JOSEAN, 19/07/2025
La semana pasada escribí la primera parte de este post (Todos esos fondos se perderán… como lágrimas en la lluvia) y acababa lamentando la enorme necesidad en infraestructuras esenciales que tenía el país, necesidades para las que existen unos fondos europeos que nuestros dirigentes no son capaces de hacer que lleguen. Solo en ese mismo fin de semana, sin remontarme mucho más en el tiempo, me encontré con estas noticias:
- En España hay urgencia hídrica: una brecha de financiación de 23.000 millones de euros anuales en el conjunto de la Unión Europea. España necesita 6.000 mill. anuales, en lugar de los 2.000 que ha invertido entre 2023 y 2024. Inversión en tecnologías, mejoras de la eficiencia y el control de fugas, modernizar las infraestructuras de captación y distribución… ¿es necesario esperar a la siguiente gran sequía, a los cortes en algunas regiones?
- La obsolescencia de las subestaciones pone en jaque la línea Madrid-Sevilla. No se han acometido las inversiones previstas, ni la renovación de los sistemas eléctricos, ni de las comunicaciones, la rehabilitación de los edificios, los transformadores… actuaciones, todas ellas, que podrían entrar en alguno de los apartados incluidos en los posibles destinos de los fondos.
- Trenes y aeropuertos al borde del colapso, mientras nuestro país, tan dependiente del turismo, se acerca a los cien millones de visitantes. La imagen que se están llevando tantos turistas empieza a asemejarse a la que padecen millones de usuarios del transporte público en los últimos años.
- Las carreteras arrastran un déficit de conservación de 13.500 millones de euros, con lo que esto supone en cuanto a riegos de accidentes e impacto medioambiental.
Parece que ya nos hemos olvidado del ridículo que fue el apagón en todo el país, el Zero Day que nos pilló desprevenidos. El caso es que, no solo no se modernizan unas infraestructuras que arrastran un deterioro importante, sino que el proyecto «estrella», anunciado a bombo y platillo por el gobierno, la fábrica de microchips con la empresa Broadcom, se ha caído definitivamente. Un proyecto para el que había una inversión prevista de unos mil millones de dólares, que sería financiada en parte con fondos del Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE), en el apartado de microelectrónica y semiconductores. Una fábrica que iba a ser pionera en Europa y que contribuía a esa diversificación estratégica tan necesaria para la industria del país. Pues tampoco ha habido manera de sacarlo adelante, los inversores norteamericanos se han desmarcado finalmente de un proyecto que apenas había avanzado desde julio de 2023.
Son muchos los problemas que impiden al gobierno gestionar de manera adecuada la llegada de los fondos del Plan de Recuperación: la definición de los proyectos de interés, la asignación de partidas, generar procesos de licitación atractivos o una legislación que atraiga el interés de las empresas, y, por supuesto, el chantaje diario de los socios de gobierno.
Los fondos europeos estaban vinculados al cumplimiento de una serie de reformas legislativas que, en su mayoría, no han podido ser realizadas por el ejecutivo. El quinto pago se pudo salvar finalmente, aunque ha llegado con más de un año de retraso y con un bocado de 1.100 millones de Europa debido a la imposibilidad de aprobar el impuesto al diésel exigido por Europa, pero vetado por Junts y el PNV. Faltan otros compromisos por acometer, en materias como las políticas activas de empleo, las ayudas para viviendas sociales (¡increíble!) o para medidas de eficiencia energética y economía circular. Cuando no son los socios de izquierda o más allá de la izquierda los que rechazan las medidas, o tratan de imponer condiciones abusivas, lo hacen los más derechistas y chantajistas de la coalición, con el de Waterloo a la cabeza, y así nos vemos abocados a esta parálisis permanente en la que, salvo sorpresa o milagro, tendremos los presupuestos prorrogados por tercer o cuarto año consecutivo. El año pasado ni siquiera se presentaron al Congreso y, curiosamente, para el incumplimiento del mandato constitucional, sí hubo consenso.
Los titulares más catastrofistas señalan que España podría perder hasta 115.000 millones si no logra sacar adelante las reformas exigidas. Hace apenas un mes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconocía que era consciente de que buena parte de los Estados de la Unión Europea no iban a ser capaces de acceder a la totalidad de los fondos, y cifraba en 300.000 millones de euros el importe que podía llegar a no materializarse. Para matarlos a todos (o a unos cuantos, al menos) en la plaza pública. En previsión de este incumplimiento, la propia presidenta del organismo planteaba la posibilidad de cambiar algunos de los hitos presentados por otros que tengan un impacto similar en los objetivos verdes, de digitalización o de competitividad, e instaba a España a solicitar mayor importe en la parte de subvenciones a costa de algunos de los préstamos que todavía no se han desembolsado o ni siquiera solicitado. Sinceramente, sería una pena que los objetivos necesarios y tangibles en infraestructuras o industria quedaran limitados a proyectos más etéreos, por denominar de una manera eufemística a tanta campaña de concienciación o a tanto estudio que no va a ningún lado.
Por poner en contexto, antes de este quinto desembolso, España había utilizado cerca del 40 por ciento de las ayudas no reembolsables, un porcentaje similar al 45 por ciento de media en la Unión. Sin embargo, si se consideran también los préstamos, que España apenas ha dispuesto, el porcentaje de utilización real es del 20 por ciento, ridículo en comparación con países como Dinamarca, Francia o Países Bajos, que rondan el 70 por ciento.
Entre las exigencias de Europa que el gobierno de España daba por cumplidos se encuentra la reforma de las pensiones, con diferencia, la mayor partida de gasto anual del presupuesto. Creciente, infrafinanciada y sin pintas de arreglarse en el corto plazo. La «trampa» empleada por el gobierno consistente en realizar transferencias de impuestos a la Seguridad Social no ha colado en el ejecutivo comunitario que, con buen criterio, indicó que había que analizar el conjunto de las finanzas públicas y no quedarse en un mero maquillaje contable del sistema de pensiones. Hasta un 45 por ciento de incremento para cubrir el déficit de las pensiones en el primer semestre del ejercicio.
El gobierno pensaba que ya había salvado el trámite de la reforma, pues la ley preveía abordar los cambios cada tres años y, sin embargo, tendrá que examinarse de nuevo en junio de 2026. De nada sirve el argumento del gobierno de que no tiene presupuestos aprobados (¿existirá al menos un proyecto de?) o suplicar por la necesidad de los recursos. La respuesta de Europa ha sido tajante: cuando el Tribunal de Cuentas efectúe la auditoría de los cumplimientos de los compromisos, dará este por no realizado y tendrá que solicitar la devolución.
La primera parte de este post tenía un tono más de tragedia, como de final de Blade Runner: esos fondos se perderán… como lágrimas en la lluvia. Esta segunda parte pretende acabar con un tono más optimista, pese a lo mal que pinta la situación. Por eso pregunto en el título. «¿o no?». Todo hace indicar que Bruselas abrirá la mano para que de una manera u otra se puedan aprovechar los fondos europeos, ¡que están ahí, coño, que han sido aprobados, dotados y asignados! No dejo de pensar que la mediocridad de nuestro gobierno se disimulará, o se diluirá, en la mediocridad general del mal funcionamiento del resto de socios europeos.
Entre las soluciones que ya se han puesto sobre la mesa, figura la posibilidad de transferir los fondos no gastados más allá de 2026, bien sea al programa InvestEU de cada Estado miembro, o bien ajustando el importe de los préstamos para utilizarlos en programas como el de Defensa, ahora que parece que va a ser necesario un esfuerzo extraordinario por parte de los países europeos. Algunos programas de inversión podrán extenderse hasta 2030. Habremos perdido una gran oportunidad para dar un salto, pero había que desgastarse en la oficialidad del catalán o en la financiación singular de Cataluña, supongo.
El ejecutivo trata de sacar pecho e indica (Fuente: El País) que: «El esfuerzo ha sido titánico para una administración ya cargada con la actividad diaria, y esto se ha traducido en que ya estén contabilizados 1,1 millones de beneficiarios, el 40% pymes y microempresas. Hay 25.000 viviendas de alquiler social prefinanciadas; 383.000 plazas de FP creadas; 270.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga financiados; 200 municipios que han adquirido autobuses de cero emisiones y han peatonalizado calles o desplegado carriles bici; 550.000 hectáreas de regadíos modernizados; 730.000 pymes y autónomos que han usado el kit digital y 15.000 el kit consulting; 1.400 millones de euros concedidos para fomentar el autoconsumo en hogares y empresas; 851 equipos tecnológicos para hospitales, y tres plantas de baterías aprobadas«. Pero la realidad es que han transcurrido cuatro años desde la aprobación de estos fondos y «solo» se han lanzado 78.115 millones de euros en convocatorias de los más de 140.000 inicialmente aprobados (163.000 mill. si contamos el total de programas) y apenas se han resuelto 51.355 millones.
Pensar que de aquí a agosto de 2026 se vaya a solucionar el resto no cabe en la cabeza ni de los ministros más entusiastas.
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