JOSEAN, 04/09/2024

Como comentaba en la primera parte, el problema de la reducción de jornada laboral tal como se ha planteado surge cuando este tipo de decisiones que afectan a todos los trabajadores y a todas las empresas se toman con un criterio ideológico, y no económico. El error seguramente esté en hacer tabla rasa y tratar de aplicar una medida no consensuada, por las bravas y del mismo modo para todos los sectores, actividades y tipos de empresa. Numerosos convenios ya están por debajo de las 37,5 horas semanales propuestas por la ministra para 2025. Hay empresas que ya están desarrollando planes de cuatro días de trabajo a la semana, igual que hay sectores productivos con puntas de trabajo y meses «valle» que pueden adaptarse con “bolsas de horas”, o empresas grandes que podrían implementar medidas de flexibilización que conviven con micropymes a las que un nuevo incremento de costes laborales las destroza (más zombis que gacelas en el ecosistema empresarial). Pues lo mismo para todas, según el ministerio, donde no parecen hacer caso ni a los informes del Banco de España.

El Informe Anual del Banco de España de 2023 advierte que, «de cara al futuro, es fundamental tener en cuenta la considerable heterogeneidad que existe, en lo que se refiere a la jornada laboral media, entre distintos tipos de empresas y sectores», y que «sería deseable que las distintas empresas y sectores dispusieran de una amplia flexibilidad para acomodar dicho cambio normativo si se quieren evitar los posibles efectos negativos de esta medida sobre los costes laborales, la productividad y el nivel
agregado de empleo y actividad».

Para evitar los «efectos negativos» que indica el propio informe, cualquier análisis que se realice sobre la reducción de jornada debe estar apoyado o soportado por una mejora de la productividad, derivada «principalmente, de la introducción de múltiples cambios tecnológicos (véase gráfico 3.21). Unos cambios tecnológicos que, como se ha venido argumentando a lo largo de este capítulo, previsiblemente permitirán nuevas reducciones de la jornada de trabajo en las próximas décadas».

No parece que se cumpla esa premisa de partida. Otros dos gráficos que complementan esta idea aparecen en el estudio Productividad y reducción de la jornada laboral elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para el servicio de estudios del BBVA.

Fedea calcula que la medida propuesta por el Ministerio de Trabajo tendría un impacto de seis décimas en el crecimiento durante dos años. Si al menos este efecto fuera temporal y tuviera un impacto positivo sobre el empleo, se podría considerar, pero tampoco es así. Según el mismo estudio, el empleo se reduciría en ocho décimas, salvo que se apliquen “medidas compensatorias que alivien el alza de los costes laborales”.

Son las conclusiones que aparecen en el mencionado estudio presentado en julio:

Y aquí vuelve la eterna batalla entre las empresas y el ministerio. Como pasó con la subida del SMI o los incrementos de las cotizaciones: si se incrementan los costes laborales, si no hay medidas compensatorias, no queda otra que revisar al alza los precios de los productos y servicios. Pues… según Yolanda Díaz, habrá que vigilar a las empresas que suban los precios. En el ministerio pretenden que ese aumento de costes sea asumido por las empresas y ni siquiera se plantean revisar los contratos con las administraciones públicas, pese a suponer un cambio en mitad de la partida de las condiciones pactadas por ellos mismos. Así es complicado llegar a un acuerdo. Una medida compensatoria podría ser la reducción de las cotizaciones sociales para las empresas, pero no está en la agenda del ministerio, y menos cuando han subido con fuerza en los últimos años.

Se podría estudiar lo sucedido en otros países de nuestro entorno. El Fondo Monetario Internacional recuerda el caso de Francia con la ley Aubry hace dos décadas, cuando se pasó de la jornada de 40 horas semanales a una de 35: el impacto tuvo que ser soportado forzosamente por los salarios. Muchas de las horas reducidas (o suprimidas) fueron sustituidas por horas extra y los salarios se congelaron de uno a tres años para compensar el sobrecoste adicional de las mismas. Finalmente hubo que compensar a las empresas y reducir las cotizaciones sociales, lo cual, según el FMI, tuvo un impacto en las cuentas públicas que rondaría el uno por ciento del PIB. Según los estudios realizados por la OCDE y el FMI, las conclusiones sobre experiencia francesa de reducción de jornada indican que tampoco se creó empleo. La satisfacción de los trabajadores por la disminución de las horas apenas compensó la insatisfacción por la reducción o moderación salarial.

Las advertencias de todo el sector empresarial español sobre las consecuencias que tendría la implantación forzosa de la reducción son continuas, pero caen en el saco roto de Yolanda Díaz. Uno de los sectores más afectados, el comercio, ya ha dicho a través de la CEC (Confederación Español del Comercio) que es directamente «inasumible». «Se va a traducir en una grave pérdida de competitividad del comercio de proximidad frente a las grandes plataformas de venta online», muchas de las cuales están situadas en paraísos fiscales o eluden el pago de impuestos en el país.

No es muy difícil anticipar cuáles serían los pequeños comercios más afectados por la medida, todos los que tienen un horario amplio de atención al público y una plantilla pequeña, como la hostelería o los negocios de proximidad. También la agricultura, ocupada en su mayoría por micropymes. Solo en la hostelería trabajan 1,7 millones de personas, según un reciente estudio de Randstad, casi uno de cada diez trabajadores. Son sectores fundamentales en un país que ha visto cómo unos cien comercios echaban el cierre a diario durante el último año. 35.527 pequeñas empresas de menos de diez trabajadores desaparecieron en el año 2023.

La Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) elabora periódicamente una serie de informes sobre la situación de sus empresas, la evolución de la productividad, los costes laborales y financieros, solvencia, etc. Hace un mes se publicó el referido al primer trimestre de 2024 y recoge conclusiones interesantes, o más bien, preocupantes, que han sido ignoradas por el ministerio a la hora de lanzar la imposición de la medida. En el último informe destaca la evolución que han tenido los costes operativos de las pymes, afectados por el entorno inflacionario, incremento de los suministros y costes laborales, a los que dedica un apartado especial en el que puede verse cómo estas empresas son las más afectadas por las medidas implementadas por el ministerio, en especial, destaca el informe, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Con todo ello, no debe extrañar que las pymes acumulen cinco trimestres consecutivos de caídas interanuales de productividad. Y si las empresas son menos competitivas, no parece que sea el momento adecuado para plantear a todas ellas una reducción forzosa de la jornada laboral.

La evolución de la productividad por empleado es básica antes de plantear una medida como esta. Pues bien, de acuerdo con el estudio Productividad laboral: España vs UEM, publicado recientemente por el BBVA Research, España ha experimentado un nuevo retroceso frente a sus socios competidores. El Valor Añadido Bruto por hora trabajada en España se mantiene en niveles comparables a los que tenía la eurozona en 1998, es decir, un retraso de 25 años. La brecha, lejos de reducirse, se ha incrementado en la última década, y todos los sectores económicos, excepto la agricultura, mantienen una productividad inferior a la media de la eurozona.

Con todos estos datos, repito, ¿de verdad es el momento de plantearse la reducción de la jornada con el mantenimiento del salario de los trabajadores? La propia gobernadora en funciones del Banco de España, Margarita Delgado, advirtió en julio de este año de los grandes retos a los que se enfrenta el mercado laboral español: el elevado desempleo y el bajo crecimiento de la productividad. Ninguno de los dos va a mejorar con la implantación de la reducción de jornada. Con todas las medidas implementadas en los últimos ejercicios, el Ministerio de Trabajo solo está logrando un incremento de los costes laborales para las empresas. La CEPYME se atreve a poner una cifra al coste de la medida: 40.000 millones de euros (que conste que nunca me creo demasiado estas cifras redondas que se lanzan). Y aquí no termina la cosa. Siguiente parada anunciada: el coste de las indemnizaciones por despido.

Las negociaciones se retoman el 9 de septiembre. No he mencionado a los sindicatos. De manera consciente. Su gran aportación al proceso negociador es el anuncio de movilizaciones si no se impone la reducción al Yolanda’s way.