JOSEAN, 15/12/2024

Si la primera parte de estos textos se centraba en las posibles causas que generaban un número creciente de licitaciones desiertas o con un solo competidor (recapitulemos: presupuestos de licitación obsoletos, ausencia de mecanismos de revisión de precios, hiperregulación, procedimientos largos y complicados, competencia de empresas públicas), esta segunda parte se centrará en las medidas que diversos sectores solicitan desde hace años para revertir la tendencia.

1. Modificar o, mejor, derogar la ley de desindexación de precios.

Es una petición que viene de lejos. La ley de desindexación de precios, pergeñada en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, entró en vigor en 2015 en un contexto inflacionario completamente distinto al que hemos padecido los últimos ejercicios. La norma pretendía evitar los «efectos de segunda ronda» y mantener controlados los precios de los contratos del sector público con una serie de medidas más que discutibles. Algunas de ellas fueron acertadas, las menos, y la mayoría fueron totalmente desafortunadas, como se ha visto en estos últimos ejercicios. No deja de tener su gracia recuperar hoy algunas de las notas que publicó el Ministerio cuando la ley fue aprobada:

Mejora «la competencia efectiva», «mayor eficiencia de los contratos». Ya lo estamos viendo. La ley se ha aplicado en numerosos casos solo en su apartado de «no-revisión de precios del sector público», sin tener en cuenta lo que la propia ley reflejaba sobre revisiones excepcionales o las necesarias causadas por situaciones extraordinarias como las de los últimos ejercicios, con los incrementos de precios de la energía, los costes laborales por cambios normativos o la inflación provocada por la guerra de Ucrania (Greenflation y «ukrainflation»).

La reivindicación de la patronal para incorporar las subidas de costes laborales a los precios de los contratos del sector público fue acordada con los sindicatos en 2023, pero no se ha hecho efectiva tras ninguna de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (La subida del SMI y las revisiones de precios de los contratos públicos).

Yolanda Díaz se abre (¡por fin!) a incorporar al menos el impacto de las subidas del SMI aprobadas por su gobierno y reconoció durante el reciente congreso de UGT que «esa ley de desindexación es un ejemplo de relación tóxica entre los servicios públicos y el mercado». Ha tardado seis años en darse cuenta, pero es un avance. «Esta ley es un residuo de la España de los recortes, que continúa a día de hoy perjudicando a la calidad de los servicios públicos y a los trabajadores de multitud de concesionarias públicas de nuestro país». Durante su discurso, planteó una modificación de la ley, pero casi al mismo tiempo indicó que no está en sus manos: «veremos quién nos acompaña en el trámite parlamentario». En anteriores ocasiones, la modificación se ha visto frenada por el ministerio de Hacienda.

El problema es que no solo se ha modificado el SMI, con un alza del 54 por ciento en los últimos seis años, sino las cargas sociales, que vuelven a incrementarse el 1 de enero, las obligaciones para las empresas (registro de jornada, planes de diversidad, desconexión digital) o ahora, como se pretende, la reducción de jornada sin disminución del salario. Y todo ello tiene un coste. El lenguaje conciliador de la ministra de Trabajo no ha sido mantenido por el secretario de Estado, Joaquín Pérez-Rey.

Ambos pertenecen al mismo grupo político, pero quería traer esta disparidad de tono para hablar del segundo punto: las diferencias de intereses de los partidos que conforman la coalición de gobierno y cómo afectan a las empresas.

2. La seguridad jurídica.

No quiero ser reiterativo con este asunto, que ya ha salido numerosas veces en este blog, durante este gobierno y durante las legislaturas anteriores de Mariano Rajoy. Así, a modo de resumen:

• Hiperregulación (I): situación.
• Hiperregulación (II): efectos.
• Hiperregulación (III): competitividad.
• Un nuevo impuesto para cada problema, un nuevo problema tras cada impuesto.
• El problema del plástico y el problema del impuesto al plástico.
• El «arancel verde»: el CBAM.
• Las reformas en el Impuesto de Sociedades. Dos partes, con las herencias de Montoro a Montero.
• La seguridad jurídica salta por los aires (I) y (II).
• Resoluciones injustas a sabiendas.

Se legisla mucho, en exceso, y, aún peor, de forma contradictoria, lo que genera nuevos problemas, como varios de los mencionados en los post anteriores. El asunto de actualidad que condiciona las últimas semanas es el de la negociación de los apoyos parlamentarios, con los impuestos a la banca y a las energéticas en el centro del conflicto, y con cambios de criterio en función de si se habla con Junts y el PNV, o con ERC y Sumar.

El impuesto a las energéticas o la subida del diésel son solo dos ejemplos más, porque en esta negociación pesa más el factor ideológico que el económico y, para más inri, los grupos que conforman la coalición condicionan su apoyo al gobierno en función de la obtención de sus reivindicaciones. Dentro del paquete de medidas se incluyen varias que afectan a los licitadores de los contratos públicos, como los nuevos impuestos creados o por crear, los incrementos de los existentes, también sobre la energía, el aumento de los costes laborales por la vía de las cotizaciones sociales (again!) o la reforma del Impuesto de Sociedades que aprueba de nuevo lo que el Constitucional derogó («Montorazo»).

Con todos estos cambios y sin una posibilidad real de trasladar los costes a los precios facturados a la administración resulta muy complicado para las empresas preparar una oferta. Por eso, ante un escenario incierto, en muchas ocasiones se opta por no acudir al concurso, aunque se pueda perder lo que siempre se había considerado una buena oportunidad.

Otro problema, y no menor, es que parece que al gobierno, o al menos a una buena parte de sus socios, no les importa que las empresas se sientan incómodas operando en nuestro país, y así ocurre que, por desgracia, numerosas empresas grandes hayan optado por aumentar su presencia en el extranjero y reducirla en nuestro país. Igual que los alemanes se sienten orgullosos de su Volkswagen o los italianos de Fiat, o los franceses de Louis Vuitton o Carrefour, no digo que aquí lo estemos de los grandes grupos españoles que compiten en la primera división en todo el mundo, pero, al menos, que no parezca que se los persiga. Ferrovial, Sacyr, Telefónica, Iberdrola, Inditex, los grandes bancos… En lugar de ello, parece que algunos prefieran que se busquen la habichuelas en el exterior (más del 85 por ciento de los ingresos de ACS ya provienen de otros mercados, por ejemplo), o que vendan las participaciones en negocios, como ha ocurrido con el sector de los servicios urbanos, esas «concesionarias públicas» de las que hablaba Yolanda Díaz.

ACS vendió Urbaser a un grupo chino, quien a su vez lo vendió después a un fondo americano. Ferrovial vendió sus divisiones de residuos a la alemana PreZero y la de facilities management a un fondo español (Portobello). Sacyr hizo lo propio y vendió su división de residuos al fondo americano Morgan Stanley y la de facilities al mismo fondo Portobello. No es casualidad que se trate de divisiones con un alto peso de los costes laborales en sus cuentas y una fuerte dependencia de la contratación pública.

3. Incremento de la colaboración público-privada.

En lugar del enfrentamiento actual, que mantiene preocupados (y muy cabreados) a la CEOE, la Cepyme y al resto de organizaciones empresariales, sería muy útil mejorar la colaboración, como se hace en el resto de Europa y prácticamente en todo el mundo empresarial occidental. La persecución a Ferrovial fue tachada por algunos medios de «cacería», de «aviso para navegantes», y tuvo un cierto componente de amenazas, con llamadas directas de Nadia Calviño y declaraciones directas de miembros del gobierno sobre la empresa y su presidente. Entre los argumentos esgrimidos por el presidente de la CEOE sobre la posible salida de más empresas españoles estuvieron los factores comentados y más que repetidos: el incremento de los costes laborales y de la presión fiscal.

Es una pena que, en un momento en el que hay fondos europeos para acometer inversiones necesarias en numerosos sectores, proyectos que solo pueden gestionarse técnicamente desde la empresa privada, se queden todos esos concursos desiertos o sin apenas competencia. Sectores en los que, además, la Unión Europea ya ha sancionado a España por los incumplimientos de la normativa comunitaria (emisiones, residuos, depuración de aguas). Y es una pena aún mayor si pensamos que el gasto público ha crecido en los últimos ejercicios, pero no lo han hecho las inversiones productivas, necesarias en sectores cuyas infraestructuras han quedado obsoletas en la última década. No hay que bucear mucho para encontrar las demandas de los diversos sectores en infraestructuras de transporte, redes para electrificación, tratamiento de residuos, gestión del agua, planes hidrológicos, limpieza de cauces e infraestructuras hidráulicas,…

4. Simplificación de los procesos.

Me repito con todo lo ya explicado anteriormente. Algunas asociaciones empresariales solicitan modificar la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, vigente desde 2018). Una ley que sustituyó la de 2011, que a su vez modificaba la de 2007 más los apartados rectificados en 2010… Quizás el problema no sea legislar cada pocos años e incorporar nuevos artículos o más normativa, sino simplificar algunos procesos. Reducir tiempos y ser más eficientes, sin perder transparencia, una carta a los Reyes Magos: todo el que ha trabajado en estos sectores sabe que muchas de las regulaciones sirvieron afortunadamente para frenar la corrupción en los procesos de licitación y en las modificaciones contractuales.

El Mundo publicaba el domingo pasado un artículo titulado El movimiento de la riqueza, escrito por Francisco Pascual. En el mismo, mencionaba dos informes: el elaborado por UBS bajo el título La riqueza en movimiento y el de Christine Lagarde, Fuera de la zona de confort: Europa ante el nuevo orden mundial. «En el fondo hablan de lo mismo», concluye el periodista, «El dinero irá donde haya más seguridad jurídica, menos burocracia y más rentabilidad en el largo plazo». Pero qué sabremos algunos, los que creemos que las empresas españolas tienen un gran potencial, igual que el propio país, y que las cosas nos irían mucho mejor si se simplificara tanta normativa improductiva. ¡Coño, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos!