JOSEAN, 22/10/2023
(Viene de: Hiperregulación (I): situación)
Es necesario simplificar, y aunque pueda parecer que lo afirmo desde una óptica empresarial y por tanto interesada, fue la propia presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, quien se manifestó recientemente en términos similares:
“Necesitamos un sistema tributario más estable, más seguro y lo más simplificado posible”. Suscribo cada palabra de este párrafo: “la reforma fiscal que necesita España requiere sosiego. Para que haya mantenimiento del gasto público tiene que haber figuras tributarias que se ajusten a la realidad, a los principios constitucionales de capacidad económica, progresividad, igualdad y justicia tributaria, pero lo que hemos visto en los últimos años ha sido una vorágine de normas tratando de afrontar el problema del momento sin perspectiva de futuro”. El subrayado es mío.
Ana de la Herrán menciona el caso de Ferrovial, cuya marcha a Países Bajos fue duramente criticada por el actual gobierno. En el momento del anuncio del cambio de sede se habló de seguridad jurídica, así como de las ventajas que el traslado suponía a la empresa española/neerlandesa a la hora de acometer nuevos proyectos e inversiones. Precisamente Ferrovial ha ganado este mes de octubre un pleito con Hacienda por la operación realizada ¡en 2006! cuando culminó la compra de BAA, empresa gestora del aeropuerto de Heathrow. Ferrovial tuvo que provisionar 119 millones de euros por el litigio, que ahora, muchos años y gastos después, podrá liberar. Quizás le vengan bien para provisionar la amenaza recibida, «el riesgo de que la Hacienda española no admita la neutralidad fiscal de esa fusión transfronteriza», como indica la documentación enviada a la Bolsa de Ámsterdam.
Con tanto cambio normativo, estar actualizado es cada vez más complicado, cada vez se generan más dudas en cada operación, en cada cierre fiscal. Una encuesta reciente realizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) revela que la fiscalidad se ha deteriorado de manera considerable en los últimos cinco años (fuente: El Economista). Hasta un sesenta por ciento opina de ese modo. Y si se entra en el detalle, 53 de cada cien encuestados afirman que el sistema se ha complicado, por solo uno que cree que se ha simplificado. La región líder en hiperregulación en la última década, Cataluña, es la que tiene el peor índice en competitividad fiscal y no creo que sea una casualidad, sino una causalidad.
La hiperactividad normativa genera otro problema, que es la baja eficiencia de las empresas. Según el ranking de El Economista, España ocupa el puesto 36 de los 64 países analizados en el ranking de competitividad del Institute for Management Development (IMD). El propio IMD promueve un marco regulatorio más estable para las empresas españolas como una de las principales áreas de mejora.
El sistema tributario ha cambiado demasiadas veces en los últimos ejercicios, y no precisamente para favorecer el emprendimiento (Ayudando al empresario), sino que lo ha hecho solo para incrementar la recaudación, aun a costa de dificultar el trabajo de las empresas. Según el dato de Bloomberg y de la Tax Foundation, España es uno de los países que más gravan la inversión empresarial.
Y hay numerosas inversiones pendientes de ejecutar. En el tratamiento de aguas, España pagará una multa de 80 millones de euros a la Unión Europea por no depurar las aguas residuales. En tratamiento de residuos, España ha recibido una “alerta temprana” de la Comisión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje. En calidad del aire y control de las emisiones de CO2, España fue sancionada en diciembre del año pasado por incumplir la directiva europea en Madrid y Barcelona. Hay otras multas por no adaptar la normativa europea sobre protección de datos, por tergiversar las cifras de gasto sanitario en la Generalitat Valenciana, por las ayudas fiscales al País Vasco… España es el segundo país en la cuantía de las multas y el primero en el número de expedientes sancionadores abiertos por la Unión Europea, debido, entre otros factores, al sistema autonómico y a la fragmentación territorial en 17 áreas.
Es decir, se legisla mucho, pero no se hace bien. La mayoría de estos expedientes se evitaría con las inversiones previstas en los Fondos NextGen para residuos, calidad del aire y las aguas, movilidad urbana, digitalización… Pero resulta que el Banco de España indicaba hace apenas un mes que solo el diez por ciento de las inversiones del plan NextGen había sido ejecutado. España era el país líder en recibir los fondos, pero solo el duodécimo a la hora de ejecutar los proyectos.
El mismo Banco de España alertaba en su informe de la limitada capacidad de administrar los fondos recibidos y de los cuellos de botella generados en la administración, lo que dificultaba sacar adelante proyectos tan necesarios. Hay un fenómeno preocupante que está creciendo en las administraciones públicas y que creíamos erradicado, que es el de “las facturas en el cajón”. Bien sea por la burocracia, bien sea por el retraso en la llegada de los fondos a las administraciones pagadoras, la partida de gastos pendientes se ha disparado en los últimos ejercicios. 7.600 millones de euros, el doble que en 2018. Un problema que se solucionó a martillazos con el Plan de Pago a proveedores de 2012 (recuerden los Premios Montoro a la mala gestión) ha vuelto en este ejercicio a las preocupantes cifras que se alcanzaron en 2011:
Cada vez resulta más complicado gestionar proyectos con las administraciones públicas. Los procesos se alargan, son diferentes en función de las comunidades autónomas, los recursos tardan tiempo en ser resueltos, y pese a la hiperregulación que nos invade, no hay mecanismos ágiles de revisión de precios, ni para la aprobación y cobro de las facturas, ni para dirimir las diferencias contractuales. O los que hay resultan tan farragosos e imprecisos que en la práctica su utilidad se reduce al mínimo. La suma de todos estos factores hace que el número de proyectos que quedan desiertos aumente de manera considerable, como se aprecia en este gráfico del artículo de María Arnal y Manuel García Santana:
Un peligro para la economía, un retroceso en todos los sentidos. El socio de Deloitte Javier Parada comentaba recientemente los Retos en la transformación del sector de la construcción, uno de cuyos puntos es perfectamente válido para el resto de sectores y para todo lo comentado previamente: es preciso cambiar el modelo de relación con las administraciones públicas. “Es necesario implantar nuevos modelos de contratación que equilibren la distribución de riesgos, limiten las ofertas temerarias y aumenten la seguridad jurídica de los contratos a través del arbitraje o la mediación, evitando los retrasos, las desviaciones de costes y la litigiosidad, que causan importantes perjuicios a ambas partes en términos de costes e incumplimiento de plazos de ejecución y son una de las causas de la baja rentabilidad de las empresas del sector y del incumplimiento de las expectativas de las administraciones públicas”. La necesidad de afrontar inversiones en infraestructuras “tendrá un escaso recorrido salvo que las administraciones establezcan un marco regulatorio estable y predecible, que permita una apropiada distribución de riesgos entre sector público y sector privado, una adecuada supervisión de los contratos y una rentabilidad adecuada para la inversión privada”.
Claro que para ello, casi sería mejor echar napalm sobre toda la legislación existente y comenzar de nuevo con una normativa clara, única y duradera. El chiste del día.
Relacionados:
Cuando Hacienda reconoce su incapacidad
Populismo tributario (I): hombre rico, hombre pobre
Populismo tributario (II): Papá Estado
La seguridad jurídica salta por los aires (I)
La seguridad jurídica salta por los aires (II)
Cuatro amiguetes y unas jarras 