JOSEAN, 14/03/2021
Hace apenas una semana se presentaban las cifras de empleo de febrero y con ellas, la evolución de los últimos doce meses. El pre-Covid y el «on-Covid», sin que veamos todavía el post-Covid que estamos deseando comenzar de una vez. Desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia y se decretó el estado de alarma, la situación económica es dramática, tanto para empresas como para autónomos y familias. El paro supera de nuevo los cuatro millones, cifra que no se superaba desde abril de 2016. A esa cifra habría que añadir las 900.000 personas que se encuentran actualmente en ERTEs y los 510.000 autónomos que permanecen en situación de cese de actividad.
El panorama es desolador, y con el aumento del paro lógicamente crece la desigualdad. Según un reciente informe de Oxfam, la tasa de pobreza severa en España (considerando como tales a aquellas personas que viven con menos de 16 euros al día) ha aumentado del 9,2% de la población al 10,86%, lo que supone añadir 790.000 personas a ese triste grupo de gente que malvive por debajo del nivel de subsistencia. Casi 800.000 nuevos pobres.
Los datos del paro se pueden analizar desde diversos puntos de vista. Llama la atención el sexo de los parados, puesto que 2.304.779 mujeres están en situación de desempleo, mientras que los hombres se quedan en una cifra lejana: 1.704.010, «apenas» el 42,5%. Estos datos sitúan la tasa de desempleo femenino en el 19,3%, mientras que la masculina está en el 14,1% (Datos del Informe de la Fundación Adecco). Desigualdades de todo tipo, por sexo, por comunidades y por edad.
Se incide mucho en la tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años, cercana al 50%, un dato cuatro veces por encima del existente en países como México o Corea del Sur. Según los datos del último INE, de los cuatro millones de parados, 366.403 tienen menos de 25 años. En muchos casos se trata de jóvenes recién salidos de la formación profesional o de la universidad, con idiomas o másteres diversos, que no encuentran su hueco en el mercado. Buena parte de ellos emigrará, otros cuantos opositarán, y muchos caerán en el desánimo. No es consuelo, pero muchos de ellos seguirán viviendo de (y con) sus padres más tiempo del que les gustaría, a la espera de que lleguen tiempos mejores.
Hay otro grupo de edad al que se presta menos atención, que es el de los mayores de 50 años. Hablamos de 936.200 personas, es decir, cerca de la cuarta parte de los parados actuales. En su caso la situación se agrava puesto que la mayoría tiene cargas familiares y un horizonte incierto por delante, con la jubilación aún lejos de su alcance. Y desde luego las posibilidades de lograr un contrato disminuyen enormemente tras pasar la barrera psicológica de los cincuenta. La Organización Mundial de la Salud identifica la discriminación por razón de edad al mismo nivel que la discriminación por sexo o raza, y en el caso de la edad el problema aumenta a medida que pasa el tiempo o cuanto mayor sea la edad. Más del 70 por ciento de los parados mayores de 55 años son desempleados de larga duración, es decir, llevan más de un año sin encontrar trabajo. Surgen así nuevas desigualdades, que se acrecientan si añadimos el factor sexo a los datos. Según el mencionado Informe de Adecco, el 57 por ciento de los desempleados de larga duración son mujeres y en el tramo superior a los 55 años suponen casi dos tercios del total:
En este blog ya dediqué una entrada a la brecha salarial y otra a esa enorme diferencia (que además se ha incrementado) entre directivos y empleados, una auténtica grieta salarial creciente relacionada con el momento en que cada generación se incorporó al mercado de trabajo y comenzó a ocupar los puestos de responsabilidad. En el mencionado tramo de edad por encima de los 50 años van a convivir los trabajadores con el sueldo normalmente más alto de las compañías y los desempleados de larga duración cuya pensión se va a reducir de manera considerable.
No voy a extenderme más en estos asuntos porque lo que me interesaba era resaltar algunas diferencias que se están produciendo y aumentando en el sistema. La propia Covid-19 se ha cebado de modo distinto entre hombres y mujeres. Según el Informe del INE, el número de hombres fallecidos por Covid-19 es superior en todos los tramos de edad por debajo de los 85 años, y solo es superado por encima de esta barrera, fundamentalmente porque hay el triple de mujeres que de hombres en esos rangos de edad.
Buceando en los datos del INE se pueden encontrar esas estadísticas que aparecen de manera excepcional en las noticias, como son las cifras (escalofriantes por otro lado) de suicidios en España. En una consulta rápida obtengo los siguientes resultados:

El suicidio es la primera causa externa de muerte en España, por encima de los accidentes de tráfico. No podemos entrar a averiguar las causas que motivaron estas tragedias, pero llama la atención que se repita la proporción de uno a tres entre mujeres y hombres a lo largo de toda la serie temporal. Las cifras son terribles, suponen más de diez suicidios diarios, motivo por el que numerosas voces llevan años reclamando un Plan Nacional para la prevención del suicidio, considerado por la Organización Mundial de la Salud como un grave problema de salud pública.
Sigo la evolución de esa estadística desde hace tiempo y siempre me ha sorprendido la «estabilidad» de las cifras, la anomalía que suponen en un país en el que (creo) se vive tan bien. Como también me asusta la estadística de los accidentes laborales, otra lacra que, pese a haberse reducido en los últimos años, sigue en unas cifras escalofriantes. En 2020, y pese al parón de actividad, fallecieron 708 trabajadores, 595 de ellos en accidentes durante la jornada de trabajo y 113 durante los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo, los llamados «in itínere».

Entrando en el detalle de esas cifras se advierte una diferencia importante por el sexo de los fallecidos, 565 de los cuales eran hombres y 30 mujeres. Quizás se deba al peso mayoritario de los hombres en sectores como la construcción, la industria o el transporte, donde apenas hay presencia de mujeres, pero no deja de resultar llamativo. Los partidos en el poder presentaron una norma seguramente inconstitucional para promover la presencia de mujeres en las llamadas carreras STEM (ciencias, tecnológicas, ingeniería y matemáticas), pero evidentemente no les interesó forzar un cambio de paradigma en estas otras profesiones en las que las mujeres están infrarrepresentadas.
Finalmente retiraron la propuesta e hicieron bien, porque vistas las explicaciones que daban algunas sobre esta medida, caían en actitudes machistas que teníamos ya olvidadas. Los porcentajes tan desiguales en la estadística de los accidentes laborales son similares, pero a la inversa, a los porcentajes de los fallecimientos (llamémoslos asesinatos) por violencia de género o violencia doméstica. Una auténtica lacra que por desgracia no reduce sus cifras año tras año.

Todas las estadísticas nos llevan a conclusiones evidentes: aumentan las desigualdades de todo tipo. Entre ricos y pobres, entre contratos fijos e indefinidos, salariales, generacionales, por razón de sexo,… La pandemia lo ha agravado todo y solucionarlo requiere de políticas activas de diversos ministerios: Empleo, Hacienda, Economía, Sanidad, Inclusión, Seguridad Social,… En España estamos tan convencidos de corregir las desigualdades que hasta tenemos un Ministerio para luchar contra todas ellas desde «una perspectiva de género». Los resultados saltan a la vista:
- España es el país de la Unión Europea donde más crece la desigualdad salarial.
- Solo las mujeres portuguesas han perdido más poder adquisitivo que las españolas en este último año.
- España es el país de la Unión Europea en el que más ha crecido el paro femenino.
- España cae diez puestos en el índice de bienestar para las mujeres, según la universidad de Georgetown.
Evidentemente, la evolución de estos datos económicos no depende del Ministerio de Igualdad, cuya agenda ha estado marcada por otros asuntos, como los intentos de aprobación de la Ley de Libertad Sexual y el Proyecto de Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las personas Trans. ¿Entonces, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación no ha sido parida en ese Ministerio? Pues tampoco, puesto que fue aprobada en el Consejo de Ministros a iniciativa del PSOE y con la abstención de Podemos, pese a contar con toda una ministra de Igualdad de dicho partido en el gobierno. Las diferencias entre los dos partidos de gobierno son evidentes en numerosos asuntos de esta índole, pero quizás la titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, ha estado del lado de las asociaciones feministas y todo se debe a una persecución constante de su actividad por parte del «heteropatriarcado» más rancio y caduco. Lo cual me cuadra mal con el hecho de que un centenar de asociaciones y colectivos feministas hayan reprobado su primer año de gestión por considerar que está cayendo en una «deriva antifeminista». O a mi modo de ver, en una pelea absurda entre mujeres y hombres.
El presupuesto del Ministerio de Igualdad o «igual da» se ha incrementado hasta los 451 millones de euros para 2021. Suponemos que la ministra en cuestión es una persona preparada para gestionar estos fondos, más los que tienen que llegar de Europa, porque pensar que ha llegado al puesto por sus relaciones personales sería de un machismo insoportable. Sería algo parecido a lo que se dijo de Ana Botella, que pese a ser licenciada en Derecho, haber obtenido la oposición al Cuerpo de Técnicos de la Administración Civil del Estado y tener amplia experiencia en diversas Administraciones Públicas, se le acusó de llegar al cargo por ser «la mujer de» o «elegida a dedo por», lo cual, visto cómo se cuecen las cosas en política, puede tener mucho de cierto. A mí personalmente, Ana Botella nunca me gustó y me incomodaba su modo de explicarse, pero el machista insoportable que pronunció aquellas palabras fue Pablo Iglesias.
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