JOSEAN, 11/12/2024
Aumentan las licitaciones que quedan desiertas o con una sola empresa presentada, o lo que es igual, concursos públicos con menos competencia. El problema viene de lejos y no solo no se está afrontando, sino que corre el riesgo de acrecentarse. Ya en 2022 hubo voces en diferentes patronales que alertaban del número creciente de licitaciones públicas que quedaban desiertas, sin que ni una sola empresa presentara una oferta. Podía resultar extraño que, en esa época post-pandemia y de teórica recuperación, tantas empresas desistieran de acceder a una adjudicación pública que podría ayudar a recuperar sus arcas.
La causa alegada en aquel momento por muchas empresas fue el incremento de la inflación en general, y de los costes de los materiales y de la energía en particular, costes que no se correspondían con los incluidos en los presupuestos públicos considerados como base en las licitaciones, en numerosos casos, sin actualizar desde 2018. Para agravar el problema, los pliegos limitaban (y limitan) la posibilidad de corrección del desfase por la vía de la revisión contractual de precios, gentileza de la Ley de Desindexación parida por la truculencia de Cristóbal Montoro en 2015. Según indica La Vanguardia en esta noticia de febrero de 2022, un tercio de las licitaciones del año precedente en Cataluña quedaron desiertas y otro quince por ciento contó con una sola empresa presentada al concurso.
El diario El Mundo daba cuenta en marzo de 2023 del escrito de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a la presidencia del gobierno en el que advertían de los riesgos de mantener las licitaciones sin atender a los incrementos de costes y sin permitir las revisiones de precios o los reequilibrios económicos por causas sobrevenidas.
Un año antes, el gobierno aprobó por la vía del real decreto-ley (BOE de marzo de 2022) una serie de medidas para compensar la subida desproporcionada de los materiales de construcción y de las materias primas, pero la modificación cubría solo a algunas ofertas, durante un período reducido y con unos límites muy bajos, luego el problema siguió sin atajarse. El parche fue insuficiente, por lo que dichas medidas tuvieron que ser posteriormente ampliadas en noviembre.
Lo que en 2022 parecía suceder de manera exclusiva con los contratos de obras, se trasladó a otros sectores como los servicios de saneamiento urbano, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, limpieza y mantenimiento de instalaciones, servicios socio-sanitarios y, en general, todos aquellos con un elevado componente de costes laborales sobre el total del presupuesto.
Se trata de contratos que se han visto afectados por los fuertes incrementos de costes laborales como consecuencia de las medidas aprobadas por el gobierno en los últimos ejercicios: incremento del SMI, aumento de las cotizaciones sociales por la vía del aumento de las bases o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, reducción de jornada, registro de jornada, etc. Todas estas medidas, que impactan directamente en los costes de las empresas, y, por tanto, en sus resultados, con contratos públicos adjudicados de antemano con unas reglas de juego diferentes, se podrían haber compensado con la aplicación de fórmulas de revisión de precios, pero el gobierno actual ha decidido mantener la «Montorada» de 2015 y mirar hacia otro lado, pese a los compromisos realizados.
De todo ello ya hablamos a principios de este año en el post La subida del SMI y las revisiones de precios en los contratos públicos, pero el problema crece a cada trimestre que pasa. Según un informe de la CNMC, el 44 por ciento de los contratos públicos tiene un solo licitador, una sola empresa interesada en presentarse a un concurso que, en muchos casos, cuenta con fondos europeos y una seguridad de cobro sin demora que, sin embargo, no resulta atractivo para las empresas.
Si comparamos las cifras con las de la Unión Europea, estábamos en línea en 2022 con la media comunitaria, si bien se ha superado a lo largo de este 2024. En esta comparación resulta llamativa la diferencia en días en lo referido a la decisión sobre la adjudicación a la mejor oferta: de los 87 días de media a los 157 que actualmente se estilan en España.
Ese retraso en las adjudicaciones, que pueden prolongarse varios meses más por los sucesivos recursos (a los pliegos, Recursos Especiales en Materia de Contratación, recursos contenciosos…), redundan en una modificación de costes de los licitadores (normalmente al alza) respecto al momento en que las ofertas fueron presentadas, pero no es la única razón por la que no hay mayor interés en las licitaciones públicas. Según la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, uno de los problemas de las empresas para acudir a concursos públicos es «la extremada juridificación (o regulación sobre situaciones no previstas anteriormente) en las normas de contratación pública”. La hiperregulación tan desmotivadora que ya ha salido varias veces en este blog, con «múltiples órganos de contratación con diversidad de procedimientos».
Hay más razones para que el número de competidores haya caído a mínimos históricos, como la desincentivación que supone el hecho de que la administración haya incrementado las adjudicaciones a empresas públicas. Según la presidenta de la CNMC, «el uso de estos medios puede llegar a reducir el mercado de la contratación pública, eliminando competidores viables», y «a medio y largo plazo, se puede producir un efecto de expulsión de oferta del mercado». Según el informe que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) presentó al Senado el mes de noviembre, el uso de estas empresas ha crecido un 142 por ciento respecto a 2022. El informe de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, presenta unas cifras preocupantes: menos licitadores de media, más concursos desiertos, más concursos con una sola empresa presentada, y un enorme crecimiento de las adjudicaciones a empresas públicas. Alguna, como Tragsa, solicita modificaciones jurídicas para incrementar su negocio, que no depende del precio de licitación ni de la eficiencia económica de los contratos, como sí ocurre en sus competidores del sector privado.
La presidenta de la CNMC insistió en los perniciosos efectos de esta tendencia: «cuando no hay presión concurrencial, puede originarse una desviación media al alza de los precios de entre el 20% y el 25% del presupuesto comprometido, que acabamos pagando todos (los contribuyentes)». Se quebranta «el principio de neutralidad competitiva».
Hiperregulación, competencia de los medios públicos de la Administración, y un tercer factor, los precios base de los concursos públicos. El desfase de precios en los concursos, unido a la inexistencia de mecanismos de revisión de precios, provoca que buena parte de ellos carezcan de interés para las empresas. El cambio de reglas de juego en mitad de la partida (aumento de las cargas sociales y de la presión fiscal) tampoco juega a favor. Como consecuencia de todo ello, más de 25.000 millones de euros en proyectos financiados con Fondos Next Generation permanecen sin ejecutar: 11.000 millones en proyectos no adjudicados y otros 14.000 millones en remanentes de años anteriores que no se han podido ejecutar.
El dato es preocupante porque se trata de fondos correspondientes a proyectos que se deben ejecutar antes de agosto de 2026. Según Carlos Cuerpo, ministro de Economía, «lo que urge es adjudicar esos 11.000 millones. Además, según nuestra estimación, se habrían generado unos 14.000 millones de euros en remanentes no gastados, que deberían volver a convocarse».
Pues ya estamos tardando. Y más, cuando los procedimientos de licitación resultan tan largos y farragosos. Y aún añado más, ya estamos tardando cuando hay tantos sectores que reclaman esas inversiones en infraestructuras como el transporte o como se vio recientemente con la DANA en Valencia. Seguimos siendo el país con mayor número de sanciones de la Unión Europea por incumplimientos en materia de residuos, emisiones de CO2 o tratamiento de agua (Hiperregulación (II): efectos), con un déficit de inversiones brutal desde hace más de una década, ¿para qué vamos a mejorar los procesos de licitación?
Continuará: Más licitaciones desiertas (II): medidas.
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