JOSEAN, 31/07/2024

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz proclamó muy ufana hace tiempo que “el Gobierno hace cosas chulísimas todos los días”. En este blog ya hemos dedicado varias entradas a algunas de ellas, a sus efectos chulísimos y a los que no lo han sido tanto:

• El registro de jornada: resultados muy pobres, mínimos. La propia ley estaba repleta de lagunas de imposible cumplimiento y ya se plantea incorporar cambios.
• La reforma laboral: que ha obtenido buenos resultados en algunos aspectos, como el récord de afiliaciones, y discretos en otros.
• La desconexión digital: ¿ha cambiado algo? Pues eso.
• El incremento del SMI en 2019 y sus efectos sobre el empleo.
• La última subida del SMI: por decreto, sin consenso, e incumpliendo lo pactado con los agentes sociales unos meses antes.

Las 40 horas semanales

La jornada de trabajo lleva establecida en las 40 horas semanales desde hace algo más de cuatro décadas, concretamente, desde el 30 de julio de 1983, cuando entró en vigor junto con el derecho de los trabajadores a 30 días de vacaciones remuneradas. Hace un siglo, la jornada de trabajo superaba las 3.000 horas anuales, con solo un día de descanso a la semana, mientras que en la actualidad los convenios tienen una media de 1.713 horas. Esta drástica reducción se logró por el incremento de la productividad y la incorporación de innovaciones tecnológicas a los procesos de fabricación, la automatización de procesos o las mejoras en la distribución. El debate sobre la reducción de la jornada actual se puede plantear en un escenario en el que haya una mejora de la productividad, o bien, en el que dicha medida vaya a suponer un incremento del empleo, un mejor reparto de las tareas. De lo contrario, solo va a suponer un incremento de los costes laborales, una reducción de la competitividad de las empresas y con ello, un impacto negativo para las más pequeñas.

Como ejemplo de que el acuerdo es posible, buena parte de los convenios colectivos cerrados entre la patronal y los sindicatos en el último año se acercan a las 37 horas semanales. Esta situación afecta a poco más de medio millón de empleados, pero son consensos en la línea de reducción. Según la EPA de 2023, la jornada media en España se situaba en 37 horas y 42 minutos, aunque, como ocurre con todas las medias, con un reparto desigual, con unos once millones de trabajadores por encima de las 40 horas semanales, bien por horas extras o por pluriempleo. Buena parte de los convenios sectoriales en actividades intensivas en mano de obra ya tienen una jornada de 35 horas (servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, asistencia social, recogida y tratamiento de residuos, administraciones públicas…), luego no se verán afectados por la medida.  

El ministerio de Trabajo

La ministra de Trabajo no ha dejado de proponer cambios en la normativa laboral desde que está en el puesto. Seguramente es lo que se le debe exigir a un ministro, que curre, que trabaje, que se gane el sueldo, si bien, en el caso de Yolanda Díaz, estoy seguro de que muchos (empresarios y autónomos) habrían deseado que frenara en su afán regulador. El problema surge cuando el motor de todas estas decisiones no es económico, sino ideológico. En un resumen simplista del pensamiento de la ministra, los empresarios son malvados explotadores y los trabajadores tienen que cobrar más por menos trabajo. El planteamiento es reducir la jornada a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025.

El número dos del ministerio, Joaquín Pérez Rey, planteó el debate tirando de tópicos: “se trata de que tanto los camareros, como los trabajadores de las auditoras y los banqueros” tengan un máximo de jornada laboral. “Se trata de democratizar el tiempo de descanso”.

No sé si el afán de la ministra por forzar la situación y amenazar con aprobar la medida por decreto se debe a la necesidad que tiene de hacerse visible o “útil” tras los fracasos electorales de su nueva marca, pero si así fuera, alguien tendría que decirle que hay otra manera de hacer las cosas y alcanzar un consenso. Ha puesto varias fechas límite y ultimátums a la patronal para adoptar la medida sin valorar que no se puede hacer tabla rasa en todos los convenios.

La realidad es que hay recorrido para la propuesta y para alcanzar un acuerdo sobre la misma, como lo había con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional, por cierto, que, sin embargo, se aprobó por las bravas y sin incluir los propios compromisos anteriores del gobierno: no hubo medidas especiales para el sector agrario y no se incorporó la revisión de los salarios en los contratos con las administraciones públicas.

La señora ministra parece que solo escucha a los líderes de los sindicatos. Mejor dicho, escucha a todos los representantes sociales, se reúne con todos, pero desatiende las propuestas de los empresarios y sigue la senda que le marcan Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO). En su ceño perennemente fruncido tiene marcado que todas las medidas que supongan un incremento de los costes laborales son buenas para el trabajador y malas para el gran empresario, y no es capaz de entender que no es así, pese a las evidencias en sentido contrario. El informe del Banco de España sobre las diferentes subidas del SMI ponía de relieve que:

• El sector agrario fue claramente el más afectado.
• Las pymes y micropymes, que representan el 99 por ciento del sector empresarial español, fueron las que absorbieron el mayor impacto del incremento.
• Las grandes empresas tenían un porcentaje bajo de trabajadores sujetos al SMI, favorecidos, por tanto, por la medida y gracias a ello sufrieron un impacto menor.
• Hubo un repunte de las horas trabajadas y no cotizadas, un aumento de la economía sumergida (seguramente, en esas micropymes antes mencionadas).

Recuerdo estas conclusiones de aquel informe porque los resultados de la medida de reducción de jornada pueden afectar de un modo similar a los mismos sectores y a los mismos trabajadores.

Postura de los sindicatos

Raúl Olmos, de Comisiones Obreras, indicaba que “la tendencia es a reducir la jornada, y eso se da con mayor intensidad en épocas de bonanza y en etapas de inflación”, ya que se utiliza para compensar la pérdida de poder adquisitivo: a menor salario real, menos horas trabajadas. Cabría preguntar dos cosas: una, si vivimos una época de bonanza en la economía española, y dos, si eso significa que en épocas de baja inflación en los que la revisión salarial ha sido superior el IPC correspondería aumentar las horas de trabajo.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, indicó a principios de año que la reducción de jornada era una de las prioridades que se marcaban para 2024: “en España se trabajan muchas horas, somos uno de los países de la Unión Europea que más horas presenciales tiene. Sin embargo, no somos de los más productivos. Hay países con jornadas más bajas y mayor productividad, por tanto, se trata de acabar con el presencialismo y aumentar productividad”. Sin reducción del salario, claro. Ya. Entiendo, su única aportación es que los trabajadores vayan menos a las oficinas o a sus centros de trabajo, y así serán más productivos. De verdad que no entiendo su papel desde hace años, como en la lucha contra el absentismo, por ejemplo.

El mismo Pepe Álvarez señalaba que pretendían forzar el acuerdo antes de junio, porque “más allá de junio no tiene ningún sentido”. Los principales sindicatos se sienten fuertes con el apoyo de la ministra de Trabajo y amenazan con iniciar movilizaciones en septiembre, pero no estaría de más recordarles que se encuentran en su momento más bajo de afiliación en décadas, es decir, en el de menor representatividad de los trabajadores.

Postura de la CEOE

Según su presidente, Antonio Garamendi, “el recorte de la jornada laboral, sin merma de los salarios, equivale a regalar a los trabajadores doce días de vacaciones, gratis y pagados por los empresarios”. Es el cálculo resultante de dividir los salarios por el número de horas trabajadas. La patronal ha solicitado que la medida se aplique de manera escalonada, en dos ejercicios, y varias grandes empresas han explicado a los responsables del ministerio de qué manera han flexibilizado sus jornadas, adaptando las horas semanales o mensuales en función de los períodos punta o valle de su facturación.

Lo que no está dispuesta a aceptar la patronal es el ultimátum de la ministra, como dijo su presidente en la asamblea anual celebrada a principios de julio, al afirmar que “gobierna contra las empresas”. “Gobernar para cumplir pactos políticos es gobernar contra las empresas, contra los ciudadanos y hasta contra los propios votantes”. La posición del ministerio de forzar el tope de las 37,5 horas semanales a lo largo de 2025 ha sido rechazada por la CEOE por hacer tabla rasa con todos los trabajadores y en todos los convenios: la reducción ya se pacta con los sindicatos en la negociación colectiva, en los sectores y empresas que pueden hacerlo. Esta es una de las claves, en especial, en un mundo tan globalizado en el que los competidores no juegan con las mismas reglas (lo comentado en este blog sobre el CBAM, los derechos de emisión o la normativa sobre el plástico es igualmente válido en este debate).

Postura de Cepyme

La Confederación de Pequeños y Mediamos Empresarios ha sido la organización más dura en sus críticas al gobierno y a la postura del ministerio de Trabajo en este tema. El título de su Manifiesto no puede ser más contundente:

Comienza recordando que “las pequeñas y medianas empresas españolas, que somos más del 99,8% del tejido productivo con cerca de 11 millones de empleos, decimos basta ya a la injerencia del Gobierno en la empresa. Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresa en España”.

El Manifiesto, de 11 páginas, clama por la dignidad de la actividad empresarial, por el cese del control de la empresa y de la sobrerregulación, por el respeto a la negociación colectiva, por la flexibilidad interna de la empresa y la no intervención salarial, por unas cargas sociales y una fiscalidad que no lastren la competitividad, por una ordenación del tiempo y los recursos del trabajo sin injerencias, y por el diálogo social. El cabreo de la Cepyme es evidente. Cada una de las medidas comentadas en este post han ido directamente a la cuenta de resultados de las pymes. Hay que pensar en las micropymes también, empresas con menos de 4 trabajadores (un bar, un pequeño comercio, una peluquería…), ¿de qué manera reducen las horas de apertura, y por tanto, los posibles clientes, con unos costes laborales más altos y unas cargas sociales más elevadas?

En el punto referido a la jornada de trabajo, señalan algo tan obvio como que “reducir el tiempo del trabajo sin reducir la remuneración no solo es una evidente alza de salarios, desligada de la evolución de la productividad empresarial, también es una injerencia en la estructura organizativa de las compañías, que ha sido negociada y pactada con los trabajadores sobre la base de sus exigencias y de la capacidad de las empresas para asumirlas”. Y pone el foco sobre algo tan relevante para el que gestiona un pequeño negocio: “Decretar otro modo de organización de los tiempos y los recursos sin considerar las consecuencias en la productividad, el incremento de los costes laborales, la falta de trabajadores para cubrir el relevo en la producción, ni las características ni vulne­rabilidades de los sectores más afectados, supone una injerencia política de espaldas a la realidad del tejido productivo español”.

Postura de ATA

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) manifestó su rechazo a la reducción de la jornada tal como se ha planteado por parte del ministerio. Su presidente, Lorenzo Amor, justificó la postura contraria porque va “en contra de la negociación colectiva y de la pequeña empresa”. Señaló algo que ya he salido varias veces en este mismo post: que la medida “no afecta a grandes compañías, ni a determinados sectores donde ya tienen de media algunos convenios que están por debajo de la propuesta que se está haciendo”. Sí ataca de lleno al autónomo y a la pyme.

La misma admiración que siento por el dueño de una micropyme es el que tengo por la inmensa mayoría de autónomos, gente que se ve desbordada con tanto cambio y tantas trabas para el desempeño de sus actividades. Lorenzo Amor concluyó con una crítica a la hiperregulación, tan perniciosa para el empresario: “cada día hay una nueva regulación, unas vienen de Europa, otras del gobierno central, otras vienen de las comunidades autónomas, pero cada día tenemos más trabas”.

Las negociaciones se retomaron en este mes de julio, pero ha sido imposible alcanzar un acuerdo. Las partes se emplazan hasta el mes de septiembre.

Continuará en: La reducción de la jornada laboral (II): los costes de la medida