Montoro miente, y miente bastante. Miente con tal desparpajo que ha conseguido una extraña unanimidad de contribuyentes, autónomos, empresas grandes, empresas pequeñas, comunidades autónomas, oposición e incluso compañeros de su propio partido: no le aguanta nadie.

Ataque a las grandes empresas

Montoro miente mucho. La última vez, cuando dijo que «las grandes empresas tributan al 7%«, para luego justificar las medidas fiscales que está tomando el gobierno sobre el Impuesto de Sociedades, las cuales pretenden, según sus palabras, «acercar el tipo efectivo al nominal, que es del 25%». Es una mentira burda que no resiste el más mínimo análisis, pero el señor ministro la soltó, como la ha soltado ya varias veces, y el mensaje ha calado.

La cuenta que hace Montoro consiste en dividir el gasto por impuesto de las principales empresas españolas entre el beneficio consolidado que declaran. Así, a lo bruto, sin matices, porque el mensaje llega. Curiosamente algunos enemigos de Montoro, como Unidos Podemos, se apropian de ese discurso. Poco importa al ministro que cada vez que nuestras principales empresas presentan sus cuentas, indiquen el porcentaje logrado en el extranjero. El Santander, por ejemplo, obtuvo el 86% en 2015 y el BBVA el 79% de su beneficio total. ACS genera el 80% de sus ingresos en el extranjero y Telefónica el 74%, por citar compañías de otros sectores.

Cualquiera que se haya enfrentado alguna vez a la declaración del Impuesto de Sociedades habrá podido comprobar las enormes diferencias entre el beneficio antes de impuestos y la base imponible, que es sobre la que se debería hacer el cálculo. La base imponible se incrementa al quitar gastos no deducibles, ajustar determinadas provisiones y diferimientos, y se reduce por varios motivos, especialmente en las grandes empresas por no considerar los beneficios obtenidos en el extranjero que ya han tributado en otros países (existen 103 convenios con otros países para evitar la doble imposición). A continuación se aplican deducciones (I+D+i, formación, medioambientales), aunque cada vez quedan menos, y prácticamente obtenemos la cuota a pagar, que no es exactamente el gasto por impuesto (llevaría varias entradas explicar las diferencias y no pretendo dar un curso acelerado de fiscalidad).

Montoro podrá ser muchas cosas, pero no tiene un pelo de tonto y no tiene en cuenta todos estos ajustes de modo intencionado, para poner el foco de atención sobre esos villanos a los que dos semanas atrás ya había advertido: «a los grandes grupos les conviene tributar más porque es que si no, esto de la cohesión social y la circunstancia tributaria no se sostiene». Su estrategia es clara, la culpa ya no es del gobierno, es de «otros».

Yo más bien creo que la cohesión social no se sostiene cuando recortas en educación y sanidad, cuando mantienes algunos despelotes del estado autonómico o los privilegios de la clase política, cuando no atajas la corrupción o cuando las políticas de vivienda o apoyo a la investigación directamente no existen. Y la cohesión social, guste o no al señor Montoro, depende también de la buena salud de las empresas. Se resquebraja cada vez que uno de estos grandes grupos presenta pérdidas y tiene que afrontar un ERE (menos contribuyentes, menos ingresos por IRPF y cotizaciones sociales, más gasto por desempleo). Es de cajón.

Según la nota de prensa de CEOE (y aunque sea testigo de parte, la metodología empleada para el cálculo del tipo efectivo es más certera que la del ministro), «las grandes empresas españolas pagan un tipo efectivo del 19,2%». La nota de prensa de CEOE concluye con cierta ironía hacia las palabras del ministro y los tipos tan bajos que suele mencionar: «Si fuesen ciertos esos porcentajes, el aluvión de empresas multinacionales a España sería grande, continuo e incluso lógico». Pero sin embargo sus domicilios fiscales nunca están en España, sino en Irlanda o Luxemburgo.

Párrafo y cuadro extraído del Informe de la CEOE a partir de las propias cifras de la Agencia Tributaria:

Los verdaderos problemas del Impuesto de Sociedades

Montoro miente y no tiene pudor en mentir ni siquiera cuando facilita las cifras a Europa. Eurostat le corrigió en 2012 las cifras de ingresos tributarios, puesto que el pago a cuenta del impuesto no es un ingreso sino un anticipo de lo que se recaudará al año siguiente. Montoro ha manipulado varias veces la cifra de déficit y ha echado las culpas del incumplimiento a las comunidades autónomas o al céntimo sanitario (de chiste).

Pero con todo, lo más preocupante a mi modo de ver es lo que está por venir. Las últimas reformas del Impuesto de Sociedades van en una línea sumamente peligrosa: aumentar la recaudación actual, aun a costa de adelantar la de ejercicios futuros. Los que nos toca lidiar con el actual impuesto estamos aprendiendo a marchas forzadas, pero para los no habituados:

• Incremento de los pagos a cuenta: un decretazo permitió al Estado recaudar en octubre unos 6.000 millones más que en realidad correspondían a 2017. Esta medida anticipará en 2017 los ingresos de 2018, y «luego ya se verá», supongo que piensa. Del atraco a la tesorería de las empresas, imprevisto, Montoro ni habló.
• Ajuste fiscal de las amortizaciones y los gastos financieros: en un ejercicio kafkiano, las últimas reformas obligan a las empresas a incrementar la base imponible en el año en curso, a cambio de reducirla en ejercicios posteriores. Es una patada a seguir en toda regla. No limita la deducibilidad de estos gastos, los manda hacia adelante, los difiere.
• Limitación a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores: hasta este año, al igual que ocurre en la mayoría de países de nuestro entorno, cuando una empresa tenía pérdidas no pagaba impuestos, sino que podía compensar las pérdidas con los beneficios futuros que fuera capaz de obtener. Desde este año las empresas solo pueden compensar cada año un porcentaje de dichas pérdidas, dependiendo del tamaño de la empresa. Si una empresa comienza a recuperar sus cifras de beneficios, tendrá un mayor pago por impuesto del que tenía hasta la fecha por la imposibilidad de compensar con esas pérdidas anteriores, si bien podrá rebajarlo en ejercicios posteriores.

Ha habido varias medidas controvertidas más, como la reversión de provisiones por deterioro de valores dotadas antes de 2013 o el cambio de criterio sobre cierto inmovilizado intangible o sobre pérdidas por transmisión de establecimientos permanentes en el extranjero, pero como decía antes, darían para varias entradas más, y además no soy un experto. A donde trato de llegar es al hecho de que son medidas para anticipar la recaudación, aun a costa de convertir la liquidación del Impuesto en un auténtico infierno.

Tengo conocidos trabajando en la Inspección de Hacienda que reconocen las dificultades que se van a encontrar con todas estas reformas, y lo complicado que va a ser la inspección dentro de apenas dos o tres años.

Este es un punto en el que el ministro sí tiene mucho trabajo por hacer: dotar de medios a la inspección. Según un informe de GESTHA (Técnicos de Hacienda), España es el país de la Unión Europea con menor número de inspectores de Hacienda por habitante. Uno por cada 1.958 ciudadanos, por los 740 de Alemania o los 942 de Francia.

A lo mejor el hecho de pertenecer a un partido político que ha pagado la reforma de su sede en negro, o que tiene a varios ilustres miembros imputados por delitos fiscales, pesa en el bajo número de inspectores.

La baja tributación de las multinacionales

En lugar de dedicarse a atacar a las empresas españolas, el ministro Montoro ha avanzado muy poco en la lucha contra esas grandes empresas multinacionales que, estas sí, apenas tributan en España (Apple, Facebook, Google, Amazon,…). En realidad esta guerra no es exclusiva de España, sino de toda la Unión Europea y los países de la OCDE. Llevo tres años leyendo medidas que se pretenden implementar contra esa evasión organizada (normativa anti BEPS o Base Erosion Profit Shifting), pero el hecho es que se avanza muy lentamente. Apple llegó a un acuerdo hace un año con el fisco italiano para liquidar su deuda por 318 millones, ¡enhorabuena!, pero en España apenas tributó 19 millones de euros en 10 años. Tengo esperanzas cuando leo sobre la sanción impuesta por la Comisión Europea por impuestos no cobrados en 2003 y 2014 en Irlanda.

Independientemente de la legislación tributaria que finalmente se aplique, yo creo que se puede hacer mucho contra el cachondeo de estas empresas que declaran no ganar dinero en nuestro país, pero siguen invirtiendo grandes cantidades de dinero. En 2012, a raíz de una investigación del Parlamento Británico a Starbucks, la parlamentaria Margaret Hodge le espetó al Director Financiero de la compañía lo que muchos pensamos acerca de estas prácticas fiscales más evasivas que elusivas:

«You have run the business for 15 years and are losing money and you are carrying on investing here. It just doesn’t ring true. You are losing money. You have tried for 15 years and failed and you have promoted the guy who failed. It doesn’t ring true, Mr Alstead, that’s what frustrates taxpayers in the UK.»

Lo traduzco al español cabreado:

«Tiene usted los santos cojones de decirnos que gestiona los negocios de esta compañía desde hace 15 años, que pierde dinero, pero que continúa invirtiendo aquí. Creo que me está mintiendo como un bellaco. Lo ha intentado durante 15 años, ha fracasado, pero va y promociona al tipo que la ha cagado. Me está tomando el pelo, señor Alstead, y eso es lo que hace que los contribuyentes británicos estén hasta las pelotas de ustedes».

Los líos del IVA

«Si el IVA lo pagaran más quienes lo tienen que pagar no habría que subirlo tanto«. 2012, otra vez echando la culpa en general para justificar la subida del IVA en septiembre, en contra de todo lo que había dicho en meses anteriores. Todo se vuelve farragoso con cambios que no inciden en la raíz del problema, la economía sumergida, sino que se orientan a hacer que paguen más los que ya lo hacían.

Apenas un par de meses después, en octubre de 2012 y por sorpresa, el propio Montoro reconoció la incapacidad para luchar contra el fraude del IVA en la construcción y aprobaba una nueva medida que nos volvió locos a los que trabajábamos en las empresas, fuéramos del sector de la construcción o no: la generalización del mecanismo de la inversión del sujeto pasivo del IVA en las ejecuciones de obra. Cada uno interpretó la norma a su manera, delegaciones de Hacienda en Castilla y León lo aplicaban de modo distinto al que aconsejaban desde Galicia o Extremadura. Un caos. La nota aclaratoria de Hacienda llegó tres meses después, y tras una treintena de páginas seguimos interpretándolo cada uno de un modo diferente.

La última medida comienza a aplicarse el 1 de julio: el Suministro Inmediato de Información del IVA. Otro lío más, ya lo verán. El Sistema parte de la premisa tan «montoriana» de considerarnos a todos potenciales defraudadores y da cuatro días para facilitar toda una serie de información a la Agencia Tributaria, «mejorando de esta forma el control tributario y la asistencia al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones». A mí me tiene agotado este tío con tanto cambio, llega un momento en que resulta imposible adaptar los sistemas o aprender cómo seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales.

Luego ves las amnistías fiscales, las cifras de dinero negro que circulan por España o las golferías de Rato y Pujol, y piensas lo pringados que somos los de siempre.

No todo lo que ha hecho Montoro es un error

Algunas de las medidas aprobadas en estos años han sido positivas, como casi todo lo relacionado con el control de la morosidad en las administraciones públicas, especialmente ayuntamientos. En menor medida, con las comunidades autónomas y el funcionamiento del FLA.

Los planes de pago a proveedores fueron un éxito, una inyección de dinero para las empresas, aunque pudo ir un paso más allá en lugar de premiar la mala gestión de algunos ediles y perdonar los intereses de demora devengados, en contra de la Directiva europea de lucha contra la morosidad. Este próximo jueves 16 de febrero se publica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminará si fue legal obligar a las empresas a renunciar al cobro de intereses de demora.

Si el Estado se ve obligado a pagar intereses de demora a las empresas (que en el fondo es lo que debería tocar si hubiera seguridad jurídica), Montoro encontrará una excusa a la que agarrarse cuando vuelva a incumplir los objetivos de déficit. Porque eso es lo que en el fondo parece necesitar: un culpable, alguien a quien reprochar que los ingresos no den para cubrir el desfase de gastos. 

«Señor mentira, perdón, señor Montoro»

Montoro miente. Y miente con tanta asiduidad que al diputado del PSOE Gaspar Zarrías se le escapó un «señor mentira, perdón, señor Montoro, esto es mentira» en el Congreso. Tampoco es que el imputado Gaspar Zarrías sea santo de mi devoción, pero esta equivocación, si de verdad fue un lapsus, estuvo francamente bien.

Concluyo ya, y ni siquiera he entrado a hablar del IRPF o del catastrazo de finales de 2016. El señor ministro, Don Cristóbal Montoro, nos trata como a críos, o como a defraudadores, y en su falaz estrategia de comunicación, utiliza punto por punto las diez estrategias de manipulación mediática, especialmente cuando pretende empatizar (con nulo éxito) con los contribuyentes: «las grandes empresas tributan al 7%, menos que cualquiera de nosotros«. Habla de «nosotros» como si perteneciéramos a un mismo colectivo cuando él precisamente es uno de esos 62 diputados que percibían las ayudas de alojamiento pese a poseer tres viviendas en propiedad en Madrid. Tiene guasa el asunto, señor Mentira.