El Día de la Marmota del cambio climático

JOSEAN, 16/11/2021

En la prórroga y con una reducción de objetivos provocada por las presiones de algunos países, la Cumbre de Glasgow sobre el cambio climático ha cerrado con un acuerdo que, en palabras del propio presidente de la COP26, Alok Sharma, resulta «imperfecto». Entre los principales puntos de la declaración destacan:

  1. Los países se comprometen a poner en marcha “todos los esfuerzos necesarios” para que la temperatura del planeta no se incremente por encima de los 1,5 grados y que de ese modo se puedan evitar “los impactos más catastróficos del cambio climático”.
  2. Reducción de emisiones: los países se comprometen a limitar sus emisiones y a implementar las medidas necesarias para el control de las mismas mediante la presentación de planes que se revisarán periódicamente.
  3. Financiación del fondo: los países desarrollados «deben» contribuir al mecanismo de financiación de 100.000 millones de dólares anuales para la mitigación y adaptación de sus sistemas de los países en desarrollo.
  4. Objetivo a largo plazo: los firmantes se comprometen a alcanzar el objetivo de emisiones cero «tan pronto como sea posible», poniendo los mecanismos necesarios para reducir las emisiones y compensar las mismas con la adopción de otra serie de medidas.
  5. El cumplimiento del acuerdo dependerá de los propios países firmantes, de su transparencia (y casi buena fe, añadiría) y no se establece un régimen fiscalizador, ni sancionador del mismo.

Los dirigentes de los países firmantes se han felicitado por el acuerdo alcanzado, mientras que los grupos ecologistas critican su falta de ambición y la poca concreción de las propuestas. El caso es que estos días leía sobre los avances de la cumbre de Glasgow y me sonaba todo muy conocido, tanto, que he hecho trampas: estos cinco puntos que acabo de escribir, así como las reacciones tras la declaración conjunta, no corresponden al acuerdo alcanzado ayer, sino a los compromisos firmados en el Acuerdo de París en 2015. ¡La mayoría son calcados! Y para que vean que no exagero, dejo aquí un resumen de la declaración firmada este fin de semana:

  1. Los países deberán revisar sus compromisos climáticos con objeto de reducir las emisiones un 45% en 2030 respecto a las existentes 2010, con el objetivo de que la temperatura del planeta no se incremente más allá de 1,5 grados.
  2. Los países reconocen la necesidad de destinar recursos financieros, tecnológicos y de capacitación para adaptarse a las exigencias del cambio climático y presentarán sus planes en la COP27, para que toda la información esté disponible en 2023.
  3. Financiación del fondo: los países firmantes reconocen la urgencia de dotar dicho fondo para facilitar la adaptación de los países en desarrollo, para lo cual los países desarrollados deberán duplicar sus aportaciones en 2025 respecto a las realizadas en 2019.
  4. Objetivo a largo plazo: los firmantes se comprometen a alcanzar las emisiones cero de CO2 en el año 2050, y una reducción significativa de otros gases de efecto invernadero. Los países firmantes se comprometen a presentar sus planes para 2030, así como las estrategias para 2050, que serán objeto de revisión y seguimiento anuales.
  5. Transparencia: se finalizaron (¡por fin!) las reglas del Acuerdo de París, los mecanismos de cooperación, el marco de transparencia y la unificación de los plazos y esquemas de los compromisos de todos los firmantes. Era una demanda del sector privado desde 2015, pues se consideraba básico para generar confianza y credibilidad en el sistema.

Los firmantes se felicitaron por el acuerdo alcanzado: “Creo firmemente que el texto refleja un equilibrio de los intereses de todas las partes y nos permite actuar con la urgencia que es esencial para nuestra supervivencia”, dijo Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de los negociadores europeos. Por el contrario, las ONG lamentan su poca ambición y la vaguedad de sus propuestas. «Las buenas palabras no nos salvarán de la crisis climática», ha dicho Tatiana Nuño, Responsable de Cambio Climático de Greenpeace España, «necesitamos acción, medidas urgentes para transformar rápido los sectores responsables del cambio climático y abandonar los combustibles fósiles». Para Amigos de la Tierra, el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados se aleja y condena «aún más» a los países del sur.

Con pequeñas variaciones, este breve resumen es calcado al del Acuerdo de París. ¡Seis años después! ¿Entonces? ¿Le damos la razón a Greta y su “bla, bla, bla”? La eliminación de los combustibles fósiles y de las subvenciones a los mismos por parte de algunos países fue modificada en la declaración final (el borrador anunciado el miércoles era mucho más drástico) y quedó finalmente en un compromiso de reducción paulatina. Los medios señalaron a la India, Sudáfrica y China como los principales impulsores de esa reducción del objetivo, pero algo tendrían que ver también los lobbys de los combustibles fósiles acreditados en la Cumbre de Glasgow. Hasta 503, según The Global Witness, más que cualquier otra delegación o país asistente. Un peso muy superior al de los ocho países que están sufriendo en mayor medida los impactos del cambio climático, según la misma organización: Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, Mozambique, Bahamas, Bangladesh y Pakistán.

Pero no todo es negativo, o así debemos creerlo, y la declaración conjunta y por sorpresa de que los dos países más contaminantes del planeta, China y Estados Unidos, se comprometían a cooperar en asuntos climáticos durante la próxima década parece a priori una buena noticia. Está por ver en qué queda esa cooperación, pero de momento ambos gobiernos pretenden avanzar en materia de descarbonización, transición hacia una energía limpia y el control de las emisiones de metano.

Tras los primeros esbozos del Acuerdo de París sobre la creación de un mercado global de derechos de emisión de CO2, con todas sus imperfecciones (recordad El mercado de humos), parece que tras la Cumbre de Glasgow se avanzará en un sistema de medición, control y posterior compensación bastante más fiable que el actual. Soy bastante escéptico al respecto. Durante la propia cumbre supimos de un informe del The Washington Post en el que concluía que la mayoría de países falseaban los datos sobre sus emisiones contaminantes. Unos países no actualizan sus datos, otros omiten los gases fluorados artificiales (aire acondicionado, por ejemplo) o los productores de petróleo evitaban incluir las emisiones de metano en sus informes. The Washington Post calcula que el error de cálculo en las emisiones oscila entre los 8.500 millones y los 13.000 millones de toneladas anuales, es decir, un error una omisión de entre el 16 y el 23% de los gases emitidos a la atmósfera. Y si el error se da en las mediciones de lo emitido, no tengo la más mínima duda de que también lo hará en las aplicaciones de medidas de compensación (en la propia web del Ministerio).

Al final creo que los avances escasos en estos asuntos hacen que incluso los que no somos negacionistas dudemos de todo lo que se nos cuenta. Muy bien, el lenguaje es más agresivo, hemos pasado del calentamiento global al cambio climático, a la emergencia climática, al no retorno del planeta, a la «massive destruction» de esa niña aupada a los altares por los medios, han pasado seis años de París, ¿y ahora qué? Más de lo mismo. Pues no sería para tanto, dirán algunos. ¿Dónde quedó el agujero de la capa de ozono que iba a condenar irremisiblemente al planeta? Pues en 2019 alcanzó su mínimo histórico, y si bien ha incrementado su tamaño en los últimos dos años, parece que habrá desaparecido por completo para 2060 ó 2080. Lo que puede dar argumentos a un negacionista es precisamente una prueba palpable de todo lo contrario, de que con medidas acertadas y consensuadas se puede revertir un proceso tan peligroso como nos contaban que era este. Y nuestro desconocimiento es parte del problema, hasta el punto de que ya nos fiamos de todo lo que nos cuentan con la misma confianza ciega que los habitantes de Pensilvania acerca de la longitud de la sombra de la marmota para predecir el final del invierno.

Hay mucho trabajo por hacer en este Día de la Marmota del cambio climático, otra cosa bien distinta es que la clase política, tan pendiente del corto plazo, afronte compromisos para varias generaciones. Qué bien nos lo ha explicado (una vez más) El Mundo Today:

El mercado de humos

JOSEAN, 17/10/2021

Vaya por delante que no soy ningún experto en la materia y que es muy posible que cometa errores, por más que haya tratado de documentarme sobre el tema, así que agradeceré al amable lector que me corrija cualquier imprecisión que haya cometido en este post. No voy a hablar de la factura de la luz, ni del disparatado precio del megavatio hora con el que nos desayunamos cada mañana, pero sí de uno de los componentes del mismo que me resultan más ininteligibles: el precio de los derechos de emisión.

La tarifa de la luz que se paga en los hogares se compone de dos grandes capítulos:

  • El coste de la energía, que se establece mediante una subasta en el llamado mercado spot, mercado mayorista.
  • Los costes regulados, donde entra toda la «política» de los gobiernos anteriores y presentes: impuestos como el IVA y los de la producción, el déficit de tarifa de la época de Aznar, las primas a las renovables de los tiempos de Zapatero, la moratoria nuclear, los cierres del carbón, los peajes de transporte y distribución, alquileres de contadores, los sobrecostes de producción no peninsular, costes de comercialización,…

Según un estudio del Banco de España publicado en agosto de este año (cuando el precio del megavatio hora era aproximadamente la mitad del actual), el cincuenta por ciento del incremento del precio de la electricidad se debe al encarecimiento del gas, y entre un veinte y un veinticinco por ciento es culpa de la subida del precio de los derechos de emisión. Luego estas dos variables explican tres cuartas partes de la acongojante subida, una subida que no solo afecta a las familias y particulares, sino a todo el tejido empresarial.

Sobre el precio del gas y las alternativas (ninguna en el corto plazo) ya han escrito mucho los expertos en la materia y no me voy a extender. Está totalmente desbocado debido al crecimiento de la demanda (fundamentalmente de Asia), la menor producción, las menores reservas existentes y los conflictos en países productores. Es algo que entra en mi obtusa cabeza: un bien escaso y necesario que sube de precio por el incremento de las necesidades de los países occidentales y ahora también de los asiáticos.

¿Pero a qué se debe el crecimiento no menos desbocado de los derechos de emisión? Los derechos de emisión son un coste que las empresas emisoras de CO2 deben afrontar y constituyen la aplicación práctica del principio de «quien contamina, paga». El primer mercado de derechos de emisión fue creado por la Unión Europea tras los acuerdos establecidos en el protocolo de Kioto de 2005. Según la web del Ministerio para la Transición Ecológica, este mercado «Cubre, en los 27 Estados miembros, las emisiones de CO2 de las siguientes actividades: centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras». Se ven afectadas por el mismo más de 10.000 instalaciones y más de 2.000 millones de toneladas de CO2, «en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Comunidad». ¿Solo el 45%? En fin. Sé que hay entidades que calculan las emisiones de cada instalación y agencias verificadoras de las mismas, pero desde que se creó no dejo de pensar que se trata de un mercado de «humo» de difícil control y seguimiento, pero, ¿por qué ha subido el precio de estos derechos?

El Acuerdo de París de 2015 tenía como objetivo lograr en 2030 una reducción del cuarenta por ciento de las emisiones en comparación con las cifras de 1990. Básicamente el Acuerdo pretendía fomentar el uso de energías renovables, menos contaminantes, por la vía de penalizar la producción basada en el uso de combustibles fósiles. Los derechos de emisión tenían una cierta estabilidad de precios en el mercado. Hace apenas tres años, el precio se movía entre los 6 y los 8 euros por tonelada, y en los años precedentes estuvo entre los 3 y los 4 euros, lo que hacía que fuera barato producir con tecnologías más contaminantes. La gráfica de lo ocurrido en 2021 con el precio de estos derechos recuerda a la cotización de las acciones de algunas compañías durante los años de la burbuja de las tecnológicas:

El precio ha llegado a superar los 60 euros por tonelada. Para el que quiera seguir la evolución de este curioso indicador, tiene la web del Sistema Europeo de Negociación de CO2, Sendeco2. Lo que ha sucedido para alcanzar esta locura es que el pasado mes de diciembre, el Consejo Europeo aprobó un acuerdo vinculante para elevar esos objetivos de reducción desde el 40% al 55%, y a menores derechos, lógicamente, mayores precios, puesto que las compañías tienen que adquirirlos para compensar sus emisiones. Pero no sé si solo esa decisión es la causante del incremento tan brutal, sino que, como apunta el Banco de España, «La escalada de los precios ha sido de una magnitud tan elevada (un 71% entre diciembre de 2020 y junio de 2021) que, según algunos analistas, no puede descartarse que exista un componente especulativo significativo».

Hace poco más de un mes leí este artículo del Wall Street Journal que decía que las compañías norteamericanas estaban calculando sus emisiones, pero que las mismas podían ser «tricky», es decir, directamente tramposas. Ponía ejemplos de Apple, Procter & Gamble o el (especialmente llamativo) caso de Microsoft, que había «recalculado» sus emisiones de 22 millones de toneladas a solo 11 por la aplicación de otra metodología de cálculo. Sé que no es lo mismo el mercado europeo que el norteamericano, y que sus cálculos tienen como objeto reportar a la SEC y a sus inversores de acuerdo con parámetros de sostenibilidad, pero no deja de ser significativo lo que el artículo explica acerca del cachondeo de la medición de las emisiones.

El artículo concluye destacando el hecho de que en Estados Unidos no hay un procedimiento estándar de verificación, ni quiénes deben realizarlo. La mayoría de empresas del S&P 500 realizan sus análisis con empresas de ingeniería o consultorías, generalmente menos rigurosas (según el artículo) que las auditoras externas de reportes financieros. Pero insisto, es Estados Unidos, y el objeto de estas mediciones es diferente al mercado europeo. ¿Y China? El dragón rojo, el país que más contamina del mundo con diferencia (el doble que Estados Unidos, según ClimateTrade) puso en marcha este verano de 2021 su mercado de derechos de emisión, que en una primera fase afectará solo a las empresas energéticas, responsables de la séptima parte de las emisiones totales del planeta. Será el mayor mercado del mundo y esperemos que, aunque tarde, sirva para reducir de manera considerable las emisiones del gigante asiático antes de 2030, un tema que no entraba entre sus prioridades.

El gráfico es ilustrativo: mientras la Unión Europea realiza esfuerzos para reducir sus emisiones, China las multiplica de manera exponencial sin reparo. Un factor más que añadir a la hora de explicar la falta de competitividad de las empresas europeas.

Lo curioso de este mercado de humos, perdón, de derechos de emisión de CO2, es que el gran beneficiado por su exorbitante incremento es precisamente el Estado, que percibirá en 2021 unos ingresos de unos 3.526 millones de euros, cuando la estimación de principios de año era de apenas la mitad, 1.700 millones. El incremento del precio de la luz ha tenido como efecto colateral positivo que el Estado haya visto incrementados sus ingresos por IVA, por costes de producción, por derechos de emisión de CO2 y por impuestos especiales, ingresos que van a compensar el fiasco de la recaudación por otros impuestos, como las llamadas tasas Google y Tobin, que apenas han recaudado un veinte por ciento de lo estimado inicialmente.

El incremento de los ingresos del Estado por la subida del precio de la luz da un margen al gobierno para adoptar medidas que contribuyan a paliar sus efectos sobre los particulares, y por ese motivo, en palabras del presidente Pedro Sánchez esta misma semana, nos «devolverán» en el recibo de diciembre buena parte del sobrecoste cargado en los meses anteriores. Nos lo venderán como una paga extra de Navidad, estoy convencido de ello, pero lo veo más bien como una devolución de un anticipo.

Voy cerrando ya el post, que es fin de semana, hora valle, y si sigo escribiendo hasta mañana se me triplicará o cuadruplicará el coste del consumo. Del cálculo de las emisiones que he necesitado para la escritura de este artículo, que hablen los gurús.