El problema del plástico y el problema del impuesto al plástico

JOSEAN, 11/04/2023

Parece fuera de toda discusión que tenemos un problema con el plástico, tanto con su proliferación como especialmente con la eliminación una vez cumplido su cometido. Según el Informe de la OCDE Global Plastics Outlook, el 50 por ciento de los plásticos generados en el mundo acaban en un vertedero, el 19% es valorizado/incinerado y apenas un 9% se recupera, lo que implica que el 22% restante es arrojado a la naturaleza y acaba enterrado, en los ríos o en los océanos. Una verdadera pena.

Según otro informe de la OCDE, publicado en junio de 2022, la cantidad de residuos plásticos generados en todo el mundo se triplicará de ahora a 2060, y apenas prevé cambios en su destino final, pues estima que la mitad acabará en el vertedero, mientras que apenas una quinta parte se reciclará. La previsión de la OCDE calcula que el consumo mundial de plásticos alcance en 2060 los 1.231 millones de toneladas, una cantidad enorme en comparación con los 460 millones actuales. En cuanto a los residuos de origen plástico, la estimación de la OCDE indica que se pasará de los 353 millones actuales a 1.014 millones en 2060. Y si el residuo de plástico es ya un problema hoy en día, no quiero ni pensar lo que puede ser en unas décadas si no se toman medidas para reducir su uso y reutilizarlo una vez empleado.

Según los expertos, la naturaleza necesita entre cuatrocientos y seiscientos años para descomponer, desintegrar o biodegradar el plástico arrojado al mar o enterrado, lo cual siempre me ha llevado a preguntarme cómo es posible que se calculen estos datos cuando los plásticos comienzan a usarse en 1860 y se industrializan de manera masiva a partir de 1950, es decir, carecemos de datos precisos y algunas fuentes estiman que su degradación podría llevar incluso más tiempo. Pero pretendo dejar a un lado mi desconocimiento técnico sobre la materia para centrarme en lo que conozco infinitamente mejor: las soluciones fiscales que se plantean para combatir un problema. Y ya explicamos en los dos post dedicados al impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero que para este gobierno la solución a un problema pasa de manera casi exclusiva por la creación de un impuesto, independientemente de que con ello se generen nuevos problemas.

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobaba hace ahora un año, en abril de 2022, recogía la creación de dos nuevos impuestos, los cuales entraron en vigor el pasado 1 de enero:

  1. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Ya tratado en detalle en los post mencionados.
  2. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.

Al igual que ha sucedido con el primero, la implantación del impuesto ha generado numerosas controversias y dudas en su interpretación por el casi nulo desarrollo legislativo. Su creación se configura en apenas 11 páginas de la ley de residuos (de las cuales, una corresponder al régimen sancionador) y genera numerosas lagunas que las empresas afectadas están tratando de aclarar desde entonces. Uno de los principales problemas surge por la interpretación acerca de qué se considera «envase de plástico no reutilizable» basado en la ambigua definición del artículo 68.1.

O sea, envases y objetos de plástico que no sean envases, pero que puedan realizar su mismo cometido. Parece una pregunta del Un, Dos, Tres. Por otro lado, el hecho imponible (art. 77) consiste en la producción, importación o adquisición intracomunitaria de envases y se liquidará a 0,45 euros por kilo de plástico no reciclado. Luego es un impuesto que no deben liquidar únicamente empresas productoras de plástico en España, sino también las importaciones de bienes que contengan plástico no reciclado (¿a quién corresponde el cálculo del peso?). Y tal como está redactado, afecta incluso a los particulares que adquieran un producto en el extranjero que venga con un embalaje de plástico no reciclable (miles de pedidos de Amazon o Alibaba, por ejemplo, que deben incluir sus céntimos de recargo por el envase).

Otras dudas surgieron con los sectores afectados (prácticamente todos, industriales, textil, alimenticios, bebidas, distribuidores, logística,…) y casi todos ellos cuestionaron a la Agencia Tributaria cómo realizar ese cálculo del «kilo de plástico no reciclado» en un producto, o qué ocurría si ese porcentaje de plástico formaba parte del producto y no del envase. Además, al tratarse de un impuesto que no existía en otros países, se plantearon numerosas dudas sobre el tratamiento fiscal en las importaciones o cómo gestionar las devoluciones del producto y la recuperación del impuesto abonado.

Las dudas fueron tan numerosas que la propia Agencia Tributaria publicó en noviembre un documento aclaratorio de Preguntas y Respuestas de (nada más y nada menos) que 16 páginas.

En este listado de productos, la Agencia Tributaria indicó varios ejemplos de los que podían considerarse sujetos (llamo la atención sobre algunos que me sorprendieron):

¿Preformas de plástico? Disculpen mi ignorancia. En el documento también se incluían ejemplos de productos que no se veían afectados por el impuesto (vuelvo a llamar la atención sobre otros productos ya casi en desuso):

En este documento se abrió un nuevo melón con la inclusión de los envases secundarios y terciarios, las cintas film, o plásticos film para embalajes y palets. ¿Cómo se pesa eso? ¿Cómo se liquida ese impuesto en las importaciones y de qué manera comprobará la Agencia Tributaria en el futuro la correcta liquidación del impuesto?

El 27 de diciembre se aprobó el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases que pretendía aclarar varias de estas lagunas. Como el tiempo apremiaba (recordemos que el impuesto entraba en vigor el 1 de enero), la Agencia Tributaria comunicó a las distintas patronales que pudieran verse afectadas que «En nuestra página web se puede acceder a toda la información necesaria, entra la que destaca un asistente de preguntas-respuestas (denominado informador) para resolver dudas de manera autónoma, así como un servicio de llamada directa o cita previa a operadores expertos en proveer información tributaria en relación con este impuesto (Asistencia digital ADI)».

La fecha tuvo «su gracia», pues llegó el 28 de diciembre, como la publicación del Real Decreto, acompañada de otro mensaje: «Por último, acabamos de publicar un vídeo en nuestro canal de YouTube, que persigue ser reclamo de la conveniencia de informarse»:

Ah, pues ya está, después de ver un vídeo de un minuto me queda todo mucho más claro. El caso es que desde el 1 de enero está en vigor este impuesto, y, al igual que ocurre con el de depósito de residuos en vertedero, hay muchos problemas sin resolver y numerosas liquidaciones que las empresas están realizando de manera errónea. Varias patronales se han quejado también de la pérdida de competitividad de las empresas españolas, puesto que el nuestro es el único país de la Unión Europea que ha implantado este impuesto (el Reglamento de la Unión Europea sobre envases y residuos de envases presentado el 30 de noviembre de 2022 va con retraso respecto a la legislación española, puesto que se encuentra en fase de consulta pública hasta el 24 de abril).

En marzo, el grupo popular en el Congreso presentó una pregunta al gobierno sobre si el impuesto iba a suponer un incremento del IPC. El Ejecutivo contestó que los ingresos esperados con este impuesto, unos 690 millones de euros, se compensarían con la pérdida de ingresos por la reducción del IVA de los alimentos, cuantificada en 660 millones. Finalmente, el Ministerio de Hacienda ha reconocido la conveniencia de modificar el impuesto por el «caos generado» con las primeras liquidaciones.

Desconozco la precisión de la cifra de ingresos del impuesto sobre el plástico no reciclado, habida cuenta de la falta de precisión que hubo en épocas recientes con las mal llamadas tasas Google o Tobin. Pero pese a todos los problemas aquí expuestos, lo que de verdad me preocupa es que las únicas soluciones presentadas pasan por la creación de un impuesto, es decir, por el incremento de la recaudación fiscal, y no por las necesarias mejoras en innovación, inversiones, diseño de productos, técnicas de reutilización de los plásticos, recuperación, investigaciones sobre el reciclaje químico de plásticos, etc. Exactamente igual que con el impuesto a los depósitos en vertedero: aumentar la recaudación y reducir en nada o en casi nada el verdadero problema de los residuos.

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Reducir, reusar, reciclar… residuos, ¿recursos?

JOSEAN, 28/11/2021

La semana que hoy termina ha sido la European Week for Waste Reduction, la Semana Europea por o para la Reducción de los Residuos, una semana en la que, al igual que en la reciente Cumbre de Glasgow (aquí definida como Día de la Marmota), se ha hablado mucho de «lo que hay que hacer» y se ha insistido en que «hay que actuar pronto», pero por desgracia con resultados poco concluyentes. Por supuesto que se logran avances, pero con una lentitud en muchos casos exasperante, con incumplimientos continuos de las metas marcadas. Cambiar un modelo productivo que lleva funcionando décadas no es una tarea sencilla y la innovación para buscar alternativas suele ser una apuesta arriesgada y de coste elevado en el corto plazo, pero no tengo ninguna duda de que solo la investigación y los avances tecnológicos, unido a la sensibilización ciudadana, permitirán que todas esas palabras que suenan tan bien como «economía circular», «infraestructuras verdes» o «modelo sostenible» sean reales y no simples quimeras.

Hemos pasado de las tres «erres» tradicionales (reducir, reutilizar y reciclar) a las cinco (añadiendo reparar y recuperar) e incluso a algo más ambicioso, puesto que vamos ya por las siete «erres» del proceso: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Repensar el modelo. Pero si este proceso se convierte en una especie de Scattergories con la R, a mí se me ocurre que dentro de la economía circular no cabe otra alternativa que considerar al Residuo como un Recurso más que incorporar a la cadena productiva.

El Consejo de Ministros aprobó en mayo de este año el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, una ley necesaria que se une a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la Estrategia Española de Economía Circular (España 2030) y a las directivas de la Unión Europea que conforman el Paquete de Economía Circular. El proyecto de Ley de Residuos:

  • Introduce restricciones a los plásticos de un solo uso y propugna su eliminación.
  • Plantea objetivos de reducción de residuos en varias fases. La reducción de envases en origen, en la distribución y en la propia venta al público de productos resulta fundamental en el proceso.
  • Prohíbe la destrucción de excedentes de productos no perecederos (textil, juguetes, aparatos eléctricos).
  • Trata de combatir el despilfarro de alimentos.
  • Obliga a ayuntamientos y entidades locales a implementar nuevas medidas de separación de residuos en origen y su tratamiento previo al depósito en vertederos.
  • Y un aspecto posiblemente clave: se crea un nuevo impuesto a la incineración y eliminación de residuos en vertederos.

La nueva Ley de Residuos sustituirá a la anterior, de 2011, en la que se fijaba una serie de objetivos de cumplimiento para 2020 en materia de reciclaje y depósito de residuos en vertedero (acordes con las directivas europeas) que no se han cumplido. El objetivo del 50% de reutilización y reciclado en 2020 quedó lejos de alcanzarse y, según los últimos datos que he podido encontrar en la web del propio Ministerio para la Transición Ecológica (datos de 2018), apenas el 35% de los residuos fueron reutilizados o reciclados:

Este mal dato provocó que dieciséis organizaciones ecologistas presentaran una denuncia ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa europea en materia de residuos. Para que los menos habituados se hagan una idea de las cifras manejadas (y hablo solo de residuos municipales), cada ciudadano produce una media aproximada de 1,3 kilos de residuos diarios, unos 500 kilos anuales. Según la citada Memoria del Ministerio, en España se generaron 22,3 millones de toneladas de residuos. De basura. Si miramos el cuadro, comprobamos que más de la mitad acabaron enterradas en un vertedero. Las instalaciones autorizadas para el tratamiento de los residuos son las siguientes (pág. 9 de la Memoria):

No es una sensación, sino una certeza: hay pocas instalaciones adecuadas para el tratamiento de los residuos. Y numerosos vertederos con una capacidad ¿para…? ¿Hasta cuándo? ¿Es sostenible este modelo por tiempo indefinido? Según el Miteco, «en estos vertederos se depositaron otros residuos, entre ellos residuos industriales no peligrosos y lodos de depuradora. En gran parte de estos vertederos existen sistemas de captación del biogás producido, siendo aprovechado en la mayoría de ellos para producir energía eléctrica». Esa es otra, «gran parte», «la mayoría»… vuelvo a la consideración del residuo como un recurso infrautilizado. La detección reciente de la mayor emisión de metano de Europa junto al vertedero de Valdemingómez por parte de la ESA (Agencia Espacial Europea) nos ha permitido saber que el metano expulsado a la atmósfera podría generar energía suficiente para abastecer las necesidades de 350.000 hogares.

El objeto de este post no es hablar del metano, el segundo de los gases que más contribuye al calentamiento global tras el dióxido de carbono (recordad El mercado de humos), pero sí quería aprovechar el dato para destacar que cuando se habla del metano el debate se suele centrar en la ganadería, pero muy poco en la fermentación de la materia orgánica en vertederos. La reciente cumbre de Glasgow planteó la reducción de sus emisiones en un 30% para 2030 respecto a los niveles actuales. Pero las cifras que se van a invertir son (again!) ridículas:

300 millones de dólares entre 103 países, hagan cuentas.

Volviendo al asunto de los residuos y su reciclado, los nuevos objetivos marcados por Europa (abril de 2018) son aún más ambiciosos que en la década precedente:

  • Para 2025, los Estados miembros deben reciclar un 70 % de los metales ferrosos y residuos de vidrio, un 65 % de los envases, un 75 % del papel y el cartón, un 50 % de los residuos plásticos y de aluminio y un 25 % de la madera.
  • Para 2030, un 80% del papel y el cartón, un 70 % de los envases, un 80 % de los metales ferrosos, un 75 % del vidrio, un 60 % del aluminio, un 55 % del plástico y un 30 % de la madera.
  • Las metas fijadas para los residuos municipales suponen que su reciclado debe ser de al menos un 55 % en 2025, un 60 % en 2030 y un 65 % en 2035. También propone reducir el desperdicio de alimentos en un 50 % para 2050 y que solo un 10 % de los residuos municipales terminen en vertederos en 2035.

Me quedo con este último dato. Si se pretende que apenas un diez por ciento de los residuos acaben en vertederos, o que el reciclado alcance las cotas fijadas por la Unión Europea, no queda otra que realizar inversiones serias y potentes en la materia. El sector de tratamiento de residuos calculó las inversiones necesarias en 10.000 millones de euros, incluyendo en esa cifra no solo la construcción y mejora de las plantas de tratamiento, sino también la implantación de la movilidad eléctrica en la flota de vehículos municipales de limpieza viaria y recogida de residuos (unos 20.000 vehículos).

Apenas se ha invertido en plantas de tratamiento de residuos en España en la última década debido a la situación de buena parte de las administraciones públicas, y la ocasión que brindaban los Fondos Next Generation para modernizar las instalaciones era única. El sector proponía la mejora de la recogida selectiva, incorporando otros residuos como los aceites de cocina o el textil, y la investigación en nuevas tecnologías de valorización de residuos para obtener más y mejores materias primas secundarias a partir de los residuos, pero la sensación que queda es de ocasión perdida. Según Mariano Sancho, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano, de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, apenas 3.782 millones se destinarán a la Estrategia de Economía Circular, de la que además no se ha especificado las partidas destinadas a valorización de residuos, mejoras de infraestructuras de reciclaje o electrificación de las flotas de servicios urbanos. Como aspecto positivo al menos, cabe destacar que se trata de una partida muy superior a los 400 millones de euros asignados en los Presupuestos Generales del Estado para la materia, una cantidad irrisoria cuando se habla continuamente de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Siguen pasando los meses, se avanza muy lentamente y apenas hay noticias del destino de los fondos. El tiempo apremia si se pretende alcanzar los objetivos intermedios, los de 2025. Las inversiones en plantas de residuos manejan plazos amplios de proyecto, licitación, recursos, ejecución y puesta en funcionamiento, y 2030 está a la vuelta de la esquina. Se presentaron 1.300 proyectos de fomento de la economía circular al Miteco, luego la excusa no puede ser que no exista una idea clara de qué hacer con los fondos. La colaboración público-privada será fundamental para revertir el proceso actual. Hay cientos de ideas interesantes para robotizar las plantas e incrementar su eficiencia, para aumentar los usos del subproducto generado y reducir el residuo que se lleva al vertedero, para recoger el aceite usado, primar el retorno de envases o sustituir el plástico o el papel. Muchas de ellas provienen de pequeños empresarios con grandes ideas y mucho entusiasmo. En algunos de los sectores más contaminantes, como el textil, aparecen empresas como Ecoalf o Sepiia, que producen a partir de material reciclado. Pero todo esto no es posible sin el apoyo de los consumidores y sin medidas adicionales que se tienen que tomar desde el propio gobierno. Una de estas prendas no puede competir en precio (ni lo pretende) con una camiseta traída de China, Bangladesh o Vietnam, luego quizás haya que completar las medidas con el establecimiento de aranceles verdes, un impuesto en frontera para evitar la competencia no sé si desleal de productos producidos en países con menores exigencias en materia de sostenibilidad o derechos de los trabajadores.

No es una buena época para incrementar los impuestos y aquí se habla de dos: el de eliminación de residuos en vertedero y el «arancel verde». Pero está claro que mientras sea más barato llevar los residuos a un vertedero que gestionarlos, o producir de cualquier manera que hacerlo de manera sostenible, seguiremos en una situación similar.