JOSEAN, 02/10/2022

A mediados de los setenta, una serie arrasó en las pantallas de medio mundo, Hombre rico, hombre pobre. La trama giraba alrededor de los hermanos Jordache, Rudy y Tom, interpretados respectivamente por Peter Strauss y Nick Nolte. Ambos tuvieron las mismas oportunidades y mientras uno (Strauss) progresó hasta llegar a ser un ciudadano respetable y fue nombrado alcalde y senador, el segundo (Nolte) se convirtió en un bala perdida, pendenciero, borrachín y antisistema. Y sin embargo, por la razón que fuera resultaba más sencillo empatizar con Tom por su nobleza y humanidad que con el recto, justo y espantosamente aburrido Rudy.

Me ha venido la serie a la cabeza porque no recordaba haber escuchado hablar tanto de «ricos» y «pobres» como en las últimas semanas, en estos tiempos en los que el PSOE y el PP se han lanzado abiertamente a un nuevo desencuentro, en esta ocasión con motivo de las propuestas de reforma fiscal que cada uno plantea.

Pedro Sánchez, durante la clausura del Foro de La Toja, declaró esta misma semana: «esta vez los más pudientes tienen que arrimar el hombro para sacar adelante el país».

La ministra de Hacienda María Jesús Montero calificó de «mal ejercicio de la autonomía fiscal» la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía «a los más ricos».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo esta misma semana en el Foro Cita con El Mundo que le preocupa que «busquen las dos Españas y hablar de ricos y pobres». Antonio Maestre, por el contrario, soltó una de las perlas típicas de quien tiene un busto de Lenin en su despacho de trabajo y agitó su avispero particular:

Los ex presidentes de gobierno Felipe González y Mariano Rajoy reivindicaron en un encuentro reciente la conocida frase del antiguo primer ministro sueco Olof Palme: «gobernar es acabar con los pobres, no con los ricos».

Mariano y Felipe no son precisamente los ejemplos más adecuados para hablar de estos asuntos con sus roles actuales y pretéritos, pero en cualquier caso el debate debería ser mucho más serio que establecer una diferenciación entre «ricos apoyados por el PP» y «pobres protegidos por el PSOE». Sin embargo, lo que ocurre siempre en este país (y en los medios de incomunicación) es que nos quedamos en la superficie, en lo que diferencia o lo que divide a la sociedad en lugar de hacer una reflexión sobre los datos y las soluciones. Se aplican punto por punto las estrategias de manipulación mediática (simplificación del mensaje, utilización de la parte emocional por encima de la reflexiva, mantener al pueblo en la ignorancia y la mediocridad,…), una pena, puesto que vivimos en un país que cuenta (o contaba al menos) con una clase media pudiente, donde no tenemos (o teníamos) la diferencia tan exagerada que hay entre las élites y los salarios medios, y entre estos y los bajos como ocurre, por ejemplo, en tantos países de Sudamérica.

Lo cierto es que la inflación desbocada ha traído una cifra récord de recaudación para el Estado, tanto por los ingresos generados por el IVA (gracias al aumento de precios) como por el IRPF (la falta de actualización de las tablas), y este punto no admite una discusión populista sobre ricos y pobres. Los menos pudientes se han visto perjudicados por el incremento, de igual modo que la clase media y «los ricos», aunque estos lógicamente lo hayan sobrellevado sin las angustias de los primeros. Este ejercicio 2022 ha superado cada mes las cifras de ingresos de 2021, que ya fue un ejercicio récord en recaudación tributaria (Fuentes: Público y La Razón):

Parece que otro mantra repetido que está calando en la opinión es que el PP rebaja los impuestos, mientras que el PSOE los sube, o que bajar los impuestos es un exceso neoliberal y subirlos resulta progresista. Otra vez los blancos y los negros sin grises ni matices.

El PSOE de Zapatero subió el IVA en 2010 del 16 al 18 por ciento (y el reducido del 7% al 8%), y dicha medida, muy criticada por el PP, fue igualmente aplicada por Rajoy cuando subió este tipo del 18 al 21 (y el reducido del 8% al 10%). Con la inflación desbocada fue el Partido Popular quien propuso que se bajara el IVA de la electricidad y el gas. El IVA está catalogado como impuesto indirecto, si bien va directo al bolsillo del particular y tiene un carácter regresivo para el ciudadano, puesto que grava el consumo, también el de productos básicos.

El gobierno aplicó la bajada del IVA de la electricidad varios meses después de que se planteara la propuesta, pese al amplio margen que había obtenido con la recaudación, y desde el pasado 1 de octubre se aplica también en el gas, aunque con un carácter temporal de tres meses (me juego un brazo a que se ampliarán). El mismo gobierno que critica a los que proponen rebajar los impuestos redujo el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) y el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) en diciembre de 2021. Por cierto, el IVPEE fue creado en 2012 por el primer gobierno de Mariano Rajoy, uno de tantos inventos recaudatorios que generó inseguridad jurídica en el sector energético. Esta medida de «carácter temporal» fue prorrogada en marzo de 2022 y el plazo se ha ampliado recientemente por tres meses más.

Me cuesta entender los criterios para tomar estas decisiones, y la mayoría de las veces parecen fruto de la improvisación y no de un análisis de las cifras. Durante meses trataron de convencernos de que la Unión Europea no permitía la bajada del IVA de las mascarillas y luego se hizo de la noche a la mañana (Sí se puede. No se podía, pero ahora ya sí se puede). El PP ha presentado recientemente una propuesta para rebajar el IVA de los alimentos básicos, una queja del ciudadano común, también de «los pobres», por emplear el lenguaje, y curiosamente han sido sus teóricos defensores los que han rechazado la medida:

En cuanto al IRPF, una medida directa de apoyo a las familias podía ser la actualización anual de las tablas de Hacienda para el cálculo, pero esta solución transparente, efectiva y directa para las rentas de los asalariados no ha sido utilizada en los últimos años por los gobiernos de Sánchez ni de Rajoy. De Montoro a Montero con numerosos puntos en común en cuanto a política fiscal. Como en todo lo relacionado con el Impuesto de Sociedades. Cristóbal Montoro mentía cuando decía que las grandes empresas pagaban solo un siete por ciento de sus beneficios, se aplicó con esfuerzo en detraer tesorería a las empresas (incluso con un decretazo que fue considerado inconstitucional tres años más tarde) y María Jesús Montero continuó aplicando varias de las peores prácticas de su predecesor al frente del Ministerio (recuerden que Las grandes corporaciones son malas). Ahora plantea un nuevo atraco a la tesorería de las empresas con la limitación a la compensación de bases imponibles en los consolidados fiscales.

El debate es ideológico y no económico, y ese es el principal problema. Hay un exceso de recaudación y el gobierno afirma que lo está devolviendo a los ciudadanos con medidas como los veinte céntimos por litro de gasolina. Es una medida regresiva que sin duda favorece a «los ricos», aquellos que pueden pagar el litro indistintamente a 1,80 euros o a 2,00. Para «los pobres» que no pueden pagar a 1,80 euros el litro, o que tienen que privarse de otros bienes para hacerlo, esta ayuda resulta insuficiente. La «excepción ibérica», el tope al precio del gas, ha supuesto un ahorro de 17 euros de media a las familias, según la ministra, pero aquí juega nuevamente con el efecto distorsionador de las medias aritméticas. Es una medida que ha ahorrado más a los más pudientes.

En ese debate ideológico que ha comenzado, porque no olvidemos que en un año hay elecciones, algunos de los líderes regionales del Partido Popular se han descolgado con la propuesta de la eliminación del Impuesto de Patrimonio, una medida que favorece con claridad a esos «ricos», al 0,2 por ciento más pudiente. La guerra iniciada por Juanma Moreno tiene un impacto económico de unos 93 millones de euros para la Junta de Andalucía millones de euros (Fuente: El País). Lo que ocurre es que Andalucía, al contrario que Madrid, es una comunidad receptora de fondos, no contribuidora, y por tanto, preocuparse por ese 0,2 por ciento con mayores rentas no parece la medida más conveniente en este momento. Además, corremos el riesgo de entrar en una competencia en materia de tributos entre autonomías cuando en toda Europa se plantea una armonización fiscal.

En el Reino Unido la nueva primera ministra Liz Truss ha tenido que recular con su absurdo plan fiscal de rebajas drásticas a los más ricos unidas a un plan de gasto público desorbitado. Menos de una semana ha durado. El Nobel de Economía Paul Krugman dijo hace un año:

«Soy el mayor escéptico frente a los políticos que ven en la reducción de impuestos a los ricos la solución a todos los problemas. De hecho, la afirmación de que las rebajas de impuestos pueden hacer magia es un ejemplo buenísimo de idea zombi, una idea que se mantiene viva, a pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, porque su supervivencia redunda en beneficio de los donantes ricos”.

El debate sobre el Impuesto del Patrimonio debería ser nacional, no regional, y no deja de resultar paradójico que lo planteen los partidos nacionalistas catalanes, los primeros impulsores de la autonomía fiscal hace décadas. El impuesto a las grandes fortunas con el que ha respondido el gobierno corre el riesgo de ser declarado inconstitucional, puesto que se trata de un impuesto cuya competencia fue cedida a las comunidades autónomas. En cualquier caso, parecen medidas sueltas e improvisadas, acción-reacción, y no resuelven los problemas de fondo, aparte de las complicaciones que generan. Todo este berenjenal nos trae de cabeza a los particulares, a los asalariados y (mucho) a los que nos deslomamos en los departamentos financieros o fiscales de las empresas.

En este debate ideológico sobre la actualización de las tablas fiscales del IRPF iniciado por el Partido Popular en regiones como Madrid y Andalucía (el País Vasco también, pero ellos siempre van por libre), al PSOE se le han rebelado algunos de sus barones: Ximo Puig en la Comunidad Valenciana y García Page en Castilla-La Mancha, si bien con una fórmula basada en las deducciones y no en la actualización de las tablas. Esta falta de criterio común me parece un despelote. La propuesta de la ministra María Jesús Montero sobre la reforma del IRPF parece incidir en la línea de apoyo a los más desfavorecidos (trabajadores con menos de 21.000 euros anuales de salario), pero no favorece a 12 millones de asalariados, como ha afirmado, sino solo a una tercera parte de los mismos (Fuente: ABC).

Y olvida de nuevo a la clase media, que es la verdadera paganini del IRPF. Centrar el debate en los tramos más altos y más bajos solo crea confusión en el debate, agita, que posiblemente sea lo que se busca. En un momento como el actual, con la recaudación en cifras récord, la duda que me queda es si de verdad se pretende ayudar a esa clase media o hundirla definitivamente.

Patxi López pronunció esta misma semana unas palabras que me asustaron: «“Esto que suele decir la derecha que el dinero donde mejor está es el bolsillo de la gente, es una falacia absoluta». Luego se publicó el sentido completo de la frase en RTVE, sin cortes, y mi estado de ánimo mejoró levemente, no mucho, pero algo. Hasta que escuché al presidente y su explicación. Es difícil no estar de acuerdo con el primer minuto y medio de este vídeo de Pedro Sánchez:

La última parte es la que me asusta y cabrea, la que habla de «las fracasadas recetas que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos». Claro, mejor así: Papá Estado recauda, y recauda más que nunca, y Papá Estado distribuirá por ti.

Continuará en Populismo tributario (II): Papá Estado.