La subida del SMI y las revisiones de precios en los contratos públicos

JOSEAN, 21/01/2024

No hubo consenso entre el Ministerio, la patronal y los sindicatos, y finalmente la subida del salario mínimo será de un 5 por ciento, tal como había anunciado la ministra de Trabajo y vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz. Esta cifra fue pactada con los sindicatos, pero no con una patronal a la que se trató de sumar a un acuerdo inferior con una propuesta extraña: “O firmáis el 4% o lo subimos más”. Que fue lo que ocurrió. La ministra trató de justificar ante los medios este aumento por la fuerza como una lucha ganada a las grandes empresas, si bien, lo cierto es que su impacto se va a notar especialmente en las más pequeñas, las que componen más del 99 por ciento del tejido empresarial español.

Fue un desenlace que causó bastante malestar en los empresarios, tanto como las declaraciones posteriores de la ministra. Lo cierto es que unos meses antes, en mayo, en la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, habían pactado lo siguiente:

Como la inflación de 2023 se quedó en el 3,1%, era lógico pensar que los incrementos, también los del SMI, quedarían en el 3%, o en un máximo del 4% si decidían añadirle los impactos acumulados de la inflación. Pero es que, además, en ese acuerdo suscrito entre la patronal y los sindicatos, se instó al Gobierno a modificar la normativa de revisión de precios de los contratos del sector público:

Las organizaciones empresariales habían tratado de alcanzar un consenso entre el 3 y el 4 por ciento, si bien su oposición a esta subida se centraba fundamentalmente en dos aspectos:

– El impacto sobre el sector agrario, al cual proponían excluir o bonificar de algún modo.

– La posibilidad de trasladar dicha subida a los precios de los contratos con las administraciones públicas.

La nota de prensa publicada tras la aprobación por las bravas del incremento dejaba a las claras el malestar de los empresarios:

Pues no. Ni lo uno, ni lo otro, ni alternativas. Lo triste es saber que esto no va de victorias contra los malvados empresarios, o contra esos directivos con sueldos «estratosféricos» que habrá que revisar o abrasar con medidas fiscales. Ha faltado análisis y rigor en el ministerio. porque se trata de la supervivencia de miles de empresas y también, posiblemente, impactará en la calidad de los servicios públicos. Las grandes empresas van a experimentar un impacto en sus cuentas por este incremento, pero será reducido, controlado, puesto que la mayoría de sus empleados se hallan por encima del salario mínimo, y podrán absorberlo en su mayor parte.

En su momento, en este blog ya dediqué una entrada completa a los efectos de la subida del SMI de 2019 y a las conclusiones del Informe del Banco de España. El Banco de España advertía de que el mayor impacto lo habían experimentado las empresas con menos de diez trabajadores, que son más del 95 por ciento, así como que se había producido un «menor crecimiento del empleo en los colectivos con menores salarios», entre 94.000 y 180.000 empleos menos según las fuentes utilizadas. El pequeño comercio, el sector agrícola y la hostelería fueron los sectores más afectados, y además se produjo un aumento de la economía sumergida, al reducirse las horas reales cotizadas: «tras una subida de SMI, algunos puestos de trabajo pueden haber permanecido activos, pero con una reducción en las horas trabajadas, por ejemplo, mediante el paso de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial». «El resultado en estos casos sería una caída en las horas trabajadas, y no en el empleo», y se produjeron «desaceleraciones superiores a las observadas en la actividad económica«.

El sector agrícola ya aparecía muy perjudicado en aquel informe del Banco de España y su situación ha empeorado más en los siguientes años por todos los factores que se le han sumado: sequías, incrementos del precio de los combustibles y los fertilizantes por los distintos conflictos, normativa europea y ahora, subida de salarios y cotizaciones sociales. Por mucho que los precios hayan subido por encima de la inflación, el sector acumula cuantiosas pérdidas. La CEOE y la CEPYME solicitaron que se les excluyera de la subida forzosa del SMI o se bonificara de algún modo al sector (cuotas a la Seguridad Social, por ejemplo), pero no se hizo caso a esta reivindicación, como tampoco a la segunda.

La regulación sobre las revisiones de precios de los contratos con el sector público

Hasta la aprobación de esa ley de nombre horrible llamada «de desindexación» de la economía española, los contratos con las administraciones públicas estaban sujetos a revisiones de precios con objeto de adecuar los importes percibidos por los contratistas con los incrementos de costes que se pudieran producir, ya fuera por aumento en los costes de las materias primas, el combustible, los costes laborales o la inflación en general. Esta ley lleva en vigor desde 2015 y fue una idea terrible del equipo de Cristóbal Montoro para «evitar los efectos de segunda ronda», como indicaba en el Preámbulo. Claro que contaba con una situación de inflación reducida o controlable, no con la situación que hemos vivido en los últimos años.

El problema es que muchos de estos contratos con las administraciones públicas son plurianuales, afectan a varios ejercicios, y cualquier impacto en los costes recae directamente sobre los contratistas. La ley tiene varias excepciones que sí permiten las revisiones, como cuando la duración es superior a cinco años y el contratista tiene que afrontar inversiones con un período de amortización prolongado. Lo contrario sería un suicidio económico para el contratista y llevaría a otra figura impropia de un país serio como es el «enriquecimiento injusto de la administración«, que es donde se está llegando en muchos casos.

Desde la entrada en vigor de esta ley, los concursos públicos han estado a medio camino entre la bola de cristal voluntariosa y el órdago para los contratistas, los cuales cruzaban los dedos para que los costes no se dispararan en exceso o muy por encima de sus estimaciones. Pero con el precio del gasoil, del gas, de la electricidad o de los materiales de construcción por las nubes, todo se ha ido al garete. Y ahora se le suman los costes laborales, incrementados desde la administración pública muy por encima de lo que es el «riesgo y ventura del contratista».

En abril de 2023 el gobierno se comprometió a mejorar las revisiones de precios de los contratos de obras y a incluirlas en los de servicios, pero mantenía los costes laborales fuera de cualquier posible mejora. No solo eso, sino que la enmienda planteada para la construcción resultaba ridícula y con condiciones que reducían sus efectos notablemente, tanto en importe como en plazos considerados. En mayo, el director de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el abogado del Estado Miguel Pardo, abandonaba su puesto tras seis años. Entre sus responsabilidades, mediar entre los contratistas y la administración pública y lidiar en los conflictos de interpretación sobre concursos, revisiones de precios y reequilibrios financieros.

Como indicaba ABC en su artículo, «las subidas del SMI se han comido gran parte de la rentabilidad esperada de muchos contratos públicos y han generado una avalancha de litigios. El criterio de Hacienda ha sido no compensar esas subidas al considerarlas un riesgo inherente al contrato». Es una tomadura de pelo. Porque no hablamos del precio del gasoil, la electricidad o algún material escaso en nuestro país, sino de un coste laboral que incide directamente en los contratos y que se fija cada año por el propio gobierno. Un 54% de subida acumulada desde 2018, que puede parecernos muy bien, pero que no queda ahí. Porque el problema no es el SMI, sino la idea de que el contratista puede con todo, que para eso «gana mucho dinero», deben pensar en el ministerio. La subida del SMI no afecta a todos los convenios ni las categorías (por suerte), pero a ello hay que añadirle los continuos incrementos en las cotizaciones a la Seguridad Social, las dotaciones a ese invento reciente que es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, las subidas por encima de la inflación de los topes de cotización, los incrementos en el impuesto de sociedades, los nuevos impuestos (vertedero y plásticos, ya tratados aquí),… Y lo siguiente, como ha advertido la ministra Yolanda Díaz, será la reducción de jornada, pero manteniendo los salarios. Es decir, a costa del empresario.

Puede parecer que hablamos de un problema de las empresas grandes, pero no es exclusivo de ellas. A la patronal de las grandes constructoras Seopan se unió la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI) en su reclamación de modificaciones de la Ley de Desindexación y la incorporación de los costes laborales.

«Pues que no se presenten a los concursos», es otra de las respuestas que he escuchado en alguna ocasión. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.

Así que no es solo el SMI, es la tendencia, el ataque directo a la competitividad de las empresas españolas. En el sector más afectado por la subida de los costes laborales, que es el de los servicios, los grandes grupos empresariales españoles han vendido sus divisiones o están en proceso de hacerlo: ACS (Urbaser fue vendida en su día a un fondo chino, y ahora se busca comprador para Clece), Sacyr (Valoriza Servicios Medioambientales a Morgan Stanley y Sacyr Facilities a Portobello/Serveo), Ferrovial (Cespa a los alemanes PreZero y Ferroser), FCC (ha vendido el 25 por ciento de la filial de medioambiente a un fondo canadiense),… Igual es una estrategia que nos cuesta entender.

Las pymes no están mucho mejor. Su presidente, Lorenzo Amor, se quejaba recientemente por el hecho de que el gobierno «se inmiscuya cada vez más en las relaciones laborales» con unos costes al alza y una productividad que no deja de descender.

Quizás haya que confiar en la ministra y su equipo, que hacen «cosas chulísimas», como las nuevas ocurrencias de las autobajas voluntarias o la modificación del registro de jornada. Todo sea para que todos (y todas) podamos irnos antes a casa a hacer aquello que nos relaje.