SMI | Cuatro amiguetes y unas jarras

JOSEAN, 15/02/2025

Hay noticias que, de primeras, pueden parecer buenas, pero a poco que las analices, pueden no serlo tanto, o no serlo en absoluto.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a dos millones de personas en España y, sinceramente, no creo que sea una buena noticia, pese a que los miembros del gobierno se hayan esforzado por anunciarla como tal. En este post pretendo que se me entienda y no se me malinterprete, y sé que será difícil, porque voy a tratar varias noticias que nos venden como positivas y que para mí no lo son. Creo en el escudo social, en la protección del Estado en situaciones de desamparo y en la ayuda a colectivos vulnerables (de hecho, no creo que todo ese apoyo deba venir de lo público, también se debe hacer desde el ámbito privado y el individual de cada uno), pero no en la creación de colectivos dependientes cuyo número crezca cada año.

El Ingreso Mínimo Vital, como dice el propio gobierno en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es «una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil». Por supuesto que estoy de acuerdo con que estos dos millones de personas no se queden en la indigencia más absoluta, como podría ocurrir en el país «más rico» del mundo, los Estados Unidos, pero no creo que sea una buena noticia que los destinatarios de esta ayuda hayan crecido un 28 por ciento en el año 2024. La cuantía media de esta ayuda se sitúa en los 516 euros mensuales, una cifra insuficiente para estas familias en las que no hay trabajo, ni subsidios de paro, ni ingresos de ningún tipo. Por eso me reafirmo en la idea de que no puede ser una buena noticia que cada vez más gente se sitúe más allá de este umbral de la pobreza.

No es una buena noticia que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se haya incrementado de nuevo por decreto. Sin consenso. La ministra de Trabajo se hace «su» foto con los representantes sindicales y choca otra vez con la patronal, a la que vuelve a ignorar en sus dos antiguas reivindicaciones (el sector agrario y las revisiones de precios de los contratos públicos). No puede ser que vuelva a evitar tomar en consideración los informes del Banco de España y sus efectos sobre el empleo en las pymes y micropymes (el grueso del marco empresarial en España). No puede ser que la ministra haya incumplido de nuevo el compromiso de que se tengan en cuenta los incrementos de los costes laborales en las revisiones de precios de los contratos con las administraciones públicas. «Es otra ventanilla», pensará. Y con esa otra ventanilla, la del Ministerio de Hacienda, ha chocado demasiadas veces. La de esta semana fue en público, en una bochornosa comparecencia en la que se hizo la sorprendida (y ofendida) por saber que el SMI tributaría en el IRPF. Hacienda se quedará buena parte de la subida y eso no me parece mal, porque implica que un número mayor de perceptores superará el mínimo exento. Lo que no es de recibo es el show en el propio gobierno entre Díaz, la portavoz Pilar Alegría y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Estas discrepancias internas manifestadas en público provocan la misma inseguridad que las oscuras negociaciones de contrapartidas con los partidos independentistas para sacar adelante cualquier medida gubernamental.

Por otro lado, si vamos a la medida en sí, parece mentira que haga falta recordar a algunos de sus promotores que no es el gobierno quien pagará el incremento del SMI, como a veces parecen dar a entender en comparecencias y publicidad ministerial, sino que será asumido por las empresas, entre las cuales, las que mayor impacto sufrirán en sus cuentas serán las más pequeñas, los negocios con una reducida plantilla de menos de diez empleados: restaurantes, peluquerías, pequeños comercios… Empresas a las que, además, advirtieron desde el Ministerio que serían vigiladas ¡para asegurarse de que no lo repercutieran en precios! ¿Pretendemos llegar a una economía de precios regulados, no hemos aprendido nada todavía?

Sorprende (o todo lo contrario) que esta preocupación del gobierno por la subida del SMI no se haya trasladado al incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM, que es el que se utiliza para el acceso a las ayudas públicas, subvenciones o los cálculos del subsidio de desempleo. La evolución del IPREM en los últimos ejercicios, en comparación con el SMI, ha sido la siguiente:

El IPREM se actualiza con los Presupuestos Generales del Estado, pero, como estos están congelados, sin aprobar, se mantiene estancado. El IPREM no es una preocupación de este gobierno, como tampoco lo fue del anterior: de 2010 a 2016 se mantuvo sin variaciones. Y este es el indicador que se toma en consideración para el acceso a ayudas estatales, bonos sociales, determinadas becas o las subvenciones al alquiler, ahora que se habla tanto de esto. A este gobierno que tanto le preocupan los colectivos vulnerables parece habérsele olvidado que, debido al estancamiento del IPREM, es menor el número de personas que acceden a las ayudas públicas. O a lo mejor va de eso mismo: el incremento del SMI será pagado por las empresas, mientras que el aumento del IPREM supondría un mayor desembolso público. Y siempre es más fácil legislar con el presupuesto de otros.

No es una buena noticia que siga incrementándose el SMI sin que se corrija el problema de productividad que hay en este país. Según estos datos de Cepyme, España tiene ya el segundo puesto en Europa en la relación entre el SMI y el PIB por empleado:

Es lo que tiene haber subido más de un 60 por ciento el salario, sin que apenas se haya movido la productividad. El SMI de España nos sitúa en la banda alta de la Unión Europea, pero aún muy lejos de las principales economías europeas:

Todas estas medidas relativas al SMI forman parte del compromiso de este gobierno por cumplir lo indicado por una Directiva Europea que pretende que los salarios mínimos alcancen al menos el 60 por ciento de los salarios medios de cada país. Con el último incremento aprobado en España se alcanza el 61 por ciento del salario medio, pero no puede ser una buena noticia que el salario medio en España se mantenga tan bajo en comparación con la zona euro.

Claro que es una buena noticia que el paro siga bajando al nivel más bajo en casi dos décadas, pero no lo es que se considere que el 11 por ciento es una buena noticia. Es un paro estructural muy alto, el mayor de la Unión Europea.

No es una buena noticia que los fijos discontinuos en paro hayan superado el pasado mes de enero al número de los que se encuentran activos. Casi 860.000 trabajadores, la cifra más elevada de la serie. Los fijos discontinuos sin empleo dejan de percibir su salario y son dados de baja en la Seguridad Social, pero cuentan como «demandantes con relación laboral» y no como parados. Como indica el artículo, hay quienes lo consideran, y no sin razón, «una forma de maquillar las estadísticas».

No es una buena noticia que el Ministerio de Yolanda Díaz consuma tantos recursos y esfuerzos en la jornada de 37,5 horas semanales sin tener en cuenta los convenios sectoriales, las negociaciones colectivas, la tipología de empresas o la jornada media ya existente. Y desde luego que no es una buena noticia que se cebe con esta medida, que genere nuevas incertidumbres, mayor complejidad en su aplicación, y sobre todo, que no se haga nada a la par para combatir el absentismo. Nada. Todo parece una guerra contra las empresas, hasta el punto de que esta semana ha propuesto a los sindicatos ¿una movilización en las calles? para lograr que se implante esta reducción de jornada a su manera. Es una locura.

Por todo lo indicado (y por muchas más cosas), no puede ser una buena noticia, en absoluto, que nos cuenten que España es la economía que mejor funciona de la Unión Europea. La que tiene las mejores expectativas de crecimiento. Cómo estará el resto, cómo están, de hecho. Por eso voy a concluir con una frase de Leo Harlem que escuché en uno de sus monólogos: «si los españoles lideramos alguna estadística, desconfía, eso no puede ser bueno».

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JOSEAN, 12/06/2021

No ha terminado la reciente polémica sobre los efectos del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el crecimiento o destrucción de empleo y ya estamos inmersos en el debate sobre el aumento para el ejercicio 2021. En el propio gobierno hay dos tendencias contrapuestas: la defendida por Nadia Calviño a principios de este año, cuando propuso congelar el SMI, y la de Yolanda Díaz, apoyada en el comité de expertos del Ministerio de Trabajo, que plantea un incremento en tres años, con una subida más leve en 2021 y un aumento importante en 2022 y 2023. Ambas posturas coinciden en mantener la prudencia ante la evolución que pueda tener el año en curso, y lo fían todo a la mejora de la economía en los posteriores.

Las cifras de recuperación de empleo comienzan a mejorar, en mayo hubo un descenso del paro de 129.378 personas y un incremento de más de 200.000 cotizantes a la Seguridad Social, sin duda datos esperanzadores impulsados por la recuperación de la actividad en sectores tan importantes como la hostelería y la construcción. Sin embargo, conviene ser prudentes puesto que la recuperación aún no se ha consolidado y hay datos preocupantes como que más de medio millón de empleados continúa en situación de ERTE, concretamente 542.142.

El Banco de España publicó un Informe a principios de junio en el que valoraba los impactos del incremento del SMI aprobado en 2019 sobre la creación de empleo en ese año en el que se aprobó una subida sin precedentes hasta los 900 euros (un aumento del 22,3 por ciento). En las conclusiones del Informe, con muchas reservas por parte de los propios autores del mismo, se concluye que hubo un «menor crecimiento del empleo en los colectivos con menores salarios». Ese menor crecimiento, o esa pérdida de empleos, ha sido cuantificada según diversos medios entre los 94.200 (eldiario.es) y los 180.000 empleos (eleconomista.es).

El Informe del Banco de España reconoce las dificultades para evaluar el impacto que la subida del SMI tuvo sobre el empleo, puesto que hay diferentes metodologías de cálculo, algunas bien diferentes o contradictorias, y no resulta sencillo calcular el efecto que el incremento de los salarios más bajos tuvo sobre el consumo o la actividad económica general. Es decir, el «retorno» de ese importe extra que reciben los beneficiados por la subida sobre el consumo, y cómo ese incremento de consumo se traduce en mayores ingresos (y quizás, más empleos) para las empresas. Así, mientras que «la evidencia muestra de forma robusta que un incremento del SMI supone un aumento del coste laboral para los empleadores» (totalmente lógico, la carga del incremento recae sobre el empresario), «sin embargo, la evidencia acerca del efecto sobre el empleo tiende a ser mixta y diferentes estudios (…) muestran una dispersión grande (…) con elasticidades del empleo estimadas positivas, nulas y negativas». Luego el Informe puede valer para una cosa o para la contraria dependiendo de la metodología que se emplee y no resulta tan concluyente como algunos artículos han indicado.

Lo que parece fuera de toda duda es que es el empresario quien asume el coste de dicha subida del 22 por ciento y a él corresponderá trasladarlo en precio a sus clientes, recortar sus márgenes o directamente no contratar trabajadores. O despedirlos al no poder asumir la subida. La cuerda se tensa siempre hacia uno de los dos lados, pero está claro que había que hacer algo en el país europeo en el que más crece la desigualdad salarial. De la subida se han beneficiado principalmente los jóvenes, cuya contratación tiene un alto componente de precariedad y eventualidad:

El problema que ocurre con la subida del SMI en España tiene mucho que ver con la estructura empresarial. Las empresas grandes o de cierto tamaño pudieron asumir en su mayor parte estas subidas ya que el porcentaje de sus trabajadores sujetos al SMI no es elevado o relevante como para tener un impacto significativo en sus cuentas. Sin embargo, el 95 por ciento de nuestras empresas tiene menos de diez trabajadores, y este tipo de empresas son las que han soportado el grueso del incremento del SMI. Según el informe del Banco de España:

Y el drama es que esas pymes, o micropymes, como las denominan algunos, pequeños comercios, productores agrícolas o establecimientos de hostelería, van tan apuradas en sus márgenes que no tienen la capacidad suficiente para generar los recursos que les permitan absorber el 22,3 por ciento de incremento, o el incremento previsto para ejercicios futuros, en los que se prevé que el SMI alcance el sesenta por ciento del salario medio, en línea con lo propuesto por la Unión Europea. No es un panorama sencillo de resolver y estoy convencido de que lo que han hecho numerosas empresas ha sido rebajar el número de horas oficiales y pagar en B las trabajadas y no cotizadas para cumplir con la subida. En cierto modo se puede deducir del Informe en varias de sus páginas (pág. 32), cuando se dice que «tras una subida de SMI, algunos puestos de trabajo pueden haber permanecido activos, pero con una reducción en las horas trabajadas, por ejemplo, mediante el paso de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial». «La empresa ha podido decidir mantener el puesto de trabajo, pero solo en las horas más productivas o reduciendo horarios de apertura, por ejemplo». O pagando 30 horas oficiales y 10 en negro. «El resultado en estos casos sería una caída en las horas trabajadas, y no en el empleo». No puede demostrarse, pero se entiende que en buena parte es lo que ha ocurrido. En la página 17 se indica que «si se analizan los indicadores de empleo en términos de horas trabajadas», así como tras la subida del SMI en 2017 hubo un incremento de las horas trabajadas de «un 4,1 % a finales de 2018», en esta ocasión, tras la subida de 2019 se produjeron «desaceleraciones superiores a las observadas en la actividad económica». Y no parece que sea resultado de una mejora de la productividad.

Veremos en qué queda finalmente el asunto. «No confundamos la ideología con la ciencia y con lo que debemos de hacer», ha dicho la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para defender su postura frente a la congelación propuesta por la ministra de Economía, Nadia Calviño. Precisamente creo que es un tema lo suficientemente importante como para analizar los números y no dejarse llevar por esa ideología que cree que el empresario puede aguantarlo todo porque está hinchándose a ganar pasta a base de explotar a los trabajadores, porque lo cierto es que el pequeño empresario está en el límite. Claro que conviene mejorar las rentas más bajas y mejorar su poder adquisitivo, pero primero habrá que analizar si esta subida por decreto contribuye a disminuir el paro entre los más jóvenes, el más alto de Europa con mucha diferencia, o tiene los efectos contrarios, como puede desprenderse del informe del Banco de España.

Nadia Calviño acaba de apuntarse un tanto a su favor con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Unión Europea, ratificado tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen. De dicho plan nos han contado reiteradas veces dónde se piensan gastar los fondos recibidos, que será «resiliente, justo, inclusivo y sostenible», pero se habla menos de las reformas exigidas: en las pensiones, en el sistema tributario y en la legislación laboral, no precisamente en el sentido que le gustaría a la ministra de Trabajo.

Pedro Sánchez parece apoyar las tesis de Calviño, como dijo esta misma semana durante la rueda de prensa posterior al visto bueno al Plan de Recuperación: «Ahora mismo lo relevante es la creación de empleo y la consolidación del crecimiento económico». De ese modo daba por válidas las conclusiones de la ministra Calviño, así como el informe del Banco de España en el sentido de contraponer subida del SMI con creación de empleo.

A su lado (o enfrente) cuenta con una ministra de Trabajo que tratará de convencerle de lo contrario, respaldada por una sólida formación que incluye tres másteres: en Recursos Humanos, en Relaciones Laborales y en Urbanismo. Ah, no, disculpen, que eso era hasta el jueves, parece que se ha descubierto que no tenía tales estudios y ayer mismo desaparecieron de la web oficial del Palacio de La Moncloa (vía Carles Enric):