JOSEAN, 26/06/2024
Se han publicado recientemente las estadísticas agregadas de 2023 sobre la producción normativa del Estado y las comunidades autónomas, y la situación apenas ha mejorado respecto al año anterior. El pasado ha sido el segundo año de la década con mayor número de páginas publicadas en los boletines oficiales, con unas cifras muy cercanas a las de 2022, casi 1,3 millones de páginas. Si tenemos en cuenta que el gobierno estuvo en funciones casi cinco meses, se comprueba que el parón no sirvió de freno en su capacidad para legislar en exceso y, en ocasiones, con precipitación.
Pese al cierre temporal en las Cortes, se publicaron 683 normas estatales, unas cuatro por día de actividad. En el primer post sobre la hiperregulación, la conclusión que alcanzaba era que el problema no es que se legisle mucho, sino que se legisle mal, o de manera precipitada en muchos casos. Se saca adelante la norma para tratar de solucionar el problema puntual, sin pensar en una medida de futuro. Buena parte de esta hiperactividad normativa se centra en reformas de índole tributaria para incrementar la recaudación y con ello se está afectando la competitividad de las empresas españolas, además de frenar a las que pretenden invertir en nuestro país (Hiperregulación, 2ª parte).
Según un informe de la Tax Foundation, España es el tercer país de la Unión Europea con una fiscalidad menos competitiva, y cita entre sus problemas la distorsión de tasas e impuestos por comunidades, o las continuas alteraciones en el impuesto de sociedades para limitar las deducciones o la reducción de las bases. Otro informe, en este caso de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, concluye que España es el país que grava a las grandes empresas con el tipo impositivo efectivo más alto, el 29 por ciento, por encima de Alemania (28,8%), Francia (26%) e Italia (23,9%).
Es cierto que este porcentaje no tiene en cuenta a las empresas financieras, que en España se han beneficiado de tipos más bajos en los últimos años, pero no deja de ser un tipo impositivo elevado para el resto, con impacto directo en la tesorería de las empresas, y muy alejado del que los sucesivos ministros de Hacienda (de Montoro a Montero) anuncian ocasionalmente en prensa para señalar a las grandes empresas. Con todo, el problema no es el tipo impositivo (si tiene que ser del 20%, como si tiene que ser del 30%), sino lo enrevesado del sistema tributario nacional, con sucesivas reformas contradictorias que llevan años recurridas y que, cuando se resuelven en el sentido que todos los que trabajamos en las empresas esperábamos, como con el impuestazo de Montoro, resulta que han transcurrido ocho años, han mermado las tesorerías de las empresas y ahuyentado a potenciales inversores extranjeros.
No contentos con eso, el gobierno que esté en ese momento en el poder pone cuanto esté en sus manos para frenar la devolución a las empresas, como ocurrió en su día con el céntimo sanitario (La seguridad jurídica salta por los aires), con el régimen retributivo de las renovables o ahora con el impuestazo de Montoro. Como dice el diario Expansión, Hacienda hace una interpretación interesada para no devolver a las empresas todo lo que pagaron de más hace «solo» ocho años.
Entre la hiperactividad normativa, los constantes cambios para incrementar la recaudación en el corto plazo, la lentitud de las resoluciones de los recursos presentados y las trabas para devolver lo cobrado de más, España está retrocediendo a marchas forzadas en todos los índices de competitividad fiscal o de potencial atractivo para las inversiones extranjeras. Según el Índice de Competitividad Fiscal, hemos retrocedido al puesto 31 de 38 países de los países de la OCDE considerados:
No es un asunto exclusivo de este gobierno, sino que viene de mucho tiempo atrás (el que quiera, que busque en este mismo blog y que compruebe que no es un tema partidista) y se observa en cada nuevo informe que se publica sobre calidad institucional, eficacia de los sistemas tributarios o control del gasto público. Uno de los últimos informes del BBVA Research, sobre la inversión en España y en la Unión Europea, analizaba datos del Banco Mundial y concluía que «de 1996 a 2022, España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Chipre y por delante de Hungría, donde más ha empeorado la calidad institucional, lo que desincentiva la inversión en capital físico y humano y en I+D».
Vale, venga, ya, el panorama es desolador, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Este informe del think tank Multinacional.es recoge algunos datos más sobre el panorama actual y algunas propuestas de mejora. La llamada «buena legislación» (el better regulation anglosajón) debería caracterizarse por varios factores:
- Previsibilidad: para garantizar certidumbre a los potenciales inversores.
- Simplicidad: normas de fácil interpretación y que no conduzcan a ambigüedades o nuevos recursos.
- Minimización de las cargas administrativas: el ordenamiento jurídico español, con la distorsión autonómica, no facilita la reducción de la carga.
- Participación ciudadana: contar con las asociaciones y organizaciones reconocidas para aportar elementos de juicio ante el problema sobre el que se legisla.
- Evaluación de impacto ex ante: valorar los posibles efectos de la norma aprobada, medir su impacto y, sobre todo, derogar lo que deja de tener vigencia.
- Evaluación de impacto ex post: verificar el cumplimiento de los objetivos y la interacción con las normas existentes. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a que cada nueva norma lleve aparejada una ristra de problemas o contradicciones con las ya existentes.
El Informe tiene un apartado muy interesante sobre el cumplimiento del Plan Anual Normativo del gobierno, muy significativo de lo que está ocurriendo. Se trata de un Plan que se publica cada año en el que el gobierno anuncia las iniciativas legislativas que pretende aprobar cada ejercicio. El análisis se centra en el cumplimiento del Plan Anual de 2021 (PAN-21) y concluye que:
- Se han aprobado el 57 por ciento de las iniciativas previstas y otro 37 por ciento comenzaron su tramitación.
- Por otro lado, una cantidad ingente de normas no previstas se sacaron adelante. 261 nuevas normas: una reforma constitucional, 32 reales decretos-leyes, 3 leyes orgánicas, 9 ordinarias y 216 reales decretos.
- Se han aprobado 31 de las 43 normas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo cual no está mal del todo, es un cumplimiento del 75 por ciento de lo previsto. Pero es que se aprobaron otras 56 normas asociadas al Plan de Recuperación que no estaban previstas en el PAN-21.
Todo esto lleva a pensar en la improvisación. O en algo peor que la improvisación: la necesidad de atender a los compromisos con los socios de gobierno. A los que trabajamos en las empresas nos traen de cabeza con tanto cambio y tanta adaptación a los nuevos requerimientos. Al inversor extranjero lo espanta. Por tratar de aportar algo al debate, ¿qué propone este informe?
- Previsibilidad normativa: el cumplimiento de los Planes Anuales Normativos y la reducción sustancial de las normas no previstas en los mismos.
- Simplicidad normativa: derogar numerosa legislación obsoleta y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional para evitar la fragmentación de mercado (imposible, I know). Solo el 15 por ciento de ese millón y pico de hojas de normativas provinieron del Estado.
- Minimización de las cargas administrativas: un mantra tan repetido desde hace décadas que suena a utopía. Plantéate abrir tu negocio y verás lo que es vivir El proceso de Kafka en tus carnes.
- Incremento de la participación ciudadana: evitar la costumbre tan extendida de los gobiernos de Sánchez y Aznar de esquivar los trámites de audiencia, las consultas previas y las consideraciones de las asociaciones que pudieran verse afectadas.
- Evaluación de impacto ex ante: la precipitación conlleva los numerosos errores de cálculo de los que ya hay numerosos ejemplos (tasa Google, tasa Tobin, impuesto al plástico, a los residuos en vertedero). ¿Es mucho pedir que haya rigor en los cálculos?
- Evaluación de impacto ex post. Continua, constante, para evitar la desactualización, los costes innecesarios y derogar todo lo que obstaculiza la iniciativa empresarial.
Creo que no soy el único que está agotado solo por intentar estar actualizado, lo cual resulta imposible. Así que me entran ganas de pensar en la jubilación y hacer cálculos, pero va a cambiar tantas veces la norma de aquí a «que me toque» que no me atrevo ni a empezar.
En el próximo post trataremos de ver cómo ha afectado toda esta hiperactividad normativa a los Fondos Next Generation, ese dineral que se suponía que iba a dar un impulso a la economía española (espero no tardar mucho en escribirlo, porque me pueden cambiar todo en semanas).
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