Recordad lo que comentó Travis en su entrada sobre El Padrino, cuando se refería a la importancia de los favores. El arranque de esta película es tremendo. Aunque recomiendo verlo entero, la explicación de lo que supone «un favor, una ayuda» está en el minuto 6:

Hace apenas un par de semanas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitió un informe al juez Ruz en el que concluía que no había correlación directa ni temporal entre las aportaciones de fondos realizadas por las empresas que aparecen en la contabilidad de Bárcenas y las adjudicaciones públicas a esas mismas empresas por parte de administraciones gobernadas por el PP. Con esta vergonzosa conclusión, desaparece el delito de cohecho del caso.

Las empresas investigadas, según el informe, habrían donado 4,8 millones de euros al Partido Popular entre los años 2002 y 2009, período en el que recibieron adjudicaciones por importe de 22.452 millones de euros, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y me lo creo, porque 4,8 millones sobre 22.452 representan apenas el 0,02%. Ahí falta mucha pasta, señor Ruz, hasta el dos o tres por ciento del importe de las adjudicaciones falta mucha guita.

Seamos justos, no todas las adjudicaciones llevan su coima, seguro, pero que falta dinero en esa cuenta no me cabe ninguna duda. Luis Bárcenas tenía escondidos, o “distraídos al control del fisco”, más de 50 millones de euros, y ese es el saldo localizado y pendiente después de varios años de pago de sobresueldos a dirigentes del partido. Es más que probable que existan todavía cuentas opacas sin localizar en otros paraísos fiscales.

Resulta triste, muy triste. Es desesperanzador ver el grado de corrupción que se ha alcanzado y lo difícil que resulta enchironar a sus responsables. Claro que el sistema no ayuda. Este informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que por cierto no he podido encontrar en Internet, es una vergüenza. Pero es que no sé qué podíamos esperar, cuando la IGAE es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿De verdad creíamos que el Informe dirigido por Montoro iba a concluir otra cosa?

Al Gobierno del PP se le llena la boca hablando de la Ley de Transparencia que aprobó el Parlamento hace un año. Ya he hablado de la misma en un par de entradas (Ni transparencia ni buen gobierno, 1 y 2), y de lo lamentable que resulta en muchos aspectos. Quizá uno de los peores, el que repite este mismo esquema de la IGAE por el cual “tranquilos todos, que yo mismo me controlo a mí mismo”.

Las dificultades que está encontrando el juez Ruz en sus investigaciones (pruebas destruidas, declaraciones contradictorias, pasta en el extranjero, informes como el de la IGAE) pueden hacer que el caso Gürtel o Bárcenas quede finalmente en nada. Aparte de estas dificultades está la añadida de demostrar algo o encontrar pruebas cuando los pagos se han efectuado en B, sin movimiento de fondos a través de cuentas corrientes o pagos en el extranjero. Para estos pagos en el extranjero el juez Ruz ha tenido que remitir hasta 183 comisiones rogatorias a 21 Estados diferentes. Y cuando encuentra evidencias de un delito como el de cohecho, con empresas soltando pasta a espuertas y administraciones adjudicando a esas empresas, resulta que tampoco puede juzgarlo como cohecho.

¿Qué es el delito de cohecho? Según la RAE, es el delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos. Es decir, como la ley no escrita de Mahoma, delinque el que da y el que toma.

El pasado mes de julio el juez Ruz emitió un auto de 131 páginas en el que practicaba una serie de diligencias. Ese auto sí se podía encontrar fácilmente por Internet (yo lo descargué en la página de El Mundo) y hacía referencia a las diligencias abiertas y las piezas separadas sobre una serie de señores y las adjudicaciones efectuadas por algunas administraciones públicas, como AENA, las Comunidades de Madrid y de Castilla y León, o los ayuntamientos de Jerez, Majadahonda, Pozuelo y Madrid, principalmente. El delito de cohecho aparece clara y meridianamente explicado en la página 16, cuando se refiere a las empresas de Correa y el Bigotes:

Las adjudicaciones recibidas por las sociedades del grupo se obtendrían regular o irregularmente en contraprestación o a cuenta de gratificaciones entregadas a todos o algunos de los cargos públicos intervinientes. Y habrían generado importantes perjuicios a las entidades adjudicadoras tanto por el elevado margen que Francisco Correa obtenía con sus servicios como por la inclusión en su precio de las comisiones abonadas a los cargos públicos.

No me quiero extender mucho sobre el auto, por lo denso y extenso que resulta, pero sí voy a utilizar de ejemplo una adjudicación del Ayuntamiento de Madrid, la correspondiente al contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en diez zonas de la ciudad de Madrid. La página 63 del auto dice que “…por su parte, Alberto López Viejo habría recibido, por un lado, 452.197,99 € de la totalidad de la comisión presuntamente cobrada por la adjudicación del contrato de limpieza… en diferentes divisas en fechas comprendidas entre el 23.7 y el 29.10 de 2002 en las cuentas que habría abierto a tal efecto, el 31.5.2002, en la sucursal ginebrina del Banco MIRABAUD. En estas cuentas figuraba como apoderada su cónyuge, Teresa Gabarra Balsells.”

En su momento, cuando le tocó declarar ante el juez, Alberto López Viejo se negó a responder preguntas y sólo estuvo diez minutos en los que leyó una declaración. La cifra que le han encontrado en el exterior es mucho mayor que la que figura en el párrafo que acabo de transcribir, 1,9 millones según esta noticia.

El Presidente de Sufi, S.A. en esos años en los que supuestamente se realizaron los pagos reconoció ya en marzo de 2011 (¡hace tres años y 8 meses!) haber pagado en una cuenta en Suiza a nombre de López Viejo una cantidad muy superior a los 452 mil euros que ahora se han podido localizar, concretamente hablaba de 1,6 millones de euros.

Esa comisión rondaba el “tres per cent” de la adjudicación, consistente en el servicio de limpieza viaria del Distrito de Moratalaz por un importe aproximado de 48 millones de euros en los 10 años de contrato. Si nos vamos a esa adjudicación, encontramos que el contrato consistía en la limpieza de 10 zonas de Madrid (14 distritos) y que el Ayuntamiento había comprometido un gasto para los mismos de 1.135 millones de euros.

Casi nada. ¿Calculamos el “tres per cent”? 34 millones de euros. Pero yo no estoy diciendo que se hiciera así. Si vemos las empresas que recibieron el resto de adjudicaciones, comprobaremos que 3 de los lotes fueron para Alfonso Benítez (empresa del Grupo FCC), 3 para Urbaser y 1 para Tecmed (empresas actualmente del Grupo ACS), 1 para Ferrovial Servicios y 1 para CESPA (compañías actualmente del Grupo Ferrovial). Todas ellas filiales de grandes grupos constructores.

De las 10 zonas adjudicadas, sólo una está siendo investigada por el juez Ruz, la de Sufi. La gran diferencia entre esta empresa y el resto de adjudicatarios está en que era una empresa familiar y no tenía detrás a un gran grupo constructor, con divisiones inmobiliarias además. Quizás el problema de Sufi estuviera en su dificultad de acceso a dinero “fuera del sistema”, y por eso ha dejado tantas pruebas por el camino.

Vamos a jugar a las suposiciones. Supongamos que sólo fue irregular la adjudicación a Sufi y que las otras nueve adjudicaciones fueron legales, y sin coimas de por medio. Pero conociendo como vamos conociendo a López Viejo y al resto de artistas de esta trama, también podemos jugar a suponer que todas las empresas adjudicatarias pasaron por la caja de este señor, de este cabronazo. ¿No resulta extraño que le adjudique una zona a quien le abonó una comisión y tres a los que no le soltaron ni un chavo? Pero como nada de esto se puede demostrar, lo dejaremos en una hipótesis lanzada en un blog dentro de un mundo como Internet en el que se cuentan muchas mentiras y teorías conspiratorias. Hasta el juez Ruz tiene dudas, y de ahí que deje caer un “al menos” en su auto (pág. 105):

Ello por cuanto, al menos el correspondiente a la zona 3, se habría adjudicado el 3.9.2002 a la entidad SUFI SA a cambio de la correspondiente comisión a Alberto López Viejo -en esa fecha Concejal de Limpieza y Desarrollo Medioambiental de Madrid- y a Francisco Correa, quien habría actuado como intermediario entre este y el también imputado Presidente y administrador de la entidad adjudicataria.

Ya como conclusión. Estos mismos grupos constructores son los que han sido investigados por la IGAE por sus adjudicaciones entre 2002 y 2009. Para terminar concluyendo que no hay cohecho, pese a que se han detectado numerosos pagos al Partido Popular. Puesto que esos pagos no suponen la devolución del favor a lo Corleone debemos entender los mismos como donativos. Colaboraciones sin ánimo de lucro ni contraprestación alguna. Pues ya que son tan generosos y desinteresados, les propongo que la próxima vez entreguen sus donativos a una ONG.