabado su guerra por la reducción de jornada por las bravas, promete lanzarse ahora a incrementar la indemnización por despido, para que sea poco menos que «a la carta» y «disuasorio» para las empresas. Como tampoco ayuda que los juzgados de lo social fallen cuatro de cada cinco veces a favor del trabajador, incluso en casos flagrantes de absentismo fraudulento (y seguro que más de uno podremos contar las historias sufridas con alguno en el pasado).

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Igual hay que hablar de absentismo (I)

Sinceramente, creo que se le ha pasado. La ministra de Trabajo lleva tantos meses (e incluso años) hablando sobre la reducción de la jornada laboral, el incremento del SMI, el registro de jornada o el derecho a la desconexión que no ha tenido tiempo de afrontar un problema que, supongo, no debe de ser preocupante para ella ni para sus colaboradores: el absentismo laboral. Si uno busca la palabra «absentismo» en el Borrador de Anteproyecto de Ley para la reducción de jornada (aprobado solo por los representantes sindicales, por cierto), verá que no hay una sola referencia. El buscador tampoco encuentra las palabras «enfermedad» o «baja». No hay que pensar mal, el Anteproyecto está enfocado solo en el objetivo de la reducción y no en mejorar las tasas de absentismo existentes, seguro que si hacemos el mismo ejercicio sobre el Real Decreto-ley 32/2021, en el que se aprobaron «medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo», seguro, seguro, que lo encontramos…

Pues tampoco. Ninguna referencia al absentismo en esta reforma para la «transformación del mercado de trabajo». No vamos a ser malpensados, con la buena evolución de los indicadores de empleo en los últimos años, seguro que es una cifra poco relevante, apenas tendrá importancia:

Estas cifras aparecen en el último informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), según el cual, el coste total del absentismo en España asciende a 28.987 millones de euros, desglosados del siguiente modo:

  • Empresas: 13.961 millones de euros, el triple que en 2015, cuando este coste era de «solo» 4.805 mill.
  • Seguridad Social: 15.026 millones es el coste de las bajas que soporta el erario público. En 2015, esta cifra alcanzaba apenas la tercera parte, 5.340 millones.

El coste del absentismo supone aproximadamente el dos por ciento del PIB español, luego es un asunto que se debe afrontar, que no puede excluirse de la profusa normativa laboral aprobada en los últimos ejercicios. Preocupa esa cifra y preocupa la evolución creciente, sin freno. Por poner la cifra en contexto, el índice de absentismo en España, en comparación con la población activa, equivale a que cada día, repito, cada día del año, 1,2 millones de trabajadores no acuden a sus puestos de trabajo. Por diferentes motivos: enfermedad, bajas, también vacaciones, ausencias injustificadas, permisos, etc., pero 1,2 millones de trabajadores de una población entre los 20 y los 21 millones de personas. Es insostenible.

El Informe sobre el absentismo laboral de AMAT (puede encontrarse en este enlace) ofrece datos de gran valor para analizar la situación actual. Se basa en su mayor parte en los datos recogidos por el propio Ministerio en función de las ITCC (Incapacidades Temporales por Contingencias Comunes). La Población Protegida por el sistema (Mutuas y entidades gestoras colaboradoras de la Seguridad Social) ha tenido un elevado crecimiento en la última década:

Un importante incremento del 24,7% de la población incluida, que no tiene una correlación con el desorbitado aumento del 121,5% del número de procesos iniciados (bajas, enfermedades, accidentes) durante el mismo período:

Comparto esta conclusión del informe con la que estoy totalmente de acuerdo: «no deja de ser totalmente injustificable que las bajas se hayan multiplicado más del doble en diez años, con el lastre que esto supone para la competitividad de las Empresas y el sostenimiento del Sistema de la Seguridad Social como se verá más adelante».

A finales del ejercicio pasado, la Seguridad Social tuvo que destinar 4.000 millones extra para cubrir los costes derivados de las bajas laborales.

Entre las causas para este aumento desorbitado del absentismo, Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CC OO, considera tres:

  • El envejecimiento de la población.
  • El mal funcionamiento de los servicios públicos de salud, cuya respuesta «se está ralentizando cada vez más porque las inversiones en el sector sanitario público han bajado».
  • La demora en los procesos de rehabilitación de las patologías graves o de mayor duración.

Otra razón que nunca falta en estos análisis: en épocas de crisis, el absentismo disminuye, seguramente por el miedo a perder el puesto de trabajo. En épocas de mayor crecimiento económico, el absentismo aumenta, quizás por una mayor laxitud del trabajador o también influido por el hecho de que, con el aumento de las contrataciones indefinidas o la mayor actividad económica, haya un menor miedo a perder el puesto de trabajo. A estas conclusiones llega también el último informe de Randstadt Research. La propia expresión «me cojo la baja» es una aberración que me chirría cada vez que la escucho: son los médicos los que dan esa baja, no una libre disposición del trabajador, como da a entender todo el que la pronuncia. Hay otros datos que contribuyen a esta misma sensación de «caradura» de unos pocos (o no tan pocos, según algunos), como el hecho del repunte de los lunes y los viernes como los días con mayor absentismo de la semana. Por otro lado, del informe de Randstadt se desprenden conclusiones inquietantes que conviene matizar:

El concepto «absentismo» es muy amplio y recoge todo tipo de ausencias en el puesto de trabajo, también por vacaciones, permisos autorizados por el empleador o enfermedades certificadas por un médico, ausencias que entran dentro de la lógica y la normalidad del funcionamiento de las empresas. Son las bajas no justificadas y crecientes en volumen las que deberían preocupar y ser perseguidas de alguna manera. Sin embargo, el experto del que más me fío para los temas laborales, Javier Esteban, desmontaba esta cifra en el mismo medio y afirmaba que son menos del tres por ciento (2,97%) las bajas que corresponden «al temido absentismo injustificado». En su análisis de las causas, indica el mayor porcentaje de contratación indefinida y ese menor temor antes comentado, aunque también destaca el hecho de que el absentismo se encuentre también en cifras de récord en ese sector habitualmente «indestructible» que son los autónomos:

El segundo motivo que destaca el experto sería el contrario al expuesto en algunos medios: la buena gestión de la salud laboral en las empresas y los trabajadores por cuenta ajena. Pese al incremento de bajas tras la pandemia y al tensionamiento de la sanidad pública para gestionar las altas tras las incapacidades temporales, la productividad no se ha resentido y el número de horas trabajadas se mantuvo estable.

Pese al repunte en la duración de los procesos de baja en 2020 y 2021 (motivados por el Covid y sus sucesivas oleadas), este incremento de absentismo no se debe a una prolongación de los períodos de baja por mala gestión, sino al incremento del número de trabajadores en esa situación. El gráfico de AMAT refleja una cierta estabilidad de la duración media de las bajas por incapacidades temporales:

El otro dato que sí es reseñable es el incremento de los procesos de Incapacidad superiores a 365 días, es decir, el aumento de enfermedades crónicas, o incapacidades sobrevenidas tras la pandemia. No me atrevo a extraer ninguna conclusión de este dato:

La escalada durante la pandemia no volvió a recuperar las cifras habituales y en la actualidad se han superado incluso aquellas cifras de récord. Covid persistente, envejecimiento de la población activa, aumento de depresiones o de enfermedades relacionadas con la salud mental… hay hueco hasta para los conspiranoicos antivacunas. Aun siendo un problema destacable (130.000 desgraciados casos), no son el grueso del problema del absentismo en España, por fortuna. Así que retomo los diversos análisis efectuados sobre los millones de horas perdidas en España por el absentismo y, ya de paso, lo ligaré a la preocupación de la señora ministra por la reducción de la jornada de trabajo. Para ello, me remito a la metodología de cálculo del absentismo empleada por Adecco, que sitúa el absentismo en España en una tasa del 7,5 por ciento en 2024, un 0,6 más que en el año anterior.

El método de cálculo empleado es el siguiente:

Y de acuerdo con el cálculo de horas perdidas entre unas razones y otras, justificadas o no, y según las estadísticas de Eurostat, nos encontramos con que la jornada de trabajo «real» se encuentra en:

El problema con las estadísticas, como siempre, es que son unas medias aritméticas que ocultan muchos problemas, el famoso «si yo me como dos pollos y tú ninguno, la media dice que ambos nos hemos comido uno». Y lo mismo ocurre con este dato, que, además, se ceba con las empresas más pequeñas. El dato de 36,4 horas se acerca en las grandes empresas, con numerosos convenios por debajo de las 37,5 horas pretendidas por la ministra, o con recursos para cubrir las bajas en sus plantillas, pero es un dato irreal en las pymes, que suponen más del 92 por ciento del tejido empresarial.

Para la segunda parte quedarán las propuestas de unos y otros para rebajar estas cifras de absentismo, para mejorar la gestión de las bajas. Solo un último dato para concluir este análisis:

En el sector público hay más bajas, duran más días y nos cuestan más a todos los españoles. También habrá que analizarlo. Me voy a coger la baja… bloguera.

No es una buena noticia

Hay noticias que, de primeras, pueden parecer buenas, pero a poco que las analices, pueden no serlo tanto, o no serlo en absoluto.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a dos millones de personas en España y, sinceramente, no creo que sea una buena noticia, pese a que los miembros del gobierno se hayan esforzado por anunciarla como tal. En este post pretendo que se me entienda y no se me malinterprete, y sé que será difícil, porque voy a tratar varias noticias que nos venden como positivas y que para mí no lo son. Creo en el escudo social, en la protección del Estado en situaciones de desamparo y en la ayuda a colectivos vulnerables (de hecho, no creo que todo ese apoyo deba venir de lo público, también se debe hacer desde el ámbito privado y el individual de cada uno), pero no en la creación de colectivos dependientes cuyo número crezca cada año.

El Ingreso Mínimo Vital, como dice el propio gobierno en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es «una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil». Por supuesto que estoy de acuerdo con que estos dos millones de personas no se queden en la indigencia más absoluta, como podría ocurrir en el país «más rico» del mundo, los Estados Unidos, pero no creo que sea una buena noticia que los destinatarios de esta ayuda hayan crecido un 28 por ciento en el año 2024. La cuantía media de esta ayuda se sitúa en los 516 euros mensuales, una cifra insuficiente para estas familias en las que no hay trabajo, ni subsidios de paro, ni ingresos de ningún tipo. Por eso me reafirmo en la idea de que no puede ser una buena noticia que cada vez más gente se sitúe más allá de este umbral de la pobreza.

No es una buena noticia que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se haya incrementado de nuevo por decreto. Sin consenso. La ministra de Trabajo se hace «su» foto con los representantes sindicales y choca otra vez con la patronal, a la que vuelve a ignorar en sus dos antiguas reivindicaciones (el sector agrario y las revisiones de precios de los contratos públicos). No puede ser que vuelva a evitar tomar en consideración los informes del Banco de España y sus efectos sobre el empleo en las pymes y micropymes (el grueso del marco empresarial en España). No puede ser que la ministra haya incumplido de nuevo el compromiso de que se tengan en cuenta los incrementos de los costes laborales en las revisiones de precios de los contratos con las administraciones públicas. «Es otra ventanilla», pensará. Y con esa otra ventanilla, la del Ministerio de Hacienda, ha chocado demasiadas veces. La de esta semana fue en público, en una bochornosa comparecencia en la que se hizo la sorprendida (y ofendida) por saber que el SMI tributaría en el IRPF. Hacienda se quedará buena parte de la subida y eso no me parece mal, porque implica que un número mayor de perceptores superará el mínimo exento. Lo que no es de recibo es el show en el propio gobierno entre Díaz, la portavoz Pilar Alegría y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Estas discrepancias internas manifestadas en público provocan la misma inseguridad que las oscuras negociaciones de contrapartidas con los partidos independentistas para sacar adelante cualquier medida gubernamental.

Por otro lado, si vamos a la medida en sí, parece mentira que haga falta recordar a algunos de sus promotores que no es el gobierno quien pagará el incremento del SMI, como a veces parecen dar a entender en comparecencias y publicidad ministerial, sino que será asumido por las empresas, entre las cuales, las que mayor impacto sufrirán en sus cuentas serán las más pequeñas, los negocios con una reducida plantilla de menos de diez empleados: restaurantes, peluquerías, pequeños comercios… Empresas a las que, además, advirtieron desde el Ministerio que serían vigiladas ¡para asegurarse de que no lo repercutieran en precios! ¿Pretendemos llegar a una economía de precios regulados, no hemos aprendido nada todavía?

Sorprende (o todo lo contrario) que esta preocupación del gobierno por la subida del SMI no se haya trasladado al incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM, que es el que se utiliza para el acceso a las ayudas públicas, subvenciones o los cálculos del subsidio de desempleo. La evolución del IPREM en los últimos ejercicios, en comparación con el SMI, ha sido la siguiente:

El IPREM se actualiza con los Presupuestos Generales del Estado, pero, como estos están congelados, sin aprobar, se mantiene estancado. El IPREM no es una preocupación de este gobierno, como tampoco lo fue del anterior: de 2010 a 2016 se mantuvo sin variaciones. Y este es el indicador que se toma en consideración para el acceso a ayudas estatales, bonos sociales, determinadas becas o las subvenciones al alquiler, ahora que se habla tanto de esto. A este gobierno que tanto le preocupan los colectivos vulnerables parece habérsele olvidado que, debido al estancamiento del IPREM, es menor el número de personas que acceden a las ayudas públicas. O a lo mejor va de eso mismo: el incremento del SMI será pagado por las empresas, mientras que el aumento del IPREM supondría un mayor desembolso público. Y siempre es más fácil legislar con el presupuesto de otros.

No es una buena noticia que siga incrementándose el SMI sin que se corrija el problema de productividad que hay en este país. Según estos datos de Cepyme, España tiene ya el segundo puesto en Europa en la relación entre el SMI y el PIB por empleado:

Es lo que tiene haber subido más de un 60 por ciento el salario, sin que apenas se haya movido la productividad. El SMI de España nos sitúa en la banda alta de la Unión Europea, pero aún muy lejos de las principales economías europeas:

Todas estas medidas relativas al SMI forman parte del compromiso de este gobierno por cumplir lo indicado por una Directiva Europea que pretende que los salarios mínimos alcancen al menos el 60 por ciento de los salarios medios de cada país. Con el último incremento aprobado en España se alcanza el 61 por ciento del salario medio, pero no puede ser una buena noticia que el salario medio en España se mantenga tan bajo en comparación con la zona euro.

Claro que es una buena noticia que el paro siga bajando al nivel más bajo en casi dos décadas, pero no lo es que se considere que el 11 por ciento es una buena noticia. Es un paro estructural muy alto, el mayor de la Unión Europea.

No es una buena noticia que los fijos discontinuos en paro hayan superado el pasado mes de enero al número de los que se encuentran activos. Casi 860.000 trabajadores, la cifra más elevada de la serie. Los fijos discontinuos sin empleo dejan de percibir su salario y son dados de baja en la Seguridad Social, pero cuentan como «demandantes con relación laboral» y no como parados. Como indica el artículo, hay quienes lo consideran, y no sin razón, «una forma de maquillar las estadísticas».

No es una buena noticia que el Ministerio de Yolanda Díaz consuma tantos recursos y esfuerzos en la jornada de 37,5 horas semanales sin tener en cuenta los convenios sectoriales, las negociaciones colectivas, la tipología de empresas o la jornada media ya existente. Y desde luego que no es una buena noticia que se cebe con esta medida, que genere nuevas incertidumbres, mayor complejidad en su aplicación, y sobre todo, que no se haga nada a la par para combatir el absentismo. Nada. Todo parece una guerra contra las empresas, hasta el punto de que esta semana ha propuesto a los sindicatos ¿una movilización en las calles? para lograr que se implante esta reducción de jornada a su manera. Es una locura.

Por todo lo indicado (y por muchas más cosas), no puede ser una buena noticia, en absoluto, que nos cuenten que España es la economía que mejor funciona de la Unión Europea. La que tiene las mejores expectativas de crecimiento. Cómo estará el resto, cómo están, de hecho. Por eso voy a concluir con una frase de Leo Harlem que escuché en uno de sus monólogos: «si los españoles lideramos alguna estadística, desconfía, eso no puede ser bueno».

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